Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 6 de Enero de 2003

PonenteJosé A. Troyano
Fecha de Resolución 6 de Enero de 2003
EmisorCuarta de Negocios Generales

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, conoce del recurso de anulación contra el Laudo Arbitral de quince (15) de febrero de 2002, dictado en Panamá por Tribunal Arbitral dentro del proceso arbitral comercial llevado a cabo con motivo de la demanda interpuesta por la sociedad SPUR ENTERPRISES, INC. contra CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A..

El recurso de anulación contra el citado laudo arbitral fue presentado el día primero (1°) de abril del presente año por la firma forense ALEMÁN, CORDERO, G. &L., actuando en nombre y representación de CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A.

ANTECEDENTES

La sociedad SPUR ENTERPRISES, INC., con fundamento en la cláusula décimo quinta del Contrato de Asociación N° 168-96 fechado veintitrés (23) de agosto de 1996, presentó ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá formal solicitud de arbitraje en virtud de alegado incumplimiento contractual incurrido por el INTEL, S.A. y/o CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.

A manera de ilustración, pasamos a transcribir la cláusula décimo quinta en mención:

"DÉCIMA QUINTA: Toda disputa, controversia, reclamo o discrepancia que pueda surgir entre INTEL, S.A. Y SPUR ENTERPRISES en relación con el presente Contrato, o por incumplimiento del mismo y que no pueda ser resuelta por la vía de negociación, será finalmente sometida a Arbitraje de conformidad con los Reglamentos de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá...".

Sometida la controversia a arbitraje en equidad, la demandada CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A. en su escrito de contestación de demanda, propuso excepción de falta de competencia del Tribunal Arbitral para conocer de la causa, al considerar que la inexistencia del contrato N° 168-96, implica consecuencialmente la inexistencia de la cláusula arbitral invocada por la demandante. Aunado a lo anterior, advirtió al Tribunal Arbitral la inconstitucionalidad de la frase: "Se entiende la separación del contrato principal y del convenio arbitral a él incorporado, de forma que, en su caso, la nulidad de aquel no comportará necesariamente la de este último" contenida en el párrafo del artículo 11 del Decreto Ley N° 5 de 8 de julio de 1999.

En cuanto a la excepción de falta de competencia, la cual fue debidamente contestada por la demandante del proceso arbitral, el Tribunal Arbitral manifestó ser competente para conocer de la causa, procediendo a considerar las pretensiones del demandante, las cuales resumió de la siguiente forma:

"1. La existencia del Contrato 168-96.

  1. - De existir el Contrato, si este era por 10 ó por 3000 teléfonos públicos.

  2. - De existir el Contrato y de haber sido violado por la demandada, cuáles son los daños y perjuicios que le corresponden a la demandante SPUR ENTERPRISES, INC.".

    En cuanto a la advertencia de inconstitucionalidad presentada por CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A. contra el artículo 11 del Decreto Ley N° 5 de 8 de julio de 1999, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución fechada ocho (8) de abril del presente año, la declaró NO VIABLE.

    Siendo así, el Tribunal Arbitral, considerando las pretensiones del demandante, analizó ciertos temas, arribando a conclusiones que consideramos de interés mencionar:

  3. Entre INTEL, S.A. Y SPUR ENTERPRISES, INC. existió un Contrato de Asociación que surgió como una respuesta a la contemplada inversión privada en la telefonía pública de Panamá, de la cual el INTEL, S.A. era el concesionario exclusivo.

  4. Mediante el Contrato de Asociación suscrito entre las partes, era el contratista privado el requerido a aportar el capital, la tecnología y el riesgo financiero sin que para el proyecto se celebrara un acto de licitación pública.

  5. INTEL, S.A. utilizó el sistema de Contratos de Asociación para lograr el compromiso privado de instalar teléfonos públicos de tarjetas en el país, con la expectativa de recibir un porcentaje de los ingresos, pero sin invertir ni comprometer recursos públicos.

  6. Durante las discusiones celebradas por las empresas que forman parte del Contrato de Asociación, se inició el proceso de privatización del INTEL, S.A., lo que coloca dichos contratos en una condición especial que cuestiona seriamente la obligación del refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

  7. Para determinar el número de teléfonos a instalar por parte de SPUR ENTERPRISES, INC., el Tribunal acudió a una fórmula de distribución proporcional sobre la base del avance que a la fecha había tenido el programa de instalación de teléfonos públicos y semipúblicos por parte de CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A..

    Finalmente, cabe señalar que el Laudo Arbitral proferido el quince (15) de febrero del presente año, condenó a la parte demandada, CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., a cancelar a favor de SPUR ENTERPRISES, INC., sumas en concepto de daño emergente, lucro cesante y costas, dentro de un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.

    1. FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL:

    La solicitud de anulación del Laudo Arbitral proferido en equidad el día quince (15) de febrero de 2002, la cual tiene por objeto que esta Sala anule y deje sin efectos el mismo, se fundamenta, principalmente, en la alegación que hace CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., de que el Laudo Arbitral en cuestión es contrario al orden público panameño, situación que constituye una de las causales de anulación de laudos arbitrales, tal como lo establece el artículo 34, numeral 2 del Decreto Ley N° 5 de 1999, por el cual se establece el Régimen General de Arbitraje de la Conciliación y de la Mediación.

    La alegada violación al orden público panameño efectuada por los apoderados especiales de CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., consiste básicamente en lo siguiente:

  8. El Convenio N° 168-96 de 23 de agosto de 1996 suscrito entre INTEL, S.A. Y SPUR ENTERPRISES, INC., no fue refrendado por la Contraloría General de la República, lo cual era una condición indispensable para el perfeccionamiento de la contratación.

  9. Al no cumplirse una condición esencial como lo es el refrendo, el convenio N° 168-96 de 23 de agosto de 1996, no nace a la vida jurídica y no puede surtir efectos fiscales.

  10. Toda vez que el contrato no había sido perfeccionado y concluido el proceso de privatización del INTEL, S.A., quien cambió su razón social a CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., ésta última decidió instalar y operar directamente nuevos teléfonos públicos activados con tarjeta inteligente prepagada.

    1. OPINIÓN DE LA SALA:

    Visto el planteamiento efectuado por las partes, consideramos menester para determinar la validez o no del Laudo Arbitral proferido, efectuar un análisis de las alegadas leyes aplicables a la relación contractual existente entre INTEL, S.A. y SPUR ENTERPRISES, INC., cuya supuesta violación ha dado origen a la solicitud de anulación impetrada por CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.

    1. Ley N° 32 de 8 de noviembre de 1984 por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República:

      La referida ley establece la misión que tiene la Contraloría General de la República de fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir, fenecer y juzgar las cuentas relativas a los mismos.

      Tal como lo establece el artículo 2 de la citada excerta legal, la Contraloría ejercerá acción sobre:

      "...todas las personas y organismos que tengan a su cargo

      la custodia o el manejo de fondos o bienes del Estado, de los Municipios,

      Juntas Comunales, empresas estatales, entidades autónomas y semi-autónomas, en

      el país o en el extranjero. También se

      ejerce esta acción sobre aquellas personas u organismos en los que tenga

      participación económica el Estado o las entidades públicas y sobre las personas

      que reciban subsidio o ayuda económica de dichas entidades y sobre aquéllas que

      realicen colectas públicas, para fines públicos, pero tal acción será

      proporcional al grado de participación de dichos entes públicos.

      Se excluye de la acción de la Contraloría las organizaciones sindicales, las sociedades cooperativas y demás entidades cuya fiscalización, vigilancia y control sean de competencia, de acuerdo con disposiciones legales especiales, de otros organismos oficiales".

    2. Ley N°. 5 de 9 de febrero de 1995 por la cual se reestructura el Instituto Nacional de Telecomunicaciones:

      Esta ley reestructura el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y lo convierte en Instituto Nacional de Telecomunicaciones, S.A., sociedad anónima que se regirá por la Ley 32 de 1927 y que estará sujeta a los requisitos y trámites del Código Fiscal y a la fiscalización de la Contraloría General de la República, mientras el Estado sea el propietario del cien por ciento (100%) de las acciones.

      El artículo 33 de la citada excerta legal establece la aplicación del artículo 74 del Código Fiscal, mientras el Estado mantenga el cien por ciento (100%) de las acciones del INTEL; S.A. Sin embargo, como veremos posteriormente, este artículo del Código Fiscal fue derogado por el artículo 118 de la Ley 56 de diciembre de 1995, por la cual se regula la contratación pública y se dictan otras disposiciones.

    3. Decreto Ejecutivo N° 88 de 10 de mayo de 1995 por el cual se establecen los PRINCIPIOS Y NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. (INTEL, S.A.):

      Este Decreto Ejecutivo tiene como propósito fundamental establecer una serie de principios y normas para la contratación de bienes y servicios por parte del INTEL, S.A, los cuales comenzaron a regir a partir de la inscripción en el registro público de la escritura de constitución de la sociedad anónima el día 17 de mayo de 1995.

      Fundamentándose en el artículo 74 del Código Fiscal (derogado por el artículo 118 de la Ley 56 de diciembre de 1995), se estipula que: "...el proceso de contratación se regirá por las disposiciones del Código Civil o el Código de Comercio compatible con el régimen jurídico de INTEL, S.A. Las disposiciones del Código Fiscal en materia de contratación tendrán carácter subsidiario" (ver artículo 1).

      Posteriormente, establece los principios que regirán el proceso de evaluación y selección de las propuestas presentadas para la contratación de bienes y servicios del INTEL, S.A.

      El tercer principio consiste en establecer los procedimientos que se utilizarán para la contratación de bienes y servicios, los cuales se clasifican de la siguiente forma:

      3.1 Contrataciones de bienes y servicios hasta B/.5,000.00.

      3.2 Contratación de bienes y servicios de B/. 5,000.01 a B/. 50,000.00.

      3.3 Adopción del sistema de concurso cuando el monto de contratación sea de B/. 50,000.01 o más.

      3.4 Se establece que en contrataciones de B/.200,000.01 en adelante se requerirá el concepto de un comité evaluador integrado por no menos de tres (3) ni más de cinco (5) miembros.

      3.5 Utilización del sistema de precalificación a consideración del INTEL, S.A.

      3.6 Posibilidad de contratos de asociación con empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que operen dentro o fuera del territorio nacional, para sus programas de expansión, operación, funcionamiento y mantenimiento, con el propósito de obtener condiciones ventajosas para el INTEL, S.A. (las negritas son de la Sala).

      3.7 Se estipula el control y fiscalización de la Contraloría General de la República, mientras el Estado sea el titular de cien por ciento (100%) de las acciones del INTEL, S.A.

    4. Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 por la cual se regula la contratación pública y se dictan otras disposiciones:

      En principio, la citada ley se aplica a las contrataciones que realiza el Estado, sus entidades autónomas o semiautónomas para la ejecución de obras públicas, adquisición o arrendamiento de bienes, prestación de servicios, operación o administración de bienes y gestión de funciones administrativas.

      Por su parte, el artículo 2 de la comentada excerta legal, regula la contratación de empresas comerciales e industriales del Estado y empresas de economía mixta, estableciendo lo siguiente:

      "Las sociedades en las cuales el Estado tenga participación económica o control efectivo, o cuya propiedad total sea del Estado, y que se dediquen a actividades comerciales e industriales, o aquellas entidades públicas que la ley autorice, se regirán por las normas de derecho privado, para la adquisición de bienes o servicios, o en sus relaciones contractuales con terceros, salvo las normas previstas en sus respectivos, (sic) instrumentos de creación. Estas empresas celebrarán los contratos para la adquisición de bienes y servicios con fundamento en el principio de libertad de concurrencia. Las disposiciones de la presentes (sic) ley en materia de contratación pública de tales entidades, tendrán carácter subsidiario, siendo de aplicación preferente, a esta Ley, las disposiciones especiales relativas a la contratación de tales organismos y las del Código Civil y del Código de Comercio, compatibles con el régimen jurídico de tales entidades públicas y con el interés público que se persigue mediante el mecanismo contractual por parte del Estado" (las negrillas son de esta Sala).

      De lo anteriormente expuesto tenemos que colegir que al momento que INTEL, S.A. suscribió el Contrato de Asociación N° 168-96 para brindar servicios de telefonía pública y semipública con SPUR ENTERPRISES, INC., era una entidad cien por ciento (100%) estatal. Sin embargo, tal como se desprende del texto de la Ley N° 5 de 1995, por medio de la cual se reestructura el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), y se convierte en una sociedad anónima denominada Instituto Nacional de Telecomunicaciones, S.A., (INTEL, S.A.), ésta es una entidad estatal que se dedica a actividades comerciales consistentes en la prestación de servicios de telecomunicación y telefonía móvil celular, siéndole aplicable, por tanto, las disposiciones de la ley sobre contratación pública, únicamente de forma subsidiaria y siendo de aplicación preferente a sus relaciones contractuales, las normas del Código Civil y del Código de Comercio.

      Debemos entender que las contrataciones realizadas por INTEL, S.A., para la adquisición de bienes o servicios y/o en sus relaciones contractuales con terceros, se rigen por las normas de derecho privado. Por tal razón, a pesar de existir una ley especial posterior en materia de contratación pública, aplicable a las contrataciones que realice el Estado, la misma no constituye el fundamento de derecho que utilizaremos para resolver la presente causa.

      Contratos de Asociación:

      Tal como lo manifestó en su momento el Tribunal Arbitral, la relación contractual existente entre INTEL, S.A. Y SPUR ENTERPRISES, INC. fue amparada bajo la denominación de "Contrato de Asociación para brindar servicios de teléfonos públicos y semipúblicos".

      Los Contratos de Asociación con empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que operen dentro o fuera del territorio nacional, para programas de expansión, operación, funcionamiento y mantenimiento, con el propósito de obtener condiciones ventajosas para el INTEL, S.A., constituye una de las modalidades de contratación para la obtención de bienes y servicios que se encuentran reguladas en el Decreto Ejecutivo N° 88 de 10 de mayo de 1995.

      Del Contrato de Asociación N° 168-96 de veintitrés (23) de agosto de 1996 se desprende a todas luces la existencia de una relación jurídica, contractual y comercial entre INTEL, S.A. y SPUR ENTERPRISES, INC., tendiente a la obtención de ganancias provenientes de la instalación de teléfonos públicos y semipúblicos de avanzada tecnología.

      Del análisis de la Ley N° 5 de 9 de febrero de 1995, por medio de la cual el INTEL se convierte en INTEL, S.A., sociedad anónima con la que SPUR ENTERPRISES, INC. suscribió el contrato de asociación que dio origen al Laudo Arbitral, claramente se desprende que la misma fue el mecanismo legal por medio del cual se establecieron los parámetros que serían utilizados para la posterior venta de acciones estatales a la empresa privada. Dicha situación denota el marcado interés de convertir una empresa estatal en privada. Durante el período de transición, el cual finalmente implicó la venta del cuarenta y nueve porciento (49%) de las acciones de INTEL, S.A. a CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A. en mayo de 1997, se dieron una serie de pasos tendientes a establecer relaciones comerciales con otras empresas que pudieran prestar servicio de telefonía, que resultara lucrativo para la empresa estatal, entre éstos la suscripción del contrato N° 168-96 con SPUR ENTERPRISES, INC.

      Toda vez que al momento de la celebración del Contrato de Asociación, INTEL, S.A. era una sociedad anónima que se dedicaba a actividades comerciales, no siéndole aplicables, por tanto, las normas que regulan la contratación pública (a pesar de encontrarnos frente a una entidad estatal), sino las normas del derecho privado, sería imposible obviar la existencia de un contrato que es ley entre las partes y del cual se derivan una serie de derechos y obligaciones, que se presumen legales y válidos, debiéndose probar ante la jurisdicción correspondiente cualquier señalamiento contrario.

      A nuestro juicio, y por las razones expuestas, no sería ajustado a derecho, ni justo ni equitativo, que la empresa SPUR ENTERPRISES, INC. se viera afectada con la anulación de un laudo arbitral con fundamento en el numeral 2 del artículo 34 del Decreto Ley N° 5 de 1999, es decir, por resultar el laudo contrario al orden público, y mucho menos cuando debió ser INTEL, S.A., la solicitante de la declaración de nulidad, la que velara por que se cumplieran todas las posibles condiciones que pudieran de alguna forma afectar la contratación, no debiendo valerse de su omisión para lograr un beneficio. Así, consideramos que la falta de refrendo de Contraloría no es óbice para desconocer la intención de las partes de obligarse al cumplimiento de usa serie de cláusulas estipuladas en el contrato suscrito, más aún cuando en el contrato consta la revisión por parte de la Dirección de Control Fiscal el día 18 de marzo de 1997, y posteriormente traspasado a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A, a fin que ésta decidiera seguir o no con su ejecución.

      No queremos pasar inadvertido un tema de vital importancia como lo es el relativo a que el Laudo Arbitral cuya anulación se solicita es contrario al orden público panameño, alegación que fue sustentada por el peticionario con base en las consideraciones de invalidez que hemos expuesto.

      A este respecto, la Sala desea manifestar que las violaciones al orden público que señalan los recurrentes, como es palpable, no constituyen más que alegaciones a violaciones a normas legales que distan mucho de lo que se debe entender jurídicamente como un laudo "contrario al orden público panameño" como causa legal que acaree la nulidad del laudo arbitral en comento. En realidad lo que se pretende y tutela con esta causal es que el laudo no sea el resultado o decisión de un proceso arbitral en el que la naturaleza de la materia debatida sean cuestiones de interés social protegidas especialmente para no lesionar las superiores conveniencias de la sociedad o los legítimos derechos de terceros, de manera que solo quede sujeto a la decisión de los árbitros aquellos asuntos que les permitan fallar con absoluta prescindencia de los mandatos de la ley, como lo son los intereses puramente particulares o privados de los litigantes.

      No obstante lo expuesto, pasaremos a analizar lo que el recurrente erróneamente considera contrario al orden público como causal de nulidad del laudo arbitral. En este sentido, la Sala considera que la causal invocada de violación al orden público panameño, fundamentada en la supuesta "contravención de las normas de orden público relativas a los requisitos de perfeccionamiento de contratos de entidades en que el Estado tiene participación económica y del ámbito de acción de la Contraloría General de la República", como lo hemos analizado en líneas anteriores, no debe considerarse como válida, ya que evidentemente el Laudo Arbitral en estudio, ha sido dictado sin incurrir en violación o contrariar de forma alguna el ordenamiento jurídico interno por cuanto el contenido del fallo, o lo decidido, en lo que a su naturaleza se refiere, era eminentemente de interés privado y particular.

      Por otra parte, el solicitante de la anulación, efectúa una serie de alegaciones tendientes a demostrar las supuestas violaciones al orden público, entre las cuales tenemos, además de la supuesta contravención indicada en el párrafo anterior, contravenciones relativas a la constitucionalidad de las leyes, a la garantía constitucional del debido proceso e inadmisibilidad de la prueba testimonial para probar obligaciones de mayor cuantía.

      Con relación a la alegada violación del orden público por contravenciones a la constitucionalidad de las leyes, tal como hemos mencionado, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución fechada el ocho (8) de abril del presente año declaró no viable la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A. contra el artículo 11 del Decreto Ley N° 5 de 8 de julio de 1999 que estatuye la validez del convenio arbitral, aun cuando el contrato principal sea nulo, principio este que es reconocido doctrinalmente y que mantiene nuestra legislación al no prosperar la referida declaración de inconstitucionalidad.

      En cuanto a los temas de garantía constitucional del debido proceso e inadmisibilidad de la prueba testimonial para probar obligaciones de mayor cuantía, luego de un análisis del Laudo Arbitral, no evidenciamos de forma alguna la infracción de las mencionadas garantías. Por el contrario, se observa una exhaustiva labor por parte del Tribunal Arbitral en obtener la verdad material y arribar a una solución justa y equitativa, considerando en todo momento, para tal fin, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes y cumpliendo a cabalidad con las normas establecidas en el Reglamento de Arbitraje, Conciliación y Mediación dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá.

      Con relación al tema de la garantía constitucional del debido proceso legal, esta Superioridad se pronunció con anterioridad sobre este tema, mediante resolución dictada el dieciséis (16) de marzo del dos mil uno (2001) dentro del recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral de 14 de diciembre de 2000 proferido en el proceso arbitral seguido entre TELEPHONE & TECHNOLOGIES, S.A. Y CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., de la siguiente forma:

      "El recurrente manifiesta básicamente que en el laudo

      citado el trámite, enjuiciamiento y decisión de la controversia no se resolvió

      conforme al debido proceso, sino aplicando criterios arbitrarios y sin sustento

      probatorio válido. Sobre la garantía

      constitucional del debido proceso legal, resulta preciso recalcar que se trata

      de una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las

      partes en todo proceso legalmente establecido, que se desarrolle sin dilaciones

      injustificadas; oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente;

      de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte

      contraria; de aportar preubas (sic) lícitas relacionadas con el objeto del

      proceso y de contradecir las de la contraparte; de modo que los sujetos

      procesales puedan defender efectivamente sus derechos...".

      De lo anterior, se infiere claramente que la violación de garantías constitucionales del debido proceso e inadmisibilidad de pruebas, únicamente pueden alegarse en circunstancias específicas en las que el procedimiento no se cumple a cabalidad y según los parámetros procesales establecidos, al punto de impedirle a una de las partes la oportunidad de probar y contraprobar con clara violación a su derecho de defensa, situación que no es el caso.

      Para concluir, esta S. ha manifestado en diversas ocasiones que la Corte Suprema de Justicia, no debe, bajo ningún concepto, convertirse en un Tribunal de Apelaciones que conozca de las decisiones proferidas por los Tribunales Arbitrales ya que se estaría desvirtuando la figura del arbitraje particular.

      Tal como se pronunciara esta S. en el fallo proferido el dieciséis (16) de marzo del año dos mil uno (2001), el cual aplica analógicamente, en cuanto a este tema respecta, deseamos resaltar lo siguiente:

      "...Todo pronunciamiento o laudo dictado por un árbitro, legalmente constituido, que le ponga término a un conflicto, lleva aparejada tanto la posibilidad de recurrir por las partes contra la decisión, cuando ésta no se ajuste al procedimiento acordado, como la aceptación del fallo; en este caso, a la Sala llama la atención que la decisión vertida fue unánime; es decir, el árbitro designado por el recurrente encontró justo lo decidido; por lo que reiteramos, la Corte no puede constituirse en un Tribunal de Segunda Instancia, ante la impugnación sistemática de un Laudo Arbitral, sin el debido sustento...".

      Así, un laudo arbitral proferido en virtud de una cláusula pactada por las partes contratantes, salvo los presupuestos establecidos en el artículo 34 del Decreto Ley N° 5 de 1999, que además de ser debidamente probados, deben configurarse evidentemente, debe ser respetado por las partes sometidas a la decisión del Tribunal Arbitral, ya que de lo contrario estaríamos violando uno de los fines esenciales del derecho, y no menos importante que el orden público, cual es la seguridad jurídica, fin que justifica la existencia de la Sociedad y del Derecho, y que constituye "el principio inmediato de la legitimación de la legalidad", tal como lo señalan LEGAZ y LACAMBRA en su obra titulada "Filosofía del Derecho", de la editorial Bosch, Barcelona, 1961.

      En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA el recurso de nulidad de Laudo Arbitral propuesto por CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. Contra el Laudo Arbitral de quince (15) de febrero del dos mil dos (2002) y dictado dentro del Proceso Arbitral seguido entre CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. Y SPUR ENTERPRISES, INC.

      N.,

      (fdo.) JOSÉ A.

      TROYANO

      (fdo.) A.A.A. L.

      (fdo.) C.P.B.

      (fdo.) CARLOS H. CUESTAS

      G.

      Secretario General