Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Abril de 2015

PonenteJerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución20 de Abril de 2015
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Conoce la S. Segunda de lo Penal de los recursos de apelación interpuestos por el licenciado F.M.G., Abogado particular, y la licenciada M.R.M., Abogada Defensora de Oficio,quienes tienen a su cargo la defensa de JULIO CÉSAR PEREA DE LEÓN y de H.J.G.M., dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de unos delitos contra la vida y la integridad personal (homicidio) y contra el patrimonio (robo) cometidos en perjuicio de Z.Z. y CHENJIAO ZHU o ZHI XING YOU. I. LOS HECHOS El 20 de noviembre de 2008, en horas de la noche, unas personas, portando armas de fuego, ingresaron al Mini Súper EL EXITAZO, encañonaron y amordazaron al señor Z.Z. y a la señora CHENJIAO ZHU o ZHI XING YOU. Los sujetos revisaron la caja registradora y los cuartos del inmueble, le preguntaron a Z.Z. por el dinero y como se resistió a hablar le cubrieron la boca con cinta adhesiva, le infirieron tres heridas con arma blanca en el cuello y como trató de levantarse lo hirieron con el hacha de la carnicería; finalmente le hicieron un disparo en la cabeza. Por otra parte, a CHENJIAO ZHU o ZHI XING YOU le infirieron tres heridas con arma blanca en el cuello. Este hecho ocurrió en el Sector # 2, D.B., V., C.B.P., Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá. Los Protocolos de Necropsia dan cuenta que CHENJIAO ZHU o ZHI XING YOU falleció a consecuencia de shock hemorrágico por sección de arteria carótida derecha debido a múltiples heridas punzo cortantes por arma blanca en cuello (Fs.256-261), mientras que el deceso de Z.Z. devino como consecuencia de herida penetrante por proyectil de arma de fuego en la cabeza y múltiples heridas por arma blanca en cuello (Fs.266-270) El sumario fue instruido por laFiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial y concluida la investigación, mediante Vista Penal N° 15 de 29 de enero de 2010, solicitó el llamamiento a juicio de H.J.G.M., JULIO CÉSAR PEREA DE LEÓN y otrocomo presuntos infractores de las normas penales contenidas en la Sección 1, Capítulo I, Título I, Libro II del Texto Único del Código Penal de 2007, es decir, por delito de homicidio y robo cometidos en perjuicio de Z.Z. y CHENJIAO ZHU o ZHI XING YOU. Por su parte, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial acogió la solicitud de la Fiscalía Superior y dictó el Auto N° 56-P.I. de 16 de marzo de 2010, por el cual abrió causa criminal contra los prenombrados. El procesado H.J.G.M. renunció a ser juzgado por el Jurado de Conciencia y en la Audiencia en derecho se declaró culpable y arrepentido de los cargos formulados en su contra, es decir, por homicidio y robo. Por su parte, JULIO CÉSAR PEREA DE LEÓN fue juzgado por el cuerpo de jueces legos que lo declararon inocente de haber participado en las muertes de Z.Z. y de CHENJIAO ZHU o ZHI XING YOU(Fs.767-769) y culpable de haberles despojado en forma violenta de dinero y bienes que eran de su propiedad (Fs.768-770). Por lo anterior, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Sentencia de 1ª Inst. N° 21 de 18 de octubre de 2010, condenó a H.J.G.M. a la pena de treinta (30) años de prisión y la pena accesoria de diez (10) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, una vez sea ejecutada la pena principal, y a JULIO CÉSAR PEREA DE LEÓN a la pena de dieciocho (18) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de cinco (5) años, una vez ejecutada la pena principal, como autor y cómplice primario, respectivamente, de los delitos de homicidios dolosos agravados cometidos en perjuicio de Z.Z. y CHENJIAO ZHU o ZHI XING YOU. II. RECURSO DE APELACIÓN A FAVOR DE JULIO CÉSAR PEREA DE LEÓN El licenciado F.M.G., apoderado judicial de PEREA DE LEÓN, centra su inconformidad con la sentencia impugnada en tres aspectos: - La pena impuesta es excesiva Plantea el apelante que la pena de prisión que le fue impuesta a su poderdante no es proporcional, porque fue sancionado por delito de robo, tipo penal que al tiempo en que se cometió el hecho -20 de noviembre de 2008- era sancionado con pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años en su modalidad simple y "agravado hasta la mitad de la pena". Sin embargo, el Tribunal Superior "por error inexcusable" aplicó la pena conforme a la reforma introducida por la Ley 68 de 2009, que sanciona el delito de robo simple con pena de prisión de siete (7) a doce (12) años "e impuesta hasta la mitad de la pena si el mismo se comete bajo circunstancias agravadas", sin tomar en consideración que para estos casos la ley no concede efectos retroactivos. - Su defendido debió ser sancionado como cómplice secundario Considera el recurrente que la acción desplegada por PEREA DE LEÓN no se ubica en la calidad de cómplice primario, "ya que de no considerarlo así el jurado de conciencia lo hubiese encontrado culpable en el delito de homicidio". Además, refiere que el menor de edad -que por reserva de identidad será identificado por las siglas A.A.V.R-, partícipe del hecho, manifestó que "Julio se encargó de marcar el área, es decir, tenía la misión de vigilar y de dar aviso a los atacantes, en el evento de que alguien se acercase al lugar, a fin de evitar ser sorprendido en momentos de su actuar delictivo, tal como consta a foja 805 de la referida sentencia", y señala que "resulta claro y evidente que este tipo de conductas constituyen acciones de un cómplice secundario". Por otra parte, indica que le extraña sobremanera la falta inexcusable por parte del tribunal A-quo de utilizar como argumento final para determinar la complicidad primaria de su representado, un hecho que fue echado por tierra en audiencia pública ante jurado de conciencia, que determinó la inocencia definitiva de su cliente en un delito de homicidio, donde no tuvo ninguna participación. Agrega que en la sentencia a fojas 804, 805 y 806 da por cierto un hecho inexistente, sosteniendo que su representado aportó el arma que sirvió para perpetrar la conducta (homicidio y robo). - Que se reconozca a favor del procesado las circunstancias atenuantes descritas en los numerales 2 y 5 del artículo 89 del Texto Único del Código Penal de 2007 El letrado señala que a favor de su mandante concurren las atenuantes de "No haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo" y de "la colaboración efectiva del agente" (numerales 2 y 5). III. RECURSO DE APELACIÓN A FAVOR DE H.J.G. La licenciada M.R.M. centra su inconformidad en que el Tribunal Superior no consideró a favor de su patrocinado la colaboración oportuna que éste brindó, con la que se dio la captura y condena de los autores del hecho, sin la cual el ministerio público no hubiera podido dilucidar este caso. Por otra parte, la letrada discrepa de la pena impuesta -30 años de prisión-, porque sostiene que no se cumplió con lo preceptuado en el artículo 79 del Código Penal, que exige fundamentar e individualizar la pena de acuerdo a la participación y colaboración de cada uno de los sindicados. Aunado a ello, la letrada menciona que su defendido era un joven inmaduro, que a la fecha de los hechos tenía 18 años, proveniente de un hogar disfuncional, residente en un área roja, no terminó sus estudios, lo cual lo llevó a ser absorbido por el ambiente circundante y mal sano que dieron lugar a los hechos que hoy analizamos. Por lo anterior, la defensa oficiosa solicita que se revoque la pena impuesta y en su lugar imponga una pena más justa, acorde a los hechos y circunstancias que reposan en el expediente (Fs.828-829). CONSIDERACIONES DE LA SALA La ley de procedimiento establece que la S. de lo Penal conocerá en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones dictadas en primera instancia por los Tribunales de Distrito Judicial, que es el tipo de resolución cuyo estudio ocupa a esta colegiatura. Así, corresponde a este Tribunal examinar el contenido de la sentencia objeto de impugnación, observando solamente los puntos a los que se han referido los recurrentes en sus libelos de apelación (artículo 2424 CJ). - SITUACIÓN JURÍDICA DE JULIO CÉSAR PEREA DE LEÓN El primer reparo que expone el apelante está dirigido a la aplicación de una disposición legal que no estaba vigente al momento de la comisión del hecho: el procesado fue declarado responsable de un delito de robo ocurrido el 20 de noviembre de 2008 y se impuso la sanción con base en la reforma introducida por la Ley 68 de 2009, que aumentó la penalidad de la conducta. En ese sentido, el Segundo Tribunal Superior indicó: Con relación al procesado JULIO CESAR PEREA DE LEÓN, su conducta en el ilícito se adecua al delito de robo agravado, en su calidad de cómplice primario, ya que fue perpetrado utilizando armas y por más de dos personas, que al tenor de lo previsto en el artículo 219 en concordancia con los artículos 44, 46 y 80 de la normativa penal arriba señalada, establece como sanción, un intervalo penal que limita entre un mínimo de más de siete (7) años, hasta un máximo de dieciocho (18) años de prisión (F.797). Luego de individualizar la pena, el Tribunal A-quo fijó la pena líquida a imponer al procesado PEREA DE LEÓN en dieciocho (18) años de prisión por delito de robo agravado, porque "fue ejecutado utilizando arma de fuego y con la participación de más de dos personas"(F.804). Ahora bien, al tiempo de la ocurrencia del hecho el delito de robo estaba tipificado en los artículos 214 y 215 del Código Penal de 2007, aprobado por la Ley 14 de 2007, que preceptuaban: Artículo 214. Quien, mediante violencia o intimidación en la persona, se apodere de una cosa mueble ajena será sancionado con prisión de cinco a ocho años. Artículo 215. La pena será aumentada hasta la mitad, si el robo se comete: 1. Utilizando armas. 2. Por enmascarado. 3. Por dos o más personas. 4. Afectando la libertad personal o causando lesión. Luego, el artículo 214 fue modificado, mediante la Ley 68 de 2009, "Que reforma artículos del Código Penal y del Código Judicial", vigente a partir del 3 de noviembre de 2013, y se aumentó la pena a imponer por esa conducta: Artículo 214. Quien, mediante violencia o intimidación en la persona, se apodere de una cosa mueble ajena será sancionado con prisión de siete a doce años. De lo que viene expuesto, la S. advierte que el Segundo Tribunal Superior, al momento de seleccionar la norma sustantiva para sancionar al procesado PEREA DE LEÓN, escogió una disposición legal que contenía una pena más grave de la que le correspondería por el delito cometido y que además no estaba vigente al momento de la comisión del hecho. Lo anterior comporta una trasgresión a la garantía fundamental consagrada en el artículo 46 de la Constitución Política, que establece que "en materia criminal la ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada", garantía que está desarrollada en el artículo 14 del Texto Único del Código Penal. En igual sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello" (num. 1, art.15), y la Convención Americana de Derechos Humanos preceptúa que "Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello" (art.9). Como quiera que se aplicó una norma no vigente al momento de la comisión del hecho punible procederá la S. a individualizar la pena, en párrafos siguientes. Respecto al segundo reparo, es decir, la participación de J.C.P. De León, por el delito de robo agravado. Vale aclarar que según el artículo 44 del Código Penal, es cómplice primario quien toma parte en la ejecución del hecho punible o presta el autor una ayuda sin la cual no habría podido cometer el delito. En tanto que cómplice secundario, según lo preceptuado en el artículo 45 ibidem es: a) aquel quien ayuda de cualquier otro modo, al autor o a los autores en la realización del hecho punible; b) quien, de cualquier otro modo, brinda ayuda u oculta el producto del delito, en cumplimiento de una promesa hecha con anterioridad a su ejecución. Según los antecedentes del caso, J.C.P. De León, participó en la planificación del robo, tanto es así que fue visto horas antes del hecho, con el resto de los procesados cerca del Mini Súper. Fue la persona que le proporcionó el arma de fuego a los asaltantes ( Ver declaración de G.G.R.D. fs. 188-190 -si bien es cierto se retracta posteriormente, su primera declaración coincide con lo depuesto por AAVR fs. 332-334 y el testigo No. 12 fs. 71-74); además, era el encargado de vigilar el área para que sus compañeros realizaran el robo, para no ser sorpendido. Estos hechos permiten a la S. indicar que su participación fue de cómplice primario, debido a que formó parte del grupo de persona que planeó el hecho e incluso proporcionó el arma de fuego y brindó la colaboración necesaria para que el resto de los victimarios se llevaran los bienes de las víctimas. Finalmente solicita el recurrente se reconozca a favor del procesado las circunstancias atenuantes descritas en los numerales 2 y 5 del artículo 89 del Texto Único del Código Penal de 2007. La circunstancia atenuante contenida en el numeral 2 del artículo 89 del Código Penal, permite la disminución de la pena cuando el sentenicado -no ha tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo. Sobre esta atenunate la S., en reiterada y profusa jurisprudencia, ha indicado que esta causal de atenuación de la pena hace referencia a la figura de la preterintención, que se define como el comportamiento dirigido a ocasionar un daño querido, pero que a la postre resulta más grave, es decir, se produce un resultado que excede el propósito perseguido o un efecto que va más allá de la intención del agente. Esta causal no corresponde con la realidad que emerge del análisis de las pruebas que constan en el infolio penal, toda vez que el procesado proporcionó a sus compiches un arma de fuego para perpetrar el robo, medio idóneo para causar la muerte, por lo que no cabe alegar que no quería ejecutar el robo con violencia. Por último en cuanto a que se reconozca a J.C.P. De León, la circunstancia contemplada en el numeral 5 del artículo 90 del Código Penal, relativa a la colaboración efectiva del agente, resulta oportuno indicar que según la jurisprudencia esta causal tiene lugar, cuando la declaración que brinda la persona resulta valiosa, verdadera, importante para la investigación, significa ello que, sin esta información que brinda el agente sería infructuoso conocer la verdad material de los hechos, factor que no concurre en este negocio penal, porque durante la investigación y todo el proceso el señor J.C.P. De León, no proporció mayores elementos que pudieran aclarar los hechos, por el contrario, negó su participación en el ilícito. Sumado a que cuando rinde declaración ya se tenían nombres o apodos de personas sospechosas, entre esas, el mismo J.C.P. De León. Razón por la cual tampoco resulta aplicable esta atenuante de ley. Tal como se indicó en párrafos precedentes y debido que procede el primer reclamo planteado por el licenciado F.M.G., pasa la S. a individualizar su pena tomando como base los artículos 214 y 215 del Código Penal de 2007, aprobado por la Ley 14 de 2007, así como los parámetros previstos en el artículo 79 del Código Penal (numeral 1, 2 y 4). 1. La magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar: De acuerdo a los antecedentes del caso J.C.P. De León, participó con más de dos persona en un robo a mano armada, acontecimiento en el cual se despojo de forma violenta a las víctimas de sus bienes patrimoniales (El jurado de conciencia solo lo declaró culpable del delito de robo, no así el de homicidio). 2. La Circunstancia de modo, tiempo y lugar: Los victimarios planean el hecho con anticipación para ello se distribuyen las funciones. En este sentido, J.C.P. De León, fue el encargado de conseguir el arma, además, le correspondía vigilar el establecimiento para avisarle a sus compiches en el momento en que el lugar se encontraba despejado. Vale resaltar que el hecho se comete en la noche, pasada las nueve de la noche del 20 de noviembre de 2009, en un Mini Super, localizado en D.B., V., Sector No. 2, frente al Centro de Salud del C.B.P., distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá. 3. La conducta del agente inmediatamente anterior, simúltanea y posterior al hecho: Al momento de la comisión del hecho punible tenía 27 años de edad, con estudio hasta el primer año de escuela secundaria, labora en la construcción como ayudante general, no registra antecedentes penales (f. 290). Respecto a su conducta simúltanea al hecho, de las deposiciones de los otros partícipes del hecho punible, se pudo conocer que aportó el arma con la cual se pudo ejecutar el robo. Además, fue el encargado de vigilar el área para no ser descubierto. Finalmente, luego del asalto se deshiso del arma para no ser descubierto. Dado que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, y como quiera que J.C.P. De León, ha sido declarado culpable por el jurado de conciencia del delito de robo por haber despojado en forma violenta del dinero y bienes a las víctimas, la S. fija la pena base en 8 años, la cual se aumentará hasta la mitad, de acuerdo al artículo 215 del Código Penal, quedando una pena líquida por cumplir en doce (12) años de prisión y le impone la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un término de cinco (5) años, que tendrá que cumplir una vez ejecutada la pena principal, por su participación como cómplice primario del delito de robo agravado consumado en perjuicio de Z.Z. y CHENJIAO ZHU o ZHI XING YOU. - SITUACIÓN JURÍDICA DE H.J.G. MORENO La Defensora de Oficio sostiene que no se cumplió con lo preceptuado en el artículo 79 del Código Penal, que exige fundamentar e individualizar la pena de acuerdo a la participación y colaboración de cada uno de los sindicados. Sobre el particular, la S. advierte que G.M. renunció a ser juzgado por el Jurado de Conciencia y en la Audiencia en derecho se declaró culpable de los cargos formulados en su contra, es decir, por homicidio y robo. Por lo anterior, el Tribunal Superior realizó la individualización judicial de la pena correspondiente, explicó cada uno de los factores descritos en el mencionado artículo 79, y motivó su decisión y la pena impuesta, treinta (30) años de prisión, la cual fue establecida dentro del intervalo penal contenido en el artículo 132 del Código Penal vigente, que tipifica el homicidio doloso agravado (Fs.797-801). La S. es del criterio que se motivó debidamente la individualización judicial de la pena, en atención a los factores contenidos en el artículo 79 del Código Penal, y la pena base impuesta es cónsona con los hechos que encontró probados, sin que se adviertan visos de ilegalidad. Por tanto, la misma debe ser respetada por este tribunal de alzada en aras de la independencia judicial y la facultad que tienen los jueces de instancia al momento de imponer la pena. Por otra parte, la recurrente solicita el reconocimiento de dos circunstancias atenuantes. Primeramente, se refiere a la colaboración efectiva del agente, descrita en el numeral 5 del artículo 89 del Código Penal, porque sostiene que brindó información con la que se dio la captura y condena de los autores del hecho, sin la cual el Ministerio Público no hubiera podido dilucidar este caso. En jurisprudencia de esta S. se ha expresado que la mencionada circunstancia modificadora debe entenderse como aquella colaboración eficaz o relevante que sirva a los propósitos del proceso, bien sea al esclarecimiento de los hechos investigados o a la identificación de las personas responsables. Para satisfacer tales propósitos se debe recurrir a los dispositivos rectores de la investigación procesal penal. Al respecto, el artículo 1941 del Código Judicial establece que: "El objeto del proceso penal es investigar los delitos, descubrir y juzgar a sus autores y partícipes". Por su parte, el numeral 4 del artículo 2031 ídem, dispone que la instrucción del sumario tiene por propósito entre otros averiguar todas las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible, o que lo agraven, atenúen o justifiquen, Descubrir al autor o partícipe, así como todo dato, condición de vida o antecedentes, que contribuyan a identificarlo, conocerlo en su individualidad, ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia que pueda servir para establecer la agravación o atenuación de la responsabilidad. Por lo tanto, la colaboración efectiva que pueda brindar el agente debe estar dirigida a satisfacer tales propósitos, siendo que para verificar si procede o no su aplicación, es deber del juzgador comprobar si el procesado con su actuar intentó contribuir con los fines del proceso. En ese sentido, la S. estima conveniente traer a colación lo declarado por el procesado H.J.G.M. en su declaración indagatoria (FS.123-134). Este relató que le quitó la vida a los dos chinos; que todo empezó porque AXEL, G. y él planearon el robo en la piquera de Mano de Piedra. Para la realización del hecho tomaron un taxi aproximadamente a las 9:00 de la noche, recogió el arma en su casa y se dirigieron al mini-súper. Que G. llevaba la pistola, y encañonó al chino, en tanto que ALEX sujetó a la china y le cubrió la boca, además de amarrar a ambos con un cordón eléctrico en manos y piernas. Revisó la caja registradora, tomó el dinero y lo metió en un cartucho, luego con ALEX revisó los dos cuartos y encontraron una pantalla plana de monitor de computadora, una cámara digital, y un celular, G. vigilaba a los chinos en el piso y como el chino se resistió a hablar, cuando le preguntaba por el dinero, con un cuchillo lo apuñaló tres veces en el cuello y le cubrió la boca con cinta adhesiva y también los ojos, para que no hiciera ruido, luego pasó la cinta a ALEX, y este le tapó los ojos y la boca a la china. Se aproximó a ésta, y la apuñaló tres veces en el cuello. Cuando G. intentó apagar la luz del local, activó la alarma y como el chino trataba de levantarse, le dio en el cuello con un hacha de carnicería y después le disparó en la cabeza con el arma que tenía G.. Recogieron el dinero, abrieron la puerta, salieron y corrieron por el cuadro. Refiere que dejó el arma en el cuadro metida en una bolsa roja. Al día siguiente fue a la casa de G., para repartir lo robado. A cada uno le tocó alrededor de ciento cincuenta (B/.150.00) dólares, ALEX se quedó con el celular y la cámara se la entregó a un vecino para que se la guardara, la pantalla se la prestó a una amiga para que la usara. Refiere que el arma utilizada, era una 38 de manzana. Señaló que ALEX es menor de edad y se ratificó de los cargos formulados contra G.J.D.R. al rendir declaración jurada (Fs.135-136) A juicio de la Corte la narrativa de las circunstancias previas y concomitantes al evento, dan cuenta de la colaboración efectiva del agente, pues no sólo reveló la identidad de los demás partícipes del hecho, aportando indicios suficientes para el enjuiciamiento de éstos en la jurisdicción ordinaria y la justicia especial de responsabilidad penal de los adolescentes, sino que también contribuyó al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron las muertes de Z.Z. y CHENJIAO ZHU o ZHI XING YOU, las que permitieron calificar el hecho punible como homicidio agravado, por razón del robo de que fueran objeto las víctimas antes de ocasionarle la muerte, lo que da lugar al reconocimiento de una disminución de la pena. Ahora nos referiremos a la segunda atenuante común invocada. Se trata del numeral 7 del artículo 90 ídem, que consagra "cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley, que a juicio del Tribunal, deba ser apreciada". La S. de lo Penal, desarrollando conceptualmente la atenuante invocada por la Defensora de Oficio, ha indicado que "el Juzgador al momento de evaluar esta atenuante debe verificar a través de exámenes psicológicos, informes de trabajo social y otros, si, en efecto, el ambiente que rodea al sujeto influyó en la conducta desplegada" (Cfr. Sentencia de 3 septiembre de 2003). Esta atenuante de la responsabilidad penal se relaciona con aquellas circunstancias en las que se faculta al operador de justicia a reconocer las condiciones personales, familiares o sociales, las cuales inciden directamente en el victimario, y que en un momento dado lo hacen desenvolverse en un sentido contrario a la ley. Después de revisar el cuaderno penal, se advierte que en el expediente no constan elementos que acrediten la atenuante relacionada con "las peculiares condiciones del ambiente", ya que no se ha comprobado a través de exámenes psicológicos, psiquiátricos, informes de trabajo social y otros, que el medio ambiente en que se desenvuelve H.J.G.M. lo llevó a cometer el delito, pues de asumir como cierto lo planteado por la letrada -que su defendido era un joven inmaduro que a la fecha de los hechos tenía 18 años, proveniente de un hogar disfuncional, residente en un área roja, no terminó sus estudios, lo cual lo llevó a ser absorbido por el ambiente circundante y mal sano que dieron lugar a los hechos que hoy analizamos-, conllevaría a concluir que todo individuo que viva en una zona o en un sitio considerado de alta peligrosidad, necesariamente deba ser concebido como un sujeto capaz de cometer delitos, lo cual no es cierto. Por tanto, no concurre la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal alegada en el caso sub júdice. Por lo anterior, la S. procede a realizar la disminución de la sanción por haberse acreditado la atenuante descrita en el numeral 5 del artículo 89 del Código Penal. El Segundo Tribunal Superior le impuso a H.J.G.M. la pena base de treinta (30) años de prisión. La existencia de una circunstancia atenuante da derecho a que se reconozca al procesado la disminución de una sexta a una tercera parte de la pena(art.93 CP). La S. procede a disminuir la sanción en una sexta parte, es decir, cinco (5) años de prisión, quedando la pena líquida a imponer en veinticinco (25) años de prisión. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, S. Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECIDE: · REFORMAR la Sentencia de 1ª Inst. N° 21 de 18 de octubre de 2010, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en el sentido de condenar a JULIO CÉSAR PEREA DE LEÓN, a la pena principal de doce (12) años de prisión y le impone la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un término de cinco (5) años, que tendrá que cumplir una vez ejecutada la pena principal, por su participación como cómplice primario del delito de robo agravado consumado. N.. JERÓNIMO MEJÍA E. JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ ARLENE D. CABALLERO E (Secretaria)