Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 14 de Septiembre de 2015

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución14 de Septiembre de 2015
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Conoce la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, del recurso de casación en el fondo, formalizado por la Firma Forense Infante & P.A., en representación de la señora H.P., contra el Auto de Segunda Instancia N° 24 de 21 de enero de 2013, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que CONFIRMA el sobreseimiento definitivo a favor de R.S.L., M.V.C., P.A.O., A.G.M., I.D.C.T.C., J.Á.C., Z.V. y J.L., proferido por el Juzgado Séptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Auto de Sobreseimiento Definitivo N° 323 de 25 de noviembre de 2011. Mediante resolución Judicial de 5 de junio de 2014, el despacho sustanciador dispuso admitir el recurso propuesto por la parte querellante (fs. 8330-8331). Cumplidos los trámites procesales inherentes al traslado del recurso a la Procuraduría General de la Nación y realizado el acto de audiencia oral, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el fondo de la pretensión procesal esbozada por el recurrente, a lo que procederemos previa consideración de las siguientes anotaciones. HISTORIA CONCISA DEL CASO La presente encuesta penal inició con la querella interpuesta por la Firma Forense I.P. y Almillano, en representación de la señora H.P., contra el señor R.S., LEHMAN y otros, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Falsedad de Documento y Ejercicio Ilegal de la Profesión. Mediante Auto de Segunda Instancia N° 103 de 12 de mayo de 2008, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dispuso anular los cargos formulados contra R.S.L., P.O., V.C. y otros con relación al delito de estafa y en su lugar, dispuso reformular los cargos por el delito de Hurto de Bienes Pertenecientes a una Herencia. El Ministerio Público formuló cargos contra R.S.L., P.O., ISRAEL TEJADA y V.C., como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título IV, Libro Segundo del Código Penal; es decir, delito de Hurto de Bienes Pertenecientes a una Herencia. Mediante Auto de Sobreseimiento Definitivo N° 323 de 25 de noviembre de 2011, el Juzgado Séptimo de Circuito Penal, profirió el sobreseimiento definitivo de todos los querellados. Contra dicho auto fue interpuesto un recurso de apelación. Así las cosas, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, confirmó la resolución de primera instancia a través del Auto de Segunda Instancia N° 24 de 21 de enero de 2013, al estimar que los hechos expuestos no constituyen delito. CAUSALES INVOCADAS PRIMERA CAUSAL La primera causal corresponde al supuesto "Cuando no se estimen como delito, siéndolo, los hechos que aparecen en el sumario, sin que medien circunstancias posteriores que impidan su castigo", contenida en el numeral 3 del artículo 2431 del Código Judicial (f. 8319). MOTIVO ÚNICO El único motivo que sustenta la causal (fs. 8319-8320), refiere que el Segundo Tribunal Superior a través de la resolución recurrida, yerra al considerar que la conducta desplegada por el señor R.S.L., consistente en disponer de bienes pertenecientes al patrimonio de una sucesión del señor W.C.L. (q.e.p.d.) no constituyen delito en virtud que no encuadra específicamente en la figura de hurto de bienes herenciales, por no tener el procesado la calidad de coheredero o copropietario que exige la norma; pasando por alto que dichos hechos sí constituyen el delito de hurto simple. En ese sentido, estima el recurrente, que si el Segundo Tribunal Superior se hubiese percatado de que los hechos investigados están tipificados bajo la figura delictiva antes indicada, habría proferido un auto de llamamiento a juicio contra el señor LEHMAN, tomando en consideración que los cargos que le fueron formulados corresponden a las normas contenidas en el Capítulo I, Título IV, del Libro Segundo del Código Penal de 1982. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Cita el recurrente la conculcación de los artículos 2219 del Código Judicial y el artículo 181 del Código Penal vigente, ambos en concepto de violación directa por omisión (fs. 8320-8321). SEGUNDA CAUSAL La segunda causal corresponde al supuesto "Error de Hecho en la Apreciación de la Prueba, si esta se funda en documentos auténticos que constan en el proceso", contenida en el numeral 5 del artículo 2431 del Código Judicial (f. 8321). MOTIVOS El primer motivo (f. 8322) establece que el Segundo Tribunal Superior incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba al establecer que los elementos que constan en el expediente no son suficientes para comprobar la existencia de algunas de las conductas tipificadas en el Capítulo I, Título IV, del Libro II del Código Penal de 1982, e ignorar la prueba documental autenticada, consistente en el Auto proferido por el Juzgado Cuarto de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs. 3782-3783), los Cheques N° 7911 y 7912 (fs. 5729-5731, 5752-5753) y los documentos de apertura de cuentas (fs. 3300-3303). Estima que de haber sido valorados, el Tribunal Superior habría observado que dichas pruebas revelan que R.S.L., a pesar de estar suspendido del cargo de albacea, dispuso de dineros pertenecientes a la sucesión de W.C.L. (q.e.p.d.), para atender asuntos personales; por tanto, habría proferido un auto de llamamiento a juicio en su contra. En cuanto al segundo motivo (fs. 8322-8323), señala el recurrente que el Segundo Tribunal Superior incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba al ignorar las declaraciones juradas de M.C., M.B.R., M.R.U.D.F. y A.C. (fs. 5779-5782, 5784-5792, 2062-2070, 2206-2213); las cuales, de haber sido valoradas habrían permitido concluir que R.S.L. a pesar de estar suspendido del cargo de albacea, dispuso de dineros pertenecientes a la sucesión de W.C.L. (q.e.p.d.), para atender asuntos personales, por tanto, habría proferido un auto de llamamiento a juicio en su contra, por la comisión de un delito contra el patrimonio. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Como disposiciones legales infringidas se citan los artículos 780, 832, 907 y 2219 del Código Judicial, todos en concepto de violación directa por omisión; y los artículos 182 y 181 del Código Penal de 1982, en concepto de indebida aplicación y violación directa por omisión respectivamente (fs. 8323-8329). CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante Vista N° 96 de 28 de julio de 2014, el Ministerio Público solicitó casar el Auto de Segunda Instancia N° 24 de 21 de enero de 2013. Ello, por considerar medularmente que al señor R.S.L. se le debió llamar a juicio por la supuesta infracción de las normas penales contenidas en el Capítulo I, Título IV, del Libro Segundo del Código Penal de 1982, que contempla el delito de Hurto (Simple), figura penal que se encuentra acreditada en el expediente mediante plena prueba de la comisión del hecho punible y medios probatorios que ofrecen serios motivos de credibilidad y graves indicios contra el procesado. El Ministerio Público hace la salvedad de que el recurso no debió admitirse ya que la sanción a imponer en caso de una condena no supera los dos años, basándose en lo establecido en el artículo 2430 del Código Judicial. DECISIÓN DE LA SALA Antes de iniciar con el análisis correspondiente, la Sala debe advertir respecto al criterio del Ministerio Público al referir que el presente recurso no debió ser admitido; que si bien, el artículo 2430 del Código Judicial establece como requisito de admisión que la pena señalada para el delito debe ser superior a los dos años; dicha norma hace referencia a las "sentencias definitivas de segunda instancia, dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial"; sin embargo, el recurso de casación fue interpuesto contra un auto de sobreseimiento definitivo; y en consecuencia, el artículo aplicable es el 2431 del Código Judicial, el cual establece "Contra los autos dictados en materia penal, que le pongan término al proceso mediante sobreseimiento definitivo ... habrá lugar al Recurso de Casación en el fondo ..." Aclarado lo anterior procede la Sala al examen jurídico correspondiente. PRIMERA CAUSAL La causal "Cuando no se estimen como delito, siéndolo, los hechos que aparecen en el sumario, sin que medien circunstancias posteriores que impidan su castigo", se configura cuando el juzgador de segunda instancia, sin mediar ningún yerro de índole probatorio, al apreciar y considerar los hechos que aparecen acreditados en el proceso al momento de calificar la conducta, incurre en el error de desestimarle ilicitud, cuando en realidad constituye un proceder delictivo. En esa dirección la jurisprudencia ha señalado: "Esta causal sobreviene cuando en el proceso el juzgador no califica como delito un hecho que lo es, pero sin mediar errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y sin que hayan aparecido motivos o hechos que incidan en la decisión adoptada" (Resolución Judicial de la Sala Penal de 12 de junio de 2004). En cuanto a los hechos acreditados en el sumario respecto al delito cuya calificación reclama el recurrente la Sala advierte lo siguiente: Mediante Auto 2da. Instancia N° 103 de 12 de mayo de 2008, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial revocó el Auto Vario N° 517 de 12 de noviembre de 2007, proferido por el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que negó el incidente de controversia respecto a los cargos formulados contra el señor R.S.L. (fs. 7604-7606); en consecuencia, ordenó corregir la formulación de cargos por el delito de Estafa contra el prenombrado y en su defecto, se formulasen cargos por el delito de Hurto contemplado en el Título IV, Capítulo I, del Libro II del Código Penal, en virtud del hurto de ciertos bienes que pertenecen a una masa herencial (fs. 7635-7656). Teniendo en cuenta la orden prevista en el referido Auto 2da. Instancia N° 103 de 12 de mayo de 2008, la Fiscalía Cuarta de Circuito Especializada en Delitos Relacionados con Hurto y Robo de Autos y Accesorios, emitió la Vista Fiscal N° 22 de 30 de julio de 2008, recomendando al juez de la causa llamar a juicio al señor R.S.L. por su vinculación con el delito de hurto tipificado en el Título IV, Capítulo I, del Libro II del Código Penal (fs. 7919-7933). Al calificar el mérito de la causa penal, el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá sobreseyó definitivamente al señor R.S.L., según se desprende del Auto de Sobreseimiento Definitivo N° 323 de 25 de noviembre de 2011. Dicho Auto establece que el Pleno de la Corte Suprema se pronunció sobre el delito de hurto de bienes pertenecientes a una herencia no aceptada mediante sentencia de hábeas corpus de 14 de octubre de 2010, en la cual declaró ilegal la detención preventiva del señor LEHMAN debido a la inexistencia del delito imputado y que en virtud del artículo 210 de la Constitución Política, los jueces y magistrados deben acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos en un proceso determinado; por tanto estimó "sobran comentarios al respecto y se dicta sobreseimiento definitivo a favor de las personas a quienes se les formuló este cargo" (f. 8184). Sobre el particular hacemos un paréntesis para expresar que dicha decisión fue adoptada por el juez de la causa pese a que el análisis en materia de Hábeas Corpus, si bien conlleva la calificación provisional del delito imputado, ello ocurre sin perjuicio que la calificación definitiva la determine en su momento el Tribunal Competente; aunado a ello, pasó por alto el principio de independencia judicial de la quedeben gozar todas las actuaciones en las distintas causas que son sometidas al conocimiento del órgano jurisdiccional en las instancias correspondientes. Continuando con el análisis, aprecia la Sala que el Segundo Tribunal Superior al resolver el recurso de apelación (Auto 2ª Inst. N° 24 de 21 de enero de 2013) estimó lo siguiente: "El Ministerio Público formuló cargos a R.S.L., P.O., ISRAEL TEJADA y VICTOR COSBIE (sic), como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título IV, Libro II del Código Penal, referente al Delito de Hurto Pertenecientes a una Herencia; a V.C. le hicieron cargos como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, T.V., Libro II del Código Penal, referente al delito de Ejercicio Ilegal de una Profesión; a V.C., MARIO VELÁSQUEZ CHISMAR, A.G., Z.D.V., J.L. y J.Á.C. le formularon cargos por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, T.V., Libro II del Código Penal, referente al delito de Falsedad de Documento. ... Del estudio del caso se infiere que el cargo de hurto de bienes pertenecientes a una herencia se sustenta sobre la base del argumento que el señor LEHMAN dispuso de los bienes pertenecientes al patrimonio del difunto W.L. (q.e.p.d.), aun cuando una autoridad competente le había separado del cargo de albacea. Al respecto, se debe indicar que siendo el delito de Hurto de Bienes pertenecientes a una herencia una infracción penal de sujeto activo calificado, en virtud de que debe ostentarse por parte del autor, la calidad de copropietario o de coheredero, la figura no se le puede aplicar al señor LEHMAN por razones de tipicidad, ya que, el mismo no ostenta ninguna de las calidades requeridas por el precepto. ... Ahora bien, de las constancias probatorias que fueron objeto de análisis en la presente encuesta penal se logra determinar que, tal y como fue planteado por el Juzgador Primario, éstas no son suficientes para comprobar la existencia de algunas de las conductas tipificadas en el Título IV, Capítulo I, del Libro II del Código Penal de 1982, por lo que quedan descartados los cargos levantados por hurto de herencia, por cuanto el hecho investigado no constituye delito." (fs. 8277-8279). Como quiera que el único motivo que sustenta la presente causal tiene por finalidad la calificación respecto a la existencia de un delito contra el patrimonio económico; en este caso, relacionado a la disposición de dinero perteneciente a la herencia del señor W.C.L. (q.e.p.d.); y se determine, si vinculado a ello, obran graves indicios contra el querellado, se procede a conocer y resolver lo que en derecho corresponda. M. R. U. D. F. en declaración jurada (fs. 2062-2069) reconoció el documento visible a foja 228 del expediente y se refirió a éste indicando que corresponde a un arte pautado por su agencia ROSSANA URIBE Y ASOCIADOS cuyo nombre correcto es RUA PORTER NOVELI, a solicitud del señor R.S.L., quien para el mes de agosto de 2006 en compañía de A.O., se acercó a su empresa con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía la fundación que pretendían conformar y quién era el señor W.L. (q.e.p.d.). También reconoció el diseño de un logo visible a foja 328 del expediente por el cual el procesado pagó la suma aproximada de B/.1,700.00 mediante cheque a nombre de la empresa RUA PORTER NOVELI. La declarante aportó copia del Cheque N° 000060 de 5 de octubre de 2006, girado por la suma de B/. 8,156.43; provenientes de la cuenta N° 50-102-23051-0 a nombre de R.S.L. (ESTATE OF W.C.L.) (f. 2070). A.E.C.R. es conteste con la declaración de la señora M.R.U.D.F.; agrega que fue informado que el señor LEHMAN era el albacea de la herencia del señor W.C.L. (fs. 2206B.2213). También aportó copia de un cuadro de transacciones y saldos entre la empresa RUA PORTER NOVELI y WILSON L. TRUST FUND; contrato en idioma inglés entre RUA PORTER NOVELI y WILSON L. TRUST FUND, facturas de agosto a diciembre de 2006 por servicios profesionales brindados a dicha fundación y copia de cheque girado por R.S.L. desde de la cuenta R.S. LEHMAN (ESTATE OF L.), el día 23 de agosto de 2006 (fs. 2214). Consta Diligencia de Inspección Ocular efectuada en la entidad bancaria GLOBAL BANK, S.A. de la que advertimos la apertura de la cuenta N° 50-102-23051-0 a nombre de R.S. LEHMAN - ESTATE OF WILSON L.), efectuada el día 2 de agosto de 2006 mediante el depósito de los cheques N° 7911 (B/. 57,791.61) y N° 7912 (2,648.77) de Banco Nacional; es decir, por el monto total de B/. 60,440.38, correspondientes a la liquidación de Banco DISA, así como transacciones efectuadas desde su apertura el día 2 de agosto de 2006, hasta el 5 de octubre de 2006 (esta última transacción coincide con la información y la copia del Cheque N° 000060 de 5 de octubre de 2006, girado por la suma de B/. 8,156.43 que aportó la señora M.R.U.D.F.) (fs. 3295-3313). La Fiscalía Cuarta de Circuito Especializada en Delitos Relacionados con Hurto y Robo de Autos y Accesorios efectuó Diligencia de Aseguramiento de Bienes en el Piso 11, Edificio Royal Palace de Punta Paitilla, residencia del señor W.C.L. (q.e.p.d.) (fs. 3526-3673). Según Informe Pericial efectuado a consecuencia de la diligencia antes indicada, fue ubicado un certificado emitido a nombre del prenombrado por la cantidad de dos mil acciones de banco DISA (f. 3925, 4165-4166). Dado lo anterior se ordenó inspección a la oficina del Liquidador de banco DISA, licenciado CÉSAR A. GARCÍA, de la que se desprende que inicialmente los cheques estaban a nombre del señor W.C.L. (q.e.p.d.); sin embargo, posteriormente fueron informados del fallecimiento del señor L. y de la designación del señor LEHMAN como albacea de la herencia a través de la resolución judicial que lo designó; en consecuencia, mediante memorando interno el cheque fue anulado, girando entonces dos cheques a la cuenta R.S. LEHMAN - ESTATE OF W.L. (fs. 5727-5755). El licenciado GARCÍA, mediante nota de 11 de septiembre de 2007, adjuntó documentación autenticada entre la observamos la emisión de cheques a nombre de R.S.L. -E.O.W.L. y que detallamos de la siguiente manera: Cheques N° 7911 y 7912, ambos de 1 de agosto de 2006 y Cheques N° 8917, 8918 y 8788 de 28 de mayo de 2007 (fs. 5868-5893). Agrega el Liquidador que en marzo de 2007 se volvió a girar otro cheque y que para el mes de octubre de 2007 saldría otro. Una segunda diligencia fue practicada en GLOBAL BANK (casa matriz) según consta a fojas 6590-6617, en la que fue recibida copia auténtica de los cheques girados de la cuenta N° 50-102-23051-0 (R.S. LEHMAN - ESTATE OF WILSON L.). Después del día 18 de agosto de 2006 fueron girados los siguientes cheques: - Cheque N° 10 de 30 de septiembre de 2006 por la suma de B/. 500.00, pagado a favor de P.A.O.; - Cheque N° 11 de 1 de septiembre de 2006 por la suma de B/. 1,529.05, pagado a favor de M.R.; - Cheque N° 12 de 8 de septiembre de 2006 por la suma de 5,100.00, pagado a favor de MARIO VÁSQUEZ CHIZMAR (pagado por ventanilla); - Cheque N° 13 de 8 de septiembre de 2006 por la suma de B/. 4,957.56, a nombre de M.R.; - Cheque N° 14 el día 9 de septiembre de 2006 por la suma de B/. 2,500.00, a nombre de V.C.; - Cheque N° 16 de 18 de septiembre de 2006 por la suma de B/. 656.51, a nombre de P.A.O.; - Cheque N° 51 de 9 de setiembre de 2006 por la suma de B/. 12,500.00; a nombre de R.C. - Pago de cheque N° 52 de 11 de septiembre por la suma de B/. 2,500.00, a nombre de A.O.; - Cheque N° 54 de 19 de septiembre de 2006 por la suma de B/. 3,850.00, a nombre de A.V.; - Cheque N° 55 de 26 de septiembre de 2006 por la suma de B/. 4,200.00, a nombre de JOSÉ A. CUETO; - Cheque N° 59 de 3 de octubre de 2006 por la suma de B/.300.00, a nombre de ISRAEL TEJADA; - Cheque N° 60 de 3 de octubre de 2006 por la suma de B/. 8,156.43, a nombre de ROSSANA URIBE & ASOCIADOS, S.A.; - Cheque N° 101 de 17 de agosto de 2006 por la suma de B/. 8,750.00, a nombre de R.C.; - Cheque N° 102 de 23 de agosto de 2006 por la suma de B/. 4,200.00, a nombre de ROSSANA URIBE & ASOCIADOS, S.A.; - Cheque N° 103 de 24 de agosto de 2006 por la suma de B/. 7,360.00, a nombre de ERWIN CHIU; - Cheque N° 104 de 25 de agosto de 2006 por la suma de B/. 1,943.44, a nombre de M.R.. Por otro lado, M.D.C. y M.B., quienes laboran en Global Bank; sucursal calle 50, son contestes al afirmar que el depósito inicial de la cuenta se hizo a través de cheques locales por la suma de B/. 60,440.38 y que no fueron informadas respecto a la suspensión de R.S.L. como albacea la herencia del señor W.C.L. (fs. 5779-5782, 5784-5792). M.V.C., Notario Segundo del Circuito de Panamá refirió en declaración jurada que no recordaba por qué no aparecía la transacción en el estado de cuenta de la notaría en cuanto al cheque N° 12 de 11 de septiembre de 2006, girado por la suma de B/. 5,000.00 provenientes de la cuenta de GLOBAL BANK N° 50-102-23051-0 o R.S. LEHMAN - ESTATE OF W.L. (fs. 1961-1981); sin embargo, posteriormente aportó un escrito (f. 2149) en el que señala haber recibido en dos transferencias bancarias distintas (23 de enero de 2007 y 5 de febrero del mismo año) por B/. 5,000.00 y B/. 3,000.00 respectivamente, en pago de honorarios para su abogado, suma que recibiera del señor LEHMAN; y, en cuanto al referido cheque N° 12 de 11 de septiembre de 2006, señala que fue cobrado por ventanilla, lo cual es corroborado mediante copia auténtica del mismo, obtenida mediante diligencia practicada en las instalaciones de GLOBAL BANK (fs. 3312, 6590-6617). Mediante Auto N° 1025/173-06 de 5 de julio de 2006, el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró abierto el proceso de sucesión testada de W.C.L. (q.e.p.d.) y nombró como albacea de la herencia al señor R.S.L.. El auto en cuestión fue objeto de recurso de apelación por el apoderado judicial de la señora H.P. (fs. 3732-3737). El Auto N° 1187/173-06 de 18 de agosto de 2006 resolvió el recurso de reconsideración propuesto contra el Auto N° 1025/173-06 de 5 de julio de 2006 con el propósito que sea cambiado el efecto en el cual fue concedido el recurso de apelación (efecto devolutivo). En ese sentido, el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dejó sentado que el señor LEHMAN ejerció acciones contrarias a los fines establecidos por la ley respecto al albacerazgo al disponer de la herencia sin autorización del Tribunal; por tanto, se revocó de oficio la Resolución de 7 de agosto de 2006 y concedió el recurso de apelación en efecto diferido (fs. 3779-3783). Mediante Auto N° 44/173-06 de 16 de enero de 2007, el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, ante las solicitudes presentadas dentro del proceso de sucesión testada de W.C.L. (q.e.p.d.) y dentro de la medida conservatoria y de protección, declaró que las funciones del señor R.S.L. como albacea se encontraban suspendidas por el momento, en virtud del recurso de apelación concedido en efecto diferido que fuera propuesto contra el Auto N° 1025/173-06 de 5 de julio de 2006 (fs. 3845-3848). Expone el juzgador de la causa que el señor R.S.L. continuó efectuando actos en calidad de albacea en fecha posterior a la apelación interpuesta contra el Auto N° 1025/173-06 de 5 de julio de 2006, la cual al haber sido concedida en efecto diferido suspendía los efectos de la resolución, debiendo continuar el proceso únicamente en lo que no dependa necesariamente de ella (fs. 3061-3064, 3065-3068). El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá mediante Resolución de 4 de mayo de 2007 modificó el auto de primera instancia y nombró como albaceas y fiduciarios de la herencia a los señores R.S.L., C.R. e H.P. para que ejerzan el cargo mancomunadamente (fs. 3685-3708). El Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá decretó medida conservatoria o de protección general a favor de H.P. y contra R.S. LEHMAN Mediante Auto N° 1227-2006 de 31 de agosto de 2006, consistente en impedir al prenombrado que valiéndose de la designación como albacea de la sucesión testamentaria de W.C.L. (q.e.p.d.) ejecute actos de administración, establecimiento de gravámenes o cualesquiera actos de disposición de los bienes propiedad del causante (f. 3119-3120). Así las cosas, desde una concepción dogmática, el delito es conceptualizado como una conducta típica, antijurídica y culpable; por tanto, debemos constatar en primer lugar si la conducta de R.S.L. es congruente con el tipo penal de hurto. La legislación penal vigente al momento del hecho (Código Penal de 1982), describe el delito de hurto como el apoderamiento de una cosa mueble ajena (Artículo 181). Al analizar la tipicidad como elemento conceptualizador del delito, podemos determinar que la conducta típica específicamente atribuida al procesado requiere la apropiación o apoderamiento de una cosa corporal (mueble) ajena y con ánimo de lucro. En ese sentido, no podemos perder de vista que el verbo rector del tipo penal que se atribuye al procesado corresponde a apoderarse de una cosa mueble, pero además de ello debe ser ajena y debe concurrir el ánimo de lucro. Dichos conceptos son definidos por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A., Vigésima Segunda Edición, España, 2001, págs. 80, 183, 1402), en los siguientes términos: · Apoderar:Hacerse dueño de algo, ocuparlo, ponerlo bajo su poder. · Ajeno, na: Perteneciente a otra persona. · Lucro: Ganancia o provecho que se saca de algo. Por otro lado, el auto recurrido establece que el delito de Hurto de Bienes Pertenecientes a una Herencia, establecido en el artículo 182 del Código Penal de 1982, requiere que el sujeto activo ostente la calidad de copropietario o de coheredero y por tanto, no puede aplicarse al señor LEHMAN, pues no corresponde a ninguna de las figuras antes indicadas y en consecuencia concluyó que la las evidencias que constan en el expediente no son suficientes para comprobar la existencia de la conducta que se le endilga. Frente a lo expuesto debemos señalar que el Tribunal mediante Auto 2da. Instancia N° 103 de 12 de mayo de 2008, ordenó al Ministerio Público corregir los cargos formulados contra el señor R.S.L. (fs. 7604-7606) por el delito de Hurto contemplado en el Título IV, Capítulo I, del Libro II del Código Penal, a consecuencia del presunto hurto de bienes pertenecientes a una herencia, cuestión que fuera atendida por la Fiscalía Cuarta de Circuito Especializada en Delitos Relacionados con Hurto y Robo de Autos y Accesorios en la Vista Fiscal N° 22 de 30 de julio de 2008, (fs. 7919-7933) y es el propio Tribunal que en segunda instancia confirma el auto apelado, sobreseyendo definitivamente al señor LEHMAN. Partiendo de tal supuesto, advierte la Sala que si bien no se configura la conducta tipificada en el artículo 182 del Código Penal de 1982; es decir, delito de hurto de bienes pertenecientes a una herencia no aceptada, tampoco podemos obviar que las constancias en autos permiten advertir el apoderamiento de dineros que no le pertenecían al señor R.S.L., a pesar de haber sido suspendido del cargo de albacea mediante el Auto N° 1187/173-06 de 18 de agosto de 2006, encontrando adecuación de su actuar en el delito de H.S.. De manera que en autos se acredita: 1. un hecho punible; es decir, el delito de HURTO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 181 del Código Penal de 1982; y, 2.- fundados elementos de convicción de que el procesado es el autor del hecho que se le imputa, toda vez que se acredita que: - El día 2 de agosto de 2006; es decir, posterior a la muerte del señor W.C.L. (q.e.p.d.), el señor LEHMAN abrió una cuenta en la entidad bancaria GLOBAL BANK, distinguida como cuenta N° 50-102-23051-0 a nombre de R.S. LEHMAN - ESTATE OF W.L. y que para ello utilizó como primer depósito, los cheques N° 7911 (B/. 57,791.61) y N° 7912 (2,648.77) de Banco Nacional; correspondientes a la liquidación de Banco Disa. - Mediante diligencia efectuada en la que fuera la residencia del señor L. (q.e.p.d.) fue encontrado un certificado por dos mil acciones de banco DISA; es decir que dicho dinero correspondía a la masa herencial del occiso. - Que de la cuenta de GLOBAL BANK N° 50-102-23051-0 a nombre de R.S. LEHMAN - ESTATE OF W.L. fueron girados cheques desde el día 17 de agosto de 2007 al 3 de octubre de 2007 a pesar que el Auto N° 1187/173-06 de 18 de agosto de 2006 suspendió al procesado del cargo de albacea. - Que dichos cheques coinciden con pagos efectuados a la empresa RUA PORTER NOVELI, S.A., lo cual resulta congruente además con las declaraciones juradas de MARÍA ROSSANA URIBE y A.C. respecto al servicio prestado por la campaña para la promoción de WILSON L. TRUST FUND y la imagen del procesado; incluso pese a que dicha fundación no existe; así como el pago de B/. 5,100.00 girados a nombre del señor M.V.C. quien manifestó correspondían al pago de honorarios de su abogado; y, pagos a nombre de la señora P.A.O. (11, 18 y 30 de septiembre de 2006), quien fue secretaria del señor L. (q.e.p.d.) y cuya relación laboral culminó el día 30 de julio de 2006 según sus propias declaraciones. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS El casacionista argumenta que el artículo 2219 del Código Judicial fue infringido, en concepto de violación directa por omisión, ya que el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, no consideró que contra el querellado se formularon cargos como presunto infractor de las normas contenidas en el Capítulo I, Título IV, del Libro Segundo del Código Penal de 1982; por lo que de haberlo advertido habría procedido a emitir un auto de llamamiento a juicio por el delito de H.S.. En consecuencia estima que concurre también la infracción del artículo 181 del Código Penal de 1982, en concepto de violación directa por omisión, al desconocer los hechos que constituyen un delito contra el patrimonio en su modalidad de H.S.. La Sala comparte el criterio del recurrente y la Procuraduría General de la Nación, en el sentido que se ha probado el cargo de injuridicidad contra el auto recurrido, toda vez que los hechos descritos nos ubican frente a una acción típica y antijurídica en detrimento del patrimonio económico, correspondiendo hacer el juicio de culpabilidad al tribunal de la causa. En virtud de ello, le asiste la razón al censor, cuando sostiene que se ha infringido el artículo 181 del Código Penal de 1982, de manera directa por omisión; disposición legal que tipifica el delito hurto simple. De igual manera, se ha acreditado la trasgresión directa por omisión del artículo 2219 del Código Judicial, que establece para el juzgador, cuando encuentra plena prueba o cualquier medio probatorio que le ofrezca serios motivos o indicios de que ha ocurrido un hecho punible y a su vez, den con la probable vinculación de alguna determinada persona, a abrir causa criminal contra ésta. Corresponde así, casar el auto y en su lugar ordenar la apertura de causa criminal contra el señor R.S.L. como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título IV, del Libro Segundo del Código Penal de 1982, es decir, por un delito Contra EL Patrimonio Económico, en este caso, H.S.. Al encontrar justificada la primera causal invocada por el recurrente, se prescindirá del análisis de la segunda causal aducida, tal cual lo dispone el artículo 2446 del Código Judicial. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA el Auto de Segunda Instancia N° 24 de 21 de enero de 2013, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en los siguientes términos: 1.- REVOCAR el Sobreseimiento Definitivo proferido a favor del señor R.S.L. en las sumarias instruidas por la supuesta comisión de un delito Contra EL Patrimonio Económico (H.S.); 2.- ORDENAR que se continúe con los trámites legales correspondientes al proceso penal seguido contra el señor R.S.L. por la supuesta comisión del Delito de H.S.; y 3.- CONFIRMAR en todo lo demás. N. y devuélvase. HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ ABEL AGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS AMINTA I. CARVAJAL C (Secretaria)