Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 22 de Octubre de 2015

Ponente:Jerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución:22 de Octubre de 2015
Emisor:Segunda de lo Penal
 

VISTOS: Cumplida la fase de admisión y celebrada la audiencia oral y pública corresponde a la Sala de lo Penal resolver el fondo del Recurso de Casación promovido por el licenciado G.P.B., en representación de J.E.B.A.. El recurrente pretende la impugnación de la Sentencia 2ª Inst. N° 86 de 11 de julio de 2013, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que confirma la Sentencia N° 2 de 3 de enero de 2013, proferida por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, condenando al señor B.A. a la pena de cuarenta y ocho (48) meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, como infractor de las disposiciones legales contenidas en el Título VI, Capítulo I, del Libro II del Código Penal de 1982, es decir, por el delito genérico de Actos Libidinosos en perjuicio de la menor M.N.B.S. HISTORIA CONCISA DEL CASO El 29 de enero de 2013 la señora M.S.H. expuso ante el Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público, que el señor J.E.B.A. tocaba a su menor hija en sus partes íntimas, introduciéndole además sus dedos (fs. 1 a 2). La instrucción sumarial por supuesto delito contra el Pudor, la Integridad y la Libertad Sexual en perjuicio de la menor M.N.B.S., correspondió a la Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá. La menor fue evaluada por el doctor V.A. (fs.4), el doctor A.E. del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fs. 10), por el Centro de Asistencia a Víctimas (fs. 11 a 18), por la doctora M.L.E. (fs. 5), y se le practicó examen psiquiátrico forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses por parte de la doctora E.B. (fs. 19). Al rendir declaración indagatoria el señor J.E.B.A. negó los cargos, indicando que "jamás ha tocado a la menor y que dicha denuncia obedece a una represalia de la madre contra él" (fs. 62 a 68). El señor J.E.B.A. fue condenado por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante Sentencia Condenatoria N° 2 de 3 de enero de 2013 (fs. 597 a 608), aplicándole la sanción de cuarenta y ocho (48) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, decisión que fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá mediante Sentencia 2ª Inst. N° 86 de 11 de julio de 2013 (fs. 639 a 646), contra la cual se dirige el recurso de casación penal en el fondo. DEL RECURSO DE CASACIÓN: El licenciado PEREIRA BIANCO solicita se case la sentencia recurrida y en su lugar se absuelva al señor J.E.B.A., para lo cual invoca una única causal, sustentada en seis (6) motivos que se presentan a continuación. Única Causal: El casacionista invocó la causal "Error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la Ley sustancial penal". Esta causal está contenida en el artículo 2430, numeral 1 del Código Judicial. Primer Motivo: Afirma el apoderado judicial que el A quem al valorar el "informe pericial Ginecológico Forense (fs. 10) restó valor probatorio al hecho que con dichas evaluaciones se desmiente lo señalado por la denunciante, en cuanto a que su representado introducía los dedos en el tontín, toda vez que en dicho examen pericial se probó que NO ESTÁ DESFLORADA; QUE NO EXISTEN SEÑALES DE VIOLENCIA INTERNA O EXTERNA CON FINES SEXUALES, H.N., y el Himen de la Menor MADELAINE se certifica que es N.; E.A.N., SIN EROSIONES NI DESGARRADURAS, Y FINALMENTE SEÑALA QUE NO ES COMPATIBLE CON ABUSO SEXUAL. (FOJA 10). El error de derecho en la valoración de esta prueba consistió en realizar un juicio de apreciación subjetivo y en base a especulaciones de que (sic) pudo haber sucedido el hecho, restándole el valor probatorio que tiene, pese a que son evidencias que científicamente corroboran el descargo de J.B.A., en el sentido que nunca introdujo los dedos en las partes íntimas de la menor, ni cometió acto libidinoso a la misma (sic), toda vez que el citado informe pericial acredita que no ocurrió tal hecho. No obstante, el referido error de valoración probatoria en el que incurrió el a-quem lo llevó a concluir en la sentencia que estaba acreditada la comisión del delito de acto libidinoso en perjuicio de M.B.S.". La Procuraduría General de la Nación sostiene que es evidente que dicha prueba pericial fue valorada acorde a derecho, pues es inexacto indicar que ha existido una errónea valoración, cuando la condena del señor J.B.Á. es por actos libidinosos. Se debe destacar el relato consistente de una menor de cinco (5) años, que planteó ser tocada en sus genitales frente a tres especialistas distintos y su madre, lo que no fue desvirtuado por el dictamen ginecológico aducido por el actor. Segundo Motivo: Guarda relación con la valoración del informe de evaluación del Centro de Asistencia a las Víctimas (fs. 12 a 18). Estima el abogado que se le asignó "un valor probatorio pericial, y dicho informe constituye un resumen de apoyo emocional a las supuestas víctimas, y no son diagnóstico, ni informes periciales. El error de derecho en la valoración de esta prueba, consistió en realizar un juicio de apreciación subjetivo y en base a especulaciones elevando lo expresado en el mismo al rango de diagnóstico pericial, y en consecuencia, no constituye evidencia que científicamente que (sic) desvirtúe el descargo de J.B.A., en el sentido que nunca cometió el hecho denunciado. No obstante, el referido error de valoración probatoria en el que incurrió el a-quem lo llevó a concluir que estaba acreditada la comisión del delito de acto libidinoso en perjuicio de M.B.S.". La Señora Procuradora difiere de la opinión del letrado en cuanto a que el Ad quem le haya asignado valor como prueba pericial al Informe de Asistencia a Víctimas, lo cual ilustra con la transcripción de lo expuesto por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial sobre dicho documento, añadiendo que queda evidenciado que además del referido informe, la psicóloga J.B., declaró en dos oportunidades acerca de la evaluación que le hizo a la menor M.N.B.S., cumpliéndose el contradictorio y al ser repreguntada por la defensa del procesado fue clara en manifestar lo que pudo apreciar del testimonio de la menor y su afectación, lo que no puede ser desvirtuado por el Tribunal de alzada al hacer su evaluación, en la medida que concatenado al diagnóstico pericial de la Psiquiatra Forense, arriba a las conclusiones de culpabilidad respectivas, por lo que no puede entenderse un error de valoración de este elemento. Tercer Motivo: En esta oportunidad se cuestiona la valoración del informe psiquiátrico forense suscrito por la doctora E.B. (fs. 19), el cual "indicó que la menor está afectada emocionalmente y que relata con insistencia mucho miedo de estar con J. (su padre) y que amerita atención. El error de derecho en la valoración de esta prueba, consistió en realizar un juicio de apreciación restándole el valor probatorio que tiene, pese a que esta prueba no concluye que el hecho denunciado sea la causa de la supuesta afectación de salud mental de la menor, y en consecuencia se corrobora el descargo de J.B.A., en el sentido que nunca cometió el hecho denunciado. No obstante, el referido error de valoración probatoria en el que incurrió el a-quem lo llevó a concluir en la sentencia que estaba acredita la comisión del delito de acto libidinoso en perjuicio de M.B.S.". Cuarto Motivo: Se plantea que el error surge al apreciar las declaraciones juradas rendidas por la doctora E.B. (fs. 160 a 163; 294 a 302), como una prueba en contra de su representado, "ya que en la misma señala que la menor de (sic) mantiene una imagen paterna identificada como una persona que le hace daño, eso es contraproducente para mantener relaciones interpersonales con el sexo opuesto, asimismo, en segunda (fs. 294-302). No obstante, esta circunstancia no es concluyente para determinar a nuestro representado como la causa directa de esta afectación; máxime que la perito acepto (sic) mediante su declaración jurada que la menor estaba en capacidad de seguir instrucciones impartidas, las cuales pudieron originar sus afirmaciones (fs. 300), por lo que a este testimonio el a-quem le dio un valor probatorio que no tiene, llegando entonces el a-quem a la errónea conclusión que J.B.A. cometió el delito de acto libidinoso en perjuicio de M.B.S. La regente del Ministerio Público se refiere conjuntamente a los motivos tres y cuatro, por guardar relación con las actuaciones de la doctora E.B., ya que atañen el examen psiquiátrico forense practicado por la perito y su testimonio, de allí que estime se trata de un solo elemento probatorio desde una perspectiva de integralidad. Refiere la Señora Procuradora que la psiquiatra forense destaca la forma en que se efectuó el peritaje y lo expuesto por la menor en ambas oportunidades, en cuanto al ser tocada en su área genital por su padre, al punto de encontrarse afectada en el área emocional y reflejaba rechazo a la figura paterna, por lo que no considera la existencia de una errada valoración. Quinto Motivo: Precisa el abogado que el error de derecho se cometió cuando el Ad quem consideró que la declaración jurada de la doctora M.L. E. (fs. 263 a 265) es una prueba en contra de su representado, "ya que la misma refiere que la menor refirió haber sido tocada por su padre y que supuestamente la menor le refirió mediante unos dibujos, que no quiere a J. de papa (sic), y, No (sic) obstante esta circunstancia no es concluyente para determinar a nuestro representado como la causa directa de esta afectación, máxime que en su propia declaración refiere que no pudiera decir con exactitud si la menor tiene alguna afectación psíquica, pero que si fuera verdad o mentira lo del abuso, la niña necesita terapia, (fs. 275) traduciéndose esto en un elemento de duda que debió ser administrado a favor de nuestro representado, por lo que a este testimonio el a-quem le dio un valor probatorio que no tiene, llegando entonces el a-quem a la errónea conclusión que J.B.A. cometió el delito de acto libidinoso en perjuicio de M.B.S.". La Procuradora General de la Nación difiere de la opinión del recurrente, pues estima que a pesar que la doctora LASSONDE señala que la niña necesita terapia, en nada merma el caudal probatorio recabado, sobre todo porque la Psiquiatra Forense señala que existe la afectación de la niña y a ella le hizo el mismo relato y los dibujos pertinentes. Sexto Motivo: En su opinión "se cometió error de derecho al considerar que las declaraciones juradas de ORISTELA ALVAREZ DE LA CRUZ, (fs. 347-354), V.D.A. fs 355-361) (sic) y CARLOS ROWE fs. 362-370) SE LE DEBE RESTAR VALOR, debido a que atestiguan hechos que no guardan relación con el proceso. No obstante, los tres testigos son contestes en explicar el tipo de perfil que mantiene el sindicado y el tipo de relación que tenían tanto el imputado como la querellante, elementos imprescindibles para la investigación en la medida en la que explica el porqué de la acusación falsa en contra de nuestro representado, por lo que a este testimonio el a-quem le dio un valor probatorio que no tiene, llegando entonces el a-quem a la errónea conclusión que J.B.A. cometió el delito de acto libidinoso en perjuicio de M.B.S. La Señora Procuradora opina que contrario a lo afirmado por la parte actora, los testimonios de las personas antes descritas no pueden enervar los elementos probatorios citados, aunado al hecho claro y evidente que a pesar de ser tenidos en cuenta no dejan de ser al tenor del artículo 2115 del Código Judicial, testigos sospechosos, por lo que no evidenció una errónea valoración de dichas declaraciones. Consideraciones de la Sala: El apoderado judicial del señor B.Á., invoca como única causal del Recurso de Casación, aquella representada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial, particularmente en lo atinente al "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal". La Sala advierte que el Tribunal Superior, al pronunciarse bajo el apartado FUNDAMENTOS JURÍDICOS planteó los elementos que principalmente contribuyen a acreditar la conducta censurada, tal como se observa en el punto 4, identificando 9 elementos que sustentan su decisión, entre los cuales se incluyen aquellos descritos en los motivos que sirven de asidero a la causal de casación aducida por la parte actora. Previo al examen del vicio de injuridicidad resulta pertinente expresar que el delito es descrito en el artículo 220 del Código Penal de 1982, que establece: "Quien sin la finalidad de lograr acceso carnal ejecute actos libidinosos en perjuicio de persona, de uno u otro sexo, mediante violencia o intimidación, o cuando la víctima no hubiese cumplido 14 años o no pudiese resistir, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad, si concurre cualquiera de las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 219." En cuanto a la causal invocada tenemos que tiene lugar cuando acreditado en el proceso el elemento probatorio no se le atribuye la eficacia correspondiente. Puede generarse en cuatro (4) supuestos: 1. Cuando a una prueba legalmente producida no se le reconoce el valor que la ley le otorga; 2. Cuando una prueba legalmente producida se le da un valor no reconocido por la ley; 3. Cuando la prueba no fue producida o practicada con apego a los requisitos legales correspondientes, es decir, cuando se le considera sin que se hubiere producido legalmente y se le confiere una fuerza probatoria estatuida sólo para elementos probatorios que reúnan todas las cualidades exigidas por la ley; 4. Cuando se desconocen las reglas de la sana crítica al analizar el caudal probatorio. Seis (6) son los motivos que apoyan la causal aducida por la recurrente, en los que afirma una inadecuada valoración de los siguientes elementos: (1) Informe pericial ginecológico, visible a foja 10; (2) informe de evaluación de asistencia a víctimas, consta a folios 12 a 18; (3) examen psiquiátrico forense, a folio 19; (4) declaraciones juradas rendidas por E.B., visibles a folios 160 a 163 y 294 a 302; (5) la declaración jurada rendida por la doctora M.L.E., reposa a folios 263 a 265; y (6) las declaraciones de O.Á. de La Cruz, visible a folios 347 a 354; V.D.Á., consta a folios 355 a 361 y C.R.R., folios 362 a 370. La sola revisión de los documentos en referencia refleja el contenido de las diligencias, mismas que fueron ejecutadas con apego a la Constitución y la Ley. Es válido acotar que nuestra normativa procesal refleja la ausencia de un valía específica para el resultado de alguna de estas actuaciones (prueba tasada), por tanto, corresponde al J. el uso de la sana crítica para determinar la responsabilidad penal en una causa, tal como lo establece de manera supletoria el artículo 781 del Código Judicial. De lo expuesto se desprende que estamos ante la cuarta posibilidad, que permite reconocer o no la concurrencia de la causal 1 del artículo 2430 del Código Judicial, aducida por el recurrente. Es por ello que se estima necesario referirnos someramente al tema de la sana crítica. La Sana Crítica, no es más que la apertura que dio el Legislador patrio al J. para examinar los distintos medios de prueba sometidos a su valoración para que establezca sí sustentan o no la pretensión de las partes en la causa a la que acceden, con sustento en un análisis que tiene el cuenta las leyes de la lógica, de la razón, a la experiencia y sentido común del juez. Su decisión, en este sentido, no puede ser manifiestamente equivocada, arbitraria, absurda o irracional, ya que a pesar de oponerse al sistema de las pruebas legales o tasadas y ser en cierto modo coincidente con el sistema de la libre convicción, debe seguir ciertos parámetros mínimos sobre la evaluación de los elementos, de manera individual como en conjunto, que lo lleven de forma sustentada a adoptar su decisión. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen, equiparadamente, a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea testimonial, pericial, inspección judicial, entre otras) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, eliminando la apertura a la libre convicción. Este sistema permite al J. evaluar que el orden jurídico no es inmutable, cambia en virtud de pautas de la realidad que el derecho va incorporando, se debe observar fuera del contexto de la norma positiva. Los cambios sociales, las conductas de las partes son estándares que el juez incorpora a su argumentación sin violentar la lógica. De allí que para arribar a una conclusión sobre la responsabilidad penal o no de un individuo, deba realizarse un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio, apegado al correcto entendimiento judicial, abstrayéndose de las apreciaciones meramente conjeturales, el razonamiento argumentativo, con la exclusión del excesivo rigor formal. Por su parte, las máximas de experiencias comprenden: la debida integración y armonización de los elementos de juicio, las pautas propias del curso ordinario de las relaciones humanas, la valoración armónica y conjunta de la prueba. Advertido esto, y retomando el análisis de la causal expuesta por el licenciado G.P.B. en esta oportunidad, se tiene que al analizar individualmente los seis (6) elementos descritos, es decir, el informe pericial ginecológico, el informe de evaluación de asistencia a víctimas, el examen psiquiátrico forense, las declaraciones juradas rendidas por E.B., la declaración jurada rendida por la doctora M.L.E., las declaraciones de O.Á. de La Cruz, V.D.Á. y C.R.R., de este examen no se desprende inequívocamente que el procesado no haya incurrido en la comisión del delito de actos libidinosos. Esto es así por cuanto estos seis (6) medios de prueba, evaluados individualmente y en conjunto, denotan la concurrencia de un acto atentatorio contra el pudor y la libertad sexual de una menor de escasos cinco (5) años de edad, que de acuerdo a los estudiosos de la medicina y de la psiquis humana no cuenta con los recursos pertinentes para repeler este tipo de agresión, a pesar de la inexistencia de violencia física y de penetración. El examen médico legal practicado por el doctor A.E., visible a folio 10 del cuaderno penal detalla los hallazgos físicos encontrados al momento de la exploración realizada a la menor M.N.B.S., dictaminando que estos no son compatibles con abuso sexual, por lo que se entiende que hace referencia a actos violentos que hayan causado daño en las partes íntimas de la niña. En ese sentido, no es válida la interpretación del recurrente, pues debemos recordar que en el delito de actos libidinosos no se pretende el acceso carnal sino que la conducta conlleva tocamientos inapropiados en un contexto sexual, pues se acarician los genitales de la víctima, como quedó plasmado a través de los distintos recursos utilizados para obtener una versión de la niña. El informe de atención a la víctima elaborado por una psicóloga idónea del Centro de Asistencia a Víctima, licenciada J.B.B. no fue valorado como peritaje por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, sino como un medio de convicción "en donde se indica o corrobora lo expresado en la denuncia de la madre de la menor. (v. Fs. 12-18)". De igual forma, la fundamentación del Ad quem denota que fue apreciada en conjunto con lo expuesto por la madre de la menor, la evaluación psiquiátrica forense, las declaraciones de la psiquiatra forense E.B., entre otros elementos, lo que desvirtuó toda duda sobre la responsabilidad penal del sindicado J.E.B.A. como autor del delito de actos libidinosos en perjuicio de su menor hija. El examen psiquiátrico forense (fs. 19), las declaraciones de la psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal, doctora E.B., visibles a folios 160 a 163 y 294 a 302; la declaración jurada de la doctora M.L.E. (fs. 263 a 265) a juicio del letrado no son concluyentes para atribuir responsabilidad penal a su representado. Sin embargo, su percepción no se compadece con la realidad procesal. En todas las evaluaciones realizadas a la menor afectada, ésta ha sido constante en identificar al señor J.E.B.Á., su padre, como la persona con quien no desea estar, precisando "Este era mi papá; Yo lo llamaba de papá, pero ahora no es más", a través de dibujos mostró los lugares en que "J." la tocaba, en los cuales señala el área genital. La información brindada tanto por la psiquiatra forense E.B. como por la psicóloga M.C.L.E. denota la misma situación: una niña de cinco (5) años de edad con un adecuado desarrollo físico emocional quien, de acuerdo con su edad y su coeficiente intelectual, expresa un rechazo total de la figura paterna, sustentado en las caricias que éste le ha dado en distintas áreas del cuerpo además de sus genitales. La comunicación con los distintos profesionales que la evaluaron, debido a la corta edad de la niña, se realizó principalmente a través de dibujos y verbalización, sin que existiera algún indicio que denotara que ésta faltara a la verdad, por lo que ambas recomendaron su atención por salud mental, con la finalidad de minimizar las secuelas de esta vivencia. El último motivo, se dirige a cuestionar la valía que el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá reconoció a los testimonios de O.Á. De La Cruz, madre del procesado; V.D.Á. y R.R.L., hermana y amigo del señor B.Á. respectivamente. Pero al revisar los folios 347 a 370 en que constan estas declaraciones, se observa que las tres (3) personas no exponen hechos relacionados con la posibilidad o no de la concurrencia de actos impúdicos en perjuicio de la menor M.B.S., más bien relatan vivencias de la pareja conformada por los señores J.E.B.Á. y M.S.H., que en nada modifica la realidad procesal que demuestra la afectación emocional de la menor víctima. En otras palabras, ninguno de los medios de prueba cuya valoración se debate aporta siquiera indicios que respalden la versión de los hechos ofrecida por el sindicado en sus distintas intervenciones, en las cuales niega los cargos en su contra aduciendo que lo expuesto por la niña M.N.B.S., de cinco (5) años de edad al momento en que ocurrieron los hechos, es producto de la maquinación conjunta entre ésta y su madre. Con lo antes expuesto resulta evidente que no se comprobaron los pretendidos cargos de injuridicidad. Contrario a la intención del recurrente, se pudo constatar una adecuada valoración del pensum probatorio por parte del Tribunal Superior, con la consabida subsunción de los actos atribuidos al señor B.Á. con el tipo penal sancionado por el artículo 220 del Código Penal de 1982, es decir, actos libidinosos. Normas legales infringidas y el concepto de la infracción El licenciado PEREIRA BIANCO adujo la infracción de los artículos 980 y 917 del Código Judicial por violación directa por omisión, así como el artículo 220 del Código Penal de 1982, por indebida aplicación, por lo que se reproducen las explicaciones brindadas; sin embargo, este Tribunal de Casación debe señalar que al no haberse acreditado la causal y los motivos, se desestima la alegada trasgresión de las disposiciones legales invocadas porque al ser los motivos el fundamento de hecho de las disposiciones legales invocadas, si no se demuestran, las normas jurídicas que se aleguen son ineficaces. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia 2ª Inst. N° 86 de 11 de julio de 2013, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que confirma la Sentencia N° 2 de 3 de enero de 2013, proferida por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, condenando al señor J.E.B.A. a la pena de cuarenta y ocho (48) meses de prisión, e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, como infractor de las disposiciones legales contenidas en el Título VI, Capítulo I, del Libro II del Código Penal de 1982, es decir por el delito genérico de Actos Libidinosos en perjuicio de la menor M.N.B.S. Notifíquese. JERÓNIMO MEJÍA E. JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ AMINTA I. CARVAJAL C (Secretaria)