Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 3 de Agosto de 2015

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución 3 de Agosto de 2015
EmisorCuarta de Negocios Generales

VISTOS: Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados ha ingresado a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia la denuncia que por Faltas a la Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado presentada el señor FASUTINO CASTILLO CASTILLO en contra del licenciado J.L.G.L.. ANTECEDENTES DEL CASO El día veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012), el señor F.C.C. interpuso denuncia ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados contra el licenciado J.L.G.L. a quien contrató para que le arreglara unos documentos del Municipio de La Chorrera, acordando por el trámite la suma de OCHOCIENTOS DOLARES (B/800.00) de los cuales le abonó doscientos dólares (B/200.00) quedando un saldo de seiscientos dólares (B/600.00). Manifiesta el denunciante que la relación profesional entre ambos, inició el ocho (8) de octubre de dos mil diez (2010). Que el 28 de diciembre de 2010, se presentó a las oficinas del licenciado G. con el propósito de investigar cómo iba su proceso y éste le manifestó que requería doscientos dólares (B/200.00) para dárselo a una persona que le estaba ayudando y procedió a entregarle el dinero solicitado, por lo que le había dado un total de seiscientos dólares, B/600.00, quedando un saldo pendiente de doscientos dólares (B/200.00). Continúa expresando el querellante, que el denunciado no realizó ningún trabajo, le llamaba y no contestaba y hasta se mudó de oficina. Que el 3 de enero de 2012, le llamó a través de un celular de un amigo contestando, el licenciado G., la llamada y le manifestó que el 7 de enero se presentaría en la casa del señor C., cosa que nunca ocurrió, por lo que presenta la denuncia.(Cfr. fs. 3 a 5) Adjunta para corroborar lo dicho copias cotejadas del Contrato de Compra y Venta a Plazo del Departamento de Catastro de la Alcaldía de La Chorrera; recibo No. 24 de 28 de diciembre de 2010, por la suma de seiscientos dólares, B/600.00; recibo No. 129438 del distrito de La Chorrera sobre saldo de intereses (Cfr. fs. 7-10). Mediante Providencia de veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012), el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, en estricto cumplimiento del artículo 21 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984 y la Ley 8 de 16 de abril de 1993 y en concordancia con los artículos 24 y 25 de la misma Ley, ordenó iniciar las investigaciones de rigor para determinar si los hechos denunciados constituyen falta a la ética profesional y establecer las circunstancias que lo motivaron. (Cfr. f. 12) Por otro lado, el Tribunal de Honor del Colegio citado solicitó a esta Sala certifique si el querellado es idóneo para ejercer la profesión de abogado; misma que fue contestada mediante Certificación calendada 4 de junio de 2012. (Cfr. f. 13) El 23 de agosto de 2012, el licenciado J.L.G. presentó escrito de contestación y excepción de prescripción, manifestando que la acción disciplinaria ha prescrito en atención al artículo 38 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984; dado que a foja 9 aparece un recibo con fecha 28 de diciembre de 2010 y la denuncia fue presentada el 23 de mayo de 2012, por lo que ha transcurrido más de un año. (Cfr. f. 15) El 19 de septiembre de 2012, el denunciante presentó escrito de oposición a los descargos presentado por el querellado, visible a fojas 17 y 18 de este dossier, circunscribiéndose al hecho de que la acción no estaba prescrita; sin embargo no adujo prueba alguna que corroborara ese argumento. El once (11) de marzo de dos mil trece (2013), el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, resolvió remitir el expediente a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se llame a juicio al licenciado J.L.G. L., por supuesta violación a las normas del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. CONSIDERACIONES DE LA SALA Luego de estudiadas las piezas procesales que conforman el expediente corresponde a la Sala decidir lo solicitado por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados. Al proceder al estudio de la presente carpeta judicial se advierte que el señor F.C.C. presenta denuncia en contra del licenciado J.L.G.L., dado que éste recibió la suma de seiscientos dólares (B/600.00) en concepto de honorarios por trámites ha realizar en la Alcaldía del distrito de La Chorrera, sin haber efectuado gestión alguna, según manifiesta el denunciante. Por su parte, el licenciado G. presenta escrito de oposición en el cual formula una excepción de prescripción, ya que entre la última actuación, representada por un recibo de pago de fecha 28 de diciembre de 2010 y la presentación de la denuncia, de fecha 23 de mayo de 2012, ha transcurrido más de un año. Mediante Providencia de seis (6) de septiembre de dos mil trece (2013), este Tribunal Tripartito ordenó correr traslado del proceso instaurado al querellado, por un término de cinco (5) días, para que éste interponga los escritos de oposición y de excepción al llamamiento a juicio solicitado por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. En vista de que el denunciado, licenciado J.L.G.L., tiene su domicilio profesional en el distrito de La Chorrera, se comisiona a la Juez Primera de Circuito Civil de la Chorrera, para que notifique la resolución que le concede término para oponerse y excepcionar. Cumplido el Despacho No. 5, es éste devuelto; toda vez, que ha sido infructuosa la diligencia de notificación, por lo que se procede a emplazarlo y luego a nombrarle un Defensor de Oficio hasta culminar el proceso (Cfr. fs. 46-50). El 9 de julio de 2014, el licenciado L.C.T.R., en su condición de Defensor de Oficio designado, procedió a notificarse y presentar su escrito de oposición al llamamiento a juicio en los siguientes términos:"/... PRIMERO: .... . En el escrito petitorio de juzgamiento, el Tribunal de Honor no advierte que exista un Poder conferido por el denunciante al Licenciado GALLOWAY. Incluso, consta a foja 9 una supuesta factura de abono de honorarios profesionales, no obstante, es necesario advertir que la firma que reposa en ese documento no ha sido reconocida por mi mandante. Por tal razón a mi juicio, la petición del Tribunal de Honor no ha probado el hecho de la relación profesional entre mi defendido y el denunciante, es decir, que existió una relación contractual entre ambos. SEGUNDO: ... . Sin embargo, al leer en detalle esas fuentes de prueba, lo único que acredita es la existencia de un supuesto contrato expedido por el Municipio de la Chorrera, pero de ese documento no se desprenden por sí mismo, ni aún de manera indiciaria, que mi representado no hizo gestión alguna en el Municipio de la Chorrera para lograr el cometido requerido por el denunciante. No consta, por ejemplo el expediente completo identificado con el numero 11,098 para entonces determinar si allí hubo alguna gestión por parte de mi mandante. TERCERO: ... . Al examinar, por ejemplo el artículo 680 del Código Judicial, que regula la contestación de las demandas civiles, las aceptaciones de los hechos TIENE QUE SER EXPRESA, no presunta ni tácita. En el proceso penal, es posible que la persona sindicada de un delito no quiera declarar o no quiera expresar sus descargos. Esa conducta procesal no es indicativo que acepta la comisión de un delito. En consecuencia, el licenciado GALLOWAY no ha manifestado expresamente la aceptación de alguna prueba en particular, por lo que considero que tal razonamiento no puede sustentar una petición de enjuiciamiento por falta a la ética, más cuando estamos en presencia de una causa en la que puede suspender el derecho constitucional de ejercer un trabajo, de ejercer su profesión de abogado. CUARTO: ... . A foja 22 del escrito de solicitud de juzgamiento, el TRIBUNAL DE HONOR considera que mi mandante incurre en la comisión de faltas a la ética que consagran los numerales 2, 4, 5 y 6 del artículo 37 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. Sin embargo, éste Código, fue aprobado en Asamblea General Plenaria el 27 de mayo de 2011, es decir, el Tribunal de Honor invoca faltas a la ética que no estaban vigentes al momento de ocurrir los hechos que se denuncian; con lo que se vulnera un principio fundamental de toda acusación (principio de legalidad) QUINTO: El escrito de petición de juzgamiento de fecha 11 de marzo de 2013 proferido por el TRIBUNAL DE HONOR, sostiene que no está probada la excepción de prescripción, por considerar que el licenciado GALLOWAY supuestamente se le entrego dinero para cubrir sus honorarios (cf.21). Pero este razonamiento solamente señala que mi mandante supuestamente recibió dineros para cubrir sus honorarios, pero no explica el suceso o incidencia que, por ejemplo, interrumpió, el término de la prescripción de un año para ejercer la acción disciplinaria en contra del abogado denunciado. En este expediente se cumple lo consagrado en el artículo 38 de la Ley No. 9 de 1984, reformada por la Ley No. 8 de 1993, en el sentido que hubo prescripción de la presentación de la acción disciplinaria, ya que entre octubre o diciembre de 2010 al 23 de mayo , que fue la fecha de la presentación de la denuncia había transcurrido un año (todo el año 2011), sin que el ahora denunciante accionara contra mi representado, por lo que mantengo la excepción de prescripción formulada oportunamente por mi mandante. .../" Expuestos los argumentos tanto del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogado de Panamá, como los del denunciante y denunciado esta Corporación pasa analizar los mismos y considera que mal puede el Tribunal de Honor tipificar la conducta del licenciado J.L.G. aplicando lo normado en el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado aprobado el 27 de enero de 2011, cuando los hechos que denuncia el señor C. se desarrollaron en el año dos mil diez (2010), siendo incongruente tal acción. Por otro lado, el último acto constitutivo de acuerdo a las pruebas presentadas por el querellante, únicas que reposan en este dossier, lo es el escrito que consta a foja 10, que de acuerdo a la fecha que consta en el recibo es el 28 de diciembre de 2010, y la denuncia fue presentada el 23 de mayo de 2012. Desconocemos cuales fueron los parámetros utilizados por el sustanciador del Tribunal del Honor para fundamentar su solicitud en normas no cónsonas con el período de los hechos acaecidos (2010), y por otro lado, no aplicar lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 8 de 16 de abril de 1993. A nuestro leal saber y entender, en el caso de marras debe aplicarse lo estatuido en el artículo 38 de la Ley 8 de 16 de abril de 1993, donde se establece que las acciones disciplinarias que se sigan en contra de los profesionales de la abogacía por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, prescriben en un año, mismo que comienza a computarse a partir del día en que se cometió el último acto constitutivo de la falta. Veamos: "Artículo 38. La acción disciplinaria prescribe en un año (1), que se contará a partir del día en que se perpetró el último acto constitutivo de la falta. La iniciación del proceso interrumpe la prescripción." En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PRESCRITA la acción disciplinaria dentro de la denuncia interpuesta por F.C. CASTILLO en contra del licenciado J.L.G.L. y ORDENA el archivo del expediente. Notifíquese Y CÚMPLASE, JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- HARLEY J. MITCHELL D. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretario)

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