Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Octubre de 2015

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución22 de Octubre de 2015
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Corresponde resolver el fondo del Recurso de Casación interpuesto por el Licenciado ALFONSO NÚÑEZ SÁENZ, en representación de L.A.R. DE LEÓN en contra de la Sentencia de Segunda Instancia No. 12 de 13 de febrero de 2012, a través de la cual se revoca la sentencia de primera instancia No. 42 de fecha 17 de marzo de 2011, condenando al imputado a la pena de veinticuatro (24) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un año, en calidad de autor de delito financiero en perjuicio de CREDICORP BANK. ANTECEDENTES Para la fecha del 15 de abril de 2010, el licenciado A.P., en nombre y representación de CREDICORP BANK, S.A, interpuso querella criminal contra L.R., en virtud de la posible comisión de Delito Financiero. De acuerdo a la narración de los hechos, el señor L.R. se presentó a las instalaciones del CREDICORP BANK, S.A, sucursal de Río Abajo, con la finalidad de cambiar cheque girado a su nombre; sin embargo, fue posible determinar que dicho cheque tenía la particularidad de ser falso. A través de Diligencia Sumarial del 27 de octubre de 2010, la Fiscalía Decimotercera del Primer Circuito Judicial de Panamá, admite la querella y luego de la práctica de diligencias propias de la investigación (declaraciones, ejercicio caligráficos), la fiscalía estima acreditado el hecho punible y la probable vinculación al mismo por parte del señor L.A.R. DE LEÓN, por lo que en su contra formula cargos y dispone receptarle declaración indagatoria, como presunto infractor de las normas contenidas en el Capítulo III, Título VII del Libro II del Código Penal; todo ello, mediante Diligencia Sumarial fechada 3 de enero de 2011. Finalizada la fase de instrucción, la representación social recomendó al juez de la causa, a través de V.F. No. 03 de 26 de enero de 2011, que dictara Auto de Llamamiento a Juicio contra L.R., por los hechos investigados. Siendo en acto de audiencia preliminar celebrada el día 17 de marzo de 2011, surtida bajo las reglas del proceso abreviado, que el tribunal de primera instancia dicta Sentencia Absolutoria a favor del procesado, al estimar que no se cumplió con los verbos rectores exigidos por la ley penal para este tipo de delitos y mucho menos se acreditó que los recursos pertenecieran a la entidad bancaria querellante. Dicha decisión fue apelada por el querellante y la fiscalía, impugnación que fue resuelta por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, a través de Sentencia No. 2da. 12 fechada 13 de febrero de 2012, la cual revocó la sentencia de primera instancia y, en su defecto, declaró penalmente responsable a L.A.R. DE LEÓN, imponiéndole la pena de veinticuatro (24) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de un año, como autor de delito financiero, en grado de tentativa. RESOLUCION RECURRIDA El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en sentencia recurrida señaló que si bien L.R. DE LEÓN, no logró percibir o cambiar el cheque, lo cual era su fin; quedó demostrado que su intención era obtener el recurso económico y, el hecho de dejar sus documentos de identidad personal así como el cheque en la entidad bancaria era motivado porque el sindicado había entrado en pánico. El fallo señala que R. De León realizó todos los actos necesarios a fin de lograr la consumación del delito, resultando que obtendría un beneficio monetario de la transferencia u obtención de recursos financieros; por ello, a su juicio, la conducta se adecúa a lo dispuesto en el artículo 48 del Código Penal, pues se trata de una forma imperfecta de realización del Delito. Además, la resolución indica que el obtener beneficio monetario a través de la transferencia satisface los presupuestos del delito financiero, específicamente tipificado en el artículo 243 del Código Penal, dado que los verbos rectores inmersos en el mismo pueden darse de manera simple o a través de manipulación informática y no exclusivamente a través de ésta última, por tratarse de conductas alternativas. Es así que, para el Tribunal de apelación los hechos cumplieron con acreditar la responsabilidad penal del imputado y, en consecuencia, arriba a la conclusión que se debía imponer la pena de veinticuatro (24) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. DEL RECURSO DE CASACIÓN El profesional del derecho, actuando en su calidad de defensor de L.A.R. DE LEÓN, fundamentó su recurso en dos causales. La primera "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal."; contemplada en el artículo 2430 numeral 1 del Código Judicial. Dicha causal, la sustentó en dos motivos: el primero de ellos en que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, erró al concluir que su representado tenía la intención de obtener recurso económico y que de haber valorado el testimonio de V.E.Z.R., hubieran concluido que el imputado, no cometió la conducta atribuida a él (Delito Financiero) pues no se apoderó o usó indebidamente el dinero de una entidad bancaria, en su beneficio, a través de manipulación informática, fraudulenta o medio tecnológico, mucho menos actuó con dolo. En el segundo motivo, el censor le atribuye al Segundo Tribunal Superior de Justicia que incurrió en error al no valorar la declaración indagatoria de L.R., quien indicó que al entregar el cheque al cajero para que fuera cambiado, se fue del banco porque se puso nervioso y esto demuestra un desistimiento voluntario en la ejecución del delito. Agrega, que estos errores llevaron al Segundo Tribunal Superior de Justicia a infringir las normas contenidas en los artículos 781, 917 del Código Judicial y los artículos 48, 49 y 243 del Código Penal. Sustentó que el artículo 781 del Código Judicial, fue infringido en concepto de violación directa por omisión al no valorar el testimonio de V.E.Z.R. y tampoco la declaración indagatoria de RANKIN DE LEON. En cuanto al artículo 917 del Código Judicial, sustentó que fue infringido por violación directa por omisión, el cual obliga que las declaraciones deban ser apreciadas según las reglas de la sana crítica. Por su parte, señaló que el artículo 48 del Código Penal, fue infringido en concepto de indebida aplicación, pues el Tribunal ad-quem arribó a la conclusión que el señor RANKIN DE LEON, ejecutó una forma imperfecta de delito, cuando al desistir voluntariamente se elimina el dolo. Al referirse a la infracción del artículo 49 del Código Penal, indicó que el tribunal de segunda instancia, lo infringió en violación directa por omisión y en cuanto al artículo 243 del Código Penal, lo infringió por indebida aplicación, pues el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dejó sentado que L.R.D.L., intentó ejecutar la conducta descrita en la norma, a pesar de haber desistido voluntariamente de ejecutarla. La segunda causal, en la que el recurrente fundamentó su recurso es la contenida en el artículo 2430, numeral 2 del Código Judicial; es decir, "Cuando se tenga como delito un hecho que no lo es". Un solo motivo sustenta la causal señalada, en donde se establece que el tribunal de alzada erró al dar por acreditado la comisión de un hecho punible, porque la acción realizada por el imputado, de presentarse a un banco con un cheque falso y luego retirarse sin hacerlo efectivo no constituye delito financiero. Con relación a las disposiciones legales infringidas señaló que se violentó el artículo 9 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, pues los hechos probados no constituyen delito, sin embargo el Segundo Tribunal Superior de Justicia, así los subsumió en el tipo penal; pues no quedó demostrado que el sujeto activo hubiera usado indebidamente el dinero, en beneficio propio, de una entidad bancaria a través de manipulación informática, fraudulenta o de medios tecnológicos. También adujo como disposición infringida el artículo 12 del Código Penal, ello en violación directa por omisión; ya que los hechos no encuentran adecuación típica en el tipo penal del delito financiero, máxime que operó un desistimiento voluntario por parte del imputado. Concluye en señalar que el artículo 243 del Código Penal, también fue infringido en concepto de indebida aplicación porque los hechos probados no constituyen delito. En base a lo anterior peticiona se Case el fallo impugnado y, en su lugar, se ordene la absolución del señor L.R. DE LEÓN. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Corrido el traslado de ley, la Procuraduría General de la Nación, a través de Vista No. 52 de fecha 19 de abril de 2013 presentó las consideraciones sobre el presente Recurso de Casación en los siguientes términos: En cuanto a la primera causal, Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal; contemplada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial, así como el primer motivo, señala que discrepa con el recurrente ya que el testimonio de V.E.Z.R., no tiene la trascendencia para desvirtuar la vinculación del imputado y que dicho elemento acredita la intención del mismo; además que el señor RANKIN DE LEÓN, conocía la ilicitud de su conducta. Al referirse al segundo motivo, expone la representante de la sociedad que la declaración indagatoria de L.R. DE LEÓN, no tiene la fuerza probatoria para desvirtuar la valoración realizada, pues el imputado se retiró de la sucursal bancaria al notar que los empleados del local se percataron de la ilicitud del documento y optó por escapar para no enfrentar las consecuencias de su proceder. De acuerdo a dichos planteamientos, la Procuraduría estima que las disposiciones legales aducidas como infringidas; estas son: el artículo 781 y 917 del Código Judicial, no guardan relación con la causal ensayada pues se refieren a parámetros de valoración probatoria, por lo que mal pudieron ser quebrantadas si lo aducido es que no se valoraron ciertos elementos de prueba. Sigue exponiendo la máxime representante del Ministerio Público, en relación a la vulneración del artículo 48 del Código Penal, que no comparte el criterio del recurrente, dado que L.R. DE LEÓN, se presentó a la sucursal del Credicorp Bank y el mismo se retiró debido a la demora que se dio al momento en que intentó hacer efectivo el cambio del cheque falsificado, quedando acreditado que realizó los actos idóneos dirigidos a la consumación del delito. Por su parte, en cuanto a la violación del artículo 49 del Código Penal, expuso que no estima se haya producido vulneración alguna; puesto que el hecho ejecutado por L.R. DE LEÓN, no produjo los resultados porque los empleados del Banco Credicorp Bank, S.A se percataron de la falsedad del cheque que intentó hacer efectivo. Por ende, a su consideración, tampoco encuentra que se haya podido vulnerar esta norma, pues ahí se subsumen los actos ejecutados por el imputado. En cuanto a la segunda casual, esto es: "Cuando se tenga como delito un hecho que no lo es", la señora Procuradora General de la Nación, sostiene que no concuerda con los cargos realizados por el recurrente, en el único motivo que la sustenta la causal, habida cuenta que el imputado tuvo la intención de apoderarse de dinero a través de un fraude, el cual está dado por la introducción del cheque falso. Al referirse a las normas infringidas, la representante de la sociedad indica que no comparte la infracción del artículo 9 del Código Penal en concepto de violación directa, por omisión; pues a su juicio quedó acreditado que el sujeto activo intentó apoderarse de dinero de una entidad bancaria. Con relación al artículo 12 del Código Penal, también expresó su discrepancia con el concepto de la infracción ya que el actuar de L.R. fue adecuado, correctamente, en el tipo penal descrito en el artículo 243 del Código Penal. Por ende tampoco hubo una indebida aplicación de la norma penal. Siendo así las cosas, recomienda No Casar la Sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. CONSIDERACIONES DE LA SALA Una vez hemos expuesto los criterios en que el recurrente ha sustentado el recurso de Casación y los conceptos que vertió la representante del Ministerio Público, la Sala se adentra a resolver el fondo del presente recurso. Para ello, iniciamos el estudio de la primera causal. "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal." Esta causal se refiere a aquellos errores en que incurre el tribunal al no otorgarle valor a los medios probatorios, allegados al proceso. Los autores nacionales Aura Guerra de V. y J.F.; en el Libro CASACIÓN, al explicar esta causal señalan tres momentos en que también puede incurrirse en error por parte del Tribunal; lo cual hacen de la siguiente manera: "En ese sentido, el Tribunal: 1. No considera la prueba que materialmente aparece en el proceso; 2. Afirma que la misma no existe a pesar de que es parte integrante del expediente, o 3. Le asigna valor probatorio a un elemento de convicción que no tiene existencia material en el proceso." F., J.; GUERRA DE V., A.E.; CASACIÓN. Imprenta, V., S.A.; S.J., Costa Rica. 1995; p.p 318. El recurrente ha sustentado la presente causal, en dos motivos, el primero de ellos, aduciendo que el Tribunal Superior de Justicia, incurrió en error pues no valoró el testimonio de V.E.Z.R., quien era cajero al momento del hecho y que de haber tomado en cuenta su testimonio hubieran arribado a la conclusión que el señor imputado no cometió la conducta atribuida y que no se apoderó o no usó indebidamente dinero de una entidad bancaria. Al analizar el testimonio rendido por V.E.Z.R., visible de fojas 80 a 82 se desprende que éste fue el cajero de la entidad bancaria, quien atendió al cliente L.R. en momentos en los que se apersonó a cambiar el Cheque No. 05593 por el monto de B/2,906.62 de la cuenta No. 4010019973 a nombre de la empresa Demonde, Inc. Conforme a este testimonio, al apersonar el cliente, le llamó la atención el logo del banco porque cuando se trata de chequeras vouchers, el dibujo del logo del banco se encuentra bien definido y en este caso, lo notó diferente. Agregó el testigo, que al colocar el cheque en el expectroline, la luz ultravioleta, no mostró los rasgos del papel de seguridad de la chequera vouchers, por lo que se dirigió hacia el Oficial a fin de corroborar la información del cliente, mostrándose el cliente siempre inquieto y al ver que demoraron se procedió a retirar, dejando el cheque y la cédula. Al respecto, estimamos que a pesar que el Segundo Tribunal no hace mención, de forma directa, de este testigo, el fallo recurrido si analiza dentro de sus apreciaciones lo consignado en esta declaración cuando concluye que debido a las características dudosas del cheque al momento de su verificación, el sindicado entró en pánico y salió del establecimiento dejando el cheque y su cédula. Siendo, entonces, que el hecho controvertido fue dilucidado por el tribunal de segunda instancia, por lo que no observamos que se haya acreditado por parte del recurrente, el error argumentado. Es más, en base a lo expuesto por el cajero es que el Tribunal Superior de Justicia concluye que el imputado realizó todos los actos idóneos para la consumación del hecho criminal, el cual no logró debido a las diligencias de verificación que hicieron que el mismo entrara en pánico. Por su parte, en el segundo motivo, el censor atribuye error al tribunal ad-quem, estimando que al no valorar lo dicho por el imputado en su declaración indagatoria, dejó de apreciar que éste se retiró voluntariamente del lugar, evitando de este modo la ejecución del hecho punible. El punto controvertido es, pues, la estimación respecto a si el hecho se ejecutó en grado de tentativa y, por el contrario, hubo un desistimiento voluntario por parte del imputado. En este sentido, de la declaración indagatoria rendida por RANKIN DE LEON se extrae que el día anterior a los hechos en el Mall de los Pueblos iba a realizar compras y se le acercó una persona que presumió era extranjera, la cual le pidió el favor de cambiar el cheque, para lo cual le pidió su nombre, número de cédula y con quien coordinó encontrarse el día siguiente para hacerle entrega del cheque y así dirigirse a la entidad bancaria a hacer efectivo el cambio en efectivo del mismo; todo ello, por la suma de cien dólares (B/100.00) que le sería pagado. Señaló el sindicado, que cuando llegó a la sucursal bancaria el día 15 de abril de 2010, con la intención de cambiar un cheque, el cajero tomó su cédula y el cheque y se retiró a donde la jefa de él a verificar el mismo por lo que su puso nervioso, lo que motivó que se retirara del lugar. Igualmente, R. De León manifestó que cuando salió y se retiró a la fonda cerca de la sucursal no vio al sujeto extranjero en dicho lugar. (Fojas187-190) Para poder dirimir la controversia planteada es necesario, que podamos diferenciar ambas instituciones (tentativa, desistimiento voluntario) consideradas como formas imperfectas de la realización del delito, por nuestra legislación. La diferencia básica radica en que en la tentativa, el delito no se completa por acciones ajenas a la voluntad del sujeto activo y en el desistimiento voluntario, las acciones no se producen por la propia voluntad del sujeto activo. El análisis doctrinal de la institución de la tentativa y el desistimiento voluntario nos lleva a considerar lo planteado por las autoras panameñas Dra. AURA E. GUERRA DE V. y G.V.D.A., cuando estiman que hay ciertos requisitos para que se configure el desistimiento voluntario los cuales son: - "Que el perfeccionamiento o consumación dependa de la voluntad del autor y que los actos de ejecución realizados no integren los elementos propios de un tipo penal determinado." Por su parte, para la tentativa, señalan que deben unirse la voluntad de realizar el hecho punible, el comienzo o inicio de ejecución, la idoneidad de los medios y la no consumación del delito. El autor F.V., en Manual de Derecho Penal, expresa que debe reunirse diversos requisitos para hablar de Desistimiento Voluntario o tentativa desistida. En primer lugar, el autor refiere que es indispensable el abandono de la voluntad delictiva por parte del agente; es decir, que medie en el agente la voluntad de no persistir en la acción criminosa. En segundo lugar, el abandono debe ser definitivo, esto es, que no sea de índole provisional para intentar luego la ejecución de la empresa criminal. Tercero, el abandono debe ser de carácter voluntario, quiere decir ello, que no sea impuesto por una circunstancia extraña al agente, sin olvidar "que no es la causa la que tiene que ser independiente, sino la voluntad del autor". Por último, el desistimiento debe impedir la consumación del hecho. (V.V., F.. Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial Temis, S.A.B., Colombia. 2002. P. 435-436) Para F.M.C. y M.G.A. son dos los requisitos para que el desistimiento voluntario merezca la impunidad; a saber: la voluntad del desistimiento y la evitación de la consumación. (M.C., F. y GARCÍA ARÁN, M.. Derecho Penal. Parte General. 6ª. Edición, revisada y puesta al día. Editorial Tirant lo B.. Valencia. 2004. P.. 425-428) Es en este marco, que los autores en mención indican que no es lo mismo que el agente desista por motivos éticos (arrepentimiento, sentimiento de culpa, etc.) a que desista por motivos interesados (miedo a la pena, miedo a la realización del delito o a sus consecuencias, etc.) Indican, a la vez, que cuando se trate de un miedo concreto a la pena (el sujeto desiste porque ha sido descubierto, porque va a ser detenido a la salida del lugar del robo, etc.), éste miedo debe ser valorado negativamente, esto es, el desistimiento debe ser estimado involuntario y, por tanto, no excluyente de la pena. El análisis doctrinal efectuado, en conjunto con los elementos de prueba inmersos en el dossier, permiten advertir que el imputado se presentó a la sucursal bancaria a fin de cambiar un cheque que era falso, no solo por el documento en sí, al no contener las características propias de su matriz o fuente original, sino porque la firma autorizada no era de M.T.S., una de las personas autorizadas para firmar en la cuenta de la sociedad DEMONDE, INC., siendo que la empresa, además, señaló que no había girado el mismo. (Ver foja 209-211 estudio grafotécnico comparativo); por lo que, el hecho de abandonar la sucursal bancaria, por parte del imputado, se debió, claramente, a que éste conocía la procedencia ilícita del cheque y ante las diversas verificaciones efectuadas al documento por los empleados de la entidad bancaria, así como su indefectible descubrimiento, decidió retirarse del lugar, motivado por un miedo concreto a la pena, a asumir las consecuencias jurídicas de su actuar. Este acto, tal cual descrito, no puede ser considerado como un desistimiento voluntario porque no obedece a algún parámetro volitivo del propio imputado; más bien fue ocasionado por su intención de escapar a la situación en que se vio involucrado. Contrario hubiese sido que R. De León solicitara al empleado de la entidad bancaria la devolución del cheque y la entrega de su documento de identidad personal porque ya no iba a efectuar ningún trámite o transacción; situación que no operó de esta manera. Por ende, a nuestro juicio, no se logra desprender el cargo de injuricidad alegado por el recurrente; de modo que, el análisis de las normas infringidas no es necesario, pues al no desprenderse cargos de injuricidad mal puede existir vulneración a las normas. Segunda Causal: El recurso extraordinario de casación también fue fundamentado en el causal contenida en el numeral 2 del artículo 2430 del Código Judicial, esta es: "Cuando se tenga como delito un hecho que no lo es." Para mejor comprensión de dicha causal, recurrimos a la doctrina patria en el caso de los autores GUERRA V. y FABREGA, quienes han explicado que esta causal infringe la ley sustancial, ya que los hechos son enmarcados como delito por el juez cuando no han sido tipificados por la ley, como tales. Esta causal responde al principio de estricta legalidad. A nivel jurisprudencial, en fallo calendado 3 de febrero de 2010, bajo la ponencia del Magistrado L.M.C., la presente causal se explicó en los siguientes términos: "Ahora bien, la causal invocada tiene lugar en el supuesto en que, sin que medien errores de hecho o derecho en la apreciación de la prueba, el juez califica como delito un hecho que no lo es. En esta causal se parte del supuesto de que la declaración de los hechos efectuada por el Tribunal es correcta, esto es, que los hechos han sido correctamente establecidos en la sentencia y es al calificarlos cuando el juez se equivoca, dándoles connotación delictiva cuando en realidad no la tienen." La causal, pues, lleva al estudio de ponderar si la tipicidad que realizó el tribunal ad-quem, sobre los hechos es adecuada. El recurrente fundamentó la presente causal, en un solo motivo, este es: que el tribunal de segunda instancia incurrió en error al encuadrar la conducta de L.R. DE LEÓN, de llevar un cheque falso para que fuera cambiado a una sucursal de Credicorp Bank y que con esa acción intentó apoderarse de dineros de dicha entidad bancaria, de forma fraudulenta y por ende estimó que se había ejecutado un delito financiero, en grado de tentativa. El delito financiero, se encuentra dentro de aquellas conductas que a juicio del legislador ponen en riesgo el bien jurídico tutelado el "Orden Económico"; los cuales fueron incorporados al catálogo de delitos mediante la Ley 45 de 4 de junio de 2003, en primera instancia bajo el bien jurídico a tutelar "Economía Nacional" y que llevaron al legislador a erigir en delito algunas conductas que a su juicio ponen en riesgo la actividad económica del país; en el caso en específico que atenten contra la seguridad en el sector bancario. Para la jurista panameña, DRA. AURA E. GUERRA DE V., al explicar los delitos financieros, señala que estos guardan relación con la utilización indebida de los fondos captados del público. Para determinar si la tipicidad realizada, es la adecuada, siendo que una de las funciones del tipo, es de garantía, es decir que solo los comportamientos subsumibles en él pueden ser sancionados penalmente; tal cual lo explica el autor F.M.C., en su libro Teoría del Delito, es necesario que analicemos si la conducta que llevó a cabo el señor L.R. DE LEÓN, se adecua al tipo penal que describe una de las modalidades del delito financiero. Partiendo de esta perspectiva, debemos señalar que la acción realizada fue la de presentarse ante la entidad bancaria con un cheque falso para ser cambiado; el cual fue girado de la cuenta No. 4010019973 y la cual pertenece al CREDICORP BANK, cuyo titular lo es la sociedad DEMONDE INC., siendo el señor M.S.M., la persona autorizada para girar contra dicha cuenta. (fj. 55). El artículo 239 del Código Penal, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, contemplaba el delito financiero de la siguiente forma: "Artículo 239: Quien en beneficio propio o de un tercero, se apodere, ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido de dinero, valores u otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros del público o que se le hayan confiado, o realicen esas conductas a través de manipulación informática, fraudulenta o de medios tecnológicos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. La sanción será de seis años a 8 años de prisión, cuando el hecho punible es cometido por un empleado, trabajador, directivo, dignatario, administrador o representante legal de la entidad o empresa, aprovechándose de su posición o del error ajeno". Respeto a la calidad con que interviene el sujeto activo en la acción delictiva, podemos indicar que la norma transcrita exige que la conducta típica la ejecute cualquier persona, sin necesidad que reúna alguna característica en especial. El objeto material sobre la cual recae físicamente la acción típica es el dinero, valor u otro recurso financiero. Mientras que el objeto jurídico o bien jurídico tutelado es el orden económico. El tipo penal es doloso porque exige que el agente realice la conducta con conocimiento y voluntad. En el caso que nos ocupa, se desprende de los elementos de pruebas insertos en el infolio penal, que L.R. tenía conocimiento de la acción desplegada y actuó conforme a ella, mostrando voluntad en su acción; amén que el cheque falsificado o adulterado, contenía su nombre como persona a favor de la cual se iba a efectuar el desembolso del dinero. Aunado ello, a través de la excepción de defensa brindada por el imputado, el mismo aporta una mala justificación, relacionada a una persona de la cual no conocía mayores de detalles que presuntamente era extranjera, quien le pide el favor un día antes del evento delictivo, que le cambiara un cheque en la entidad bancaria, para lo cual se le iba a dar una bonificación. De acuerdo al doctrinario F.G., el indicio de mala justificación guarda relación a: "La manera mediante la cual intenta el acusado explicar los hechos imputados a él contribuye a su interpretación. Si suministra una explicación aceptable, el indicio se derrumba. Si, por el contrario, da una explicación deficiente o inventada, refuerza el indicio, al permitir atribuirle un sentido desfavorable al acto sospechoso...la mala justificación no es sino un complemento de los demás indicios, y es una modalidad de las declaraciones del acusado. Por servir de intermediaria entre esos dos medios de prueba, no se puede tratar por separado, salvo para hacer que resalte su papel particular." (GORPHE, F.. La Apreciación Judicial de las Pruebas. Ensayo de un Método Técnico. Editorial Temis, S.A.R. de la primera edición. Bogotá, Colombia. 1989. P.. 282-283) En cuanto a la conducta o acción que la norma prevé, el tipo penal in comento hace referencia a quien se apodere, ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido. Para tales efectos, una definición legal de apoderarse es "hacerse dueño de una cosa"; la transferencia, por su parte, consistirá en la acción o efecto de transferir, es decir, de pasar algo de un sitio a otro. El Diccionario Jurídico Elemental del autor G.C. DE TORRES, define el término transferencia como: "Remisión de fondos de una cuenta a otra, sea de la misma persona o de diferentes." En tanto, hacer uso indebido, sería dar un uso ilegal o injusto a la cosa. Sumado a ello, la estructura penal del tipo advierte que debe obtenerse una disposición patrimonial, en beneficio propio o de otra persona. Siendo así, la Sala considera que el haber intentado hacer efectivo un cheque que resultó ser falsificado, implica la intención de hacerse dueño del dinero, que iba a ser entregado en virtud del mandato contenido en el documento negociable y en este caso, a fin de obtener un beneficio patrimonial. Más aún, la norma legal controvertida por el recurrente dispone que el objeto sobre el cual recae la acción debe ser un recurso financiero de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros del público o que se le hayan confiado. Consecuentemente, es ostensible que el dinero reclamado a través del cheque espurio era un recurso financiero de una entidad bancaria (Credicorp Bank) a la cual se le confió el mismo por parte del cuentahabiente y, por consiguiente, la acción desplegada le ocasionaría perjuicios a dicha entidad, al efectuar un desembolso sin un sustento válido para ello. Al respecto, consta nota fechada el 22 de diciembre de 2010 suscrita por M.G. de W., representante legal de la empresa Demonde Inc., en la cual en su punto 2 señala que la empresa no giró el cheque No. 05593 fechado el 14 de abril de 2010, pagadero a órdenes de L.R., por la suma de $2,906.02 de la cuenta No. 4010019973 bajo el nombre de la empresa. Incluso, sostiene la empresa en la nota en mención que el único cheque girado por la empresa fue el No. 05593 pagadero a la orden de M.C. (Caja Menuda), por la suma de $640.00, para la fecha del 18 de junio de 2009. De la misma forma, consultable a folios 109- 126, constan los documentos que sustentan la apertura de cuenta en la entidad de bancaria por parte de la empresa Demond, Inc.y, por ende, dichos documento acuerpan la relación bancaria a través de la cual se le confía al Credicorp Bank los dineros de la empresa manejados por medio de dicha cuenta. Finalmente, el tipo penal preceptúa "o realicen esas conductas a través de manipulación informática, fraudulenta o de medios tecnológicos", lo que nos lleva a coincidir con el Tribunal Superior, cuando en el fallo censurado indica que la norma contempla una conducta alternativa, pues las acciones de apoderamiento, transferencia o uso indebido pueden darse de manera simple o a través de alguna manipulación informática, fraudulenta o por medios tecnológicos, dado que la conjunción "o", implica siempre una alternancia. Por otro lado, no está de más señalar que el emplear o utilizar un documento espurio para lograr los objetivos propuestos en la acción criminal, sin duda constituye un actuar fraudulento, consistente en un ardid o engaño para procurarse un beneficio en perjuicio de otro. Por consiguiente, no le asiste razón al censor al señalar que el hecho no constituye delito, dado que se adecúa perfectamente en la descripción que hace el legislador sobre el tipo penal del delito financiero, al responder al verbo rector que contempla el mismo como es apoderarse, concurriendo el ánimo de hacerse dueño del dinero o causar o utilizar el dinero confiado a un ente financiero o bancario; por lo cual L.R., en este caso, realizó todos los actos necesarios para ejecutar la conducta que describe el tipo penal. El ánimo de hacerse dueño por parte de R. De León se hace evidente si analizamos que el imputado compareció a la entidad bancaria a reclamar la entrega de un dinero, a su nombre, en virtud de un documento que ordenaba tal acción y el estudio grafotécnico concluyó que la firma del endoso del cheque corresponde a L.R.. Además, no es creíble la versión ofrecida por el imputado respecto a la existencia de una tercera persona, presumiblemente extranjera, que un día antes, de forma casual se lo encontró y le pidió el favor de cambiar el cheque, para lo cual colocó de forma mecánica el nombre del imputado en el documento espurio. En torno, a las disposiciones legales infringidas, el recurrente no ha podido demostrar que el tribunal de segunda instancia infringió los mismos, pues el actuar del señor L.R. DE LEÓN es perfectamente subsumido en el tipo penal descrito en el artículo 243 del Código Penal, siendo que conforme al principio de legalidad, el actuar de quien es sancionado por un hecho punible, debe estar adecuado a lo descrito en el tipo penal. Por estas razones, se concluye que No debe ser casada la sentencia impugnada. PARTE RESOLUTIVA Por todo lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia 2a INST. No. 12, de fecha 13 de febrero de dos mil doce (2012), proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso seguido a L.R. DE LEÓN, por el delito financiero, en perjuicio de CREDICORP BANK. Notifíquese Y CUMPLASE; JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. AMINTA I. CARVAJAL C. (Secretaria)

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