Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Octubre de 2010

PonenteJerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución29 de Octubre de 2010
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

La Licenciada M.A.Q., en su condición de apoderada judicial del señor F.G.N.A., anunció y formalizó recurso de casación en el fondo contra el Auto 2da. I.. No.220 de 31 de julio de 2009, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a través del cual se confirma la resolución de primera instancia que niega la solicitud de prescripción de la acción penal, en el proceso instruido contra su representado por la supuesta comisión de delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de retención indebida de cuotas obrero patronal de la Caja de Seguro Social.

Cumplidas las fases de admisión y sustanciación y una vez celebrada la audiencia oral y pública, corresponde resolver el fondo del presente recurso.

  1. HISTORIA CONCISA DEL CASO

    Según la casacionista, el proceso penal se inicia con la denuncia interpuesta el 22 de noviembre de 2005, por la señora A.M.E.D.P., contra la Junta Directiva de la Clínica Hospital Bella Vista por la supuesta comisión del delito de retención indebida de cuotas de la Caja de Seguro Social.

    Señala la recurrente que mediante providencia de 8 de enero de 2008, la Fiscalía Décima de Circuito procede a ordenar la indagatoria del señor F.G.N., quien hizo uso de su derecho constitucional de no declarar.

    Finalmente, la censora advierte que mediante resolución de 27 de marzo de 2009, el Juzgado Tercero de Circuito Penal, negó la solicitud de prescripción de la acción penal promovida a favor de su representado. Esta decisión fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

  2. CAUSAL INVOCADA

    El censor fundamenta el recurso en una causal: "cuando infrinjan o quebranten algún texto legal expreso" prevista en el numeral 1 del artículo 2431 del Código Judicial, norma que hace referencia a las causales del recurso de casación contra los autos dictados en materia penal.

  3. MOTIVOS Y ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

    Procede este Tribunal de Casación a analizar los motivos que sustentan la causal alegada, a fin de determinar si los cargos planteados por el recurrente son lo suficientemente significativos y fundados, de tal forma que posean la virtualidad de invalidar la decisión adoptada por el Ad-Quem en el presente caso. Este análisis se realizará tomando en consideración la opinión del Procurador General de la Nación, Suplente.

    En el primer motivo que sustenta la causal, la recurrente expresa que el Tribunal Ad quem incurrió en un error de derecho al no decretar la prescripción de la acción penal, aun cuando ya había transcurrido el término establecido en la ley para aplicar esta figura jurídica en la presente causa.

    El Procurador General de la Nación, Suplente, considera que la recurrente no logra comprobar el cargo, puesto que el ilícito investigado en la presente causa -Retención Indebida de Cuotas Obrero Patronales- contiene una regulación especial que difiere, sustancialmente, de los parámetros temporarios estatuidos para el cómputo de dicha figura en el resto de los delitos.

    Manifiesta el Señor Procurador Suplente que la norma penal que regula la prescripción de la acción penal en los delitos de Retención Indebida de cuotas obrero patronales es el artículo 94 del Código Penal, que establece que la prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida, comenzará a correr desde el día en que el trabajador adquiera el derecho a la pensión o jubilación.

    Para resolver la cuestión planteada, es necesario explicar que la prescripción es una causa de extinción de la acción penal que tiene fundamento en el paso de un período de tiempo determinado en la ley, cuyo efecto principal es imposibilitar la persecución penal de uno o varios sujetos, habiéndose iniciado el proceso o bien esté por originarse.

    En esta materia, es necesario atender, en primer lugar, el lapso que ha de transcurrir para que tenga lugar la prescripción de la acción penal de acuerdo a la penalidad del delito y, en segundo lugar, desde cuándo comienza a correr el plazo establecido en la ley para poder decretar la prescripción de la acción penal.

    Una vez realizada esta breve explicación y atendiendo al caso concreto, presta relevancia mencionar que este proceso penal se inicia el 22 de noviembre de 2005, con la denuncia suscrita por la señora A.M.E.D.P. en la que pone de manifiesto que, al momento de iniciar los trámites para acceder a su jubilación, en la Caja de Seguro Social le informaron que no puede beneficiarse de este derecho en razón de que presenta una morosidad en el pago de sus cuotas en los años 2003, 2004 y 2005.

    La denunciante atribuye esta morosidad a la empresa donde laboraba (Clínica Hospital Bella Vista), pues sus directivos le informaron que estaban pasando por una crisis económica y que cada persona que estuviera en su posición [como trabajadora], tenía que esperar a la venta de la clínica.

    Acorde con el contenido de la denuncia, se incorpora a la investigación la declaración jurada de la señora D.C.D.H., quien adujo haber laborado como Jefa de Contabilidad en el Centro Médico Bella Vista. Esta testigo, además señalar que la empresa contaba con 49 empleados, reseñó que las cuotas obrero patronales dejaron de ser remitidas a la Caja de Seguro Social, toda vez que los ingresos de la empresa no eran suficientes para cubrir todas las deudas (fs.47-50).

    Por otro lado, tal como hizo referencia la casacionista en la "historia concisa del caso", la Agencia de Instrucción, mediante diligencia motivada de 8 de enero de 2009, dispuso recibirle declaración indagatoria al señor F.N.A. "por considerarlo presunto infractor de las normas contenidas en el Título IV, C.V., Libro II del Código Penal".

    Como fundamento de esta determinación, el Agente de Instrucción sostuvo que el señor F.N.A. fungió como Presidente de la empresa Promociones e Inversiones Médicas, S. A. (dueña del Centro Médico Bella Vista) durante parte del período donde se generó la deuda con la Caja de Seguro Social.

    El delito investigado está tipificado en el artículo 195 del Código Penal de 1982 (vigente al momento del hecho), que establece lo siguiente:

    "Artículo 195-D: Quien retenga las cuotas que está obligado a pagar a la Caja de Seguro Social y no las remita a esta Institución, dentro del término de tres meses luego de que surge la obligación de pagar, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años..."

    Respecto al tema de la prescripción, el artículo 93, numeral 6, del Código Penal de 1982 establece que la acción penal prescribe "cumplidos 6 años después de la comisión del hecho punible, si la pena señalada en la ley es mayor de 6 meses y no excede de 6 años de prisión".

    No obstante, el artículo 94-A de la misma excerta legal dispone, en su segundo párrafo, que "la prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida y evasión del pago de cuotas a la Caja de Seguro Social, comenzará a correr desde el día en que el empleado adquiera el derecho a la pensión o jubilación".[1]

    En consecuencia, a pesar de que el término de prescripción de la acción penal en el delito de retención indebida de cuotas obrero patronales, en razón de la penalidad, es de seis años, no se puede obviar que para iniciar el cómputo de dicho término es necesario que la persona a quien le retuvieron las cuotas adquiera el derecho a beneficiarse de la pensión o jubilación.

    Ahora bien, en este caso en particular, no existen constancias que acrediten que la denunciante ANA MARÍA ESTRADA haya adquirido el derecho a jubilarse, pues la empresa en la que laboraba no pagó, durante un período de tiempo, las cuotas obrero patronales necesarias para acceder a este derecho, motivo por el cual no ha iniciado el cómputo del termino de prescripción de la acción penal.

    Además, no es únicamente la denunciante la que resultó afectada por la retención de sus cuotas obrero patronales: según las constancias procesales fueron más de 40 trabajadores, quienes fueron perjudicados por esta acción de la empresa donde laboraban, con lo cual no tendrían derecho a acceder al beneficio de compensación económica luego de su retiro.

    Ante estas circunstancias, la Sala concluye que no ha iniciado el término de prescripción de la acción penal, por lo que no se logra acreditar el cargo de injuridicidad planteado en el primer motivo.

    En el segundo motivo que fundamenta la causal, la recurrente sostiene que el Ad quem no tomó en consideración el principio de ultractividad de la ley penal, toda vez que el texto legal expreso que se tenía que aplicar en este caso, era el que contemplaba el término de prescripción de seis años y, por ende, al haber transcurrido más de ocho años, contados a partir de la comisión del hecho punible, lo procedente era decretar la prescripción de la acción penal.

    El Señor Procurador Suplente, en la vista correspondiente al recurso, refiere que en el presente caso no tiene cabida la aplicación del principio de ultractividad de la ley penal, toda vez que la norma vigente para la fecha de la comisión del ilícito es la que establece que en los delitos de retención indebida, la prescripción de la acción penal comenzará a correr desde el día en que el trabajador adquiera el derecho a la pensión o jubilación.

    Al evaluar el cargo de injuridicidad, es necesario traer a colación que a foja 32 de los antecedentes reposa una certificación del Departamento de Apremio y Cobro de Morosidad de la Caja de Seguro Social, en la que se acredita que en el período comprendido entre diciembre de 2000 a abril de 2006 la empresa denunciada mantiene una morosidad con la institución por el orden de B/.199,702.52.

    Tomando esto en cuenta, el segundo párrafo del artículo 94 (al que se aludió al analizar el primer motivo) fue adicionado por el artículo 2 de la Ley 60 de 1999. Es decir, que al momento en que se cometió la acción de retener las cuotas obrero patronales correspondientes a los trabajadores de la empresa denunciada, estaba vigente la norma jurídica que establece que la prescripción en este tipo de delitos comienza a correr desde el día en que el trabajador adquiera el derecho a la pensión o jubilación.[2]

    Como quiera que en la presente causa, no resulta aplicable el principio de la ultractividad de la ley penal más favorable, la recurrente no acredita el cargo de injuridicidad contenido en el segundo motivo.

    En casación, los motivos deben constituir el fundamento de hecho o el supuesto legal previsto en una disposición, de manera que su comprobación es indispensable a fin de que tenga lugar el proceso de subsunción en la norma, para que se puedan producir los efectos jurídicos esperados. En ese sentido, si no se prueban los motivos, no tiene sentido incursionar en el análisis de las normas denunciadas como infringidas, ya que éstas, sin motivos comprobados y subsumibles en el supuesto legal, no podrán estimarse como vulneradas. Ello es así, porque el recurso de casación está estructurado en forma lógica y coherente, de modo que existe interdependencia entre las diversas secciones del mismo.

    Por las consideraciones expuestas, no se casa la resolución judicial recurrida.

  4. PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA el auto Nº 220 de 31 de julio de 2009, expedido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial dentro del proceso penal seguido a F.G.N.A. y otros, sindicados por el delito Contra el Patrimonio (retención indebida de cuotas obrero-patronales), en perjuicio de la Caja de Seguro Social.

    N. y Devuélvase,

    JERÓNIMO MEJÍA E.

    GABRIEL E. FERNÀNDEZ -- JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA

    MARIANO HERRERA (Secretario)

    [1] Es necesario aclarar que el Código Penal de 2007, vigente en la actualidad, excluye de su normativa lo relativo a la prescripción de la acción penal. Empero, mediante Ley 27 de 2008, fueron introducidas al Código Judicial estas normas (Ver artículos 1968-A a 1968-G del Código Judicial).

    [2]Cfr. Ley No.60 de 29 de diciembre de 1999, "Del delito de retención indebida", Gaceta Oficial No. 23960 de 3 de enero de 2000. Asamblea Nacional de la República de Panamá, www.asamblea.gob.pa, [documento en línea], dirección URL: http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_GACETAS/2000/2000/23960_2000.PDF, fecha de consulta: 7 de octubre de 2010.

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