Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Septiembre de 2015

PonenteJerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2015
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Por celebrada la audiencia oral y pública dentro de los recursos de casación en el fondo presentados por el licenciado J.A.Q.R., apoderado judicial de M.A.D.W. y K.C.M.D.D., y por el licenciado FERNANDO PEÑUELAS, Abogado Defensor de Oficio de SALVADOR ALFARO JIMÉNEZ, contra la Sentencia N° 141 de 12 de septiembre de 2012, por la que el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, previa reforma de la sentencia de primera instancia, condena a sus mandantes a la pena de sesenta (60) meses de prisión e igual término de inhabilitación para el ejercicio del comercio, como autores del delito de blanqueo de capitales y confirma en lo demás, procede la Sala de lo Penal a dictar la sentencia correspondiente.

  1. HISTORIA CONCISA DEL CASO

    El 16 de junio de 2009, la Unidad de Investigaciones Sensitivas de la Dirección de Investigación Judicial comunicó a la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas que "una fuente de entero crédito" manifestó que una organización conformada por panameños y extranjeros, liderada por M.A.D.W. se estaba dedicando al trasiego de drogas ilícitas utilizando vehículos lujosos y locales ubicados en el sector de El Dorado, distrito y provincia de Panamá y que harían efectivo el envió de cierta cantidad de drogas hacia Francia.

    Con base en la información anterior, se realizó una operación de vigilancia y seguimiento denominada "Operación Águila" que culminó el día 17 de julio de 2009 con la incautación de ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta balboas (B/.149,640.00) que fueron lanzados desde el apartamento 18-B del Edificio Villa Nova, Sector de Villa de Las Fuentes.

    Finalizada la instrucción del sumario, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas emitió la Vista Fiscal N° 587 de 20 de agosto de 2010 por la que solicitó el llamamiento a juicio de M.A.D.W., de S.A.J. y de otros, por presunta infracción de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, Título IX y el Capítulo IV, Título VII, Libro II del Código Penal, es decir, por delitos contra la seguridad colectiva (relacionado con drogas) y contra el orden económico (blanqueo de capitales); así como la apertura de causa criminal contra K.C.M.D.D. por presunta infractora de disposiciones legales contenidas en el Capítulo IV, Título VII, Libro II del Código Penal, es decir, por delito contra el orden económico (blanqueo de capitales).

    El negocio quedó radicado en el Juzgado Décimo de Circuito, Ramo de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá que mediante Auto N° 161-10 de 15 de noviembre de 2010 llamó a responder a juicio penal a M.A.D.W. y a KATHERINE CUESTA DE D. por delito de blanqueo de capitales; a S.A.J. por delitos de blanqueo de capitales y posesión agravada de drogas (Fs. 2015-2020 Tomo IV), cargos de los que fueron absueltos mediante Sentencia de 26 de julio de 2011 (Fs.9054-9066 Tomo XXXII).

    La mencionada resolución fue apelada por el Ministerio Público y el Segundo Tribunal Superior al decidir la alzada, previa revocatoria de la decisión del A-quo, dictó la Sentencia N° 141 de 12 de septiembre de 2012 por la que condenó a los prenombrados a la pena de sesenta (60) meses de prisión e igual término de inhabilitación para el ejercicio del comercio, como autores del delito de blanqueo de capitales y confirma en lo demás (Fs.9143-9162 Tomo XXXII).

  2. RECURSOS DE CASACIÓN A FAVOR DE M.A.D.W. Y KATHERINE CUESTA DE DOMÍNGUEZ

    El licenciado J.A.Q.R. formalizó los recursos de casación a favor del señor D.W. y la señora CUESTA DE D., cuyo contenido es similar, por lo que serán examinados conjuntamente con la opinión de la Procuraduría General de la Nación.

    1. Primera Causal

    El letrado invoca el error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia e implica violación de la Ley sustancial penal.

    1. Los motivos

      Los tres primeros motivos guardan relación con la valoración del Informe Financiero confeccionado por la licenciada G.M., contadora pública autorizada con idoneidad N° 5482, miembro de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (Fs.1320-1373).

      El censor estima que esta prueba fue erróneamente valorada por lo siguiente:

      Primer Motivo:

      El Informe Financiero fue incorporado como diligencia del sumario por el F. de la causa sin estar legalmente facultado para ello porque la etapa de instrucción sumarial había precluido: la orden fue impartida por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas mediante Oficio FDTI/T23/7046 de 4 de junio de 2010 y la Juez de la causa mediante Auto N° 50-10 de 19 de enero de 2010 había declarado vencido el término de instrucción sumarial, decisión que quedó ejecutoriada el 20 de abril de 2010, cuando fue confirmada por el Tribunal Superior mediante Auto N° 95-S.I.

      Respecto de lo anterior, la entonces Procuradora General de la Nación, licenciada A.I.B.V., señaló que el vencimiento del término legal relativo a la instrucción sumarial no conlleva, de por sí, que una prueba incorporada al mismo no pueda ser ponderada ante ese evento, en virtud de que debe tomarse en consideración, entre otros factores, la complejidad del hecho en investigación y la naturaleza de la prueba realizada en referencia al informe financiero, la que fue ordenada por el funcionario de instrucción y en cuya elaboración se examinó la aportación de documentación por parte de los procesados, con la que se pretendió justificar el origen válido de su patrimonio económico, en ese entonces. De otro lado, indica que el dictamen pericial allegado, fuera de los términos y oportunidades contemplados en el artículo 792 del Código Judicial, debió ser impugnado por la vía incidental, de tratarse efectivamente, de un vicio que afectaba el debido proceso.

      Ahora bien, la Sala aprecia que el Segundo Tribunal Superior valoró el Informe Financiero, prueba que sostiene el recurrente fue practicada en forma extemporánea porque había precluido el término de la investigación y en su opinión no debió ser tomada en cuenta por la juez de la instancia.

      Respecto de lo anterior, la Corte advierte que la defensa técnica de M.A.D.W. interpuso un incidente para que se declarara excedido el tiempo para instruir el sumario y en consecuencia se solicitara al Ministerio Público, remitiera el expediente al Órgano Judicial.

      Correspondió al Juzgado Décimo de Circuito, Ramo de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, conocer de la causa y mediante Auto N° 50-10 de 19 de febrero de 2010, admitió el incidente y exhortó al Fiscal Encargado de la investigación a confeccionar la Vista respectiva "dentro del término prudente establecido por el procedimiento penal" (Fs.1227-1229 Tomo III), decisión que fue apelada por el Ministerio Público y confirmada por el Segundo Tribunal Superior mediante Auto N° 95-S.I. de 20 de abril de 2010 (Fs.1253-1257), quien en la parte resolutiva, luego de confirmar la resolución recurrida expresó:

      "Debe entenderse que el representante del Ministerio Público debe proceder de inmediato a emitir su vista F. y remitir la encuesta al tribunal de primera instancia, a fin que se establezca la fecha para la realización de la audiencia preliminar, donde se calificará el mérito del sumario" (F.1257).

      Dicha resolución quedó ejecutoriada el 12 de mayo de 2010 (F.1260).

      Luego, como indica el censor, mediante Oficio FD1/T-23/7046/EXP 0394-09 de 4 de junio de 2010, la Secretaria General de las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, solicitó a la licenciada SANYA SALCEDO de la División de Delitos contra Economía Nacional que se realizaran las investigaciones financieras correspondientes, para lo que remitió copias autenticadas del expediente (F.1263).

      Posteriormente, la Fiscalía emitió la Vista N° 587 de 20 de agosto de 2010 por la que se solicitó el llamamiento a juicio de M.A.D.W., C.C.D.D. y otros (Fs.1381-1395), documento que se sustenta, entre otras pruebas, en el Informe Financiero de 14 de julio de 2010; la solicitud fue acogida por la juez de la causa mediante Auto N° 161-10 de 15 de noviembre de 2010.

      Del recuento de las actuaciones procesales este Tribunal de Casación debe indicar que si bien es cierto la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó la práctica del Informe Financiero con posterioridad a la resolución que decretaba el cierre de la instrucción del sumario, los procesados contaron con asistencia letrada durante la tramitación de la causa y en la Audiencia Preliminar pero no manifestaron sus objeciones respecto de esa situación durante la fase intermedia.

      Vale la pena destacar que dicha fase (la intermedia) se convirtió en proceso abreviado a pedido de la defensa de todos los procesados. Luego se dictó sentencia absolutoria de los procesados y, ante la apelación de la fiscalía, el tribunal ad quem revoca la absolución y los condena. Contra esta última decisión, es que se interpone el recurso de casación que nos ocupa.

      Observa la Sala que, como se ha expresado, la defensa no disputó la extemporaneidad de la prueba de informe financiero que ahora es cuestionada a través del presente recurso de casación, lo cual constituye un impedimento procesal, pues, para que se pueda objetar esa prueba en esta fase era indispensable que la defensa la objetara oportunamente (en la fase intermedia). Al no hacerlo, y no habérsele dado la oportunidad al tribunal ad quem para referirse al tema, resulta extemporánea su inclusión en el presente recurso de casación.

      Segundo motivo:

      El censor sostiene que en el mencionado Informe Financiero se concluyó que sus poderdantes poseían un patrimonio de fuente desconocida por el orden de quinientos treinta y siete mil novecientos sesenta y dos balboas con setenta y un centésimos (B/.537,962.71) y a sus defendidos no se les notificó de la elaboración de dicho instrumento pericial ni se les dio oportunidad para que presentaran los elementos justificativos de dicho patrimonio.

      Por su parte, la Procuradora expresó que los procesados tienen la carga de la prueba en lo que respecta a demostrar la legítima procedencia de los bienes, derechos y recursos económicos adquiridos, que el Informe financiero de 14 de julio de 2010 fue elaborado precisamente con la documentación aportada por M.A.D.W. y K.C.M.D.D., con la finalidad de probar los ingresos obtenidos mediante el ejercicio del comercio; empero, pese al análisis de la misma, se arribó a la conclusión de que no se ha justificado la suma B/.537,962.71 como patrimonio.

      Este Tribunal de Casación debe señalar que el Informe Financiero confeccionado por la licenciada MÉNDEZ es un peritaje de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial, que es un auxiliar del Ministerio Público.

      Debe tenerse en cuenta que el hecho punible se comprueba con el examen que se haga por peritos de documentos que sirvan a la formación de la convicción del juez y el dictamen tenía la finalidad de que se pudiera evaluar un dato de carácter técnico que no pertenece a la experiencia común ni a la formación específica exigida a los Agentes de instrucción o al juzgador, prueba se basó en las evidencias recabadas por la Fiscalía que instruía la causa, tal y como lo faculta la ley (artículo 2046 del Código Judicial), por lo que a juicio de la Sala el documento cumplió con las formalidades legales para ser tenido en cuenta por el Tribunal Superior. En consecuencia, se desestima el vicio de injuridicidad ensayado en el segundo motivo.

      Tercer Motivo

      El casacionista manifiesta que las conclusiones del Informe Financiero expresan que el dinero incautado procede de actividades ilícitas relacionadas con drogas con base en los resultados de la prueba ion scan (F.541) que dio positivo por cocaína y anfetaminas en dos de los billetes sacados del dinero hallado durante la diligencia de allanamiento efectuada en el edificio Villa Nova el 16 de junio de 2009) y además porque el señor D.W., esposo de la señora CUESTA DE W., registra antecedes penales y es objeto de otro proceso por delito relacionado con drogas. Señala que esos aspectos rebasan el alcance de la disciplina contable que caracteriza la elaboración del Informe Financiero y, en consecuencia, su aplicación no resulta concordante con las reglas de la sana crítica.

      A juicio de la colaboradora de la instancia, de la lectura de la sentencia recurrida, se desprende que la estimación probatoria dada al Informe Financiero de 14 de julio de 2010, realizado por la licenciada G.M., se hizo con prescindencia de los aspectos que el recurrente señala como conclusiones expuestas en el mismo; es decir, el resultado de la prueba "ion scan" y el historial penal y policivo de M.A.D.W.; por el contrario, el Tribunal Ad quem tomó únicamente en consideración que en dicha prueba pericial se concluyó que los procesados "mantienen un patrimonio que no pueden justificar por el monto de B/.537,962.71 balboas".

      La Sala al examinar el fallo impugnado advierte lo siguiente:

      "En el informe financiero de 14 de julio de 2010, elaborado por la Licda. GLORIA MÉNDEZ (Fs.1320-1373), se concluyó que M.A.D.W. y K.C.D.D., mantienen un patrimonio que no pueden justificar por el monto de B/.537,962.71".(F.9154 Tomo XXXII).

      Tal como señala la Procuradora, el Tribunal de alzada nada dice respecto de las conclusiones a las que se refiere el censor, solamente se señala que existe en el patrimonio de los procesados un monto de dinero cuya procedencia no encuentra justificación y como se ha indicado en los dos motivos que anteceden el dictamen pericial cumplió con las formalidades legales para ser valorado por el juzgador. Por consiguiente, no prospera el vicio de injuridicidad expuesto en el tercer motivo.

      Cuarto motivo

      El letrado señala que el Segundo Tribunal Superior al ponderar la prueba ion scan (Fs.541-543) dedujo indicios para establecer que los B/.149,640.00 incautados a sus mandantes proceden del narcotráfico, todo lo cual estima erróneo, porque al efecto dicha prueba no genera, en el caso bajo examen, con la gravedad suficiente, indicios que permitan establecer que los fondos cautelados proceden del tráfico de drogas ilícitas, debido a que por el alto nivel de circulación del dinero, no es posible precisar en que época, lugar y circunstancias los dos billetes analizados han estado en contacto con cocaína y ampethaminas y, de otro lado, en la causa subjúdice no se incautó droga alguna.

      Sobre el particular, la máxima representante del Ministerio Público indicó que no comparte la posición del censor en virtud de que el escáner iónico de datos automatizados sobre drogas (la prueba de "ion scan"), representa, de por sí, una prueba indiciaria que tiene fundamento en los artículos 2046, 2049 y 2050 del Código Judicial; en otras palabras, que en relación a su apreciación, no se incurrió en error de derecho, dado que el Tribunal Ad quem no le concedió una valoración distinta a la que le corresponde realmente.

      Ahora bien, el Tribunal Superior estimó acreditado el delito de blanqueo de capitales procedente actividades relacionadas con el tráfico de drogas con base en los siguientes argumentos:

      ...las excepciones de los procesados M.D.W., K.C.D.D. y S.A.J., no son suficientes para demostrar su inocencia, pues según los informes y la declaración de los agentes que formaron parte de la operación "AGUILA", fueron mencionados y ligados como parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de Capitales. Los informes dan cuenta del aumento de ganancias y patrimonios que estos procesados no logran justificar, entre los que están descritos bienes inmuebles, vehículos lujosos y altas sumas de dinero.

      En primer lugar tenemos que mantener una fuerte suma de dinero en una mochila y embalado con papel plástico, sin utilizar los mecanismos de seguridad que ofrecen los bancos (cuentas bancarias, tarjetas de crédito, cheques, etc.) es un fuerte indicio en contra de los procesados M.D.W. y C.C.D.D., en la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales procedente de actividades relacionadas con droga, pues es evidente que el objetivo final de los procesados era introducir esa considerable suma de dinero al sistema económico panameño, con el fin de darle un origen lícito.

      ...

      M.D.W. Y C.C.D. fueron capturados con altas sumas de dinero y la prueba de ION SCAN dio resultado positivo para la detección de sustancias prohibidas (cocaína y amphetamina); estos trazos de sustancias ilícitas en el dinero que mantenían oculto los procesados M.D.W. y C.C.D.D., demuestran que estuvieron en contacto con actividades relacionadas con drogas. Aunado a ello, la Sala considera que esta prueba científica encuentra fundamento en los artículos 2046, 2049 y 2050 del Código Judicial, pues la misma tiene como propósito coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y goza de plena validez en nuestra legislación, al no estar expresamente prohibida por la ley, no viola derechos humanos, ni resulta contraria a la moral o al orden público.

      De lo que viene expuesto se desprende que el Tribunal A-quem estimó acreditado el delito de blanqueo de capitales a partir de tres indicios:

      1) Que los informes y las declaraciones de los agentes que formaron parte de la operación "AGUILA" vinculan a los procesados porque "fueron mencionados y ligados como parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales";

      2) El Informe Financiero da cuenta del aumento de ganancias y patrimonios que estos procesados no logran justificar de lo que deduce "un fuerte indicio" contra ellos "en la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales procedente de actividades relacionadas con droga"; y,

      3) Los resultados de la prueba de ion scan dieron positivo para la presencia de las drogas conocidas como cocaína y amphetamina en el dinero incautado.

      Lo anterior hace necesario precisar que la conducta atribuida a los procesados está tipificada en el artículo 250 del Código Penal que establece:

      Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, contra los Derechos de la Propiedad Industrial o contra la Humanidad, tráfico de drogas, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, homicidio por precio o recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, pornografía y corrupción de personas menores de edad, trata y explotación sexual comercial, robo o tráfico internacional de vehículos, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión.

      De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal de Casación el tipo penal exige la concurrencia de tres elementos:

    2. Que el agente reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros;

    3. Que el juez pueda prever razonablemente que los dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros proceden de actividades relacionadas con alguno de los delitos descritos en la norma, para lo cual deberá acreditarse al menos el aspecto objetivo de un delito previo de aquellos que enuncia la norma; y,

    4. Que la finalidad u objeto del agente sea el ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles (Sentencia de 25 de septiembre de 2014).

      Al confrontar los hechos que la sentencia dio por probados con el tipo penal en el cual se subsumió el comportamiento desplegado por los procesados, la Sala considera que sin lugar a dudas está acreditado que estos tenían en su poder altas sumas de dinero en efectivo que, según el Informe Financiero valorado por el Tribunal de segunda instancia no pudieron justificarla.

      Sin embargo, también debió tomarse en cuenta que el artículo 250 exige que el agente personalmente o por interpuesta persona reciba el dinero procedente de alguno de los delitos que en ella se enuncia y, como se dejó expuesto, al hablar de delito debe acreditarse al menos el aspecto objetivo para que se pueda dar por probada la tipicidad de la conducta.

      En ese sentido, el Tribunal Superior afirmó que en los informes y declaraciones de los agentes captores "fueron mencionados y ligados como parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas" y "los trazos de sustancias ilícitas en el dinero que mantenían" los procesados "demuestran que estuvieron en contacto con actividades relacionadas con drogas".

      El delito de tráfico de drogas está descrito en el artículo 309 del Código Penal y preceptúa:

      Quien introduzca droga al territorio nacional, aunque sea en tránsito, o la saque o intente sacarla en tráfico o tránsito internacional, con destino a otro país, será sancionado con prisión de diez a quince años.

      Si el agente introduce la droga al territorio nacional para la venta o distribución local, la sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad.

      La sanción será de uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa o medidas curativas cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, se determine inequívocamente que la droga es para el consumo personal.

      Del texto en cita se advierte que los tres supuestos tienen en común la tenencia o posesión física de una sustancia ilícita: en los dos primeros supuestos la finalidad de introducirla o sacarla del país ya sea para traficarla, venderla o distribuirla y en el último caso la escasa cantidad lleva a inferir que se posee con el ánimo de consumo, aspectos que le corresponde acreditar al Ministerio Público y en el caso en examen no se logró incautar sustancia ilícita alguna.

      Respecto a la prueba de ion scan, cuya valoración cuestiona el censor, se tiene que en el Informe de Novedad de 18 de julio de 2009 suscrito por la Sargento 1ª M.M.G. da cuenta de la obtención de las muestras para la práctica de la prueba de ion scan y se señala que de la suma de B/.150,000.00 se obtuvieron tres billetes al azar que fueron seleccionadas por "el propio MANUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ" (F.542 Tomo II).

      Y en el documento fechado 18 de julio de 2009 DIJ/DIAT/317//09, suscrito por el Teniente NESTRO M RÍOZ C., J. de la División de Investigación Judicial del Aeropuerto Internacional de Tocumen, se consigna que del dinero de propiedad de M.D.W. se obtuvieron los siguientes resultados: la prueba N° 1 dio positivo para cocaína y amphetamina; la prueba N° 2 negativa; y, la prueba N° 3 dio positivo para cocaína (F.541 Tomo II).

      Como bien afirma la máxima representante de la vindicta pública el ion scan es una prueba indiciaria y en este caso apunta a la presencia de las drogas conocidas como cocaína y amphetamina en dos de los tres billetes que se emplearon en la diligencia, pero ello no logra acreditar por sí solo el trasiego de drogas que presupone la tenencia física de la sustancia ilícita. Lo único que permite establecer esa prueba es que el dinero estuvo en contacto con algún tipo de sustancia ilícita. En una economía en la que el dólar es de libre circulación, es muy probable que personas que ninguna vinculación hayan tenido con algún delito relacionado con drogas, pueda poseer dinero que recibieron lícitamente, pero que contenga rastros de sustancias ilícitas. Tal realidad es inobjetable, por lo que es necesario que existan otros elementos de convicción que coadyuven con el resultado de la prueba de ion scan, que lo único que acredita es que en algún momento el dinero tuvo contacto con sustancias ilícitas, lo cual puede ocurrir por diversas razones y no sólo porque se realizó un tráfico o venta de drogas. Además, la muestra sobre las cuales se realizó la prueba de ion scan (dos o tres billetes) de un total de cientos de miles de dólares, no es representativa, como para hacerle extensiva a la totalidad de billetes el resultado de la prueba de ion scan.

      Por consiguiente, la Sala estima que las pruebas que fueron valoradas por el Tribunal Superior no contienen al menos indicios que concatenados entre sí permitan a un administrador de justicia prever razonablemente que el dinero procede de la actividad relacionada con el trasiego de drogas, por lo que carecen de pleno valor probatorio para acreditar el objeto material de ese hecho punible mucho menos establecer con certeza jurídica la responsabilidad penal de los procesados por los cargos que le fueron formulados.

      En consecuencia, el casacionista logra acreditar el cargo de injuridicidad endilgado a la sentencia cuarto motivo.

      Quinto motivo

      El casacionista indica que en el Informe policial (Fs.2-3), suscrito por el M.J.G., se sostiene que recibió información de una fuente de entero crédito que afirmaba la existencia de una organización dedicada al trasiego de drogas liderada por M.A.D.W., junto a ciudadanos extranjeros y que utilizaban varios autos (tres Lexus, un BMW, un Ford Explorer, un Toyota Yaris y un Nissan Sentra) y el local comercial KATHY SALON, ubicado en el Centro Comercial El Dorado, y que llevarían a cabo el envío de drogas ilícitas hacia Francia, de lo que el Tribunal Superior dedujo indicios graves para concluir que sus defendidos están ligados a las actividades de narcotráfico.

      Por lo anterior, el censor señala que la valoración de la prueba es errónea debido a que en la investigación sub-júdice no se produjo el hallazgo de sustancia ilícita alguna en poder del procesado, ni rastros de sustancias ilícitas en ninguno de los vehículos mencionados en el Informe Policial, ni en el local comercial de la referencia ubicado en el Dorado, ni se vinculó a ningún ciudadano extranjero objeto de vigilancia a la causa bajo examen.

      Por su parte, la colaboradora de la instancia expresó que el informe policial elaborado por J.G., quien rindió declaración jurada en cuanto a la información contenida en el mismo, motivó, en su momento, la instrucción de este sumario y a raíz de la información contenida se procedió a la práctica del allanamiento y registro del apartamento N° 18-B del edificio V.N., en Villa de Las Fuentes y en la aplicación del escáner iónico de datos automatizados (prueba "ion scan") se determinó la presencia de cocaína y anfetamina en el dinero aprehendido (B/.149,640.00); además que de acuerdo con el informe financiero de 14 de julio de 2010, los procesados antes citados no han podido justificar el incremento patrimonial determinado en la suma de quinientos treinta y siete mil novecientos sesenta y dos balboas con setenta y un centésimos (B/.537,962.71).

      Respecto del mencionado Informe suscrito por el M. 6440J.G., J. de la Unidad de Investigaciones Sensitivas de la Policía Nacional, la Sala advierte que data del 16 de junio de 2009 y se consigna lo siguiente:

      ...una fuente de entero crédito manifiesta que en nuestro país existe una Organización criminal dedicada a tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos conexos, la cual está conformada por ciudadanos de diversas nacionalidades entre ellas colombianos y panameños la cual es dirigida por un sujeto de tez morena contextura normal de nombre M.A.D.W. ALIAS "TOÑO" y su organización criminal trafica sustancias ilícitas en diversas modalidades y entre ellas áereas y que en los próximos días M.A.D.W. alias "TOÑO" hará las coordinaciones en un local, ubicado en el sector del dorado específicamente en plaza aventura local M-8, para hacer efectivo el envío de cierta cantidad de drogas hacia el país de Francia.

      Continua informando la fuente de entero crédito que los miembros de esta organización utilizan varios vehículos entre ellos un vehículo BMW modelo X6 de color blanco con placa 855412, lexus de color beige con placa 378721, lexus camioneta de color gris con placa 695132, Explorer de color beige con placa 378539, yaris de color blanco con placa 697239, nissan sentra con placa 406555 y un vehículo marca lexus tipo sedan de color negro con placa D-0153 y que todos estos se reúnen y se organizan en un local de nombre Estética corporal KATHY'S SALON, ubicado en el sector del dorado.

      Por último manifiesta la fuente de entero crédito que en el día de mañana 17 del presente año, la lexus camioneta de color gris con placa 695132, recogerá en el aropuerto de tocumen a varios sujetos entre ellos colombianos y mejicanos procedentes de los países en mención y que los mismos se hospedarían en el hotel HOLYDAY INN (Fs.2-3).

      Con el documento trascrito se dio origen al negocio penal que ocupa a la Sala y se advierte que inicialmente se tenía información de la posible existencia de una organización criminal dedicada al trasiego de drogas ilícitas.

      La Corte reitera que la pieza procesal fue valorada por el Segundo Tribunal conjuntamente con el Informe Financiero y los resultados del análisis de Ion Scan, de los que estimó acreditado el delito de blanqueo de capitales procedente de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

      Es por lo anterior que se reiteran las consideraciones expuestas en el cuarto motivo en el sentido que en el delito de blanqueo de capitales se invierte la carga de la prueba respecto a la procedencia lícita del dinero pero corresponde al Ministerio Público a partir de las pruebas recabadas acreditar la tipicidad del comportamiento ilícito del que devienen esos fondos, lo que no ocurre en el presente negocio porque solamente se tenía sospecha de que la presunta organización criminal iba a traficar drogas desde Panamá hacia Francia, sin que se lograra incautar la sustancia ilícita.

      Es por lo anterior que asiste razón al recurrente y prospera el vicio de injuridicidad ensayado en el quinto motivo.

    5. Disposiciones legales infringidas y concepto de la infracción

      El recurrente citó los artículos 792, 980, 985 del Código Judicial, normas que se refieren a los plazos para solicitar, practicar o incorporar pruebas al proceso, la fuerza de los dictámenes periciales y la valoración de los indicios, las que estima infringidas en concepto de violación directa por omisión, y como consecuencia de la trasgresión de la ley adjetiva señala que el artículo 250 del Código Penal, que tipifica el delito de blanqueo de capitales, resultó quebrantado en concepto de indebida aplicación al no haberse acreditado la participación de su mandante en el delito.

      Siendo que la Sala estima probados varios motivos que acreditan la falta de tipicidad del delito de blanqueo de capitales y ante la ausencia de elementos que permitan establecer que el dinero incautado a los procesados procedía del tráfico drogas, prospera la alegada infracción de la disposición sustantiva como consecuencia del error de derecho en la actividad probatoria.

      Finalmente, se debe indicar que el recurrente adujo una segunda causal, el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, de cuya análisis se prescindirá porque la Corte encuentra justificada la primera causal de fondo alegada lo que da lugar a invalidar el fallo y en su lugar dictar el de reemplazo, es decir, una sentencia absolutoria ante la falta de acreditación de los cargos formulados a M.A.D.W. y a KATHERINE CUESTA DE D. por presunta comisión de delito contra el orden económico.

  3. RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR SALVADOR ALFARO JIMÉNEZ

    El licenciado FERNANDO PEÑUELAS sustenta el recurso en una sola causal que es el error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia e implica violación de la Ley sustancial penal.

    La causal viene sustentada en dos motivos que serán analizados conjuntamente con la opinión de la Procuraduría General de la Nación.

    Primer y Segundo Motivo

    El letrado sostiene que el Segundo Tribunal incurre en error de derecho en la apreciación de la prueba al considerar que S.A.J. es autor del delito de blanqueo de capitales a partir del Informe Financiero (Fs.1320-1371) con el cual se deseaba probar la existencia de un capital económico proveniente del narcotráfico por un monto de B/.34,536.42 que fuera presentado en declaraciones de renta ante la Dirección General de Ingresos, a pesar que dicho informe a foja 1365 describe que esta conclusión es tomada al haber sometido evaluación del expediente hasta su foja 1254 del expediente principal y 475 del cuadernillo de inspecciones.

    El censor apunta que esta acción demuestra un desfase en la valoración correcta de las pruebas por parte del Segundo Tribunal pues de haber sido estudiado este informe de acuerdo a las reglas de igualdad de las partes, derecho de contradicción y que permitieran actuar bajo una sana crítica, se hubiese podido llegar a concluir que no existe responsabilidad penal de mi patrocinado, pues el argumento del F., de que S.A.J. no ha podido justificar el dinero de su declaración de renta, carece de fundamento.

    En el segundo motivo, el recurrente menciona que con el mencionado Informe Financiero se pretende recalcar que su defendido presentó ganancias patrimoniales en declaración de rentas, pero sin presentar documentación que la justifique, a pesar que en dicho informe a foja 1372 describe que no se le logró establecer la relación SALVADOR ALFARO con el dinero incautado. De ello concluye que si el tribunal de alzada hubiese valorado correctamente, se hubiese percatado su representado no debió ser condenado por declarar legalmente ingresos y mucho menos cuando no se le encontró según las propias autoridades en el informe financiero, relación con el dinero incautado.

    La colaboradora de la instancia expresó que ambos motivos se complementan y dijo que no comparte lo expuesto por el recurrente porque si bien es cierto que la suma de ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta balboas (B/.149,640.00) aprehendida a los procesados M.A.D.W. y K.C.M.D.D. en la diligencia de allanamiento y registro realizada, no está relacionada con la suma de treinta y cuatro mil quinientos treinta y seis con cuarenta y dos centésimos (B/.34,536.42), lo anterior tiene su explicación en razón de que la primera suma de estas, -B/.149,640.00-, de conformidad con esos procesados, es producto de negocios de diversa naturaleza, incluyendo determinadas apuestas; en tanto que la última -B/.34,536.42- lo es por ingresos propios, según S.A.J. y que, por tanto, fue plasmada en las declaraciones de renta respectivas, al cumplir con sus obligaciones tributarias.

    Agrega que en el caso particular de los treinta y cuatro mil quinientos treinta y seis con cuarenta y dos centésimos (B/.34,536.42), se está ante la carencia de un origen lícito comprobable; en otras palabras, no se cuenta con la información y/o documentación relativa a la actividad empresarial o profesional ejercida por aquél, de la que se pudiese derivar la misma y a su vez, respaldar su origen y fuente de obtención, lo que no ha sido probado ni aportado por el procesado, lo que, unido a los otros medios de prueba acopiados, permite concluir válidamente que tales recursos económicos, bienes y derechos provienen de actos ilícitos relacionados con drogas. De allí que no se ha logrado demostrar los cargos de injuridicidad expuestos.

    Respecto de lo anterior la Sala estima oportuno señalar que al señor S.A.J. se le formularon cargos por presunta comisión de delito contra el orden económico, específicamente blanqueo de capitales, conducta que el Tribunal Superior estimo acreditada como procedente de actividades relacionadas con el delito de tráfico de drogas con base en lo siguiente:

    En cuanto al imputado S.A.J., su vinculación al hecho punible surgen (sic) de los informes que dieron origen a la investigación, donde se mencionaba que A.J. era parte de la red criminal que liderizaba (sic) M.D.W.. Según los elementos de justificación anexados al proceso, S.A.J. conducía la camioneta marca TOYOTA, modelo FOURTUNER, con matrícula N° 402004, en la cual se encontró una bolsa de hierba seca con marihuana (FS.368-379) y si bien admitió que consume este tipo de drogas y la cantidad que le fue incautada es de tan sólo 3.09 gramos, su participación en el delito de blanqueo de capitales se establece en razón del informe financiero elaborado por la Licda. G.M., donde se concluyó que S.A.J. presentó declaraciones de renta por el monto de B/.34,536.42, durante el período correspondiente del 2006 al 2007, pero no consta en el expediente documentación que demuestre la actividad comercial que le permitió general (sic) esos ingresos, lo que aunado a los serios indicios de presencia, oportunidad y mala justificación, que emanan de su propia declaración indagatoria y los informes que demuestran su conexión con el señor M.D.W., permiten a la Sala establecer su responsabilidad penal en la comisión del delito. En el proceso se acreditó que los procesados M.D.W., C.C.D.D. y S.A.J. recibieron y manejaron dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, que no han logrado probar su origen lícito y que, de acuerdo a los informes preliminares de investigación, son producto de actividades relacionadas con drogas; milita el informe Financiero del Departamento de Investigaciones Criminales, que comprueba que los sumariados efectuaron un número plural de transacciones o transferencias extrañas que permiten deducir que se dedican al delito por el cual fueron indagados (Fs.9156-9157 Tomo XXXII).

    Este Tribunal de Casación advierte que el Segundo Tribunal Superior dio probada la vinculación de ALFARO JIMÉNEZ a partir de una serie de indicios, a saber:

    1. Los informes que dieron origen a la investigación, donde se le mencionaba como parte de la red criminal que lideraba M.D.W.;

    2. El Informe Financiero confeccionado por la licenciada G.M. que se refiere a las declaraciones de renta que el procesado presentó por el monto de B/.34,536.42, durante el período correspondiente del 2006 al 2007, cuya procedencia no pudo justificar.

    Vale destacar que aun cuando al procesado, por la inversión de la carga de la prueba, le correspondía sustentar la procedencia lícita del dinero declarado, ello no implica que esté comprobado el delito de blanqueo de capitales procedentes de actividades relacionadas con el delito de tráfico de drogas, pues como ya se dejo expuesto, no se acreditó el aspecto de la tipicidad objetiva de esa conducta ilícita y en consecuencia los cargos formulados por el Ministerio Público no encuentran respaldo en pruebas que acrediten con certeza jurídica la responsabilidad que se le atribuye a A.J..

    En consecuencia, prosperan los vicios de injuridicidad ensayados por el recurrente en los dos motivos por la errónea valoración de la prueba.

    Disposiciones legales infringidas

    Sostiene el casacionista que el artículo 980 del Código Judicial, que versa sobre la fuerza del dictamen pericial, resultó vulnerado en concepto de violación directa por omisión, mientras que el artículo 250 del Código Penal, que tipifica el delito de blanqueo de capitales, lo fue en concepto de indebida aplicación. Los argumentos que explican la trasgresión de las normas guardan relación con los motivos y la causal por lo que al haberse acreditado se comprueba la infracción de la norma sustantiva lo que conlleva a que la decisión impugnada merece ser casada a lo que se procede.

  4. PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, S. Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia N° 141 de 12 de septiembre de 2012, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá en el sentido de ABSOLVER a M.A.D.W., a K.C.M.D.D. y a S.A.J. de los cargos formulados en su contra por presunta comisión de delito contra el orden económico (blanqueo de capitales) y confirma en lo demás.

    N..

    JERÓNIMO MEJÍA E.

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS (Con Salvamento de Voto)-- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

    AMINTA I. CARVAJAL C. (Secretaria)

    SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO J.E.A.P.C.

    Como integrante de la Sala Penal, respetuosamente debo manifestar que no comparto el criterio expuesto en la presente resolución, por la cual se casa la sentencia N° 141, de 12 de septiembre de 2012, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial, en el sentido de absolver a M.A.D.W., K.C.M. y a S.A.J., de los cargos formulados en su contra, por la presunta comisión de delito contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales), confirmando en lo demás.

    Estimo que la decisión adoptada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, debe mantenerse, toda vez que a través de las constancias procesales obrantes dentro de la presente encuesta, permiten establecer que, como bien concluyó el Segundo Tribunal, M.A.D.W., KATEHRINE CUESTA MELARA y a S.A.J., se encuentran vinculados directamente a la actividad ilícita en mención.

    Así se tiene como elementos probatorios, el oficio UIS-545-09, de 16 de junio de 2009, donde el mayor J.G., J. de la Unidad de Investigaciones Sesitivas, de la Dirección de Investigación Judicial, solicita al Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas,el inicio de la "Operación Águila , la cual estaba dirigida a un grupo de personas, de diversas nacionalidades, entre ellas un sujeto de nombre M.A.D.W. (a) "Toño", todos presumiblemente dedicados al tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos conexos.

    En informe consultable a folios 2. redactado por el mayor J.G., pone en

    organización criminal dedicada al tráficos de drogas, blanqueo de capitales y delitos conexos, conformada por ciudadanos de diversas nacionalidades (colombianos y panameños), dirigida por un sujeto de tez morena, contextura normal, de nombre M.A.D.W. (a) -Taño", de nacionalidad panameña.

    Se agrega en el informe que, M.A.D.W., se moviliza en un vehículo marca Lexus, color negro, matriculado 704520. Que el señor D. y su organización criminal, trafican sustancias ilícitas en diversas modalidades y, entre ellas aéreas y, en los próximos días, M.D., hará las coordinaciones en un local, ubicado en Plaza Aventura, N° M-8, para realizar el envío efectivo de cierta cantidad de drogas hacia Francia.

    Se plasma que los miembros de esta organización, utrilizan varios vehículos, entre ellos un BMW, modelo X6, color blanco, con matrícula 855412; un lexus, de color beige. con matrícula 378721; una Explorer, color beige. con matrícula 378539; un Yaris, de color blanco, con matrícula 697239; un Nisssan Sentra. con matrícula 406555 y, un vehículo marca Lexus, tipo sedán. color negro, con placa D-0153. Que estos vehículso se reúnen y se organizan en un local, Estética Corporal Kathy's Salon, ubicado en El Dorado.

    Esta es la génesis de la presente encuesta penal. desarrollándose la operación denominada "Operación Águila".

    Producto de este operativo de seguimiento, se tiene la diligencia de allanamiento y registro efectuada el 17 de julio de 2009, al apartamento 9-B, en el Edificio Bonavista, lugar donde se encontraba presente el señor M.A.D.W.. Mientras se realizaba esta diligencia, se advierte en el informe, a folios 11, que en la frecuencia de radio se comunicaba el hallazgo de una suma de dinero.

    A fojas 21, reposa la Diligencia de Inspección Ocular realizada al E.V.N., específicamente en el estacionamiento N° 3, a una mochila rosada con gris, de ruedas, marca T., que en su interior contenía una bata de color chocolate y tres fajos de dilletes de denominación de B/.20.00.

    De igual manera se realiza. de manera simultánea, diligenciade de allanamiento a

    (fs.31). Diligencia de inspección ocular al vehículo BMW, blanco, con matrícula 855412, sin resultados.

    Allanamiento en la barriada Cumbre del Este, calle principal, casa 29, donde se encontró una máquina al vacío, marca W., bolsas plásticas en gran catidad, 2 potes de grasa marca Penzoil; un billete de denominación de B/.100.00, que a la postres resultó ser falso; documentos de carga para el tránsito aduanero de El Salvador: 4 rollos plásticos usados: tres maletas; 9 envases de grasa, marca Texaco y 4 rollos de cinta adhesiva de color gris, usadas.

    Reposan diligencias de Inspección Ocular, a fojas 51, realizada al vehículo Lexus. color negro, con matrícula 923307, donde se encontró un boleto aéreo Madrid-España, a nombre de M.A.D..

    A fojas 59, diligencia de Inspección Ocular, realizada al vehículo Toyota. F., color blanco, con matrícula 402004, conducido por el señor S.A.J.. donde se encontró en la parte posterior de los asientos, un sobre transparente con hierba seca, que se presume sea marihuana.

    A fojas 64, consta la prueba de Ion-Scan, efectuada a la suma de dinero aprehendida (pacas de billetes de denominación de B/.20.00).

    En la diligencia de Inspección Ocular -conteo del dinero-, se estableció que el mismo asciende a la suma de B/.149,640.00 (fs. 72).

    Se cuenta con el Informe Financiero, elaborado por la Licenciada G.M.. de la Dirección de Investigación Judicial. División de Blanqueo de Capitales; análisis que abarca desde el mes de octubre de 2000, al mes de septiembre de 2009.

    En dicho informe se abarca los salarios anuales devengados por la pareja K.C.D.D. y M.A.D..

    Respecto a la señora CUESTA, se establece que en el mes de abril de 2002, a marzo de 2005, aparece que laboró en la Sala de Belleza El Genio, S.A., y de mayo de 2006 a octubre 2007, en Estética Corporal Kathy's Salón; devengando un salario mensual de B/.100.00; haciendo un gran total de B/.5,400.00 en salario. Ello se constata a través del Departamento de Cuentas Individuales de la Caja de Seguro Social.

    Por su parte, el señor M.A.D., no aparace cotizando. tal como consta en los archivos de Cuentas Individuales de la Caja de Seguro Social.

    En cuanto a los ingresos declarados, se especifica que el señor DOMÍNGUEZ, de acuerdo a las declaraciones de rentas realizadas, las utilidades acumuladas son por el orden de los B/.156,750.

    Igualmente aparace el señor S.A.J., quien en la utilidad neta acumulada, reportada en la administración tributaria, asciende a la suma de B/.34,536.42, correspondiente a los períodos 2006 a 2007.

    K.C.D.D., no aparece en la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

    En el apartado denominado: relación de Constitución de cada una de las Sociedades, se puntualiza lo siguiente:

    1. K.S.A.I. en el 27 de octubre de 2003. Aparece como su presidente, la señora KATHERINE CUESTA de DOMÍNGUEZ, se registra que para los años 2004 a 2007, presentaron rentas inferiores a los B/.2,000.00. No obstante, para el año 2008, reflejó un incremento considerable superior a los B/.30,000.00. Las rentas gravables. acumuladas por esta empresa, asciende a B/.37,773.50 -período de 2004 a 2008B.

    2. J., S.A., inscrita el 4 de junio de 2007, su presidente lo es la señor CUESTA de DOMÍNGUEZ. No se presentó declaraciones de rentas, pese a que tiene su inscripción en el año 2007.

    3. Blessed Group Corp., S.A., sociedad inscrita el 24 de marzo de 2008. Su presidente, lo es el señor M.A.D.W.. No registra declaraciones de rentas.

    Es de importancia destacar en este punto que, a través de I.O., se establece que las sociedades Estéticas Corporal Kathy's Salon; Genio High Class; Stilo Foto Estudio; E.B.S.; J.D.L.; K.C.S. y Promociones y Eventos By Stilos, no aparecen registradas en la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas; tampoco inscritas en el Registro Público.

    También en el presente informe se analizan las cuentas bancarias, pertenecientes al señor M.A.D. y KATHERINE CUESTA de DOMÍNGUEZ (fs. 1338):

    - Banco General: se registra la cuenta N°03-03-01-051-566-9, actualmente la cuenta N° 01-0122893-1, en la que consta que el señor D., depositó en un año y cinco meses, la suma de B/.66,562.45 y realizó retiros o débitos, por el orden de B/.66,210.43. quedando un saldo para el 31 de octubre de 2009, por el monto de B/.352.00.

    - Banco HSBC: Cuenta N° 70-8.03-02314-8, titular de la cuenta: K., S.A.F.: KATHERINE CUESTA de DOMÍNGUEZ: refleja que la señora Cuesta, depositó en el mes de septiembre de 2004 a julio de 2009, montos por el orden de B/.210,000.00.

    - Banco HSBC: Cuenta N° 58-8-03-00598-0, actual N° 01-011-7172-7. Aparecen como titulares M.A.D.W./ Est. Corp. K.'sS.. Tiene registrado un depósito por el orden de los B/.166.542.76.

    - Tarjeta Clave Bac International Bank: Tarjeta N° 6033-9500-1800-0806, a nombre de M.A.D.W., refleja como montos de dineros depositados por la suma de B/.43,000.00.

    - Tarjeta Visa Credomatic: N° 5200-5720-3505-6550, a nombre de M.A.D.. Consta que en un período de dos años y seis meses -noviembre de 2006 a julio de 2009-, realizó pagos a la tarjeta por la suma de B/.116,244.63.

    - Tarjeta Visa Credomatic: N° 5200-5701.1200-3024, a nombre de M.A.D.W.. Del mes de octubre de 2007 a julio de 2009, realizó pagos a la tarjeta por el orden de los B/.68,661.63.

    - Tarjeta Visa Citibank: N° 4565-4725-005-8383, a nombre de M.A.D., se realizó un abono por el monto de B/.3,434.40, el 25 de junio de 2009.

    Estos son los aspectos más relevantes plasmados en el Informe Financiero, concluyéndose que a partir del año 2008. tanto el señor M.A.D. y K.C.D.D., cambian su comportamiento adquisitivo y los ingresos percibidos, no justifican los bienes adquiridos, ni los gastos en

    los que incurrían. Por ello, en el informe, se concluye que el señor D.W., no puede justificar la posesión de B/.149,640.00, que le fueron aprehendidos, independientemente que el mismo haya argumentado en su defensa que ese dinero era para comprar un equipo de la empresa, que lo venía guardando poco a poco y que no lo guardó en el banco por las dificultades que hay en las entidades bancarias.

    Luego de una lectura de las principales piezas probatorias que componen la presente encuesta. soy de opinión que se cuentan con los suficientes elementos probatorios que dan cuenta que el dinero incautado, inicialmente en la diligencia de allanamiento, que asciende a la suma de B/.149, 640.00, son de procedencia ilícita, indicios suficientes para no casar la sentencia recurrida y mantener la decisión adoptada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, por las siguientes razones:

    La cantidad de dinero aprehendida -B/.149,640.00, fue arrojada al notarse la presencia de las unidades policiales que desarrollaban la "Operación Águila". justo en el momento en que el señor M.A.D.W. era aprehendido, como consecuencia de las diligencias de seguimiento efectuada.

    La forma en como se encontraba la cantidad de dinero aprehendida en la mochila. es decir tres (3) pacas de papel moneda, en denominaciones de B/.20.00, cada una con la cantidad aproximada a B/.50,000.00, forradas cada una de ellas en papel plástico. es propia de las actividades de narcotráfico.

    No hay que perder de vista que la génesis de la presente encuesta se da, con la información brindada por una fuente colabodora, que proporcionó información acerca de un supuesto grupo que se dedicaba a actividades de narcotráfico y lavado de dinero. detallando el nombre de su líder (M.A.D.W., dándose igualmente información de bienes muebles e inmuebles que poseían, así como puntos de reuniones y detalles que, a la postre, a través de las diligencias de seguimiento y posterior allanamiento, resultaron ser informaciones fiables casi en su totalidad.

    Si bien no se produjo la incautación de una cantidad significativa de droga, solamente marihuana en uno de los vehículos - en la cantidad de 3.09 gramos-, se logra establecer que el dinero en efectivo incautado, es el producto de actividades ilícitas,

    tomando en consideración para ello, en el resultado positivo en la prueba de lon Scan. realizada a tres billetes al azar, dos de los cuales resultaron positivos para la presencia de anphetamina y cocaína.

    Las excepciones brindadas por la pareja M.A.D.W. y KATHERINE CUESTA de DOMÍNGUEZ, en cuanto a la procedencia del dinero incautado, al manifestar que era producto de sus ahorros, producto de los negocios comerciales que manejaban, no son suficientes para establecer su procedencia lícita. Llama la atención del suscrito, que otro de los argumentos esbozados por ambos, para justificar la tenencia de tal cantidad de dinero en efectivo, era la desconfianza y el trámite burocrático del sistema bancario. lo que sorprende, al tenerse conocimiento, a través del Informe Financiero. las transacciones que realizaban ambos procesados en el sistema bancario.

    Otro aspecto a destacar, es que en diligencia de allanamiento realizada a la residencia ubicada en barriada Cumbre del Este. calle principal. casa 29, perteneciente a los procesados CUESTA de DOMÍNGUEZ y D.W., se produjo el hallazgo de una máquina al vacío, marca W.; bolsas plásticas en gran cantidad, 2 potes de grasa marca Penzoil; un billete de denominación de B/.100.00 que a la postre resultó ser falso; documentos de carga para el tránsito aduanero de El Salvador; 4 rollos plásticos usados; tres maletas, 9 envases de grasa marca Texaco y 4 rollos de cinta adhesiva de color gris, usadas; instrumentos propios utilizados para el embalaje de sustancias ilícitas.

    Llama poderosamente también la atención del suscrito, que los procesados M.A.D.W. y K.C.D.D.. al momentos de rendir su indagatoria y justificar sus bienes muebles e inmuebles, así como la tenencia del dinero incautado, fueron coincidentes en señalar que todo ello es producto de sus negocios que administran.

    En tal sentido, el Informe Financiero establece que ambos, solamente tienen registrados tres sociedades, a saber: K., S.A.; J., S.A. Y Blessed Group Corp., S.A.; las dos últimas no registran declaraciones de renta y la primera de éstas declaró rentas inferiores a los B/.2,000.00 para los años 2004 a 2007; reflejando un

    incremento superior a los B/.30,000.00, es decir B/.37,773.50 para el período comprendido de 2004 al 2008; lo que no justifica de ninguna manera la procedencia lícita del dinero incautado, mucho menos los bienes muebles e inmubeles que poseen.

    Cabe destacar que se constató que las empresas que fueron mencionadas por ambos procesados, para justificar su fuente de ingresos, ésta son: Sociedades Estéticas Corporal Kathy's Salon; Genio High Class; Syilo Foto Estudios: E.B.S.; J.D.L.; K.C. Son; y Promociones y Eventos By Stilos; no aparecen registradas en la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

    En cuanto a este aspecto, B.N.A.C., en su libro "Lavado de Activos", expone lo siguiente: "Es de público conocimiento, que el lavado de activos y dinero , también se desarrolla a través de empresas denominadas de fachada o mejor conocidas como "de papel", por cuanto en la realidad no existen, o en algunos casos poseen registro mercantil y razón social, pero las actividades allí realizadas son diferentes, es decir, oficialmente se reporta la constitución de un negocio que, en verdad no es más que un lavadero de activos, para ocultar diversas irregularidades."

    Es oportuno señalar en cuanto a los peritajes existentes en la presente encuesta penal, si bien se cuenta con un peritaje privado, realizado por el licenciado S.J.T., consultable de folios 2099 a 8630, basa gran parte de su estudio y conclusiones. en cuanto a las fuentes generadoras de ingresos de los señores M.A.D.W. y K.C.D.D., precisamente tomando en consideración, aquellas "empresas" señaladas por ambos procesados como suyas, pero que no se encuentran debidamente registradas en el Ministerio de Economía y Finanzas, como tampoco inscritas en el Registro Público; no se encuentran inscritas debidamente, y no reflejan declaraciones de rentas; lo que no hace fiable el peritaje realizado en este sentido.

    En cuanto al señor S.A.J., se registran declaraciones de renta en los períodos del 2006 al 2007. por el orden de B/.34,536.42. En declaración jurada, A.J., señaló trabajar para los señores M.A.D.W. y K.C.D.D., agregando que sus

    ingresos los percibe realizando trabajos de diseño gráfico con su padre, devengando un salario de B/.400.00 a B/.450.00 mensuales.

    A través de Inspección Ocular realizada al Departamento de Cuentas Individuales de la Caja de Seguro Social, se determinó que el señor A.J., laboró en la empresa Adidas, en el mes de mayo de 2005, con un salario mensual de B/.100.00.

    A lo largo de la presente encuesta penal, el señor SALVADOR ALFARO, no aportó elemento alguno que justificara la suma declarada para los años 2006 al 2007, como tampoco aportó elemento probatorio que corroborara los trabajos de diseño gráfico y el salario devengado al realizar estos trabajos con su padre, tal como excepcionó.

    Por las anteriores consideraciones, soy de opinión que debió preservarse la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, al tenerse fuertes indicios de participación criminal de los señores M.A.D.W., K.C.D.D. y S.A.J.. con el delito de Blanqueo de Capitales; indicios que analizados de manera conjunta, nos lleva arribar a esta conclusión.

    Por lo que al no compartir la opinión vertida en la presente resolución. SALVO MI VOTO.

    JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS

    AMINTA CARVAJAL (Secretaria)

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