Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 9 de Octubre de 2015

Ponente:Luis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución: 9 de Octubre de 2015
Emisor:Cuarta de Negocios Generales

VISTOS: El Licenciado SAMUEL DUQUE CONCEPCIÓN, en nombre y representación de G.D.J.C.G. ha interpuesto ante la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Recurso de Anulación contra el Laudo Arbitral proferido el día veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014), por la Corte Arbitral y Centro de Conciliación y Mediación (CAMCHI), dentro del proceso arbitral promovido por V.L.H. contra G.D.J.C.G.. ANTECEDENTES DEL CASO En el presente caso de arbitraje, las partes, a través de una cláusula arbitral, acordaron que las controversias que surgieran se resolverían mediante arbitraje, escogiendo como autoridad de designación a la Corte Arbitral y Centro de Conciliación y Medicación (CAMCHI). Conformado el Tribunal Arbitral y cumplido el procedimiento, los árbitros emitieron el Laudo Arbitral de fecha 26 de junio de 2014, en la cual se decidió lo siguiente: 1.Admite el reclamo solicitado por la parte demandante y condena al demandado al pago de las sumas conforme a la siguiente tabla: Abono a la compraventa al Sr. Caicedo con fecha 28 de febrero de 2013. B/.1,500.00 Abono a la compraventa al Sr. Caicedo con fecha 11 de marzo de 2013. B/. 1,500.00 Pagos de impuestos de transferencia de bienes inmuebles y de bienes gananciales. B/. 4,000.00 Gastos por trámites legales del proceso de compraventa. B/.2,000.00. Mejoras realizadas al inmueble (calculadas en el DICTAMEN PERICIAL contenido a fojas 232 a 250). B/.12,286.60 Interés del 6% anual a la fecha de emisión del Laudo Arbitral. B/. 836.59 Penalización convenida por incumplimiento del contrato de promesa de compraventa convenido en la cláusula sexta del mismo (10% del valor del contrato). B/.8,000.00 Daño moral. B/.10,000.00 Subtotal. B/. 40,123.19 2.Se admite el reclamo de costas que comprende todos los gastos en que se han incurrido en virtud del presente proceso arbitral, tales como gastos de árbitro, secretaria, administrativos, gastos periciales; más la tasación de gastos de abogados de la parte demandante, a la cual aplicamos un 10%. Gastos estos, que fueron cubiertos en su totalidad por la parte actora, por consiguiente, el demandado, debe cancelarlos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la sección administrativa de los procesos del Reglamento de la Corte Arbitral y Centro de Mediación y Conciliación CAMCHI: Detalle de las costas Honorarios de árbitro único. B/.1,284.00 Gastos administrativos. B/.860.00 Secretaria. B/.642.00 P.. B/.1,000.00 Gastos de representación legal de la demandante. B/.4,012.32 Total de costas. B/.7,798.32 El total a pagar por el demandado a la demandante es de Cuarenta y siete mil Novecientos Veintiuno Balboas con cincuenta y un centavos (B/.47,921.51). 3.Se admite la rescisión del contrato de promesa de compraventa, suscrito entre ambas partes, sujeto del proceso procesal arbitral. 4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN 1."Que la emisión del laudo no se ha ajustado de conformidad con lo establecido en el presente decreto ley" 2."Que el laudo se refiere a una controversia no contenida en el convenio arbitral o que contiene decisiones que exceden de su ámbito o alcance". Señala que el tribunal arbitral al proferir el laudo no se ajustó a lo establecido en el Decreto Ley 5 de 1999, porque a su concepto pese haber admitido el tribunal la rescisión del contrato de promesa de compra y venta suscrito entre ambas partes, condenó, al pago de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN BALBOAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (B/.47,921.51), al señor G.C., incluyendo en esta suma, las costas del arbitraje, los gastos en que han incurrido,desatendiendo así lo preceptuado en el artículo 29 del Decreto Ley 5 de 1999. Que de la lectura del laudo arbitral queda plenamente establecido, que la parte demandada, fue condenada a pagar una suma distinta a la pretendida por la demandante y dicha actitud es censurable, no se ajustó a lo establecido en el artículo 34, literal b, del decreto ley 5 de 1999. Señala que el laudo arbitral que impugna, es contentivo de decisiones que exceden de su ámbito o alcance, por cuanto desconoce el texto del artículo 37 del Decreto Ley 5 de 1999. Que el Licenciado E.R., pasó por alto las pruebas que desmentían los daños, gastos, perjuicios aducidos por la demandante, al no permitirle a su representado practicar dichas pruebas, indicando que este dejó de precluir el término para evacuarlas. En virtud de ello, solicita a la S. Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, declarar probados los motivos de anulación expresados en el presente recurso y consecuentemente decretar la anulación del laudo arbitral proferido en equidad el día 26 de junio del 2014. OPOSICIÓN AL RECURSO DE ANULACIÓN Dentro del término legal correspondiente, la Firma Lara y Asociados, en nombre y representación de V.L.H., se opusieron a lo denunciado por los recurrentes. Hechos que sustenta la oposición del recurso: Establece que nos encontramos frente a un laudo arbitral emitido en equidad, tomando en cuenta lo establecido en los artículos 3 y 26 del Decreto de 1999 (sic), y los mismos son dictados en conciencia, conforme a su leal saber y entender, desprovistos de formalidades legales, inspirados en la justicia natural, que implica dar a cada uno lo que le corresponde. Lo que significa que los árbitros gozan de discrecionalidad al momento de decidir o pronunciarse en todo o en parte de lo que los mismos consideren relevante para decidir el conflicto sometido a su consideración. Que al analizar los argumentos expuestos por el proponente, se advierte claramente que su intención es que la Honorable S. se avoque a examinar el proceso arbitral y las determinaciones del árbitro tanto en lo referente a los hechos materia de la controversia como a la interpretación y aplicación del derecho y las conclusiones jurídicas a las que arribó al emitir el laudo arbitral en equidad. Frente a ello, resalta que el recurso de anulación es un Recurso Extraordinario, el cual sólo debe ser invocado de manera excepcional, y en atención a circunstancias determinadas por la ley, de lo contrario, la S. actuaría como si fuera un tribunal de segunda instancia, lo cual sería a todas luces improcedente, dado a que su función se limita a evaluar el laudo arbitral en concordancia con las causales que expresamente establece la ley, es decir, las contempladas en el artículo 34 del Decreto Ley 5 de 1999, las cuales deben ser probadas y el oposicionista no ha probado ninguna de ellas en la exposición de su recurso. En razón de ello, solicita desestimen el Recurso de Anulación contra el Laudo Arbitral calendado 26 de junio de 2014. DECISIÓN DE LA SALA Conocida la pretensión del recurrente, y los argumentos de la parte opositora, la S. entra a resolver lo que en derecho corresponde. De conformidad con lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 131 del 31 de diciembre de 2013, los laudos arbitrales son impugnables únicamente a través del recurso de anulación y de conformidad con los motivos tasados en el artículo 67 de la misma Ley. El recurso de anulación de Laudo Arbitral, es una iniciativa procesal de carácter extraordinario, excepcional en especiales circunstancias, taxativamente determinadas en la Ley. De acuerdo con la legislación vigente y a la doctrina jurídica en materia de arbitraje, a través del Recurso de Anulación se deben revisar las causales de anulación previamente establecidas, por lo que le está vedado analizar las alegaciones vertidas por los recurrentes y que son propias de otros recursos utilizados en los procesos ordinarios, ya que esto atentaría contra el principio de autonomía de la voluntad de las partes, quienes pactan a través de un convenio arbitral, que sus diferencias sean resueltas por un tribunal arbitral, claro está, indicando a través del convenio los lineamientos que se deben cumplir para resolver la controversia. Sobre el particular, G.B.I., establece: "La regla de oro dentro del foro arbitral internacional así como el local, radica como ya antes lo señalamos en la autonomía de la voluntad de las partes. No puede existir arbitraje sin autonomía de la voluntad de las partes, puesto que el arbitraje es esencialmente consensual y voluntarista con una capa de formalidad ad-Probationem puesto que el arbitraje no se presume. Tiene que fundarse en una voluntad expresa que permita deducir del comportamiento o del valor documentario la verdadera necesidad del arbitraje" (BOUTIN, G.I. D.A.C.. Editorial M. &P., S.A., 2001) El laudo arbitral fue proferido el día 26 de junio de 2014, y el proponente del recurso de anulación el Licenciado S.D.C., en nombre y representación de G. de J.C., sustentó el recurso de anulación tomando como fundamento el artículo 34 Decreto Ley 5 del 8 de julio de 1999. Quien recurre en anulación debió invocar como causales vulneradas las establecidas en el artículo 67 de la Ley 131 del 31 de diciembre de 2013, debido a que el laudo arbitral es de fecha posterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de arbitraje mencionada. El artículo 75 de la Ley 131 del 31 de diciembre de 2013, establece que: Artículo 75. Aplicación en el tiempo. Quedan sometidos a las disposiciones de la presente Ley los acuerdos de arbitraje anteriores a la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley. Salvo pacto en contrario de las partes, los procedimientos en curso ante los tribunales arbitrales constituidos se regirán por el Decreto Ley 5 de 1999 hasta la dictación del laudo. Los recursos contra el laudo y el reconocimiento y ejecución de este se regirán por la Ley. (el subrayado es de la S.) De lo trascrito se desprende que el recurso de anulación contra el Laudo Arbitral fechado 26 de junio de 2014, debió basarse en las causales de anulación establecidas en el artículo 67 de la Ley 131 del 31 de diciembre de 2013, ya que así lo dispone el artículo 75 de la misma ley, en lo relativo a la aplicación en el tiempo. Por otra parte, el recurrente no hace mayores planteamientos que sustenten la anulación del Laudo Arbitral fechado 26 de junio de 2014; primero establece que no se ajustó a lo establecido en el Decreto Ley 5 de 1999, luego establece que en el Laudo, la parte demandada fue condenada a pagar una suma distinta a la pretendida por el demandante, y que a su concepto este hecho se enmarca en lo conceptuado en el literal b del artículo 34 del Decreto Ley 5 mencionado, pero no establece o detalla en que consistió la incongruencia incurrida por el Tribunal Arbitral. Al final señala que el Laudo Arbitral, contenía decisiones que excedían el ámbito y alcance, y nuevamente erróneamente establece como vulnerado el artículo 37 del Decreto Ley 5 de 1999, alegando que el árbitro pasó por alto las pruebas que desmentían los daños, gastos y perjuicios aducidos por el demandante. En ese sentido, vemos que desde un inicio el recurso de anulación fue mal enfocado por el recurrente, dado a que las causales invocadas y que sustentaban el mismo, debían ser las contempladas en el artículo 67 de la Ley 131 de 31 de diciembre de 2013 y no el Decreto ley 5 de 1999, este último derogado en lo relacionado a la materia de arbitraje. Tampoco debe esta S., avocarse al conocimiento y revisión de alegaciones que guardan relación con situaciones de fondo del arbitraje, y esto, tomando en consideración lo expresado por el recurrente en el sentido que el árbitro no valoró las pruebas que desmentían los daños, gastos y perjuicios. Esta S. está instituida únicamente para revisar la validez o nulidad del Laudo Arbitral, tal como lo establece el artículo 66 de la Ley 131 mencionada; en todo caso, el recurrente debió enfocar mejor el recurso de anulación, estableciendo adecuadamente la causal sobre la cual sustenta la posible violación de los derechos fundamentales con la emisión del Laudo Arbitral recurrido. Ante estas circunstancias, no le queda más a esta Colegiatura, que negar el Recurso de Anulación en contra del Laudo Arbitral fechado 26 de junio de 2014. PARTE RESOLUTIVA En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la Ley, NIEGA EL RECURSO DE ANULACIÓN del Laudo Arbitral de veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014), emitido por la Corte Arbitral y Centro de Conciliación y Mediación (CAMCHI), dentro del proceso arbitral promovido por V.L.H. contra G.D.J.C.G.. Se condena en costas a la parte recurrente, las cuales se fijan en la suma de doscientos balboas (B/.200.00). N. y Cúmplase. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ HARLEY J. MITCHELL D. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS YANIXSA Y. YUEN C. (Secretario)