Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Octubre de 2015

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución22 de Octubre de 2015
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Pendiente de resolver en el fondo, se encuentra el recurso de casación interpuesto por el licenciado J.C.P.C., defensor particular del señor L.A.H., contra la sentencia de Segunda Instancia de 21 de junio de 2012, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante la cual se revoca la sentencia absolutoria de primera instancia, dictada en el proceso penal seguido contra el prenombrado, condenándolo a la pena de cincuenta (50) meses de prisión y como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas por el término de dos años, como responsable del delito de posesión agravada de drogas. La audiencia de casación fue celebrada el día 8 de julio de 2013, con la participación de la parte recurrente y del representante de la Procuraduría General de la Nación, oportunidad que ambas partes aprovecharon para reiterar sus respectivos argumentos, luego de lo cual corresponde emitir el fallo de fondo, tarea a la cual se procede de inmediato. HISTORIA CONCISA DEL CASO Según narró el recurrente, el proceso se inicia de oficio, con el informe de 30 de noviembre de 2010 (fs. 2), suscrito por el C.F.H., que da cuenta de la información recibida que el señor L.A., mantenía una cantidad considerable de kilos de sustancias ilícitas. Mediante providencia de 3 de diciembre de 2010, la agencia de instrucción ordenó receptar declaración indagatoria el señor L.A.H., por la presunta comisión de un delito relacionado con drogas (f.153-166). Concluida la etapa de instrucción y la correspondiente calificación del sumario, con el llamamiento a juicio del procesado, el Juzgado de Liquidación de Causas Penales de Coclé, decretó la nulidad del proceso y dictó sentencia absolutoria a favor del sindicado, decisión que fue recurrida por el Ministerio Público. El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en sentencia de fecha 21 de junio de 2012, modificó el fallo y en su lugar condenó al procesado a la pena de 50 meses de prisión, como autor del delito de posesión agravada de drogas, sentencia contra la cual se endereza el presente recurso de casación. CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS El casacionista invocó sólo una causal para sustentar su recurso. Esta única causal se refiere a cuando se halla incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal, consagrada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, la causal en examen se configura cuando el tribunal le otorga a la prueba un valor que la ley no le atribuye, cuando le niega al medio de prueba la fuerza que la ley le reconoce o cuando admite un elemento probatorio que ha sido producido con inobservancia de las formalidades legales establecidas para esa finalidad. Como primer motivo, el recurrente sostiene que el Tribunal Superior le otorgó pleno valor probatorio a la Orden de allanamiento y su consecuente acta de realización, por medio de la cual se ordenó el allanamiento de la residencia de Plácido V. y la Finca de H.P., siendo lo correcto coincidir con el juez de grado respecto a "...que la realización de un allanamiento en una residencia o lugar distinta a la consignada en la orden resulta ilegal...". La Procuraduría General de la Nación, al emitir concepto sobre el recurso formalizado (fs. 1080-1095), desestimó el cargo de infracción consignado en el primer motivo, resaltando que las diligencias efectuadas cumplían con las formalidades que establece la ley para cumplir la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio. En ese sentido, señala la colaboradora de la instancia, que la orden visible a fojas 14-15, proviene de una autoridad competente, establece motivación, lugar, fecha, hora, finalidad para la práctica de la misma, así como la comisión expresa del agente especial a cuyo cargo se efectuaría la misma. Agrega, que si bien en la parte dispositiva de la diligencia mediante la cual se ordenó el allanamiento quedó consignado "la residencia del señor P.V.L. ubicada en la ciudad del C., distrito de Aguadulce, vía Los Volcanes", en el acta de allanamiento visible a foja 16, se dejó constancia que la finca pertenecía al señor H.P., y que estaba custodiada por el señor P.V.L.. En cuanto al segundo motivo, el casacionista se refiere al valor probatorio otorgado por el Ad-Quem a las evidencias materiales encontradas en el allanamiento (sustancias ilícitas), efectuado sin la orden correspondiente para el lugar donde se encontraron. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación desestima el cargo de injuricidad establecido por el censor en el segundo motivo, destacando que a fojas 14-15 se aprecia la providencia mediante la cual la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, dispone el ingreso y registro a la heredad ubicada en El C., vía Los Volcanes, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, siendo el domicilio exacto cuyo allanamiento fue autorizado, cumpliendo de esta manera con las formalidades legales que exigen la mención de la dirección domiciliaria. Asimismo, señala la representante de la vindicta pública, que el lugar a allanar resultó exactamente el mismo donde se desarrolló la diligencia de registro y donde fue ubicado el material ilícito. La adición del nombre del propietario del inmueble allanado no constituye un vicio, toda vez, que el acto bajo estudio cumplió con los presupuestos: fue expedido por autoridad competente, contiene la motivación, finalidad y demás requisitos. Por lo tanto, no se produjo ninguna nulidad, puesto que no fue vulnerado ningún derecho o garantía fundamental. Ahora bien, los cargos de infracción legal planteados por la censora, mediante el ejercicio de la causal probatoria invocada, requieren, a fin de acreditar su procedencia, incursionar en la labor de determinar, en primer lugar, la veracidad del vicio alegado, es decir, si efectivamente el juzgador de segunda instancia, valoró la prueba que se cita mal apreciada; en segundo lugar, establecer si en efecto, al desplegar esta tarea judicial, el juzgador de alzada se apartó de los criterios de interpretación probatoria, y finalmente, comprobar si el error probatorio, reviste la importancia y trascendencia para variar la parte dispositiva de la resolución judicial impugnada. El examen detenido de la sentencia de segunda instancia atacada, permite a la Sala constatar que, al momento de definir la situación penal del imputado, el Tribunal Ad-Quem efectivamente apreció las diligencias de allanamiento practicadas que corren de fojas 14 a 20, llegándose a constituir en pieza importante en la motivación del fallo condenatorio proferido. Ahora bien, contrario a lo señalado por el recurrente, para la Sala queda claro que el Tribunal Superior hace una adecuada ponderación de la eficacia probatoria de la diligencia arriba identificada, destacando: "... la providencia que dispone allanar la residencia del ciudadano P.V., donde se expresa como dirección Vía Los Volcanes, Corregimiento de El C., Distrito de Aguadulce, pues pese a que en el acta emanada en la orden se consigna que la diligencia se realizó en la finca del ciudadano H.P., tal circunstancia se debe a que el domicilio del señor V. se ubica dentro del lugar". (f.1039) En ese sentido, observa la Sala que en la orden de allanamiento se dejó consignado que sería efectuada sobre la residencia del señor P.V.L., ubicada en la ciudad del C. de Aguadulce, específicamente en la ciudad del C., Vía Los Volcanes, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé (f.14). No obstante, en el acta correspondiente se estableció, que el Despacho de la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Coclé y Veraguas, se traslada y se constituye provisionalmente en la ciudad del C., Vía Los Volcanes, del Distrito de Aguadulce, provincia de Coclé con la finalidad de realizar diligencia de allanamiento y registro en la finca propiedad del señor H.P., la cual se encuentra custodiada por el señor P.V.L.. De lo anterior se colige que tanto la orden como el acta de allanamiento se refieren al mismo lugar (finca propiedad de H.P., siendo el señor P.V.L. reside en la finca aludida y es el encargado de la custodia y conservación de la misma, tal como lo señaló el señor H.P. mediante declaración jurada visible a fojas 541-551. Asimismo, como fue planteado por la Procuradora General de la Nación, se aprecia que en la Dirección de Organización Electoral de Coclé, aparece registrada como dirección del señor P.V.: provincia de Coclé, distrito de Aguadulce, corregimiento El C., barrio Los Volcanes, sin número de calle o casa, lo que corrobora la descripción del domicilio cuyo allanamiento fue autorizado. Así las cosas, el error de derecho en la valoración de la diligencia de allanamiento alegado por el casasionista, al aducir que fue producida sin cumplir formalidades legales lo que a su juicio trae como consecuencia la ineficacia de los hallazgos de la misma, para la Sala carece de sustento jurídico, por las siguientes consideraciones: Como es sabido, lafinalidad de un registro domiciliario es una actividad investigativa, con el único presupuesto de encontrar evidencias de un delito o detener a una persona como autor o partícipe del mismo y que el derecho de no injerencia a la morada supone el cumplimiento de requisitos legales, a fin de evitar la transgresión de un derecho fundamental. Tales presupuestos vienen dados en nuestro ordenamiento legal, en el artículo 2178 al decir que el funcionario de instrucción puede allanar un edificio de cualquier clase, establecimiento o finca, cuando haya indicio grave de que allí se encuentre el presunto imputado o los efectos o instrumentos empleados en la comisión del delito, que puedan servir o para comprobar el hecho punible o para descubrir a sus autores y partícipes. La Constitución Nacional en su artículo 26 reconoce el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio o residencia, para lo cual dispone que nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos. En el caso bajo examen, la orden de allanamiento reúne tales requisitos. De consiguiente, se observa la orden de diligencia de allanamiento y registro dictada por autoridad competente (f.14-15) , igualmente consta el oficio suscrito por el C.F.H., J. de la Sección de Delitos Relacionados con Drogas, de Coclé (f.1), mediante el cual remite informe que guarda relación con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, en la que se menciona al señor L.A. como uno de sus miembros importantes. Las actas de la diligencia de registro, consignan los resultados obtenidos del registro efectuado a la finca propiedad del señor H.P., donde reside el señor P.V., (quien la custodia) (16-23); diligencia de campo preliminar al contenido de 177 paquetes rectangulares (fs.76-77) mediante la cual se determinó que la sustancia incautada resultó positivo para la presencia de la droga conocida como cocaína, y que según el dictamen de laboratorio Técnico Especializado en Drogas de Veraguas en una cantidad de 201,950.00 gramos (f. 282); elementos de prueba éstos que a juicio de la Sala, demuestran indudablemente que estamos frente a una actividad ilícita relacionada con la venta o traspaso de droga. También se tiene que el señor P.V. no se opuso a la entrada a la propiedad (f.17), manifestando que a la finca llegó un pickup, color blanco, de donde se bajó un ciudadano de nombre L., quien bajó del vehículo unos sacos guardándolos en un contenedor; y la declaración indagatoria rendida por L.A.H. (fs. 342-363), quien aceptó los cargos formulados en su contra, así como la propiedad de los 177 paquetes contentivos de sustancias ilícitas. Así las cosas, el cargo de injuridicidad expuesto en el primer y segundo motivo contra la sentencia censurada respecto a la ilegalidad de la diligencia de allanamiento y en consecuencia la ineficacia probatoria de los elementos de convicción recabados durante el registro, no se logra acreditar, toda vez que las piezas probatorias, fueron correctamente valoradas, por lo que censura que esboza la recurrente no tiene la trascendencia jurídica para variar la decisión adoptada por el Tribunal Ad-Quem. Con relación al tercer motivo, el recurrente nuevamente enfatiza en el valor probatorio otorgado a la orden de allanamiento decretada a una residencia ubicada en la avenida O.T. (fs.58-59), es decir, un lugar distinto al cual fue aprehendido el objeto material del delito (calle A.T.E. (fs. 60-66)). Finalmente, en el cuarto motivo el casacionista se refiere al valor probatorio otorgado a las evidencias materiales encontradas en la diligencia (dinero), producto de la diligencia de allanamiento realizada sin previa orden en la residencia de L.A.H., localizada en la avenida A.T.E.. Con relación al tercer y cuarto motivo, la Procuraduría General de la Nación, en su vista fiscal manifestó que disiente de lo planteado por el casacionista, toda vez que la diligencia de allanamiento no se efectuó en lugar distinto como lo esgrime el recurrente, por cuanto el lugar objeto de allanamiento estaba descrito en la orden visible a fojas 58-59, de forma tal que no asoma discusión sobre el área específica donde se llevaría a cabo la diligencia, ya que establece que el lugar de la pesquisa se encontraba localizado en el distrito de Aguadulce, entre el taller A. y la Funeraria Alta Gracia. Aunado a lo anterior, a fojas 66 y reverso, consta la rúbrica de las personas allanadas y registradas, es decir L.A.H. e I.M., quienes estuvieron presentes durante la diligencia de registro, dejando constancia de tal situación y dando fe que la residencia allanada corresponde al objetivo de la investigación. Al respecto observa la Sala, que a fojas 58-59 consta la resolución de fecha 2 de diciembre de 2010, mediante la cual se ordenó el allanamiento y registro sobre la residencia del señor L.A.H., ubicada en la calleO.T. final, ubicada entre el Taller A. y la Funeraria A., sin embargo, a fojas 60-66 del expediente, se dejó consignado que el domicilio estaba ubicado en la calle A.T., de conformidad con lo señalado en informes de seguimiento y vigilancia visibles a foja 2-3, 12-13 del dossier. De allí que, pese a que hubo un defecto en el nombre de la calle en la orden de allanamiento y registro, no existía ningún error en el área objeto de allanamiento, toda vez que se estableció que la residencia del señor L.A.H. estaba ubicada entre el Taller A. y la funeraria A., aunado a la inexistencia de una calle con el nombre de O.T. que se prestase para confusión alguna. Asimismo, consta que la diligencia fue debidamente firmada por los señores L.A.H. y su cónyuge I.M., quienes estuvieron presente en la misma. En consecuencia, no se configura el cargo de injuricidad alegado, toda vez que las piezas probatorias, no solamente fueron correctamente valoradas, sino que el defecto advertido en el nombre de la calle donde se ubicaba la residencia del imputado, no tiene la trascendencia o magnitud suficiente para revertir lo decidido en segunda instancia, por cuanto, no invalida las evidencias materiales recabadas, toda vez que el allanamiento fue practicado en el lugar específico señalado por los agentes policiales en los respectivos informes de seguimiento y vigilancia. Finalmente, en la sección de las normas legales infringidas, el recurrente identifica las normas adjetivas de valoración supuestamente vulneradas, siendo los artículos 917 y 2178 del Código Judicial; asimismo como norma penal sustantiva citó el artículo 321 del Código Penal, seguidas de la correspondiente explicación de la forma cómo supuestamente resultaron infringidas cada una de estas normas. En sintonía con los motivos cuyos cargos de injuricidad han sido desestimados, considera esta Superioridad que no cabe reconocer la infracción de los artículos citados, pues lo actuado por el Tribunal Superior se ajusta precisamente a lo que la ley le indica en la labor de valorar los medios de prueba, específicamente en lo relativo a las órdenes de allanamiento y registro; actuación diametralmente opuesta a lo que la recurrente denuncia. Por último, ante la ausencia de infracción a la normativa procesal, tampoco resulta infringida la norma sustantiva identificada por la casacionista, pues en la causal invocada, es presupuesto, acreditar previamente la violación de la norma procesal, extremo que no se agotó en este recurso. Evacuado en su totalidad el examen del recurso de casación, procede entonces emitir la declaración que de acuerdo con la parte motiva de este fallo se impone, es decir, denegar la anulación del fallo de segunda instancia. PARTE RESOLUTIVA Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Segunda de lo Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de Segunda Instancia de 21 de junio de 2012, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante la mediante la cual se revoca la sentencia absolutoria de primera instancia, dictada en el proceso penal seguido contra el señor L.A.H., condenándolo a la pena de cincuenta (50) meses de prisióny como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas por el término de dos (2) años, como responsable del delito de posesión agravada de drogas. N. y devuélvase, HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ JERÓNIMO MEJÍA E. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS AMINTA CARVAJAL (Secretaria)

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