Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Agosto de 2014

PonenteWilfredo Sáenz Fernández
Fecha de Resolución13 de Agosto de 2014
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Conoce la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia, los Recursos de Casación formalizados por los licenciadosJavier A.Q.R., defensor técnico de los señores M.Á.A.G., J.A.N.C. y D.I.Q.M.; T.L.Á., a favor de la señora M.E.H.C. de P.,y A.V.M.M., en representación del señor J.A.G.F., todos contra la Sentencia No.14/2013 de 26 de junio de 2013, proferida por el Tribunal de Juicio de la provincia de Coclé, mediante la cual resultaron condenados los señores G.F. y A.G. a la pena principal de treinta y ocho (38) años de prisión y como pena accesoria la prohibición de portar armas por el período de cinco (5) años; el señor N.C. fue condenado a la pena de cuarenta y un (41) años y tres (3) meses de prisión y como pena accesoria la prohibición de portar armas, por el término de cinco (5) años; y las señoras Q.M. y H.C. de P. a la pena de treinta y tres (33) años de prisión y como pena accesoria la prohibición de portar armas por un término de cinco (5) años, por los delitos de Homicidio Doloso Agravado Consumado y Asociación Ilícita para D.A., en perjuicio del L.. D.F.J. (q.e.p.d.). A través de la Resolución de fecha 25 de marzo de 2014, el despacho sustanciador resolvió la admisibilidad definitiva de los recursos promovidos por los activadores judiciales y mediante providencia de 8 de mayo de 2014, la Oficina Judicial fijó audiencia de sustentación de los recursos para el día 10 de junio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Código Procesal Penal. Surtido el acto de audiencia oral, donde los casacionistas sustentaron sus respectivos recursos y las contrapartes presentaron sus alegaciones, corresponde a la S. pronunciarse sobre la pretensión procesal esbozada por los recurrentes. - RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR EL LICENCIADO J.A.Q.R., A FAVOR DE LOS SEÑORES MIGUEL ÁNGEL ARNER, J.A.N.C. Y DESHY IVETH QUIRÓS MATAL: Los tres (3) recursos son similares en su redacción y contenido, y según las constancias en audio y video el licenciado Q.R., realizó un sólo alegato para sus tres (3) representados, por tanto esta colegiatura procederá a realizar el análisis de dichos libelos de manera conjunta. La única causal invocada corresponde a: "Se hubieran infringido las garantías del debido proceso", contenida en el numeral 2° del artículo 181 de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, la cual viene sustentada en once (11) motivos. Estos once motivos pueden resumirse en dos grandes temas, tal como el propio recurrente adelantó. En primer lugar, en el acto de Audiencia el accionante planteó la supuesta violación del principio de congruencia, en tres momentos distintos, a saber: en la audiencia de formulación de la imputación, en la fase intermedia y en la sentencia. En segundo lugar expuso sobre la ocultación de la identidad del testigo de identidad protegida, su juramentación y testimonio, de acuerdo con su criterio fue violado el debido proceso, el derecho al juez natural, el derecho a la defensa y contradicción. Como disposiciones legales infringidas, el recurrente citó los artículos 340, 280, 428, 43, 279, 394,389, 199, 381, 377 y 404 del Código Procesal Penal, así como el artículo 32 de la Constitución Política de la República. Por lo anterior, el licenciado Q.R., solicitó se case la sentencia, anulando el juicio y retrotrayendo el proceso a la fase intermedia. De igual manera, solicitó el cambio de jurisdicción. Oponiéndose a los planteamientos del letrado, el F.R.M.O., en representación del Ministerio Público, partó delimitando el alcance del Recurso de Casación, el cual estima, solo permite reclamar aspectos o situaciones acontecidas en la fase de juicio y no de la fase intermedia como solicitó el casacionista. Según el F., el casacionista tuvo los medios para objetar las decisiones de las fases anteriores al juicio y, en cuanto a la acusación, manifestó que en la respectiva audiencia, la defensa no presentó objeción sobre los hechos de la acusación, sino únicamente presentó su disconformidad con relación a los grados de participación de los imputados. En cuanto a la identidad del testigo de identidad protegida, afirmó el F., todas las partes intervinientes conocían la identidad del mismo desde el inicio del proceso. Finalmente, el señor F. solicita no sea casada la sentencia, pues la acusación es totalmente congruente con la imputación y, respecto a la identidad del testigo de identidad protegida, la misma era conocida por las partes. Por su parte el licenciado A.F.R., apoderado judicial de la querella, solicitó en el acto de audiencia la no anulación de la sentencia recurrida y se mantenga en todas sus partes, al no existir vulneración de las normas citadas por el recurrente. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN Conocidos los argumentos de las partes intervinientes, procede la S. a resolver el fondo de la pretensión del licenciado J.A.Q.R.. Como cuestión preliminar y, respecto al alcance del recurso de casación penal, nos remitimos al contenido del artículo 181 del Código Procesal Penal, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 181. Causal del recurso de Casación. Procederá el recurso de casación contra las sentencias dictadas por el Tribunal de Juicio cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia: 1. Se hubieran infringido intereses, derechos o garantías previstos en la Constitución Política o en los tratados y convenios internacionales ratificados en la República de Panamá y contenidas en la ley. 2. Se hubieran infringido las garantías del debido proceso. 3. En el pronunciamiento de la sentencia, se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho, por una interpretación errada o por una indebida aplicación o por violación directa de la ley". A partir de esta norma, debe entenderse el recurso de casación penal en el nuevo sistema penal acusatorio, como una herramienta para la efectiva protección de los derechos fundamentales, durante cualquier fase del proceso penal. Tal situación conlleva orientar este recurso en una dirección radicalmente garantista y protectora de los derechos fundamentales de las partes intervinientes en el proceso; pues en la lógica del Sistema Procesal Penal Acusatorio, este recurso permite al Tribunal de Casación, de estimar comprobada la violación de derechos consagrados en la Constitución en cualquier fase del procedimiento, entonces, como garante de la tutela de los derechos constitucionales, anular lo indebidamente actuado y remediar la fractura del derecho Constitucional. El literal h del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos ( aprobada mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1977 e integra el bloque de la constitucionalidad), establece como garantía judicial, el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar este artículo, en reiterados fallos ha señalado la importancia de contar con un recurso efectivamente amplio y eficaz para tutelar los derechos de las personas procesadas. Ahora bien, con relación al recurso bajo estudio, según el recurrente, la F.ía de la causa adujo en la acusación un hecho no incluido en la imputación, específicamente, el supuesto móvil de la comisión del delito de Homicidio Doloso del señor D.F. (q.e.p.d.), por las denuncias presentadas por él sobre hechos relacionados con el apoderamiento fraudulento de tierras. De igual forma, cuestionó la aplicación de la figura delictiva de Asociación Ilícita, por cuanto sus representados fueron condenados por este hecho punible, sin haber sido fácticamente explicado por la F.ía. A criterio de la S., el principio de congruencia constituye una garantía derivada del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política y, su finalidad es asegurar que el sujeto pasivo de la acción penal si hay lugar a ello, sea condenado por los mismos cargos por los que se le acusó, sin lugar a imputaciones frente a las cuales no tuvo oportunidad de ejercer el derecho a la contradicción. En ese sentido, formulación de la imputación como un acto de mera comunicación, permite a la F.ía de la Causa, poner en conocimiento a un ciudadano la situación de investigado por su posible participación en un delito y por consiguiente, su calidad de imputado. La naturaleza jurídica de la formulación de imputación permite la comunicación de un cargo y otorgar al ciudadano la oportunidad de defenderse y, es a partir de ese momento cuando inicia formalmente la investigación y comienzan a contarse los plazos previstos en los artículos 291 y 292 del Código Procesal Penal. Por tanto, mal puede aseverar el casacionista la infracción al principio de congruencia, pues la audiencia de formulación de la imputación, como ya se dijo, es un simple acto de comunicación donde no hay debate. Naturalmente, durante el plazo de investigación, por su carácter evolutivo, podríamos encontrarnos ante el hallazgo de nuevos elementos dando lugar a variaciones en la calificación inicial de los hechos. Igualmente, con base en nuevas valoraciones de la información obrante en la actuación, y por motivo del respeto al principio de legalidad, el fiscal podrá calificar de manera diferente los hechos al formular acusación, variando la adecuación típica comunicada en la audiencia de imputación. Lo importante es la comunicación hecha al o los imputados, sobre la existencia de una investigación en contra de "varios" por el homicidio del señor D.F. (q.e.p.d.), de allí que en el futuro el fiscal valore la pluralidad de actores, esté en capacidad de determinar que hubo un concierto de voluntades para llevar adelante actos criminales, lo cuál en su momento luego de la imputación, dio lugar a la acusación por el delito de asociación ilícita. En virtud de lo anterior, respecto a la acusación por el delito de Asociación Ilícita, es claro no haberse producido violación al principio de congruencia con relación a la audiencia de formulación de la imputación; por cuanto, solo es una comunicación a un ciudadano sobre el inicio de una investigación por determinados hechos. En efecto, observa la S., el Ministerio Público le manifestó claramente a los imputados sobre su presunta participación como miembros de una organización criminal dedicada al apoderamiento fraudulento de tierras, (situación que fuera denunciada por el hoy occiso), siendo así, existía concierto de voluntades de tres o más personas para cometer delitos. Partiendo de tal situación, ello nos lleva a otro reclamo del casacionista, pues de conformidad con el artículo 43 del Código Procesal Penal, la competencia del Tribunal de Jurados, queda automáticamente excluida de este tipo de causas por encontrarse vinculado a acciones de asociación Ilícita; por lo tanto, los imputados no podían ser juzgados por el Tribunal de Jurados, ante la existencia de la norma aludida. Finalmente, respecto al testigo de identidad protegida, el casacionista señaló su disconformidad ante el hecho de no haberse identificado debidamente al testigo, pues su juramentación como testigo protegido no fue realizada y no fue revelado su rostro, violándose los principios de derechos a la defensa, contradicción e inmediación. En ese sentido, cabe señalar, la figura del testigo de identidad protegida, es una herramienta procesal para dar un resguardo especial a personas cuya participación en un proceso penal, las somete a un alto riesgo de verse expuestas a un perjuicio para su integridad. El artículo 332 del Código de Procedimiento Penal estipula, las medidas de protección para los testigos y otros intervinientes en el proceso penal, a saber: "Artículo 332. Medidas de protección. Para salvaguardar la integridad de las víctimas, los testigos, los peritos y otros intervinientes en el proceso penal, podrán adoptarse las siguientes medidas de protección: 1. Omitir en las diligencias que se practiquen las generales o cualquier otro dato que sirva para identificar a la persona protegida. 2. Fijar, a efectos de citaciones y notificaciones, la oficina que la ley señale, como domicilio del sujeto protegido. 3. Mantener reservada la identidad del testigo, así como su domicilio, profesión, oficio o lugar de trabajo. 4. Ordenar que las personas protegidas sean conducidas a cualquier lugar donde hubiera de practicarse alguna diligencia o a su domicilio, de la manera que disponga la oficina de protección a víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes en el proceso penal. 5. Interrogar a los testigos mediante la utilización de medios tecnológicos para facilitar el interrogatorio, como videoconferencia, circuito cerrado o cualquier otro de similar tecnología. 6. Ordenar que el acusado o sus familiares o el público no estén en la sala al momento de su interrogatorio. 7. Autorizar que el menor de edad, el adulto mayor y el incapacitado, al momento de rendir testimonio, pueda ser acompañado por un familiar o una persona de su confianza a condición de que no influya en su testimonio. 8. Impedir que la persona protegida sea fotografiada o se capte su imagen por cualquier otro medio. 9. Conceder fuero laboral para evitar que la persona sea destituida, trasladada o desmejorada en las condiciones de trabajo. 10. Facilitar la salida del país y la residencia en el extranjero de las personas protegidas, cuando las medidas antes señaladas sean insuficientes para garantizar su seguridad. 11. Cualquiera otra medida que determinen las leyes". Asimismo, el artículo 404 de la misma excerta legal, con relación al juicio oral, señala: "Artículo 404. Protección de testigos, víctimas y colaboradores. Fuera de los supuestos previstos en el artículo 332 de este Código, cuando exista riesgo para la vida o integridad física del testigo, víctima, colaborador o cualquiera otra persona que intervenga en el proceso penal, en la audiencia se tomarán las medidas de protección necesarias para reducir o eliminar las posibilidades de que sufra perjuicio. Estas medidas se hacen extensivas a favor del cónyuge o conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos. En ningún caso, las medidas previstas en este artículo menoscabarán el derecho de defensa y el principio de contradicción que le asiste al imputado". En ese sentido, el derecho de defensa ha sido caracterizado como uno de los elementos básicos de todo proceso penal, lo cual incluye la posibilidad de conocer los cargos formulados contra el imputado, la oportunidad de rebatirlos frente al tribunal, el derecho a presentar pruebas, a confrontar las pruebas presentadas en su contra, de contar con el tiempo y los medios para preparar la defensa y con la asistencia de un letrado y un conjunto de manifestaciones específicas reguladas en Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Precisamente, en el proceso bajo examen, observa este Tribunal, las partes intervinientes en el proceso, conocían la identidad del testigo de identidad protegida, es decir, E.B., por lo tanto, el hecho de no ser descubierto su rostro en el acto de audiencia oral, al final no tuvo implicaciones negativas sobre el derecho de defensa de los encausados. Por tanto, este reclamo no tiene la trascendencia para conllevar la anulación del fallo emitido por el Tribunal de Juicio, máxime que el defensor, desistió de los testimonios del testigo de identidad protegida No. 00-2012 y de E.B., (quien era la misma persona). Así, no existe menoscabo en la forma como planteó el recurrente. El Proceso Penal Acusatorio tiene como norte, entre otros, garantizar el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana y el debido proceso desarrollado en condiciones de plena y absoluta igualdad, ante un tercero independiente, imparcial e impartial, llamado Juez. Empero, prevalecen también los principios de buena fe y lealtad procesal, por lo tanto, mal puede el letrado, poner en tela de duda las actuaciones de los juzgadores, respecto a la juramentación e identificación del testigo de identidad protegida, pues, los funcionarios judiciales tienen la obligación de respetar las garantías constitucionales y legales tanto para el acusado como para la víctima. Finalmente, en virtud que no fueron comprobados los cargos de infracción alegados por el recurrente, este Tribunal de Casación es del criterio de que no procede reconocer la infracción de los artículos 340, 280, 428, 43, 279, 394,389, 199, 381, 377 y 404 del Código Procesal Penal, así como el artículo 32 de la Constitución Política de la República, pues las actuaciones en el presente proceso, se ajustan a los cánones jurídicos respecto a las distintas fases del proceso, así como la protección de los testigos de identidad reservada, resultando opuesto a lo alegado por el recurrente. - RECURSO DE CASACIÓN PROMOVIDO POR EL LICENCIADO A.V.M.M. A FAVOR DEL SEÑOR JOEL ABDIEL GUERRA FLORES: La única causal invocada corresponde a: "Se hubieran infringido las garantías del debido proceso", contenida en el numeral 2° del artículo 181 de la Ley 63 de 2008, la cual viene sustentada en catorce (14) motivos con relación a los cuales manifiesta la manera como a través de diferentes diligencias practicadas en distintas fases del proceso seguido a su representado, fueron supuestamente infringidas garantías del debido proceso. Como disposiciones legales violentadas, citó la infracción de los artículos 3, 13, 19, 340, 367, 380, 404, 424, 427, 428, 502 y 504 del Código Procesal Penal, en concepto de violación directa por omisión; así como los artículos 29 y 32 de la Constitución Política de la República, reiterando lo plasmado en los motivos. En el acto de audiencia, medularmente, planteó la supuesta violación del principio de congruencia respecto a la formulación de imputación, en la acusación y en la sentencia; además abordó la presunta inaplicabilidad del delito de Asociación Ilícita para D.. También, argumentó sobre la ocultación de la identidad del testigo de identidad protegida, su juramentación y declaración, donde indicó violado el debido proceso, el derecho al juez natural, el derecho a la defensa y contradicción. El letrado hizo referencia a la violación del derecho a la intimidad por motivo de la interceptación de llamadas, sin la debida autorización de la Corte Suprema. De igual manera, señaló la falta de motivación de la absolución decretada a favor de otro imputado, C.E.B.. Hizo referencia a la violación del principio de igualdad de las partes, por el término desigual concedido por el Tribunal de Juicio en la fase de alegatos al Ministerio Público y a los defensores. En virtud de lo expuesto, el licenciado M., solicitó sea casada la sentencia, concedan la libertad de su representado y sea absuelto de los cargos formulados. Con relación a los planteamientos del letrado, el F.L.P.A., en representación del Ministerio Público, abordó el objeto del recurso de casación reiterando la idoneidad para reclamar vicios ocurridos solo en la fase de juicio. De acuerdo con la opinión del señor F., el casacionista resaltó la supuesta falta de motivación por parte del Tribunal de Juicio sobre la absolución del señor C.E.B., aun cuando éste no es su representado. De igual forma reclama la atención, por qué el presente proceso fue declarado como caso complejo por el Juez de Garantías, precisando además, la obligación del señor F. de la causa de alegar contra todos los imputados, lo cual explicaba en lo referente al término para alegatos. En virtud de lo anterior, el representante del Ministerio Público solicitó no sea casada la sentencia. Por su parte el licenciado A.F.R., apoderado judicial de la querella, solicitó en el acto de audiencia no sea casado el fallo recurrido, pues no se acreditaron los cargos de injuricidad endilgados a la sentencia impugnada, siendo los argumentos intrascendentes para variar la decisión. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN El licenciado A.M., en su libelo de casación, en síntesis manifestó, la F.ía de la causa adujo en la acusación un hecho no incluido en la imputación, entiéndase, el móvil de la comisión del delito de Homicidio Doloso, por actos presuntamente relacionados con el apoderamiento fraudulento de tierras. También cuestionó la aplicación de la figura delictiva de Asociación Ilícita, por cuanto su representado fue condenado por este delito sin haber explicado la F.ía, los hechos que sirven de fundamento a ese tipo penal, además de la ausencia de material probatorio incriminante contra su representado como integrante de alguna organización criminal. Tal como hemos explicado, el principio de congruencia constituye una garantía derivada del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política de la República y, su finalidad es asegurar al sujeto pasivo de la acción penal una condena coherente o consistente con los mismos cargos por los cuales fue acusado, sin lugar a imputaciones frente a las cuales no tuvo oportunidad de ejercer el derecho a la contradicción. En ese sentido, como ya se dijo, la formulación de la imputación, es el acto a través del cual la F.ía comunica a una persona su situación de investigado ante su posible participación en un delito y por consiguiente su calidad de imputado; y a partir de dicha comunicación, el ciudadano tiene la oportunidad de defenderse, pues inicia formalmente la investigación y comienzan a contarse los plazos previstos en los artículo 291 y 292 del Código Procesal Penal. En consecuencia, mal puede reclamar el casacionista la infracción al principio de congruencia, pues la audiencia de formulación de la imputación, como ya se dijo, es acto de mera comunicación donde no hay debate. Sin perjuicio de ello, nuestra legislación, conviene aclarar, no contempla como presupuesto de la formulación de imputación ni de la acusación el establecimiento de un móvil del delito, basta con ser claro y preciso en los hechos imputados y la calificación jurídica que los mismos puedan tener provisionalmente. Respecto al delito de Asociación Ilícita, claramente no existe violación al principio de congruencia durante o a partir de la audiencia de formulación de la imputación, por cuanto, solo es una comunicación a un ciudadano haciéndole saber su condición de investigado por determinado delito. En cuanto a los hechos que sustentan la figura de Asociación Ilícita, observa la S. el Ministerio Público, le manifestó claramente a los imputados sobre su presunta participación como miembros de una organización criminal dedicada al apoderamiento fraudulento de tierras, (situación que fuera denunciada por el hoy occiso), siendo así, era anticipable que el Ministerio Público alegaría la concurrencia de voluntades de tres o más personas para cometer delitos. Por otro lado, el letrado también abordó el tema del testigo de identidad protegida, manifestando su disconformidad en torno a la forma como identificaron al mismo, su juramentación supuestamente mal realizada; además de no haberse revelado su rostro, violándose los principios del derecho a la defensa, contradicción e inmediación. El artículo 332 en concordancia con el artículo 404, ambos del Código de Procedimiento Penal, estipulan las medidas de protección para los testigos y otros intervinientes en el proceso penal, contemplando la protección especial a los testigos de identidad protegida, cuya participación en un proceso penal las somete a un alto riesgo de verse expuestas a un perjuicio para su integridad. Si bien, el derecho de defensa implica al momento del juicio, conocer la identidad del acusador, reiteramos, en el presente proceso las partes intervinientes, conocían la identidad del testigo de identidad protegida, es decir, el señor E.B., por lo tanto, el hecho de no ser descubierto su rostro en el acto de audiencia oral, no tiene la trascendencia suficiente para anular el fallo dictado por el Tribunal de Juicio, por tanto no existe vulneración al derecho de defensa, en la forma como planteó el recurrente. Con relación a la juramentación del testigo de identidad protegida por parte de la juez de garantías, I.S., reitera la S., en este Sistema de corte acusatorio, imperan los principios de buena fe y lealtad procesal, por lo tanto, mal puede ponerse en tela de duda las actuaciones de los juzgadores, respecto a la juramentación e identificación del testigo de identidad protegida, pues, los funcionarios judiciales tienen la obligación de respetar las garantías constitucionales y legales tanto para el acusado como a la víctima. Sobre la supuesta intervención del teléfono celular 6115-4546, perteneciente al señor J.A.G.F., sin la debida autorización de la Corte Suprema, el artículo 311 del Código Procesal Penal, es claro en otorgar esta autorización al Juez de Garantías y no a la Corte Suprema, como sucede en los distritos judiciales donde no se encuentra vigente el Sistema Procesal Penal Acusatorio. No obstante, en el presente proceso ni siquiera se trata de una autorización para realizar intervenciones telefónicas, sino de una inspección ocular al equipo telefónico incautado al señor C.E.B., la cual según las constancias, fue sometida a control posterior del Juez de Garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 317 del Código Procesal Penal. Finalmente, con relación a la supuesta infracción del principio de igualdad de partes, por motivo del tiempo otorgado a la F.ía para sus alegatos, esta S. entiende como discrecional del J., establecer los términos de alegatos, además, resulta lógico el haberse otorgado más tiempo al Ministerio Público, por cuanto al defensor únicamente le corresponde alegar por su representado, mientras a la F.ía correspondía alegar por los cinco (5) imputados. En virtud de lo anterior, no fueron comprobados los cargos de infracción alegados por el recurrente y, este Tribunal de Casación descarta la infracción de los artículos 3, 13, 19, 340, 367, 380, 404, 424, 427, 428, 502 y 504 del Código Procesal Penal, así como los artículos 29 y 32 de la Constitución Política de la República, pues lo actuado por el Tribunal de Juicio se ajusta precisamente a lo contemplado en la ley, actuación diametralmente opuesta a lo denunciado por el recurrente. - RECURSO DE CASACIÓN PROMOVIDO POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ ÁVILA A FAVOR DE LA SRA. M.E.H.C. DE PÉREZ: Como única causal, el recurrente adujo la establecida en el numeral 1 del artículo 181 del Código Procesal Penal, el cual indica "Cuando se hubieren infringido derechos o garantías previstos en la Constitución Política". La causal aludida viene sustentada en tres (3) motivos, en los cuales señaló la manera como a su criterio, se infringieron preceptos constitucionales, pues no se reconoció el acuerdo probatorio celebrado en la fase intermedia, se violó el principio del doble juzgamiento y una intervención telefónica sin la debida autorización de la Corte Suprema de Justicia. El licenciado T.L., en el acto de audiencia, explicó como su representada fue acusada de la comisión del delito de Homicidio Doloso Agravado y Asociación Ilícita, pese a no constar pruebas de su responsabilidad con relación a la muerte del señor D.F. (q.e.p.d.). Para el recurrente lo actuado por el Ministerio Público conllevó el desconocimiento del acuerdo donde su representada era ubicada en otro lugar diferente a la provincia de Coclé, antes, durante y hasta un mes después de los hechos. También, reclamó por la supuesta intervención del teléfono de la señora M.H.C. de P., sin la debida autorización de la Corte Suprema. Además, denunció la presunta infracción al principio de doble juzgamiento, por los hechos relacionados con el fraude de tierras, pues en la F.ía Decimosexta de Circuito del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, es seguido un proceso penal por los mismos hechos. El F.R.M.O., solicitó que no sea casada la sentencia con relación a este recurso y se mantenga en todas sus partes la misma, pues la argumentación del licenciado L. no tiene asidero legal ni fáctico. Por su parte, el licenciado A.F., representante de la querella, se refirió al planteamiento del letrado L. sobre el supuesto incumplimiento del acuerdo, reiterando la sentencia fue fundamentada en el cúmulo de medios probatorios; manifestó no hubo ninguna intervención telefónica, por tanto no fue violado el derecho a la intimidad, ni resultó acreditada la infracción al artículo 29 de la Constitución Política de la República. Reitera la solicitud de no casar la sentencia recurrida. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN Con relación a la convención probatoria celebrada por la F.ía de la causa y la señora M.H.C. de P., dándose por probado que días antes, durante y hasta un mes después del homicidio del señor D.F., la procesada no se encontraba en Penonomé; en primer lugar, es importante explicar, las convenciones probatorias son acuerdos realizados por las partes del proceso penal, en el sentido de dar por acreditados ciertos hechos sobre los cuales no exista controversia respecto de su ocurrencia y las circunstancias que los rodean. La convención probatoria surge en el marco de la simplificación del proceso, para garantizar la celeridad y economía procesal. No obstante, debemos recordar, por la naturaleza pública del proceso judicial, no se permiten actos particulares libres del respeto a normas imperativas y, menos aun que los sujetos puedan traicionarse sin consecuencia alguna. La buena fe es exigencia del proceso, pues están involucrados intereses superiores a la disputa material. Como consecuencia de este principio, las partes deben actuar con lealtad procesal en sus actos. Frente a esto, aun cuando la defensa afirmó que la señora M.H.C. de P., no se encontraba en la provincia de Coclé para el día de los hechos, la F.ía de la causa, a través de otro medio de prueba, nos referimos a la inspección judicial practicada al equipo telefónico aprehendido al señor C.E.B., lograron establecer las llamadas cruzadas entre la señora M.H.C. de P. y otros imputados, por tanto, logró comprobar que la señora H.C. de P., sí se encontraba en la provincia, de lo cual se desprende la deslealtad al proceso. Por otro lado, resulta claro para este Tribunal, que el acuerdo entre la F.ía y la defensa de la señora H.C. de P., guardaba relación con el hecho de no encontrase en determinado lugar, más no así con su responsabilidad penal, como cómplice del homicidio doloso del señor D.F. (q.e.p.d.). Es decir, un hecho aceptado por las partes y exento de pruebas, es apenas una pieza de la teoría fáctica de la defensa, pero al final no obliga al Tribunal a apreciarla en la misma línea que la teoría del caso de la defensa, si ésta no encuentra respaldo en las demás pruebas del proceso. Ahora bien, con relación a la supuesta violación al principio de doble juzgamiento, respecto a la investigación adelantada por la F.ía Decimosexta de Circuito del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, por los mismos hechos, (entiéndase apoderamiento fraudulento de tierras), advierte la S. que para darse la figura del principio de cosa juzgada, debe existir una sentencia en firme (ejecutoriada) o un sobreseimiento ejecutoriado, en el primer supuesto, se da la culminación de un proceso penal y, el segundo significa que la jurisdicción se abstiene de juzgar o de producir sentencia, lo cual no existe en el proceso bajo estudio, pues no fueron aportadas las constancias documentales correspondientes, por lo tanto, no se acredita la vulneración alegada por el recurrente. Finalmente, sobre la supuesta intervención del teléfono celular 6050-5451, perteneciente a la señora M.E.H.C. de P., sin la debida autorización de la Corte Suprema, nos permitimos recordarle al casacionista que el artículo 311 del Código Procesal Penal, señala lo siguiente: "Artículo 311. Interceptación de comunicaciones. La interceptación o grabación por cualquier medio técnico de otras formas de comunicación personal requieren la autorización judicial. A solicitud del F., el Juez de Garantías podrá, atendiendo a la naturaleza del caso, decidir si autoriza o no la grabación de las conversaciones e interceptación de comunicaciones cibernéticas, seguimientos satelitales, vigilancia electrónica y comunicaciones telefónicas para acreditar el hecho punible y la vinculación de determinada persona...." La norma parcialmente transcrita, es clara en establecer cuando nos encontramos ante la interceptación de comunicaciones, el Ministerio Público, deberá solicitar la autorización delJuez de Garantías. No obstante, en el caso bajo estudio se trata de una inspección ocular a equipos telefónicos incautados por la F.ía con motivo del proceso, por lo tanto, de conformidad con nuestra normativa procesal penal, es otro el procedimiento que corresponde, específicamente regulado en los artículos 314 y 317 del Código Procesal Penal. En virtud de lo anterior y debido a que no fueron comprobados los cargos de infracción alegados por el recurrente, este Tribunal de Casación es del criterio que no procede reconocer la infracción de los artículos 7, 198, 311, 343 y 381 del Código Procesal Penal, 29 de la Constitución Política de la República y, el 15 del Código Penal, pues lo actuado por el Tribunal de Juicio tiene fundamento en la facultad que le otorga la ley en la labor de valorar los medios de prueba, actuación diametralmente opuesta a lo denunciado por el recurrente. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, la S. Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia Sentencia No.14/2013 de 26 de junio de 2013, proferida por el Tribunal de Juicio de la provincia de Coclé, mediante la cual se condenó a los señores J.A.G.F. y M.Á.A.G. a la pena principal de treinta y ocho (38) años de prisión y como pena accesoria la prohibición de portar armas por el período de cinco (5) años; al señor J.A.N.C. a la pena de cuarenta y un (41) años y tres (3) meses de prisión y como pena accesoria la prohibición de portar armas, por el término de cinco (5) años, y a las señoras D.I.Q.M. y M.E.H.C. de P. a la pena de treinta y tres (33) años de prisión y como pena accesoria la prohibición de portar armas por un término de cinco (5) años, por los delitos de Homicidio Doloso Agravado Consumado y Asociación Ilícita para D.A., cometidos en perjuicio del señor D.F.J. (q.e.p.d.). N. y devuélvase. WILFREDO SÁENZ FERNÁNDEZ LUIS MARIO CARRASCO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS JOSE ISRAEL CORREA GARCIA (Secretario)

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