Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 27 de Agosto de 2014

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución:27 de Agosto de 2014
Emisor:Segunda de lo Penal
 
CONTENIDO

VISTOS: Ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, contra el Auto 1era. I.. Nº 33 de 27 de febrero de 2013, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por medio del cual se dictó un auto de sobreseimiento definitivo a favor del señor A.A.R., sindicado por supuesto delito de Homicidio doloso en perjuicio del señor J.O.C. (Q.E.P.D.). AUTO APELADO La resolución impugnada proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, luego de analizar el caudal probatorio se fundamenta en lo siguiente: "En razón de lo anterior, analizando las circunstancias que rodean el hecho, dan lugar a entender que nos encontramos ante una de las posibles causas de justificación penal y eximentes de culpabilidad, contenidas en la normativa vigente contenidas en el Capítulo IV y VI, Título II, Libro I del Código, específicamente el artículo 31 y 42 numeral 2, de la excerta legal citada, ello en razón de que los agentes policiales están investidos del deber legal y constitucional de conservar el orden público y la protección a la ciudadanía en su vida y honra y en sus bienes, por tanto la lesión del hoy occiso se justifican en la medida que los agentes policiales realizaban el cumplimiento de un deber, que es el de preservar la paz y el sosiego de la sociedad del área donde se encontraban, habida cuenta que éstos solicitaron al hoy occiso que se detuviera y éste no lo hizo, haciendo caso omiso al llamado de "Alto Policía", con la agravante que realizó un intercambio de disparos con los miembros de la policía, llevando la peor parte. De igual forma en cuanto a la existencia de una amenaza por parte del occiso, en contra de los agentes policiales se demuestra mediante los disparos realizados con arma de fuego; por ello es entendible que el agente de la policía que realizó los disparos, lo hizo en atención a que el hoy occiso, hizo caso omiso a la advertencia de "Alto Policía" y siguió haciendo los disparos; resultando en esos momentos una amenaza grave para los agentes policiales, lo que se corroboró con la existencia del arma de fuego, que resultó ser un revolver calibre 38, cañón largo reforzado, marca A.R., serie J443122, con cinco (5) casquillos detonados, el cual fue ubicado a lado del occiso En base a tales consideraciones, lo procedente en derecho es emitir auto de sobreseimiento definitivo a favor del prenombrado A.A.R., con fundamento en lo normado en el artículo 2207, numeral 3 del Código Judicial". DISCONFORMIDAD DEL APELANTE La representante del Ministerio Público en escrito de apelación mostró su disconformidad con el auto apelado, señalando que si bien es cierto se recolectó un arma de fuego, marca A.R. contiguo al cadáver de la víctima, que contenía cinco (5) casquillos de proyectil balístico en su interior, debe tenerse claro que la experticia balística sólo determina si el arma es idónea para producir disparos, que los casquillos encontrados dentro del arma fueron percutados por ésta, mas no es posible determinar la fecha o momento en que se efectuaron estos disparos. Indica que esto debe ser confrontado con el resultado del Análisis de Residuos de Disparos de las muestras tomadas de las mano del adolescente J.O.C., ya que se obtuvo resultados "Negativos" a la presencia de algún componente de pólvora. (fs.7-8, 16-17, 126-128, 168-172) De igual forma, añade que resulta poco equiparado si comparamos que según las narraciones de los hechos, los disparos entre el señor J.O. (q.e.p.d.) y el señor A.R. se producen frente a frente, logrando impactar en el cuerpo del hoy occiso cinco (5) de seis (6) disparos efectuados por el miembro del orden público, que van desde el tercio medial de la pierna izquierda hasta cerca de la sien; mientras el arma de fuego, aparentemente portada por la víctima, no hubo impacto en el cuerpo de los señores R. y PALACIOS, además, no recuperaron proyectil alguno de la escena. A la vez, considera que debe valorarse que el señor A.P. es su compañero y por la situación, tiene interés en faltar a la verdad. Durante la Diligencia de Inspección Ocular y Reconstrucción de los Hechos, el testigo A.P. recreó que al momento de disparar, la víctima tenía agarrada el arma de fuego con su mano derecha, por lo que tomando en consideración que era diestro, en mecánica de movimiento y en función de la posición de los miembros superiores que se describe en la Diligencia de Levantamiento del Cadáver y fotografías de la escena, resulta extraña la posición izquierda al cadáver, en que fue encontrada por los peritos el arma de fuego. (fs.220) Estima que no se ha evaluado lo expuesto por los investigadores judiciales, L.A. y D.H., en su informe de investigación, fechado 18 de abril de 2010, donde exponen que este hecho de sangre se originó cuando los miembros del orden público le daban persecución a dos (2) sujetos, que al darles la voz de alto hicieron caso omiso y que ambos empezaron a dispararles, por lo que respondieron a los disparos logrando impactar a uno de estos sujetos, mientras que el otro sujeto se metió por un callejón, huyendo del lugar, lo que contradice abiertamente con lo vertido por el imputado y su compañero (fs.31-33). Discrepa del criterio del tribunal en cuanto a que nos encontramos ante una de las posibles causas de justificación ya que las pruebas científicas, el informe de los investigadores judiciales de la División de Homicidios y la declaración jurada de uno de ellos, el señor L.A. DE LA LASTRA, se demuestra que no hubo tal amenaza de vida que se excepciona, ni la cantidad de disparos en la víctima, independientemente del orden en que se produjeron, revelan de forma independiente que ya se había reducido al supuesto atacante." Señala además que todo delito se constituye de una acción típica, antijurídica y culpable; sin embargo, la juzgadora no ha demostrado la antijuridicidad, y mas aún, se observa en el auto cuestionado, que la juzgadora duda de la culpabilidad al señalar que nos encontramos ante una de las posibles causas de justificación. Finalmente, estima, que la jueza equivoca el momento procesal de revisar si existe o no una eximente de culpabilidad, ya que en nuestro sistema inquisitivo, corresponde al juicio oral, en estos casos juzgados por Jurado. Que tratándose de un juicio en derecho es en la fase final del juicio de reproche, que se examina la culpabilidad y sus eximentes. Por tal motivo, solicita revocar el auto impugnado y en su defecto dictar un auto de apertura de causa criminal contra el imputado A.A.R., por el delito de homicidio doloso cometido en perjuicio del señor J.O.C. (q.e.p.d.) FUNDAMENTOS DE LA SALA La Sala entra a resolver la alzada sólo sobre los puntos censurados en el escrito de apelación, según lo normado en el artículo 2424 del Código Judicial, no sin antes revisar las principales piezas probatorias insertas en autos, a efectos de comprobar si le asiste razón o no al recurrente. Tal como viene expuesto, se observa que la recurrente discrepa del criterio del Tribunal Superior que al momento de calificar la fase intermedia, consideró dictar un sobreseimiento definitivo a favor del señor A.A.R., por encontrarse ante una de las posibles causas de justificación penal y eximentes de responsabilidad. En este sentido, la Sala estima que en el presente caso se encuentran debidamente acreditados los hechos que configuran el tipo penal de Homicidio doloso, lo que se tiene por probado con la Diligencia de Inspección Ocular, Reconocimiento y Levantamiento del Cadáver de J.O.C. (q.e.p.d.) (fs.4-6) Además, consta el Protocolo de Necropsia elaborado por la Doctora Yarianis Góndola, Médico Forense del I.ituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se deja constancia de muerte del señor J.E.C.O., a consecuencia de 1. Shock hemorrágico, 2.-Perforación pulmonar, 3.-Herida perforante por proyectil de arma de fuego en tórax. En las consideraciones médico legales se estableció "Se trata del cadáver de un varón adolescente, que presenta cinco (5) heridas por proyectil de arma de fuego en su anatomía. La herida descrita como "B" penetra la cavidad torácica y lesiona estructura vital (pulmón izquierdo) causando una pérdida masiva de sangre como causa principal del deceso. Esta herida es considerada mortal de por sí"(fs.44-47) De igual modo, consta en el proceso el Certificado de Defunción del señor J.E.O.C. (q.e.p.d).(fs.58) Ahora bien, en cuanto al aspecto subjetivo, para determinar la vinculación de la persona o personas responsables de este ilícito, se tiene el Informe de Novedad de fecha 18 de abril de 2010, suscrito por el Cabo 2do. De la Policía Nacional A.A.R., en el cual señala que se encontraba de servicio en ronda a pie, cubriendo la ruta de la terminal de buses de Colón (Calle 13 y Avenida Bolívar) en compañía del agente 10899 Á.P., cuando lograron escuchar varias detonaciones, por lo que al informar al radio operador de turno, este les indicó que avanzaran a verificar la novedad. Señala que al estar frente al taller de llantas ubicado entre las calles descritas, se encontraron con un sujeto que se movilizaba en precipitada fuga, por lo que inmediatamente dieron la voz de "Alto Policía", no obstante, éste hizo caso omiso, giró su cuerpo quedando frente hacia su persona y procedió a efectuarles aproximadamente cinco (5) detonaciones, hacia donde se encontraba con él agente 10899 Á.P., razón por la cual, ante la situación de peligro tuvo que utilizar su arma de reglamento, como lo faculta la Ley Orgánica de la Policía Nacional, efectuando cinco (5) disparos, ya que su vida y la de su compañero se encontraban en peligro, siendo necesario repeler la agresión.(fs.16) Una vez realizado un examen de las pruebas insertas en el presente proceso, esta Sala estima necesario establecer ciertas precisiones, iniciando primordialmente por señalar que contrario a lo señalado por el recurrente, las pruebas que reposan en el infolio penal no hacen mas que corroborar que el señor A.A.R., no tuvo la intención o voluntad de causarle la muerte al hoy occiso, es decir, que no premeditó esa situación simplemente actuó en cumplimiento del deber como miembro de la Policía Nacional, razón por la cual queda evidenciada su acción por la necesidad expresa de salvaguardar su vida y la del conglomerado social, tal cual como lo citan los Artículos 31 y 32 del Texto Único del Código Penal: "ARTICULO 19: No comete delito quien obre en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de un derecho" "ARTICULO 21: No comete delito quien obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos siempre que concúrranlos requisitos siguientes: 1. Agresión injusta, actual o inminente del que resulte afectado por el hecho; 2. Medio Racional para impedir o repeler la agresión; 3. Imposibilidad de evitarla o eludirla de otra manera; y 4. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende." El cumplimiento del deber legal, trae consigo una serie de riesgos y responsabilidades en los cuales se ven involucrados todos aquellos que tienen como deber primordial salvaguardar la seguridad de los bienes jurídicos tutelados por ley penal. Como prueba de lo anterior, no solo se cuenta con las declaraciones de A.R. y A.P., sino que además, constan las pruebas periciales que en efecto indican que el arma de fuego tipo revólver, calibre .38 SPL, marca AMADEO ROSSI, modelo 851, serie J443122 (Evidencia -1), encontrada al señor J.O.C. (q.e.p.d) fue percutada. Por otra parte, contrario a lo señalado por el recurrente, el Informe de Criminalística de Campo, revela que las muestras para determinar los componentes de residuos de disparos, tanto al occiso J.O.C., como a los señores A.R. y A.P., fueron tomadas en el lugar de los hechos.(fs. 117-120). De igual modo, tenemos que ciertamente los agentes de criminalística D.H. y L.A. indicaron haber escuchado la versión de los uniformados en cuanto que se trataba de dos personas, no es menos cierto que en todo momento, y desde que se dan los hechos, los agentes policiales consignaron que fue un (1) sujeto quien al escuchar la voz de "alto policía" hizo caso omiso, procediendo a detonar el arma que llevaba contra ellos. En este mismo sentido, se observa que la conducta del Cabo 2do. R. se enmarca dentro de los parámetros que señala la Ley No. 18 del 3 de junio de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, que establece el procedimiento del uso de la fuerza para la Policía Nacional, de manera especial el contenido del Artículo 32 indica cuando un agente policial puede hacer uso de la fuerza letal, veámos: "Artículo 32. El policía sólo podrá hacer uso de la fuerza letal en las siguientes situaciones: 1. Cuando considere, de manera racional, que el uso de la fuerza es necesaria para: a. La defensa de la vida e integridad personal de terceros. b. La defensa de su vida e integridad personal. 2. En contra de un delincuente o presunto delincuente en fuga, sólo cuando se tenga pleno conocimiento de que el sujeto está armado, o haya demostrado, mediante sus actos, tal peligrosidad, que de no impedirse su fuga, se crea un peligro inmediato para la vida e integridad corporal del policía y de los demás miembros de la comunidad...." La Sala estima necesario además, realizar el análisis de cada uno de los supuestos en los que se configura la legítima defensa. 1. Agresión injusta, actual o inminente del que resulte afectado por el hecho Con relación a este requisito, la doctrina sostiene que: "...esta agresión debe ser injusta, es decir, antijurídica, lo cual es indicativo de que debe darse una "efectiva puesta en peligro de bienes jurídicos defendibles, que con la agresión esté en verdadero riesgo inminente de ser lesionado"(M.C., F., "Teoría General del Delito", E.orial T., Bogotá, 1990). La jurisprudencia se ha pronunciado de la siguiente forma en cuanto a la existencia de una agresión por parte de quien resulta perjudicado por la acción defensiva "...Igualmente debe tratarse de una agresión actual o al menos inminente; quiere decir esto que debe materializarse inmediatamente y subsistir hasta tanto quien se defiende reaccione y actúe o que ha de materializarse en poco tiempo. (Fallo de 7 de agosto de 1992; R.J.A. de 1992, página 11) En tal sentido, se cuenta con la declaración jurada rendida por el señor ÁNGEL A.P.R., Agente Nº 10899 de la Policía Nacional, quien con respecto a los hechos señaló: "Aproximadamente a las doce y diez minutos de la madrugada del 18 de abril del presente año, me encontraba de turno en la terminal de bus en calle 13, avenida Bolívar, cuando se escucharon unas detonaciones, entre calle 12 y 13, avenida A.G., inmediatamente informó al radio operador de turno, que se habían escuchado detonaciones en ese sector, el radio operador nos informa que avancemos al lugar a verificar la situación, al llegar a las calles 12 y 13 A.G., mi compañero el cabo segundo A.R. 19695, observó a un sujeto que venía en precipitada fuga con un arma de fuego en la mano, mi compañero le dio la voz de alto policía, pero dicho sujeto hace caso omiso, inmediatamente gira su cuerpo hacía mí compañero R. y de mi persona, en esos momentos yo venía detrás de mi compañero R.; al ver la amenaza de gravedad en que nos encontrábamos, R. tuvo que utilizar su arma de reglamento, para reducir la amenaza, allí se dio el cruce de disparos entre el sujeto y el cabo R.."(fs.19-23). De igual modo, rinde declaración jurada el señor A.A.R., quien ratificó lo señalado en el informe de novedad de su autoría, y amplió lo dicho, indicando que la visibilidad del lugar aunque no era tan claro, se podía visualizar y que no tiene conocimiento que otra persona fuera testigo del hecho.(fs.24-29). Las constancias probatorias confirman que se acredita que el procesado sufrió una agresión injusta frente a la cual se produjo una acción defensiva, ya que en principio hubo provocación por parte del hoy occiso hacia los agentes de la ley 2. Medio racional para impedir o repeler la agresión Según la doctrina, la racionalidad guarda relación con los medios de que disponga el agredido. Si puede optar entre varios diversamente gravosos para el atacante, ha de elegir aquel que permita repeler o impedir la agresión con el menor daño del injusto agresor.(R.D., J.M.. Derecho Penal Español. Parte General. XIII Edición. Revisada y puesta al día por A.S.G.. E.. D.. Madrid. 1990. pág. 563). En ese orden de ideas, la doctrina ha señalado que deben concurrir de dos extremos distintos: la necesidad de defensa, y la racionalidad del medio empleado que exige la proporcionalidad tanto en la especie como en la medida de los medios empleados para repeler la agresión (M.C., F.. Teoría del Delito. Segunda Edición. E.orial T., Bogotá. 1999. p.79). La jurisprudencia de la Sala anota sobre la racionalidad del medio que se utilice para repeler o eludir la agresión que "por medio racional ha de entenderse aquel que es evidentemente menos grave o dañoso para el agresor, entre todos aquellos de los cuales dispone el sujeto que se defiende." (Fallo de 7 de agosto de 1992; R.J.A. de 1992, página 11). Como se puede apreciar, en el contexto descrito en las pruebas que reposan en el expediente, que el señor A.R. utilizó un medio racional, ordenando el "alto policía", para luego utilizar el arma de fuego de reglamento, tomando en cuenta que el sospechoso procedió a efectuarle dispararos a él y su compañero, haciendo caso omiso a la autoridad. 3. Imposibilidad de evitarla o eludirla de otra manera La doctrina destaca que la acción defensiva es necesaria en sus medios, cuando el atacado estaba en imposibilidad relativa de acudir a medios menos vulnerantes que los desplegados efectivamente. (G.L., ORLANDO. Legítima defensa. E.. T.. Bogotá. 1991. p.267). La jurisprudencia por su parte sostiene que la necesidad de la defensa o imposibilidad de evitar o eludir la agresión de otra manera supone que quien se defiende lo hace con tal intención, por no haber otra forma o vía para escapar de la agresión de la cual es objeto (Fallo de 7 de agosto de 1992; R.J.A., 1992, pág. 11). Como ya se ha indicado, al referirnos a las circunstancias relativas a la agresión injusta e inminente permiten deducir que la intención del procesado, además del cumplimiento de un deber legal, era la de defenderse ante las agresiones del hoy occiso quien efectuaba disparos mientras los agentes policiales R. Y PALACIOS procedían a perseguirlo. Esta conclusión se desprende de los descargos del señor A.A.R. en torno a los hechos investigados, versión que ha resultado invariable desde sus primeras declaraciones (fs.148 a 152). Aunado a lo anterior, consideramos que no resulta viable sostener, como lo hace el recurrente, que los agentes policiales tienen la intención de faltar a la verdad, y menos sí solo se argumenta en ese sentido y no se señalan las pruebas. En fin, este conjunto de elementos permite determinar que concurre el requisito que se refiere a la imposibilidad de evitar o eludir de otra manera, la agresión de la cual estaba siendo objeto. 4. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. La jurisprudencia señala en lo referente a la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, que "significa esto que, si bien la persona que se defiende pudo haber incurrido en acciones de provocación, debe existir proporcionalidad entre las acciones y la respuesta, de manera que si ellas no revisten una importancia tal que justifique la agresión, no opera la excepción de legítima defensa". (Fallo de 7 de agosto de 1992; R.J.A. de 1992, página 11). Tanto el hoy imputado A.A.R., como su compañero, el A.Á.P. fueron contestes en señalar que "el sujeto avanzaba en precipitada fuga, por lo que se le dio la voz de "alto policía", no obstante este hizo caso omiso, giró su cuerpo quedando de frente y efectuó aproximadamente cinco (5) detonaciones". En conclusión, no se observa dentro del expediente ningún elemento probatorio que indique que el cabo 2do A.R. realizó alguna conducta previa que ocasionara o provocara el hecho punible. La declaración de su compañero A.P. acreditan que el imputado solamente cumplió con su deber como miembro de la Fuerza Pública con el propósito de indagar al sospechoso quien portaba un arma de fuego y efectuó disparos en el área bajo su responsabilidad. En ese orden de ideas, esta Superioridad comparte la medida adoptada por el Tribunal Superior, respecto a la situación procesal del cabo 2do A.R., y concluye que su actuación encuentra amparo jurídico en la excepción de Legítima Defensa y Cumplimiento De Un Deber Legal, ya que el relato del sindicado en ningún momento ha revelado variaciones o dudas que lo debiliten y su versión es corroborada por las declaraciones de los testigos del hecho y por el informe de balística Procedente de la Sección de Balística Forense del I.ituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fs.168 -172). Finalmente, resulta preciso señalar que el análisis realizado supone, como ya lo hemos indicado que se encuentra acreditada una causa de justificación, con lo cual se produce la antijuridicidad del hecho, requisito sine qua nonde todo delito. Recordemos que el delito se define como (acción, típica, antijurídica y culpable), por tanto, desde el momento que el Juez califica el mérito del sumario y encuentra probada la misma debe proceder a pronunciarse, ya que de lo contrario no estaríamos en presencia de un delito que juzgar y así lo ha demostrado la jurisprudencia de la Sala: "De consiguiente, para la doctrina y lógicamente en nuestro Derecho Penal Positivo, la antijuridicidad es uno de los elementos necesarios para que exista el delito como tal. De modo tal, que si se comprueba que una acción es típica pero no antijurídica (acción contraria a derecho, desvalor de una conducta típica cuando lesiona o pone en peligro sin justificación jurídicamente atendible, el interés legalmente tutelado) no existirá delito." (Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 20 de Enero de 2003). En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala confirma el auto ingresado en grado de apelación. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el Auto 1ra. I.. Nº 33 de 27 de febrero de dos mil trece (2013), proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. Notifíquese Y Devuélvase, HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ LUIS MARIO CARRASCO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS JOSE ISRAEL CORREA GARCIA (Secretario)