Sentencia Generales de Supreme Court (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 5 de Marzo de 2008

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución 5 de Marzo de 2008
EmisorSala Cuarta de Negocios Generales

VISTOS:

Ha

ingresado a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte

Suprema de Justicia, procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de

Abogados, el cuaderno contentivo de la denuncia por Falta a la Ética

Profesional y Responsabilidad del Abogado, interpuesta por la licenciada Eidy

Lorena De Puy F., quien posteriormente sustituyó poder a favor de E.A.

De Puy, en representación de los señores J.L. DE PUY GARCÍA y ERICK

RAFAEL DE PUY GARCÍA, contra los licenciados M.L. DE MURGAS y FIDEL

MURGAS ABREGO, a fin de que se decida sobre lo solicitado por dicho tribunal,

en cuanto a si procede o no la citación a juicio de los licenciados demandados,

por la supuesta comisión de la falta contenida en el literal "h" del artículo

34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.

ANTECEDENTES

Los señores

J.L. DE PUY GARCÍA y ERICK RAFAEL DE PUY GARCÍA, mediante

apoderada judicial, presentaron denuncia el día 6 de junio de 2000, ante el

Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, contra los licenciados

M.L. DE MURGAS y F.M.A., por supuesta infracción del

código de conducta que debe mantener todo abogado en el ejercicio de la

profesión.

De la denuncia presentada, la cual fue admitida por el Tribunal de Honor mediante resolución de 14 de junio de 2000, se infiere que los hechos ocurrieron los días 3 de septiembre y 12 de noviembre de 1999, además que fue interpuesta denuncia ante la esfera penal por delito de prevaricación contra los abogados acusados, de la cual se aporta documentación. (Ver. fs. 2 y 3, 258).

El

Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, mediante vista de 3 de diciembre de 2004, resuelve requerir a

esta Superioridad que se decrete la citación a juicio de los licenciados MAGALY

LEZCANO DE MURGAS, portadora de la cédula de identidad personal Nº

4-139-634 y F.M.A.,

portador de la cédula de identidad personal Nº 4-112-444, por infringir el

Código de Ética y Responsabilidad del Abogado, en su artículo 34, literal "h",

con fundamento en lo siguiente:

"...Tal como consta en este expediente, la parte actora ha denunciado y querellado ante las instancias correspondientes a los abogados acusados por el delito de prevaricación en perjuicio de las sociedades anónimas ANDY ELENA, S.A. (también por apropiación indebida), PRODUCTORA MARÁN, S.A., AN DE PUY, S.A. y DE PUY FAGIA, S.A., con base a los siguientes hechos: 1. El día veintiuno (21) de septiembre de 1999, la Licenciada LEZCANO BOUCHE DE MURGAS instauró proceso laboral en nombre y representación de las señora M.C. DE PUY GARCÍA y MARÍA ELENA DE PUY DE MORENO, en contra de las sociedades arriba mencionadas. 2. El día once (11) de octubre de 1999, el Licenciado MURGAS ABREGO de la firma de abogados MURGAS & MURGAS, actuando en nombre y representación de la señora MIRIAM DE PUY LASSO, contestó dicha demanda laboral, para efectos prácticos, aceptando todos y cada uno de los hechos así como las pruebas, la cuantía y el derecho invocado contenidos en la misma. Adicionalmente, las constancias procesales que reposan en el expediente laboral demuestran que la parte demandada no ejercitó una defensa rigurosa en contra de los cargos que se le imputaban, las cuales evidencias, además, una actitud sumisa de la parte demandada con respecto a los cargos formulados. Por lo tanto, las empresas demandadas, al dar contestación al libelo de la demanda, a través de la firma MURGA & MURGAS, reconocieron, admitieron y aceptaron expresamente los hechos afirmados por la parte contraria. Además, esta firma de abogados se dio por notificada de la Sentencia Nº 18 de 17 de noviembre de 1999, y más aún, se allanaron del término respectivo. Esto ocasionó daños y lesiones patrimoniales para la parte demandada producto del supuesto delito de prevaricación. 3. De los escritos y constancias que reposan en el expediente, al igual que los respectivos poderes conferidos a dichos profesionales del Derecho, se observa que el Licenciado MURGAS ABREGO y la licenciada LEZCANO BOUCHE DE MURGAS, poseen el mismo domicilio y laboran en el mismo despacho profesional denominado MURGAS & MURGAS, ubicado en el Nº 1 del Primer Piso, Edificio Banco Universal, Avenida 9 de enero, ciudad de D., Provincia de Chiriquí, República de Panamá. 4. Que ambos profesionales del Derecho eran esposos al momento en que se tramitó el proceso laboral antes mencionado, de acuerdo a Certificado de Matrimonio expedido por la oficina del Registro Civil. 5. Los esposos MURGAS representaron en el proceso laboral en mención a los trabajadores, por una parte, y por la otra, a la empresa demandada lo cual, además de constituir suficientes elementos para justificar una investigación penal para determinar si hay o no el delito de prevaricación, configura los presupuestos de una falta a la ética y responsabilidad profesional del abogado que establece el literal "h" del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.

Por lo tanto, el simple hecho de haber tramitado un

mismo proceso en el cual dos (2) miembros de una misma firma de abogados y, más

aun, esposos, quienes representaron simultáneamente intereses adversos en dicho

proceso es que tenemos toda la justificación para concluir que existe

suficiente indicio como para pedirle a la Sala Cuarta de Negocios General de la

Corte Suprema de Justicia, que encause al L.F.M.A. y su

socia y esposa, la Licenciada M.D.C.L. BOUCHE DE MURGAS, por

la infracción del Artículo 34, propiamente el Literal "h", del Código de Ética

y Responsabilidad Profesional del Abogado."

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DEL TRIBUNAL

Los licenciados M.L. DE MURGAS y F.M.A., sostienen en su oposición que la denuncia presentada en su contra fue fundada en el presunto delito de prevaricación en ocasión de la sustanciación del Proceso Laboral interpuesto por M.C. De Puy García y M.E. De Puy de Moreno, contra las empresas ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S.A., DE PUY FAGIA, S. A. Y PRODUCTORA MARÁN, S.A., dentro de cuyas sociedades, los denunciantes argumentan ser accionistas, pese a que no se aportó prueba de dicha condición y por tanto, estiman que carecen de legitimación en la causa.

Señalan

que, en efecto, la Lcda. LEZCANO DE MURGAS interpuso en representación de

M.C. De Puy García y M.E. De Puy de Moreno, un Proceso

Laboral en el cual se exigía el pago de prestaciones sociales que se le

adeudaban, y que si bien dicha demanda

fue contestada por conducto de la firma Murgas & Murgas, aceptando los

hechos en que se fundamentaba, fue en cumplimiento de instrucciones impartidas

por las entidades demandadas, en vista de que las demandantes eran trabajadoras

y se le adeudaban tales prestaciones.

Hacen

mención que el licenciado E.A.D.P.G., a quien le fue conferido

poder por los denunciantes en la presente causa, en el Proceso Laboral se hizo

representar como Administrador Judicial y aceptó consignar un cheque para pagar las prestaciones laborales adeudadas,

lo que demuestra la certeza de las pretensiones esgrimidas en el Proceso

Laboral y descarta con ello la supuesta simulación judicial.

Estiman, que los denunciantes carecen de legitimidad para denunciarlos pues sus clientes están totalmente satisfechos con los servicios profesionales brindados.

Manifiestan que, en atención a las denuncias penales presentadas, primero, por el supuesto delito de prevaricación, interpuesta en su contra, el Juzgado Municipal del Distrito de Bugaba, RamoPenal, por Auto Nº 226 de 20 de noviembre de 2001, los sobreseyó al no haberse acreditado el hecho punible; y segundo, por el supuesto delito de Falsificación de documentos públicos y estafa, promovida en contra de sus hermanas, M. de P.G. y M.E. De Puy de Moreno y M.D.P.L., el Juzgado Sexto de Circuito de Chiriquí, Ramo Penal, dictó un sobreseimiento definitivo, pues consideró que el hecho denunciando no había sido ejecutado.

Finalmente,

conceptúan que es injusto que se les

pretenda juzgar dos veces por una supuesta conducta delictiva la cual ha sido

investigada y en las cuales ha quedado claro la inexistencia del supuesto

delito de prevaricación, y donde estiman que no han faltado a la ética

profesional, pues la licenciada M.L. DE MURGAS no es miembro o socia

de la firma forense Murgas y Murgas, por la mera circunstancia del vínculo

matrimonial que los une, por lo que solicitan el archivo del expediente.

ESCRITOS DE EXCEPCIONES DE LOS DENUNCIADOS

En

atención al artículo 28 de la Ley Nº 9 de 18 de abril de 1984 (reformada por la

Ley Nº 8 de 16 de abril de 1993), los abogados denunciados presentaron

excepciones de prescripción y por falta de legitimación en la causa y un

Incidente de Nulidad por falta de presentación personal de la denuncia y omisión

en la notificación del traslado de la misma, por lo que pasamos a exponer los

hechos en que se apoyan cada una por separado:

Excepción de Prescripción:

Sostienen los denunciados que, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados citó a los señores E.R. De Puy y J.L.D.P.G., para que comparecieran ante el dicha entidad a llenar con sus datos la denuncia, como un requisito elemental para tenerla como presentada, de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Ley N 9 de 18 de abril de 1984, modificado por el artículo 5 de la Ley N 8 de 16 de abril de 1993. No obstante, los mismos no comparecieron en los términos requeridos por el Tribunal, por lo que legítimamente no existe tal denuncia.

Señalan a su vez que, en su denuncia que los hechos ocurrieron los días 21 de septiembre de 1999 y 12 de noviembre de 1999, por lo que a la fecha han transcurrido siete (7) años consecutivos, cuyo término rebasa en exceso el contemplado para ejercer la acción disciplinaria correspondiente de conformidad con lo que establece el artículo 38 de la citada ley.

Excepción por falta de legitimación:

Indican

los denunciados que, la señora E.L. De Puy Fuentes suscribió denuncia en

su contra por faltas a la ética profesional en representación de Erick Rafael

De Puy y J.L.D.P.G., al estimar que dentro del Proceso Laboral

incoado por M.C. De Puy y M.E. De Puy de Moreno, contra las

sociedades Andyelena, S. A, An De Puy, S.A., De Puy Fagia, S.A. y Productora

Marán, S.A., se afectó el patrimonio de dichas entidades, y que por ser

accionistas de tales empresas se consideran denunciantes legítimos.

Añaden

que, en la denuncia no se observa que

las sociedades señaladas como partes interesadas hayan solicitado el inicio de

una investigación en los términos que establece el artículo 21 de la ley en

comento, y tampoco se acreditó la

condición de accionistas de los señores E.R. De Puy y J. L. De Puy

García, por lo que debe rechazarse dicha pretensión.

Incidente de Nulidad por falta de presentación personal de la denuncia y omisión de la notificación del traslado de la misma:

Manifiestan

los abogados denunciados que los señores

E.R. De Puy y J. L. De Puy García, no comparecieron ante el

Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados a suscribir o presentar

personalmente denuncia en su contra, y además que el Tribunal no les notificó personalmente, ni por edicto

o por correo recomendado el traslado de la denuncia, por el contrario, les

remitió una nota por medio de una empresa privada de transporte sin que exista

la constancia de su entrega.

DECISIÓN DE LA SALA

Una vez cumplido el trámite contemplado en la Ley Nº

9 de 18 de abril de 1984 por la cual se regula el ejercicio de la abogacía

(Reformada por la Ley Nº 8 de 16 de abril de 1993) esta Sala de la Corte pasa a

decidir sobre la viabilidad de la solicitud del Tribunal de Honor del Colegio

Nacional de Abogados, en cuanto al llamamiento a juicio de los licenciados

M.L. DE MURGAS y F.M.A., por la supuesta infracción del

artículo 34, literal "h" del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del

Abogado.

Luego de un análisis detallado de los elementos de prueba aportados a la presente causa por las partes involucradas, esta Superioridad pasa a externar las siguientes consideraciones:

De las

piezas procesales estudiadas se desprende que, la denuncia fue presentada por

la Lcda. E.L. De Puy F. (sustituida posteriormente por el Lcdo. E.A.

De Puy G.), en representación de los señores E.R. De Puy y J. L. De Puy, contra los licenciados

M.L. DE MURGAS y F.M.A., con fundamento en una denuncia

penal por el supuesto delito de prevaricación, cometido por dichos abogados

dentro del Proceso Laboral incoado por las señoras M.C. De Puy

García y M.E. De Puy de Moreno, contra las empresas ANDYELENA, S. A., AN

DE PUY, S.A., DE PUY FAGIA, S.A. y PRODUCTORA MARÁN, S.A., en las cuales

solicitaban el pago de prestaciones laborales que le adeudaban. (Fs. 2 -4).

De las Certificaciones de Registro Público que reposan a foja 10 a 16 del expediente, se infiere que los denunciantes son accionistas de las empresas o sociedades arriba señaladas, en las cuales la Presidenta y R.L. es la señora M.M.D.P.L..

En el proceso laboral en mención el licenciado F.M. actuó como miembro de la firma Murgas & Murgas, apoderados judiciales de las empresas arriba descritas, de acuerdo al poder especial conferido por la Presidenta y Representante Legal de las mismas, la señora M.D.P.L., visible a fojas 22 y 23; y la licenciada M.L.D.M., actuó como apoderada judicial de las demandantes en el proceso laboral, de acuerdo al poder especial conferido visible a fojas 17 y 18 del dossier.

Estima la

Sala que, si la actuación de los abogados denunciados dentro del Proceso

Laboral ocasionó perjuicios a las sociedades ya señaladas, de las cuales los

señores E.R. De Puy y J.L.D.P.G., son accionistas, de

conformidad con lo que establece el artículo 593 del Código Judicial, el

abogado o firma forense que presentara la denuncia por faltas a la ética ante

el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, debió estar legítimamente

investido de poder especial otorgado por el Presidente o Representante Legal de

las empresas, cuya facultad, en el presente caso y de acuerdo a lo contemplado

en la Certificación expedida por el Registro Público, recae sobre la señora

M.M. De Puy Lasso. Ver

Sentencia de 24 de agosto de 1994. Corte Suprema de Justicia. Acción de

Inconstitucionalidad interpuesta por L.M., depositario administrador

de M. de Azuero, S.A., contra la Sentencia de 4 de agosto de 1992,

proferida por la Junta de Conciliación y Decisión Nº 12).

Por otro lado, del material probatorio se observa que no existió una relación abogado-cliente entre los señores E.R. De Puy y J.L. De Puy García y los licenciados M.L. DE MURGAS y F.M.A., que justifique sus acusaciones, máxime cuando ellos no recibieron directamente una afectación. Por el contrario, en el expediente se observa que las pretensiones de las señoras M.C. De Puy García y M.E. De Puy de Moreno, fueron reconocidas, admitidas y aceptadas por las empresas ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S.A., DE PUY FAGIA, S.A. y PRODUCTORA MARÁN, S.A., partes principales en el Proceso Laboral y base de la presente denuncia, llegando a feliz término mediante Auto Nº 18 de 17 de noviembre de 1999, proferido por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Tercera Sección, visible a fojas 105 a 107.

Al respecto el artículo 21 de la Ley Nº 9 de 1984, faculta para la formalización de la denuncia por faltas a la ética, solamente a la parte interesada, entendiéndose como tal, de manera exclusiva, a aquella persona que recibió directamente una afectación, ya sea una persona natural o jurídica, o un funcionario del Órgano Judicial, del Ministerio Público o de la Administración Pública, que conozca del caso en relación con el cual incurrió en la falta. (Sentencia de 19 de mayo de 2000. Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales. Denuncia por supuestas faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado. D.H. vs Licenciada M.J.C.B..

En este

sentido, la Sala no comparte el criterio del Tribunal de Honor, contenido en la

Vista de 3 de diciembre de 2004, mediante la cual resuelve elevar la solicitud

de juzgamiento a los licenciados M.L. DE MURGAS y FIDEL MURGAS

ABREGO, por infracción del literal "h"

del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado,

pues mal podría esta Corporación entrar a examinar si los abogados acusados

cometieron las infracciones alegadas, cuando los denunciantes no poseen

legitimación sustantiva, encontrándose con ello acreditada la excepción por

falta de legitimación en la causa alegada por los denunciados.

En virtud de lo anterior, esta Corporación se abstiene de estudiar el resto de las excepciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 994 del Código Judicial.

Finalmente, y en atención a lo expuesto, esta Superioridad no encuentra méritos suficientes para llamar a juicio a los M.L. DE MURGAS y F.M.A., por lo que debe ordenarse el archivo del expediente, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 29 de la Ley Nº 9 de 18 de abril de 1984 (Reformada por la Ley Nº 8 de 16 de abril de 1993).

En

consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA

CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley, ADMITE

LA EXCEPCIÓN POR

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA presentada por los

denunciados y DECLARA QUE NO EXISTE MÉRITO para llamar a juicio a los licenciados M. L.

DE MURGAS y FIDEL

MURGAS ABREGO, dentro de la

denuncia interpuesta en su contra por los señores E.R. De Puy y

J. L. De P.G., por supuestas faltas a la ética y

responsabilidad profesional del abogado, por tanto, se ORDENA el archivo del

expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO.--

VICTOR L. BENAVIDES P. -- HARLEY J. MITCHELL D.--

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

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