Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 17 de Septiembre de 2014

Ponente:Luis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución:17 de Septiembre de 2014
Emisor:Cuarta de Negocios Generales

VISTOS: Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el expediente contentivo del proceso por falta a la Ética y Responsabilidad Profesional del abogado, interpuesto por la señora T.A.D.T. en contra de la licenciada J.W.C.. ANTECEDENTES El día 16 de abril de 2012, la señora T.A.D.T., interpuso ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, denuncia por faltas a laÉtica y Responsabilidad Profesional del abogado en contra de la licenciada J.W.C.. Así las cosas, el Tribunal de Honor, conforme con lo decretado en el artículo 21 de la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, en concordancia con los artículos 24 y 25 de la misma Ley, inició la investigación relacionada a los hechos que se le imputaban a la licenciada W., vemos que, con el objetivo de determinar la calidad profesional de la denunciada, se solicita a esta Corporación de Justicia, se certifique si existe idoneidad de abogado para ejercer la profesión a favor de la denunciada, certificación, expedida el veintiocho 28 de mayo de 2012, la cual establece que la licenciada W. es idónea para ejercer la profesión de abogado en la República de Panamá, según acuerdo 141 de 15 de octubre de 1985, con número de registro 1346. Se observa, que el día 8 de octubre de 2012, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados concede un término de 5 días hábiles para que la licenciada informe, conteste y aporte las pruebas relacionadas a la denuncia por supuestas faltas a la ética presentadas en su contra, misma que fue contestada por la licenciada, basandose en los siguientes hechos: "En su escrito de denuncia la Sra. T.A.D.T. hace referencia a diferentes hechos que involucran a otro abogado y a otros administradores del CONDOMINIO PH ELEGE, ubicado en Calle Tais de P., Corregimiento de Bella Vista, como consecuencia del cobro de la cuota de mantenimiento que rige en este Condominio para todos los propietarios de apartamentos y locales que lo conforman, pero la Sra. TERESITA ARIAS DE T., propietaria del apartamento 10-B adeuda mas de B/.8.000.00 desde el 2006 (aproximadamente); y quien en lugar de cancelar esa deuda o abonarla, se ha dedicado a oponerse a toda acción legal ejercitada por la Junta Directiva mediante administradores anteriores y abogados legalmente autorizados. (En Este mismo Tribunal de Honor la Sra Teresita A. de Tapia, ha presentado varias denuncias contra varios abogados los cuales han sido todos desestimados). Como quiera que no me concierne las controversias que ha mantenido la Sra, T.A.D.T. con los miembros de la Junta Directiva, ni con los administradores anteriores, contesto sobre mi participación en la actividad administrativa del CONDOMINIO PH ELEGE, y sobre mis gestiones como abogada contratada para representar a la Junta Directiva frente a las acciones legales en que ha sido parte como demandante y como demandada. Como administradora del CONDOMINIO PH ELEGE fui nombrada por la Junta Directiva en ejercicio de la facultad que le confiere la Ley 93 de 2013 sobre Propiedad Horizontal. En ejercicio de mi calidad de administradora he recibido la colaboración de la mayoría de los propietarios del PH ELEGE, al cumplir con la obligación de pagar sus respectivas cuotas de mantenimiento, con excepción a la Sra. T.A.D.T. con su excesiva morosidad. Como abogada he estado cumpliendo los poderes que me ha otorgado el P. de la Junta Directiva, para representar dicha Junta Directiva frente a las acciones judiciales y administrativas que le ha interpuesto la Sra. T.A.D.T.; y también para agilizar las cuotas de mantenimiento que ella adeuda. Debo destacar aquí, que las controversias que tuviera la Sra. T.A.D.T. con la Junta Directiva, porque le afecten sus resoluciones, debió ponerse ante Jueces de Circuito de lo Civil dentro de los 30 días siguientes, no después de varios meses de vigencia. Puesto que desde enero de 2012 hasta la fecha actual, no he realizado ninguna acción arbitraria, ilegal, ni deshonesta contra la Sra. T.A.D.T., juro que en ningún momento he violentado las reglas sacrosantas de la ética profesional en el caso REF-10-039." Por último, observamos que mediante resolución de 15 de abril de 2013, el Tribunal de Honor, solicita a esta Corporación de Justicia, se estime procedente el llamamiento a juicio de la licenciada J.W.C., por supuesta violación de los artículos 20 y 37 numeral 18) del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, promovida por T.A.D.T.. Fundamento legal: Artículos 21, 24, 25, 26, 38 y ss de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley No. 8 de 16 de abril de 1993; del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado: Artículos 20 y 37 numeral 18). CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a este Despacho emitir su opinión con relación a la solicitud presentada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, con relación al llamamiento a juicio de la licenciada J.W.C., por supuestas Faltas a la Ética y Responsabilidad del Abogado. Luego de examinadas las actuaciones que reposan dentro del expediente, y el material probatorio aportado al mismo, se observa que el Tribunal de Honor basa su petición de llamamiento a juicio el la supuesta violación de los artículos 20 y 37 numeral 18) del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. Vemos además que la razón que motiva la denuncia se fundamente en el posible conflicto de intereses que se puede producir al ser la licenciada W. administradora y abogada del PH ELEGE, sobre este supuesto, debemos advertir que la Ley 31 de 18 de junio de 2010, que establece el Régimen de Propiedad Horizontal, en su capítulo III que habla de la Junta Directiva específicamente en el artículo 58, establece: Artículo 58: Para ser miembro de la Junta Directiva se necesita ser propietario de, por lo menos, una unidad inmobiliaria de la propiedad horizontal respectiva. Estos directores no recibirán compensación alguna por el desempeño de sus cargos, salvo que la Asamblea de Propietarios lo apruebe o lo incorpore al Reglamento de Copropiedad. El Administrador podrá ser cualquier persona y recibirá remuneración por sus servicios conforme lo apruebe la Asamblea de propietarios. (El resalto es de la Sala). Del examen de este artículo, debemos señalar que cualquier persona podrá ejercer la administración del inmueble, lo cual nos indica que no necesariamente debe ser el dueño de una unidad departamental, ni mucho menos una persona que pertenezca a la Junta Directiva, se trata entonces de un empleado el cual le debe rendir cuentas a la Junta Directiva o en su defecto al representante de la misma. Hacemos esta aclaración, ya que de la lectura de lo denunciado por la señora A., notamos que en uno de los puntos se refiere al hecho, que la licenciada W. no aparece inscrita en el Registro Público como parte de la Junta Directiva. Cabe destacar, que el artículo 62 de la citada Ley, establece las responsabilidades de la Junta Directiva, el cual nos indica que: Artículo 62: La Junta Directiva será responsable de cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea de Propietarios en lo referente a la administración y conservación de los bienes comunes y tendrá, además, las siguientes funciones y facultades: 1. ... 2. ... 3. .................................................................................................................................................................................................................... 10. Atender las quejas que le presente el Administrador en relación a violaciones a las obligaciones que esta Ley o Reglamento imponen a los propietarios, y tomar las demás medidas que estime pertinentes para restituir el orden de la propiedad horizontal. 11. ... 12. ... 13. ... Autorizar al Administrador para que requiera el cobro, por la vía judicial o administrativa, de cualquier deuda de los propietarios. 15. .. 16. ......................................................................................................................... Del análisis de este artículo se desprende, que la Ley faculta a la licenciada W. para que interponga los procesos que sean necesarios para el cobro de lo adeudado por los inquilinos, en el caso que nos ocupa, la licenciada por autorización de la Junta Directiva, funge como administradora y abogada del inmueble, por lo que en el cumplimiento de sus funciones, le esta dando continuidad a los procesos que se llevan en contra de la señora A. según poder especial que se observa a foja 39 conferido por el señor R.R.L. delC., P. y R. legal de la Junta Directiva del P.H. ELEGE; y que fuesen iniciados por el licenciado C.P.A. en representación de la Junta Directiva del edificio P.H ELEGE, (cfr. fj 17). Por lo antes expuesto, diferimos con la opinión del Tribunal de Honor de llamamiento a juicio a la licenciada J.W., ya que consideramos que el mismo, no fundamento su decisión en base a lo que establece la Ley 31 de 18 de junio de 2010, la cual faculta a la Junta Directiva para que autorice al administrador a requerir el cobro de cualquier deuda de los propietarios. Por otro lado el párrafo final del articulo 58 como ya mencionamos, dispone que "El administrador podrá ser cualquier persona y recibirá remuneración por sus servicios conforme lo apruebe la Asamblea de propietarios", del extracto de este artículo se entiende que al nombrar la asamblea de propietarios, a la licenciada W. como administradora del PH ELEGE y como abogada como consta a fojas 35 y 39 respectivamente, en ambas contrataciones se observa el consentimiento de la Junta Directiva, por lo que mal podríamos interpretarlo como conflicto de intereses como lo sustenta la señora A., toda vez que la Ley no le prohíbe al administrador representar como abogado a la Junta Directiva en procesos judiciales y/o administrativos, por el contrario la faculta para que sean ellos (administrador y Junta Directiva) quienes resuelvan los litigios existentes que se deriven de deudas de los propietarios. Por otro lado no observamos que exista algún interés de la licenciada en la controversia tal como lo aduce el Tribunal, al invocar el numeral 18 del Artículo 37 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, toda vez que la licenciada esta realizando las funciones encomendadas por sus mandantes, en este caso la Junta Directiva del P.H. ELEGE. En virtud de lo antes expuesto, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que no existen méritos para llamar a juicio ala licenciada J.W.C., dentro de la denuncia interpuesta en su contra por la señora T.A.D.T., por supuesta violación de los artículos 20 y 37 numeral 18) del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado y ORDENA el archivo del expediente. N. y Cúmplase. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ HARLEY J. MITCHELL D. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS YANIXSA Y. YUEN C. (Secretario)