Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Noviembre de 2015

PonenteGabriel Elías Fernández M.
Fecha de Resolución23 de Noviembre de 2015
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Mediante resolución de 31 de octubre de 2011, la S. Segunda de la Corte Suprema de Justicia, admitió los recursos de casación, presentados por los apoderados judiciales de J.I.T.M., C.A.G.S. y de M.C.R.R. y, el recurso de casación presentado por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, dentro del proceso penal seguido por delito Contra la Seguridad Colectiva (relacionado con drogas); contra la Sentencia N° 21, del 11 de febrero de 2011, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de panamá, por la cual reforma la Sentencia de 11 de octubre de 2010, emitida por el Juez Octavo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de declarar penalmente responsable a M.C.R.R., como autora del delito de Posesión Agravada de Drogas Ilícitas, condenándola a cumplir la pena líquida de ochenta (80) meses de prisión, e inhabilitación para el ejercer cargos públicos por el término de tres (3) meses, una vez cumplida la pena principal. De igual manera se corrige y establece que la norma penal infringida es el artículo 319 del Código Penal, Se ordenó el comiso de la cuenta N° 108855149, de Bac Panamá, a nombre de J.I.T.M.; las cuentas N° 108333519 y N° 198333535, de BAC Panamá, a nombre de M.C.R.R.; los dineros incautados: la suma de setecientos diez balboas (B/.710.00) a J.I.T.M.; la suma de diecisiete mil seiscientos balboas (B/.17,600.00) a M.C.R.; los celulares encontrados a los sindicados durante su aprehensión; se mantiene la aprehensión provisional de los bienes inmuebles y automóviles incautados; se ordenó la devolución y liberación de la suma de seiscientos balboas (B/.600.00), incautados a R.N.G.R.; la casa N° 173-H, ubicada en Calle 39 Sur, Barriada B. delG., propiedad de R.N.G.R.; el vehículo Toyota, modelo Yaris, color verde agua, sin matrícula, propiedad de la señora R.N.G.R.; confirmando en todo lo demás. Adicionalmente se dispone la inmediata detención de M.C.R.R.. (fs. 773-786) Verificada la audiencia oral que establece el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de decidir por la S.. ANTECEDENTES De las constancias procesales recabadas, se colige que la génesis de la presente encuesta penal, surge con el Informe confeccionado por el C.J.W. Garrido, el 26 de marzo de 2009, en el se pone en conocimiento que, una fuente de entero crédito comunica de la existencia de un grupo de "tumbadores" en el sector de Ciudad Radial, J.D. y, a la vez da a conocer que "...están por caerle a una casa ubicada en Teremar, calle 10, donde supuestamente hay droga escondida." Según la fuente, los "tumbadores" hablaban de más de 400 kilos y que estaban tratando de ubicar cuál casa era, ya que solamente saben que en la casa viven unos colombianos y que se transportan en un vehículo pequeño, Spark, blanco y, unos panelcitos, pero que desconocen sus matrículas. (fs. 2) A fojas 7, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, mediante resolución sumarial motivada, calendada 26 de marzo de 2009, autoriza el desarrollo de una operación, dirigida a la confirmación de la información recibida por parte de la Dirección de Investigación Judicial, División de Delitos Relacionados con Drogas y, para ello, habilita a dicha Dirección, para que lleve a cabo todo lo pertinente a lograr la confirmación de la información, dentro de los derechos legales establecidos; procurar la identificación real de las personas involucradas, bienes muebles e inmuebles pertenecientes a estos y que se encuentren bajo su custodia o uso, aun cuando se encuentren registrados a nombre de terceros. Así se da inicio a la operación denominada "P.", con diligencias de vigilancia y seguimiento, las cuales reposan de fojas 14 a 27. Visible a folios 28, se encuentra el Informe de Captura, calendado 27 de marzo de 2009, confeccionado por el Sargento Primero R.C. y el Sargento Segundo Erick quintero, donde se pone en conocimiento, posterior a las diligencias de seguimiento y vigilancia, la aprehensión de J.I.T.M., R.N.G.R. y C.G.S., todos de nacionalidad colombiana. Se realiza por parte de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, diligencia de allanamiento y registro, al sector de Teremar, calle 10, casa P-16, residencia a la que se obtuvo acceso por parte del señor C.A.G., quien mantenía en su poder, un manojo de llaves, entre las cuales se encontró una llave que da acceso a esta residencia. Como resultado de esta diligencia de allanamiento, se produjo el hallazgo de una máquina de tape transparente y, varios paquetes de forma rectangular, apilados contra la pared; unos paquetes que, al ser abiertos, mantenían más paquetes con diferentes logos y empaquetados con plástico. En uno de los closet se encontró sustancias presumiblemente drogas, además de tape de color chocolate. Se especifica que las cajas de cartón suman catorce (14) y, cada caja es contentiva de veinticuatro (24) paquetes. Se encontró pesa, zunchos plásticos, canela, frascos de mostaza. Al contar los paquetes sueltos, arrojan un total de mil ciento treinta y cinco (1,135). Se ilustra que los logos que mantenían los paquetes son de "piolín" y otros con el número "14" con un dibujo de una señal de tránsito de no rebasar; otros paquetes con las letras "KNK" y otro, con dos triángulos. Se produjo el hallazgo, igualmente, de una bolsa con polvo blanco, presumiblemente droga (fs. 36 a 38). Mientras que a folios 58, reposa la diligencia de allanamiento y registro, realizada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en la residencia 173-H, calle 36, sur, ubicada en B. delG.. Se detalla en la diligencia que el señora R.N.G.R., proporcionó la llave que da acceso a la vivienda y, en su interior, se encontraba la señora M.C.R.R., así como la señora A.D.S.M.R. y dos menores de edad. De igual manera se detalla que, el señor J.I.T.M., informó que, dentro de la residencia de su esposa R.N.G.R., en la recámara matrimonial, mantenía dentro del closet, sustancia ilícita oculta. En dicha diligencia se produjo el hallazgo de cinco (5) maletines, uno de color gris, marca N., cuatro marcas Air Express, una maleta color chocolate marca S. que, al ser abiertos mantenían en su interior paquetes rectangulares, forrados con cinta adhesiva de color negra, chocolate y naranja; presumiéndose que se trata de sustancia ilícita. Al tomar uno de los paquetes rectangular al azar y, verificar su interior, se observó un polvo de color blanco, el cual colocarle los reactivos para droga, dio positivo para la droga conocida como cocaína. Al sacar todos los paquetes rectangulares, se obtiene un gran total de ciento cincuenta (150) paquetes. Luego se prosigue con la verificación, encontrándose dentro del cuarto matrimonial, arriba del closet, un maletín más pequeño de color negro, de la marca Rugged Cargo, que en su interior contenía ocho (8) paquetes rectangulares, forrados con cinta adhesiva de color negra, con el logo B.; también se encontró un cooler de color azul y, en su interior un paquete rectangular forrado con cinta adhesiva, de color chocolate, contentivo presumiblemente de sustancia ilícita. Finalmente se encontró en una bolsa plástica, con el logo R., la suma de diecisiete mil seiscientos balboas (B/.17,600.00), los cuales fueron encontrados en un bolso de color chocolate que mantenía la señora M.C.R.R., al momento de efectuarse su revisión, tal como consta en el Informe de Allanamiento y Registro que reposa a folios 77 del expediente. La diligencia cabeza de proceso, fue dictada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, mediante resolución sumarial motivada de 30 de marzo de 2009, en la que se dispuso practicar todas aquellas diligencias necesarias, a fin de acreditar el hecho punible, al igual que los autores o partícipes del mismo. (v. fs.85) En resolución de 30 de marzo de 2009, consultable a folios 86, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, dispuso someter a los rigores de la indagatoria, a J.I.T.M., R.N.G.R. y C.A.G.S., como presuntos infractores de las normas contenidas en el Capítulo V, T.I., del Libro II del Código Penal, bajo la denominación genérica de delitos Contra la Seguridad Colectiva, relacionados con Drogas. C.A.G.S., en su declaración indagatoria, a folios 93, manifestó que, el día de su aprehensión, se encontraba en la panadería D.B. y se encontraba en compañía de su yerno J. TORO y su hija R.G.. Ilustra que al momento del allanamiento en la residencia que habita, ubicada en Calle 10, D.B., casa P-16, se realizó la diligencia de allanamiento sin la orden de registro. Que los agentes le entraron y revisaron las habitaciones que estaban abiertas y, fue preguntado por la habitación que estaba cerrada, que quién vivía allí, contestándole que se tenía arrendada al señor F.M.V. y, que hacía días que no lo veía. Procedieron a violentar la puerta y fue comunicado que allí estaba la sustancia ilícita, la cual desconocía, por lo que los agentes procedieron a sacar la sustancia y tomarles fotos, sin encontrar más nada en ninguna de las otras habitaciones. Refiere que en su residencia encontraron mil ciento treinta paquetes aproximadamente, que estaban dentro de unos maletines y otra parte suelta que colocaron en la mitad de la sala. Indica que el vehículo marca Chevrolet, Spark, es propiedad de su esposa y, se encontraba en la casa de su hija en B. delG.. Mientras que el panel en el que fue detenido, es propiedad de un amigo, de nombre J., quien se lo dio para la venta. Señala que en la residencia ubicada en Teremar, D.B., vive junto a su esposa M.C.R., pero que a ella la operaron en 2008 y, desde el mes de diciembre de ese año, vive con su hija en B. delG.. A pregunta formulada por el despacho instructor, el indagado manifestó que se dedica a la venta de libros, como enciclopedias, diccionarios de inglés, venta puerta a puerta, en las escuelas o a crédito. En la residencia ubicada en B. delG., manifiesta reside J. TORO, M.R. y los dos niños de su hija R.G.. Desconoce a quién pertenece la droga y con relación al dinero encontrado señaló que es producto de los ahorros junto a su esposa, ahorros de muchos años, destinados para el pago de los vehículos, tarjetas, etc. Añade que la habitación era arrendada al señor F.M.V., por ciento cincuenta balboas mensuales (B/.150.00) y que tenía mes y medio de estar alquilado. J.I.T.M., en su declaración indagatoria a folios 98, explicó en su oportunidad que, los maletines los guardó a un conocido, porque supuestamente iba a viajar a Colombia en Semana Santa, le pidió que le guardara los maletines en su casa. Indica que no sabía exactamente qué era y le comunicó que le decía cuándo se los regresara. Manifiesta que estando con su suegro y su señora, en la panadería, fueron aprehendidos por la policía, sin explicarles las razones de su detención, siendo conducidos a la policía de D.B.. De la estación, fueron transportados a la casa de su suegro, con la sorpresa de haber encontrado esa gran cantidad de sustancias ilícitas y, de allí, fue cuando más o menos sacó conclusión que realizarían un allanamiento a la casa y, fue donde se percató de lo que estaba en los maletines que su amigo le dio para guardar en su residencia. Puntualiza que todo lo hizo a espaldas de su señora, porque ella no conocía esa situación y, refiere que habló con uno de los agentes, haciéndole mención que tenía guardado unos maletines en su closet y, en vista de lo encontrado allí, le vino la duda que fuera algo lícito. Indica que se dedica a la venta de libros, enciclopedias, biblia, carros, casas, los que se les presente para la venta y, su ingreso es variado, oscila entre mil quinientos a cuatro mil balboas mensuales. Comunica que la persona que le llevó los maletines a la casa, se llama F. y, se trataban de cuatro maletines grandes, una maleta y otra maleta más chica; desconoce su apellido. Agrega que este señor le pidió el favor de guardar los maletines y que antes del viaje le avisaba para recibirlos nuevamente, comunicándole que le iba a dar algo extra, incluso, le dejó un busito gris con el que se estaba movilizando desde finales de diciembre, para que se lo vendiera o si quería quedarse con él, que se lo pagara. En cuanto a los B/.17,600.00, manifiesta que supone es producto del trabajo que han realizado, agregando que para ellos es difícil la apertura de una cuenta. Al ser aprehendido, comunica que portaba la suma de B/.700.00, y era producto de las cobranzas de las quincenas anteriores y, con ese dinero iban a pagar la casa y el carro. La señora R.N.G.R., en su declaración indagatoria, a folios 105, manifestó que estaba sorprendida, ya que no sabía absolutamente nada de los hechos que se le imputan. Menciona que al momento en que se da la aprehensión, en la panadería, pensó que la iban a secuestrar, ya que no vio identificación, ni carros de la policía. Declara que fueron trasladados a la Policía de D.B., siendo comunicados que iban a ser investigados, pero que no le dijeron por qué. Refiere que de cuatro a cinco horas después de su aprehensión, le manifestaron que iban a la residencia de su padre, ubicada en D.B.. Su padre abrió la puerta de la residencia, sin que fuera mostrada ninguna orden de allanamiento. Fueron trasladados a la residencia, abrieron los cuartos y posteriormente preguntaron quiénes vivían en la residencia ubicada en B. delG.. Expone la indagada que manifestó que su esposo J.I. TORO y su persona, y que era ella la dueña, siendo trasladada posteriormente, sola, a dicha vivienda. Relata que fue llevada a su cuarto y de allí sacaron unos maletines del closet, colocándolos en la sala, los abrieron y allí fue donde le mostraron lo que estaba allí y le preguntaron si tenía conocimiento de lo que estaba allí, contestando que no. Expresa la señora R.N.G., en líneas posteriores que, su esposo le había manifestado que esas maletas las había comprado porque pensaban viajar para Colombia, sin ver nada extraño en eso, ya que no vio a nadie en su casa, ni nadie extraño, todo estaba en normalidad en la residencia. Aclara que desde un primer momento en el que le preguntaron dónde residía, manifestó dónde, porque no tenía nada que esconder; ya que están las pruebas que venden en las iglesias D.B., S.A., y también se dedicaban a vender de casa en casa. Desconoce a quién pertenece la sustancia ilícita que fue encontrada en su residencia y en la residencia de sus padres. La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en resolución calendada 30 de marzo de 2009, consultable a fojas 110, dispuso ordenar la detención preventiva de J.I.T.M., R.N.G.R. y C.A.G.S., como presuntos infractores de las normas contenida en el T.I., Capítulo V, del Libro II del Código Penal. Igualmente se ordenó la aprehensión provisional del dinero que mantenía el señor J. TORO (B/.710.00) y los B/.17, 600.00, encontrados en el bolso de la señora M.C.R., así como los vehículos descritos (Chevrolet, Spark; vehículo microbús gris, con matrícula 697448 y, un Toyota, Yaris). Se dispuso, por parte de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, mediante resolución calendada 6 de abril de 2009, a fojas 329, recibir declaración indagatoria a M.C.R.R., como presunta infractora de las normas legales contenidas en el Capítulo V, T.I., del Libro II del Código Penal. El resultado del dictamen pericial realizado por el Laboratorio de Sustancias Controladas del I.ituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, efectuado a mil doscientos noventa y cuatro (1,294) paquetes rectangulares, forrados con cinta adhesiva, así como a una bolsa contentiva de sustancia blanca en forma de polvo, arrojó resultados positivos para la presencia de cocaína, en la cantidad de 1,451.335.00 gramos, lo que equivale a 1,451.33 kilogramos (v. fs. 365) A través de su Vista Fiscal Nº 332, de 21 de septiembre de 2009, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, recomendó al honorable tribunal de la causa que, al momento de calificar la encuesta penal, lo hiciera dictando un auto de llamamiento a juicio en contra de J.I.T.M., R.N.G.R., C.A.G.S. y M.C.R.R., por presuntos infractores de las normas contenidas en el Capítulo V, T.I., Libro II del Código Penal. (v.fs. 498-508) Dicha recomendación fue acogida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, a través del Auto de Llamamiento de Juicio N° 33, de 7 de abril de 2010, abrió causa criminal contra C.A.G.S., J.I.T.M., R.N.G.R. y M.C.R.R., por presuntos transgresores del T.I., Capítulo V, Libro II del Código Penal, es decir, por delito Contra la Seguridad Colectiva, relacionado con Drogas. (v.fs. 631-635) Posteriormente, mediante Sentencia Mixta Nº 4, de 11 de octubre de 2010, dicho tribunal declaró culpable a J.I. TORO y a C.A.G.S., como autores del delito de posesión ilícita de drogas, en su modalidad agravada, condenándolos a la pena de ochenta (80) meses de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el término de tres (3) años, una vez cumplida la pena principal. Se absolvió a R.N.G.R. y a M.C.R.R., de los cargos endilgados en su contra. De igual manera, se ordenó el comiso y pone a disposición de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), una selladora al vacío, marca W., con serie 0517QH6410, de color blanco con celeste, sin modelo visible; una pesa digital de color gris con celeste, marca S.B., modelo 405, serie 1000700000165; y el dinero aprehendido (fs. 724-737). Finalmente, a través de Sentencia N° 21-S.I., de 11 de febrero de 2011, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá, previa revocatoria del fallo impugnado, declaró penalmente responsable a M.C.R.R., como autora del delito de Posesión Agravada de Drogas Ilícitas, condenándola a la pena líquida de ochenta (80) meses de prisión e Inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el término de tres (3) años, luego de cumplida la pena principal. Corrige y establece que la norma penal infringida, lo es el artículo 319 del Código Penal. Ordenó el comiso de la Cuenta N° 108855149, del Bac Panamá, a nombre de J.I.T.M.; las cuentas N° 1083333519 y N° 108333535, del Bac Panamá, a nombre de M.C.R.R.; los dineros incautados a J.I.T.M. (B/.710.00) y M.C.R.R. (B/.17,600.00), así como los celulares encontrados a los sindicados durante su aprehensión; mantiene la aprehensión provisional de los bienes muebles y automóviles incautados: Ordenó la devolución y liberación de la suma de seiscientos balboas (B/.600.00) incautados a ROSLYN G.R.; la casa N° 173-H, ubicada en Calle 39 Sur, barriada B. delG., propiedad de R.N.G.R.; el Toyota, modelo Yaris, color verde aqua, sin matrícula, propiedad de la señora R.N.G.R.. Se confirma en todo lo demás. (v.fs. 773-786) RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE I.T.M. El recurrente aduce una causal para fundamentar el recurso de casación promovido a favor de I.T.M.. ÚNICA CAUSAL INVOCADA Con respecto a esta única causal, se alega que el fallo recurrido incurre en: "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancia penal." La causal viene sustentada en tres motivos. En primer término, manifestó el recurrente que el Tribunal Ad-Quem, valoró de forma incorrecta la declaración indagatoria de J.I.T.M., al concluir que como el imputado mantuvo los maletines contentivos de sustancias ilícitas por espacio de 15 días en su residencia, hace suponer al Tribunal que tenía acceso a la mercancía, ya que se encontraba en su campo de acción, es decir en su propia habitación, elemento suficiente para que el Tribunal Superior determinara que tenía conocimiento de la sustancia ilícita en su residencia. Considera el recurrente que, de haberse valorado de forma correcta e íntegramente dicha declaración, el Segundo Tribunal Superior, hubiese determinado que fue un conocido, de nombre "F." a quien TORO MONSALVE, le hizo el favor de guardarle unos maletines, sin saber qué contenían los mismos y, no es hasta que se realizan los allanamientos a su residencia, que se da cuenta que el contenido de los maletines es de drogas, por lo que el Tribunal Superior hubiese concluido que J.I.T.M., no tenía nexo causal alguno o conocimiento alguno que la maleta que le guardaba al señor F., contenía droga, más cuando en su deposición indica a las autoridades que, en su residencia, tenía unos maletines guardados en el closet, hecho por el cual el Ad-Quem, no contaba con elementos probatorios para confirmar la sentencia condenatoria en contra de su representado. En cuanto al segundo motivo manifestó que, el Tribunal Superior, le otorga valor probatorio a la diligencia de allanamiento practicado a la casa N° 173-H, ubicada en B. delG., que fue producto de las diligencias de vigilancia y seguimiento efectuadas por miembros de la Policía Nacional, en que las deposiciones de J.L.M. y del S.E.A.G.M., hacen concluir al Tribunal Superior, de manera errada, que las diligencias mencionadas comprueban la participación criminal de su representado, el señor J.I.T.M.. Es de opinión que, de haber valorado correctamente dichas pruebas, el Tribunal Superior hubiese determinado que las mismas no comprueban fehacientemente que J.I.T.M., está vinculado al hecho punible que se le imputa, ya que de las pruebas testimoniales, sólo se desprende que E.A.G.M. y J.L.M.G., vigilaron y siguieron a las personas montadas en los vehículos, pero no que lograron observar a J.I.T.M., almacenando drogas, así el Tribunal Superior hubiese concluido que esas diligencias, no eran un caudal probatorio suficiente para fundamentar fehacientemente la responsabilidad penal de su representado. Con ello concluye que el Tribunal Superior, incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que ha influido en la parte dispositiva de la resolución recurrida. En cuanto a las disposiciones legales infringidas, manifestó se vulneró el contenido de los artículos 781 y 917 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión y, el artículo 319 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación. Por lo anterior. solicita se case la sentencia impugnada y, en su defecto, se absuelva a J.I.T.M., del cargo formulado en su contra. (v. fs. 801-807) RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE C.A.G.S. El licenciado R.A.B., en su escrito de formalización del presente recurso, aduce una única causal. ÚNICA CAUSAL INVOCADA Con relación a esta única causal, se alega que el fallo recurrido incurre en: "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancia penal." La causal viene sustentada en tres motivos, a saber.- En su primer motivo expone el recurrente que, el Tribunal Superior valora de forma errada la declaración indagatoria de C.A.G.S., toda vez que en la sentencia impugnada se expone que, al imputado se le encontró gran cantidad de droga en una de las habitaciones de una residencia, ubicada en la urbanización D.B., en el corregimiento de J.D.. Agrega que el propio sentenciado, explicó que la habitación donde se da el hallazgo de la sustancia ilícita, fue alquilada al señor F.M.V., a quien describe en su declaración indagatoria. Considera que, de haberse valorado de forma correcta e íntegramente dicha declaración, el Segundo Tribunal, hubiese determinado que, efectivamente, se le arrendó una de las habitaciones de la vivienda allanada, a una persona que el imputado describe y manifiesta su nombre completo, desconociendo así el encartado qué hacía o qué guardaba el prenombrado M. en dicha habitación, máxime cuando tuvieron que violentar la puerta para hacer el respectivo registro. Señala el recurrente que, si el Tribunal Superior hubiese analizado de forma correcta la declaración de G.S., se hubiese pronunciado en su fallo manifestando que G.S., no tenía nexo causal alguno o conocimiento alguno que la habitación alquilada se guardaba drogas; hecho por el cual el Ad-Quem no contaba con elementos probatorios para confirmar la sentencia condenatoria en contra de su representado. Respecto al señor motivo, indica el recurrente que el Segundo Tribunal, le otorgó pleno valor probatorio a la sola deposición del Teniente J.L.M.G., quien realizó la diligencia de allanamiento y vigilancia en la casa que ocupaba C.A.G.S.; sin embargo, esa apreciación del Tribunal Superior de la prueba testimonial es incorrecta, pues no revela más nada que el traslado de vehículos que salían del corregimiento de J.D., hacia el distrito de San Miguelito; sin embargo, los informes, ratificados por el Teniente Matos, no hacen mención que observan cargando, descargando o transportando cajetas o maletines de viaje de un lugar a otro. Afirma que, de haberse valorado correctamente la declaración del Teniente Matos, el Tribunal Superior, hubiese determinado que su deposición no comprueba fehacientemente que G.S., está vinculado al delito endilgado. En el tercer motivo desarrollado en esta única causal, el recurrente es de opinión que el Segundo Tribunal Superior, valora erradamente la declaración testimonial rendida por R.N.R.G., en virtud que, dicha pieza probatoria corrobora la declaración rendida por C.A.G.S., en el sentido de manifiesta que se había alquilado una de las habitaciones de la residencia, al indicar que su padre se dedica a alquilar cuartos. Es de opinión que, si el Tribunal Superior hubiera valorado correctamente esta prueba testimonial, hubiese arribado a la conclusión que lo expuesto por G.S., en cuanto al alquiler de la habitación dentro de la residencia allanada, era cierto y, en consecuencia, hubiera sido absuelto de los cargos formulados. Respecto a las disposiciones legales infringidas, manifiesta el casacionista que se vulneró el contenido del artículo 917 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión y, el artículo 319 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación. RECURSO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA FISCALÍA PRIMERA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS CONTRA ROSLYN G.R. El licenciado J.E.C.S., Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, en su escrito de formalización, consultable a folios 816, enuncia dos causales que fundamentan el presente recurso. PRIMERA CAUSAL INVOCADA En esta primera causal, se alega que el fallo recurrido incurre en: "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancia penal." Esta causal es desarrollada en cuatro motivos. Primeramente el representante de la Vindicta Pública, expone que el Tribunal Superior, le restó fuerza probatoria al allanamiento de la residencia 173-H, de B. delG., debido a la relación conyugal existente entre J.T. y R.G., al concluir que ésta no tenía la obligación de delatarlo. Es de opinión que el Tribunal Superior, debió estimar dicho documento a la luz de la lógica y la experiencia, así habría concluido que la encartada, tenía la disponibilidad sobre el enervante y no hizo nada para la evitar la ejecución del delito en su vivienda, por lo que facilitó dicho inmueble con el propósito de custodiar el cargamento tóxico. Concluye que, la incorrecta justipreciación produjo la infracción de la regla que exige el análisis de los documentos de manera integral, lo que incidió en lo dispositivo del fallo que confirmó la absolución por posesión ilícita de drogas con ánimo de traspaso, pues si el Tribunal Ad-Quem, hubiera valorado esto correctamente, habría advertido que la acción de R.G., no fue un pasivo encubrimiento, sino que prestó al autor del delito un auxilio, sin el cual el hecho no habría podido cometerse, con lo cual habrían condenado a R.G. como co-autora de Posesión Ilícita de Drogas, con ánimo de traspaso. En el segundo motivo se indica que el Tribunal Superior descontó mérito probatorio a la indagatoria rendida por J.T., por ser el cónyuge de R.G., al concluir que ésta no tenía el deber de revelar el delito. Señala que el Tribunal Ad-Quem, debió apreciar dicha declaración a la luz de la lógica y la experiencia, así habría advertido que el imputado no mencionó que R.G., durante los 15 días que mantuvo la droga en el guardarropa de la recámara principal de la residencia de ésta, le hubiera hecho ningún reclamo o le hubiera pedido que se llevara la droga del lugar. Estima que la equivocada ponderación produjo la infracción de la regla que exige el análisis de los testimonios, de acuerdo a los motivos que disminuyan su fuerza, lo que incidió en lo dispositivo del fallo que confirmó la absolución por posesión ilícita de drogas con ánimo de traspaso, pues si el Tribunal de Alzada, hubiera valorado esto correctamente, habría advertido que R.G., no resulta simple encubridora, sino que facilitó el auxilio al autor del delito, sin el cual el hecho no habría podido ejecutarse, con lo cual habrían condenado a R.G. como co-autora de Posesión Ilícita de Drogas con ánimo de traspaso. En el tercer motivo, el casacionista destaca que el Tribunal Ad-Quem, despojó de valor probatorio a la indagatoria de R.G., frente a su matrimonio con J.T., al estimar que ésta no estaba comprometida a avisar a las autoridades de la comisión del delito. Plantea el recurrente que, el Tribunal de Alzada debió considerar dicha declaración a la luz de la lógica y la experiencia, así habría reconocido que al negar los cargos, R.G., simplemente excepcionó que su esposo le había indicado que las maletas colocadas en el guardarropa de la habitación principal de su casa, las había comprado para un viaje a Colombia y, que el vehículo micro bus se lo había dado un señor para venderlo desde hacía un mes. Afirma que, la errónea valoración, produjo la infracción de la regla que exige el análisis de los testimonios, de acuerdo a los motivos que disminuyan su fuerza, lo que incidió en lo dispositivo del fallo, que confirmó la absolución por posesión ilícita de drogas con ánimos de traspaso, pues si el Tribunal Superior hubiera valorado esto correctamente, habría advertido que la mala justificación de R.G., trascienda más allá de un pasivo encubrimiento, toda vez que procuró ayuda al autor del delito, sin la cual el hecho no habría alcanzado perfeccionarse, con lo cual habrían condenado a R.G., como co-autora de Posesión Ilícita de Drogas, con ánimo de traspaso. En el cuarto y último motivo, el casacionista es de opinión que, el Tribunal de Alzada, le restó fuerza probatoria al informe de aprehensión, debido a la relación conyugal existente entre J.T. y R.G., al concluir que ésta no tenía la obligación de delatarlo. Considera que el Tribunal Superior, debió estimar dicho documento a la luz de la lógica y la experiencia, así habría conocido que el día de la aprehensión, los encartados ejecutaban relacionadas con cargamento ilícito. La incorrecta justipreciación, produjo la infracción de la regla que exige el análisis de los documentos de manera integral, lo que incidió en lo dispositivo del fallo, que confirmó la absolución por posesión ilícita de drogas con ánimo de traspaso, pues si el Tribunal Ad-Quem hubiera valorado esto correctamente, habría advertido que solo los que conocen las acciones ilícitas participan de las tareas plurales de una empresa criminal, con lo cual habrían condenado a R.G., como co-autora de Posesión Ilícita de Drogas con ánimo de traspaso. Respecto al apartado de disposiciones legales infringidas y concepto de infracción, el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, anuncia se ha infringido los artículo 836, 917 y 985 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión; y los artículos 319 y 321 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión. SEGUNDA CAUSAL El casacionista, en la segunda causal, invoca la preceptuada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial, específicamente: "Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en concepto de violación directa". Esta causal se desarrolla en un único motivo. Explica el representante de la Vindicta Pública que en el fallo impugnado, el Tribunal Superior, ordenó la devolución de los bienes aprehendidos provisionalmente, propiedad de R.G. y, mantuvo la aprehensión provisional de otros bienes, con lo cual desconoció la regla de aplicación de la pena de todos los bienes que resulten instrumentos o productos del delito. Al obviar la legítima procedencia de un conjunto de bienes en poder de los imputados, puntualiza, no fue acreditado a lo largo de toda la instrucción sumarial, ni en el plenario, así como el hecho de que alguno de los bienes, fueron usados como instrumentos del delito y, al no aplicar la pena del comiso, el Tribunal Ad-Quem, violó la ley sustancial. En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, detalla que se infringió el contenido del artículo 75 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión. Por lo anterior solicita casar el fallo impugnado y, que en su lugar, se condene a R.N.G.R., como co-autora del delito de posesión ilícita de drogas, con ánimo de traspaso y, se ordene el comiso de la totalidad de los bienes aprehendidos provisionalmente. RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE M.C.R.R. La licenciada M.A., defensora particular de M.C.R.R., adujo una causal contra el fallo recurrido, en la que señala que se incurre en: "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la Ley sustantiva penal." La causal viene sustentada en dos motivos. Indica la recurrente que, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, yerra en la apreciación de la prueba, al momento de valorar las diligencias de declaraciones indagatorias rendidas por J.I.T.M. y R.N.G.R., al concluir que por el hecho de encontrarse físicamente la señora M.C.R.R., en la residencia N° H-173, de B. delG., la hace responsable de los maletines incautados contentivos de sustancias ilícitas, en 159 paquetes de presunta cocaína, elemento que a juicio del Tribunal Ad-Quem, es suficiente para determinar su autoría en los cargos que se le endilgan. Alega que, de haberse apreciado en derecho y de forma correcta las declaraciones de T.M. y R.N.G.R., el Tribunal Superior hubiese determinado que la señora M.C.R.R., se encontraba en la residencia H-173, por una causa circunstancial de salud y es que desde el 30 de noviembre de 2009, había sido operada de un tumor cerebral, que es lo manifestado por T.M. y, que estaba muy delicada, que fue lo externado por R.G.; lo que hubiera llevado al Tribunal de Segundo Grado a confirmar la sentencia absolutoria dictada en primera instancia. En el segundo motivo, la licenciada A. expone que, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, le otorgó calor de plena prueba, al acta de allanamiento y registro, efectuado en la residencia N° H-173, en la urbanización B. delG., que pertenece a R.N.G., al referirse en la sentencia de segunda instancia, que se incautaron 159 paquetes de presunta cocaína, por encontrarse en dicho domicilio la señora M.C.R.R.. Señala que, esta incautación se dio producto de la diligencia de vigilancia y seguimiento efectuada por el Sargento Primero E.A.G.M. y el C.J.C.W.G., que llevan a concluir al Tribunal Superior, de manera errada que, las diligencias mencionadas comprueban la participación criminal de su representada. Considera que haberse valorado correctamente las pruebas señaladas, el Tribunal Superior hubiese determinado que las mismas no comprueban, fehacientemente que la señora R.R., está vinculada al hecho que se le imputa, ya que las pruebas testimoniales, sólo se desprende que los policías vigilantes, sigue y vigilan a T.M., R.G. y C.G. y, en todo el curso de la estacionaria policiva, no lograron observar a M.C.R.R., almacenando, ni transportando drogas; así el Tribunal Superior, hubiese concluido que esas diligencias y las pruebas testimoniales, no eran un caudal probatorio suficientes para fundamentar responsabilidad penal de su representada. En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, detalla que se infringió el contenido del artículo 781 y 917 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión y, el artículo 319 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación. Solicita se case la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y, se absuelva a M.C.R.R., del cargo formulado en su contra. (v. fs. 826-832) OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Cumpliendo el procedimiento establecido la representación de la Vindicta Pública, solicitó al momento de correr el traslado que no se case el fallo objeto del recurso, en relación a J.I.T.M., C.A.G.S. y M.C.R.R.. No obstante, solicita casar el recurso interpuesto por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, en cuanto a la absolución de R.N.G.R.. RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE J.I.T.M. Haciendo referencia al recurso de casación formalizado a favor de J.I.T.M., se expone que no se comparte el cargo de injuridicidad vertido, toda vez que la declaración indagatoria de J.I.T.M., fue apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo cual permitió concluir que éste poseía sustancias ilícitas en la habitación en la que pernoctaba junto a R.N.R.R.. Añade que, en este sentido, el encausado, al momento de la diligencia de allanamiento y registro de la vivienda ubicada en B. delG., informa a las autoridades policiales, que en la residencia de su esposa R.N.G.R., en la recámara matrimonial, en el closet, mantenía oculta sustancias ilícitas. Ilustra el Procurador General de la Nación que, durante 15 días, estas sustancias ilícitas se mantuvieron en la residencia que habitaba J.I.T.M. y R.N.R.R., lo que demuestra el propósito de guardar y custodiar grandes cantidades de drogas, las cuales, de acuerdo con el resultado del Laboratorio de Sustancias Controladas, del I.ituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, corresponden a la sustancia conocida como cocaína. Por ello, estima que la indagatoria de J.I.T.M., fue analizada conjuntamente con el resto del material probatorio, entre estas, el allanamiento a la residencia ubicada en B. delG., el cual permite confirmar que ésta poseía y almacenaba sustancias ilícitas en su residencia. R. al segundo motivo, manifiesta igualmente que, no comparte el criterio de ilegalidad esgrimido por el casacionista, toda vez que, a través de la diligencia de ubicación y vigilancia efectuada el 27 de marzo de 2009 y, posteriormente, con la diligencia de allanamiento y registro a la residencia ubicada en la barriada B. delG., residencia 173-H, se constata, con la cooperación de J.I.T.M., que en la habitación principal, habían cinco (5) maletines que en su interior contenían paquetes en forma rectangular, que contenían drogas. Indica que el hallazgo de esta mercancía, fue debidamente ratificada por el C.J.C.W.G., quien señaló que la sustancia ilícita se encontró en la recámara principal, en el "walking closet", recámara ocupada por la pareja J.I.T.M. y R.N.G.R.; además de indicar que los maletines estaban visibles. Por su parte, el Sargento Primero E.A.G.M., quien ejerció funciones de vigilancia y allanamiento a la residencia ubicada en B. delG., señaló que, en efecto, la droga estaba en la recámara de la pareja. Estima por consiguiente que, no se encuentra probado este motivo de ilegalidad, puesto que la diligencia de allanamiento y las ratificaciones de los agentes policiales, acreditan que se encontró gran cantidad de droga en la residencia N° 173-H de B. delG., habitada por J.I.T.M. y R.G.R.. Referente al tercer motivo desarrollado por el casacionista, el representante del Ministerio Público discrepa del motivo de ilegalidad expuesto, toda vez que las fotografías visibles a fojas 66 a 68, son la demostración gráfica de lo transcrito en la diligencia de allanamiento y registro realizada en la residencia de R.N.G.R. y J.I.T.M., ubicada en B. delG., a través de la cual se comprueba que en la recámara principal, dentro del closet, se encontraba oculta sustancia ilícita en la que, además, habían cinco maletines que contenían paquetes rectangulares, forrados con cinta adhesiva que concuerda con las imágenes descritas. Por tanto es de opinión que no está probado este motivo de ilegalidad. En cuanto a las disposiciones legales y el concepto de infracción, expuso que discrepa de la infracción del artículo 917 del Código Judicial, alegada por el casacionista, toda vez que, al momento de verificarse el allanamiento y registro a la residencia en B. delG., así como las declaraciones de los agentes policiales J.L.M.G. y E.A.G.M., se constata que J.I.T.M., ocultaba sustancia ilícita en el closet del cuarto principal de dicha vivienda. Con relación al artículo 781 del Código Judicial, manifiesta que disiente del criterio jurídico externado por el casacionista, toda vez que J.T.M., al momento del allanamiento y registro de la residencia en B. delG., manifestó que mantenía sustancias ilícitas almacenadas en el closet de la recámara principal. Finalmente, concluye que, al no encontrarse acreditado los motivos de injuridicidad, como tampoco la infracción de las disposiciones adjetivas citadas, no se produce la infracción del artículo 319 del Código Penal, desarrollada por el recurrente. (v. fs. 852-857) RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE C.A.G.S. En lo que corresponde al primer motivo inmerso en la primera causal desarrollada en el recurso de casación formalizado por el licenciado R.B., defensor particular del señor C.A.G.S., el representante del Ministerio Público manifestó que disiente del argumento vertido, toda vez que la indagatoria de C.A.G.S., fue analizada conjuntamente con el resto del material probatorio, como es la diligencia de allanamiento y registro, en la que se hallaron cajas en su interior, resguardaban paquetes de forma rectangular, contentivos de la sustancia conocida como cocaína. Haciendo alusión al segundo motivo expuesto, la representación de la Vindicta Pública difiere del señalamiento vertido por el casacionista, toda vez que la decisión del Tribunal Superior, se fundamentó no solamente en las diligencias de seguimiento, vigilancia y aprehensión; sino, también en el hallazgo de una considerable cantidad de droga en la residencia ubicada en D.B., Teremar, calle 10ma., casa P-16 y, en la vivienda en B. delG., en la que se encuentran involucrados C.A.G.S., J.I.T.M., R.N.G.R. y M.C.R.R.. Señala que, si bien es cierto, no se vio al encausado cargar, descargar o transportar estas sustancias ilícitas; es preciso indicar que C.A.G.S., se le declaró responsable como autor del delito de Posesión Ilícita de Drogas, en su modalidad agravada; por consiguiente, la conducta penal que se le endilga no es la de cargar, descargar o transportar; sino que éste poseía en su vivienda gran cantidad de droga. Su recomendación en cuanto al tercer motivo desarrollado, el representante de la Vindicta Pública, señala que los señalamientos del recurrente carece de fundamentación fáctica, toda vez que si bien, R.N.G.R., manifestó que C.A.G.S., es su padre, quien se dedica a arrendar cuartos; ese único señalamiento no fue corroborado por otros elementos probatorios que contribuyan a cimentar dicha alegación. Por tanto, es de opinión que no se encuentra probado este motivo de ilegalidad. R. a las disposiciones legales y el concepto de infracción, es del criterio que, carece de sustento jurídico y fáctico la infracción del artículo 917 del Código Judicial, desarrollada por el casacionista, toda vez que la declaración del Teniente J.L.M.G. y R.N.G.R., fue analizada con el resto de las pruebas acopiadas en el proceso, de las cuales se concluye que C.A.G.S., señaló que le había arrendado la recámara a F.M.; no obstante, en este proceso no aportó detalles para ubicarlo y es, precisamente en dicha recámara que se encontraron 1,135 paquetes de forma rectangular, contentivos de cocaína. En cuanto a la infracción del artículo 319 del Código Penal, alegada por el casacionista, expone que, por tratarse de una causal de naturaleza probatoria y, al no comprobarse los motivos de injuridicidad, como tampoco a las normas adjetivas citadas, no se configura la conculcación del prenombrado artículo. RECURSO DE CASACIÓN INCOADO CONTRA ROSLYN N.G. El Procurador General de la Nación, al referirse al recurso de casación incoado por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, comunicó, con relación a los motivos desarrollados en esta primera causal alegada que, coincide con el argumento expuesto por el recurrente, toda vez que durante la investigación, se no constató que R.N.G.R., hubiese increpado a su esposo por la existencia de dicha droga en su residencia, la cual permaneció almacenada por quince días. En cuanto a tercer y cuarto motivo, Es de opinión que si se hubiera valorado en su justa dimensión, el informe de aprehensión, se habría advertido que los coautores, son aquellos que conocen las acciones ilícitas y participan de las tareas plurales de una empresa criminal. Advierte que la presencia de los maletines en la recámara principal, así como la tenencia del microbús, a su juicio, debió alertar a R.N.G.R., sobre la comisión de un ilícito, situación que toleró. Además debió percatarse que dichos maletines estaban llenos de paquetes rectangulares, cuyo contenido era droga. Ambas situaciones, debieron inducirla a cuestionar la comisión de un hecho punible; sin embargo, en ningún momento, le reclamó a su consorte por estos maletines y por el microbús que usaba. Por consiguiente, exterioriza, carece de justificación que la procesada argumente que desconocía las actividades ilícitas en las que estaba involucrado J.T., toda vez que los maletines estaban llenos de sustancias ilícitas, debidamente embaladas, ubicadas en el cuarto principal, ocupado por esta pareja. Comparte igualmente los argumentos jurídicos vertidos por el casacionista, en cuanto a la infracción de las normas adjetivas, esto es, el contenido de los artículos 836, 917 y 985 del Código Judicial, toda vez que el análisis integral de las pruebas acopiadas en este proceso, habría conducido al Tribunal Superior a condenar a R.N.G.R., pues sabía que en su propiedad se escondía gran cantidad de sustancias ilícitas embaladas para su trasiego y, por lo cual recibirían cierta cantidad de dinero, junto con el microbús que mantenían en custodia. Además, en el expediente no consta que haya increpado a su cónyuge por el almacenamiento de dicha mercancía en su residencia. En cuanto a los artículos 319 y 321 del Código Penal, también señalados como infringidos por el recurrente, el representante del Ministerio Público comparte con los señalamientos, toda vez que la autoridad jurisdiccional ponderó, erradamente, las pruebas del expediente tales como el allanamiento de la casa N° 173-H, de B. delG., en la cual J.I.T.M., informó que dentro de la residencia, mantenía, dentro de la recámara principal, sustancia ilícita, circunstancia de la cual se desprende que R.N.G.R., tenía conocimiento y disponibilidad de dicha mercancía, por encontrarse en su habitación; por consiguiente, debió ser condenada como coautora de la Posesión Ilícita de Drogas, con ánimo de traspaso; concluyó. Manifiesta en cuanto a la segunda causal sustentada, en su único motivo que, comparte el criterio jurídico planteado, ya que en el caso bajo estudio, R.N.G.R., no logró acreditar la procedencia de sus bienes; por tanto, se desconoce la fuente lícita de los mismos, razón por la cual la autoridad jurisdiccional, debió decretar el comiso de éstos. Haciendo alusión al apartado denominado disposición legal infringida y concepto de infracción, se expone que le asiste la razón al recurrente al considerar infringida de manera directa, por comisión, el contenido del artículo 75 del Código Penal, ya que en el proceso, R.N.G.R., no logró acreditar que todos sus bienes, hubiesen provenido de una fuente lícita; por lo que es de opinión que, igualmente, debió recaer sobre éstos la sanción que se le impuso al resto, es decir, el decomiso.- RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE M.C.R.R. El representante de la Vindicta Pública, al referirse al recurso de casación incoado por la licenciada M.D.C.A., a favor de M.C.R., señaló, en cuanto al primer motivo sustentado en su única causal de fondo que, no le asiste la razón, porque la responsabilidad de la sentenciada, surge del hecho de encontrársele en posesión de B/.17,600.00, en efectivo, sin que pudiese justificar su procedencia lícita. Agrega que en el sumario, se demostró que tenían cuentas en dos instituciones bancarias, de allí que resulte falaz señalar las supuestas dificultades para efectuar transacciones bancarias. Por ello, estima que carece de sustento fáctico lo alegado por la impugnante, pues, si bien, se encuentra acreditado en el expediente que, M.C.R.R., tiene dificultades de salud; su responsabilidad penal emerge de la tenencia de suma de dinero, cuya procedencia legítima no pudo justificar. Refiere, en cuanto al segundo motivo que, reitera lo expuesto, al señalar que M.C.R.R., no se le observó almacenar o transportar drogas; sin embargo, es innegable que, al momento de ser allanada la residencia N° 173-H, de la barriada B. delG., en la que encontró embalada droga, también la procesada tenía en su posesión, la cantidad de B/.17,600.00 en efectivo, sin que pudiese justificar su procedencia lícita. Es de opinión, en cuanto a las disposiciones legales y al concepto de infracción que, no comparte el criterio desarrollado por la casacionista quien considera una violación directa de los artículos 917 y 781 del Código Judicial, toda vez que la decisión adoptada por la autoridad jurisdiccional, se fundamenta en que M.C.R.R., ostentaba la cantidad de B/.17,600.00, sin que pudiese justificar su procedencia lícita. Al considerar que al no comprobarse la infracción de normas adjetivas, no se produce la alegada infracción del artículo 319 del Código Penal.(v. fs. 851-871) CONSIDERACIONES DE LA SALA RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE J.I. TORO MONSALVE El casacionista fundamenta su recurso en una causal única: error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal. Conviene enunciar, como punto de partida que "...en esta clase de error aparece una clara discrepancia entre la sentencia y la ley, en la que no se objeta la existencia de la prueba, sino la valoración o calificación que se le hace y que está incompatible con la ley que la regula. Dicho error de derecho puede ocurrir: a) cuando se acepta al medio probatorio no reconocido por la ley; b) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le da fuerza probatoria que la ley le niega; c) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le niega valor probatorio que la ley le atribuye." (F.P., J. y Guerra de V., A.E., Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, Editorial Sistemas Jurídicos, S.A.; 2001, pág. 269). Entendido en un sentido amplio el alcance del error en la apreciación de la prueba, importa tener presente que el yerro en la valoración probatoria debe ser de tal magnitud que, de no haber ocurrido, el fallo tendría connotaciones diferentes. El primer motivo que sustenta esta causal, radica en la errada valoración de la declaración indagatoria rendida por el señor J.I.T.M., al concluirse que como el imputado mantuvo los maletines contentivos de sustancias ilícitas por espacio de quince días en su residencia, hizo suponer al Tribunal Ad-Quem que tenía acceso a la mercancía, ya que se encontraba dentro de su campo de acción, es decir en su habitación, elementos suficiente para que el Tribunal Superior determinara que tenía conocimiento de la sustancia ilícita en su residencia. En el segundo motivo, se indica que el Ad-Quem, le otorgó pleno valor probatorio a la diligencia de allanamiento practicado a la residencia N° 173-H, ubicada en B. delG., producto de las diligencias de vigilancia y seguimiento efectuadas por miembros de la Policía Nacional, agregando que las deposiciones del Teniente J.L.M.G. y el Sargento E.A.G.M., hacen concluir al Tribunal Superior, de manera errada que las diligencias antes mencionadas comprueban la participación criminal del hoy sentencia. En el tercer motivo, el recurrente expone que se valoró de manera incorrecta, una serie de fotografías tomadas en la diligencia de allanamiento a la residencia habitada por J.I.T.M.; que dichas reproducciones fotográficas solo revelan vistas de la habitación, sin precisarse de dónde fueron obtenidas y cuál es su procedencia. Al considerarse que los motivos desarrollados por el casacionista, guardan relación entre sí, se procederá a su análisis de manera conjunta. La declaración indagatoria rendida por J.I.T.M., a folios 98, explicó en su oportunidad que, los maletines los guardó a un conocido, porque supuestamente iba a viajar a Colombia en Semana Santa, le pidió que le guardara los maletines en su casa.- Indica que no sabía exactamente qué era y le comunicó que le decía cuándo se los regresara. Manifiesta que estando con su suegro y su señora, en la panadería, fueron aprehendidos por la policía, sin explicarles las razones de su detención, siendo conducidos a la policía de D.B.. De la estación, fueron transportados a la casa de su suegro, con la sorpresa de haber encontrado esa gran cantidad de sustancias ilícitas y, de allí, fue cuando más o menos sacó conclusión que realizarían un allanamiento a la casa y, fue donde se percató de lo que estaba en los maletines que su amigo le dio para guardar en su residencia. Puntualiza que todo lo hizo a espaldas de su señora, porque ella no conocía esa situación y, refiere que habló con uno de los agentes, haciéndole mención que tenía guardado unos maletines en su closet y, en vista de lo encontrado allí, le vino la duda que fuera algo lícito. Indica que se dedica a la venta de libros, enciclopedias, biblia, carros, casas, los que se les presente para la venta y, su ingreso es variado, oscila entre mil quinientos a cuatro mil balboas mensuales. Comunica que la persona que le llevó los maletines a la casa, se llama F. y, se trataban de cuatro maletines grandes, una maleta y otra maleta más chica; desconoce su apellido. Agrega que este señor le pidió el favor de guardar los maletines y que antes del viaje le avisaba para recibirlos nuevamente, comunicándole que le iba a dar algo extra, incluso, le dejó un busito gris con el que se estaba movilizando desde finales de diciembre, para que se lo vendiera o si quería quedarse con él, que se lo pagara. En cuanto a los B/.17,600.00, manifiesta que supone es producto del trabajo que han realizado, agregando que para ellos es difícil la apertura de una cuenta. Al ser aprehendido, comunica que portaba la suma de B/.700.00, y era producto de las cobranzas de las quincenas anteriores y, con ese dinero iban a pagar la casa y el carro. A folios 58, reposa la diligencia de allanamiento y registro, realizada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en la residencia 173-H, calle 36, sur, ubicada en B. delG.. Se detalla en la diligencia que el señora R.N.G.R., proporcionó la llave que da acceso a la vivienda y, en su interior, se encontraba la señora M.C.R.R., así como la señora A.D.S.M.R. y dos menores de edad. De igual manera se detalla que, el señor J.I.T.M., informó que dentro de la residencia de su esposa R.N.G.R., en la recámara matrimonial, mantenía dentro del closet, sustancia ilícita oculta. Se produjo el hallazgo de cinco (5) maletines, uno de color gris, marca N., cuatro marcas Air Express, una maleta color chocolate marca S. que, al ser abiertos mantenían en su interior paquetes rectangulares, forrados con cinta adhesiva de color negra, chocolate y naranja; presumiéndose que se trata de sustancia ilícita. Al tomar uno de los paquetes rectangular al azar y, verificar su interior, se observó un polvo de color blanco, el cual colocarle los reactivos para droga, dio positivo para la droga conocida como cocaína. Al sacar todos los paquetes rectangulares, se obtiene un gran total de ciento cincuenta (150) paquetes. Luego se prosigue con la verificación, encontrándose dentro del cuarto matrimonial, arriba del closet, un maletín más pequeño de color negro, de la marca Rugged Cargo, que en su interior contenía ocho (8) paquetes rectangulares, forrados con cinta adhesiva de color negra, con el logo B.; también se encontró un cooler de color azul y, en su interior un paquete rectangular forrado con cinta adhesiva, de color chocolate, contentivo presumiblemente de sustancia ilícita. Finalmente se encontró en una bolsa plástica, con el logo R., la suma de diecisiete mil seiscientos balboas (B/.17,600.00), los cuales fueron encontrados en un bolso de color chocolate que mantenía la señora M.C.R.R., al momento de efectuarse su revisión, tal como consta en el Informe de Allanamiento y Registro que reposa a folios 77 del expediente. A folios 488, se encuentra visible la declaración jurada ofrecida por E.A.G.M., Sargento Primero de la Policía Nacional, División de Delitos Relacionados con Drogas, quien en su oportunidad se afirmó y ratificó del Informe de Vigilancia y Seguimiento visible a fojas 19 del expediente. Comunica que la diligencia de vigilancia y seguimiento, inicia el 27 de marzo de 2009, a la residencia P-16, ubicada en el Sector de D.B., Teremar, corregimiento de J.D.; diligencia que inicia después que unidades del servicio motorizado, L., confeccionan un informe de novedad, en el que se comunicaba que en el lugar vivían extranjeros que posiblemente se dedicaban a actividades ilícitas, razón por la que la Fiscalía de Drogas, autorizó a desarrollar la operación denominada P.. Ilustra el declarante que la diligencia de vigilancia y seguimiento, fue conformada por varios equipos, correspondiéndole dirigir el equipo N° 2, en compañía de la Cabo Yoira Ibarra y, una vez constituidos en el lugar, pudieron observar que dentro de la residencia, se mantenía un vehículo de color blanco, estacionado en reversa. Así el declarante, brinda detalles de las diligencia de seguimiento. Agrega que participó en la diligencia de allanamiento realizada a la residencia ubicada en B. delG., casa H-173, dirigido por el C.J.W., si bien informa que no estuvo presente en el registro, sí observó que la droga encontrada en una de las recámaras de la pareja. Mientras que a folios 693, reposa la declaración jurada brindada por J.L.M.G., Teniente en la Policía Nacional, División de Delitos Relacionados con Drogas. En dicha declaración, M.G., se afirma y ratifica del documento visible a folios 19 a 23 (Informe de Vigilancia y Seguimiento), comunicando a su vez que la misma se da inicio mediante información obtenida por parte del servicio motorizado, los linces, en el que se comunicaba que en el área de Teremar, había una residencia que posiblemente tendrían sustancias ilícitas, ya que los habían retenido y las personas trataron de sobornar a la unidad policial, por lo que se remitió el informe y se coordinó con la autoridad competente para iniciar una operación de ubicación y vigilancia. El día 27 de marzo de 2009, se dio inicio a la operación que denominada P.. Ilustra en la declaración la diligencia de seguimiento efectuada y, como resultado, se efectuó una diligencia de allanamiento, en conjunto con la Fiscalía de Drogas, que dio como resultado la incautación de mil ciento treinta y cinco rectangulares que, en la prueba de campo, arrojó resultados positivos para la presencia de cocaína. Comunica a su vez que hubo otra diligencia de allanamiento, la cual fue apoyada por otros equipos que estaban al mando del C.J.W.. Al analizar las constancias que obran dentro de la presente encuesta penal, la S. es de opinión que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que, si bien es cierto el señor J.I.T.M., en su declaración indagatoria excepcionó que los maletines encontrados en la habitación principal (matrimonial), de la residencia en la que habitaba con su esposa, la señora R.N.G.R., le fueron proporcionados por un sujeto que conoce con el nombre de F.; a lo largo del proceso no brindó elementos de prueba que pudieran lograr la identificación del mismo, para así determinar su posible responsabilidad frente a los hechos. Aparte de ello, con la diligencia de allanamiento realizada a la residencia en la que habitaba junto a su esposa, es decir, en la residencia 173-H, calle 36 Sur, ubicada en B. delG., se logró el hallazgo, en el área del closet de la recámara matrimonial, que ocupaba junto a su esposa, gran cantidad de sustancia perniciosa, ubicada en cinco maletines, arrojando un total de cientos cincuenta y ocho (158) paquetes rectangulares, que en su interior contenían polvo de color blanco, que se determinó era la sustancia conocida como cocaína. Con la cantidad de sustancia perniciosa, encontrada dentro de la habitación que ocupaba el señor J.I. TORO, se desvirtúan las excepciones brindadas por el mismo, al indicar que los maletines encontrados en el closet de la habitación ocupada, le fueron proporcionados por un sujeto de nombre F., sin saber el contenido que mantenía en su interior. Adicional a los maletines encontrados, se produjo el hallazgo de más sustancia perniciosa, en el interior de un cooler azul, que mantenía un (1) paquete rectangular forrado con cinta adhesiva de color chocolate. Cabe destacar que sobre este último punto, el indagado no brindó información sobre la existencia del cooler y la sustancia perniciosa encontrada en su interior, ya que solamente se limitó a brindar sus excepciones en cuanto a los maletines encontrados. Con el hallazgo producido de gran cantidad de sustancias ilícitas, se producen graves indicios de participación criminal en contra de J.I.T.M., toda vez que la misma fue encontrada en la residencia por él habitada, específicamente en la recámara por él ocupada por su esposa; más cuando señala en su declaración indagatoria, que ayudó a este sujeto desconocido a bajar los maletines y transportarlos hasta su cuarto, sin cuestionar al mismo por su contenido, lo cual resulta inverosímil, frente a la cantidad de paquetes rectangulares encontrados en el interior de las bolsas. Ello constituye una mala justificación por parte del señor TORO MONSALVE. Respecto a las declaraciones vertidas por los agentes policiales, L.L.M.G. y E.A.G., están dirigidas a firmar y ratificar el contenido de las diligencias de vigilancia y seguimiento por ellos efectuadas, así como proporcionar aquellos aspectos que se produjeron en dichas diligencias y los resultados por todos conocidos, producidos por la diligencia de allanamiento efectuada a la residencia N° 173-H, ubicada en B. delG.. Adicional a ello, se observa que el Tribunal Ad-Quem, no solamente tomó en consideración la diligencia de seguimiento realizado para determinar la vinculación del hoy procesado, sino que tomó otros elementos probatorios que sirvieron de base para proferir su sentencia. En cuanto a las vistas fotográficas que militan a fojas 66 a 68, no se comparte el criterio esbozado por el casacionista, toda vez que se compadece con la diligencia de allanamiento efectuada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, específicamente en la información atinente en cuanto al hallazgo producido en la residencia 173-H, en B. delG.; vistas fotográficas que, a juicio de esta S., sirven de elemento ilustrativo de la diligencia desplegada y sus resultados. Por lo anterior, se concluye que el cargo de injuridicidad ensayado por el casacionista en esta primera causal, no se cumple. Confrontados los motivos sustentados por el casacionista, con el caudal probatorio del expediente, concluye la S. que el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, realizó un correcto análisis en la sentencia censurada, por consiguiente, no se infiere la vulneración de los artículos 781, 917 Código Judicial. Luego entonces, al no encontrar acreditados los cargos de injuridicidad que el letrado recurrente traduce en una lesión a las disposiciones adjetivas señaladas, se sustenta la debida aplicación en contra del sindicado J.I.T.M., del tipo penal contenido en el artículo 319 del Código Penal y, lo que corresponde al Tribunal de Casación, es no casar la sentencia impugnada. RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE C.A.G.S. El recurrente, fundamenta su recurso en una causal única: "error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal". Es preciso destacar que "...en esta clase de error aparece una clara discrepancia entre la sentencia y la ley, en la que no se objeta la existencia de la prueba, sino la valoración o calificación que se le hace y que está incompatible con la ley que la regula. Dicho error de derecho puede ocurrir: a) cuando se acepta al medio probatorio no reconocido por la ley; b) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le da fuerza probatoria que la ley le niega; c) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le niega valor probatorio que la ley le atribuye." (F.P., J. y Guerra de V., A.E., Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, Editorial Sistemas Jurídicos, S.A.; 2001, pág. 269). Entendido en un sentido amplio el alcance del error en la apreciación de la prueba, importa tener presente que el yerro en la valoración probatoria debe ser de tal magnitud que, de no haber ocurrido, el fallo tendría connotaciones diferentes. En el primer motivo sustentado, se expone que el tribunal Superior de Justicia, valoró de forma errada la declaración indagatoria de C.A.G.S., toda vez que el mismo explicó que la habitación donde se produjo el hallazgo, le fue alquilada al señor F.M.V., a quien describió en su declaración indagatoria. En el segundo motivo, manifiesta que se le otorgó pleno valor probatorio a la sola deposición del Teniente J.L.M.G., quien realizó diligencia de seguimiento y vigilancia, en la residencia ocupada por el señor C.A.G.S., sin embargo, esa apreciación del Tribunal Superior de la prueba es incorrecta, pues no revela más nada que el traslado de vehículos que salían del corregimiento de J.D., hacia el Distrito de San Miguelito, sin que en dicho informe se hiciera mención que se vio cargar, descargar o transportar cajetas o maletines de viajes de un lugar a otro. Por último, en el tercer motivo, se indica que el Tribunal Superior, realiza una errada valoración de la declaración rendida por R.N.R.G., en virtud que, dicha pieza probatoria, se corrobora la declaración rendida por el imputado G.S., en el sentido que sí había alquilado una de las piezas de las habitaciones de su residencia y, que su padre se dedica a alquilar cuartos. C.A.G.S., en su declaración indagatoria, a folios 93, manifestó que, el día de su aprehensión, se encontraba en la panadería D.B. y se encontraba en compañía de su yerno J. TORO y su hija R.G.. Ilustra que al momento del allanamiento en la residencia que habita, ubicada en Calle 10, D.B., casa P-16, se realizó la diligencia de allanamiento sin la orden de registro. Que los agentes le entraron y revisaron las habitaciones que estaban abiertas y, fue preguntado por la habitación que estaba cerrada, que quién vivía allí, contestándole que se tenía arrendada al señor F.M.V. y, que hacía días que no lo veía. Procedieron a violentar la puerta y fue comunicado que allí estaba la sustancia ilícita, la cual desconocía, por lo que los agentes procedieron a sacar la sustancia y tomarle fotos, sin encontrar más nada en ninguna de las otras habitaciones. Refiere que en su residencia encontraron mil ciento treinta paquetes aproximadamente, que estaban dentro de unos maletines y otra parte suelta que colocaron en la mitad de la sala. Indica que el vehículo marca Chevrolet, Spark, es propiedad de su esposa y, se encontraba en la casa de su hija en B. delG.. Mientras que el panel en el que fue detenido, es propiedad de un amigo, de nombre J., quien se lo dio para la venta. Señala que en la residencia ubicada en Teremar, D.B., vive junto a su esposa M.C.R., pero que a ella la operaron en 2008 y, desde el mes de diciembre de ese año, vive con su hija en B. delG.. A pregunta formulada por el despacho instructor, el indagado manifestó que se dedica a la venta de libros, como enciclopedias, diccionarios de inglés, venta puerta a puerta, en las escuelas o a crédito. En la residencia ubicada en B. delG., manifiesta reside J. TORO, M.R. y los dos niños de su hija R.G.. Desconoce a quién pertenece la droga y con relación al dinero encontrado señaló que es producto de los ahorros junto a su esposa, ahorros de muchos años, destinados para el pago de los vehículos, tarjetas, etc. Añade que la habitación era arrendada al señor F.M.V., por ciento cincuenta balboas mensuales (B/.150.00) y que tenía mes y medio de estar alquilado. J.L.M.G., Teniente en la Policía Nacional, División de Delitos Relacionados con Drogas rinde declaración a folios 693. En dicha declaración, M.G., se afirma y ratifica del documento visible a folios 19 a 23 (Informe de Vigilancia y Seguimiento), comunicando a su vez que la misma se da inicio mediante información obtenida por parte del servicio motorizado, los linces, en el que se comunicaba que en el área de Teremar, había una residencia que posiblemente tendrían sustancias ilícitas, ya que los habían retenido y las personas trataron de sobornar a la unidad policial, por lo que se remitió el informe y se coordinó con la autoridad competente para iniciar una operación de ubicación y vigilancia. El día 27 de marzo de 2009, se dio inicio a la operación que denominada P.. Ilustra en la declaración la diligencia de seguimiento efectuada y, como resultado, se efectuó una diligencia de allanamiento, en conjunto con la Fiscalía de Drogas, que dio como resultado la incautación de mil ciento treinta y cinco rectangulares que, en la prueba de campo, arrojó resultados positivos para la presencia de cocaína. Comunica a su vez que hubo otra diligencia de allanamiento, la cual fue apoyada por otros equipos que estaban al mando del C.J.W.. La señora R.N.G.R., en su declaración indagatoria, a folios 105, manifestó que estaba sorprendida, ya que no sabía absolutamente nada de los hechos que se le imputan. Menciona que al momento en que se da la aprehensión, en la panadería, pensó que la iban a secuestrar, ya que no vio identificación, ni carros de la policía. Declara que fueron trasladados a la Policía de D.B., siendo comunicados que iban a ser investigados, pero que no le dijeron por qué. Refiere que de cuatro a cinco horas después de su aprehensión, le manifestaron que iban a la residencia de su padre, ubicada en D.B.. Su padre abrió la puerta de la residencia, sin que fuera mostrada ninguna orden de allanamiento. Fueron trasladados a la residencia, abrieron los cuartos y posteriormente preguntaron quiénes vivían en la residencia ubicada en B. delG.. Expone la indagada que manifestó que su esposo J.I. TORO y su persona, y que era ella la dueña, siendo trasladada posteriormente, sola, a dicha vivienda. Relata que fue llevada a su cuarto y de allí sacaron unos maletines del closet, colocándolos en la sala, los abrieron y allí fue donde le mostraron lo que estaba allí y le preguntaron si tenía conocimiento de lo que estaba allí, contestando que no. Expresa la señora R.N.G., en líneas posteriores que, su esposo le había manifestado que esas maletas las había comprado porque pensaban viajar para Colombia, sin ver nada extraño en eso, ya que no vio a nadie en su casa, ni nadie extraño, todo estaba en normalidad en la residencia. Aclara que desde un primer momento en el que le preguntaron dónde residía, manifestó dónde, porque no tenía nada que esconder; ya que están las pruebas que venden en las iglesias D.B., S.A., y también se dedicaban a vender de casa en casa. Desconoce a quién pertenece la sustancia ilícita que fue encontrada en su residencia y en la residencia de sus padres. La S., al analizar cada uno de los elementos probatorios enunciados por el casacionista, concluye que no le asiste por las siguientes razones: El señor C.A.G.S., si bien excepcionó en cuanto a la gran cantidad de sustancia perniciosa, encontrada en una de las habitaciones de la residencia que habitaba en el área de Teremar, calle 10, D.B., N°P-16, que la habitación donde se produjo el hallazgo era alquilada a F.M.V., a quien describe en su declaración indagatoria y, que desconocía lo que el prenombrado guarda en dicha habitación; a lo largo de la presente encuesta penal, no ser aportó elemento alguno que evidencie que, en efecto, la habitación donde fue encontrada la sustancia ilícitas era alquilada y, que la misma fuera ocupada, en razón de un arrendamiento al señor F.M.V.. Por solo esta excepción brindada, no se puede concluir, tal como lo señala el casacionista, que el señor C.A.G.S., no tenía nexo causal alguno o conocimiento que en la habitación alquilada se guardaba drogas. Lo anterior en virtud que se cuentan con otros elementos probatorios que brindan serios indicios de participación criminal, por parte del señor G.S.. Así se tiene que la presente encuesta inició con un informe confeccionado por J.W. Garrido, Oficial de la Dirección de Investigación Judicial, División de delitos Relacionados con Drogas, donde se pone en conocimiento que una fuente de entero crédito, comunicó acerca de un grupo de "tumbadores", ubicados en Ciudad Radial, J.D., interesados en "caerle" a una residencia ubicada en "Teremar", calle 10, donde se supone hay droga escondida y, según la fuente, se da a conocer que se hablaba de más de 400 kilos. Se informa igualmente que la residencia es habitada por unos colombianos que se trasladan en un vehículo Spark blanco y unos panelcitos, desconociéndose las matrículas. Como resultado de las diligencias de Seguimiento y Vigilancia, se ubica la residencia, así como los vehículos señalados en el informe y, en la diligencia de allanamiento realizado a la residencia ubicada en Teremar, Calle 10, N° P-16, habitada por el señor C.A.G., se produjo el hallazgo de 1,135 paquetes rectangulares, contentivos de polvo blanco que, a la postre arrojaron resultados positivos para la presencia de la droga conocida como cocaína. No cabe dudas que la sustancia perniciosa, en grandes cantidades, fue ubicada en la residencia del señor C.A.G., quien no logró probar sus excepciones planteadas, dirigidas a determinar que la habitación de la residencia P-16, era alquilada a un sujeto de nombre F.M.V.. En cuanto a la declaración jurada rendida por J.L.M.G., a folios 493, la misma estaba dirigida a ratificar el informe de seguimiento y vigilancia y, a brindar detalles de la diligencia de allanamiento y, si bien es cierto que no señala al C.A.G., como la persona que cargara, descargara o transportara cajetas o maletines de viajes de un lugar a otro; ello no es un elemento suficiente para desvincular al hoy sentenciado, de los cargos endilgados en su contra; toda vez que pesa contra él el hallazgo de sustancia ilícita, en grandes cantidades, en el interior de su residencia; no queda demostrado que la habitación era alquilada a sujeto alguno y, con la cantidad de sustancia ilícita incautada, es evidente que la misma iba a pasar desapercibida por su persona, por ser la persona que, precisamente, residía en la vivienda. En cuanto a la declaración rendida por la señora R.G., hija del hoy sentenciado, si bien apoya la versión ofrecida por este, en el sentido de señalar que la residencia ocupada por su padre, C.A.G.S., al indicar que se dedicaba a alquilar los cuartos de la residencia, ello tampoco es suficiente para desvincular al mismo de los hechos. Tal como ha sido señalado, no existe constancia que el día en que se realiza el allanamiento, 27 de marzo de 2009, la habitación era arrendada a persona alguna. Confrontados los motivos sustentados por el casacionista, con el caudal probatorio del expediente, concluye la S. que el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, realizó un correcto análisis en la sentencia censurada, por consiguiente, no se infiere la vulneración de los artículos 917 Código Judicial. Luego entonces, al no encontrar acreditados los cargos de injuridicidad que el letrado recurrente traduce en una lesión a las disposiciones adjetivas señaladas, se sustenta la debida aplicación en contra del sindicado C.A.G.S., del tipo penal contenido en el artículo 319 del Código Penal y, lo que corresponde al Tribunal de Casación, es no casar la sentencia impugnada. RECURSO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, CONTRA ROSLYN N.G. RESTREPO La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en su formalización del recurso de casación, solicita se case la sentencia y, en consecuencia se condene a R.N.G.R., como coautora del delito de posesión ilícita de drogas, con ánimos de traspaso y, se ordene el comiso de la totalidad de los bienes aprehendidos provisionalmente. Fundamenta su recurso en dos causales, siendo la primera de ellas: "error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal". En cuanto a esta causal enunciada, es preciso destacar que "...en esta clase de error aparece una clara discrepancia entre la sentencia y la ley, en la que no se objeta la existencia de la prueba, sino la valoración o calificación que se le hace y que está incompatible con la ley que la regula. Dicho error de derecho puede ocurrir: a) cuando se acepta al medio probatorio no reconocido por la ley; b) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le da fuerza probatoria que la ley le niega; c) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le niega valor probatorio que la ley le atribuye." (F.P., J. y Guerra de V., A.E., Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, Editorial Sistemas Jurídicos, S.A.; 2001, pág. 269). Entendido en un sentido amplio el alcance del error en la apreciación de la prueba, importa tener presente que el yerro en la valoración probatoria debe ser de tal magnitud que, de no haber ocurrido, el fallo tendría connotaciones diferentes. En el primer motivo sustentado, la representación del Ministerio Público manifiesta que, el Segundo Tribunal le restó fuerza probatoria al allanamiento realizado a la residencia N° 173-H, ubicada en B. delG., debido a la relación existente entre J.T. y R.G., al concluir que ésta no tenía la obligación de delatarlo. Es de opinión que el Tribunal Superior debió estimar dicho documento a la luz de la lógica y la experiencia, así había reconocido que la encartada, tenía la disponibilidad sobre el enervante y no hizo nada para evitar la ejecución del delito en su vivienda, por lo que facilitó dicho inmueble con el propósito de custodiar el cargamento tóxico. En cuanto al segundo motivo, expone que el Tribunal descontó mérito probatorio a la indagatoria de J.T., por ser el cónyuge de R.G., al concluir que ésta no tenía el deber de revelar el delito. Considera que, el Tribunal Superior debió apreciar dicha declaración a la luz de la lógica y la experiencia, así habría advertido que el imputado no mencionó que R.G., durante los quince días que mantuvo la droga en el guardarropa de la recámara principal, le hubiera hecho algún reclamo o le hubiera pedido que se llevara la droga a otro lugar. En el tercer y último motivo de esta primera causal, se sustenta que el Tribunal de Alzada, le restó fuerza probatoria al informe de aprehensión, debido a la relación conyugal existente entre J.T. y R.G., al concluir que ésta no tenía la obligación de delatarlo. Agrega que el Tribunal Superior, debió estimar dicho documento a la luz de la lógica y la experiencia, así habría reconocido que el día de la aprehensión, los encartados estaban ejecutando labores relacionadas con el cargamento ilícito. Al analizar los motivos expuestos por la representación de la Vindicta Pública, la S. estima procedente establecer lo siguiente: La diligencia de allanamiento, consultable a folios 50, efectuada a la residencia N° 173-H, ubicada en B. delG., calle 36 Sur, como se ha señalado en párrafos que anteceden, se produjo el hallazgo de gran cantidad de la sustancia ilícita conocida como cocaína, distribuida en cinco maletines, que contenían, a su vez, 158 paquetes rectangulares, los cuales se encontraban en el interior de la recámara principal de dicha residencia, específicamente en el área del closet. En el nivel superior del closet, también se encontró un "cooler", de color azul, que en su interior contenía un (1) paquete de forma rectangular con la misma sustancia. Si bien, se cuenta con la declaración indagatoria del señor J.I.T., a folios 98, en la que excepcionó que los maletines donde se encontró las sustancias ilícitas, le fue proporcionado por un sujeto que conoce con el nombre de F., con la finalidad que fueran guardados, toda vez que tenía programado un viaje a realizar al hermano país de Colombia y, que desconocía de su contenido al igual que su esposa, la señora R.G., quien corroboró este último punto, al manifestar que los maletines fueron comprados por su esposo debido al viaje que tendrían próximamente y que desconocía del contenido de los mismos; la S. estima que estas excepciones brindadas, no liberan de responsabilidad a la señora R.G.R.; toda vez, como fue explicado, dentro de dichos maletines, los cuales estaban en un lugar visible de la habitación y de fácil acceso, al igual que el cooler, contenían tal cantidad de sustancias ilícitas -repartido en 159 paquetes-, que resulta ilógico pensar, que durante el tiempo en que se indicó, se encontraban los maletines en el closet -15 días-, se desconoció en todo momento su contenido. Hay que destacar que, subsiste el hecho cierto y probado que, la señora R.N.G.R., residía en la misma residencia donde fue hallado los 159 paquetes de cocaína, distribuidos en cinco maletines y un cooler pequeño, que se encontraban en el piso del "walking closet", a la vista de quienes ocupaban la habitación, entiéndase R.G.R. y J.I.T.M., sin que la procesada, pudiera alegar, de manera creíble, el desconocimiento de tal situación. Se es de opinión que, se valoró, de manera sesgada, la declaración indagatoria de J.I.T.M., esposo de la procesada, pues una apreciación integral de la misma, hubiera permitido constatar que, a pesar que los maletines contentivos de la sustancia ilícita, se mantuvieron por un largo espacio de quince (15) días, guardados en su "walking closet", a la vista de ambos ocupantes. Si bien, T.M., nunca reveló que su esposa le hubiera manifestado curiosidad respecto al contenido, precedencia y destino de los maletines, de allí emerge un indicio de conocimiento de la naturaleza del equipaje guardado y, la aquiescencia de R.N.G.R., respecto a dicha sustancia. Por ello se concluye que la declaración rendida por la hoy sentenciada, revela indicios de mala justificación. Hay que destacar que, frente a la excepción de desconocimiento prestada por la procesada, la S. no puede perder de vista que la gran cantidad de sustancia ilícita, se mantuvo en su habitación y a plena vista de la misma, durante quince días; nunca estuvo oculta (encaletada) en algún doble fondo, sino en el área del piso de un walking closet que, como su nombre lo indica, permite que quien ocupa la habitación, pueda desplazarse ampliamente por el mismo, con fácil acceso visual a los que en él se encuentren. De igual manera, se comprueba el yerro de apreciación respecto al informe de aprehensión de la señora R.G., consultable de folios 24 a 31, toda vez que él se desprende que su aprehensión se produjo mientras se ejecutaban evidentes labores relacionadas con el transporte de sustancia ilícita de un inmueble a otro; pues el Tribunal Superior, solamente valoró éste a efectos de deducir la participación criminal de J.I.T.M.; sin embargo, esta misma situación, fue desconocida respecto a su pareja, la señora R.N.G.R., quien resultó aprehendida en las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Finalmente, es preciso destacar que, la declaración de responsabilidad de una persona o, en su defecto, el relevo de la misma, no puede fundamentarse únicamente en su declaración, sino que también debe observarse si concurren en su apoyo, otros elementos de convicción, o si por el contrario, existen pruebas que la desvirtúen totalmente, dejándola sin sustento o credibilidad. Si una declaración jurisdiccional de responsabilidad penal, o por el contrario, una absolución, pudieran basarse únicamente en el dicho del procesado, no sería necesario que la maquinaria del Estado, desplegara toda una actividad probatoria respecto al hecho. Con todas estas diligencias, se evidencia, claramente que existen suficientes indicios en contra de R.N.G.R.: existe diligencias de seguimiento y vigilancia previos; en su residencia se ubica una gran cantidad de sustancia perniciosa, específicamente en la habitación ocupada por el señor J.I.T.M. y su persona. Todo lo anterior nos lleva a colegir que la señora R.N.G.R., tenía conocimiento de la actividad ilícita realizada. De importancia es anotar que esta S., se ha pronunciado en cuanto a los medios probatorios de la siguiente manera: "...en nuestro país rige, en materia probatoria, el sistema abierto, es decir, que se acepta cualquier medio probatorio, siempre y cuando no esté expresamente prohibido por la ley, ni viole los derechos humanos, ni sea contraria a la moral o al orden público. El artículo 780 del Código Judicial, norma genérica que consagra el sistema probatorio ut supra citado, enuncia de manera expresa a los indicios como medios de prueba. En tanto que, el artículo 2046 del mismo texto legal, se refiere a ellos, como forma de comprobar el hecho punible. En cuanto a su naturaleza, el procesalista italiano CARNELUTTI, apunta que se trata de una prueba crítica o lógica indirecta, porque su función probatoria consiste únicamente en suministrarle al juez una base de hecho cierta, de la cual pueda inferir indirectamente y mediante razonamientos críticos. lógicos, basados en las normas generales de la experiencia o en conocimientos científicos o técnicos especializados, un hecho desconocido cuya existencia o inexistencia está investigando. La prueba indiciaria, otrora relegada a un segundo plano, ha cobrado importancia en el derecho procesal, convirtiéndose casi en indispensables dentro del derecho penal, llegando a reconocerse que puede llegar a ser plena o completa, suficiente para formar por sí sola la convicción o certeza necesaria para proferir la decisión sobre los hechos investigados. El autor J.M.L.C., al destacar la relevancia de esta prueba, expresa, que: "Para formar el Tribunal su convicción, no sólo puede valerse de pruebas directas (personales o reales, mediatas inmediatas, preconstituidas o sobrevenidas), sino también de pruebas indirectas, indiciarias o conjeturales, dirigidas a mostrar la certeza de unos hechos, indicios que no son los constitutivos del delito, pero de los que pueden inferirse éstos y la participación del acusado, por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico, según las reglas del criterio humano, existente entre tales hechos, plenamente acreditados, y los que se trata de probar. Dicha prueba ha sido considerada por el T.C. como suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, ante la evidencia que no siempre es posible en los juicios penales la utilización de la prueba directa, afirmando que prescindir de la prueba indiciaria, aunque debe ser mirada con precaución y cautela, sobre todo si aparece como única para fundar la condena". (LUZÓN CUESTA, J.M.. La Presunción de inocencia ante la Casación", Editorial Colex, Madrid, págs. 70-71)." (Fallo del 24 de enero de 2005) La S. comparte el criterio emitido por el casacionista y la Procuraduría General de la Nación, en el sentido que se ha probado el cargo de injuridicidad contra la sentencia recurrida, toda vez que al ponderarse el contenido de la diligencia de Vigilancia y Aprehensión, la Diligencia de Allanamiento; así como la declaración indagatoria rendida por R.N.G.R., se concluye que no fueron tomados en consideración las reglas de la sana crítica; en otras palabras, las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común que deben adornar la correcta aplicación de la justicia. Respecto a la segunda causal sustentada por el casacionista: "Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal, en concepto de violación directa", sustentado en un único motivo, en el que explica que en el fallo impugnado, el Tribunal Superior ordenó la devolución de los bienes aprehendidos provisionalmente propiedad de R.G.R., manteniendo la aprehensión provisional de otros bienes, con lo cual desconoció la regla de aplicación de la pena de comiso a todos los bienes que resulten instrumentos o productos del ilícito; esta S. es de opinión que, al considerarse que el fallo debe ser casado, en lo relativo a la situación jurídica de responsabilidad penal de R.G., lo correspondiente en derecho, es aplicar la pena de comiso prevista en el artículo 75 del Código Penal, respecto a los bienes que le fueron aprehendidos provisionalmente. El artículo 75 del Código Penal, establece lo siguiente: "Artículo 75: El comiso consiste en la adjudicación de los bienes, activos, valores e instrumentos utilizados provenientes de la comisión del delito. Se excluyen los pertenecientes a terceros no responsables del hecho." No hay que perder de vista que el artículo 32 del Texto Único de la Ley de Drogas, exige a los imputados por narcotráfico o delitos conexos, probar la procedencia de los bienes que le son aprehendidos, obligación que no fue cumplida por la señora R.G.R., dando lugar a que en su contra, se active la presunción establecida por la norma en referencia, que los califica de origen ilícito, hasta que el propietario demuestre los contrario. En consecuencia este Tribunal de Casación, condena a R.N.G.R., como co-autora del delito de Posesión Agravada de Drogas, contemplado en el artículo 319 del Código Penal, cuya sanción es de 5 a 10 años de prisión de prisión, antes de su modificación. En atención de los parámetros establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 79 del Código Penal, es decir la magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar, se tiene que la sustancia ilícita incautada, afecta la salud humana, por la gran adicción que producen las sustancias ilícitas incautadas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Como la procesada R.N.G.R., no registra antecedentes penales, dice ser unida, trabaja como vendedora de libros, haber cursado estudios hasta bachillerato, el Tribunal de Casación con base a lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 79 del Código Penal, fija en diez (10) años de prisión la pena que deberá cumplir la precitada G.R., por ser responsable del delito de posesión agravada de drogas. No se observan circunstancias atenuantes ni agravantes que modifiquen la responsabilidad penal de la justiciable; no obstante, la causa penal fue sustanciada bajo las reglas del proceso abreviado, lo que faculta al Tribunal de Casación a disminuir la pena entre una sexta (1/6) parte y una tercera (1/3) parte (art. 2529 C. J.), siendo así, se disminuye en una tercera (1/3) parte (40 meses), quedando la pena líquida a cumplir en ochenta (80) meses de prisión. Igualmente se le impone, como pena accesoria, la inhabilitación para ejercer funciones públicas, por el término de tres (3) años, una vez se cumpla la pena principal. En cuanto a los bienes incautados a la señora R.N.G.R., los cuales fueron liberados en la Sentencia N° 21 S.I., de 11 de febrero de 2011, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, se ordena su comiso. RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE M.C.R.R. La defensa técnica de la señor M.C.R.R., en su escrito de formalización del presente recurso, invoca una única causal de fondo: "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado y que implica infracción de la ley sustantiva penal". Respecto a esta causal, es preciso destacar que "...en esta clase de error aparece una clara discrepancia entre la sentencia y la ley, en la que no se objeta la existencia de la prueba, sino la valoración o calificación que se le hace y que está incompatible con la ley que la regula. Dicho error de derecho puede ocurrir: a) cuando se acepta al medio probatorio no reconocido por la ley; b) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le da fuerza probatoria que la ley le niega; c) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le niega valor probatorio que la ley le atribuye." (F.P., J. y Guerra de V., A.E., Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, Editorial Sistemas Jurídicos, S.A.; 2001, pág. 269). Entendido en un sentido amplio el alcance del error en la apreciación de la prueba, importa tener presente que el yerro en la valoración probatoria debe ser de tal magnitud que, de no haber ocurrido, el fallo tendría connotaciones diferentes. Esta causal viene sustentada en dos motivos a saber: En el primer motivo, expone la casacionista que el Segundo Tribunal, yerra en la apreciación de las declaraciones indagatorias rendidas por J.I.T.M. y R.N.G.R., al concluir que, por el hecho de encontrarse físicamente la señora M.C.R., en la residencia N° 173-H de B. delG., esta situación la hace responsable de los maletines incautados, contentivos de sustancias ilícitas, elemento que, a juicio del Tribunal, fue suficiente para determinar su autoría de los cargos que se le endilgan. En el segundo motivo, se plantea por parte de la recurrente que, el Segundo Tribunal, le otorgó valor de plena prueba, al acta de allanamiento y registro efectuado a la residencia N° 173-H, en la urbanización B. delG., que pertenece a R.N.G., al referirse en la sentencia que se incautaron 159 paquetes de presunta cocaína, por encontrarse en dicho domicilio la señora M.C.R.R.. Considera que de haberse valorado correctamente estas pruebas, el Tribunal Superior hubiese determinado que las mismas no comprueban, fehacientemente que la señora R.R., está vinculada al hecho punible que se le imputa; ya que de las pruebas testimoniales brindadas por los agentes policiales, no logran observar a M.C.R.R., almacenando, ni transportando drogas. Al considerar la S. que, ambos motivos desarrollados por la casacionista guardan relación, se procede a su análisis de manera conjunta. La S. es de opinión, luego de avaluar las pruebas enunciadas por la casacionista, que no le asiste la razón por las siguientes razones. Si bien es cierto se logró acreditar que la señora M.C.R.R., para el mes de diciembre del 2008, fue operada por meningioma del agujero magno y por melopatía comprensiva secundaria y, que producto de esta operación estuvo hospitalizada por espacio de 31 días, según certificación expedida por el Dr. A.M., la cual reposa a folios 393; se logra determinar a través de las diligencias practicadas por el agente instructor, una participación activa y no pasiva de la señora R.R., frente a los hechos investigados. Así se tiene que, a folios 4, el informe de Novedad, confeccionado por el Sargento Segundo L.V., calendado 26 de marzo de 2009, es decir, un día antes que se realizara la diligencia de allanamiento a la residencia N° 173-H, ubicada en Calle 36 Sur, B. delG.; en el que se comunica que en el sector de D.B., se visualizó un vehículo de color blanco, marca Chevrolet, modelo Spark, con matrícula 403564, que se movilizaba de manera extraña en las inmediaciones de V.C., manteniendo en su interior, varias personas. Al proceder a verificar el vehículo, bajan de su interior cuatro personas: C.A.G.S., R.N.G., A.M.R.D.C. y M.C.R.R.. Cabe destacar, que en el informe se comunica que el señor G., al momento que se entrevistaba a la señora R.R., se mostraba nervioso, tratando de interrumpir, al igual que las otras acompañantes y, se detalla que el señor G., se acercó a la unidad policial, con la intención de sobornarlo, ofreciendo la suma de B/.10.00. Se cuenta con la diligencia de allanamiento realizada a la residencia N° 173-H, ubicada en calle 36 Sur, en B. delG., donde se produjo el hallazgo, dentro de unas de las habitaciones de cinco maletines que contenían 158 paquetes rectangulares con sustancia ilícita (cocaína) y de un cooler de color azul, con un paquete rectangular, contentivo de la misma sustancia. Al momento de realizar el allanamiento, posterior al seguimiento efectuado por miembros de la División de Delitos Relacionados con Drogas, se produjo la aprehensión de la señor M.C.R.R., quien se encontraba en el interior de la vivienda allanada y, al momento de ser revisada, se encontró en su poder, dentro de su cartera, se encontró una bolsa plástica con el logo de "R.", la suma de diecisiete mil seiscientos balboas (B/.17,600.00). No hay que perder de vista que, la señora M.C.R.R., se encontraba en el interior de la residencia donde se encontró la sustancia perniciosa y, de manera adicional se le encontró en su poder de una suma de dinero considerable (B/.17,600.00) que, a lo largo de las investigaciones no pudo demostrar su procedencia ilícita, por lo que se presume que la misma es producto de actividad ilícita, relacionada de manera directa con el hallazgo de una suma considerable de sustancia ilícita, precisamente en la residencia donde se encontraba. Igualmente hay que destacar que el señor C.A.G., en su declaración indagatoria, consultable a folios 93, manifestó en cuanto a los B/.17,600.00, encontrados en manos de su esposa M.C.R.R., que es producto del trabajo que han realizado en la venta de libros, agregando que para ellos es difícil la apertura de una cuenta. Al respecto la S. estima que existen elementos de mala justificación en cuanto al dinero ocupado en manos de la señora M.C.R., toda vez que no se resulta creíble que dicha suma, sea producto de los ahorros realizados por la venta de libros. También se considera un elemento de mala justificación el manifestar que les resultaba difícil la apertura de una cuenta, toda vez que al momento de la revisión, se encontró en el interior de la cartera de la hoy sentenciada, nueve (9) tarjetas de créditos -Visa y M.C.- de diferentes bancos, a su nombre, lo que establece de manera fehaciente que era sujeto de crédito, situación que igualmente se corrobora con la certificación expedida por Bac Panamá, visible a folios 398, en la que se comunica que la señora R.R., mantiene con dicha entidad bancaria, las cuentas N° 108333535 y 108333519. Por lo anterior, la S. es de opinión que existen suficientes indicios de participación criminal contra la señora M.C.R.R.. En cuanto a los indicios esta S., se ha pronunciado de la siguiente manera: "...en nuestro país rige, en materia probatoria, el sistema abierto, es decir, que se acepta cualquier medio probatorio, siempre y cuando no esté expresamente prohibido por la ley, ni viole los derechos humanos, ni sea contraria a la moral o al orden público. El artículo 780 del Código Judicial, norma genérica que consagra el sistema probatorio ut supra citado, enuncia de manera expresa a los indicios como medios de prueba. En tanto que, el artículo 2046 del mismo texto legal, se refiere a ellos, como forma de comprobar el hecho punible. En cuanto a su naturaleza, el procesalista italiano CARNELUTTI, apunta que se trata de una prueba crítica o lógica indirecta, porque su función probatoria consiste únicamente en suministrarle al juez una base de hecho cierta, de la cual pueda inferir indirectamente y mediante razonamientos críticos. lógicos, basados en las normas generales de la experiencia o en conocimientos científicos o técnicos especializados, un hecho desconocido cuya existencia o inexistencia está investigando. La prueba indiciaria, otrora relegada a un segundo plano, ha cobrado importancia en el derecho procesal, convirtiéndose casi en indispensables dentro del derecho penal, llegando a reconocerse que puede llegar a ser plena o completa, suficiente para formar por sí sola la convicción o certeza necesaria para proferir la decisión sobre los hechos investigados. El autor J.M.L.C., al destacar la relevancia de esta prueba, expresa, que: "Para formar el Tribunal su convicción, no sólo puede valerse de pruebas directas (personales o reales, mediatas inmediatas, preconstituídas o sobrevenidas), sino también de pruebas indirectas, indiciarias o conjeturales, dirigidas a mostrar la certeza de unos hechos, indicios que no son los constitutivos del delito, pero de los que pueden inferirse éstos y la participación del acusado, por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico, según las reglas del criterio humano, existente entre tales hechos, plenamente acreditados, y los que se trata de probar. Dicha prueba ha sido considerada por el T.C. como suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, ante la evidencia que no siempre es posible en los juicios penales la utilización de la prueba directa, afirmando que prescindir de la prueba indiciaria, aunque debe ser mirada con precaución y cautela, sobre todo si aparece como única para fundar la condena". (LUZÓN CUESTA, J.M.. La Presunción de inocencia ante la Casación", Editorial Colex, Madrid, págs. 70-71)." (Fallo del 24 de enero de 2005) Confrontados los motivos sustentados por la casacionista, con el caudal probatorio del expediente, concluye la S. que el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, realizó un correcto análisis en la sentencia censurada, por consiguiente, no se infiere la vulneración de los artículos 917 y 781 Código Judicial. Luego entonces, al no encontrar acreditados los cargos de injuridicidad que la letrado recurrente traduce en una lesión a las disposiciones adjetivas señaladas, se sustenta la debida aplicación en contra de la sindicada M.C.R.R., del tipo penal contenido en el artículo 319 del Código Penal y, lo que corresponde al Tribunal de Casación, es no casar la sentencia impugnada. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA los recursos de casación incoados por el licenciado R.B., a favor de C.A.G. y J.I.T.M.; y la licenciada M.A., a favor de M.C.R.R.. Se procede a CASAR la Sentencia 2da. I.. N° 21, de 11 de febrero de 2011, emitida por el segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y, declara penalmente responsable a R.N.G.R. mujer, de nacionalidad colombiana, con pasaporte N° 43.619.407 y, de generales conocidas en autos, por delito de Posesión Agravada de Drogas, en calidad de co-autora y la condena a la pena de OCHENTA (80) meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de tres (3) años, una vez cumplida la pena principal. En atención al artículo 32 del Texto Único de la Ley de Drogas, en concordancia con el artículo 75 del Código Penal, se ordena el comiso de la suma de seiscientos balboas (B/.600.00) incautados a R.N.G.R.; la residencia N° 173-H, ubicada en calle 36 Sur, en barriada B. delG., propiedad de R.G.R.; y el vehículo marca Toyota, modelo Yaris, color verde aqua, sin matrícula, propiedad de la señor R.N.G.R..- Se confirma en todo lo demás El tribunal de primera instancia debe realizar las comunicaciones correspondientes a las autoridades respectivas en torno al resultado de esta resolución. N. y Devuélvase, GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. AMINTA I. CARVAJAL C (Secretaria)

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