Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 5 de Mayo de 2016

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución 5 de Mayo de 2016
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, del recurso de casación formalizado por el licenciado E.G.M., de la Firma P.M. &A., contra la Sentencia de 2da. Instancia No. 74 de 10 de abril del 2013, emitida por el Segundo Tribunal Superior, mediante la cual se reformó la sentencia primaria y en su defecto Absolvió a R.G.C., de los cargos formulados en su contra por los delitos de Falsificación y Estafa, en perjuicio de Assets Trust & Corporate Service Inc. Admitido el recurso de casación y en cumplimiento de las ritualidades procesales que corresponden a este medio extraordinario de impugnación, se corrió traslado a la Procuradora General de la Nación (fs. 3358-3386) y con posterioridad se celebró la audiencia oral prevista por el artículo 2442 del Código Judicial (fs.3401-3404). Por encontrarse este negocio penal en estado de resolver a ello se procede. HISTORIA CONCISA DEL CASO Inicia el presente proceso el siete (7) de abril del 2003, mediante querella presentada ante el Centro de Recepción de Denuncias, del Ministerio Público por parte de la Sociedad Assets Trust & Corporate Service Inc, en contra de los señores R.G.C., G.C. y L.E.A.F., por la posible comisión de los delitos Contra el Patrimonio, Contra la Fe Pública, Contra la Administración de Justicia y demás que pudieron haber cometido. (fs. 1-17) Mediante diligencia calendada diecinueve (19) de noviembre del dos mil tres (2003), la agencia de instrucción dispuso la deposición de indagatoria de R.G.C. y otros, por presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Título IV, Capítulo IV (Estafa), y el Título VIII, Capítulo I, del Libro Segundo del Código Penal (Falsedad). (fs. 280-303) Por medio de la Vista Fiscal No. 114 de 31 de marzo de 2004, la Fiscalía Octava de Circuito, solicitó al juez de la causa se dicte auto de llamamiento a juicio, en contra de R.G.C., por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Título IV, Capítulo IV (Estafa) y el Título VIII, Capítulo I (Falsedad), del Libro Segundo del Código Penal. Con posterioridad a las diligencias de ampliación practicadas se emite la Vista Fiscal No. 24 de 30 de marzo del 2007, por medio de la cual la agencia fiscal, peticiona un sobreseimiento definitivo en favor de R.G.C., G.C. y L.A.. (fs. 1447-1458) Previas reglas del reparto el Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Auto fechado veintinueve (29) de agosto del 2008, dispuso Sobreseer Provisionalmente a los querellados, resolución que fue apelada y el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por medio del Auto No. 19 de 15 de enero de 2011, revocó el auto recurrido y en su defecto, abrió causa criminal contra R.G.C., por la presunta infracción de los delitos de Estafa y Falsedad, en perjuicio de Assets Trust & Corporate Service Inc. (fs. 1879-1887, 2232-2239) Por medio de la Sentencia Mixta No. 2 fechada quince (15) de marzo del 2012, proferida por el Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal, se declaró penalmente responsable a R.G.C., como autor de los delitos de Falsificación Documentos en General y de Estafa, en perjuicio de Assets Trust & Corporate Service Inc, y se le condenó a la pena de veintiséis (26) meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de un (1) año, una vez cumplida la pena principal; y se absolvió a G.C. y L.E.A.F., de los cargos formulados en su contra. (fs. 3126-3145) Contra el anterior fallo se anunció y sustentó recurso de apelación y el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dicta la Sentencia de 2da. Instancia No. 74 de 10 de abril del 2013, la cual reformó la sentencia recurrida y en su defecto absolvió a R.G.C., de los cargos formulados en su contra y confirmó el fallo en lo demás, es decir, mantuvo la absolución a favor de G.C. y L.E.A.F., resolución ésta que ahora se debate vía recurso extraordinario de casación. (fs. 3226-3247) El recurso de casación ha sido sustentado en dos causales de fondo. La primera de ellas corresponde a "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal", descrita en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial. (fs. 3324) Ha sido sustentada en tres motivos a saber. En el primer motivo, indica el recurrente que el Tribunal Superior , pese a existir a fojas 57-60 copia cotejada ante Notario Público del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad C. Development Group, S.A., realizada el 2 de abril del 2001; omitió valorar dicha prueba con la cual se acredita que R.G.C., no sólo participó de la Asamblea General Extraordinaria, sino que reconocía y consentía ser poseedor solamente del 40% de las acciones emitidas y en circulación y no el titular del 100% de las acciones como falsamente aseguró ser. Al no tomar en cuenta la citada acta, se incurrió en el error de hecho en la existencia de la prueba lo que incidió en la parte dispositiva del fallo recurrido. (fs. 3325) El segundo motivo, refiere que el Segundo Tribunal incurre en la causal aducida, al dejar de apreciar la copia cotejada ante Notario Público del Acta de la Sesión de la Junta Directiva de la Sociedad C. Development Group, S.A., efectuada el 4 de abril de 2001 (fs. 61-62), en la que estuvieron presentes R.G.C., T.C. de F. y G.A. de Porras, en su condición de miembros de la Junta Directiva; acta en la que se dejó constancia que el objeto de la reunión era formalizar el traspaso de las acciones presentadas por el Certificado de Acciones No. 2 representativo de doscientas (200) acciones, emitido por la Sociedad el 11 de enero de 2000 y con lo que se daba cumplimiento al acuerdo de voluntades entre la señora F.G.C. y R.G.C., en el sentido de traspasar 200 acciones, a favor de R.C., con lo cual se acredita que este reconocía no ser el titular del 100% de la acciones de la Sociedad, como falsamente aseveró. Al no tomarse en cuenta el Acta de Sesión de Junta Directiva, se incurrió en el error de hecho que ha incidido en la parte dispositiva del fallo recurrido. (fs. 3325) En el tercer motivo, el Tribunal Superior incurre en la causal aducida, no obstante al existir en el proceso de fojas 166-177 diversas Actas de Sesión de la Junta de Accionistas de la Sociedad C. Development Group, S.A., realizadas entre el 15 de mayo de 2001 y 18 de junio de 2002, en las que se dejaba constancia que estaban presentes personalmente o por medio de apoderado la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad, representadas por R.G.C. y G.A. de Porras, el Tribunal no lo toma en cuenta con los cuales se prueba que R.C. al participar de estas reuniones y dar su consentimiento a lo acordado en éstas, reconocía que no era el titular del 100% de las acciones de la Sociedad C. Developmnet Group, S.A. (fs. 3326) En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, el casacionista señala como normas vulneradas los artículos 780 y 2046 del Código Judicial y los artículos 30, 265 y 190 del Código Penal. Con relación a los artículos 780 y 2046 del Código Judicial, señaló violación directa por omisión, pues de haber valorado los documentos insertos a fojas 57-60, 61-62 y 167-177, el Tribunal habría constatado que R.C., participó en distintas reuniones de la Sociedad C. Development Group, S.A., en unas como accionista y en otras como directivo, en las que su presencia y participación era en condición de accionista del 40% de las acciones y no del 100% de éstas como falsamente aseveró. (fs. 3327-3328) Sobre el artículo 30 del Código Penal, manifestó infracción en concepto de indebida aplicación, toda vez que el Tribunal Superior pese a la constancia de elementos de convicción que acreditaban la existencia de la comisión de los delitos investigados, determinó la no existencia de elementos suficientes que probaran la responsabilidad penal de R.C., G.C. y L.E.A.F.. (fs. 3329) De los artículos 265 y 190 del citado código indica violación directa por omisión, pues con los documentos obrantes en las fojas 57-60, 61-62-, 167-177, se comprueba que R.C. participó en distintas reuniones de la Sociedad C. Development Group, S.A., en el entendimiento que solo era el titular del 40% de las acciones emitidas y en circulación de la referida sociedad, pero que con posterioridad convocó a una reunión y adoptó medidas aduciendo ser el titular del 100% de las acciones de C. Development Group, sin la participación de Assets Trust & Corporate Seervice In, documentación con la que pudo retirar el dinero de dicha sociedad depositado en el Banco General. (fs. 33-29) La segunda causal consiste en "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal", prevista en el numeral 1, del artículo 2430 del Código Judicial. Fue sustentada en cuatro motivos, identificados de la siguiente manera. En el primer motivo refiere sobre el error cometido por el Tribunal en la valoración de la documentación visible a fojas 1489 y 1490, de la cual concluyó que no se incurrió en violación de las normas penales; no obstante dicha prueba por sí sola no es suficiente para establecer que R.C. es el titular de la titularidad de las acciones, máxime cuando existen pruebas que demuestran que éste participo en distintas reuniones como directivo y accionista poseedor del 40% de las acciones de la Sociedad Development Group, S.A. (FS. 3331) En el segundo motivo indica sobre el error en la valoración de la resolución visible a fojas 120-122 emitida por el Juzgado Quinto de Circuito Civil, pues no le reconoce el valor que tiene ya que esta demuestra que a raíz de la actuación ilícita de R.C., no solo se promovió por parte de Assets Trust & Corporate Service Inc, en su condición de fiduciario y titular del 60% de las acciones de C. Development Groups S.A., sino también acudió ante la jurisdicción civil con miras a invalidar los actos por medio de los cuales R.C. aseveraba falsamente ser el titular del 100% de las acciones. (fs. 3331) El tercer motivo indica error en la valoración de la prueba denominada "Acuerdo de Voluntades suscrito por F.G.C. y R.G.C." (fs. 54-55), al no reconocerle el valor probatorio que ostenta, ya que mediante este se acredita que R.C. reconoció que su madre era la propietaria y tenedora efectiva del 100% de la totalidad de las acciones y que en razón de ellos se le traspasaba el 40% de las acciones de la misma, y no como falsamente manifestó con posterioridad a la firma del documento, que era el titular del 100% de las mismas, falsedad que quedó acreditada con la Escritura Pública No. 1640. (fs.3332) En el cuarto motivo refiere el censor, error en la valoración del documento consistente en el "acta de la sesión de la Junta Directiva de la Sociedad C. Development Group S.A." (fs. 52-53), por la cual se acredita la decisión de la señora G.C. de transferir al fideicomiso mortis causa celebrado con Assets Trust & Corporate Service Inc, al momento de su muerte el certificado de acción No. 1 que representa 300 acciones del capital autorizado de la Sociedad C. Development Group S.A., con lo cual se demuestra que Assets Trust & Corporate Service Inc., era la titular del 60% de las acciones, desvirtuando la falsa afirmación de R.C. de ser el titular del 100% de las acciones. (fs. 3332-3333) Con relación a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, advierte violación directa por omisión de los artículos 780, 917 y 982 del Código Judicial porque de haber reconocido el valor de los documentos visibles a fojas 120-122, 54-55 y 52-53, habría establecido que Assets Trust & Corporate Service Inc., en calidad de fiduciario es poseedora del 60% de las acciones de la Sociedad C. Development Group, S.A., producto del contrato formalizado con la señora G.C. la que en calidad de titular del 100% de las acciones, constituyó un fideicomiso mortis causa para que a su fallecimiento se transfiriera el certificado de acción No. 1, y que como tal también suscribió con R.C., un acuerdo de voluntades a objeto de traspasarle el 40% de las acciones de dicha sociedad; todo lo cual permite establecer que R.C. no era el poseedor del 100% de las acciones. (fs. 3333-3336) En cuanto a las normas sustantivas refiere violación en concepto de indebida aplicación del artículo 30 del Código Penal, toda vez que el Tribunal Superior pese a la constancia de elementos de convicción que acreditaban la existencia de la comisión de los delitos investigados, determinó la no existencia de elementos suficientes que probaran la responsabilidad penal de R.C., G.C. y L.E.A.F.. (fs. 3336-3337) Del artículo 265 y 190 del mismo código señala violación directa por omisión, pues el Tribunal al valorar el documento visible a foja 1489-1490 concluyó que surgen dudas que el actuar de R.C., L.E.A. y G.C., hayan actuado en violación de las normas penales y en perjuicio de los derechos de la sociedad; no obstante si existen las pruebas que demuestran que R.C. participó en reuniones como directivo y accionista en las que reconoció ser el poseedor del 40% de las acciones y no del 100% de la misma, lo que es consonó con la valoración en conjunto de las pruebas visibles a fojas 120-122, 54-55 y 52-53, mediante las cuales se logra establecer que Assets Trust & Corporate Service Inc, en calidad de fiduciario es poseedor del 60% de las acciones. (fs. 3337-3339) OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN La Procuradora General de la Nación en su Vista No. 9 de dos (2) de marzo de 2015, solicita al Honorable Tribunal de Casación, No Casar la Sentencia de Segunda Instancia No. 74 de 10 de abril del 2013, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá. La Procuradora al hacer mención de los tres primeros motivos, explica que en efecto la sentencia no justipreció el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad C. Development Group S.A., realizada el 2 de abril del 2001, por medio de la cual se demuestra que R.C. participó en su condición de titular del 40% de las acciones, no obstante tal circunstancia varía posteriormente al indicar el procesado que poseía el 100% de las acciones, mostrando como sustento de ello copia autenticada ante notario del primer libro de acciones de la sociedad. De igual manera indica la Procuradora que en el expediente se tiene por acreditado que la empresa Fiduciaria Assets Trust & Corporate Services Inc, en su calidad de administradora del fideicomiso C., ostenta el 60% de las acciones, como consecuencia de la suscripción del fideicomiso post morten, el cual no ha sido declarado como falso o inexistente; es decir, en esta causa se tiene por acreditado la existencia de dos libros de acciones de una misma sociedad, de uno de los cuales se desprende que R.C. es el poseedor del 100% de las acciones emitidas y en el otro que esa misma persona solo posee el 40% de las acciones emitidas, y el restante de acciones en efecto corresponde a la empresa fiduciaria en su administración. Señala también que al proceso no se incorporó la decisión del Juzgado Quinto de lo Civil, del primer Circuito Judicial de Panamá, concerniente al proceso oral de nulidad de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad C. Development Group, S.A., señala como falsa por el querellante; escenario ante el cual considera no se puede adoptar la tesis del recurrente, en razón de que las pruebas señaladas como ignoradas no tienen la facultad de variar lo resuelto por el Tribunal de Segunda instancia, al no tenerse por demostrado quien o quienes son los accionistas reales de la sociedad C. Development Group. En cuanto a la segunda causal la Procuradora hace mención que el Tribunal Ad Quem valoró la documentación existente a fojas 1489 y 1490, correspondientes a las copias autenticadas por un Notario Público del Libro de registro de acciones de la Sociedad C. Development Group, registrado ante el Juzgado Segundo de Circuito Civil de Panamá, en el que quedó consignado que el procesado era el poseedor del 100% de las acciones, por lo cual concuerda con el Tribunal pues se mantiene en el dossier el hecho que existen dos libros de registros de acciones de la citada sociedad, sin que se haya podido establecer judicialmente la falsedad de uno u de otro. No consta en el expediente, el resultado del proceso oral interpuesto, por medio del cual se pudiera tener la certeza, en torno a la ilegalidad del acto querellado como delito; por lo cual se podría entender que se trata de una decisión que debería emitirse en la jurisdicción civil de nuestro país y que, a su parecer, en materia penal se debió proceder según lo estatuido en el artículo 1968 del Código Judicial, pues uno de los elementos del hecho punible en investigación, dependía de la decisión de un proceso extrapenal. No considera probado los vicios de ilegalidad, advertidos por el recurrente. (fs. 3358-3386) DECISIÓN DE LA SALA Conocido el recurso de casación, así como la opinión del Ministerio Público, procede esta Superioridad a resolver lo que en derecho corresponda. Con relación a la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que se produce cuando el Tribunal ad-quem no toma en cuenta elementos probatorios de convicción que aparecen en el proceso, es decir, que estando materialmente en el proceso el tribunal los ignora; o al tomar en cuenta una prueba que no existe en el proceso, es decir, se afirma la existencia de un elemento probatorio que evidentemente no existe en el proceso. Los motivos que sustentan la primera causal guardan relación al supuesto error cometido por el Tribunal de Segunda instancia, por cuanto dejo de ponderar el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad C. Development Group, S.A., realizada el día dos (2) de abril de 2001, el Acta de Sesión de la Junta Directiva de la Sociedad C. Development Group, S.A., del día 4 de abril del 2001, así como las actas de Sesión de las Juntas de Accionistas de los días 15 de mayo de 2001 y 18 de junio de 2002; no obstante de haber sido ponderados dichos medios de prueba se habría constatado que el procesado R.C., no era el poseedor del 100% de las acciones de la Sociedad C. Development Group, S.A. Dicho de otro modo, lo expuesto se traduce en que las pruebas acopiadas a la investigación demuestran que R.C., era tenedor de sólo el 40% de las acciones de la sociedad, lo cual se respalda en las participaciones del procesado en las juntas de accionistas, así como con la participación de G. De Porras, en su condición de titular del resto de las acciones. Una revisión de los hechos querellados permiten advertir que la titularidad del 60% de las acciones a nombre de la Sociedad Assets Trust & Corporates Services Inc., corresponden a un acuerdo de fideicomiso suscrito para la fecha del diecinueve (19) de abril del 2000, entre la señora F.G.C. (q.e.p.d.), y Assets Trust & Corporates Services Inc., en el cual por vía acuerdo inter vivos se dispuso transferir a la fiduciaria al momento del fallecimiento de la contratante, los certificados de acciones No. 1 y 2, representativos de la totalidad de las acciones emitiditas y en circulación, totalmente pagadas y liberadas de la empresa Development Group, S.A. Igualmente destaca la querella, que para la fecha del seis (6) de diciembre del 2000, la señora F.G.C., traspasó al señor R.G.C., el certificado de acciones No. 2, representativo de 200 acciones comunes a capital de la sociedad, por lo cual la empresa Fiduciaria Assets Trust & Corporates Services Inc, mantenía como titular del certificado de acciones No. 1 representativo de 300 acciones comunes, la titularidad del 60% de las mismas. No obstante, lo anterior para la fecha del 25 de marzo del 2003, R.G.C., se presentó ante la Notaria Quinta de Circuito de Panamá y protocolizó por medio de escritura pública No. 1640, una reunión extraordinaria celebrada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad C. Development Group, S.A., documento en el cual consignó la presencia de la totalidad de los accionistas, sin que estuviera presente la sociedad Assets Trust & Corporate Service Inc. De igual manera advierte la querella que para la fecha del cuatro (4) de diciembre del 2003, R.G.C., se presentó al Banco General S.A., y aportado información fraudulenta, solicitó el cierre de la cuenta No. 03-04-010076922, no sin antes retirar un cheque de gerencia por la suma de treinta y un mil, trescientos veintiocho balboas con veintiséis centésimos (B/.31,328.26) Al rendir declaración indagatoria R.G.C., manifestó que las declaraciones en su contra con falsas y son un intento para establecer la inocencia de la parte que lo acusa, en razón de una denuncia presentada con anterioridad, con relación a la falsificación de la firma de su socia y madre F.G.C., con la cual fundó la Sociedad C. Development Group. Explicó que al renunciar la señora G.Á. De Porras y el señor G.F. (co-firmante de la cuenta de la empresa) e intermediario de la señora T.C. de F. (tesorera de la empresa); como secretario y único miembro de la junta directiva de la empresa y facultado por el pacto social, se vio en la necesidad de llenar las vacantes, por lo cual se designó como presidente, representante legal y secretario de la empresa, a la señora G.C. como vicepresidente y al señor L.A. como tesorero, con los cuales conformó de forma legal la junta de directiva de la sociedad C. Development Group, luego de lo cual precedió a retirar del Banco General los fondos de la empresa, los cuales fueron depositados con posterioridad en otras cuentas de la sociedad. Indicó además que la señora G.Á. De Porras desconoce el pacto legal de C. Development Group, así como de la emisión de las acciones realizadas en el año de 1991 y 1993, por las cuales en la actualidad tiene el 100% de las acciones de la empresa. De igual manera advirtió de la existencia de un proceso en el Juzgado Duodécimo de Circuito Civil, para impugnar los actos realizados por G.Á. de Porras, por tener en su poder un certificado que duplica las acciones originales de la empresa. (fs. 547-561) Aporta al proceso copias del dictamen pericial Grafotécnico LMG548-03 y LMG549-03, por medio del cual se concluye que F.G.C. no fue la autora de las firmas suministradas como muestras dubitadas. (fs. 562-577) Una revisión de la sentencia recurrida, permite corroborar que los medios de prueba que sostienen los motivos expuestos por el censor, no fueron valorados de forma precisa; no obstante se verifica que la decisión adoptada se sustenta o encuentra cimiento en el análisis conjunto de otros medios de prueba, que condujeron a la no comprobación de los hechos punibles querellados. Observamos que el tipo penal querellado dice relación con el delito de falsedad, específicamente en el acta de Reunión Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad C. Development Group, S.A., celebrada el día 21 de marzo del año 2003, acto en el cual se plasmó la asistencia del total de los tenedores de las acciones emitidas y en circulación de dicha sociedad, la cual fue presidida por el señor R.G.C., en calidad de Presidente Ad-Hoc, acto en el cual además decidió nombrar nuevos directivos y dignatarios para la Sociedad. De los hechos querellados se colige, que la falsedad se origina en razón de que para dicha reunión celebrada el 21 de marzo del año 2003, aun cuando en el documento que la acredita se consignó la presencia de todos o de la totalidad de los tenedores de las acciones; se trata de un hecho falso habida cuenta que la empresa Fiduciaria Assets Trust & Corporate Services Inc., representantes del 60% de las acciones a causa del Fideicomiso Post Morten, no fue convocada a dicha reunión, por tanto no comparecieron, es decir, que la sesión se llevó a cabo sin estar todos los tenedores de las acciones presentes. Frente a lo expuesto sobresale el descargo del procesado en el sentido de haber actuado conforme los parámetros de la ley, así como de conformidad con el pacto legal de la Sociedad C. Development Group, del cual es el poseedor del 100% de las acciones, por emisiones realizadas en los años de 1991 y 1993. En ese sentido encontramos en el dossier pruebas periciales y documentales que permiten corroborar tal extremo. En ese sentido en primer lugar se advierte que en efecto existe el libro de acciones el cual data del año 1990, la escritura pública No. 11645 de diecisiete de septiembre de 1991 y la escritura pública No. 2709 de veintisiete (27) de julio de 1991, por medio de la cual se crea la Sociedad C. Development Group S.A., su junta directiva, capital accionario, cantidad de accionarios, la cantidad de acciones que se debían emitir, así como los certificados de acciones de la misma. De igual forma se constata en el dossier el Libro de registro de acciones de la sociedad de fecha 21 de septiembre de 1990, el cual contiene el número de certificado de acciones, la cantidad, fecha de emisiones, monto de las mismas; el cual fue registrado en el Juzgado Segundo de Circuito Civil, así como también los certificados de acciones donde se hace constar que el señor R.G.C., es el poseedor del 100% de las acciones. (fs. 1489-1490) En ese orden se verifica en el Libro de Registro de Acciones del año 1990, que en el Pacto Social inicial se emiten 500 acciones, con un valor de cien mil balboas (B/.100.000.00). Se constata en el expediente el informe pericial confeccionado por el contador público L.A.C.G., así como su declaración jurada en los cuales establece que "cualquier segundo libro de registro de acciones que utilizara la sociedad en mención debe darle continuidad a los registros ya existentes en el libro de registros de acciones No. 1, ya que de lo contario su contenido no sería consonó con el capital social, con acciones pagadas, liberadas, emitidas y en circulación de la sociedad". En síntesis concluye el perito en que conforme a la revisión de los documentos incorporados en la investigación, así como del libro de registro de acciones, el dueño de las acciones de la Sociedad C. Development Group, S.A., es el señor R.G.C.. (fs. 15, 1430) Ahora bien tal como revela la investigación se acredita la existencia de un segundo libro de acciones con fecha del año 2000, en el cual se vuelven a emitir quinientas (500) acciones por un valor de sesenta y siete mil, seiscientos cincuenta balboas (B/.67,650.00), pero sin anular las acciones inicialmente emitidas y liberadas. Lo antes dicho indica una serie de contradicciones entre las cuales destaca, la situación irregular que emana entre el pacto inicial de la Sociedad C. Development Group, S.A., en la cual se señala un valor inicial de cien mil balboas (B/.100.000.00), para las acciones; en cambio el documento contenido en la escritura pública No. 505 del 12 de enero de 2000, establece que la Sociedad emite quinientas (500) acciones con un valor de sesenta y siete mil, seiscientos cincuenta balboas (B/.67,650.00). Sobre estas últimas acciones se indica que se convocó a los miembros de la Directiva a la reunión celebrada el doce (12) de enero del 2000, con la finalidad de emitir acciones, revocar poderes otorgados a R.C.G. y tomar otras acciones; sin embargo a ese respecto rinde declaración jurada A.A.F. quien señala que en su calidad de secretario ad-hoc, no concurrió a dicha reunión en su calidad de miembro de la junta directiva, lo cual denota entonces que para dicho acto no se contaba con la participación exigida para dicho acto. (fs. 1143, 1272). De igual manera se ha acreditado en autos por medio de declaración jurada, así como del informe pericial confeccionado por L.D.C.G. Medida de G., a quien se le solicito determinar si la señora F.G.C., fue o no la autora de las firmas visibles en los documentos suministrados como muestras dubitadas (fs. 1216, 1207, 1210 a 1215), de las cuales al ser valoradas en cuanto a la cantidad, calidad de los automatismos individuales y de clases que aparecen en los mismos; observándose como resultado de la pericia automatismos diferentes, llegándose a la conclusión que la señora F.G.C., no fue la autora de las firmas suministradas para el análisis. (fs. 1355-1358) Los argumentos expuestos permiten verificar que en el desarrollo del proceso se acreditó la existencia de dos libros de acciones de la Sociedad C. Development, S.A., sin que hasta el momento se haya declarado judicialmente, cuál de esos libros de acciones se emitió de forma fraudulenta; lo cual sería el elemento indicativo, para determinar si el acto que se constituye en el objeto de la supuesta falsificación, se efectuó de acuerdo a la ley, es decir, con la participación de la mayoría de los accionistas. No obstante aun cuando ese aspecto no se ha podido determinar, no se puede dejar de advertir que la emisión de las quinientas (500) nuevas acciones que describe el segundo libro de acciones, no se compadecen con el pacto social inicial, por medio del cual se creó la Sociedad, puesto que en el mismo se dejó establecido que la sociedad estaría compuesta por quinientos (500) acciones, con un monto de cien mil balboas (B/.100.000.00) para las acciones; en ese orden vale reiterar lo expuesto por el perito L.A.C.G., respecto a que "cualquier segundo libro de registro de acciones que utilizara la sociedad debe darle continuidad a los registros ya existentes en el libro de registros de acciones No. 1, ya que de lo contario su contenido no sería consonó con el capital social, con acciones pagadas, liberadas, emitidas y en circulación de la sociedad"; aspecto éste ha quedado de manifiesto pues aun cuando no se ha determinado la falsedad del segundo libro de acciones, el mismo no se compadece con el primero, así como tampoco con el pacto inicial de la sociedad, lo cual en definitivas conlleva a mantener la veracidad del primer libro de acciones, documento que acredita que a R.G.C., le corresponden el 100% de las acciones. Aunado a ello, tampoco se puede dejar de justipreciar que frente a la existencia de dos libros de acciones bajo las circunstancias arriba descritas, existen documentos, certificados de acciones que acreditan al procesado como el dueño del 100% de las acciones de la Sociedad C. Development Group, S.A. Resulta oportuno recalcar que el delito de falsedad ideológica en documento público, requiere para su configuración, el cumplimiento de requisitos o condiciones propias, que permitan tener por demostrado el tipo penal; estos son: la existencia de un documento público o auténtico; que en dicho documento se incluyan o hagan incluir declaraciones falsas que guarden relación con un hecho que el documento deba acreditar; y, que el documento pueda causar un perjuicio. Vistos los presupuestos exigidos en la norma, la Sala considera que en la presente investigación, no se tienen por acreditados los elementos constitutivos del tipo penal de falsificación, así como tampoco del delito estafa; habida cuenta que la tesis sostenida por el procesado, en el sentido de haber efectuado la reunión de junta de accionistas con la participación o en presencia de la mayoría de las acciones, encuentra respaldo jurídico probatorio con el libro de registro de acciones, así con los certificados de acciones, que acreditan a R.G.C., como el poseedor del 100% de las acciones. (fs. 1177) Sobre el particular vale precisar que con los documentos incorporados por el señor R.G.C., certificados de acciones que demuestran su titularidad del 100% y no del 40% de las acciones, se ha impugnado ante el Juzgado Decimoquinto de Circuito Civil de Panamá, la Escritura Pública No. 1640 del 25 de marzo de 2003, contentiva del acta de reunión extraordinaria de C. Development Group S.A., causa que aún no ha sido resuelta siendo esta la vía para plantear las diferencias de los accionistas. En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, el casacionista cita los artículos 780 y 2046 Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, pero tal como se expuso en los fundamentos de la resolución, el Tribunal Superior realizó un análisis coherente de todo el caudal probatorio inserto en el expediente, los cuales no permitieron tener por configurados los delitos atribuidos a R.G.C., a quien en consecuencia no se le puede tener como autor del hecho punible, por lo cual las normas alegadas no fueron infringidas. Con referencia a la infracción del artículo 30, 265 y 190 del Código Penal, se tiene que el casacionista no ha podido demostrar cargos de injuricidad respecto a la causal, y al tratarse de causales de naturaleza probatoria la infracción ocurre de manera indirecta al producirse la violación directa de las normas adjetivas, por lo cual mal puede estimarse se ha verificado violación a las normas penales. Tal como se ha indicado en apartados precedentes, el recurrente sustentó el recurso en una segunda causal identificada como el error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo. Como ha mantenido la jurisprudencia, está causal sobreviene cuando el medio probatorio existe, está acreditado en el proceso y por tanto, el juzgador lo examina, lo toma en cuenta, lo analiza, pero no le atribuye la fuerza probatoria que la ley le asigna; aquí no se discute sobre la existencia de la prueba, sino sobre su valoración, porque el juez la menciona, la acredita, pero no la toma en cuenta al momento de proferir su decisión o no le da la eficacia que la ley le asigna. Se observa que la citada causal fue sustentada en cuatro motivos Identificados como "documentación visible a fojas 1489-1490, resolución emitida por el Juzgado Quinto de Circuito Civil (fs. 120-122), Acuerdo de voluntades suscrito entre F.G.C. y R.G.C. y el acta de sesión de la junta directiva de la Sociedad C. Development Group S.A. (fs.52-53). El análisis de los motivos enunciados permite corroborar que tienen como propósito, demostrar que el señor R.C.G., no era el poseedor del 100 % de las acciones de la Sociedad C. Development Group S.A, sino de sólo el 40% de las mismas, de allí que la errada ponderación de los medios probatorios privó al Tribunal Superior, de dar por acreditado la comisión del hecho punible. Como quiera que el análisis de la causal anterior se dirigió en ese mismo sentido, pero haciendo alusión a otros medios de prueba, siendo que incluso ya nos referimos a medios de prueba invocados en esta causal, esta Sala a efectos de no ser repetitiva tal sólo se limitara a dar por utilizados los argumentos ya desarrolladas, mismos que nos conducen a señalar que no se configuran los cargos de injuricidad alegados por el censor en la presente causal. En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, el casacionista cita los artículos 780, 917 y 982 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, pero tal como se expuso en los fundamentos de la resolución, el Tribunal Superior realizó un análisis coherente de todo el caudal probatorio inserto en el expediente, los cuales condujeron a la no comprobación del hecho punible. Con referencia a la infracción de los artículos 30, 265 y 190 del Código Penal, se tiene que el recurrente no ha podido demostrar cargos de injuricidad respecto a la causal, y al tratarse de causales de naturaleza probatoria la infracción ocurre de manera indirecta al producirse la violación directa de las normas adjetivas, por lo cual mal puede estimarse se ha verificado violación a la norma. Comprobado que en el recurso de casación, no han prosperado los cargos de infracción en los motivos, que sustentan las causales de casación en el fondo, procede la Corte a decretarlo así. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones anteriores la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia de 2da. Instancia No. 74 de 10 de abril del 2013, emitida por el Segundo Tribunal Superior, mediante la cual se reformó la sentencia primaria y en su defecto Absolvió a R.G.C., de los cargos formulados en su contra por los delitos de Falsificación y Estafa, en perjuicio de Assets Trust & Corporate Service Inc. N., HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ JERÓNIMO MEJÍA E. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS AMINTA CARVAJAL (Secretaria)

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