Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Marzo de 2014

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución: 7 de Marzo de 2014
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: J.M.R.Á., a través de la representación legal del Licenciado R.D.G.T., ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema, Recurso de Apelación, contra el Auto de fecha 2 de agosto de 2012, dictado por el Juez Ejecutor II del Municipio de Panamá. En el precitado auto impugnado, el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá, abrió el proceso por cobro coactivo contra de ROJAS A.J.M. contribuyente No. 01-1963-1114 y libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva hasta la concurrencia de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS BALBOAS CON 30/100 (B/.2,732.30). ARGUMENTOS DE LA APELANTE El licenciado G.T. fundamenta el recurso de apelación en los siguientes términos: "PRIMERO: El Juez Ejecutor del Municipio de Panamá, libra mandamiento de pago en contra de mi representado, estableciendo un monto global, por impuestos, presuntamente, insolutos a favor de dicha entidad. Sin embargo, no se detallan los impuestos o tasas, ni se diferencian con claridad, cuánto se adeuda en recargos e intereses. SEGUNDO: Debo manifestar, primero, que mi representado no posee bienes para hacerle frente a la deuda que se le imputa. Segundo, si mantuvo una deuda con la entidad Municipal, por lo que tuvo que suscribir un ARREGLO DE PAGO No. 25598, el 27 de diciembre de 2007, obligándose a pagar 36 mensualidades de B/. 16.55, hasta cancelar el monto de B/. 595.70. TERCERO: Conforme a lo acordado, mi defendido cumplió con el convenio y realizó los pagos, Tal y como se constata con la aportación de los recibos de pago, originales, en los cuales se demuestra la realización de los pagos.(ver prueba expediente ejecutivo.) CUARTO: Debemos aclarar que los montos al Municipio de Panamá, eran relacionados con una Licencia Comercial (Aviso de Operaciones), solicitada para desarrollar la actividad de alquiler de películas en un video club "BLUE NET VIDEO", que dejó de operar en octubre de 2010. Para demostrar nuestro dicho, aportamos los estados de cuenta suministrados por la empresa ENSA, en los cuales se detalla que al local ubicado en Casa Real, Posada del Roble, se le suministró servicio de energía eléctrica desde el 4 de mayo de 2005 y se le facturó servicio hasta el mes de octubre de 2010, cuando se realizó la cancelación de una deuda por B/. 364.46. (Ver prueba 3 exp. Ejecutivo.) QUINTO: En el expediente que instruyó el Juzgado II Ejecutor del Municipio de Panamá, consta que se realizó una inspección al local y se pudo demostrar el cierre del comercio, ya que al local era utilizado, en aquel momento, finales de 2010, por otro contribuyente, distinto a mi patrocinado. Se demostró, por ende que ya no tenía operaciones el comercio BLUE NET VIDEO. Por lo tanto, cualquier cobro de impuestos o tasa, relacionado con esta licencia (Aviso de Operaciones) o actividad comercial, deviene como infundada e ilegítima, ya que el local no operó después de Octubre de 2010. SEXTO: Nos llama la atención que el Municipio de Panamá, a través del Juzgado Ejecutor II, haya actuado de esta manera, intempestiva, procediendo a embargar la cuenta de ahorros de mi representado, que es una persona jubilada, por lo que esta acción infundada, le ha causado graves inconvenientes e incluso, afecciones a su salud, física y emocional. SÉPTIMO: Estamos convencidos que las pruebas que aportamos, evidencian que el embargo dictado por el Juez Ejecutor II, es infundado y basado en información errónea y desactualizada. Ocurre que, es de todos conocidos que, el sistema de control de obligaciones y pagos de los contribuyentes del Municipio de Panamá, no está actualizado, lo cual da lugar a la adopción de medidas graves, como la que ha alcanzado a mi patrocinado, el señor J.M.R.A.. SOLICITUD ESPECIAL Por las consideraciones anteriores y fundados en las pruebas que aportamos, respetuosamente, solicitamos al más alto Tribunal, con facultad privativa para dirimir las controversias Administrativas, que luego de revisar las pruebas que aportamos, se sirva dejar sin efecto la medida ejecutiva dispuesta por el Juez Segundo Ejecutor del Municipio de Panamá y en tal sentido, se ordene dejar sin efecto las medidas cautelares o embargos dispuestos." I. CRITERIO DE LA ENTIDAD EJECUTANTE La apoderada judicial del Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá en su escrito de oposición al recurso de apelación indicó si bien es cierto que el contribuyente J.M.R.A., efectuó pagos correspondientes al convenio de pago anteriormente descrito, sin embargo, el mismo incumplió cuatro de dicho arreglo, correspondiente los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2010, los cuales generaron una morosidad de B/. 66.10 incluyendo recargos e intereses tal como consta en el Estado de cuenta que reposa a foja 3 del expediente. Que el contribuyente en ningún momento presentó memorial de cierre del negocio por parte del señor J.M.R.Á. para que se le suspendiera la facturación del impuesto, tal como lo contempla el artículo 86 de la Ley 106 de 1973 que señala que la obligación de todo contribuyente municipal es de notificar al Tesorero Municipal el cese de operaciones por lo menos dentro de 15 días antes de retirarse de la actividad. Añade además que en los archivos del Municipio no reposa ningún trámite de cierre de negocio por parte del señor J.M.R.A. contribuyente No. 01-1963-1114, por tanto, para los efectos del catastro municipal el negocio se mantiene operando. II. CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Por su parte, la Procuraduría de la Administración se opone a la apelación presentada por el contribuyente J.M.R.Á., mediante la Vista Nº 090 de 28 de febrero de 2013, manifiesta lo siguiente: Al respecto, este Despacho no comparte los argumentos que plantea el apelante relativos a los supuestos errores en el auto de mandamiento de pago objeto de este proceso, ya que al examinar su contenido puede observarse que el Juez Ejecutor Segundo del Municipio de Panamá sí plasmó con precisión el monto que el señor J.M.R.A., adeuda a la institución en conceptos de impuestos municipales, al que también se le agregó los correspondientes recargos, intereses y los demás gastos propios del juicio ejecutivo, tal como lo señala en el Auto de 2 de agosto de 2012, de esta manera: (ver foja 11 del expediente ejecutivo) " El contribuyente ROJAS A.J.M., identificado con el No. 01-1963-1114, portador de la cédula de identidad personal o RUC No. 8-107-958, adeuda al Municipio de Panamá, la suma de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS BALBOAS CON 30/100 (B/.2,732.30) en concepto de impuestos municipales morosos, más recargo e intereses y gastos judiciales que se generen en el presente proceso, desglosados de la siguiente manera: Impuestos Adeudados........................................B/. 1,902.52 Recargos, Intereses y otros...................................B/. 829.78 ..." Señala la Procuraduría en su argumento que dicho Auto también indica la certificación de saldo deudor de 2 de agosto de 2012 y el Estado de Cuenta expedido por la Dirección de Administración Tributaria sirvieron de recaudo ejecutivo, por lo que se advierte una morosidad en el pago de los tributos, hechos éstos que confirman que al dictar el Auto apelado por J.M.R.A., de fecha 2 de agosto de 2012, el Juzgado Ejecutor Segundo del Municipio de Panamá se ciñó a lo establecido en el numeral 2 del artículo 1623 del Código Judicial, en lo referente a cumplir con la obligación de que se trate, suficientemente especificada, y la de pagar las costas que serán tasadas por el juez. (Cfr. fojas 1 a 5 del expediente ejecutivo). Otro aspecto al que la Procuraduría hace mención es sobre lo relacionado al convenio de arreglo de pago No. 25598 de 27 de diciembre de 2007, y es que el mismo es a todas luces incorrecto, puesto que al examinar el expediente ejecutivo advierten que los originales de los recibos de pagos del citado convenio, aportados al proceso, reflejan que este contribuyente solo hizo abonos hasta el mes de agosto de 2010. (Cfr. fojas 28 a 48 del expediente ejecutivo) Producto de lo anterior, de la certificación de saldo de 2 de agosto de 2012 y del estado de cuenta expedido por la Dirección de Administración Tributaria se desprende el hecho de que el contribuyente no hizo abonos al adeudado de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, lo que trajo como consecuencia que se generara un saldo moroso por la suma de B/. 66.10 y por tanto incumplió con el convenio de arreglo de pago No. 25598, de allí que el señor J.M.R.A. se encuentra obligado a saldar al Municipio de Panamá el remanente de morosidad, junto con los recargos e intereses que se generen hasta la cancelación de esa obligación. En relación a la inspección hecha el 9 de marzo de 2012, por el Departamento de Apremio de la Dirección de Administración Tributaria, en la que se determinó que el negocio VIDEO CLUB BLUE NET, propiedad del contribuyente J.M.R.Á., había dejado de operar desde octubre de 2010, la Procuraduría advierte que a pesar de que el inspector del Municipio de Panamá plasmó en el acta de incidencia que ese local había cerrado hace 2 años aproximadamente, lo cierto es que el hoy ejecutado no cumplió con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 106 de 1973, según el cual es obligación de todo contribuyente que cese sus operaciones, notificarlo por escrito al Tesoro Municipal por lo menos quince (15) días antes de ser retirado de la actividad. Sobre este tema de la obligación que tiene todo contribuyente de notificar por escrito al Tesoro Municipal el cierre de operaciones, la S. ha sostenido lo siguiente: Fallo de 16 de marzo de 2011 "...En cuanto a lo alegado por la excepcionante de que el restaurante Río La Villa, fue cancelado desde el año 2002, por lo cual no se le podía gravar impuesto es preciso aclararle que no consta en el expediente que el contribuyente haya notificado por escrito al Tesorero municipal sobre el cese de operaciones, ni que haya demostrado la configuración de la excepción de fuerza mayor para excluir de responsabilidad su omisión, tal como lo dispone el artículo 86 de la Ley 106 de 1973, motivo por el cual resulta improcedente la excepción de inexistencia de la obligación. En base a las anteriores consideraciones lo procedente es declarar no probada la excepción de inexistencia de la obligación..." Lo anteriormente expuesto, demuestra que la omisión del contribuyente No. 01-1963-1114 de notificar al Tesorero Municipal el cierre de operaciones del local comercial VIDEO CLUB BLUE NET. Por lo que esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar NO PROBADO el recurso de apelación. III. DECISION DEL TRIBUNAL Una vez cumplidos los trámites legales, la S. procede a resolver la presente controversia. Advierte la S. que por medio del auto de 2 de agosto de 2012. (f.11 del expediente contentivo del proceso ejecutivo), el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá libra mandamiento de pago contra el señor J.M.R.A., hasta la concurrencia de dos mil setecientos treinta y dos balboas con noventa y treinta centésimos (B/.2,732.30). El señor J.M.R.A. se notificó de dicho auto, mediante la diligencia de notificación el día 25 de octubre de 2012. Posteriormente el apoderado judicial del señor J.M.R.A. presentó oportunamente el escrito en el que sustenta el recurso de apelación el 29 de octubre de 2012, tal como lo preceptúan los artículos 1132 y 1137 del Código Judicial. En primer lugar conviene precisar que el apoderado judicial alega que el Municipio de Panamá inició un proceso por cobro coactivo, en contra de su representado, sin que previamente se le haya comunicado sobre la deuda que se le pretende cobrar, ni mucho menos se haya presentado desglose alguno sobre dicho monto. Al respecto es oportuno señalar que todo proceso por cobro coactivo, tiene su inicio con el auto que libra mandamiento de pago,para los efectos que el ejecutado pueda esgrimir su defensa una vez es notificado del mismo, de manera que no es deber de la entidad estatal ponerle en conocimiento, previamente, a los deudores sobre la existencia de la deuda o crédito que pretende cobrarle. El apelante señala que efectuó pagos correspondientes al convenio de pago No. 25598, del 27 de octubre de 2007, por la morosidad existente hasta ese momento, mismas en las cuales incumplió ya que solo se refleja a fojas 28 a 48 los abonos hasta el mes de agosto de 2010, faltando así a la obligación convenida dentro del acuerdo, omitiendo el pago de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, lo que trajo como consecuencia que se generara un saldo moroso por la suma de B/. 66.10 y por tanto incumplió con el convenio de arreglo de pago No. 25598, de allí que el señor J.M.R.A. quedara obligado a saldar al Municipio de Panamá el remanente de morosidad, junto con los recargos e intereses que se generen hasta la cancelación de esa obligación. Otro hecho omitido por el contribuyente fue el no haber presentado una nota en la que comunicara el cese de las operaciones del negocio Video Club Blue Net al Tesoro Municipal con 15 días de anticipación tal y como lo señala el artículo 86 de la Ley 106 de 1973 que a la letra dice: "Artículo 86: Es obligación de todo contribuyente que cese en sus operaciones notificarlo por escrito al Tesorero Municipal, por lo menos (15) días antes de retirado de la actividad. El que omitiere cumplir con la obligación que le impone este artículo pagará el impuesto por todo el tiempo de la omisión, salvo causa de fuerza mayor". No obstante no consta dentro del expediente contentivo del proceso ejecutivo documento alguno que demuestre la actuación del apelante de notificar al Tesoro sobre dicha terminación de operaciones. Este hecho omitido más las cuotas incumplidas de pagos fue lo que generó la deuda de B/. 2,732.30 correspondiente a los Tributos generados mensualmente a Tesoro Municipal. La S. considera que no le asiste la razón a la parte actora, pues esta S. ha señalado en distintos fallos que el artículo 86 de la Ley 106 de 1973 dispone que no sólo es obligación del contribuyente informar al Municipio de Panamá su cese de operaciones, sino que además el mismo debe constar por escrito quince (15) días antes de efectuarse o de llevarse a cabo dicho cierre de su funcionamiento. Al respecto queda señalado en sus Fallos que a la letra dicen: Fallo de 31 de enero de 2011 "... Por otra parte, conviene precisarse que el ejecutado, a través de la Resolución N° 646/09/V.F. de 31 de marzo de 2009, tuvo conocimiento que el cierre temporal de las habitaciones en mención, sólo era por tres meses a partir de noviembre de 2008, por lo que debió solicitar inmediatamente la extensión del periodo de cierre temporal e indicarle al Municipio de Panamá, que los trabajos de remodelación y reparación aún no habían culminado, pues era una obligación del ejecutado ponerle en conocimiento a la Tesorería Municipal de tal situación, a fin de evitar que le cobraran impuestos sobre habitaciones que continuaban cerradas. Tal obligación la contempla el artículo 86 de la Ley 106 de 1973, la cual reza: "Artículo 86: Es obligación de todo contribuyente que cese en sus operaciones notificarlo por escrito al Tesorero Municipal, por lo menos (15) días antes de retirado de la actividad. El que omitiere cumplir con la obligación que le impone este artículo pagará el impuesto por todo el tiempo de la omisión, salvo causa de fuerza mayor". No obstante, no se evidencia constancia alguna en la que se constate que CENTENARY BUSINESS CORPORATION, S.A., haya solicitado la extensión del tiempo de cierre temporal de las habitaciones por lo menos a más tardar en marzo de 2009, que fue cuando se enteró que el periodo de cierre temporal de las habitaciones por tres meses había empezado a correr desde noviembre de 2008. El apelante refiere que el 23 de noviembre de 2009, presentó ante el Municipio de Panamá, escrito solicitando que la reapertura de las 25 habitaciones que permanecían cerradas, fuese a partir del 1 de agosto de 2009. De lo anterior es fácil colegir que dicha petición la hizo de manera extemporánea, pues fue después de vencido el periodo de cierre temporal concedido por la Tesorería Municipal, incluso tres meses después en que las habitaciones ya estaban operando nuevamente. En virtud de las consideraciones anteriores este Tribunal Colegiado constata con claridad meridiana que el ejecutado incumplió con el mandato previsto en el artículo 86 de la Ley 106 de 1973, por lo que ante tal omisión, no le asiste razón a la empresa CENTENARY BUSINESS CORPORATION, S.A., quedando obligado a pagar el monto de los impuestos exigidos por el Municipio de Panamá, sin perjuicio, de ser el caso, de las excepciones o incidencias que haya interpuesto, por lo que se procederá a confirmar la resolución apelada. PARTE RESOLUTIVA En consecuencia, los Magistrados que conforman la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de fecha 30 de noviembre de 2009, emitido por el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá, dentro del proceso por cobro coactivo que se le sigue a CENTENARY BUSINESS CORPORATION, S.A., propietaria de la casa de alojamiento ocasional denominado LAS MIL Y UNA NOCHE, por impuestos morosos." Fallo de 11 de junio de 2004 "... Advierte la S. que por medio del auto de 13 de noviembre de 1998 (f.21 del expediente contentivo del proceso ejecutivo), el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá libra mandamiento de pago contra el señor K.T.T., hasta la concurrencia de doce mil ochocientos noventa y dos balboas con noventa y tres centésimos (B/.12,892.93). El señor K.T.T. se notificó de dicho auto, mediante la diligencia de notificación el día 9 de junio de 2003, y manifestó que apelaba (f.41 del expediente contentivo del proceso ejecutivo). Posteriormente el apoderado judicial del señor K.T.T. presentó oportunamente el escrito en el que sustenta el recurso de apelación el 13 de junio de 2003, tal como lo preceptúan los artículos 1132 y 1137 del Código Judicial. La S. considera que no le asiste la razón a la parte actora, pues esta S. ha señalado en distintos fallos que el artículo 86 de la Ley 106 de 1973 dispone que no sólo es obligación del contribuyente informar al Municipio de Panamá su cese de operaciones, sino que además el mismo debe constar por escrito quince (15) días antes de efectuarse o de llevarse a cabo dicho cierre de su funcionamiento. De igual forma no consta en el expediente ninguna constancia que demuestre que el Municipio de Panamá, a través de su Tesorería, tenía conocimiento del cese de operaciones, ya sea que la documentación mencionada fuese suministrada por el Juzgado Ejecutor o por el actor. En consecuencia, la S. Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 13 de noviembre de 1998, expedido por el Juez Ejecutor del Municipio de Panamá." En virtud de las consideraciones anteriores este Tribunal Colegiado constata con claridad meridiana que el ejecutado incumplió con el mandato previsto en el artículo 86 de la Ley 106 de 1973, por lo que ante tal omisión, no le asiste razón al ejecutado J.M.R.A., quedando obligado a pagar el monto de los impuestos exigidos por el Municipio de Panamá, sin perjuicio, de ser el caso, de las excepciones o incidencias que haya interpuesto, por lo que se procederá a confirmar la resolución apelada. En consecuencia, la S. Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 2 de agosto de 2012, expedido por el Juez Ejecutor II del Municipio de Panamá. dentro del proceso por cobro coactivo que se le sigue al señor J.M.R.A. propietario del actividad comercial Video Club Blue Net, por impuestos morosos. N. y cúmplase, VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ALEJANDRO MONCADA LUNA KATIA ROSAS (Secretaria)