Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala 2ª de lo Penal, 15 de Abril de 2008

Ponente:Jerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución:15 de Abril de 2008
Emisor:Sala Segunda de lo Penal

VISTOS:

Como consecuencia de un veredicto de culpabilidad, mediante Sentencia N° 36 fechada veintiuno (21) de mayo de dos mil siete (2007), dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el imputado R.P.B. fue condenado a doce (12) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por dos (2) años, por el delito de homicidio en perjuicio del señor P.A.R.C..

Al momento de ser notificada la referida medida jurisdiccional, tanto el imputado como la defensa técnica anunció recurso de apelación tras mostrarse disconforme con dicha medida.

CUADRO FÁCTICO

A las diez y treinta (10:30 p. m.) de la noche, aproximadamente, del veintinueve (29) de enero de dos mil tres (2003), en la casa 191, ubicada en Los Llanos, Sector de F., distrito y provincia de Panamá, se registró un hecho de sangre con arma de fuego en donde resultó mortalmente herido el señor P.R. (q. e. p. d.).

A este hecho criminoso fueron vinculados los señores M.D.G. RÍOS (A) ZANAHORIA y R.A.P.B. (A) RAFA, no obstante, el primero fue encontrado inocente mientras que el segundo culpable, luego de terminado el acto de audiencia con la intervención de jurados.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La licenciada YARIELA PINEDA en su condición de apoderada judicial del imputado R.P.B., solicita al Tribunal de Alzada que revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, sea impuesta a su defendido la pena mínima de cinco (5) años de prisión.

Manifiesta que no hay ninguna declaración que indique que el imputado RAFAEL PRINS disparó hacia la residencia del hoy occiso P.R. (q. e. p. d.), por lo que, tal elemento se debió considerar para rebajarle la pena a cinco (5) años de prisión.

Destaca, que hasta la propia fiscalía benefició a los imputados RAFAEL PRINS y M.G. con medidas cautelares distintas a la detención preventiva, al considerar que existían dudas sobre la participación en el hecho investigado, cuyas dudas se han mantenido a lo largo del proceso, en virtud a lo cual, la conducta atribuida a su defendido se debió ubicar en la de partícipe y no en la de autor directo del delito, pues nunca se le encontró arma ni evidencia de residuos de disparos.

Señaló que la hija del hoy occiso sólo ubica a un menor de edad conocido como FLACOTE disparando en dirección al potrero ubicado detrás de la casa de su padre, lo cual descarta que el imputado RAFAEL PRINS haya sido quien disparó contra el señor RUDAS (q. e. p. d.)

De otra parte, asegura que es aplicable a su defendido RAFAEL PRINS la circunstancia atenuante que consiste en "no haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo", prevista en el numeral 2 del artículo 66 del Código Penal, porque nunca tuvo la intención de hacerle daño al señor RUDAS (q. e. p. d.) ya que anterior al hecho no tenían diferencias ni problemas que dieran lugar a un hecho similar.

Finalmente, alegó que después de los hechos del treinta (30) de enero de dos mil tres (2003), su defendido RAFAEL PRINS no ha sido sancionado penalmente, por lo que, tampoco cabe aplicarle agravante alguna.

OPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Del recurso de apelación se le dio traslado al Ministerio Público. En tal sentido, el licenciado R.M. BARRERA PAREDES, F.T. Superior del Primer Distrito Judicial, encargado, recomendó al Tribunal de Alzada que confirmara la sentencia apelada.

Manifiesta que la recurrente pretende utilizar los mismos medios probatorios que determinaron la culpabilidad del imputado PRINS, pero esta vez para lograr una disminución de la pena impuesta; no obstante, en su opinión, eso es inoperante en este momento procesal, porque ya fue debatido ante el jurado.

Con relación a la atenuante que reclama la recurrente, el señor fiscal enfatizó que el error en el golpe del imputado PRINS BOCARANDA no disminuye ni descarta la intención de causar la muerte, porque no dudó en utilizar un medio idóneamente letal.

Respecto a la no reincidencia alegada por la defensa del imputado P.B., el fiscal de la causa recalcó que en autos está comprobado que reúne la condición de reincidente ya que fue condenado por los delitos de lesiones personales y robo, por lo que, resulta correcta la aplicación del A-quo.

ANÁLISIS DE LA SALA

Conocida medularmente la pretensión de la recurrente, corresponde a la Sala analizar y decidir el recurso de apelación interpuesto, pero sólo sobre los puntos de la resolución a que se refiere, de conformidad a lo establecido en el artículo 2424 del Código Judicial.

Primeramente, debemos manifestar que la responsabilidad criminal del imputado RAFAEL PRINS en relación al hecho punible fue debatida con la intervención de un jurado de conciencia, por lo tanto no podemos perder de vista que la decisión adoptada por el jurado no es susceptible de recurso alguno justamente por su característica autónoma y definitiva, ya que tiene como fundamento la íntima convicción que se hayan formado los miembros del jurado acerca de la responsabilidad penal de los enjuiciados.

Dicho lo anterior, observamos que en el caso en particular, al momento de ser cuestionado el jurado de conciencia, se le preguntó sobre la culpabilidad o inocencia del imputado RAFAEL PRINS de haber participado en la muerte del señor P.R. (f. 2008). Ello obedece, a criterio de la Sala, a que las pruebas que conformaban el expediente daban indicios o sugerían ese grado de responsabilidad (partícipe), ya que el tribunal de la causa fue muy preciso al cuestionar al jurado.

Ahora bien, la pretensión de la recurrente gira en torno a que su defendido R.P. no sea declarado responsable como autor sino como partícipe del delito, al considerar que las pruebas no demuestran que su patrocinado disparó el arma de fuego que acabó con la vida de la víctima.

Es un hecho debidamente comprobado en autos que a consecuencia de una balacera o intercambios de disparos registrada cerca de la casa N° 191, ubicada en Los Llanos del Sector de Felipillo, donde residía el señor P.R., éste resultó impactado con proyectiles de arma de fuego que le causaron la muerte.

Según las versiones de P.A.U.V. y de A.M.J., la balacera se inició cuando "Toro", P.U. y otro muchacho se topan con "FLACOTE" y M., saliendo a relucir que entre "TORO" y "RAFA", quien resultó ser R.P.B., tenían problemas y viejas rencillas porque querían gobernar el barrio (fs. 1861-1862; 1887).

Al analizar los hechos, a juicio de la Sala salta a vista que la noche en que muere el señor P.R. a consecuencia del cruce de disparos, sí hubo la intervención de varios sujetos como fue señalado por algunos testigos, muestra palpable de ello es que al caso en examen fueron vinculados los señores M.D.G.R. (A) "ZANAHORIA" y RAFAEL A. PRINS B. (A) "RAFA", el primero declarado inocente, mientras que en la jurisdicción penal de adolescentes es ventilado el proceso seguido al adolescente R. C. S. (A) "FLACOTE" por la muerte del señor P.R. (f. 1865).

Sin embargo, a criterio de la Sala es perfectamente atendible el reparo formulado por la defensa del imputado R.P., por cuanto que a éste es atribuida la autoría de la muerte del señor P.R., pese a que el jurado de conciencia lo declaró culpable de ser partícipe del delito, y las constancias procesales no reflejan que el imputado RAFAEL PRINS ejecutó la muerte del señor P.R..

Esto es así, por cuanto que si bien la versión del señor P.A.U.V. es firme, segura e invariable, en señalar que el imputado R.P. fue uno de los que intervino en el intercambio de disparos registrado la noche del 29 de enero de 2003, donde resultó herido el señor P.R., no menos cierto es que las demás piezas probatorias no permiten establecer quién accionó el arma de fuego que impactó a la víctima, quizás por la escasa recolección de evidencias durante el proceso investigativo.

Frente a estas circunstancias, esta Superioridad concluye que no tiene cabida ni sustento probatorio responsabilizar al imputado RAFAEL PRINS como autor material de la muerte del señor P.R., tal cual lo reclama la recurrente.

Ahora bien, como ya hemos señalado, un jurado declaró culpable al imputado RAFAEL PRINS de haber participado en la muerte del P.R.. En tal sentido, a juicio de la Sala, las circunstancias que rodean los hechos aconsejan responsabilizar penalmente al imputado R.P., pero como partícipe del delito investigado.

En virtud de lo expuesto, debemos añadir que los partícipes son responsables desde el momento que inicia la conducta ilícita, aún cuando el hecho fuere más grave que el voluntariamente deseado, siendo suficiente que sea aceptado como una consecuencia de la acción emprendida (art. 42 C. P.). Lo anterior, permite concluir que desde el momento en que el procesado voluntariamente aceptó intervenir en el intercambio de disparos, se hizo partícipe del delito asumiendo así la correlativa responsabilidad que fue declarada por el jurado, lo cual desde el punto vista legal encaja perfectamente en el concepto de complice primario que ofrece el artículo 39 del Código Penal.

El otro reparo formulado por la recurrente consiste en que se reconozca al imputado RAFAEL PRINS la atenuante "de no haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el produjo" consignada en el numeral 2 del artículo 66 del Código Penal. Sin embargo, a juicio de la Sala no es procedente, por cuanto que, en ocasiones anteriores se ha señalado a propósito del delito homicidio, que cuando es utilizado un medio idóneo para ejecutarlo, como lo es un arma de fuego, no cabe alegar que no hubo la intención de causar la muerte justamente porque es utilizado un medio idóneo para producir ese resultado. En ese sentido, como quiera que está debidamente acreditado que la víctima murió a causa de proyectiles con arma de fuego, queda descartado aplicar la atenuante prevista en el numeral 2 del artículo 66 del Código Penal.

El último reclamo de la recurrente radica en que no se justifica un aumento de la pena impuesta a su defendido R.P., al considerar que no puede ser catalogado como reincidente.

No obstante, contrario a lo afirmado por la recurrente, el prontuario penal y policivo del imputado RAFAEL PRINS certifica que mediante Sentencia fechada diez (10) de febrero de dos mil (2000), expedida por el Juzgado Quinto de Circuito Penal, fue condenado por el delito de lesiones personales en perjuicio del menor C.E.B. (f. 73), lo cual significa y comprueba que el imputado RAFAEL PRINS sí es reincidente, porque su situación no se subsume en ninguno de los tres supuestos que prevé el artículo 72 del Código Penal. En consecuencia, no le asiste razón a la recurrente.

Una vez analizados los puntos de discrepancia de la defensa técnica del imputado RAFAEL PRINS con relación al juicio valorativo ensayado por el tribunal de la causa, esta Superioridad estima que la circunstancia de declarar responsable al imputado RAFAEL PRINS, pero como partícipe del delito, merece una revaluación de la pena impuesta acorde a su grado de responsabilidad, a lo cual procedemos.

INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA

Con relación a los factores de individualización de la pena previstos en el artículo 56 del Código Penal, tenemos que el hecho punible atribuido al imputado R.P. está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena entre 5 y 12 años de prisión.

Respecto a la condición personal del imputado R.P., tenemos que en la indagatoria dijo que cursó estudios hasta sexto año de secundaria, que sabía leer y escribir y que tenía 29 años de edad, por lo que en gran medida contaba con capacidad para comprender la ilicitud de sus actos.

En relación a la conducta anterior del imputado R.P., tenemos que, según su prontuario penal y policivo, tiene antecedentes penales (f. 73), por lo que queda en evidencia que anterior al delito investigado era proclive a realizar actos contrarios a derecho.

Finalmente, tenemos que el bien jurídico vulnerado fue la vida humana que es el más preciado en toda sociedad.

Con vista a lo anterior, fijamos la pena base aplicable al imputado RAFAEL PRINS en ocho (8) años de prisión, por resultar acorde a su grado de participación en el delito de homicidio en perjuicio del señor P.R. (q. e. p. d.).

Luego entonces, como quiera que el imputado RAFAEL PRINS reúne la condición de reincidente, lo cual da lugar a un aumento de la pena hasta en una cuarta parte (art. 59 C. P.), procedemos aumentar la pena base (8 años) en una cuarta parte, lo cual equivale a dos (2) años más. En consecuencia, realizada la operación matemática prevista en la ley, la pena líquida impuesta al imputado RAFAEL PRINS queda en diez (10) años de prisión, como sanción que deberá cumplir por el delito de homicidio en perjuicio del señor P.R..

Por último, este Tribunal Colegiado no puede desapercibido que el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en la sentencia apelada, hizo una equivocada aplicación del artículo 59 del Código Penal, porque, pese a que dicha norma sustantiva señala con prístina claridad que la sanción solamente puede ser Aaumentada hasta en una cuarta parte@, aplicó un aumento de una tercera parte (v. f. 2038), sobrepasando el límite autorizado por la norma en comento, lo cual no es correcto. Por lo tanto, hacemos un llamado de atención para que en lo sucesivo no se vuelva a incurrir en error de la misma índole.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito a lo expuesto, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia N° 36 fechada veintiuno (21) de mayo de dos mil siete (2007), dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y, en su lugar, DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE al imputado R.P.B., pero como partícipe (complice primario) del delito de homicidio en perjuicio del señor P.A.R.C. (q. e. p. d.) y lo CONDENA a diez (10) años de prisión.

N..

JERÓNIMO MEJÍA E.

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

MARIANO HERRERA (Secretario)