Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2015

PonenteJerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución24 de Febrero de 2015
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Para resolver el fondo, conoce la Sala Segunda de lo Penal del recurso de casación formalizado por el licenciado C.E.C.G., apoderado judicial de la parte querellante, y la Firma Fonseca, B. & Asociados, defensores de J.B.P.C., contra la Sentencia No. 32 del 25 de marzo de 2011, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en virtud de la cual se confirmó el fallo condenatorio de 10 de junio de 2010, dictado por el Juzgado Décimo Sexto del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá. HISTORIA CONCISA DEL CASO La presente encuesta surgió a la vida jurídica el 27 de mayo de 2006, cuando producto de un accidente de tránsito en el sector de Mañanitas, Cruce con V.D., en la Vía Panamericana, frente a la Estación Shell, se produce el deceso de E.A.T., A.V.N., Y.D.G., A.I.G.R. y resultó lesionada A.I.R., a quien se le determinó una incapacidad provisional de 45 días. La Fiscalía Auxiliar de la República ordenó la indagatoria de J.B.P.C. como presunto infractor de disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título I, del Libro Segundo del Código Penal de 1982 (fojas 92-94). Por culminado el sumario, la Fiscalía Décimo Cuarta del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, el día 28 de febrero de 2007 remitió el expediente al Juzgado de Turno del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, Ramo Penal, recomendado la emisión de auto de llamamiento a juicio contra J.B.P. (fs. 419-428 T.1). Mediante Auto No. 266 de 17 de diciembre de 2007, el Juzgado Décimo Quinto del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, abrió causa criminal contra J.B.P., por los delitos de homicidio y lesiones culposas (fs. 481-486). Y una vez ejecutoriada se presentó incidente de daños y perjuicios. Mediante Sentencia Condenatoria No. 53 de 10 de junio de 2010 dicho Tribunal condenó a J.B.P.C. a la pena de cuarenta (40) meses de prisión por la comisión del delito de homicidio culposo en perjuicio de E.A.T., A.V.N., Y. D.G., A.G. y A.I.R.. Se negó el incidente de daños y perjuicios presentado. (fs. 940-957 y 959-960). Esta sentencia fue impugnada mediante recurso de apelación y el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial con la Sentencia de Segunda Instancia No. 32 confirmó la pieza llegada en grado de apelación. Contra dicha decisión tanto el querellante como la defensa presentaron recurso de casación. RECURSO DE CASACION PRESENTADO POR EL LICENCIADO C.E.C.G., QUERELLANTE. CAUSAL INVOCADA Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en el concepto de violación directa. Contemplada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial. Esta causal se configura, según jurisprudencia difundida, cuando, existiendo una norma clara en su contenido que se adecúa al caso, se omite su aplicación o se hace caso omiso de su existencia y, en sentido positivo, por comisión, cuando el Tribunal aplica la norma correcta pero sin tomar en cuenta su claro contenido. (Sentencia de 16 de febrero de 2007). EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS Expone el recurrente que mediante Sentencia de Segunda Instancia No. 32 de 25 de marzo de 2011 se declaró culpable a J.B.P.C. por el delito de homicidio culposo en perjuicio de E.A.T.S., Y.G.D., L.A.S., A.G.R. y las lesiones de A.I.R. producto de un accidente de tránsito y se le impuso una pena de cuarenta (40) meses de prisión. Sin embargo, se negó el incidente de daños y perjuicios presentado contra J.B.P.C.. Decisión que para el casacionista infringe normas sustantivas que establecen que de todo delito emana responsabilidad civil para las personas que resulten culpables del hecho y así mismo contra los propietarios de los vehículos involucrados en el accidente. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador General de la Nación no comparte el cargo de injuridicidad atribuible a la sentencia de segunda instancia. En este sentido comenta que si bien las normas sustantivas penales establecen como derecho de las víctimas el resarcimiento o reparación patrimonial o moral, luego de comprobada la responsabilidad penal, no menos cierto es que tal derecho debe solicitarse de acuerdo con el procedimiento especial previsto para ello. Por lo expuesto, continúa señalando que en la sentencia impugnada no se negó un derecho. De lo que se trata es que deben peticionarse estas indemnizaciones de conformidad con los canónes procesales dispuestos para tal efecto. Así pues, advierte que en el Código de Procedimiento Penal se establecen los presupuestos y requisitos necesarios para determinar la cuantía de la indemnización de las víctimas de los hechos delictivos y sus familiares dentro de los proceso penales. Por ello, la Ley No. 31 de 1998, así como los artículos 1969, 1970, 1973, 2413 y demás concordantes del Código Judicial, deben ser observados al momento de satisfacer u obtener las sumas correspondientes. Sostiene el Procurador General de la Nación que en el presente caso los incidentes de reparación del daño y de indemnización fueron presentados como si se tratara de incidentes dentro del proceso civil donde puede aducirse pruebas y solicitar su práctica posterior al Juez de la Causa para determinar la cuantía del daño material y moral respectivo. En el proceso penal las pruebas necesarias para demostrar tales eventos se presentan con la querella en la fase plenaria, y por ello, para lograr su respectiva reparación deben adjuntarse con la querella inicial o bien presentadas mediante incidente, lo que obviamente implica que se le da una nueva oportunidad al demandante para aportar pruebas que posibiliten al juzgador ponderarlas y determinar la cuantía de los daños sufridos, todo ello de acuerdo con el procedimiento del nuevo derecho procesal vigente que señala que debe darse traslado tanto a la otra parte como al Ministerio Público para que contesten el incidente oponiéndose o no al mismo. Es al momento de dictar sentencia, en que se ordena la indemnización de los daños materiales morales causados a las víctimas del delito en base a los documentos probatorios que aportamos mediante el incidente. ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN Expuestos los motivos planteados por el casacionista, así como la opinión del Procurador General de la Nación, esta Sala pasa a transcribir lo dispuesto por el Ad-quem respecto al incidente de daños y perjuicios: "El juez de grado niega el Incidente de Indemnización de Daños y Perjuicios presentado por la representación de la querella, licenciado C.E.C.G. y que se identifica con la Entrada No. 30-09 (fs. 891-895), al considerar que el mismo fue presentado fuera del término legal correspondiente, en razón de que mediante resolución fechada 4 de abril de 2008, se declara "...la nulidad de la notificación del imputado del auto de llamamiento a juicio, ...", por lo que a la fecha de presentación del incidente de resarcimiento el auto de enjuiciamiento no se encontraba ejecutoriado. Este Tribunal Superior no comparte la posición del juez de grado en razón de que no se debe perjudicar los intereses de las partes por un error de procedimiento realizado por el Tribunal, aunado a que el artículo 2334 del Código Judicial establece que "El auto de enjuiciamiento es inapelable...", lo que torna nugatorio el argumento de que el encausamiento no se encontraba ejecutoriado al momento en que se presentó el incidente. No obstante lo anterior, se observa que la representación de la querella además del incidente de resarcimiento antes aludido, presentó otro Incidente de Indemnización de Daños y Perjuicios visible de fojas 929 a 933, observándose que en ambos adujo la práctica de pruebas periciales, sin embargo, no se concedió el término legal establecido en el artículo 704 del Código Judicial, por lo que ambos incidentes adolecen de las pruebas que justifiquen lo pedido por el incidentista, por lo que este Tribunal Superior comparte la decisión del a-quo de negar los Incidentes de Indemnización de Daños y Perjuicios presentado por el licenciado C.E.C.G., en representación de la parte querellante..." De acuerdo a lo reproducido el incidente de daños y perjuicios no fue admitido porque no contenían las pruebas que sustentan los daños de los ofendidos, debido a que no se concedió el término preceptuado en el artículo 704 del Código Judicial. Por lo anterior, vale señalar que el casacionista se manifiesta en desacuerdo con la decisión del Ad-quem de no admitir el incidente de daños y perjuicios, pues considera que al ser J.B.P.C. responsable del delito de homicidio culposo y al haberse presentado el incidente de daños y perjuicio no se podía vulnerar lo dispuesto en los artículos 119 y 120 del Código Penal, en los cuales queda claro que de todo delito emana responsabilidad civil para quien resulte culpable de un hecho punible. Tal como lo señala el censor, las normas sustantivas penales preceptúan que de todo delito nace también la acción civil para la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible contra el autor o partícipe y, en su caso, contra el civilmente responsable. En este orden de pensamiento y de acuerdo a la disposición procedimental, la acción civil dentro del proceso penal sólo puede interponerla la víctima del delito que se haya constituido en querellante (artículo 1970 del Código Judicial), en las condiciones previstas por la ley, esto es: la pretensión para reclamar la indemnización de daño material y moral causado a la víctima, su familia o un tercero, debe promoverse mediante incidencia durante el plenario, es decir, una vez se encuentre ejecutoriado el auto de enjuiciamiento, dejando constancia en la demanda incidental de la cuantía del daño material y moral, y aportándose las pruebas correspondientes (artículo 1973 del Código Judicial). Dicho incidente de daños -que en realidad constituye una demanda civil que, por razones de economía procesal se promueve dentro del proceso penal- se debe correr en traslado a la parte demandada para que ésta pueda oponerse y aportar las correspodientes pruebas que soporten su posición; y en caso de que existan pruebas que practicar, es necesario que el incidente de daños se abra a pruebas (artículo 704 del Código Judicial[1]), que el juez decida cuál de las aducidas se han de practicar, fijar fecha para tales menesteres (que bien pudiera coincidir con la audiencia de fondo), practicar las pruebas respectivas, para proceder a decidir el incidente, decisión que es perfectamente viable que tenga lugar en la sentencia. Ahora bien, en el caso particular, se aprecia que el licenciado C.E.C.G. interpuso en tiempo oportuno el incidente de daños y perjuicios (tal y como lo reconoce la sentencia de segunda instancia), ya que de acuerdo a los antecedentes del caso fue presentado en la Secretaría del juzgado el 10 de marzo de 2010, es decir, durante la etapa del plenario. En el contenido del incidente se advierte que el representante de las víctimas solicitó que se condene al señor J.B.P. a pagar la cantidad de setecientos cincuenta mil balboas (B/.750,000.00) en concepto de daños y perjuicios. Para justificar su pretensión civil, el incidentista aportó como pruebas las que reposan en el expediente y pidió, además, la práctica de pruebas periciales, a saber: contables, psiquiátricas y psicológica, designando los correspondientes peritos (ver fojas 929-934). El incidente fue admitido y en cumplimiento de la ley se corrieron los respectivos traslados, siendo aprovechado dicho término por la fiscalía (fs. 936 a 939), no así por la defensa, quien no contestó el incidente. Sin embargo, no se abrió el incidente a prueba ni se practicaron las pruebas que en su momento fueron aducidas por el querellante. A pesar de que la sentencia recurrida reconoce que el incidente no fue abierto a pruebas, procede a confirmar la sentencia de primera instancia. La Sala estima que la no apertura a prueba del incidente de daños y perjuicios, impedía que dicho incidente fuese decidido, ya negándolo (como hicieron los tribunales A-quo y Ad-quem) o accediendo a la pretensión, pues se le privó a una de las partes practicar la posibilidad de que las pruebas que oportunamente adujo fuesen admitidas y en su caso practicadas, habida consideración de que el juez de primera instancia no abrió, como era su deber, el incidente de daños y perjuicios a prueba. En tal sentido, no se puede dejar de señalar que al presentarse en término el incidente de daños y perjuicios por el licenciado C.E.C.G., luego de correr los respectivos traslados, era deber del tribunal abrir el incidente a pruebas y practicar las pruebas aducidas por el incidentista que hubiese admitido. Debiendo posteriormente, al emitir la sentencia, establecer el daño material y moral causado a las víctimas, razón por la cual se ha logrado probar el cargo de injuridicidad atribuible a la sentencia de segunda instancia. DISPOSICIONES LEGALES INFRIGIDAS Y EL CONCEPTO DE INFRACCIÓN El recurrente aduce la vulneración de los artículos 119, 120, 125 del Código Penal de 1982 en concepto de violación directa por omisión; del literal b del artículo 234 del Decreto Ejecutivo No. 640 de 27 de diciembre de 2006 en concepto de violación directa por omisión; y del artículo 1644 del Código Civil en concepto de violación directa por omisión. En cuanto a la transgresión del artículo 119 del Código Penal de 1982, sostiene el casacionista que el tribunal violó la norma por no decidir, al emitir la sentencia de Segunda Instancia No. 32 de 25 de marzo de 2011, el incidente de daños y perjuicio presentado a favor de las víctimas. El artículo 119 del Código Penal de 1982 dispone: "De todo delito emana responsabilidad civil para las personas que resulten culpables del mismo". Para este Tribunal de Casación, el Ad-quem infringió el artículo 119 del Código Penal, debido a que por formalismo imputable al tribunal de primera instancia, quien no abrió el período para la práctica de las pruebas aducidas por el incidentista, desconoció el hecho de que de todo delito emana responsabilidad civil para quien resulte culpable. Por otro lado, considera el censor que la resolución impugnada también transgrede el artículo 120 del Código Penal, ya que al haber declarado culpable de homicidio culposo al señor J.B.P.C. e imponerle una pena de prisión, tenía que reconocer el derecho contenido en el artículo 120 ibídem. En el artículo 120 del Código Penal de 1982 se preceptúa: "En la sentencia condenatoria dictada en juicio criminal se podrá ordenar: 1. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima o a su familia o a un tercero. 2. La restitución de la cosa obtenida por razón del delito o en su defecto el respectivo valor." La Sala estima que el recurrente ha podido demostrar que el artículo 120 del Código Penal de 1982 ha resultado infringido en concepto de violación directa por omisión, porque en el fallo impugnado se omitió resolver el incidente de daño material y moral presentado en tiempo oportuno por el licenciado C.E.C.G.. Por las razones expuestas, esta Sala procederá a casar el fallo y, en consecuencia, se devolverá el expediente a efecto de que el tribunal de primera instancia abra el incidente a prueba y proceda conforme a derecho. RECURSO DE CASACION PRESENTADO POR LA FIRMA FONSECA, BARRIOS & ASOCIADOS APODERADO JUDICIAL DE JUAN BLAS PEREZ CEDEÑO CAUSAL Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la Sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal. Esta causal aparece contemplada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial, la cual tiene aplicación: 1 Cuando el tribunal de segunda instancia ignora y por tanto no considera, ni le asigna valor a uno o a algunos elementos probatorios que materialmente se hallan incorporados al proceso, 2 Le da valor probatorio a una pieza procesal que no existe en el proceso o que no fue admitida. ANÁLISIS DEL MOTIVO DE LA PRIMERA CAUSAL De acuerdo al recurrente el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial no valoró la prueba pericial practicada en el acta de audiencia del 11 de marzo de 2011, obrante a fojas 849-858 del Tomo I y desarrollada por el Dr. J.V.P.L., por lo que desconoció que el conductor del taxi E.A.T. presentaba 81.07 mg/dl de alcohol en la sangre, lo que a juicio del perito lo llevaba a presentar signos de embriaguez que encajan en lo que el manual de tránsito define como la pérdida transitoria o manifiesta y disminución de las facultades físicas y mentales normales, causadas por el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que éste pudo ser el responsable del accidente de tránsito del 27 de mayo de 2006. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador General de la Nación, no comparte el cargo de injuridicidad atribuido a la sentencia impugnada, pues sostiene que una confrontación del fallo impugnado permite corroborar que el informe del Dr. J.V.P.L. fue analizado por el Ad-quem. Razón por la cual la causal debe ser desechada. ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN Con el objeto de precisar si la prueba cuestionada no fue ponderada, se procede a transcribir el Fundamento Jurídico dado en la sentencia impugnada: "El apoderado judicial de J.B.P. argumenta en el sentido de que existen dudas respecto a quien fue el responsable del accidente de tránsito haciendo alusión a que de acuerdo con el resultado del examen de toxicología practicado a ELIAS ANTONIO TORRERO, el mismo se encontraba en estado de embriaguez, pues se determinó que el mismo presentaba 81.07 mg/dl de alcohol. Frente alo anterior, debemos señalar que la condición de embriaguez en el conductor del taxi no le resta responsabilidad a J.B.P.,..." (fs. 1007-1008) El extracto del fallo reproducido permite concluir que el tribunal de segunda instancia sí valoró la prueba pericial practicada en el acta de audiencia del 11 de marzo de 2011, obrante a fojas 849-858 del Tomo I y desarrollada por el Dr. J.V.P.L.. Tan es así que señaló: "Frente a lo anterior, debemos señalar que la condición de embriaguez en el conductor del taxi no le resta responsabilidad a J.B.P.,...", lo que indica que no desconoció el hecho que el conductor del taxi E.A.T. presentara 81.07 mg/dl de alcohol en la sangre, es decir, que "...estaba en estado de ebriedad..." (f. 857). Sin embargo, en autos quedó demostrado que la responsabilidad penal del caso se debió a la imprudencia del señor J.B.P., quien desvió su trayectoria de forma diagonal e impactó el carro conducido por E.A.T.. De allí que el censor no logra probar el cargo de injuridicidad atribuible a la sentencia de segunda instancia. Dado que en casación, los motivos deben constituir el fundamento de hecho o el supuesto legal de una disposición, de manera que su comprobación es indispensable a fin de que tenga lugar el proceso de subsunción en la norma, para que se puedan producir los efectos jurídicos esperados. En ese sentido, si no se prueban los motivos, no tiene sentido incursionar en el análisis de las normas denunciadas como infringidas, ya que éstas, sin motivos comprobados y subsumibles en el supuesto legal, no podrán estimarse como vulneradas. Ello es así, porque el recurso de casación está estructurado en forma lógica y coherente, de modo que existe interdependencia entre las diversas secciones del mismo. SEGUNDA CAUSAL Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal, contenida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial. Esta causal tiene lugar: 1)Cuando el juzgador acepta y valora un medio probatorio no reconocido por la ley, 2)Cuando al medio probatorio reconocido por la ley se le da fuerza probatoria que la ley le niega, 3)Cuando al medio probatorio reconocido por la ley se le niega el valor probatorio que la ley le atribuye, y 4) Cuando se desconocen las reglas de la sana crítica al analizar el caudal probatorio. ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS En el único motivo que sustenta la causal expone el recurrente que el Ad-quem cometió error de derecho al valorar en forma incorrecta el parte de tránsito No. 533898, confeccionado por el cabo 2do. J.E.A., pues le concedió valor probatorio como prueba de informe y no de prueba pericial pese a que dicho formato policivo no cumple las requisiciones que exige la prueba de informe y sì la de una prueba pericial, porque ésta plasma aspectos técnicos relativos a accidente de tránsito terrestre, de lo cual resulta que si no hubiera valorado erróneamente tal medio probatorio infringiendo el principio de la sana crítica, la sentencia impugnada no hubiera infringido la ley penal sustancial. Continúa señalando el censor que el formato reúne las características propia de una prueba pericial porque alude a aspectos técnicos y mecánicos propios de una experticia, y fue confeccionado por una persona no idónea para ello, toda vez que el mismo no posee título o certificado de idoneidad en la profesión, ciencia, arte o actividad técnica especializada de un perito de tránsito terrestre, con lo cual se deteriora el valor probatorio del peritaje. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Para el Procurador General de la Nación el censor no logró probar el cargo de injuridicidad atribuible a la sentencia de segunda instancia, en su único motivo, pues el Ad-quem, respecto al formato de tránsito, explica que es una prueba documental recabada por el oficial de tránsito que acudió al lugar del hecho, por lo cual le da el valor que la ley le atribuye. CONSIDERACIÓN DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN La Sala pasa analizar el único motivo que sustenta la causal en la cual se cuestiona la valoración que se le dio al parte de tránsito No. 533898 confeccionado por el cabo 2do. J.E.A., como prueba de informe y no de prueba pericial. Para ello se hace necesario transcribir lo que dijo el Ad-quem: ...El apoderado judicial de J.B.P.C. argumenta en torno a que el parte de tránsito No. 533898 confeccionado por el C.I.J.A., ostenta la calidad de prueba pericial, restándole valor probatoria (sic) al mismo, en razón de que quien lo elabora no cuenta con la idoneidad en materia de peritaje de tránsito terrestre. Al respecto se tiene que el hecho ocurre el 27 de mayo de 2006, fecha en la que se encontraba en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 160 de 7 de junio de 1993, en su artículo 114 disponía: "Ocurrido un accidente de tránsito, el agente de policía citará notificará de la fecha de la audiencia a los conductores involucrados con la firma de los mismos en el parte policivo y levantará un informe escrito de lo acontecido...y cualquier otro dato que solicite la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en los formularios que se elaboren para este fin." La norma de Reglamento de Tránsito antes transcrita y que se encontraba vigente a la fecha de ocurrencia del ilícito dispone que el informe o formulario donde debe dejarse plasmado todo lo relacionado a un accidente de tránsito debía ser confeccionado por un agente de la policía, condición que cumplía el Cabo II, J.A., quien suscribe el Formulario de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre No. 533898. Aunado a lo anterior, el artículo 114 antes aludido hace alusión a que "...se levantará un informe escrito de lo acontecido..."no hace alusión a peritaje por lo que evidentemente nos encontramos ante una prueba de informe como bien lo señala el juzgador de grado y no ante un dictamen pericial como pretende argumentar el apoderado judicial de J.B.P.C.. Ante lo anterior, el Formato No. 533898 visible de fojas 15 a 32 del expediente, es un informe con pleno valor probatorio. Asimismo, se observa que J.E.A., se presenta ante el funcionario de instrucción y rinde declaración jurada por ser el agente de policía que levantó el informe escrito de lo acontecido en el accidente de tránsito y que se identifica como Formato de Tránsito No. 533898, además se afirma y ratifica de todo lo plasmado en dicho informe de tránsito ... tomando en consideración que de acuerdo a lo plasmado en el parte policivo de tránsito No. 533898, así como lo manifestado por los testigos A. REYES y ELIÉCER NUÑEZ y las vistas fotográficas del lugar de los hechos y de los vehículos involucrados en el mismo (fs. 113-118; 156-159), es el vehículo pick up que conducía el sindicado el que se desvía hacia el otro lado de la vía e impacta el automóvil taxi, cuyo conductor era ELIAS ANTONIO TORRERO. .." (fs. 1005-1007) De lo copiado, se evidencia que el tribunal de segunda instancia le dio el valor que le correspondía al formato de tránsito como prueba documental en la que se describe los acontecimientos de los hechos con base a la posición en que se encontraron los vehículos y la versión del conductor sobreviviente (J.B.P.. Prueba que fue valorada en conjunto con las declaraciones de los testigos (A.R. y E.N., y las vistas fotográficas. En este sentido, es importante señalar que un formato de tránsito no puede ser considerado una prueba pericial. Para que una prueba tenga el carácter de pericial no es suficiente que el objeto de la materia requiera de un conocimiento especial. Es indispensable que la prueba se practique de conformidad con los requisitos que establece la ley para que estemos frente a una prueba pericial. Así, además de ser necesario que el objeto de la prueba requiera conocimientos especiales, es indispensable que se disponga la práctica de una prueba pericial, que se establezcan los puntos sobre los cuales debe versar el peritaje, que se les brinde oportunidad a las partes para que designen sus peritos, que en caso de ser designados los peritos éstos tomen posesión y juren el cargo, que los peritos realicen la respectiva pericia, que presenten sus respectivos informes, que se les brinde a las partes oportunidad para preguntar y repreguntar a los peritos sobre sus respectivos informes. Si se tiene presente lo anteriormente expresado se llega a la conclusión de que el formato de tránsito no es una prueba pericial, pues para su confección no se siguió el procedimiento arriba descrito. Por tanto, no se comprueba el vicio de injuridicidad atribuido a la sentencia de segunda instancia en el motivo único. En consecuencia, al no prosperar el motivo que es el fundamento de hecho de la causal invocada, no se produce la transgresión de la disposiciones legales invocadas, por lo que no procede casar la sentencia impugnada por la Firma Fonseca, B. & Asociados. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: 1.CASAR la Sentencia 2da. Instancia No. 32 de 25 de marzo de 2011, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido de devolver el expediente al tribunal a efecto de que se practiquen las pruebas peticionadas y en consecuencia se decida el incidente de daños y perjuicios promovido por el licenciado C.E.C.G.. 2.En cuanto al recurso de casación presentado por la Firma Fonseca, B. & Asociados, NO CASAR, la Sentencia 2da. Instancia No. 32 de 25 de marzo de 2011, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la sentencia condenatoria de 10 de junio de 2010, emitida por el Juez Décimo Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en la que se declara culpable a J.B.P.C., y se le impone la pena de cuarenta (40) meses de prisión, al tenerlo como autor del delito de homicidio culposo, en perjuicio de E.A.T.S. (q.e.p.d.), Y.G.D. (q.e.p.d.), L.A.V. (q.e.p.d.), A.G.R. (q.e.p.d.) y A.I.R. (lesionada). N., JERÓNIMO MEJÍA E. VÍCTOR L. BENAVIDES P -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ JOSE ISRAEL CORREA GARCIA (Secretario) [1] El artículo 704 dispone que: "Todo incidente se correrá en traslado a la contraparte por tres días y si hubiere pruebas que practicar, se concederá para ello un término de ocho días."

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