Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 10 de Julio de 2014

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución:10 de Julio de 2014
Emisor:Cuarta de Negocios Generales
 
CONTENIDO

VISTOS: Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, nos ha sido remitido el expediente contentivo del proceso de Faltas a la Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado propuesto por la señora TAIRA TIMANÁ DE SEGURA contra el Licenciado D.F., toda vez que el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados solicitó la elevación a juicio de las investigaciones efectuadas. ANTECEDENTES Señaló la denunciante que el abogado D.F., sin autorización de su familia tramitó la sucesión de un terreno de su padre, lo hipotecó a favor de la nación a través de fianzas de excarcelación por el orden de los B/.79,000 balboas, para beneficio personal. Que ha realizado los trámites pertinentes a fin de demostrar la estafa cometida por el citado abogado, ha interpuesto denuncia ante el Órgano Judicial y que está a la espera del fallo para tramitar lo correspondiente en el ramo civil y de esta manera liberar el terreno utilizado por el acusado para fianzas de excarcelación. Pide la denunciante, se tomen acciones y se castigue a dicho abogado con las sanciones establecidas en el Código de Ética, además, que las actuaciones de D.F., las realizó amparándose en su condición de abogado. Aportó como prueba la denunciante, copia simple de la denuncia penal, copia de una conversación telefónica, documentos simple de los documentos de la sucesión y una copia de una conversación telefónica donde asiente en su delito y trata de disuadirlos de seguir con la denuncia. OPINIÓN DEL TRIBUNAL DE HONOR El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, el cual es competente para conocer de los procesos de ética, como Órgano Instructor, procedió a emitir concepto, en el cual aparece como Sustanciador el licenciado F.A.. El criterio esbozado por el Tribunal de Honor, se puede resumir de la siguiente manera: "Estimar procedente el Llamamiento a Juicio, por supuesta violación a los artículos 5 y 34 literal g del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado; y para tal fin, remitir a la S. Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el expediente que se sigue al Licenciado D.F., para ejercer la profesión de Derecho en la república de Panamá, mediante acuerdo 10 del 24 de enero de 1984 y su número de registro 2915, promovida por TAIRA TIMANÁ". Mediante providencia fechada 03 de junio de 2013, la S. concedió término al licenciado D.F., para que hiciera los descargos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9 de 1984, reformada por la Ley 8 de 1993. En tiempo oportuno el licenciado ANELDO AROSEMENA, apoderado judicial del Licenciado D.F., estableció que es falso que el Licenciado FRANCO haya incurrido en faltas a la ética profesional, por cuanto que para solicitar la apertura de la sucesión del señor C.T.C. (Q.E.P.D.), la señora T.T.F. le otorgó poder especial para solicitar la sucesión intestada, por lo cual las facultades otorgadas en dicho poder se extinguieron con la inscripción en el Registro Público de la Escritura Pública No.470 de 13 de diciembre por la cual se protocolizó el expediente contentivo de la sucesión del finado C.T.C. (Q.E.P.D.). Que la inscripción se hizo efectiva el 2 de mayo de 2000, tal como se puede comprobar en la copia de la Escritura Pública No.470 que reposa en el expediente y que fue aportada por la denunciante. Que las consignaciones de fianza de excarcelación que realizó el Licenciado D.F., fueron en base al poder especial que para este propósito otorgó la señora T.T.F., el cual consta en la Escritura Pública No.12,597 de fecha 11 de agosto de 2000 (Notaría Tercera), e inscrita en el Registro Público a Ficha 16,742, Documento 139,379 de 16 de agosto de 2000. En consecuencia si la señora T.F. alega que ella no otorgó dicho poder, estaríamos frente a la posible comisión de un delito contra la Fé Pública, específicamente el delito de Falsificación de Documento Público, lo cual implica una investigación para determinar si efectivamente la firma de la señora T.T.F. fue falsificada. Que dentro del expediente consta copia simple de la querella interpuesta por la señora T.T. en contra de su representado, para que se le investigara por el supuesto delito de Falsificación de Documento Público; en su momento se le hizo frente a la querella y dicho proceso fue archivado. Que en el presente caso, no hay ningún elemento que pruebe que su representado incurrió en Faltas a la Ética Profesional, por cuanto que las pruebas que se han aportado en esta causa, corresponden a la posible comisión del delito de Falsificación de Documento Público, delito por el cual ya respondió y en el cual se declaró al prescripción de la acción penal. No está de acuerdo con la opinión esbozada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, quien estableció que se encuentran en pleno término legal para ejercer la acción disciplinaria, pues entienden como última actuación constitutiva de la falta los gravámenes que según certificación expedida por el Registro Público se encuentran vigentes a la fecha 24 de marzo de 2008, ya que se trata de una supuesta falta continuada. Si se parte de la premisa, que la supuesta falta constituye el hecho de gravar la finca 169 sin el consentimiento del denunciante, con base en un poder que fue formalmente inscrito en el Registro Público el 16 de agosto de 2000 a Ficha 16,742, Documento 139,379, entonces quiere decir que la acción penal prescribió en agosto del 2006, ya que la querella penal fue interpuesta el 25 de marzo de 2008 y habían transcurrido dos años y siete meses de cumplido el término para que operara la prescripción. Que curiosamente, según el tribunal, para la fecha de 28 de agosto de 2008 en que se presentó la denuncia por supuestas Faltas a la Ética Profesional del Abogado, no había transcurrido el año a partir del último acto constitutivo de la falta, por cuanto que para la fecha de 24 de marzo de 2008, se encontraban vigente los gravámenes del Registro Público, interpretación que es contraria a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Estableció además, que las pruebas aportadas por la denunciante no cumplen con la formalidad que exige nuestra legislación, lo que equivale que se tengan por no presentadas y se ordene el archivo del expediente, tal como lo ha expresado la sala; es por ello, que solicita se declare prescrita la acción disciplinaria incoada en contra de su representado y se ordene el archivo del expediente. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la S. vertir su opinión en relación a la petición formulada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, es decir, que sea elevada a juicio la investigación que por Faltas a la Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado se siguió al licenciado D.F.. Se comprobó la calidad de abogado del denunciado Licenciado D.F., a través de la certificación emitida por la S. Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia (fs.27). Dentro de la denuncia la señora T.T. acusa al Licenciado FRANCO de utilizar si su consentimiento y aprovechándose de su condición de abogado, unas fincas de su propiedad para hipotecarlas a favor de la nación a través de Fianzas de Excarcelación por el orden de los B/.79,000 balboas. Ahora bien, la denunciante presentó como pruebas copias simples de la denuncia penal por estafa en contra del licenciado D.F., copia simple de la ampliación de denuncia, copia simple de las certificaciones del Registro Público en donde aparecen inscritas las fincas y copia simple de la escritura pública en donde se protocoliza la sucesión del finado C.T.C. (q.e.p.d.); también aportó copia de conversación telefónica. El abogado denunciado excepcionó a su favor que no ha incurrido en faltas a la ética, puesto que la señora T.T. le otorgó poder especial para solicitar la sucesión intestada, y que las facultades otorgadas en dicho poder se extinguieron al inscribir la Escritura Pública No.470 en el Registro Público. No se ha demostrado, las razones en las que se basa el Tribunal de Honor para solicitar el Llamamiento a Juicio en contra del abogado denunciado, dado a que no se realizaron las investigaciones tendientes a comprobar las afirmaciones alegadas por el denunciante, solo se cuenta con lo dicho por la misma, situación que no ha sido corroborada a través de ningún otro medio de prueba. Vemos que todos los documentos incorporados por la denunciante reposan en copia simple, (v.fs.7-24), por lo que este Tribunal no niega la veracidad de los mismos, sin embargo, en observancia de lo preceptuado en el artículo 873 del Código Judicial el cual señala que: los documentos que se acompañen a los escritos o aquellos que la incorporación se solicite a título de prueba, podrán presentarse en su original o en copia ya sea fotostática, fotográfica o cualquier procedimiento similar, así como copias que cumplan con los literales indicados en el artículo 857 del Código Judicial; podemos concluir entonces, que dichos documentos son copias simples, las cuales no han sido cotejadas con su original y no cumplen los preceptos esbozados en el inciso anterior y por lo tanto, no pueden ser valorados por éste Tribunal. Además esta S. no puede evaluar como prueba la conversación telefónica aportada por la denunciante, ya que la misma no fue incorporada al expediente siguiendo las formalidades legales establecidas para estos casos, constituyéndose en una prueba ilícita. Aunado a lo anterior, la denuncia fue presentada ante dicho Tribunal el 28 de agosto de 2008 y el expediente fue remitido a la S. Cuarta de Negocios Generales el día 10 de mayo de 2013, transcurrido aproximadamente cuatro (4) años, desde su inicio. Por lo antes expuesto, esta Colegiatura se muestra en desacuerdo con los planteamientos emitidos por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados para que se llame a J. alL.D.F., ya que no existen pruebas dentro del dossier que demuestren que el acusado incurrió en supuestas Faltas a la Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. En consecuencia, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que no hay mérito suficientes para elevar a juicio las investigaciones por supuestas Faltas a la Ética y Responsabilidad Profesional de Abogado, seguidas contra el Licenciado D.F., según denuncia presentada por la señora T.T.; y en por tanto, ORDENA el ARCHIVO del expediente. Notifíquese Y CUMPLASE. JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS HARLEY J. MITCHELL D -- LUIS RAMÓN FÁBREGA S YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)