Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución:27 de Noviembre de 2014
Emisor:Segunda de lo Penal

VISTOS: Mediante resolución de 3 de diciembre de 2012, la S. admitió el recurso de Casación interpuesto por la licenciada S.C., F.P. Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia N°26 S.I., de 8 de marzo de 2012, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual se confirmó la Sentencia N° 152-11, de 10 de septiembre de 2011, emitida por el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, por la cual se absolvió a J.Q.F., de los cargos formulados en su contra, por delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales (fs. 875). Verificada la audiencia oral que establece el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de decidir por la S.. ANTECEDENTES De las constancias procesales recabadas, se advierte que la génesis de la presente encuesta se da con el informe confeccionado por L.E.L., funcionario de la Fiscalía de Drogas, de servicio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, calendado 15 de diciembre de 2009, en el cual se pone en conocimiento que se recibió información, vía telefónica, por parte del Sargento Segundo I.C., de la S. de Guardia de la Policía Nacional, que en la autoridad de Aduanas de dicho aeropuerto se encuentra el ciudadano colombiano J.Q.F., a quien se le realizaba un conteo de dinero no declarado, que mantenía oculto, señalándose que se trata de una elevada suma de dinero. A fojas 3, reposa la diligencia de Inspección Ocular con toma de muestra para la prueba de ion scan, efectuada el 15 de diciembre por funcionarios de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, dejándose establecido que, en dicha diligencia, se encontraba presente el señor J.Q.F., con pasaporte CC13836492, a quien se le incautó dinero no declarado y oculto, que asciende a la suma de B/.65,202.00. Los resultados de la prueba de ion scan, arrojan resultados positivos para la presencia de methampetamina en la muestra N° 1, es decir un billete de denominación de B/.100.00, con serie FJ45027095A; resultados positivos para la presencia de TATP2 y methampetamina en la muestra N° 2, un billete de denominación de B/.50.00, con serie GF39945125A; en la muestra N° 3, un billete de denominación de B/.100.00, con serie FH28364651A, se encontraron resultados positivos para la presencia de methampetamina; y en la muestra N° 4, consistente en un billete de denominación de B/.100.00, con serie DB22164564D, arrojó como resultado methampetamina. Los resultados formales de la prueba de ion scan, se encuentran plasmados, a través del documento calendado 15 de diciembre de 2009, elaborado por el Subteniente I.M.A., J. de la Dirección de Investigación Judicial, Aeropuerto de Tocumen, el cual se encuentra consultable a folios 8 y 9 del expediente. Reposa a fojas 12, el oficio N° 1081/DSA-AIT/2009, de 16 de diciembre de 2009, confeccionado por la S.O.J.F., Jefa del Departamento de Seguridad Aeroportuaria, de la Dirección Nacional de Información Policial, en el que comunica que, el ciudadano J.Q.F., al momento de su aprehensión, mantenía dos maletas de color negro; en la primera de ellas, se encontró en su interior tres (3) fajos de billetes, forrados en plástico de color negro y cinta adhesiva transparente y, en la segunda maleta, se encontró en su interior tres (3) fajos de billetes, forrados en plástico negro y cinta adhesiva transparente, además de un fólder negro, que en su interior mantenía un fajo de billetes, forrado en plástico de color negro y cinta adhesiva transparente que, al ser contabilizados, arrojó una suma total de sesenta y cinco mil doscientos dos balboas (B/.65,202.00), no declarados. Se comunica igualmente, que el señor J.Q.F., arribó al país, en el vuelo 106 de Copa, procedente de Bogotá, Colombia. En informe de novedad, visible a fojas 13, signado por Sargento Primero R.B., con fecha de 15 de diciembre, se pone en conocimiento que a las 10:50 A.M., a través de radio comunicados, fue informado que procediera al área de aduana, toda vez que se requería de la presencia de unidad policial, para que participara en una revisión secundaria. Al llegar al área de aduana, informa, se entrevistó con el inspector L.R., quien le comunicó que mantenía a un ciudadano de nacionalidad colombiana, el cual arribó en el vuelo 106 de Copa, procedente de Bogotá, Colombia y, al pasar el equipaje por la máquina de rayos X, de aduana, se le detectó, dentro de la maleta, varios envoltorios de plástico de color negro, por lo que se le efectuó una revisión a dicho equipaje. Se explica que el señor J.Q.F., con pasaporte CC13836492, mantenía dos maletas de color negro, la primera maleta mantenía tres (3) fajos forrados en plástico de color negro y cinta adhesiva transparente, contentivo de dinero y, en la segunda maleta, mantenía tres (3) fajos forrados con plástico de color negro y cinta adhesiva transparente, contentivo de dinero y, dentro de un fólder de color negro, mantenía un fajo forrado en plástico de color negro y cinta adhesiva transparente, contentivo de dinero. Al realizarse el conteo del dinero, arroja la suma de sesenta y cinco mil doscientos dos balboas (B/.65,202.00), no declarados, desglosados de la siguiente manera: 647 billetes de denominaciones de B/.100.00; 9 billetes de denominaciones de B/.50.00; 2 billetes de denominaciones de B/.20.00; y 1 billete de denominación de B/.2.00. La diligencia cabeza del proceso fue proferida por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, el 16 de diciembre de 2009, a través de la cual se ordena practicar las diligencias a fin de acreditar el hecho punible, al igual que los autores o partícipes del mismo. (v.fs. 31) El 16 de diciembre de 2009, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, dispuso someter a los rigores de la indagatoria, a J.Q.F., por presunto infractor de las disposiciones contenidas en el T.V., Capítulo IV, del Libro II del Código Penal, es decir por delito Contra el Orden Económico. Al momento de sus descargos, el señor J.Q.F., expone que para el año 1995, abrió una empresa que tenía el nombre de J.Q.F., radicada en Colombia y, para el año 2007, a raíz de su separación con su esposa, decidió abrir la empresa bajo otro nombre, Comercializadora e I.J.Q.F.E.U., indicando tener los documentos en los que consta la constitución de la empresa, la cual es única y exclusiva para la importación y comercialización de productos que compra en Panamá, en la Z.L. de C. y en China. Agrega que tiene los documentos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los que se hace constar que los productos que comercializa, son productos de Z.L. y de las empresas que están constituidas legalmente. Señala que tiene aproximadamente 20 años de estar viajando a nuestro país, exactamente a la Z.L. de C., donde pueden dar fe de su persona como comerciante, con el aval de excelente cliente y con buen cumplimiento con el pago de las mercancías que compra, toda vez que los productos que comercializa son dados en crédito, por lo que siempre trae dinero para el cumplimiento y pago de facturas. Informa el indagado, que entre los documentos enviados a su empresa, para recordar al cliente la fecha de vencimiento del pago, se encuentra las de la empresa Noritex, S.A., que envía su estado de cuenta y el saldo; la empresa Derby, S.A.; M.´s, S.A.; R., S.A. A pregunta formulada, manifiesta el señor J.Q.F., siempre se ha dedicado a importar y a exportar mercancías, pero sólo en Colombia, desde el año 1995; tiene aproximadamente 20 años de estar viajando a Panamá, siempre para comercializar productos de la Z.L.; pero, agrega, es la primera vez que trae esa cantidad tan alta de dinero, toda vez que siempre realizaba transacciones bancarias. Afirma que en el año 2004 y 2005, declaró, B/.14,000 y B/15,000.00 respectivamente y, en las dos ocasiones fue asaltado en la carretera, prueba de ello, indica, lo pueden dar las compañías que mencionó, añadiendo que por algún funcionario involucrado en aduanas del aeropuerto, pudo haber salido la información para que fuera víctima de robo en la carretera. Refiere que siempre que arriba al país, trae más de B/.30,000.00, viene acompañado con más de tres personas para dividirla en el límite que se pide para la entrada y, así viene protegido. Señala que vino pensando en consignar el dinero en el Banco Nacional para comprar un cheque a su nombre. El dinero siempre lo trae en efectivo, en denominaciones de B/.50.00 y B/.100.00 y que, al empacarlo con cintas, lo que hace es bajar el tamaño del paquete, mas no se puede ocultar. Menciona el señor J.Q.F., que la primera vez que fue asaltado, no interpuso la denuncia respectiva, toda vez que uno de los asaltantes lo amenazó, que iba a estar pendiente, que si ponía la denuncia, no saldría vivo de C.. En la segunda ocasión, que era acompañado por su esposa, al momento del asalto y, por la impresión, su esposa tuvo una hemorragia, por lo que fueron a una clínica cerca al centro comercial Los Pueblos, de allí a hospedarse al hotel Riande Aeropuerto; haciendo el comentario de lo sucedido, en ambas ocasiones, a las empresas. Niega haber viajado anteriormente con dinero oculto o adherido al cuerpo y, es la primera vez que es retenido. Refiere laborar en la empresa Comercializadora e I.J.Q.F.E.U., devengando la suma de B/.8,000.00 mensuales, aproximadamente. (fs. 37-46) Mediante Vista Fiscal Nº 393, de 4 de octubre de 2010, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, recomendó al honorable tribunal de la causa que, al momento de calificar la encuesta penal, lo hiciera dictando un auto de llamamiento a juicio en contra de J.Q.F., por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo IV, T.V., del Libro II del Código Penal, es decir por delito Contra el Orden Económico. (v. fs. 460-476) Dicha solicitud, fue acogida por el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, mediante de Auto de Llamamiento a Juicio N° 72-2011, de 17 de junio de 2011, por el cual se abrió causa penal contra el señor J.Q.F., tal como se aprecia a folios 512 del expediente. Mediante Sentencia N° 152-11, de 10 de septiembre de 2011, el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, absolvió a J.Q.F., de los cargos endilgados en su contra. (v.fs. 578-587) Posteriormente, mediante Sentencia Nº 26 S.I., de 8 de marzo de 2012, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, confirmó el auto emitido por el Juez Undécimo de Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en todas sus partes. (v.fs. 833-839) RECURSO DE CASACIÓN CAUSALES INVOCADAS Y MOTIVOS Visible a folios 847, la licenciada S.C., de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, formaliza el presente recurso, en el que adujo dos causales a saber: PRIMERA CAUSAL En esta primera causal aducida, se alega que el fallo recurrido incurre en: "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancias penal." Esta primera causal viene sustentada en cuatro motivos. En primer término, se indica que el Tribunal Superior examinó parcialmente los informes de aprehensión, porque aún, cuando consideró inusual la forma utilizada para transferir dinero en efectivo a Panamá, concluyó que ello no es suficiente para afirmar categóricamente la procedencia ilícita del peculio. Considera que el Tribunal de Alzada debió haber estimado esta prueba en su integridad; así habría reconocido que la ruta utilizada para transferir dólares americanos, coincide con la empleada para exportar pseudoefedrina, precursor de las anfetaminas y, los revestimientos del dinero camuflado dentro de un fólder, concuerdan con los utilizados por empresas criminales sobre las drogas, para evadir los controles aeroportuarios. Es de opinión que, la mala valoración probatoria, infringió la regla que exige la ponderación de los documentos públicos, según la lógica y la experiencia, de manera íntegra. Indica que ello influyó en lo dispositivo del fallo, pues condujo a la absolución de J.Q.; en cambio, si hubiera ponderado adecuadamente los informes de aprehensión, habría considerado la relación entre la ruta de tráfico de precursores químicos y el método de embalaje, que delata la relación del peculio con actos subrepticios ligados al narcotráfico; hechos que, analizados conjuntamente, demuestran que la prueba de ion scann no es el único elemento que determina la responsabilidad de J.Q., en el blanqueo de capitales. En el segundo motivo, la representación de la Vindicta Pública, señala que el Tribunal de Alzada justipreció la indagatoria, pero sobre estimó la coartada de que se trata de un comerciante que no negó la tenencia del dinero inusualmente transferido. Manifiesta que si el Tribunal Ad-Quem, hubiera apreciado la indagatoria, en toda su extensión y a la luz del resto de los medios de prueba, habría advertido que J.Q., también indicó que siempre realizaba transferencias bancarias y era la primera vez que transfería dinero en efectivo; luego, a reglón seguido, se contradijo al decir que en los años 2004 y 2005, también lo hizo, pero resultó asaltado sin interponer denuncia alguna y, finalmente, advirtió también contradictoriamente que, siempre que venía a panamá con una suma superior a los B/.30,000.00, la fraccionaba entre diversas personas, para no superar el límite de B/.10,000.00 cada una y, así evitar los controles. Expone que el análisis incompleto de la indagatoria, infringió la regla que obliga a considerar las declaraciones, de acuerdo a la lógica y la experiencia. Ello influyó en lo dispositivo del fallo, pues condujo a la absolución de J.Q.; en cambio, si hubiera ponderado adecuadamente la indagatoria, habría considerado que el encartado no identificó el cheque, transferencia, retiro o recibo, que le permitió entrar en posesión lícita de la suma específica de B/.65,202.00; utilizó un mecanismo subrepticio para evadir los controles antiblanqueo de capitales, porque conocía la seguridad que brindan las transferencias bancarias y, planteó la coartada que en el pasado fue despojado de otra suma de dinero en efectivo en bulto, sin que los propietarios de éste le hicieran cuestionamiento alguno por no interponer las denuncias respectivas; todo lo cual es concordante con una actividad clandestina, para redituar beneficios injustificables, hechos que, analizados conjuntamente demuestran que la prueba de ion scan no es el único elemento que determina la responsabilidad de J.Q., en el blanqueo de capitales, agregó. En cuanto al tercer motivo desarrollado por la casacionista, explica que el Tribunal Superior, sobre valoró los testimonios que ilustran la inversión de capitales en Panamá, a cargo de J.Q.. Considera que el Tribunal de Alzada, debió haber estimado los testimonios, a la luz del resto material probatorio; así, habría reconocido que lo único que los testigos pueden aseverar, es que J.Q., realizaba compras de bienes, a crédito; pero, no certifican el origen legítimo de los B/.65,202.00 que transfirió subrepticiamente e invertiría el sindicado para hacer los respectivos pagos. Concluye que la mala valoración probatoria, infringió la regla que exige la ponderación de testimonios, de acuerdo a las circunstancias y motivos que les disminuyan fuerza. Ello influyó en lo dispositivo del fallo, pues condujo a la absolución de J.Q., en cambio, si hubiera ponderado adecuadamente los testimonios, habría reconocido que ninguno de los testigos identificó el cheque, transferencia, retiro o recibo que le permitió a J.Q., entrar en posesión ilícita de la suma específica de B/.65,202.00, transferidos clandestinamente a Panamá; hechos que, analizados conjuntamente, demuestran que la prueba de ion scan no es el único elemento que determina la responsabilidad de J.Q., en el blanqueo de capitales. Respecto al cuarto y último motivo sustentado, la representación de la Vindicta Pública, expone que el Tribunal Ad-Quem, justipreció limitativamente la respuesta a la Asistencia Judicial de Colombia, ya que sólo la consideró para ponderar que la empresa Comercializadora e I.J.Q.F.E.U., está autorizada para ejercer el comercio en Colombia. Manifiesta que si el Tribunal Superior, hubiera estimado la Asistencia Judicial, en todo su contexto, habría apreciado que dicha empresa nunca ha declarado renta; J.Q., como persona natural, sólo tiene dos cuentas bancarias activas, con comportamientos exiguos; J.Q., como persona natural, ha declarado renta, pero nunca ha declarado ganancias; no tiene inmuebles registrados y, sólo es titular de tres vehículos viejos y un microbús del año 2003. Indica que la ponderación limitada de la asistencia judicial, infringió la regla que obliga a considerar los documentos en su integridad, en concurrencia con las otras pruebas del expediente. Ello influyó en lo dispositivo del fallo, pues condujo a la absolución de J.Q.; en cambio, si hubiera ponderado adecuadamente la asistencia judicial, habría considerado que el hecho que J.Q., sea comerciante, no significa que haya generado ganancias, ni que pueda justificar la suma específica de B/.65,202.00, que subrepticiamente transfirió a Panamá; es más, su realidad económica en Colombia, no acredita la procedencia de ese peculio y, tampoco ha aportado al proceso el cheque, transferencia, retiro o recibo, que le permitió entrar en posesión lícita de ese dinero; hechos que, analizados conjuntamente, demuestran que la prueba de ion scan, no es el único elemento que determina la responsabilidad de J.Q., en el blanqueo de capitales. Referente a las disposiciones legales infringidas, se alega se vulneraron los artículos 836 y 917 del Código Judicial y el artículo 254 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión. SEGUNDA CAUSAL La segunda causal se alega "Error de hecho en la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la Ley sustancial penal". Esta causal se sustentan el dos motivos. El primero de ellos, hace referencia que el Tribunal Superior, omitió ponderar la cadena de custodia de pertenencias del sindicado y, al no observar dicha prueba, no hizo consideración alguna respecto a su existencia en el proceso. De haber valorado estos documentos, habría apreciado que en el encartado contaba con una tarjeta de débito Visa del BBVA, un mecanismo bancario que elimina el uso de efectivo por está enlazada con la cuenta bancaria, sin necesidad de cargar dinero en efectivo y, proporciona mayor seguridad; de ahí, la excusa de J.Q., en cuanto a que temía ser sujeto de un asalto al portar dinero en efectivo, queda totalmente huérfana de amparo probatorio, frente a la realidad de que portaba un mecanismo bancario para evitar esa inseguridad; circunstancia que refuerza el resultado positivo de las pruebas de ion scan y, ante tales acciones de ocultación, liga al dinero con el producto del narcotráfico, con lo cual el error de hecho cometido influyó en lo dispositivo del fallo, de confirmar la absolución del procesado, en cambio, de haber sido estimado este documento, J.Q., habría sido condenado como autor de blanqueo de capitales. En el segundo motivo desarrollado, se explica que el Tribunal Superior, omitió ponderar un grupo de documentos privados, que señalan a J.Q., como vendedor de mercancías a personas naturales y jurídicas en Colombia y, al no observar dichas pruebas, no hizo consideración alguna respecto a su existencia en el proceso. De haber justipreciado los documentos en mención, habría estimado que escasamente indican que J.Q., contaba con una clientela, pero nada dicen sobre la fuente legítima del monto específico que el imputado transfirió desde la ciudad de Bogotá, hasta la ciudad de Panamá, pues ninguna de las notas dice que hayan entregado al encartado dólares americanos que, por su sumatoria, correspondiera a la cantidad específica de los B/.65,202.00 incautados. Al obviar el examen de estas pruebas, el Tribunal de Alzada, ignoró que el encartado no logró mostrar cheques, recibos de dinero en efectivo, transacciones bancarias, recibos de caja o comprobantes que justificaran la procedencia legítima del peculio; en cambio, de haber apreciado estos medios probatorios, el Tribunal Superior habría reconocido su precariedad para acreditar la fuente del dinero y hubiera condenado a J.Q., por blanquear capitales, con lo cual el error de hecho cometido, influyó en lo dispositivo del fallo de confirmar la absolución. En cuanto a las disposiciones legales infringidas, se alega vulneración del artículo 780 del Código Judicial y, el artículo 254 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión. Con fundamento en lo anterior, solicita se case la sentencia recurrida y, en su lugar, se condene a J.Q., como autor del delito de blanqueo de capitales y, se ordene el comiso del dinero aprehendido provisionalmente. (fs.847-859) OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Cumpliendo el procedimiento establecido en la ley, el Licenciado M.A.A., en calidad de Procurador General de la Nación, encargado, solicitó al momento de decorrer el traslado que se case el fallo objeto del recurso. PRIMERA CAUSAL En lo que corresponde al primer motivo de la primera causal sustentada a favor del señor J.Q., el representante del Ministerio Público, manifestó que la colegiatura de segundo orden, incurre en un yerro de valoración probatoria, al ponderar los elementos de convicción enunciados en el presente cargo de ilegalidad, toda vez que en ellos se detalla la manera en que J.Q.F., trataba de introducir a nuestro país la suma de B/.65,202.00, sin ser declarados ante las autoridades correspondientes, actividad que resulta ser coincidente con la utilizada por las personas dedicadas a la ejecución del ilícito de blanqueo de capitales, pues la forma de embalaje del efectivo, la burla de los controles de seguridad aeroportuaria, así como los resultados de la prueba de ion scan, habrían podido determinar, sin atisbos de dudas, la responsabilidad penal del encartado. Aunado a lo anterior, agrega, el Tribunal de Alzada debió realizar un análisis conjunto de los hechos y circunstancias emergentes de la encuesta, las cuales revelan que J.Q.F., no demostró, en modo lógico, ni racional alguno, que el dinero que intentaba trasegar a Panamá, proviniera de actividades ilícitas, pues los diferentes documentos, testimonios y excepciones brindadas para lograr demostrar la legalidad de los fondos, no tienen fortaleza jurídica suficiente para la consecución de un convencimiento jurídico, de naturaleza formal y menos material, sobre tales aspectos. Considera que resulta sumamente extraño y sospechoso que J.Q.F., pese a argumentar que realiza actividades mercantiles de forma regular, no utilizara las facilidades bancarias y tecnológicas que hoy día se usan para el desarrollo de los negocios. Aunado a que no existen razones legales ni materiales que justifiquen la transferencia de dineros evadiendo los controles aeroportuarios establecidos por nuestro país, pues el ingreso declarado del mismo no genera siquiera carga impositiva fiscal para su poseedor legítimo, de allí que de haberse dispensado un análisis judicial de dicha circunstancia fáctica, en sujeción a las reglas de la sana crítica, se habría podido colegir que el cúmulo acreditativo al proceso, determinaba la responsabilidad penal del encausado. En cuanto al segundo motivo, manifiesta la representación de la Vindicta Pública que, comparte los planteamientos de la censora, al considerar que el análisis valorativo desarrollado por la pieza cuestionada, resulta erróneo, debido a que las excepciones exculpatorias brindadas por el justiciable, son poco creíbles, pues, escapan de la lógica, el sentido común y la experiencia humana, en razón que no son sustentadas con pruebas materiales que las hagan, al menos, considerables. Agrega que es desafortunado que se haya aceptado la versión exculpatoria, teniendo como única justificación fáctica, la deposición del procesado, así como algunos otros elementos que no mantienen la suficiente contundencia demostrativa para enervar los cargos imputados, pues dicha complacencia judicial, le hace frente al principio de la sana crítica que obliga al juzgador a realizar un prolijo análisis probatorio de la totalidad de elementos de convicción, hechos materiales e indicios que compongan la encuesta penal que deben resolver, sobre la base de la lógica, la razón, el sentido común, la objetividad, el entendimiento humano y la experiencia. R. al tercer motivo, expone que le asiste la razón al recurrente, ya que efectivamente el Tribunal de Segunda Instancia, otorgó un valor probatorio preponderante a lo depuesto por testigos de descargos, cuando dichas declaraciones no alcanzan a justificar la posesión de tan alta cantidad de dinero por parte de Q.F. y, mucho menos que las mismas provinieran de actividades lícitas, puesto que los testimonios en cuestión sólo sostienen la compra de bienes, a través del crédito, mas no resultan idóneas para certificar o corroborar el origen lícito de la suma en efectivo que se trataba de introducir a suelo patrio, evitando los controles anti blanqueo de capitales. Es de opinión que si los aludidos testimonios hubiesen sido apreciados conforme lo demandan las reglas de valoración probatoria correspondientes a la sana crítica, se habría llegado a la conclusión judicial que éstos no resultaban suficientes y preponderantes para justificar la procedencia lícita del efectivo ocupado al procesado, razón por la cual, conceptúa que, el cargo de injuridicidad propuesto por la censora, se configura plenamente. En el cuarto y último motivo desarrollado en esta primera causal, el Procurador General de la Nación, encargado, manifestó que comparte igualmente el criterio expuesto por el casacionista, pues, el análisis probatorio que se hizo sobre el elemento de convicción descrito en el motivo, fue desacertado, por cuanto se apreció el mismo desde una óptica limitada y cortante, que sólo permitió ver el aspecto concerniente a que el imputado ejercía el comercio en la hermana República de Colombia; sin embargo, se obvian otras situaciones fácticas contenidas en los documentos, las cuales indican que las actividades mercantiles desarrolladas por el señor J.Q.F., no generaban las ganancias suficientes para respaldar la tenencia de la suma de dinero tan elevada como la que fue ocupada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el cual, dicho sea de paso, se trataba de introducir evadiendo los controles aeroportuarios establecidos no generaban las ganancias suficientes para respaldar la tenencia de la suma de dinero tan elevada como la que fue ocupada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el cual, dicho sea de paso, se trataba de introducir evadiendo los controles aeroportuarios establecidos para evitar la comisión del delito de blanqueo de capitales. Indica que si a todo lo anterior se le agrega que el dinero en efectivo que se trató de trasegar ilegalmente a Panamá, era dólares americanos, los cuales provenían de un país donde la moneda de curso legal es otra (peso colombiano) y que, dicho efectivo arrojó positivo para la presencia de trazos de sustancias ilícitas en la prueba de ion scan, así como también el hecho que J.Q.F., no logra justificar en sus descargos la procedencia lícita del dinero ni las razones por las cuales era transportado de la forma en que lo hacía, se conjugan una serie de situaciones que, analizadas en sujeción de la sana crítica, debieron producir la certeza judicial respecto a la comisión del ilícita de blanqueo de capitales y consecuentemente la responsabilidad penal del imputado. En cuanto a las disposiciones legales y concepto de la infracción, señala que se han producido las infracciones de los artículos 836 y 917 del Código Judicial, debido a que el Tribunal de Alzada desatendió los principios de valoración probatoria que recogen estas normas adjetivas. De igual manera estima que, como consecuencia de las infracciones legales cometidas sobre las normas adjetivas, se ha producido la violación directa de la disposición sustantiva tipificadora del ilícito en estudio. Haciendo referencia al primer motivo de esta segunda causal, el representante de la Vindicta Pública, señala que le asiste la razón al censor, por cuanto la omisión valorativa de las pruebas señalas, influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido, pues es evidente que, de habérsele dispensado el análisis correspondiente, se habría podido determinar la ausencia de verdad en cuanto a la cortada defensiva del encartado, quien, además dijo tener estudios universitarios, así como ser comerciante, lo que refleja que debía estar familiarizado con los manejos bancarios, ya que la actividad mercantil que dijo efectuar, así lo exigen. Aunado a ello, expone, es inadmisible que se introduzca dinero ilícito de forma clandestina al país, ya que basta declararlo ante las autoridades respectivas e indicar su procedencia legal para que se permita su ingreso, sin quisiera tener cargas impositivas. Finaliza indicando que, los acontecimientos que rodean la aprehensión del encartado con la alta suma de dinero señalada, debió causar en el juzgador de segunda instancia la convicción judicial necesaria para asignarle responsabilidad penal; no obstante, yerros materiales como el estudiado, impidieron la emisión de un fallo cónsono con los hechos acaecidos y conforme a los principios de la sana crítica. En el segundo motivo, es de opinión que concuerda con el criterio del impugnante, pues los documentos en cuestión, no aportan elementos de juicio alguno que justifiquen la tenencia lícita de los B/.65,202.00, por parte del imputado. Considera que la omisión ponderativa de los elementos probatorios en referencia, impidió al juzgador de segunda instancia, percatarse que, en tales documentos, no se indica, bajo ningún contexto jurídico o fáctico que, J.Q.F., recibiera dólares americanos en efectivo en su natal Colombia, como pagos por la actividad comercial que supuestamente ejercía, así como tampoco acreditan el recibo de transferencias bancarias, cheques o cualquier otra manifestación de comprobantes económicos en dicho sentido, con lo cual se incurrió en un yerro existencial probatorio, que llevó a la emisión de un fallo judicial desacertado. Lo relativo a las disposiciones legales y concepto de infracción, es de opinión que el fallo recurrido transgrede, en forma directa, por omisión el artículo 780 del Código Judicial, toda vez que se omitió la apreciación probatoria de medios que, según la ley, sirven como pruebas en los procesos y; a raíz de los errores existenciales de pruebas que incurrió el Tribunal de Alzada, se transgredió, en concepto de violación directa, por omisión, el artículo 254 del Código Penal, que tipifica y sanciona el ilícito objeto de la causa. CONSIDERACIONES DE LA SALA El blanqueo de capitales, es identificado como el procesamiento de ingresos delictivos, con la finalidad de encubrir su origen ilegal, permitiendo ocultar y hacer legítimas, las ganancias que provienen de múltiples actividades ilícitas tales como: narcótico, secuestro, extorsión, tráficos de armas, etc. El delito de blanqueo de capitales, persigue la realización de operaciones financieras y comerciales, con la finalidad de conceder a bienes adquiridos de forma ilícita apariencia lícita, atentando contra la economía nacional, como bien jurídico tutelado. Esta máxima Corporación de Justicia, vía jurisprudencial, ha señalado que se trata de una conducta autónoma que no requiere que medie sentencia condenatoria por delito previo para que se constituya en un indicio contra el sindicado; no obstante, sí se requiere de indicios que permitan deducir la existencia de un delito previo, de los consagrados en el artículo 389 del Código Penal de 1982. Advierte la S. que la representación de la Vindicta Pública, aduce como primera causal, que el Tribunal Superior incurrió en: "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la Ley sustantiva penal." Cuando se aborda esta causal de casación, siempre conviene ilustrar a la partes con el concepto del autor TORRES ROMERO, quien citado por la doctora AURA EMÉRITA GUERRA DE V. y el doctor J.F. en su obra Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, se refiere al error alegado en los siguientes términos: "...en esta clase de error aparece una clara discrepancia entre la sentencia y la ley, en la que no se objeta la existencia de la prueba, sino la valoración o calificación que se le hace y que esta incompatible con la ley que la regula. Dicho error de derecho puede ocurrir: a) cuando se acepta al medio probatorio no reconocido por la ley; b) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le da fuerza probatoria que la ley le niega; c) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le niega valor probatorio que la ley le atribuye." (F.P., J. y Guerra de V., A.E., Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, Editorial Sistemas Jurídicos, S.A.; 2001, pág. 269). Hecha la anterior precisión, se procede a analizar los cargos formulados en esta primera causal, no sin antes resaltar que importa tener presente que el yerro en la valoración probatoria debe ser de tal entidad que, de no haber ocurrido, el fallo tendría connotaciones diferentes. En lo que corresponde al cargo expuesto en el primer motivo, la casacionista procura establecer que el Ad-Quem examinó parcialmente los informes de aprehensión, por que aún, cuando consideró inusual la forma utilizada para transferir dinero en efectivo a Panamá, concluyó que ello no es suficiente para afirmar categóricamente la procedencia ilícita del peculio. Considera que de haberse ponderado adecuadamente los informes de aprehensión, habría considerado la relación entre la ruta de tráfico de precursores químicos y el método de embalaje, que delata la relación de peculio con actos subrepticios ligados al narcotráfico. Los informes de aprehensión aludidos por la representación de la Vindicta Pública, se encuentran consultables de fojas 12 a 14 del expediente. Se aprecia a folios 12, el oficio N° 1081/DSA-AIT/2009, confeccionado por la Subcomisionada D.E.M., O.J.F., jefa del Departamento de Seguridad Aeroportuaria, de la Dirección Nacional de Información Policial, en el que pone en conocimiento sobre la aprehensión del ciudadano de nacionalidad colombiana, de nombre J.Q.F., quien mantenía dos maletas de color negro, encontrándose en la primera de ellas tres fajos de billetes, forrados en plástico negro y cinta adhesiva transparente; en la segunda maleta se encontró igualmente tres fajos de billetes, forrados con plástico de color negro y cinta adhesiva transparente; además un fólder de color negro que mantenía en su interior un fajo de billete, forrado con plástico color negro y cinta adhesiva transparente que, al ser contabilizados, arrojó la suma de sesenta y cinco mil doscientos dos balboas (B/.65,202.00). Se indica que el señor Q.F., arribó al país en el vuelo 106 de la Compañía Panameña de Aviación (Copa), procedente de Bogotá. Mientras que a folios 13 y 14, reposa el Informe de Novedad, elaborado por el Sargento Primero R.B., en el que comunica, tal como se expuso en párrafos precedentes, la aprehensión de J.Q.F., detallándose que al realizarse el conteo del dinero no declarado, se tratan de B/.65,202.00, desglosados en 647 billetes en denominaciones de B/.100.00; 9 billetes de denominación de B/.50.00; 2 billetes de denominación de B/.20.00 y, un billete de denominación de B/.2.00. La S. en esta oportunidad no comparte con el criterio desarrollado por la representación de la vindicta pública, toda vez que si bien es cierto se cuenta con los informes descritos en párrafos que preceden, por sí solos no se constituyen como elementos probatorios que, de manera contundente, enerven la presunción de inocencia de J.Q.F.. Ello es así ya que, de dichos informes se desprende la aprehensión de Q.F.; la manera en que iba transportado el dinero, la cantidad y el país de procedencia, ello no nos lleva a concluir, de manera inequívoca, que dichos dineros, eran producto de una actividad ilícita, específicamente ligado al narcotráfico. Hay que destacar que, tal como lo señala la casacionista, la ruta seguida para introducir el dinero a Panamá, por parte de J.Q.F., proveniente de Bogotá, Colombia, es coincidente con la empleada para exportar pseudoefedrina, precursor de las anfetaminas; pero tal como se hace constar en las pruebas documentales que reposan dentro de la presente encuesta, el lugar de residencia del mismo, es precisamente el hermano país de Colombia, por lo que por este hecho, no se puede concluir que el dinero incautado, proviene de actividades de narcotráfico. Por lo anterior, el cargo de injuridicidad ensayado por la casacionista en este primer motivo, no se cumple. En el segundo motivo desarrollado, la casacionista expone que el Tribunal de Alzada, justipreció la indagatoria, sobreestimando la coartada ofrecida por J.Q.F., quien manifestó ser comerciante. Que de haberse ponderado adecuadamente la indagatoria, habría considerado que el encartado no identificó cheque, transferencia, retiro o recibo, que le permitió entrar en posesión lícita de la suma de B/.65,202.00; utilizando un mecanismos subrepticio para evadir los controles antiblanqueo de capitales, planteando una coartada que, en el pasado, fue despojado de otra suma de dinero en efectivo, sin interponer las denuncias respectivas; lo cual es concordante con una actividad clandestina, para redituar beneficios injustificables. Al considerar la S. que este segundo motivo, guarda estrecha relación con el tercer y cuarto motivo desarrollado, se procederá a realizar un análisis conjunto. En cuanto al tercer motivo, puntualiza la representación de la Vindicta Pública, que el Tribunal Superior, sobre valoró los testimonios que ilustran la inversión de capitales en Panamá por parte del señor Q.F.. Que de haberse estimado los testimonios, a la luz del resto material probatorio, habría reconocido que lo único que los testigos pueden aseverar es que, J.Q.F., realizaba compras de bienes a crédito, pero, no certifican el origen legítimo de los B/.65,202.00 que transfirió de manera subrepticia e invertiría para hacer los respectivos pagos. Referente al cuarto motivo, se expone que el Tribunal Superior justipreció limitadamente la respuesta a la Asistencia Judicial de Colombia, ya que sólo consideró para ponderar que la empresa Comercializadora e I.J.Q.F.E.U., está autorizada para ejercer el comercio en Colombia, sin apreciar que dicha empresa nunca ha declarado renta y, que J.Q., como persona natural, sólo mantiene dos cuentas bancarias activas con comportamientos exiguos. La declaración indagatoria rendida por J.Q.F., reposa de folios 37 a 46, exponiendo en sus descargos que, para el año 1995, abrió una empresa que tenía el nombre de J.Q.F., radicada en Colombia y, para el año 2007, a raíz de su separación con su esposa, decidió abrir la empresa bajo otro nombre, Comercializadora e I.J.Q.F.E.U., indicando tener los documentos en los que consta la constitución de la empresa, la cual es única y exclusiva para la importación y comercialización de productos que compra en Panamá, en la Z.L. de C. y en China. Agrega que tiene los documentos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los que se hace constar que los productos que comercializa, son productos de Z.L. y de las empresas que están constituidas legalmente. Señala que tiene aproximadamente 20 años de estar viajando a nuestro país, exactamente a la Z.L. de C., donde pueden dar fe de su persona como comerciante, con el aval de excelente cliente y con buen cumplimiento con el pago de las mercancías que compra, toda vez que los productos que comercializa son dados en crédito, por lo que siempre trae dinero para el cumplimiento y pago de facturas.- Informa el indagado, que entre los documentos enviados a su empresa, para recordar al cliente la fecha de vencimiento del pago, se encuentra las de la empresa Noritex, S.A., que envía su estado de cuenta y el saldo; la empresa Derby, S.A.; M.´s, S.A.; R., S.A. A pregunta formulada, manifiesta el señor J.Q.F., siempre se ha dedicado a importar y a exportar mercancías, pero sólo en Colombia, desde el año 1995; tiene aproximadamente 20 años de estar viajando a Panamá, siempre para comercializar productos de la Z.L.; pero, agrega, es la primera vez que trae esa cantidad tan alta de dinero, toda vez que siempre realizaba transacciones bancarias. Afirma que en el año 2004 y 2005, declaró, B/.14,000 y B/.15,000.00 respectivamente y, en las dos ocasiones fue asaltado en la carretera, prueba de ello, indica, lo pueden dar las compañías que mencionó, añadiendo que por algún funcionario involucrado en aduanas del aeropuerto, pudo haber salido la información para que fuera víctima de robo en la carretera. Refiere que siempre que arriba al país, trae más de B/.30,000.00, viene acompañado con más de tres personas para dividirla en el límite que se pide para la entrada y, así viene protegido. Señala que vino pensando en consignar el dinero en el Banco Nacional para comprar un cheque a su nombre. El dinero siempre lo trae en efectivo, en denominaciones de B/.50.00 y B/.100.00 y que, al empacarlo con cintas, lo que hace es bajar el tamaño del paquete, mas no se puede ocultar. Menciona el señor J.Q.F., que la primera vez que fue asaltado, no interpuso la denuncia respectiva, toda vez que uno de los asaltantes lo amenazó, que iba a estar pendiente, que si ponía la denuncia, no saldría vivo de C.. En la segunda ocasión, que era acompañado por su esposa, al momento del asalto y, por la impresión, su esposa tuvo una hemorragia, por lo que fueron a una clínica cerca al centro comercial Los Pueblos, de allí a hospedarse al hotel Riande Aeropuerto; haciendo el comentario de lo sucedido, en ambas ocasiones, a las empresas. Niega haber viajado anteriormente con dinero oculto o adherido al cuerpo y, es la primera vez que es retenido. Refiere laborar en la empresa Comercializadora e I.J.Q.F.E.U., devengando la suma de B/.8,000.00 mensuales, aproximadamente. (fs. 37-46) En cuanto a la declaración ofrecida por el señor J.Q., la S. comparte la opinión esbozada por la representación de la Vindicta Pública, en parte, por las siguientes razones: Es cierto que en las excepciones brindadas por el señor Q.F., expuso que en el pasado fue despojado de una suma de dinero en efectivo al ingresar al país, todo lo cual es concordante con una actividad clandestina, tal como lo señaló la accionante; pero, no se cuenta con elemento probatorio alguno que desvirtúe, lo excepcionado por el procesado, toda vez que fue claro en señalar que para el año 2004, al ingresar territorio patrio declaró la suma de B/.14,000.00 y, para el año 2005, declaró la suma de B/.15,000.00, siendo asaltado en dichas oportunidades. A lo largo de las investigaciones, no se desvirtuó lo excepcionado por J.Q.. Si bien, en los casos de blanqueo de capitales, la carga de la prueba se invierte, ello no es óbice para que el agente de instrucción despliegue las diligencias tendientes, a fin de obtener aquellos elementos probatorios que desvirtúen, las excepciones que en ese sentido pudiera brindar el procesado. En el caso que nos ocupa, el procesado fue enfático al señalar que para los años 2004 y 2005, declaró a aduanas, la suma de B/.14,000.00 y B/.15,000.00 respectivamente, por lo que resultaba factible, comprobar a través de la Autoridad Nacional de Aduanas, si en efecto, el señor J.Q.F., declaró las sumas señaladas. Por ello, no se puede hablar, de manera categórica, de una coartada, ni mucho menos de una actividad clandestina destinada a redituar beneficios injustificables. Otro punto abordado por la accionante en este segundo motivo, es que el señor Q.F., no identificó cheque, transferencia, retiro o recibo, que le permitiera entrar en posesión de la suma de B/.65,202.00. Al respecto, el procesado, manifestó que siempre se ha dedicado a importar y exportar mercancías, desde el año 1995, año en el que abre una empresa que tenía el nombre de J.Q.F.. El 24 de enero de 2007, decide abrir la empresa bajo otro nombre, Comercializadora e I.J.Q.F.E.U., destinada única y exclusivamente para la importación y comercialización de los productos que compra en el área de la Z.L. de C. y en China. En líneas posteriores explica que tiene, aproximadamente 20 años de estar ingresando al país, a la Z.L. de C. y, dado los años de las relaciones comerciales, los productos que comercializa son dados en crédito, por lo que la razón por la que trae dinero, es para el cumplimiento y pago de facturas. Reposa a fojas 74, la declaración jurada por A.T.D.M., gerente de sucursal de la empresa Noritex, informando que el señor J.Q.F., es cliente desde hace 21 años, contando con una línea de crédito de sesenta mil balboas (B/.60.000.00), utilizables para compras de mercancía navideña y decoración del hogar. Que actualmente J.Q., cuenta con un saldo de B/.33,457.66. La relación comercial, indica, es desde el mes de marzo de 2001, aproximadamente, agregando que el procesado viene de Colombia a hacer el pedido y, las compras que realiza, son de tres a cuatro veces al año. Especifica que las compras realizadas, las pagaba en efectivo, cheque y transferencias bancarias. A la vez presenta un informe de los movimientos de la cuenta, referente a las compras y a los pagos, mostrando que se han hecho pagos en cheques y en efectivo. Esta versión, ofrecida por A.T.D.M., es corroborada por las declaraciones brindadas por D. De León Tejeira, vendedor de la empresa Rodeo Import, S.A., a fojas 319; E.F.M., ejecutiva de ventas de la empresa Argelia Internacional, S.A, a folios 323; C.A.S.P., de la empresa Bienes Santa Marta, S.A., a fojas 327; y M.S.A.I., vendedora de R., S.A., a folios 331; declaraciones que están dirigidas a establecer que el señor J.Q.F., es cliente de dichas empresas, que cuenta con una línea de crédito, especificando el monto de las cuentas pendientes por pagar. De fojas 119 a 124, reposa la factura N° 181747 RI, de 16 de julio de 2009, extendida por la empresa Noritex, S.A., a nombre de J.Q., en concepto de Crédito a 60 días, en la que se describe la mercancía solicitada, cantidad y precio, así como el monto total del pedido que asciende a la suma de B/.30,750.16; mientras que a fojas 125 y 126, la factura N° 182147 RI, de 11 de agosto de 2009, por la suma de B/.10,707.60. A folios 128, nota calendada 21 de diciembre de 2009, confeccionada por A.T., gerente general de Rodeo Depot S.A., en la que certifica que J.Q., es cliente de dicha compañía, a través de la compra de mercancía a crédito, teniendo un límite de crédito por B/.15,000.00. Que mantiene un saldo en su cuenta de B/.608.00, por la compra de mercancía en el área de ferretería. Se adjunta a fojas 129, el estado de cuenta. Mientras que a fojas 132, certificación expedida por el licenciado D.M., gerente y director de la empresa Ronsan, S.A., ubicada en la Z.L. de C., en la que se comunica que Q.F., es cliente de dicha empresa, desde el año 1990, realizando compras de mercancía a crédito, contando con un límite de crédito de B/.15,000.00 y que cuenta con un saldo de B/.3,355.00, por compras de mercancías de decoración. Se adjunta copia del estado de cuenta, a nombre de J.Q., de fojas 134 a 137. En igual sentido se observa certificación expedida por E.R., gerente de ventas de Derby, S.A., a fojas 138; por V.M., del departamento de finanzas de Mizratex, a folios 141; por D.E., gerente de finanzas y contabilidad de la empresa Argelia International, S.A., a fojas 154; por el licenciado R.K., gerente de Hollywood, Z.L., S.A., a fojas 156; por Y.T.A., gerente general de Rodeo Import, S.A., a folios 160; y por J.T., gerente de la empresa M.´s Z.L., S.A., a fojas 173. De fojas 202 a 214 del expediente, se cuenta con la certificación expedida por K.G.T., J.P., Á.R., A.B., Y.A.A., N.N., G.G.S., F. De García, R.R.Á., A.M.M., O.M.T., M.G.B.O. y, M.P.J., provenientes del vecino país de Colombia; en la que hacen constar que mantienen una relación comercial con la empresa Comercializadora J.Q.. Cabe destacar que dichas certificaciones, se encuentran debidamente notariadas, por notario público de Bogotá y, debidamente autenticadas por el Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. Reposa a fojas 521, certificación debidamente notariada y apostillada, expedida por H.R.M.T., Gerente de Agencia de Aduanas Granandina LTDA, sucursal C., en la que se expone que se han realizado las tramitaciones de declaración de importación, de Importadora Comercializadora e I.J.Q.F.E.U., con fechas que abarcan los años 2007 al 2010. Con las anteriores pruebas testimoniales y documentales aportadas, se logra establecer que el señor J.Q.F., mantiene relaciones comerciales con empresas ubicadas en la Z.L. de C., de antigua data, en las que posee una línea de crédito y en la que se detalla que se han hecho pagos a través de cheques certificados y con dinero efectivo. Asimismo se logra establecer, de las relaciones comerciales que mantiene en su país de origen y, a través de la Asistencia Judicial solicitada al hermano país de Colombia, se hace constar de la existencia de la Comercializadora e I.J.Q.F.E.U., identificada con el Nit (Número de Identificación Tributaria) 900130364; pruebas que respaldan, las excepciones brindadas por el procesado, al señalar que en su país de origen cuenta con una empresa dedicada a la importación y comercialización de productos que compra en la Z.L. de C.. Con estos elementos probatorios, no se logra determinar que, la suma de dinero incautada en los controles aduaneros, sea de procedencia ilícita y, al tenerse pruebas documentales y testimoniales que apoyan las excepciones brindadas por el señor J.Q.F., no se logra enervar la presunción de inocencia, ya que si bien su actuar evadió los controles aduaneros y el dinero se trató de introducir utilizando mecanismos para evadir su detección, ello no es concluyente para asegurar, de manera enfática y categórica que los dineros incautados sean producto de actividades ilícitas.- Aunado a lo anterior, es de importancia señalar que el delito investigado, es decir el blanqueo de capitales tiene un carácter esencialmente doloso y, como tal requiere la conciencia y la voluntad de llevar a cabo la conducta típica. Al respecto, el autor I.B.C., en su obra, El Delito de Blanqueo de Capitales, expone: "Es preciso abordar en primer lugar la naturaleza de la exigencia de que concurra el conocimiento del origen para determinar si es necesaria su mención expresa en el tipo penal o no. Si no tiene conocimiento de la existencia de un delito del que derivan los bienes sobre los que recae la conducta típica, difícilmente se puede cometer el delito de capitales de manera dolosa. Además, en el marco del delito previo, el conocimiento ha de abarcar tanto que el hecho previo es un delito, como la clase de delito, en el sentido de que el sujeto ha de ser consciente de que tal infracción penal es idónea para el blanqueo de capitales." El Tribunal Supremo de España, en Sentencia de 9 de abril de 2013, a través de la ponencia del Magistrado L.V.C., ha establecido lo siguiente: "La cuestión se circunscribe, por ello, a dilucidar si, ante tales premisas, la conclusión de que los movimientos de dinero justifican, coherentemente y de manera concluyente, la afirmación de que el dinero, así dispuesto, procedía de actividades ilícitas. Y ello de tal suerte que la certeza obtenida puede ser compartida con la generalidad, por lo que cabe tildarla de certeza objetiva, frente a la cual ninguna objeción suscita dudas que, por ser razonables, desvanecen aquella objetividad de la certeza sobre la conclusión inferida." "Ciertamente la jurisprudencia ha venido advirtiendo que el delito de blanqueo de capitales no es un delito de sospecha. Como cualquier otra condena penal exige acreditar todos y cada uno de los elementos del delito. No existe en nuestro derecho un delito de enriquecimiento ilícito que suponga una inversión de la carga de la prueba o que obligue a salvar esa cuestión a fijar la atención en aspectos de transparencia o apariencia como objetos de la tutela penal que se busca a través de ese tipo de infracciones. Para la condena por esta infracción, como cualquier otra, es necesaria la certeza más allá de toda duda basada en parámetros objetivos y racionales, de que concurran todos y cada uno de los elementos del delito: una actividad delictiva previa idónea para generar ganancias o bienes; operaciones realizadas con esos bienes con la finalidad de ocultar su origen; y en el caso del tipo agravado que el delito previo esté relacionado con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Ninguna de esas cuestiones se puede "presumir" en el sentido de que pueda escapar a esa certeza objetivable. No basta con una probabilidad o sospecha más o menos alta (STS N° 578/2012)." No se comparte lo esbozado por la representación del Ministerio Público, al asegurar que la empresa J.Q.F.E.U. No ha declarado renta; toda vez que, si bien es cierto, a fojas 643, relativo a la asistencia judicial, se obtiene como resultado que en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de Colombia, no aparece como declarante de renta la Comercializadora e I.J.Q.F.E.U., a partir del año 1990; a fojas 669, se especifica, que la empresa J.Q.F., nombre anterior de la actual empresa, con Nit 13836492, tiene registrada declaración de renta, desde el año 2004, al año 2009, año en las que, precisamente iniciaron las presentes investigaciones. Por lo anterior, el cargo de injuridicidad ensayado por la casacionista en este segundo tercer y cuarto motivo, no se cumplen. Confrontados los motivos sustentados por la casacionista en esta primera causal, con el caudal probatorio del expediente, concluye la S. que el Segundo Tribunal Superior Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, realizó un correcto análisis en la sentencia censurada, por consiguiente, no se infiere la vulneración de los artículos 836 y 917 del Código Judicial del Código Judicial y del artículo 254 del Código Penal. SEGUNDA CAUSAL La censora invoca la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, sustentada en dos motivos, que guarda relación con la cadena de custodia de pertenencias del procesado y, al grupo de documentos privados que señalan a J.Q.F. como vendedor de mercancías a personas naturales y jurídicas en Colombia. La censora al invocar esta causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, manifiesta que, al ignorarse, el Tribunal Superior no hizo consideración alguna al respecto a su existencia en el proceso, que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal. La Corte al igual que la doctrina señala que: "Esta causal se origina cuando el tribunal de segunda instancia ignora y por tanto no considera, ni le asigna valor a los elementos probatorios materialmente incorporados al proceso como pieza de convicción. En otras palabras, el Tribunal ad-quem hace caso omiso de un medio probatorio que tiene existencia material dentro del expediente contentivo del negocio penal que se trate." (GUERRA DE VILLALÁZ, A.E. y FÁBREGA PONCE, J., Casación Revisión, Civil, Penal y Laboral, Sistemas Jurídicos, S.A., Panamá, 2001, pág. 268). Expuesto en un sentido amplio el alcance del error en la apropiación de la prueba, importa tener presente que, el yerro en la valoración probatoria, debe ser de tal entidad que, de no haber ocurrido el fallo tendría connotaciones diferentes. El primer motivo, guarda relación a la cadena de custodia de pertenencias del procesado y, al no observarse dicha prueba, el Tribunal Superior no hizo consideración alguna respecto a su existencia en el proceso. Considera la casacionista que, de haberse valorado estos documentos, se habría apreciado que el encartado contaba con una tarjeta de débito Visa del BBVA, mecanismo bancario que elimina el uso de efectivo, al estar enlazada con la cuenta bancaria, sin necesidad de cargar dinero en efectivo. Por ello, estima que la excepción planteada por el procesado queda totalmente huérfana de amparo probatorio, frente a la realidad que portaba un mecanismo bancario para evitar esa inseguridad, circunstancia que refuerza el resultado positivo de las pruebas de ion scan y, antes tales acciones de ocultación, liga al dinero con el producto del narcotráfico, con lo cual el error de hecho cometido, influyó en lo dispositivo del fallo, al confirmarse la absolución del procesado. Efectivamente, consta que el Tribunal Ad-Quem, en su parte motiva, no hizo alusión a la cadena de custodia de pertenencia, al momento de definir la situación del hoy procesado, señor J.Q.F., lo que pone de relieve que no la consideró. No obstante, para acreditar que esa omisión valorativa tiene incidencia en la parte resolutiva del fallo cuestionado, resulta necesario incursionar en el examen de tal pieza de convicción, a fin de conocer cuál es su contenido probatorio respecto a la conducta desplegada por el procesado. El elemento probatorio mencionado por la representación de la Vindicta Pública, se puede apreciar de folios 27 a 30 del expediente. Se trata de la cadena de custodia de valores, calendada 16 de diciembre de 2009, detallándose entre las evidencias un número plural de tarjetas de crédito, en especial, dos tarjetas de débito, a nombre de J.Q., una del Bancolombia y de la entidad bancaria denominada BBVA. Si bien las tarjetas de débito, tal como lo señaló la representación fiscal, es un mecanismo bancario que brinda seguridad, al eliminar el uso de efectivo al estar enlazada a una cuenta bancaria, ello no nos lleva a concluir que el dinero que trató de introducir al país el señor J.Q.F., sea de procedencia ilícita. Como se ha señalado en párrafos procedentes, el señor Q.F., justificó la tenencia de los dineros incautados, como producto de sus actividades comerciales que efectúa en su empresa denominada J.Q.F.E.U., ubicada en Colombia. Como respaldo de sus excepciones se cuenta con declaraciones juradas rendidas por representantes de empresas ubicadas dentro de la Z.L., que son contestes en identificar al procesado como cliente de vieja data y, como una persona que es sujeto de crédito para la compra de mercadería. Es de importancia aclarar que la S. no avala la introducción de dinero a nuestro país, en la manera que trató de introducirla el señor J.Q.F.. Cabe destacar que nuestro ordenamiento patrio configura la defraudación aduanera, como aquel delito en el que el sujeto tiene la intención de perjudicar los intereses fiscales. El artículo 17 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, expone: "Defraudación aduanera es toda acción u omisión que pretenda eludir o eluda o frustre la aplicación de las disposiciones legales o reglamentarias relativas a la Aduana, con el ánimo de perjudicar los intereses fiscales." Con los elementos probatorios que reposan en la presente encuesta, no se logra determinar la vinculación del dinero en actividades ilícitas. Es cierto que los dineros al ser sometidos a la prueba de ion scan, entre las muestras escogidas al azar, arrojaron resultados positivos para la presencia de methampetamina y Tatp+2, hay que recordar que estamos ante una prueba excluyente y no concluyente, es decir que no se puede asegurar enfáticamente que los dineros provengan de actividades ilícitas relacionadas con drogas. Hay que tener presente que el papel moneda, es de circulación mundial, por lo que es difícil determinar, en caso de tenerse resultados como los obtenidos en el presente proceso, que los rastros de methampetamina y Tapt+2, provengan directamente de actividades que realice J.Q.F.; es decir que el dinero constituye un instrumento de veloz mutabilidad en el tiempo de tenedor a tenedor, dada la celeridad que caracteriza el tráfico mercantil. Se logra determinar a través de las pruebas testimoniales ofrecidas por las distintas representaciones de los comercios que tienen operaciones en el área de la Z.L. de C., que el señor Q.F., realizaba los pagos de los créditos concedidos, en efectivo y a través de cheque certificado, por lo que apoya en parte la excepción brindada por éste, al indicar que el dinero incautado era con la finalidad de cancelar deudas adquiridas, precisamente, con las empresas con las que mantenía relaciones comerciales en la Z.L. de C.. En base a las anteriores consideración, es por lo que la S. es de opinión que, el cargo de injuridicidad ensayado por la casacionista en este primer motivo, no se cumple. En cuanto al segundo y último motivo, expone la casacionista expone que el Tribunal Superior, omitió ponderar un grupo de documentos privados que, señalan a J.Q., como vendedor de mercancías a personas naturales y jurídicas en Colombia y, que de haberse justipreciado, se habría estimado que escasamente indican que J.Q., contaba con una clientela, pero nada dicen sobre la fuente legítima del monto específico que el imputado trasfirió desde la ciudad de Bogotá a la ciudad de Panamá, pues ninguna de las notas dice que hayan entregado al encartado dólares americanos que, por su sumatoria, correspondiera a la cantidad específica de los B/.65,202.00 incautados. Al evaluarse la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior de justicia, se evidencia que en efecto, no se hizo alusión a las pruebas consistente en un grupo de documentos privados que militan de fojas 202 a 214 del expediente, al momento de definir la situación del hoy procesado, señor J.Q.F., lo que pone de relieve que no fueron consideradas. No obstante, para acreditar que esa omisión valorativa tiene incidencia en la parte resolutiva del fallo cuestionado, resulta necesario incursionar en el examen de tal pieza de convicción, a fin de conocer cuál es su contenido probatorio respecto a la conducta desplegada por el procesado. Como se señaló en párrafos que preceden, los documentos privados aludidos reposan de fojas 202 a 214, consistentes en certificaciones expedidas por personas naturales, debidamente autenticadas por notario público y, autenticadas por el Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Dichas certificaciones, expedidas por K.G.T., J.P., Á.R., A.B., Y.A.A., N.N., G.G.S., F. De García, R.R.Á., A.M.M., O.M.T., M.G.B.O. y, M.P.J., provenientes del vecino país de Colombia; hacen constar que mantienen una relación comercial con la empresa Comercializadora J.Q.. Como se ha señalado en párrafos anteriores, se ha establecido con estas declaraciones, la relación comercial que tiene el señor J.Q.F., en su país de origen, a través de su empresa J.Q.F.E.U., aunado, con otros elementos probatorios, que apoyan sus descargos, al señalar que tiene relaciones comerciales con empresas ubicadas en la Z.L. de C.. Si bien, tal como lo ha puntualizado la casacionista, estas certificaciones escasamente indican que J.Q., contaba con una clientela y, nada dicen sobra la fuente legítima del monto incautado; tampoco se observa elemento probatorio alguno que, con certeza, nos indique que la fuente de los dineros incautados sean ilícitos o provenientes del narcotráfico. No se cuenta con un informe de análisis financiero que nos ayude a determinar un incremento inusual de dinero en su empresa, así como de las cuentas bancarias que posea el señor J.Q.F.. Por ello, el cargo de injuridicidad ensayado por la casacionista en este segundo motivo, no se cumple. Confrontados los motivos sustentados por la casacionista con el caudal probatorio del expediente, concluye la S. que el Segundo Tribunal Superior Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, realizó un correcto análisis en la sentencia censurada, por consiguiente, no se infiere la vulneración de los artículos 780, del Código Judicial del Código Judicial y del artículo 254 del Código Penal. Luego entonces, al no encontrar acreditados los cargos de injuridicidad que el letrado recurrente traduce en una lesión a las disposiciones adjetivas señaladas, lo que corresponde al Tribunal de Casación, es no casar la sentencia impugnada. PARTE RESOLUTIVA Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia N° 26-S.I., de 8 de marzo de 2012, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, en todas sus partes. N. y Devuélvase, JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. JOSE ISRAEL CORREA GARCIA (Secretario)