Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 18 de Noviembre de 2015

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución18 de Noviembre de 2015
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Mediante resolución de 28 de febrero de 2013, la S. admitió el recurso de casación en el fondo anunciado y formalizado por la Licenciada G.M.C., miembro del I.tituto de Defensoría de Oficio, contra la Sentencia 2da. I.. No. 102 de 12 de septiembre de 2011, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que confirmó la Sentencia No. 71 de 16 de mayo de 2011, emitida por el Juzgado Primero de Circuito Penal del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, en la que se condenó a H.J.B., a la pena de cuatro (4) años de prisión, como autor del delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego, en su modalidad simple, y accesoriamente, lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas, por el término de tres (3) años. Verificada la audiencia oral establecida por el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de ser decidido por la S.. ANTECEDENTES El 17 de enero de 2010, a las 5:50 de la madrugada, el Sargento 1° C.B., quien se encontraba al mando de un recorrido policial en Plaza Italia, en La Chorrera, recibió aviso por el radio operador, para apersonarse al sector de El Progreso No. 3, donde se estaba registrando una riña tumultuaria y había una persona impactada de bala. Expone el Sargento 1° B., que al llegar al citado sector, no fue posible localizar al sujeto impactado de bala, pero recibieron una nueva comunicación del radio operador, informando que el mismo se mantenía al frente de la escuela de El Progreso No. 3. Describe que al llegar, observaron varios sujetos que, al notar la presencia policial, se dieron a la fuga, a los cuales se les dio persecución, dividiéndose en grupos. Refiere que junto al A.R., le dieron persecución a un sujeto que se introdujo al campo de fútbol de la escuela, donde había luminarias. Señala que al darle la voz de alto, este sujeto cayó en el cuadro de fútbol, momento en el que pudo ver que portaba un arma de fuego, por lo cual se hizo necesario efectuar una detonación al suelo con su arma de reglamento. El ciudadano aprehendido es H.J.B., alias TOTO, quien portaba arma de fuego, marca R., 38 especial, corta, con serie no legible (D4678_3) pues sólo se logró observar cinco de seis dígitos, siendo que el antepenúltimo estaba borroso. Adicional a ello, el arma mantenía cinco municiones en el cilindro, cuatro detonadas, y una sin detonar. Se destaca en el informe que otras unidades policiales lograron encontrar a la persona que se decía, estaba herida de bala, trasladándolo al Hospital Nicolás Solano, resultando ser el señor I.B., residente en el sector de El Progreso No. 3, quien señaló que la persona que lo había atacado responde al apodo de "TOTO", en compañía de otros sujetos, quienes primero le quebraron una botella en el rostro, ocasionándole varias heridas en el rostro, y luego hicieron varias detonaciones con un arma de fuego, hiriéndolo en la pantorrilla de la pierna izquierda (Fs. 1-3). La F.ía Segunda de Circuito del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá dictó diligencia cabeza de proceso el 19 de enero de 2010 (Fs. 24), y en esa misma fecha dispuso recibirle declaración indagatoria a H.J.B., por el delito tipificado en el Capítulo VIII, Título IX del Libro II del Código Penal, que se refiere a los delitos Contra la Seguridad Colectiva (Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos) (Fs. 25-27). Al rendir sus descargos, H.J.B. negó los hechos que se le endilgan (Fs. 28-32). La F.ía Segunda de Circuito del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, dispuso ordenar la detención preventiva de H.J.B., mediante diligencia sumarial motivada, de 19 de enero de 2010 (Fs. 35-36). Posteriormente, la F.ía de la causa emitió Vista F. No. 274 de 30 de junio de 2010, recomendando al tribunal de la causa, calificar la encuesta con un auto de llamamiento a juicio contra H.J.B., por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo VIII, Título IX del Libro II del Código Penal (Fs. 139-143). En la audiencia preliminar, celebrada el 16 de agosto de 2010, se dictó Auto Encausatorio N° 122, abriendo causa criminal contra H.J.B., por ser supuestamente infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo VIII, Título IX del Libro II del Código Penal, es decir, por delito genérico de Posesión Ilícita de Arma de Fuego (Fs. 164-170). Previa celebración del acto de audiencia ordinaria, el Tribunal de la causa dictó la Sentencia N° 71 de 16 de mayo de 2011, declarando penalmente responsable a H.J.B., como autor del delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego, en su modalidad simple, y condenándolo a la pena de cuatro (4) años de prisión, y accesoriamente, a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el término de tres (3) años (Fs. 179-186). La sentencia fue apelada por la defensa oficiosa del procesado (Fs. 188-190), y el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá la confirmó en todas sus partes (Fs. 201-209). CAUSAL INVOCADA La recurrente invoca como única causal de fondo, la contemplada en el numeral del artículo 2430 del Código Judicial, es decir, "Error de hecho en la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal. De manera reiterada, la jurisprudencia de esta S. ha señalado que la referida causal concurre cuando el juzgador fundamenta su decisión en una prueba que no figura en el proceso o que, encontrándose acreditada, omite considerarla, o cuando el juzgador tiene la creencia equivocada de que un hecho ha ocurrido cuando en autos no se encuentra acreditado (Sentencia de 30 de junio de 1994, 25 de junio de 2007, entre otras). Asimismo, la doctrina patria, representada en esta ocasión por la Doctora Aura Emérita Guerra de Villaláz, ha sostenido que la configuración de la causal invocada por la recurrente "se origina cuando el Tribunal de segunda instancia ignora y por tanto no considera, ni le asigna valor alguno a los elementos probatorios materialmente incorporados al proceso como pieza de convicción. En otras palabras, el Tribunal ad quem hace caso omiso de un medio probatorio que tiene existencia material dentro del expediente contentivo del negocio penal que se trate. Igualmente se puede invocar esta causal cuando el Tribunal de instancia le da valor probatorio a una pieza procesal que no existe en la realidad o que no fue admitida".[1] MOTIVOS Y ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN La causal viene sustentada en dos (2) motivos, que analizaremos, al tiempo que apreciaremos la opinión de la señora Procuradora General de la Nación, emitiendo de manera inmediata, el análisis jurisdiccional correspondiente. Por economía procesal, se evaluarán ambos motivos de manera conjunta, pues los cargos de injuridicidad que de ellos emergen guardan estrecha relación. A través de los motivos primero y segundo, la censora cuestiona que el Tribunal de Segunda I.tancia no haya valorado las declaraciones juradas de Y.J. Bellido de R. y Y.Y.O.H., y tampoco, la declaración indagatoria de H.Y.B. y que no haya confrontado estas piezas de convicción con el Informe de Novedad suscrito por el Sargento C.B.R., y sus respectivas ratificaciones bajo juramento, rendidas por B.R. y E.R.. Sostiene que de haber apreciado todas estas probanzas de forma conjunta, hubiese considerado la existencia de la duda razonable respecto a que su representado hubiese estado en poder del arma de fuego objeto del presente proceso penal, pues existe una contradicción en cuanto a que el procesado haya tenido el arma y luego la lanzara. Concluye que, por tal razón, el Tribunal de Alzada debía absolverlo del cargo endilgado en su contra (Fs. 240). Por su parte, la señora Procuradora General de la Nación estima que si bien las pruebas aludidas por la censora no se enuncian en la resolución impugnada, no es cierto que haya sido la omisión en su valoración, lo que originó la confirmación de la condena de H.Y.B.. Considera que las declaraciones de las señoras Y. Bellido de R. y Y.O.H. no revisten esa fuerza probatoria suficiente para crear en el juzgador, dudas razonables en cuanto a la exclusión de responsabilidad penal del procesado, pues si bien, ambas afirman que BONILLA no portaba el arma, ninguna aporta elementos o datos de utilidad que permitan precisar en posesión de quién estaba el arma, o si es que no estaba en posesión de alguna persona, dónde se encontraba. Además, estima la señora Procuradora, que de estas declaraciones no emerge una precisa coincidencia favorable al procesado, pues las testigos brindan versiones distintas, por ejemplo, respecto a la cantidad de agentes captores, lo cual la lleva a afirmar que, si sus deposiciones no fueron justipreciadas por el Ad quem, ello se debió a sus inconsistencias y carencia de valor probatorio, aunado al hecho de que pueden ser tenidas como testigos sospechosas, dada su amistad con el procesado. Por el contrario, afirma, las declaraciones de los agentes captores -apreciadas por el Tribunal de Alzada- sí resultan coincidentes en circunstancias de tiempo, modo y lugar, al señalar a BONILLA como autor del delito. En cuanto al segundo motivo, mediante el cual se censura la falta de apreciación de la declaración indagatoria de H.B., la Señora Procuradora General de la Nación consideró que la declaración indagatoria del medio de defensa del imputado, y que en este caso en particular, de la misma surgieron excepciones consistentes en la aportación de testimonios de personas que se encontraban junto a él, momentos previos a su aprehensión, y que por ello, podían dar fe de que no portaba el arma de fuego cuya tenencia ilegal, ha sido el objeto del proceso penal. Empero, sostiene la colaboradora social que ninguna de las testigos fueron capaces de reforzar la versión ofrecida por el imputado, ya que de las mismas se infieren contradicciones notables, al tiempo que sus testimonios pudieran ser calificados como sospechosos. Opina que fueron éstas las razones por las que el juzgador secundario decidió no tomarlas en cuenta, máxime cuando había en el sumario, otras pruebas que daban cuenta de la responsabilidad penal del encartado. Concluye indicando que, como las excepciones vertidas por H.B. no fueron acreditadas, sus descargos no revisten valor probatorio suficiente para deducir su falta de responsabilidad frente a los cargos penales endilgados, por lo que la omisión en su apreciación no influyó en lo dispositivo del fallo impugnado. En consecuencia, estima la Señora Procuradora que no se acredita ninguno de los cargos injuridicidad desarrollados por la censora para sustentar la única causal de fondo invocada (Fs. 245-255). Al examinar la decisión impugnada, la S. observa que ciertamente, cuando la casacionista recurrió en apelación la sentencia condenatoria de primera instancia, pidió que se tuviera a favor de H.J.B., las declaraciones juradas de sus tres amigas, quienes de forma conteste afirmaron que aquella madrugada, él no cargaba ningún arma de fuego. Empero estas probanzas en particular no generaron mérito probatorio alguno en el Tribunal de Alzada (Cfr. Fs. 201-209). Ahora bien, el solo hecho de no haber apreciado una prueba, no significa per se, que dicha omisión, se constituya en un error influyente en lo dispositivo del fallo impugnado. El autor panameño, O.C.R. expone sobre esta causal, las siguientes consideraciones: "...se exige que el yerro sea manifiesto, evidente, patente, ostensible, claro, notorio, que la realidad fáctica deducida por el juzgador sea contraria por entero a la que aparece de las pruebas, hasta el punto de haberlo inducido a adoptar decisiones contrarias a las legales. Se colige de lo anterior, que el yerro no es manifiesto cuando las pruebas dejadas de apreciar por parte del tribunal son ineficaces, carentes de idoneidad, es decir, cuando la resolución se apoyó en otras pruebas o consideraciones jurídicas que sustentan la decisión adoptada."[2] Por tanto, se hace necesario que la S. analice la fuerza probatoria de las constancias cuya valoración omitió el Ad quem, para determinar si efectivamente, tal omisión influyó en lo dispositivo del fallo. Lo anterior implicaría que, de haberse apreciado estas pruebas, en conjunto con el resto del caudal probatorio, se hubiese podido dictar un fallo liberatorio a favor del encartado. Al analizar los descargos vertidos del imputado se observa que negó los hechos que se le endilgan, y explicó que el 17 de enero de 2010, se encontraba en una fiesta en la Parrillada del señor "C.", ubicada en El Progreso No. 3, de la cual se retiró aproximadamente a las 4:00 de la madrugada, junto a sus amigas, Y.R. De León, Y. de R. y Y.O.. Narra que de pronto escuchó la sirena del patrulla, y vio que detrás de él venía una multitud de muchachos corriendo. Explica que trece meses antes, había terminado de cumplir una pena de 40 meses de prisión, y que por esa razón, la Policía siempre quiere estar aprehendiéndolo y verificándolo, haciéndole perder su día de trabajo, motivo por el cual, en ese momento quiso huir y esconderse de las unidades policiales. Señala que en ese momento, alguien de entre la multitud, tiró un arma de fuego, y fue él quien resultó aprehendido y esposado por el S.B., quien le propinó múltiples golpes, inquiriéndole quién había lanzado el arma. Destaca que ha tenido varios problemas previos, con esta unidad policial. Preguntado por la F.ía, niega conocer los nombres de las personas que iban en la multitud, y señala no haberlos visto, pues se movilizaban detrás de él, así como también manifestó desconocer quién había lanzado el arma de fuego (Fs. 28-32). Reposa de fojas 118 a 123, la declaración jurada de Y.J. Bellido de R., quien manifestó ser vecina y amiga de H.B., a quien conoce desde hace catorce años, y con quien manifestó, se encontraba en una parrillada de El Progreso No. 4, la madrugada del 17 de enero de 2010. Señala que aproximadamente a las 4:00 de la madrugada, decidió marcharse a su casa, junto a las señoras Y. y Y., y el joven H.B.; narra que cuando iban cerca de la escuela de El Progreso No. 2, detrás de ellos iba un grupo de jóvenes haciendo desorden y en ese momento apareció un patrulla, motivo por el cual, el grupo de jóvenes salió corriendo, así como también el joven H.B., hacia una esquina. Describe que ella y sus amigas, cogieron para otra esquina, y se mantenían como de cinco a siete metros de distancia de H.B., donde los policías lo pararon y comenzaron a revisar. Advierte que, mientras un policía lo registrada, el otro miraba hacia la alcantarilla donde se encontraba un arma de fuego. Refiere que la unidad le pedía a H.B. que recogiera el arma de la alcantarilla, a lo cual éste se negaba; empero, el policía le decía que sabía que el arma era suya, pues lo había visto mientras la tiraba. Indica que, como H.B. insistía en negarse a levantar el arma, las unidades -que eran dos- comenzaron a golpearlo y se lo llevaron a bordo del patrulla. Al ser cuestionada por la F.ía, describe que la aprehensión de H.B. se dio en la parte de atrás de la escuela de El Progreso No. 2, casi frente al cuadro de fútbol. Igualmente, a pregunta de la F.ía, negó conocer qué personas integraban el grupo de jóvenes que iban detrás de ellos, y señaló no haber visto si alguno de ellos había lanzado algún objeto. Por su parte, Y.Y.O.H., al rendir declaración jurada en la encuesta señala, igual que su amiga Y.B., que se encontraba junto a ésta, Y. y H.B. en la Parrillada del señor C., y que siendo las 4:00, decidieron irse a sus casas, seguidos por una multitud de muchachos. Explica que en ese momento apareció un patrulla, y los muchachos, así como su amigo HENRY salieron corriendo. Al contrario de lo narrado por su amiga Y.B., quien sostuvo que uno de los agentes captores le ordenaba a H.B. que recogiera el arma de fuego de la alcantarilla pues lo había visto cuando la tiraba, Y.Y.O.H. sostiene que el agente captor le preguntaba a BONILLA de quién era el arma, indicando desconocer de dónde dicho policía sacó el arma. Asimismo, existe contradicción entre las testigos, pues la primera señaló que fueron dos los agentes captores de su amigo, mientras que la segunda, refirió que fueron cuatro. Otro aspecto de contradicción entre las mismas, radica en la descripción del lugar donde se produjo la aprehensión; mientras Y.B. sostuvo que se trataba de un lugar donde todo estaba muy claro porque había luminarias (F. 120), Y.O. señaló que hay luminarias, pero se trata de un lugar muy oscuro (F. 126). En lo que ambas coinciden es en señalar que no conocen a las personas que caminaban detrás de ellos, ni saben si alguna de éstas lanzó algún objeto, tal como lo aseveró en su declaración indagatoria, H.B. (Fs. 124-128). Cabe mencionar que el análisis conjunto de las tres probanzas, cuya omisión valorativa denuncia la recurrente, de cara al resto de las probanzas recabadas durante la investigación, justifica que el Tribunal de Alzada no les haya concedido mérito probatorio. Ello es así por varias razones, algunas de las cuales compartimos con el concepto emitido por la máxima representante del Ministerio Público. La primera probanza cuya desatención reclama la recurrente, se trata de la declaración indagatoria del imputado, respecto a la cual, no debe soslayarse que se rinde libre de apremio y juramento, y por ello, exige del juzgador, un análisis mesurado que implica el cotejo con el resto del caudal probatorio inmerso en autos, de manera que pueda otorgársele el valor probatorio que realmente amerita. En esa línea de pensamiento, se observa que la censora busca concatenar a la declaración indagatoria de H.B., las declaraciones juradas rendidas por Y. Bellido de R. y Y.Y.O.H., como aquellas que le den sustento a los descargos de su representado. Empero, mal pueden estos testimonios, robustecer el dicho del imputado, cuando de ellos emergen contradicciones sobre las circunstancias en que se produjo la aprehensión de H.B., lo cual les resta credibilidad, y justifica la omisión del Tribunal de Alzada, denunciada a través de este recurso extraordinario. Tal como señaló la Señora Procuradora General de la Nación, los testimonios de las prenombradas, tampoco ayudaron a brindar mayores luces respecto a la narración de los hechos suministrada por el encartado; ninguna de las testigos brinda una declaración sólida ni útil para desvincular al encartado del hecho sub júdice. Por el contrario, señalaron no haber visto si alguien había arrojado el arma de fuego objeto del proceso, como había alegado el encartado. Por el contrario, tienen mayor fuerza probatoria, las declaraciones rendidas por los agentes captores, bajo la gravedad del juramento, pues estos sí son contestes entre sí, respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la aprehensión de H.B. en posesión ilícita del arma de fuego objeto del proceso. Una apreciación conjunta de los testimonios del S.C.B.C. (Fs. 81-83) y del Agente E.E.R. (Fs. 135-138), permite apreciar que fue el hecho de que H.B. portara consigo un arma de fuego, lo que propició que el S.B.C. hiciera uso de su arma de reglamento, realizando un disparo al piso, a pocos metros de donde se encontraba el sujeto, motivando que éste arrojara el arma a pocos metros de donde se encontraba. Ambas unidades policiales negaron que hubiese una multitud de gente corriendo detrás del joven H.B., explicando que éste se encontraba solo al momento en que fue divisado y luego, aprehendido. No se vislumbra de los testimonios vertidos por los agentes captores, contradicción alguna, así como tampoco, interés en faltar a la verdad, como atinadamente sostuvo la máxima representante del Ministerio Público. En consecuencia, los señalamientos directos que profieren contra el procesado, conservan intacto su valor probatorio, mismo que es superior a las pruebas cuya falta de apreciación, reclama la recurrente en esta oportunidad. Así las cosas, no resulta ajustado a derecho afirmar que el hecho de que el Tribunal Ad quem no valorara las probanzas expuestas en los dos motivos que sustentan la única causal de fondo, influyó en lo dispositivo del fallo. La S. es del criterio que, de haber sido apreciadas estas pruebas, no se hubiera generado una decisión distinta a la dictada por el Tribunal de Segundo Grado, pues ésta se basó en el análisis integral e integrado de cada uno de los elementos de convicción acopiados en autos, de los cuales, emerge el reproche de responsabilidad penal, en relación a H.B.. Por tanto, la casacionista no ha logrado acreditar los vicios de ilegalidad atribuidos al fallo de segundo grado. En lo relativo a las normas legales infringidas, la S. observa que, como normas adjetivas, la censora invoca la conculcación de los artículos 780 y 2046 del Código Judicial, cada uno de ellos, en concepto de violación directa, por omisión. El primero enlista los medios que sirven como prueba, entre ellos, las declaraciones de testigos y de partes. Explica la postulante que la violación se produce por no haber valorado el Ad quem, ninguna de las probanzas alegadas en los motivos primero y segundo, ya que de haberlo hecho, habría percibido las contradicciones entre éstas y las declaraciones juradas de los agentes captores, estas últimas que no se encontraban apoyadas en ningún otro elemento de convicción, como prueba dactiloscópica de las huellas del procesado en el arma de fuego, motivo por el cual, el principio de presunción de inocencia debía haber conservado su vigencia en este caso. Ciertamente la norma en mención prevé la posibilidad de que, declaraciones juradas como las rendidas por Y. Bellido de R. y Y.O., tanto como la declaración indagatoria del encartado puedan servir como medio de prueba. Sin embargo, el Tribunal de Alzada no omitió su ponderación de manera caprichosa, sino porque ciertamente se aprecian inconsistencias entre las mismas, que dieron lugar a la ausencia de justipreciación, y a otorgar mayor valor a otras probanzas que acreditan la responsabilidad penal del procesado. En consecuencia, no se acredita la transgresión de la norma, en el concepto aludido. Por su parte, el artículo 2046 del Código Judicial es una norma que guarda relación con la fase de instrucción sumarial, mas no con la fase de juzgamiento, que es aquella a cargo del Tribunal de Alzada. Se trata de una norma que le indica al funcionario de instrucción, los medios de prueba a su alcance, de modo que pueda comprobar la existencia del hecho punible. Estima la censora que la vulneración de este precepto resulta del hecho de no haber valorado el Tribunal de Alzada, las probanzas consignadas en los motivos primero y segundo que sustentan la única causal de fondo, en conjunto con el resto de las pruebas, pues de haber realizado dicho ejercicio, hubiera considerado que no existe certeza respecto a la tenencia del arma por parte de su representado. Reiteramos; la norma que se alega infringida en esta oportunidad, es aplicable al F., en su labor de instrucción del sumario, mas no al J. en su labor de juzgamiento, razón por la cual, mal se puede invocar su infracción por parte del Tribunal de Alzada, al conocer del recurso de apelación incoado por la defensa oficiosa. Tratándose la invocada, de una causal de naturaleza probatoria, la impugnante, cita como norma sustantiva indirectamente infringida, el artículo 333 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación. Se trata de la norma penal que tipifica y sanciona el delito de posesión ilegal de arma de fuego, en sus modalidades simple y agravada. Explica la censora que, como consecuencia del error de hecho en la existencia de la prueba, el Ad quem dejó de observar que no existía certeza respecto a la tenencia ilegal de un arma de fuego por parte de su representado, lo cual le llevó a aplicarle indebidamente la pena prevista por la misma. Como hemos venido indicando a lo largo de esta resolución, la omisión del Tribunal de Alzada en la apreciación de la declaración indagatoria del encartado y de las declaraciones juradas de las señoras Y. Bellido de R. y Y.O., en nada hubiera afectado el resultado final del juicio de valoración respecto a la conducta atribuida al señor H.B., pues existen en el sumario, otras probanzas que sí justifican su responsabilidad penal, y por tanto, la confirmación del fallo condenatorio dictado en primer grado. Así las cosas, era lo procedente en derecho, dar aplicación al artículo 333 del Código Penal. Como quiera que la recurrente no ha logrado acreditar los cargos de injuridicidad atribuidos a la decisión de segundo grado, no resulta procedente casar la misma. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia 2da. I.. No. 102 de 12 de septiembre de 2011, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que confirmó en todas sus partes, la Sentencia N° 71 de 16 de mayo de 2011, dictada por el Juzgado Primero de Circuito Penal del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, que condenó a H.Y.B. a la pena de cuatro (4) años de prisión, y accesoriamente a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual período que la pena principal, como autor del delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego. FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 2446 del Texto Único del Código Judicial. Notifíquese Y DEVUÉLVASE, JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS MARIO CARRASCO AMINTA I. CARVAJAL C (Secretaria) [1] F.P., J. y GUERRA DE VILLALÁZ, Aura E. Casación y Revisión. Civil, Penal y Laboral. Editorial Sistemas Jurídicos, S.A.P., Panamá. 2001. P.. 268 [2]R.M., O.C. y OTROS. Recursos Extraordinarios y Acciones Judiciales. Manual Teórico Práctico. Editorial Mundo Jurídico, S.A., Primera Edición. Panamá, 2002. P.. 77.

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