Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 11 de Agosto de 2014 (caso Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Segunda de lo Penal, de 11 de agosto de 2014)

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución:11 de Agosto de 2014
Emisor:Segunda de lo Penal
 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, contra el Auto 1era. Nº10 de 10 de enero de 2012, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que sobreseyó provisionalmente a MARCO ANTONIO MURILLO ARGÜELLES, YIPSA EDITH AVILA DONADO DE BURNETT, ALEJANDRO DE CRUZ SOTO, ALEXANDER GEOVANNI DE SEDAS ORTIZ, ROLANDO JAVIER VILLALAZ GUERRA, JUAN ANTONIO JOVANE DE PUY, ROBERTO PEDRO VALENCIA LASSO, ERASMO EDILMO MUÑOZ CEDEÑO, MANUEL DE JESÚS TAJU CASTILLO, GUILLERMO PUGA RODRÍGUEZ, LASTENIA CANTO DE FRANCO, FRANCISCO BRAVO ICAZA, JOSÉ AGUSTÍN PRECIADO MIRO Y ASCENSIÓN CRIADO MARTÍN, de los cargos formulados en su contra por la presunta comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, específicamente contra la Salud Pública, de conformidad al Capítulo V, Título VII Libro Segundo del Código Penal de 1982.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Inicia la presente encuesta penal con lo dispuesto por la Fiscalía Auxiliar de la República mediante resolución de fecha 6 de octubre de 2006, como consecuencia de las publicaciones realizadas por los medios de comunicación escritos Mi Diario y La Prensa.

Posteriormente, el 11 de octubre de 2006, el Ministerio de Salud y el Director de la Caja de Seguro Social, en una conferencia de prensa, informaron que se había detectado la presencia de un tóxico conocido como "dietileneglicol" en ciertos jarabes elaborados por el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la Caja de Seguro Social, motivo por el cual se ordenó la suspensión de la distribución de los medicamentos Guayacolato, Difenhidramina, Dextrometorfano, Jarabe expectorante sin azúcar, Paracetamol y Vitamina B.

Luego de lo anterior, mediante resolución Nº314 de 11 de octubre de 2006, el Ministerio de Salud ordenó el cierre temporal del Laboratorio de Producción de Medicamentos de la Caja de Seguro Social y el decomiso de los productos elaborados por dicho laboratorio.

Una vez adelantadas las investigaciones correspondientes, la Fiscalía Auxiliar de la República mediante resolución de fecha 18 de octubre de 2006, dispuso recibir declaración indagatoria de ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO, ALEXANDER GIOVANNI DE SEDAS ORTIZ, MARCO ANTONIO MURILLO ARGÜELLES, YIPSA EDITH ÁVILA DONADO DE BURNETT y JOSEFA DE LA CRUZ SOTO DE SEDAS, por la comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, genéricamente definido como delito contra la Salud Pública, tipificado en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal.

La Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución de fecha 14 de noviembre de 2006, dispuso recibirle declaración indagatoria a EDUARDO ENRIQUE TAYLOR JURADO, MIGUEL ALGANDONA, IGNACIO TORRES y LINDA JOAN THOMAS MARTÍN DE ARAÚZ, por la comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, genéricamente definido como delito contra la Salud Pública, tipificado en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal.

El 31 de mayo de 2007 la Fiscalía Superior Especial dispuso recibirle declaración indagatoria a RENE ESTEBAN LUCIANI LASSO, ROLANDO VILLALÁZ GUERRA y JUAN ANTONIO JOVANÉ DE PUY por la comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, genéricamente definido como delito contra la Salud Pública, tipificado en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal.

De igual modo, mediante resolución de fecha 7 de febrero de 2007, la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial dispuso recibirle declaración indagatoria a PABLO NARCISO SOLÍS y a RALPH ANDERSON HIBGAME (nombre usual RALPH CARL ANDERSON), por la comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, genéricamente definido como delito contra la Salud Pública, tipificado en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal.

El 16 de agosto de 2007 la Fiscalía Superior Especial de Panamá dispuso recibirle declaración indagatoria a ASCENSIÓN CRIADO MARTÍN en su condición de administradora, representante legal y propietaria de la compañía RASFER INTERNACIONAL, S. A., por la comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, genéricamente definido como delito contra la Salud Pública, tipificado en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal.

La Fiscalía Superior Especial de Panamá, mediante resolución de 20 de mayo de 2008, ordenó la declaración indagatoria de TEÓFILO GATENO HAFEITZ por la comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, genéricamente definido como delito contra la Salud Pública, tipificado en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal.

Mediante resolución de fecha 1 de marzo de 2010 se dispuso recibirle declaración indagatoria a NEREIDA ISABEL QUINTERO ORTIZ DE VELASCO, MARTA CRISTELLY SÁNCHEZ BUSTAMANTE DE CASTILLO por la comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, genéricamente definido como delito contra la Salud Pública, tipificado en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal.

De igual modo, mediante resolución de fecha 22 de junio de 2010 la Fiscalía Superior Especial de Panamá dispuso recibirle declaración indagatoria a ALEXIS ZULETA AIZPRUA, Ex Director Nacional de Compras y Abastos de la Caja de Seguro Social, por la comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, genéricamente definido como delito contra la Salud Pública, tipificado en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal.

La Fiscalía Superior Especial de Panamá mediante resolución de 17 de noviembre de 2010 dispuso recibirle declaración indagatoria a FRANCISCO BRAVO ICAZA, GUILLERMO PUGA RODRÍGUEZ, LASTENIA CANTO SOLÍS, JOSÉ AGUSTÍN PRECIADO MIRÓ, MANUEL DE JESÚS TAJU CASTILLO, ERASMO EDILMO MUÑOZ CEDEÑO y ROBERTO PEDRO VALENCIA LASSO, miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, por la comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, genéricamente definido como delito contra la Salud Pública, tipificado en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Pena de 1982.

Mediante Vista Fiscal Nº54 de 20 de diciembre de 2010, el señor Procurador General de la Nación solicita que al momento de calificar el proceso, se haga abriendo causa criminal contra PABLO NARCISO SOLIS, JUAN ANTONIO JOVANE DE PUY, RENE ESTEBAN LUCIANI LASSO, ANGEL ARIEL DE LA CRUZ SOTO, ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO, ALEXANDER GIOVANNI DE SEDAS, JOSEFA DE LA CRUZ SOTO DE DE SEDAS, TEOFILO GATENO HAFEITZ, ASCENCION CRIADO MARTIN, EDWARD ENRIQUE TAYLOR JURADO, LINDA JOAN THOMAS MARTIN, IGNACIO TORRES ECHEVERRIA, MIGUEL ANTONIO ALGANDONA DE LEON, NEREIDA DE VELASCO, ALEXIS RUBEN ZULETA AIZPRUA, MARTA DE CASTILLO, FRANCISCO BRAVO ICAZA, LASTENIA CANTO SOLIS DE FRANCO, RALPH ANDERSON, GUILLERMO PUGA RODRIGUEZ, MANUEL DE JESUS TAJU CASTILLO, ERASMO EDILMO MUÑOZ CASTILLO y ROBERTO PEDRO VALENCIA LASSO, como presuntos infractores de las disposiciones penales dispuestas en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal, es decir, por un delito contra la Salud Pública.

Por otro lado, solicita se dicte un auto de sobreseimiento definitivo a favor de MARCOS ANTONIO MURILLO ARGUELLES y YIPSA AVILA DONADO DE BURNETT, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2207 numeral 3 del Código Judicial. En cuanto a JOSE AGUSTIN PRECIADO MIRO y ROLANDO JAVIER VILLALAZ GUERRA, solicita se profiera un auto de sobreseimiento provisional, en base a lo establecido en el artículo 2208 numeral 2 del Código Judicial. (fs.157,460 - 158,561)

Finalmente, se tiene que mediante Auto 1ra. Nº10 de fecha 10 de enero de 2012, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, abre causa criminal contra

  1. ANGEL ARIEL DE LA CRUZ SOTO, por el delito Contra la Fé Pública en la modalidad de Falsificación de Documentos en General; B) ANGEL ARIEL DE LA CRUZ SOTO, JOSEFA DE LA CRUZ DE SEDAS, EDWARD ENRIQUE TAYLOR JURADO, IGNACIO TORRES ECHEVERRÍA, MIGUEL ALGANDONA DE LEÓN, LINDA JOAN THOMAS MARTÍN, RENÉ ESTEBAN LUCIANI LASSO, PABLO NARCISO SOLÍS GONZÁLEZ, RALPH ANDERSON HIBGAME usual RALPH CARL ANDERSON, ALEXIS RUBÉN ZULETA AIZPRUA, NEREIDA ISABEL QUINTERO ORTIZ DE VELASCO, MARTA CRISTELLY SÁNCHEZ BUSTAMANTE DE CASTILLO Y TEÓFILO GATENO HAFEITZ como presuntos infractores de las disposiciones de ley contenidas en el Título VII, Capítulo V, Libro Segundo del Código Penal de 1982, referente a los delitos Contra la Salud Pública. y C)ANGEL ARIEL DE LA CRUZ SOTO, EDWARD ENRIQUE TAYLOR JURADO, IGNACIO TORRES ECHEVERRÍA, MIGUEL ANTONIO ALGANDONA DE LEÓN y LINDA JOAN THOMAS MARTÍN, como presuntos infractores de las disposiciones de ley contenidas en el Título I, Capítulos I y II del Libro II del Código Penal de 1982, que hacen referencia a los delitos Contra la Vida y la Integridad Personal en la modalidad de Homicidio Culposo y Lesiones Personales Culposas. Contra dicha resolución es que dirige el presente recurso.

    AUTO APELADO

    La resolución impugnada proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, luego de analizar el caudal probatorio se fundamenta en lo siguiente:

    "......Ahora bien, en cuanto a los sindicados ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO y ALEXANDER GIOVANNI DE SEDAS, vemos que si bien es cierto los mismos ocuparon los cargos de Tesorero y Secretario de la empresa Grupo Comercial MEDICOM, S.A., se observa que ellos no firmaron documento alguno relativo a la adquisición de la materia prima que debía ser entregada a la Caja de Seguro Social, siendo que el solo hecho que los mismos formaran parte de la Junta Directiva de la empresa Grupo Comercial MEDICOM, S.A. no es indicio suficiente para emitir un auto de llamamiento a juicio en su contra, por lo que la medida procesal en este caso será la emisión de un sobreseimiento provisional a su favor.(fs.163,007)

    Si bien el Ministerio Público recomienda un sobreseimiento definitivo para el caso de éstos dos sindicados, lo procedente es una medida de naturaleza provisional ya que ninguno de los supuestos de hecho y de derecho que permiten un sobreseimiento definitivo a la luz del artículo 2207 del Código Judicial resultan aplicables a la situación procesal de ambos......... ......

    Representante legal de la empresa Rasfer Internacional, Ascención Criado Martín.

    Esta persona era para la fecha de los hechos investigados, la gerente y administradora en España de la Empresa Rasfer Internacional, aunque el agente Instructor además le otorga el calificativo de propietaria de la misma, cuando según las constancias obrantes en el expediente se tiene por admitido únicamente de su parte la propiedad del 1% del capital accionario de la Compañía.

    Según la diligencia de formulación de cargos, la vinculación de Criado Martín deviene de las actividades efectuadas por "su" empresa, Rasfer Internacional S.A., ya que "a sabiendas" de que la información de identificación de la materia prima era "TD Glicerine" (uso industrial), es decir que no era para consumo humano, vendió el mismo a la empresa Grupo Comercial Medicom S.A., en lugar de Glicerina pura calidad USP (fs. 39,490).

    En opinión del Tribunal, la vinculación de la señora CRIADO MATIN con los hechos investigados no se puede tener por probada de una manera que resulte penalmente relevante, razón por la cual se impone en su caso un sobreseimiento provisional, con fundamento en lo normado en el numeral 2 del artículo 2208 del Código Judicial........(fs.163, 013-163,015)

    En lo que al señor JOVANE DE PUY se refiere este Tribunal Superior calificará su situación personal con la emisión de un sobreseimiento provisional sobre la base de que su ejercicio como Director de la Caja de Seguro Social no coincidió en el tiempo con el ingreso a la institución del producto contaminado que sirvió posteriormente para la elaboración de la oferta medicinal que afectó la salud y la vida de tantos panameños. Obsérvese que el señor JOVANE DE PUY se separa de la Dirección de la Caja de Seguro Social el 10 de septiembre de 2003 (fs. 26,019) y el embarque de Dietilenglicol etiquetado como Glicerina fue recibido en los depósitos de la Caja de Seguro Social el 17 de octubre del año 2003, (fs. 766)...(fs.163,022)

    Miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social

    Los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social que se encuentran vinculados al presente proceso son FRANCISCO BRAVO ICAZA, GUILLERMO PUGA RODRIGUEZ, LASTENIA CANTO SOLIS, JOSE AGUSTIN PRECIADO MIRO, MANUEL DE JESUS TAJU CASTILLO, ERASMO MUÑOZ CEDEÑO y ROBERTO PEDRO VALENCIA LASSO.

    No obstante, la sola existencia de estas dificultades administrativas de carácter institucional no constituyen base suficiente para deducir de estos factores y circunstancias, indicios graves de responsabilidad penal, cuando la Ley y la realidad organizativa imperante en la Caja del Seguro Social atribuyen claramente a otros círculos o niveles jerárquicos, deberes próximos, especiales e inmediatos en relación con el manejo y funcionamiento de los Laboratorios de Producción de Medicamentos y Control de Calidad de esa institución del Estado."

    En consecuencia, lo procedente será emitir un sobreseimiento provisional a favor de los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, de conformidad con lo previsto en el numeral 2do del artículo 2208 del Código Judicial......(fs.163,027-163,029)

    De la Comunidad de Querellantes.

    Un número considerable de personas afectadas por los hechos que aquí se estudia, han ejercido las prerrogativas que la ley les permite y se han constituido como querellantes, al punto de que hasta la fecha, ciento diez (110) escritos de querellas han sido debidamente formalizados y admitidos durante la fase sumarial por el Agente Instructor y han quedado pendientes por admitir también otros veintiuno (21) que fueron presentados durante el sumario, y que el instructor no admitió pero que este Tribunal lo hará, en la parte resolutiva del presente auto.

    La novedosa circunstancia de que en un solo negocio penal se tengan por admitidas mas de un centenar de querellas, obliga al Tribunal de la causa a adoptar decisiones de procedimiento que, a la vez que aseguren las legitimas aspiraciones de las personas afectadas por los hechos, también posibiliten el desarrollo ordenado de la audiencia plenaria, de manera tal, que se mantenga un equilibrio durante el debate judicial que no obligue a un imputado a defenderse de manera autónoma contra la acusación del fiscal y más de cien acusaciones individuales en su contra; máxime que aún cuando los afectados sean distintos, las acusaciones se habrán de referir en todo caso a una misma secuencia de hechos y a una sola conducta imputada.

    Si bien, el Libro III del Código Judicial no contiene una previsión expresa para enfrentar una situación como esta, existen disposiciones en los Libros I y II del Código Judicial, que por ser compatibles con los fines y la naturaleza del proceso penal, pueden ser aplicadas al presente caso tal y como lo dispone el artículo 1947.

    Así, se tiene que el numeral 1 del artículo 199, incluye entre los deberes en general de los Magistrados y Jueces, el de dirigir e impulsar el trámite del proceso, velando por su rápida solución y adoptando para estos fines, las medidas para impedir su paralización y provocando la mayor economía procesal; el numeral 8 de la misma disposición incluye como una responsabilidad adicional del juez, el hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso.

    La situación que ahora nos ocupa se encuentra íntimamente vinculada a los temas de la economía procesal, la agilización de las causas y la efectiva igualdad de las partes en juicio.

    El artículo 655 del Libro II del Código Judicial, cuando aborda el tema de la pluralidad de demandantes en una misma causa, señala lo siguiente:

    Artículo 655: Salvo que exista o parezca existir discrepancia de intereses, si son dos o más los demandantes nombrarán apoderado común.

    El nombramiento de apoderado común, cuando proceda, se hará por acuerdo de todos o de la mayoría de los interesados que tengan pretensiones comunes, ya sea en el mismo libelo de la demanda o en documentos aparte.

    Lo mismo tendrá lugar cuando dos o más personas ostenten conjuntamente la representación en proceso de un tercero e igualmente cuando sean dos o más las personas que como tutores, curadores, albaceas o síndicos puedan representar a una persona, comunidad o sociedad o intervenir por ella en el proceso.

    En caso de omisión de los interesados o si no hay mayoría, luego de contestada la demanda, se hará el nombramiento por el juez una vez transcurridos tres días de haberlos requerido.

    Si se trata de demandados, el juez, en el momento de examinar la relación procesal para los efectos del saneamiento, y salvo que existan o parezcan existir discrepancias de intereses, ordenará la unificación procesal.

    El nombramiento de apoderado común puede ser revocado por acuerdo de la mayoría de los interesados. Puede serlo, también, por el juez, a petición de alguno de ellos y por motivo fundado.

    El nombramiento de apoderado por parte del juez deberá recaer siempre en uno de os apoderados designados por los interesados.

    Estas medidas sobre designación de apoderado común no serán aplicables en caso de terceros coadyuvantes.

    Como se constata con la lectura de la norma, la situación abordada en el artículo transcrito guarda mucha semejanza con el tema que ahora nos ocupa de la pluralidad de querellantes. En ambos casos se trata de dos o mas participantes en el proceso sin abierta discrepancia de intereses, y con legítimo derecho de accionar para lograr el reconocimiento de sus pretensiones en juicio.

    En el caso bajo estudio, los bienes jurídicos afectados, aunque de diferentes titulares, son los mismos a saber, la vida y la integridad corporal de las víctimas; el hecho cuya sanción penal se persigue, también es el mismo y se materializa a través de los comportamientos ya individualizados de cada uno de los sindicados, todo lo cual nos conduce a concluir, que la solución que propone el artículo 655 ya citado en materia de procedimiento civil, es perfectamente transferible al procedimiento penal.

    En la práctica, lo anterior va a implicar, que una vez cumplido el término común de cinco días improrrogables para la presentación de pruebas, al que alude el artículo 2222 del Código Judicial, y antes de la fijación de la fecha para la celebración de la audiencia ordinaria, el Tribunal emitirá una resolución otorgándole un plazo a la comunidad de querellantes para que por acuerdo de todos o de la mayoría de los interesados, se proceda al nombramiento de un apoderado común por la querella, con la advertencia de que de no alcanzarse un acuerdo, o si no se logra el consenso de la mayoría, el Tribunal procederá al nombramiento respectivo recayendo la designación en el primero de los apoderados del querellante que fue admitido como tal en la encuesta. "

    DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

    El representante del Ministerio Público sustentó oportunamente el recurso de apelación anunciado, y en el mismo señaló lo siguiente:

    "Posición del Ministerio Público con respecto al sobreseimiento provisional a favor del ciudadano ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO".

    De acuerdo a la certificación del Registro Público de Panamá, visible en folios 25,943 del tomo 55, se aprecia que ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO, fungió como presidente, tesorero y representante legal de la empresa Grupo Comercial MEDICOM, S.A., actuación que no se limita a esta posición, sino que efectuó con el concurso de ANGEL DE LA CRUZ SOTO los trámites para la participación en el acto público ante la Caja de Seguro Social, los relativos a todos aquellos documentos que correspondía ser firmado por una persona con el cargo de presidente, tesorero y representante legal de dicha empresa tal como consta en los folios 243 a 289 del tomo 1.

    Como apoyo a lo que expresamos, de su propia declaración indagatoria que consta a en las fojas 23,020 a 23,032 en el tomo 49, en donde aceptó su firma en los documentos en que consta la participación con la empresa Grupo MEDICOM, S.A., en los actos públicos para suplir de materia prima a la Caja de Seguro Social y las transacciones financieras con distintas empresas que prestan estos servicios.

    Es conteste con esta conducta activa, que va mas allá de la ostentación de un cargo dentro de la Junta Directiva, como ha externado en el Segundo Tribunal Superior de Justicia para promover un sobreseimiento provisional en su favor, que presentó demanda ante los tribunales civiles contra la empresa RASFER INTERNACIONAL, S.A., exigiendo la reparación de un supuesto perjuicio económico (fs.23,318 a 23, 331 del tomo 49).

    Se aprecia a folios 607, tomo 3 de la indagatoria de ALEJANDRO DE LA CRUZ, que el mismo, además de lazos económicos, lo unen lazos de familiaridad con ANGEL ARIEL DE LA CRUZ SOTO en condición de hermanos.

    Posición del Ministerio Público con respecto al sobreseimiento provisional a favor del ciudadano ALEXANDER GIOVANNI DE SEDAS ORTIZ.

    De acuerdo a la certificación del Registro Público de Panamá, visible en los folios 25,943 del tomo 55 se aprecia que ALEXANDER GIOVANNI DE SEDAS, fungió como secretario de la empresa Grupo Comercial MEDICOM,S.A., actuación que no se limita a esta posición, sino que efectuó con el concurso de ANGEL ARIEL DE LA CRUZ SOTO en efectuar los trámites para la participación en el acto público ante la Caja de Seguro Social, los relativos a todos aquellos documentos que correspondía ser firmado por una persona con el cargo de tesorero de dicha empresa tal como consta a folios 243 del tomo 1.

    Como apoyo a lo que expresamos, de su propia declaración indagatoria que consta en las fojas 23,184 a 23, 192 del tomo 49, en donde aceptó su firma en los documentos en que consta la participación con la empresa Grupo MEDICOM,S.A., en los actos públicos para suplir de materia prima a la Caja de Seguro Social y para las transacciones financieras con distintas empresas que prestan estos servicios.

    Entre los documentos que suscribió consta la declaración jurada sobre la tenencia de acciones (fs.22,989 del tomo 49), las actas de la reunión de Junta Directiva de la sociedad Grupo Comercial MEDICOM, S.A., de 11 de abril de 2002 (fs.22,992 tomo 49), de 14 de marzo de 2003 (fs.22, 993 tomo 49), de 25 de mayo de 2004 tomo 49) (sic), de 25 de noviembre de 2004 (fs.22, 996, tomo 49), de 13 de enero de 2004 (fs.22, 998 tomo 49).

    Se aprecia a folios 13, 033 a 13, 045 del tomo 28, de la indagatoria de ALEXANDER GIOVANNI DE SEDAS, que el mismo, además de los lazos económicos, los unen lazos de parentesco con ANGEL ARIEL DE LA CRUZ SOTO, señalando que son cuñados y compadres.

    Posición del Ministerio Público con respecto al sobreseimiento provisional a favor de JUAN ANTONIO JOVANE DE PUY.

    Con relación a los argumentos esgrimidos por el Tribunal, que motiva el sobreseimiento provisional a favor de JUAN ANTONIO JOVANÉ DE PUY, debemos señalar lo siguiente.

    Si bien es cierto, como ha señalado el Tribunal, el ExDirector JOVANÉ DE PUY había dejado la institución de la Caja de Seguro Social un mes antes que llegara la materia prima que resultó ser el tóxico Dietlileneglicol, esta circunstancia no soslaya el hecho que fue la persona que recibió la notificación de las malas condiciones de los laboratorios y le correspondía adoptar las medidas necesarias para evitar que los hechos que hoy nos ocupan ocurrieran.

    Como podemos señalar existe contra JUAN ANTONIO JOVANÉ DE PUY los siguientes elementos de prueba de su vinculación.

    Director de la Caja de Seguro Social desde el 6 de octubre de1999 hasta el 9 de septiembre de 2003.

    El Laboratorio de Producción de Medicamentos y el Laboratorio de control de calidad de la Caja de Seguro Social, se encontraban operando en permanente riesgo para la salud de la población, toda vez que los mismos se encontraban en malas condiciones de funcionamiento, tanto en su parte estructural como, mas importante aún, en la parte operaria.

    Es por ello, que las circunstancia que incidieron en la contaminación de los medicamentos que fabricó el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la Caja de Seguro Social se dieron en los siguientes aspectos: falta de equipo, instrumentos analíticos, reactivos y de insumos; inadecuada capacitación del personal que laboraba en ambos laboratorios, en especial de las personas que recibieron la materia prima, los que debieron ordenar el re-análisis de la misma, la manipulación, los procedimientos estándares de operación, falta de supervisión, ausencia de auto-inspección y auditoría de calidad. Es decir el incumplimiento de las normas de medicamentos y de buenas prácticas de fabricación de productos farmacéuticos, de la cual el Director General tenía conocimiento y omitió adoptar las medidas necesarias para no permitir que el laboratorio de producción de medicamentos continuara operando en esta situación de riesgo para la población y prevenir una tragedia.

    La conducta atribuible al Ex -Director General de la Caja de seguro Social) JUAN ANTONIO JOVANÉ DE PUY, se desprende del deber jurídico de evitar el resultado producido y no efectuaron (sic) las acciones tendientes a evitarlo, pudiendo haberlo hecho, frente a las normas que le imponían tales obligaciones al frente al cargo de Director General de la Caja de Seguro Social, representante legal, de dicha institución de seguridad solidaria, como la autoridad encargada de vigilar el buen funcionamiento de las dependencias de la Caja; nombrar, trasladar y remover a los empleados, determinar sus deberes e imponerles sanciones; velar por la correcta administración de las inversiones, relacionadas, tanto del Laboratorio de Producción de Medicamentos como el Laboratorio de Control de Calidad (o Unidad de Análisis o Departamento de Control de Calidad), ambos de la Caja de Seguro Social.

    Es precisamente este tema de las deficiencias en equipamiento con insumos y equipos, es parte del análisis de los hechos que trata el presente sumario, referente a lo que se ha demostrado, tanto por peritos designados por este despacho, como por peritos privados, la autoridad del Ministerio de Salud Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y expertos de la propia Caja de Seguro Social que han establecido que las dos dependencias de la caja de seguro social, el Laboratorio de Producción de Medicamentos carecían de equipos, instrumentos analíticos, reactivos, insumos, capacitación del personal, carencia de personal idóneo, entre otros, que causó que el Laboratorio de Producción de Medicamentos estaba en situación de mal funcionamiento, operando de manera peligrosa en la producción de medicamentos que provocaron la intoxicación masiva de las personas que acudían a buscar medicinas que producía la institución para mejorar o curar una situación de salud, pero que les trajo un envenenamiento con un tóxico, que provocó enfermedad y muertes en muchas personas, conocido como Dietileneglicol.

    Estas condiciones de peligro común para la población, imponían el deber legal del respectivo Director General de ese momento de prever un resultado dañoso, para lo cual estaba obligado a evitarlo, ya sea con su cierre, el cese de sus operaciones y/o adoptar las medidas necesarias para lograr su certificación de cumplimiento de las normas de medicamentos y de buenas prácticas de fabricación por las autoridades de salud con un porcentaje superior a 81% de cumplimiento de las normas de medicamentos y buenas prácticas de fabricación; empero, al ser omitidas finalmente trajo los resultados conocidos por el consumo de medicamentos de la Caja de Seguro Social contaminados con Dietileneglicol.

    Es necesario hacer una precisión respecto a la condición jurídica del sindicado ROLANDO JAVIER VILLALÁZ GUERRA, por quien se solicitó la emisión de sobreseimiento provisional a su favor, quien fungió en el cargo de Sub-Director durante el período en que ejerció JUAN ANTONIO JOVANÉ DE PUY como Director General y posteriormente, luego de renunciado (sic) este último a dicha posición, asumió el puesto de Director General hasta la llegada de RENE ESTEBAN LUCIANI LASSO. Si bien es cierto, VILLALAZ GUERRA fue la persona que durante su ejercicio del cargo de Director General de la Caja de Seguro Social llegó la materia prima que resultó ser el tóxico Dietileneglicol, un mes después de este, también tomamos en cuenta que una posible conducta omisiva de su parte con relación a la advertencia que efectuaron las autoridades de salud respecto a las malas condiciones que presentaban los Laboratorio de la Caja de Seguro Social, que alcanzaron, como hemos podido apreciar, un porcentaje de 32.76 %, se encuentra atenuada puesto que precisamente efectúo actos tendientes a mejorar dichas condiciones que le fueron comunicadas a JUAN ANTONIO JOVANÉ DE PUY muchos meses antes de haber dejado el cargo.

    Posición del Ministerio Público con respecto a al ciudadano FRANCISCO BRAVO ICAZA, LASTENIA CANTO SOLÍS, GUILLERMO PUGA, MANUEL DE JESÚS TAJÚ, ERASMO MUÑOZ Y ROBERTO PEDRO VALENCIA LASSO.

    Con relación a los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, consideramos que deben ser llamados a juicio teniendo como base los mismos argumentos emitidos por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, referente a que en la estructura jerárquico funcional, los mismos si tenían, de acuerdo a las normas que los regían, el deber y los medios administrativos, luego de haber previsto sobre las condiciones de los Laboratorios de la Caja de Seguro Social, que alcanzaron en la auditoria un puntaje de 32.76%, de evitar que ocurriera una tragedia como la que ha ocurrido.

    Los elementos de prueba en su contra son los siguientes:

    Las normas penales atribuidas, guardan relación con la contaminación y envenenamiento masivo con el tóxico Dietilenglicol en sustancias medicinales que produjo la Caja de Seguro Social, las cuales han estado produciendo resultados perjudiciales en la población, existe un número de personas enfermas y otra importante cantidad de seres fallecidos.

    Los elementos probatorios, que han sido incorporados al cuaderno penal establecen que los miembros Directores de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, tenían pleno conocimiento que la institución que vigilaban estaba produciendo medicamentos en condiciones de alto peligro de contaminación y envenenamiento, fabricadas por el Laboratorio de Producción de Medicamentos, que se encontraba en malas condiciones tal cual les fue expuesto por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, los propios funcionarios de dichos laboratorios, tratando dicho tema en sesiones plenarias de la Junta Directiva, visitas que efectuaron a sus instalaciones, y por medio de documentos y auditorias de dicha institución.

    El resultado dañoso provocado por la cadena de eventos que se describen era previsible, prevenible y evitable, dado que con el conocimiento que tenían sobre las malas condiciones en que estaba produciendo medicamentos la Caja de Seguro Social, se evidenciaba el peligro de contaminación y envenenamiento de los productos medicinales que se le expendía a la población. No obstante, ante la omisión de los miembros de la Junta Directiva, y la falta de toma de decisiones en evitar que la Caja de Seguro Social continuara produciendo medicamentos en tales condiciones de peligro, decidiendo y ordenando la mejora de las condiciones de producción proveyendo equipos, reactivos, insumos, entrenamiento, personal capacitado, los recursos para el envió de muestras a un laboratorio de referencia (como el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá), u ordenar el cierre de las operaciones de producción de medicamentos y mantuvo la vigencia del mismo, permaneciendo el riesgo en dicho laboratorio por las condiciones por ellos conocidos...

    Es por ello, que combinadas las normativas de salud y buenas prácticas de fabricación, distribución y dispensación de medicamentos, con las normas que rigen la Caja de Seguro Social, encontramos que, las obligaciones emanadas de éstas normas de salud y buenas prácticas de fabricación se distribuyen de manera vertical en los distintos eslabones de la cadena en cada nivel jerárquico, siendo la Junta Directiva el nivel mas alto y decisorio quién tenía la función de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y el buen funcionamiento de la Caja, de mejorar las condiciones de producción para alcanzar los niveles de operación sin peligro o cerrar las actividades, todo con el único objetivo de evitar que se causara un envenenamiento masivo de personas en la población con medicamentos contaminados con un tóxico.

    Todos estos elementos vinculantes dan lugar a solicitar el llamamiento respectivo en contra de los miembros de la Junta Directiva FRANCISO BRAVO ICAZA, GUILLERMO PUGA RODRÍGUEZ, LASTENIA CANTO SOLÍS DE FRANCO, MANUEL DE JESÚS TAJU C., ERASMO EDILMO MUÑOZ CEDEÑO, ROBERTO PEDRO VALENCIA LASSO, que las condiciones del Laboratorio de Producción de Medicamentos y el Laboratorio de Control de Calidad o Unidad de Análisis de la Caja de Seguro Social, ya que la Dirección Nacional de Farmacia y drogas del Ministerio de Salud, advirtieron sobre la falta de equipos, reactivos, insumos y capacitación del personal de los Laboratorios, lo que se evidencia aun más por las, (sic) también, malas condiciones estructurales de las instalaciones en donde estaban ubicados ambos laboratorios; esto además de los estudios sobre estas dos dependencias que se realizaron internamente en la Caja de Seguro Social.

    Continua señalando el Ministerio Público que en base a las condiciones que presentaban los Laboratorios, era un evento previsible por los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, puesto que al tener en cuenta que un laboratorio que se encarga de fabricar productos medicinales, que son destinados para el consumo humano, en especial la ingestión vía oral de los mismo, se encontraba operando en malas condiciones. Por lo que el resultado era evitable, ya que lo indicado era impedir que la Caja de Seguro Social continuara produciendo bajo esas condiciones, ya sea suspendiendo las operaciones de fabricación de medicamentos hasta que los mismos alcanzaran niveles de producción óptimos, alejados de cualquier peligro, o definitivamente disponer de su cierre definitivo por parte de la Junta Directiva con base a las atribuciones y obligaciones que se les atribuía por Ley.

    Así pues, estima que la obligación y el deber que le corresponde a los miembros directores de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, como principal y máximo nivel de decisión de dicha institución, además de otros niveles jerárquicos de la Caja de Seguro Social, existen suficientes elementos probatorios en la comprobación del delito investigado y para solicitar el llamamiento a juicio de los Directores miembros de la Junta Directiva de la caja de Seguro Social FRANCISCO BRAVO ICAZA, LASTENIA CANTO SOLÍS DE FRANCO, GUILLERMO PUGA RODRÍGUEZ, MANUEL DE JESÚS TAJÚ CASTILLO, ERASMO EDILMO MUÑOZ CASTILLO y ROBERTO PEDRO VALENCIA LASSO, en base a los argumentos planteados. Finalmente en cuanto a la situación jurídica del señor JOSÉ AGUSTÍN PRECIADO MIRÓ, el señor Procurador no encontró oposición a lo señalado por el Tribunal Superior, debido a que en sus descargos señaló que únicamente participaba en la Junta Directiva, en asuntos relativos a la Comisión de Hipotecas hasta el año 2003, solamente.

    Con relación a la señora ASCENSIÓN CRIADO MARTÍN, considera que la misma debe ser llamada a juicio, al ser la gerente, administradora, representante legal y propietaria de la empresa (RASFER INTERNACIONAL,S.A.), además fue la persona que tuvo conocimiento que el certificado de identificación de la materia prima no correspondía a un producto para el consumo humano y tampoco era el producto solicitado, sin embargo lo envió a la República de Panamá, producto con el cual posteriormente se fabricaron los medicamentos que resultaron ser contaminados con el tóxico Dietileneglicol (TD Glicerine), por lo que tal acción trajo como consecuencia la enfermedad y muerte de muchas personas, para lo cual cita una serie de pruebas que estima acreditan su participación en el injusto penal.

    Añade que el tóxico fue ingresado posteriormente por la empresa GRUPO COMERCIAL MEDICOM, S.A., al Laboratorio de Producción de Medicamentos de la Caja de Seguro Social, con el cual este laboratorio produjo los medicamentos "Expectorante sin azúcar", "Difenhidramina", "Pasta al agua" y "Calamina Loción", causante de la muerte de un sin número de personas y otras que han resultado afectadas en su salud.

    Con relación a lo manifestado por el Tribunal Superior en el sentido de que no se puede considerar a la sindicada como la dueña de la empresa RASFER INTERNACIONAL, S.A., ya que solamente tiene el 1% de las acciones, considera el Ministerio Fiscal que al momento que ocurrieron los hechos si mantenía la propiedad de la empresa de acuerdo al pacto social y demás documentos demostrativos de dicha titularidad y que fueron aportados por la asistencia judicial remitida por el Reino de España y que se encuentra visible de folios 14,882 a 15, 114 del tomo 32."

    Como último punto del sustento de recurso de apelación presentado por el señor Procurador, señala que el planteamiento esbozado por el tribunal, que descarta la existencia de dolo y dolo eventual, son consideraciones que se apartan de los elementos de prueba que fueron incorporados y que hacen que nazca un compromiso de parte de quienes tenían el deber de ejercer acciones a fin de evitar un desenlace fatal y en la salud de muchas personas. De igual modo, señala que el Tribunal realiza un análisis sobre la inexistencia de un dolo eventual, el cual no puede ser compartido por el despacho instructor, ya que el mismo se hace bajo la perspectiva de la teoría finalista del delito, lo que resulta incongruente con el corte causalista del cuerpo legal donde se encuentra la norma aplicable (Código Penal de 1982) según el propio tribunal. En ese sentido, denota que el análisis jurídico cuestionado se dirige corroborar la voluntad y conocimiento del fin buscado (la muerte o lesión), señalando en ese análisis, que no hay dolo eventual para esos tipos penales. No obstante, si observamos el tipo penal de los delitos contra la Salud Pública, conductas por las cuales el Ministerio Público ha formalizado los cargos, para que el delito quede configurado a plenitud no se requiere el resultado muerte o lesión corporal, basta con que se produzca la puesta en peligro de la salud de la persona.(artículo 247 del Código Penal de 1982).

    Otro de los aspectos procesales con los que no está de acuerdo el Ministerio Público, lo es el haber encausado criminalmente a un imputado por un hecho que no está contemplado en la resolución que dispuso recibirle declaración indagatoria. Los tipos penales por el cual se solicitó el encausamiento criminal de los imputados se encuadran dentro de los delitos Contra la Seguridad Colectiva, específicamente Contra la Salud Pública establecido en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal de 1982, los cuales han sido objeto de revisión y pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos, tanto de habeas corpus, como de fianza de excarcelación. Sin embargo, en el auto que ha sido objeto de apelación, los sumariados han sido llamados a juicio para responder en causa criminal por los delitos Contra la Fé Pública, tipificado en el Capítulo I, Título VII, Libro Segundo del Código Penal de 1982, para Ángel Ariel de la Cruz Soto; y los delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Homicidio Culposo y Lesiones Culposas, descritas en el Capítulo I y II del Título I del Libro Segundo del Código Penal de 1982, para la mayoría de los imputados; situación que lesiona principios procesales de legítima defensa y el debido proceso, toda vez que a los mismos no se les formuló cargos ni fueron indagados, por lo que mal podrían ser encausados por un tipo penal diferente a la solicitud planteada por el agente instructor, situación que podría provocar una nulidad.

    El entonces Procurador General de la Nación también se mostró en desacuerdo con la remisión del expediente a su despacho, puesto que la Corte Suprema de Justicia decidió que no le correspondía entrar a conocer el fondo del proceso, en virtud de la competencia privativa del Segundo Tribunal Superior, por lo que remitió el proceso a dicha instancia.

    Al respecto, señala que las normas de procedimiento han establecido que inmediatamente los negocios penales cambian de jurisdicción o competencia, se requiere escuchar la opinión del agente de instrucción homologado al Tribunal que lleva la causa. Es decir que en el proceso objeto de apelación, debió el Segundo Tribunal antes de emitir un auto encausatorio, solicitar la emisión de concepto respectivo o continuar la investigación, si así lo dispusiere, a la Fiscalía Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá y no notificar de esta a la Procuraduría, que si bien es cierto no puede desconocer la competencia preventiva, correspondía al funcionario de instrucción homologado al Tribunal competente, conocer su calificación y ejercer la acción penal de acuerdo a los parámetros que establece la Ley.

    En cuanto a lo planteado por el Segundo Tribunal en el sentido de otorgar un plazo a los querellantes a fin de que previo acuerdo se nombre un apoderado común por la querella, el recurrente se manifestó opuesto a dicha pretensión, toda vez que se estarían desatendiendo los principios rectores en cuanto a los derechos reconocidos a la víctima.

    En virtud de las consideraciones antes señaladas, el Procurador solicita revocar el sobreseimiento provisional conferido a ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO, ALEXANDER GIOVANNI DE SEDAS ORTIZ, JUAN ANTONIO JOVANÉ DE PUY, FRANCISCO BRAVO ICAZA, GUILLERMO PUGA RODRÍGUEZ, LASTENIA CANTO SOLÍS DE FRANCO, MANUEL DE JESÚS TAJÚ C., ERASMO EDILMO MUÑOZ CEDEÑO, ROBERTO PEDRO VALENCIA LASSO y ASCENSIÓN CRIADO MARTÍN y que los mismos sean encausados por delito genérico Contra la Seguridad Colectiva, específicamente por el delito contra la Salud Pública, tipificado en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal. (fs.163,150-163,209)

    Contra el Recurso de Apelación presentado por el señor Procurador, presentaron escritos de Oposición los letrados Abril Arosemena, representante judicial de FRANCISCO BRAVO ICAZA(fs.163,214 -163,254) y José Félix Yángüez De Gracia en nombre y representación de ERASMO EDILMO MUÑOZ CEDEÑO, ROBERTO PEDRO VALENCIA LASSO y LASTENIA CANTO SOLÍS DE FRANCO(fs.163,255 -163,265)

    CONSIDERACIONES DE LA SALA

    La Sala entra a resolver la alzada sólo sobre los puntos censurados en el escrito de apelación, según lo normado en el artículo 2424 del Código Judicial, no sin antes revisar las principales piezas probatorias insertas en autos, a efectos de comprobar si le asiste razón o no al recurrente.

    1. DE LA COMPETENCIA.

      Como primer punto, por cuestión de orden y por tratarse de uno de los temas que se encuentran incluidos en el recurso de apelación presentado por el señor Procurador, tenemos el tema de la competencia. En este sentido, podemos mencionar que a pesar de asistirle la razón al apelante en cuanto al trámite que señala, dejó de realizar el Tribunal Superior al no remitir el expediente a la Fiscalía Superior Especial a fin de homologarlo al Tribunal, escuchando la opinión de esta agencia colaboradora; consideramos que en este caso nada impide que el Tribunal entrara a calificar, a través del Auto 1era. Nº10 de 10 de enero de 2012, la recomendación hecha por el señor Procurador General de la Nación, quien elaborara la vista Nº54 de 20 de diciembre de 2010.(fs.157,460-158,561). Como es sabido, es al Ministerio Público como institución a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal, de conformidad a lo señalado en el artículos 1952 y 1990 del Código Judicial, veamos:

      Artículo 1952. La acción penal es pública y la ejerce el Estado por medio del Ministerio Público, salvo en los casos señalados en este Código.

      Artículo 1990. La acción penal es pública y su titularidad corresponde al Estado; se ejerce a través de los agentes del Ministerio Público que la ley señale, sin perjuicio de lo establecido en este Código para los casos de excepción.

      Sumado a lo anterior tenemos que nuestra carta magna señala en el artículo 219 quienes conforman el Ministerio Público.

      Artículo 219. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, Los Fiscales y Personeros y por los demás funcionarios que establezca la Ley. Los agentes del Ministerio Público podrán ejercer por delegación, conforme lo determine la Ley, las funciones del Procurador General de la Nación.

      Así pues, los intereses de la sociedad no se encuentran en peligro y mucho menos sin representación alguna, ya que la opinión del Ministerio Público es emitida mediante Vista Nª54 de 20 de diciembre de 2010, de la Procuraduría General de la Nación, recordemos que la Fiscalía Superior Especial actúa por delegación.

      El criterio anteriormente expuesto tiene como antecedente el fallo proferido por el Pleno de la Corte Suprema, en fecha 8 de septiembre de 2000, que al tratar un tema similar concluyó:

      "No obstante, no debe soslayarse que: la acción penal es pública y su titularidad corresponde al Estado y se ejerce a través de los agentes del Ministerio Público, tal como se indica en el artículo 2006 del Código Judicial".

      En virtud de esto, el Pleno de esta Corporación de Justicia ha manifestado que en materia de Hábeas Corpus, en cuanto a la competencia para ordenar la privación de libertad de una persona, dicha orden puede emanar de un funcionario del Ministerio Público con mando y jurisdicción, como es el caso de la Fiscalía Segunda de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, aún cuando posteriormente remita el expediente a la fiscalía delegada para que ésta ejerza la acción penal que manda la ley.

      Observa el Pleno por tanto, que no existe una colisión de competencia (sic) entre ambas agencias de instrucción, ya que el Ministerio Público goza de competencia funcional, que pierde únicamente cuando remite el sumario al ente jurisdiccional." (El resaltado es nuestro)

      De modo tal que no encontramos reproche en la actuación del Tribunal o del Ministerio Público, de suerte que es la propia Procuraduría quien anuncia y sustenta el Recurso de Apelación que hoy nos avocamos a estudio. No obstante, se exhorta al Tribunal de Primera Instancia que en todas las actuaciones de este proceso que se generen en lo sucesivo, se corra el traslado a la entidad comisionada o facultada legalmente por el Ministerio Público, para notificarse o actuar ante dicha sede judicial.

      Continuando con el tema de la competencia, podemos señalar que el artículo 96 del Código Judicial confiere competencia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para conocer en segunda instancia de los Recursos de Apelación, de Hecho y de las Consultas de resoluciones dictadas en primera instancia por los Tribunales de Distrito Judicial en materia penal.

      En el caso que nos ocupa, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial adquiere competencia conforme a lo señalado en el numeral 4 delartículo 127 del Código Judicial, por tratarse de un proceso "Contra la salud pública cuando sobreviene la muerte de alguien".

      Señaladas las normas de competencia, avanzamos a los otros puntos señalados por el recurrente, denominados aspectos de forma.

    2. DE LOS CARGOS FOMULADOS

      Señala el Procurador General de la Nación, que los tipos penales por los cuales el Ministerio Público solicitó el encausamiento criminal de los imputados encuadran dentro de los delitos Contra la Seguridad Colectiva, específicamente los delitos Contra la Salud Pública, establecidos en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal de 1982, los cuales han sido objeto de revisión y pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos. Agrega que al formularle cargos a los imputados por los delitos Contra la Fé Pública tipificados en el Capítulo I, Título VII, Libro Segundo del Código Penal de 1982, y los Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo y Lesiones Personales Culposas, descritas en el Capítulo I y II del Libro Segundo del Código Penal de 1982, se lesionan principios procesales como la legítima defensa y el debido proceso, toda vez a que a los procesados no se les formuló cargos ni fueron indagados por esos delitos, por lo que mal podrían ser encausados por ellos.

      Ahora bien, en torno a la imputación de los cargos por delito de Homicidio Culposo, Lesiones Personales Culposas y Contra la Fé Pública, esta Sala es de la opinión que no puede sostenerse el encausamiento criminal de los sindicados por delitos o cargos por los que no le fue ordenada la indagatoria. Nuestra posición viene determinada por el hecho que la normativa procesal aplicable a la presente investigación es el Código Judicial, mismo que se rige bajo los lineamientos del sistema inquisitivo, que si bien es cierto estamos llamados a superar, no obstante, se trata de la norma vigente y por la cual nos debemos de regir.

      En respaldo a lo señalado, tenemos en primer lugar el artículo 1941 del Código Judicial, que nos ubica como norte a seguir, cuál es el objeto del proceso penal, veamos:

      "Artículo 1941. El objeto del proceso penal es investigar los delitos, descubrir y juzgar a sus autores y partícipes. En consecuencia, no podrá imponerse pena alguna por delito sino con sujeción a las reglas de procedimiento de este Código."(El resaltado es nuestro)

      De igual modo, se observa que el Código Judicial, señala que el funcionario de instrucción es quien, determinado por las circunstancias y cualidades en cada caso, clasifica el delito conforme lo recoge el Código Penal.

      "Artículo 2045. El funcionario de instrucción averiguará con toda claridad y exactitud las cualidades o circunstancias que constituyan la clase del delito, conforme lo designa y clasifica el Código Penal" (El resaltado es nuestro)

      Verificado lo anterior, nos corresponde señalar que no puede el Tribunal seguir causa criminal en contra de persona alguna, si previamente no se le han formulado los cargos correspondientes, esto es, a través de la respectiva indagatoria. Ello reviste cardinal importancia, debido a que, como se ha dicho en incontable jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la indagatoria no sólo señala formalmente los cargos o los delitos que se le endilgan al imputado, sino que constituye el primer medio de defensa con el que cuenta, al ser vinculado a un ilícito. En ese mismo sentido se ha dicho:

      "...que la declaración indagatoria cumple varios cometidos procesales, entre ellos, el de ser un medio de prueba que puede utilizar el imputado para ofrecer su versión de los hechos, su relación con otros medios probatorios, su desvinculación sobre el asunto bajo investigación y plantear las estrategias de su defensa." (Resolución de 26 de noviembre de 2007. Corte Suprema de Justicia)

      Por otro lado, somos concientes de la magnitud del caso que se encuentra hoy frente a nosotros, y que la calificación que realizó el Ministerio Público no coincide con la realidad de los hechos probados, ya que desde que la investigación comenzó a arrojar resultados fatales y afectaciones a la salud o la integridad física de la colectividad, debieron enmendarse los cargos y hoy no estaríamos ante tan difícil situación, que por motivos de estricta legalidad, nos obliga a no coincidir con lo planteado en la primera instancia. Recordemos que como juzgadores debemos ser garantes del debido proceso y la tutela judicial efectiva, es decir, asegurar un juicio justo para todas las partes. Con respecto a la tutela judicial efectiva, se han hecho importantes pronunciamientos como el que veremos a continuación.

      "...el paradigma en torno al derecho fundamental al juicio justo, se ha robustecido al incorporar la garantía de tutela judicial efectiva, de la cual, a su vez, se desglosan los principios de acceso a la jurisdicción; acatamiento de los protocolos normativos en lo que concierne a requisitos y trámites procesales; prohibición constitucional de la indefensión o promoción del derecho de defensa; emisión de una decisión razonable en tiempo oportuno; y la efectividad de lo decidido." (Resolución de fecha 19 de junio de 2012. Corte Suprema de Justicia)

      En esa vía, consideramos pertinente señalar que aún cuando la normativa general del Código Procesal Penal no se encuentra vigente en todo el territorio nacional, si lo están los principios por los cuales se rige y que se encuentran reconocidos en el Capítulo I, Título I del Libro Primero del Código Procesal Penal y que recoge las Garantías, Principios y Reglas. Así tenemos que uno de los principios cardinales del nuevo modelo de enjuiciamiento penal es el de separación de funciones, veamos:

      "Artículo 5. Separación de Funciones. Las funciones de investigación están separadas de la función jurisdiccional. Corresponderá exclusivamente al Ministerio Público la dirección de la investigación.

      El Juez no puede realizar actos que impliquen investigación o el ejercicio de la acción penal ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales, sin perjuicio de los casos especiales previstos en este Código.

      Sin formulación de cargos no habrá juicio ni habrá pena sin acusación probada."

      En resumen, y a riesgo de parecer insensibles al dolor de cientos de afectados por el envenenamiento masivo, consideramos que en este punto debemos mirar mas allá y avanzar hacia una solución al conflicto en tiempo razonable y de manera efectiva. Por tanto, se reformará el auto apelado en el sentido de que sólo se abra causa criminal en contra de los sindicados como presuntos infractores de las normas contenidas en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal de 1982, es decir delitos Contra la Seguridad Colectiva, específicamente los delitos Contra la Salud Pública.

      Una vez delimitados los cargos por los cuales ha de juzgarse a las personas sindicadas en la presente encuesta penal, resta señalar que el Capítulo V, Título VII, del Libro Segundo del Código Penal de 1982, señala claramente las conductas punibles dentro de los delitos contra la Salud Pública y en ellas se contempla no solo aquellas que conllevan un actuar doloso, sino también aquellas que sean cometidas de manera culposa, por lo que quedará a juicio del Tribunal de Primera instancia, establecer el tipo de conducta y la sanción correspondiente para cada uno de los sindicados. Ello fundamentado en el llamado Principio de Culpabilidad, que descrito por la Dra. Virginia Arango Durling en su obra "Cuestiones sobre la Culpabilidad", describe que este "Protege al ciudadano frente al ejercicio del ius puniendi por el Estado, al exigir distintas condiciones para que se pueda culpar al autor por el acto ilícito cometido, así como erradicar sus efectos en dos ámbitos diferentes: el de los presupuestos de la pena (si el hecho es delito) y el de la individualización de la pena (como debe ser sancionado el delito) y en ese sentido se ha confirmado la doble dimensión: actúa determinando los presupuestos de la pena, y además en el marco de la individualización de la pena, es decir, tanto significa que no hay pena sin culpabilidad, como que la pena no puede superar la gravedad de la culpabilidad." [1]

    3. DE LA COMUNIDAD DE QUERELLANTES

      Censura el apelante, la disposición hecha por el Segundo Tribunal Superior al solicitarle a los querellantes, que por la naturaleza del caso que nos ocupa, los mismos de común acuerdo nombren un apoderado en común.

      Con respecto a esta situación, la Sala en principio no muestra mayores inconvenientes en que el Tribunal Superior, previendo el adecuado manejo de un caso tan complejo como el que nos ocupa y tratando de garantizar la igualdad procesal, conmine a la pluralidad de querellantes a alcanzar un acuerdo a fin de que sus intereses no se manifiesten de manera difusa, sino por el contrario, con orden, coherencia e integridad. La fórmula sugerida, es decir el artículo 655 del Código Judicial, se ha utilizado comúnmente en los procesos civiles, cuando dos o más participantes en el proceso tengan pretensiones comunes.

      Si bien es cierto la norma civil lo permite, el tema resulta complejo en materia penal, debido a que la Ley 31 de 1998 que trata de la Protección a las Víctimas del Delito, señala claramente como uno de los derechos de la víctima, el intervenir sin mayores formalidades, como querellante en el proceso.

      Veamos.

      "Artículo 2. Son derechos de la víctima:

      1......

      2.Intervenir, sin mayores formalidades, como querellantes en el proceso para exigir la responsabilidad penal del imputado y obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios del delito."

      De modo tal, que, a nuestro juicio si bien resulta válido el llamado que realiza el juzgador de la primera instancia, debemos señalar que el derecho que le asiste a la víctima de intervenir sin mayores formalidades en el proceso, debe ser resguardado, por tanto, consideramos que el mismo no puede estar sujeto a limitaciones en el curso del proceso.

      Ahora bien, teniendo en cuenta la complejidad del caso, consideramos que la sugerencia hecha en el auto apelado debe ser tomada en cuenta por el cúmulo de querellantes, tómese en cuenta que agrupar mas de un centenar de abogados con los respectivos familiares o víctimas, más todos los imputados y sus respectivos defensores, el personal de Secretaría, personal de seguridad, y el cuerpo de Jurados, resultaría en una tarea por demás titánica en lo que a logística, transporte y facilidades se refiere, lo que mermaría no sólo en la calidad del juicio, sino en la atención que le merece una situación de tal envergadura.

      Por tanto, somos de la opinión, que llegado el momento de llevarse a cabo el acto de audiencia, los querellantes pueden organizarse de modo tal que puedan realizar sus intervenciones por etapas o por días, nombrando para ello uno o mas representantes, a fin de colaborar con una mejor organización de la audiencia.

      Una vez realizado los pronunciamientos en cuanto a lo que el recurrente calificó como "Aspectos de Forma que motivaron la alzada", avanzaremos al análisis de lo que denominó aspectos de fondo y que tienen que ver con los imputados que en su opinión debieron ser llamados a juicio en el Auto 1ra. Nº10 de 10 de enero de 2012.

      A)                 De Los Señores Roberto Pedro Valencia Lasso, Erasmo Edilmo Muñoz Cedeño, Manuel De Jesús Taju Castillo, Guillermo Puga Rodríguez, Lastenia Canto de Franco, Francisco Bravo Icaza, José Agustín Preciado Miró.

      Como primer punto atenderemos las reclamaciones hechas contra los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social Roberto Pedro Valencia Lasso, Erasmo Edilmo Muñoz Cedeño, Manuel De Jesús Taju Castillo, Guillermo Puga Rodríguez, Lastenia Canto de Franco, Francisco Bravo Icaza, José Agustín Preciado Miró.

      El Ministerio Público, acotó que los elementos probatorios anexados al expediente establecen que los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, tenían pleno conocimiento de que la institución que vigilaban estaba produciendo medicamentos en condiciones de alto peligro de contaminación y envenenamiento. Añade que ha quedado probado que las condiciones en que se encontraba el Laboratorio de Producción de Medicamentos y el Departamento de Control de Calidad de la Caja de Seguro Social, no cumplían con las exigencias que establecen las normas de salud y que todas estas situaciones fueron advertidas a los funcionarios de más alto nivel, como los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, integrada por Roberto Pedro Valencia Lasso, Erasmo Edilmo Muñoz Cedeño, Manuel De Jesús Taju Castillo, Guillermo Puga Rodríguez, Lastenia Canto de Franco, Francisco Bravo Icaza, quienes se mantuvieron en el cargo desde el año 2002, hasta la fecha de la ocurrencia de los hechos investigados.

      Distinta es la situación para el señor JOSÉ AGUSTÍN PRECIADO MIRO, toda vez que de conformidad a lo plasmado en el escrito de apelación, el Ministerio Público no encontró objeción a que se confirmase la medida de sobreseimiento provisional, toda vez que a su juicio, si bien el señor PRECIADO MIRÓ formó parte de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social para el periodo antes mencionado, de sus descargos se desprende que el mismo sólo participaba en la Comisión de Hipotecas de la Caja de Seguro Social.

      Ahora bien, con respecto al tema fundamental de la responsabilidad que puede o no corresponderle a los señores Roberto Pedro Valencia Lasso, Erasmo Edilmo Muñoz Cedeño, Manuel De Jesús Taju Castillo, Guillermo Puga Rodríguez, Lastenia Canto de Franco, Francisco Bravo Icaza, José Agustín Preciado Miró, como miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, debemos resaltar lo siguiente:

      El Ministerio Público atribuye responsabilidad penal a los señores Roberto Pedro Valencia Lasso, Erasmo Edilmo Muñoz Cedeño, Manuel De Jesús Taju Castillo, Guillermo Puga Rodríguez, Lastenia Canto de Franco, Francisco Bravo Icaza, ya que su actuar como funcionarios públicos de manera omisiva en las atribuciones que le eran encomendadas, generó el no cumplimiento de las normas legales relativas a la producción de medicamentos.

      En este sentido, atendiendo a que lo endilgado es una conducta de omisión impropia, resulta preciso traer a colación lo referente a lo que la doctrina penal ha denominado el deber de garante. Según el Dr. Iván Meini Méndez, señala lo siguiente:

      "El deber de actuar ante una situación típica se llama posición de garante. Sólo quien tiene el deber de garante tiene la obligación de evitar la lesión del bien jurídico y puede responder penalmente por su vulneración. El deber de garante es un deber jurídico, no moral o ético, pues solo el derecho puede obligar a una persona a actuar e imputarle responsabilidad penal por no hacerlo"[2]

      De igual modo, Zaffaroni, ilustre tratadista en material penal, señaló que:

      "Solo pueden ser autores de conductas típicas de omisión impropia quienes se hallan en posición de garante, es decir, en una posición tal respecto del sujeto pasivo que les obligue a garantizar especialmente la conservación, reparación o restauración del bien jurídico penalmente tutelado. Por posición de garante no debe entenderse cualquier cumplimiento de una obligación jurídica que hubiese evitado el resultado, sino un especial deber de garantía"[3]

      En este sentido, consideramos que ninguno de los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social se encontraba en la posición de garante, ya que tal como se describe en el auto apelado, sus funciones, eran del tipo administrativo, de conformidad lo dispuesto en el artículo 28 de la, Ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social, veamos:

      "Artículo 28. Facultades y deberes de la Junta Directiva. Son facultades y deberes de la Junta Directiva:

      1.       Orientar y vigilar el buen funcionamiento de la Caja de Seguro, y establecer las políticas para asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

      2.       Dictar y reformar, por medio de resoluciones, los reglamentos de la Caja de Seguro Social.

      3.       Aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones de la Institución, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto General del Estado. La Junta Directiva podrá solicitar al Director General las modificaciones o adecuaciones que estime convenientes.

      4.       Aprobar la solicitud de créditos extraordinarios y el traslado de partidas presupuestarias presentados por el Director General.

      5.       Aprobar, por medio de resolución, los estados financieros de la Caja de Seguro Social al cierre del periodo fiscal.

      6.       Aprobar, mediante resolución, las bases técnicas que le presente y sustente el Director General, para ser utilizadas en los cálculos de financiamiento para establecer el balance actuarial y determinar los costos de los beneficios que concede esta Ley. A partir de esa aprobación, cada cinco años o antes, si lo estima conveniente, estará obligada a ordenar las revisiones actuariales pertinentes.

      7.       Ordenar cuando lo estime necesario, la contratación de auditorías y revisiones actuariales externas sobre los estados financieros, actuariales y otros elaborados por la propia Institución.

      8.       Convocar, dentro de los términos y condiciones establecidos en esta Ley, el concurso para la selección de la propuesta única de candidatos a la Dirección General.

      9.       Solicitar al Órgano Ejecutivo la remoción del Director General, según las causales establecidas en esta Ley.

      10.   Autorizar licencias o permisos al Director General.

      11.   Conocer y decidir los recursos de apelación presentados en contra de las resoluciones que dicte la Dirección General u otras instancias que determine la ley.

      12.   Resolver los casos de duda respecto a la obligación de afiliarse al régimen.

      13.   Aprobar la estructura orgánica y funcional, que responda a los objetivos y necesidades de la Caja de Seguro Social, debidamente sustentada por el Director General.

      14.   Aprobar la estructura de cargos y de salarios, aplicables a los funcionarios de la Institución, debidamente presentada y sustentada por la Dirección General.

      15.   Reglamentar y decidir el archivo provisional de los casos en gestión de cobro judicial, que por razón de ser incobrables no impliquen créditos de cierta, oportuna, efectiva y/o económica concreción de conformidad con esta Ley.

      16.   Regular y ordenar la contratación por cuenta de la Institución, de las fianzas de manejo de los funcionarios en razón de la responsabilidad del cargo que ocupen.

      17.   Insistir en el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos objetados por el Director General. En estos casos, la Junta Directiva asumirá la responsabilidad de las consecuencias que esta decisión ocasione.

      18.   Autorizar los gastos que excedan de doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00).

      19.   Presentar un informe anual sobre el ejercicio de sus funciones. Así mismo, deberá aprobar el informe anual de la gestión y los resultados financieros de la Institución, presentados por el Director General. Ambos deberán ser publicados en un diario de circulación nacional.

      20.   Expedir su reglamento interno de deliberación y funcionamiento, dentro de los límites que se establecen en la presente Ley.

      21.   Aprobar una política de desarrollo del recurso humano con equidad, cónsona con las necesidades de la Institución.

      22.   Autorizar el plan anual de inversiones financieras de la Caja de Seguro Social, el que será sometido a su consideración por el Director General, incluyendo su respectiva reglamentación en torno a su administración y ejecución.

      23. Asegurar que la Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la Ley, publique la lista completa de los morosos, incluyendo a los que se encuentran en el archivo provisional de cuentas incobrables.

      Aunado a lo anterior, tenemos que la jurisprudencia del Pleno de la Corte en ocasión de este mismo proceso, se ha pronunciado con respecto al tema del garante, veamos:

      "Tal como se aprecia de las normas que regulan la estructura organizacional de la Caja de Seguro Social, las facultades que se asignan a la Junta Directiva de dicha institución son de carácter general, y de su evaluación integral se observa que no colocan al procesado GUILLERMO PUGA RODRÍGUEZ, como Director de dicha Junta Directiva, en una condición de garante respecto a las actividades y acciones realizadas y ejecutadas en el Laboratorio de Producción de Medicamentos y en las estructuras de la Caja de Seguro Social relacionadas con dichas actividades.

      Nótese que la teoría del caso del Fiscal expone una situación de descuido por parte de la más alta estructura jerárquica de la Caja de Seguro Social, esto es la Junta Directiva. No obstante, la sola existencia de estas dificultades Administrativas de carácter institucional no constituyen base suficiente para deducir de estos factores y circunstancias, indicios graves de responsabilidad penal, cuando la Ley y la realidad organizativa imperante en la Caja de Seguro Social atribuyen claramente a otros círculos o niveles jerárquicos, deberes próximos, especiales e inmediatos en relación con el manejo y funcionamiento de los Laboratorios de Producción de Medicamentos y Control de Calidad de esa institución del Estado" (Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 22 de agosto de 2011)

      "Con arreglo a los lineamientos citados es claro que para la estructuración del tipo penal omisivo y su correspondiente imputación, es necesario identificar un sujeto activo calificado al cual, sin perder de vista la situación específica que se analiza, se le atribuya la posición de garante que permita deducir, a partir de esa condición, un deber jurídico concreto y especial de actuación y vigilancia ante una determinada fuente de riesgo, que, al no haberse realizado, hace que este garante tenga que responder penalmente por el resultado con exclusión de otros posibles sujetos activos."(Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 29 de junio de 2007)

      Pues bien, basta con revisar lo postulados de derecho penal en cuanto a la culpabilidad, tal como lo hemos hecho, para señalar que no es posible sostener una imputación penal en contra de los señores ROBERTO PEDRO VALENCIA LASSO, ERASMO EDILMO MUÑOZ CEDEÑO, MANUEL DE JESÚS TAJU CASTILLO, GUILLERMO PUGA RODRÍGUEZ, LASTENIA CANTO DE FRANCO, FRANCISCO BRAVO ICAZA. Por tanto se confirma la medida de sobreseimiento provisional a favor de los mismos.

  2. DEL SEÑOR JUAN JOVANÉ EX DIRECTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.

    Como primer punto, es preciso señalar que es un hecho publico y notorio que el señor JUAN JOVANÉ DE PUY figura como candidato a la presidencia de la República, por la vía independiente. Como consecuencia de lo anterior, surge la necesidad de verificar lo concerniente al fuero electoral, al respecto el Código Electoral señala lo siguiente:

    "Artículo 143. Gozarán de fuero penal electoral, por lo que no podrán ser detenidos, arrestados o procesados sin autorización del Tribunal Electoral, excepto en caso de ?agrante delito, las siguientes personas:

    1.       Los funcionarios electorales, así como los representantes ante las corporaciones electorales de los partidos y de los candidatos de libre postulación, por el tiempo que ejerzan funciones durante el proceso electoral y hasta tres meses después del cierre de este.

    2. Los candidatos, los Presidentes y Vicepresidentes, Secretarios y Subsecretarios Generales de los partidos legalmente constituidos, desde la convocatoria a consultas populares y hasta tres meses después del cierre del proceso electoral.

    Las personas que ejerzan los cargos anteriores podrán renunciar expresamente al derecho consignado en este artículo. Se entiende por renuncia expresa al fuero penal electoral la manifestada por el interesado ante las autoridades, la cual será irrevocable."

    Profundizando acerca del fuero electoral, tenemos el Decreto 11 de 28 de abril de 2013, del Tribunal Electoral "Por el cual se reglamentan los fueros penal y laboral que consagra el Código Electoral".

    "Artículo 2: El fuero penal electoral es la garantía procesal que tienen las personas enunciadas en el artículo143 del Código Electoral, para que no puedan ser detenidas, arrestadas o procesadas en materia criminal, policiva o administrativa, sin que medie autorización expresa y previa del Tribunal Electoral, salvo en caso de flagrante delito.

    Para efectos de la Ley electoral, se entiende que una persona adquiere la condición de procesada desde el momento en que en una investigación surjan méritos para indagarla o llamarla a responder judicial, policiva o administrativamente."

    Artículo 3: El fuero penal electoral tendrá vigencia:

    1) Para los candidatos, Presidentes, Vicepresidentes, Secretarios y Subsecretarios Generales de los partidos legalmente constituidos: desde la convocatoria al proceso electoral respectivo y hasta 3 meses después de cerrado el proceso electoral.....

    Artículo 4: El fuero penal electoral se pierde en los siguientes casos:

    1)...

    2)...

    3)...

    4) Cuando el amparado no invoque en la primera comparecencia ante la autoridad, y en caso de los procesos en curso, cuando no lo alegue por escrito en el término de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que lo adquirió."

    De las normas antes citadas se extraen las siguientes conclusiones:

Primero

Al constituirse el señor JUAN JOVANÉ DE PUY en candidato presidencial independiente, se entiende que el mismo goza de fuero penal electoral de conformidad al artículo 143 del Código Electoral.

Segundo

Que el periodo en el cual se encuentra vigente el mismo se entiende fijado una vez se realiza la Convocatoria al proceso penal respectivo, que para el caso que nos ocupa, inició el 4 de diciembre de 2013, tal como se dispuso en el Decreto 7 de 13 de marzo de 2013 del Tribunal Electoral y hasta tres meses después de cerrado el proceso electoral.(Decreto 11 art.3.1)

Tercero

El artículo 4.4 el Decreto 11 de 2013 del Tribunal Electoral, señala como causa de pérdida del fuero electoral, cuando el amparado no lo invoque en la primera comparecencia ante la autoridad, y en caso los procesos en curso, cuando no lo alegue por escrito en el término de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que lo adquirió.

Cuarto

Para los efectos de la presente causa penal, el señor JUAN JOVANÉ DE PUY, no ha invocado el fuero penal electoral, aún a sabiendas que el mismo fue indagado y figura como imputado en la presente encuesta penal.

Como queda expuesto, es deber del amparado poner en conocimiento de la autoridad competente la garantía del fuero penal electoral, de lo contrario se produce la pérdida de la garantía, al respecto se ha pronunciado la jurisprudencia de la Corte Suprema veamos:

"... el Despacho advierte que el señor Rogelio Ramos rindió indagatoria el 24 de abril de 2008, dentro del proceso seguido en su contra por el delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio de Osvaldo Lorenzo Pérez (q.e.p.d.), tal como se señala en la diligencia de 10 de julio de 2008 (fs. 38-53), es decir, antes de candidatizarse como diputado, y a pesar de ello, esto es, después de haber sido postulado por el Partido Liberal al cargo de Diputado el 1 de septiembre de 2009, a pesar de tener conocimiento que gozaba de fuero electoral, no presentó su solicitud por escrito dentro del término que se establece en el cuarto párrafo del artículo 7 del Decreto 11 de 28 de abril de 2008, por lo que se entiende que renunció tácitamente al fuero electoral." (Fallo de 20 de enero de 2010)

De todo lo anterior se concluye, que la Sala se encuentra plenamente facultada para proceder al análisis de la situación jurídica del señor JUAN JOVANÉ DE PUY y emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda.

Una vez visto lo anterior, tenemos que el señor JUAN JOVANÉ DE PUY, al rendir sus descargos, manifestó que ocupó el cargo de Director de la Caja de Seguro Social en el periodo que va de 6 de octubre de 1999 al 9 de septiembre de 2003. En relación a los cargos que se le endilgaron, el señor JOVANE DE PUY señaló que aunque en la resolución indagatoria se indica que la materia prima fue adquirida el 21 de julio de 2003, la fecha de recepción del producto a partir de la cual se podía detectar la falla, se dio el 6 de noviembre de 2003 y que él solo ejerció el cargo hasta el 9 de septiembre de 2003, fecha en la cual fue removido del cargo.

Por otra parte, el señor JOVANÉ DE PUY añadió que nunca se emitió una resolución formal de la Junta Directiva, sobre la no compra de productos para el laboratorio, que si bien uno de los directivos insistió en tal sentido, nunca hubo una discusión completa o votación en ese servicio (sic), lo que quedó claramente establecido en el acta de la Junta Directiva Nº006-2003-JD de 16 de enero de 2003. En su defensa señala además que las disposiciones legales vigentes cuando ejercía el cargo de Director de la Caja de Seguro Social, no incluía en sus facultades cerrar el laboratorio, ya que solo dos instancias podían hacerlo, la Junta Directiva y el Ministerio de Salud por autoridad de su Ley. (fs.27,554-27,587-Tomo 58) (fs.27,874-27,898-Tomo 59)

En este sentido, el Ministerio Público, como base de su disconformidad, señala que el señor JUAN JOVANÉ DE PUY en su calidad de Director de la Caja de Seguro Social, era el representante legal de la institución y como tal, se encontraba en conocimiento de las malas condiciones de los laboratorios, por lo tanto le correspondía adoptar las medidas necesarias para evitar los hechos que desencadenaron en el envenenamiento masivo. Por tal motivo el mismo debe ser llamado a responder penalmente.

No obstante lo anterior, consideramos que en efecto, como señaló el Tribunal Superior, del análisis de las constancias probatorias, resulta como hecho innegable, que la presencia del señor JUAN JOVANÉ DE PUY frente a las riendas administrativas de la Caja de Seguro Social no coincide en tiempo con la fecha en la cual llegó el tóxico "Dietileneglicol" a los laboratorios de la Caja de Seguro Social. Ello se puede constatar a folios 766 Tomo 3 del expediente, donde consta el "acuse de recibo" de la Dirección Nacional de Compras y Abastos de la Caja de Seguro Social, de cuarenta y seis (46) tanques de plástico, por parte de la empresa GRUPO COMERCIAL MEDICOM,S.A., los cuales fueron entregados el 17 de octubre de 2003. Mientras que como se aprecia a folios 26,019 el señor JUAN JOVANÉ DE PUY fue separado de su cargo como Director de la Caja de Seguro Social el 10 de septiembre de 2003.

Adicionalmente a lo antes señalado y en torno a los cuestionamientos que se le realizaron con respecto a su gestión para efectos de establecer si el mismo le es atribuible responsabilidad por la situación en la que se encontraban los Laboratorios de Producción de la Caja de Seguro Social, tenemos que al momento de rendir sus descargos, el procesado señaló lo siguiente:

PREGUNTADO: Diga el indagado, en los descargos realizados por usted señaló...."pese al periodo que nos correspondió dirigir la Institución de la Caja de Seguro Social, operó en un ambiente crecientemente hostil por parte del gobierno de aquel entonces por una actitud también hostil por la Contraloría General de la República y una posición de quienes entonces dominaban la Junta Directiva. Se le pregunta a que se refiere usted, explique?

CONTESTÓ: Doy varios ejemplos. El presupuesto para el 2003 que presentamos en tiempo, que se presentó en tiempo a la Junta Directiva, que se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas, que no podían modificar porque la Ley dice que lo deben incluir en el presupuesto nacional, fue devuelto a la Junta Directiva, pese al opinión contraria de la entonces Procuradora de la Administración, lo que llevó a que nosotros objetáramos, pero sin embargo se aprobó. Nosotros insistimos que se presupuesto era inadecuado.

.....Además, sentimos que hubo mucha dilación en los refrendos de Contraloría sobre compras vitales, incluso en base a elementos que no tenían que ver con la Caja, como fueron los diferendos entre el Ministerio de Salud y la Contraloría en la aplicación de la Ley Nº1 de 2001 de medicamentos"(fs.27,878-Tomo 59)

En tal sentido, se observa pues entre los descargos que realiza el ex director de la Caja de Seguro Social, que las limitantes financieras que afrontó mientras estaba a cargo de la representación legal de la institución, lo restringían en cuanto a la ejecución de planes y proyectos.

Finalmente, en cuanto a lo señalado por el Ministerio Público acerca de que el director JOVANÉ no acató lo dispuesto por al Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en cuanto a la compra de insumos y materia prima, con un vistazo al Acta de Nº.006-2003-J.D., visible a folios 25,326-tomo 54, permite apreciar que en dicha acta si bien se hacen menciones y recomendaciones, para que no se dé la compra de materiales para el laboratorio, hasta nuevo aviso, no existe una resolución en firme de la junta directiva que ordene o señale la suspensión de los procesos de compras, ni que identifique la duración de dicha suspensión. Por otro lado, tal como se aprecia en los documentos relativos al proceso de compras, todas las actuaciones se hacían por delegación tal como lo permitía el Decreto Ley N ° 114 (de 27 de agosto de 1954) por el cual se modifica la ley 134 de 27 de abril de 1943, Orgánica de la Caja de Seguro Social y la Ley 56 de 1995, por la cual se regula la Contratación Pública y se dictan otras disposiciones.(fs.160-Tomo 1)

De todo lo antes señalado somos de la opinión que para el caso particular del señor JUAN JOVANÉ DE PUY, debe confirmarse el auto de sobreseimiento, tal como fue dispuesto por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

  1. DE LOS SEÑORES ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO Y ALEXANDER GEOVANNI DE SEDAS ORTIZ.

Respecto de los señores ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO, hermano del señor ANGEL DE LA CRUZ y el señor ALXANDER DE SEDAS ORTIZ, quien manifestó ser cuñado y a la vez compadre del señor ANGEL DE LA CRUZ, señala el recurrente que la conducta de estas personas va mas allá de la ostentación de un a cargo dentro de la Junta Directiva de la sociedad GRUPO COMERCIAL MEDICOM,S.A., ya que como se aprecia además de los lazos económicos, los unen lazos de familiaridad y parentesco, por tanto los mismos deben ser encausados en la presente encuesta penal.

En primer lugar, se puede apreciar que la vinculación de los sindicados antes mencionados, tal como lo señaló en su momento la Fiscalía Auxiliar de la República (Resolución de 18 de octubre de 2006), deviene del hecho que "desde el 4 de febrero de 2003, hasta la fecha, aparecen como Tesorero y Secretario de la Compañía GRUPO COMERCIAL MEDICOM,S.A., respectivamente, lo que constituye un fuerte indicio de participación delictiva, ya que ocupan cargos que tienen que ver con el giro comercial de la sociedad."(fs.573-Tomo 3)

En tal sentido, al momento de rendir sus descargos el señor ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO, señaló que tiene un negocio (fonda) en la Facultad de Administración de Empresa, donde se dedica a la venta de comida, con ingresos mensuales que ascienden a cuatrocientos (B/.400.00) balboas. Añade que su hermano le pidió que perteneciera a la Junta Directiva y que le diera la firma, por lo que cuando su hermano necesitaba una firma, el iba y firmaba o ANGEL también venía a su trabajo. De igual forma señaló que no recibió remuneración alguna por pertenecer a la junta directiva de GRUPO COMERCIAL MEDICOM,S.A.(fs.607-613-Tomo 3)

ALEXANDER GEOVANNI DE SEDAS ORTÍZ, por su parte, señaló que labora en el área de la construcción como reforzador, y que el señor ANGEL DE LA CRUZ, abrió una empresa que se llama MEDICOM,S.A.(sic) y le dijo que si lo podía ayudar como miembro de la empresa, pero solamente para las firmas o sea que "nunca me dio un real". Añade que le preguntó que si eso lo podría perjudicar en algo, pero ANGEL le dijo que no, que solamente era un requisito para abrir la empresa, de igual modo señala que nunca fue a las oficinas de la empresa, pero siempre le llevaban los papeles a su trabajo para firmar.(fs.13,033-13,045-Tomo 28) (fs.23,184-23,192-Tomo 49)

ANGEL ARIEL DE LA CRUZ SOTO, al rendir declaración indagatoria a folios 7964, señaló que sí conoce a ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO, que es su hermano mayor y que el mismo no tiene nada que ver con la parte comercial de MEDICOM, ya que solo figura en la escritura de la empresa como represente legal de la empresa. De igual modo, al ser preguntado por los salarios devengados por los miembros del GRUPO COMERCIAL MEDICOM,S.A., contestó que cuando tenía salario ganaba quinientos (B/.500), pero que los otros miembros nunca devengaron salarios.(fs.7964-7984-Tomo 19)

Una vez revisado lo anterior, consideramos que si bien la condición de los señores ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO y el señor ALEXANDER DE SEDAS ORTIZ, de formar parte de la junta directiva de la sociedad GRUPO COMERCIAL MEDICOM,S.A., al inicio de la investigación resultó suficiente para que el Fiscal dispusiera su apego al proceso, en esta etapa crucial en la que se analizan las pruebas que demuestran el hecho punible y aquellas en las que descansa la imputación (art.2221 Código Judicial), no resultan suficientes como para seguir causa criminal en contra de los señores ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO y ALEXANDER DE SEDAS ORTIZ, puesto que no se ha logrado demostrar que los mismos tuvieran injerencia alguna en las decisiones comerciales de la sociedad GRUPO COMERCIAL MEDICOM,S.A. Tampoco se ha acreditado que éstos percibieran emolumentos o salario como parte de la sociedad, así como se descarta que los mismos recibieran alguna bonificación o pago por los documentos que el señor ANGEL ARIEL DE LA CRUZ SOTO les llevaba de manera usual a sus respectivos trabajos para que firmaran. Tampoco es viable sostener una imputación de cargos, basados en el parentesco familiar de los sindicados con el señor ANGEL ARIEL DE LA CRUZ SOTO.

Por lo anteriormente expuesto, no resta más a esta Sala que confirmar el sobreseimiento provisional emitido por el Segundo Tribunal Superior, con respecto a los señores ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO y ALEXANDER DE SEDAS ORTIZ.

En lo concerniente a la señora ASCENCIÓN CRIADO MARTÍN, señala el Ministerio Público que fue la persona que tuvo conocimiento que el certificado de identificación de la materia prima no correspondía a un producto para consumo humano y tampoco era el producto solicitado, sin embargo lo envió a la República de Panamá, con lo cual posteriormente se fabricaron los medicamentos que resultaron ser contaminados con el tóxico dietileneglicol (TD GLICERINE), por lo que tal acción trajo como consecuencia la enfermedad y muerte de muchas personas.

A fin de determinar si existen pruebas que determinen una posible vinculación de la señora ASCENSIÓN CRIADO MARTÍN con los hechos que se discuten en la presente encuesta penal, consideramos necesario citar en primer lugar lo señalado por el señor ANGEL DE LA CRUZ quien expresó:

"PREGUNTADO: DIGA EL INDAGADO SI CONOCE LA EMPRESA RASFER INTERNACIONAL, S.A. DE BARCELONA ESPAÑA, DE SER ASÍ, POR QUÉ, EXPLIQUE?

CONTESTÓ: Si conozco, es una empresa que conocimos a través de su página web en internet le contactamos porque nos llamó la atención que esa compañía era una compañía que se dedicaba a la venta de medicamentos, creo que también en la fabricación de medicamentos, y a la venta de materia prima para la elaboración de medicamentos. Esta empresa nos llegó a hacer ofertas tanto en materia prima como de medicamentos. Tengo de conocerla de cuatro a cinco años más o menos.".............................................

"PREGUNTADO: DIGA EL INDAGADO, POR QUE RAZÓN LA DOCUMENTACIÓN QUE APARECE A FOJA 976, SEÑALA QUE SE ESTABA ENVIANDO GLICERINA, LOTE Nº03071601. MIENTRAS QUE EN LA PREDECLARACIÓN 0/19645103-50 DE 10 DE OCTUBRE DE 2003, SEÑALA Nº4-2904.45.00 GLICEROL, Y DEBAJO DE ESO INDICA "GLICERINA PURA", EXPLIQUE, VISIBLE A FOJA 975. SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE PUSO DE PRESENTE EL DOCUMENTO?

CONTESTÓ: Porque cuando se hizo la negociación con RASFER siempre se habló de GLICERINA PURA, prácticamente es eso. Cuando nos llega la documentación a través de internet tenemos todos los datos que nos esta llegando y es de allí donde sacamos la información, esta información va al corredor de aduana (fs.7,964-8,016)"

ASCENSIÓN CRIADO MARTÍN, al momento de responder al cuestionario que se le puso de presente por medio de Comisión Rogatoria Nº63/06 señaló lo siguiente:

"PREGUNTADO....para que diga, si la GLICERINA vendida a GRUPO COMERCIAL MEDICOM,S.A., era calidad USP o en su defecto, qué calidad mantenía dicho producto,

MANIFIESTA que no, se trataba de glicerina pura al 99.5%, calidad CP (GLICERINA CHINESSE PHARMACOPEIA)" (fs.14,950)

Luego de confrontar ambas deposiciones, se infiere que RASFER INTERNACIONAL, S.A., de Barcelona, no verificó la autenticidad, ni la calidad del producto enviado a la República de Panamá, ya que según la señora ASCENSIÓN CRIADO MARTÍN (Administradora Única de la Sociedad) (fs.14,956, 14,959 - Tomo 32), no era obligación de la empresa RASFER INTERNACIONAL. No obstante, una vista simple del certificado de análisis aportado en su defensa (fs.14,968 y 15,111), permiten apreciar que en todo momento se indica que el producto es TD Glicerol o Glicerine TD. Es decir, no se trata de Glicerina pura calidad CP (Glicerina Chinesse Pharmacopeia)

En este sentido, la Ley 1 de 10 de enero de 2001, Sobre Medicamentos y otros productos para la salud humana describe lo que se entiende por farmacopea.

" Capítulo II

Definiciones

Art. 3. (Definiciones). Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así:

1..........

36.Farmacopea. Normas técnicas y métodos recomendados para comprobar si las sustancias químicas, de uso medicinal, cumplen con sus especificaciones técnicas de calidad en sus formas puras farmacéuticas o sustancias auxiliares".(El resaltado es nuestro)

Igualmente, el artículo 26 de la citada norma establece cuáles son los estándares reconocidos y aplicables a los productos para obtener el registro sanitario.

"Artículo 29. (Referencias Aceptadas).

Las referencias, aceptadas por la Autoridad de Salud para la evaluación de los productos sujetos a Registro Sanitario, de acuerdo con esta Ley, serán las siguientes:

1.          La Farmacopea y el Formulario Nacional de Estados Unidos de América, en primera instancia.

2.          El Formulario Nacional Británico y las Farmacopeas Británica, Alemana, Francesa, Europea, Helvética y Japonesa, en caso de no aparecer en las obras señaladas en el numeral anterior.

3. Cualquier otra obra de prestigio nacional o internacional considerada relevante por la Autoridad de Salud." (El resaltado es nuestro)

Como queda visto, en materia farmacéutica nuestro país reconoce en primera instancia la farmacopea y el formulario Nacional de los Estados Unidos de América, las cuales son dictadas periódicamente por la Convención de Farmacopea de los Estados Unidos, que de acuerdo a la página web de USPharmacopeial Convention no es mas que "una organización independiente sin fines de lucro que establece estándares de calidad, pureza, identidad y potencia de medicamentos, ingredientes alimenticios y suplementos dietarios fabricados, distribuidos y consumidos en todo el mundo. La Administración de Drogas y Alimentos es el organismo encargado de hacer cumplir los estándares de fármacos de USP en los Estados Unidos, y estos estándares se desarrollan y aplican en más de 140 países en todo el mundo."[4]

De este modo, queda claro que cuando se habla de "Calidad USP" significa que el producto al que se hace referencia cumple los estándares de la farmacopea de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual es reconocida y aceptada por la regulación sanitaria nacional.

Este tema resulta de singular importancia, toda vez que tal como lo señala el Ministerio Público, en el registro mercantil de la sociedad se indica que "constituyen el objeto de la sociedad la importación, exportación, fabricación y transformación de productos químicos, farmacéuticos, cosméticos, veterinarios, alimentarios, plásticos, agrícolas y tensoactivos, y la representación de marcas, y productos relacionados con lo antes citado".(fs.14,960) Por lo que siendo conocedores de la materia farmacéutica, se encuentran en disposición y conocimiento de la terminología y los estándares de clasificación de los insumos farmacéuticos y de consumo humano, por lo que a nuestro entender no es dable aseverar que los productos remitidos poseían la farmacopea indicada.

Por otro lado, no podemos soslayar el hecho innegable, una vez creada la alerta por la intoxicación masiva de un grupo importante de personas, se realizaron los análisis correspondientes a cargo del Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología (INDISACAT), de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, concluyendo que la fuente de contaminación del jarabe Difenhidramina y del Expectorante sin azúcar que elaboró el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la Caja de Seguro Social, estaba en la "Glicerina" que obtuvo de la empresa GRUPO COMERCIAL MEDICOM,S.A., a través de la empresa RASFER INTERNACIONAL, la cual contenía un 24% de Dietilenglicol, y menos del 1% de glicerina.(fs.304-306-Tomo 1)

De todo lo anterior se colige, que existen los medios probatorios que sustentan una formal acusación en contra de la señora ASCENSIÓN CRIADO MARTÍN, como representante legal y Administradora única de la sociedad RASFER INTERNACIONAL, S.A., por el delito contra la seguridad colectiva, específicamente Contra la Salud Pública de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo V, Título VII, del Libro Segundo del Código Penal de 1982; toda vez que es a través de dicha empresa que se pone a disposición de GRUPO COMERCIAL MEDICOM, S.A. el material tóxico con el cual a la postre se produjeron los medicamentos.

Una vez realizado el análisis de los elementos probatorios a modo de conclusión podemos señalar que el auto ingresado en grado de apelación será reformado a fin de que se llame a comparecer en esta causa criminal a la señora ASCENSIÓN CRIADO MARTÍN.

Que los cargos por los cuales la señora CRIADO MARTÍN y los demás imputados están siendo llamados a juicio, son aquellos especificados en sus respectivas resoluciones indagatorias, es decir delitos Contra la Seguridad Colectiva, genéricamente descritos como Delitos Contra la Salud Pública (Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal).

También, se modifica lo dispuesto en cuanto a los querellantes, ya que los mismos son libres de ejercer el acceso a la justicia sin mayores formalidades, y por tanto no podrá el Tribunal designar un solo representante de la querella, si las víctimas no lo han designado en común acuerdo. No obstante, sí consideramos pertinente que al momento de realizarse el acto de audiencia dentro de la presente causa penal, se designe un solo querellante o un grupo que los represente ya que como se ha indicado, ello redundará en la calidad y la celeridad de la audiencia.

Se confirma el sobreseimiento provisional dictado a favor de Alejandro De Cruz Soto, Alexander Geovanni De Sedas Ortíz, Rolando Javier Villalaz Guerra, Juan Antonio Jované De Puy, Roberto Pedro Valencia Lasso, Erasmo Edilmo Muñoz Cedeño, Manuel De Jesús Taju Castillo, Guillermo Puga Rodríguez, Lastenia Canto de Franco, Francisco Bravo Icaza, José Agustín Preciado Miró.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA el Auto 1era. 10 de 10 de enero de 2012, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido de sentido de ABRIR CAUSA CRIMINAL contra ASCENSIÓN CRIADO MARTÍN, mujer de nacionalidad española, casada, con documento de identidad número 40.945.571-M, nacida en Chauchina (Granada) el 14 de septiembre de 1951, hija de JUAN y AMELIA, con domicilio en calle Gelabert, 28-30, sobreático de Barcelona (España) y demás generales conocidas en autos; como presunta infractora de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, Título VII, del Libro Segundo del Código Penal de 1982.

De conformidad a la parte motiva del fallo, entiéndase que tanto la señora ASCENSIÓN CRIADO MARTÍN, como los otros procesados que fueron llamados a responder criminalmente en este proceso, lo harán por los delitos Contra la Seguridad Colectiva, específicamente las conductas penales Contra la Salud Pública contenidas en el Capítulo V, Título VII, del Libro Segundo del Código Penal de 1982, por los cuales el Ministerio Público le formuló cargos correspondientes.

Con respecto a los querellantes, no están compelidos a escoger de común acuerdo un representante; a fin de que los represente, no obstante, los exhortamos que en el momento de celebrarse el acto de audiencia lo hagan, teniendo en cuenta como ya se ha dicho la complejidad del caso, y tomando en consideración que lo se trata es de evitar futuras complicaciones que dilaten o puedan mermar en la calidad del juicio.

Se CONFIRMA el sobreseimiento dictado a favor de Alejandro De Cruz Soto, Alexander Geovanni De Sedas Ortíz, Rolando Javier Villalaz Guerra, Juan Antonio Jované De Puy, Roberto Pedro Valencia Lasso, Erasmo Edilmo Muñoz Cedeño, Manuel De Jesús Taju Castillo, Guillermo Puga Rodríguez, Lastenia Canto de Franco, Francisco Bravo Icaza, José Agustín Preciado Miro.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

 

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

VICTOR L. BENAVIDES P -- ALEJANDRO MONCADA LUNA

JOSE ISRAEL CORREA GARCIA (Secretario)

[1] DURLING, Virginia Arango, CUESTIONES ESENCIALES SOBRE LA CULPABILIDAD.. Panamá: Ediciones Panamá Viejo, 2006.pag.46

[2] MEINI, Iván. Teoría del Delito en el Sistema Acusatorio Panameño. Editora Novo Art, S.A.,Panamá.2012, pag.124

[3] ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General. Cárdenas Editor y Distribuidor, México 1991. Pag.485-486

[4]Acerca de USP. (n.f.). Recuperada Enero 31, 2014, de http://http://www.usp.org/es/usp