Sentencia Generales de Supreme Court (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 14 de Abril de 2008

PonenteHarley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución14 de Abril de 2008
EmisorSala Cuarta de Negocios Generales

VISTOS:

Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ingresó a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno que contiene la denuncia por supuestas faltas a la ética y la responsabilidad del abogado, interpuesta por la señora CHIRSTINA MARIE QUINTERO DE ARJONA contra el Licenciado O.O.C.V..

ANTECEDENTES

Este proceso disciplinario se inicia con la denuncia presentada el día 12 de marzo de 2004, por la señora CHRISTINA Q. DE ARJONA ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, mediante la cual denuncia al Licenciado O.O.C., por falta a la ética y responsabilidad del abogado, quien formuló una serie de cargos contra el letrado y aportó las pruebas que a bien tuvo en la ocasión, visible de foja 1 a la 58.

La señora C.Q. de Arjona, basa su denuncia en que La señora S.Q. (su hermana), debidamente facultada mediante poder otorgado por su señora madre D.A. de Q., otorgó poder al Licenciado O.O.C. a fin de que interpusiera proceso ordinario declarativo de nulidad en contra de una donación efectuada a favor del señor E.Q. (su hermano), mediante la Escritura Pública No.8949 de cinco (5) de septiembre de 2001, el cual se fue interpuesto en el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Civil y que este Juzgado mediante Sentencia No.52 fechada 26 de agosto de 2003, desestima la pretensión de la señora D.A. de Quintero ejercitada contra E.L.Q. y B.S.B. y condena en costas a la parte demandante a favor de los demandados por la suma de B/.800.00.

Que este fallo salió desde el 26 de agosto de 2003, la parte demandada, se notificó desde el 18 de septiembre de 2003, sin que el Licenciado O.C. se diera por enterado, porque el Licenciado Castillo nunca le dio seguimiento, ya que por intermedio de una tercera persona se enteraron el día 31 de octubre del 2003, que el fallo había salido desde el día 29 de agosto de 2003, sin que el Licenciado Castillo se diera por enterado de nada y ese mismo lo llamó para informarle de la situación y se fue a notificar.

El Licenciado Castillo una vez se notificó, apeló pero dejo pasar los 5 días y no hizo nada, la llamó para decirle que no sabe que le había pasado, pero que se pasaron los 5 días para apelar y se había perdido el caso.

Agrega la denunciante que al L.C. se le pagó en concepto de honorarios profesionales la suma de B/.4,500.00 y B/.1,800.00 gastos notariales, cantidad que considera excesiva por este caso el cual manejó de manera irresponsable y negligente. Y que además enfocó mal la demanda por que según plantea el Juez Séptimo se debió pedir la nulidad de la Donación ante el Ministerio de Economía y Finanzas y no la inscripción de la escritura y en un segundo caso, la señora S.Q. le pagó al denunciado B/:6,000.00 para que procediera en contra de una prescripción adquisitiva que con falsedades adquirió el señor E.Q. sobre la Finca No.27,221.

Según la denunciante, el Licenciado Castillo, interpuso una Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la sentencia No.2 de 25 de enero de 2001, emitida por el Juzgado Duodécimo del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y que en el de julio le pagó la suma de B/.2,000.00 y en el mes de septiembre se le pagó B/.4,000.00 y no fue hasta el 3 de octubre de 2003 que el denunciado interpuso la demanda, sin darle seguimiento, ya que el 29 de octubre de 2003 la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda de Inconstitucionalidad presentada y que como en la demanda anterior se enteraron por terceras personas de ese fallo de la Corte, sin que el Licenciado Castillo se diera por enterado, lo que demuestra que nunca le dio seguimiento a la demanda, cobró sus honorarios por adelantado y se desprendió del caso y que en total se le pagaron B/.11,800.00 y considera que no es justo que se hayan manejado estos casos en la forma tan negligente, por lo que solicita que el Licenciado Castillo responda por los perjuicios ocasionados a su representada.

Considera que es parte afectada en este caso ya que además de ser hija y hermana de las partes afectadas suministró la mitad de los costos del primer caso que se manejó en el Juzgado Séptimo de lo Civil y se comprometió por escrito con el señor D.M. para remunerarlo en caso de que hubiera algún inconveniente por una cantidad de B/.6,000.00 que el aportó para financiar los honorarios del Licenciado Castillo en el caso que se ventiló en la Corte Suprema en relación con la prescripción.

Mediante providencia de fecha 31 de marzo de 2004, el Tribunal de Honor dispuso en estricto cumplimiento del artículo 21 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993 y en concordancia con el artículo 24 de la misma Ley, abrir la investigación para comprobar los hechos denunciados y correrle traslado al denunciado.

El Licenciado O.C. en su escrito que corre de foja 63 y siguientes, presenta formal excepción de legitimidad en la persona quien interpone la queja, ya que la quejosa no fue la persona quien le otorgó poder para iniciar los trámites y gestiones judiciales y aduce que la quejosa no acreditó con las pruebas presentadas ser quien le otorgara poder o le pagara sus honorarios y que por tal razón, mal podría constituirse legalmente como parte interesada en esta queja.

El denunciado hace un resumen de lo sucedido y aduce que la demanda ordinaria declarativa de nulidad fue presentada el día 22 de agosto del año 2002, en la cual solicita la declaratoria de nulidad de unas escrituras de traspaso y su inscripción en el Registro Público, en donde el señor Juez de la causa ordenó la corrección de la demanda, ya que a su criterio era necesaria la inclusión del Notario Público. Luego de corregida la demanda, fue admitida el día 9 de octubre de 2002 y el día 18 de octubre de 2002, el Juzgado accede a la solicitud de inscribir provisionalmente la demanda ordinaria en la sección de Propiedad del Registro Público. El día 13 de junio de 2003, se admitieron las pruebas presentadas y el día 20 de junio de 2003 por medio de escrito sustenta sus alegatos de conclusión.

Sigue alegando que mediante Sentencia No.52 de fecha 26 de agosto de 2003 el tribunal desestima su pretensión interpretando que de acuerdo a lo expuesto en la demanda, lo perseguido por la actora era lograr la anulación de la inscripción de la escritura contentiva de la donación celebrada entre la demandante y su hijo, demandado, por lo que limita competencia por el principio de congruencia, solamente podía pronunciarse sobre la referida declaración de nulidad.

Acepta el denunciado lo expresado por la denunciante, alusivo a que la señora S.Q. contrató sus servicios para iniciar un proceso declarativo de nulidad contra el señor E.L.Q., hermano de su cliente.

En cuanto a que el fallo salió desde el 26 de agosto y que su persona nunca se dio por enterado y que fue por una tercera persona que la quejosa se enteró de la emisión del fallo, aduce que este argumento es subjetivo y que carece de respaldo probatorio, ya que es a partir de la notificación personal de la sentencia por parte del tribunal que comienzan a correr los términos de ejecutoria de la decisión, no siendo en consecuencia un acto que cause algún vicio o que le cause algún perjuicio a la quejosa.

En lo que concierne a que anunció apelación, pero que no la formalizó dentro del término, alega que es un criterio subjetivo y por lo tanto, lo niega, ya que mediante sentencia de fecha 26 de agosto de 2003, el Juez decidió desestimar la pretensión y en consecuencia, condenó a la parte demandada en costas por la suma de B/.800.00 y de conformidad con el artículo 1080 del Código Judicial , la parte que sea condenada en costas no será oída hasta tanto no las cancele, por lo que de conformidad con la práctica judicial, el abogado se encuentra atado o dependiendo de la decisión del poderdante de decidir continuar con la causa, lo cual se exterioriza a través de la entrega del dinero para el pago de las costas, lo cual nunca materializó la poderdante, por lo que estaba imposibilitado de continuar con la apelación.

Respecto a lo expresado a sus honorarios, agrega que es falso, ya que la tarifa legal, por un proceso ordinario con un bien en litigio con un valor comercial de aproximadamente B/.200,000.00, el honorario mínimo corresponde al 15% del valor del bien es decir B/.30,000.00, lo que resulta obvio que los honorarios cobrados inclusive están por debajo de la tarifa legal.

El Licenciado Castillo hace alusión a lo manifestado por la quejosa a que fue mal dirigida la demanda, para lo cual expresa que, si bien es cierto que en la decisión del señor J. sugirió que lo propio era solicitar la nulidad de la donación y no la nulidad de la inscripción de la escritura pública, lo cierto es que este es un criterio jurídico propio esbozado por el juzgador que no pudo ser objeto de control, verificación o censura por parte del tribunal superior, toda vez que la demandante no aportó la suma correspondiente para la cancelación de las costas en su momento, por consiguiente, mal puede decir que fue afectada por la decisión del juzgador y mucho menos aducir perjuicio bajo la suposición de que la decisión del tribunal ad quo iba a ser ratificada por el superior.

Sigue argumentando el denunciado que cumplió durante más de un año el seguimiento del proceso en mención y que a los profesionales del derecho no se les contrata para obtener un resultado, sino más bien para realizar una gestión que podrá dar resultados tanto positivos como negativos para la parte.

Al referirse al segundo caso o sea la acción extraordinaria de inconstitucionalidad contra la Sentencia No.2 de 25 de enero de 2001, alega que el día 3 de octubre de 2003 fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia y que el día 29 de octubre de 2003, la Corte Suprema decidió no admitir la demanda de inconstitucionalidad, notificando por medio de edicto de fecha 2 de febrero de 2004 a las partes involucradas, el cual fue desfijado el día 9 de febrero de 2004, por lo que no es hasta el mes de febrero que pasa a ser de conocimiento público, por lo que mal podría tener conocimiento formal de la decisión para las fechas que señala la quejosa; agrega además que, aunque se hubiera enterado en fecha anterior a su publicación del resultado del fallo en comento, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, son finales, definitivas y obligatorias, por lo que contra ésta no cabe recurso alguno, razón por la cual no podía haberse efectuado una acción judicial tendiente a variar la decisión. Concluye el denunciado, solicitando al Tribunal de Honor que rechace de plano la denuncia y en consecuencia, ordene el archivo de la investigación; aporta pruebas sobre las gestiones realizadas, decisiones adoptadas y copia de la tarifa actual de honorarios del Colegio Nacional de Abogados.

A fojas 132 del expediente consta la entrega por parte del Tribunal de Honor a la señora C.Q. de Arjona, de los documentos relacionados con la respuesta de descargo del L.. Castillo y seguidamente se encuentra una Nota de fecha 5 de enero de 2006 de la señora C.Q. de A. dirigida al Tribunal de Honor donde hace entrega de documentos con el fin de que sean incorporados al expediente y que a continuación detallamos: Certificado de Nacimiento de la señora C.M.Q., copia simple de la Certificación del Médico que atiende a la señora D.A. de Q. en los Estados Unidos de fecha 11 de diciembre de 2004, copia simple del pasaporte de la señora D.A. de Quintero y poder otorgado por la señora D.A. de Q. a su hija C.M.Q. de Arjona para que interponga ante el Colegio de Abogados, denuncia contra el Licenciado O.C. por manejo negligente en dos demandas, presentado ante el señor J. De Jesus Basilio, Notario Público del Estado de Florida, Estados Unidos de América. (fs. 133 a 138).

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, mediante resolución identificada como Caso No.024-04 de fecha 11 de enero de 2006, solicita a la Sala Cuarta de Negocios Generales, se decrete la citación a juicio del Licenciado O.O.C.V., por infracción al Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado en los artículos 10, Sección ch y 34, sección e y c, Artículo 7, 8 y la Seccion CH, del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.

Una vez ingresado el expediente a esta Superioridad, se procedió a darle traslado de la solicitud del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados al Licenciado O.O.C., quien se notificó, presentando en tiempo oportuno escrito de oposición a la solicitud formulada por el Tribunal de Honor, el cual fue acompañado de la Declaración Notarial Jurada de fecha 16 de marzo de 2006 del Dr. P.P.A., que procura avalar la oposición invocada.

En su escrito de oposición a la solicitud del Tribunal de Honor, visible a fojas 159 y ss., el Licenciado Castillo explica cada uno de los puntos a que hace referencia el Tribunal para la solicitud de citación a juicio.

Alega el denunciado que la señora C.Q. de Arjona, carece de legitimidad para actuar dentro del presente proceso disciplinario, pues no fue la persona que le otorgó poder, por lo que no estaba obligado a rendirle cuentas, máxime si la situación que se estaba dando era una disputa entre hermanos en la que se había traspasado a título de donación unas fincas propiedad de la madre su poderdante al hermano mayor de éstas, el señor E.L.Q. y hace mención a fallos de fechas 19 de mayo de 2000 y 21 de agosto de 2000, emitidos por esta Sala respecto a la legitimidad de la persona interesada.

Al referirse al hecho tercero del Tribunal de Honor aduce que este hecho es reconocido por el Tribunal a folios 143, al señalar que el parentesco de la denunciante no ha sido totalmente acreditado en el expediente, sin embargo, considera que el mismo se puede inferir de varios documentos que reposan en el proceso.

Sigue diciendo el Licenciado Castillo que el Tribunal de Honor mas adelante se contradice al indicar que la señora Q. de A. reúne las condiciones de parte interesada para interponer la presente denuncia disciplinaria, ya que es hija de quien le otorgó el poder a él, la representó en contratos relacionados con los pleitos tramitados y es parte afectada por el destino de los bienes de la familia discutidos en los juicios a él encomendados, indicando que la señora Q. de A. no está legitimada para actuar, por analogía a la ley 31 de 1998.

Con respecto a los documentos presentados por la señora Q. de Arjona el 5 de enero de 2006, indica que el documento denominado ACONVENIO DE INVERSIÓN@, es un documento privado el cual fue aportado por la denunciante en copia simple, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 857 del Código Judicial no tiene valor probatorio, además que el documento no indica el lugar de su confección, no obstante presenta un sello del Notario Público del Estado de Florida, Estados Unidos, sin embargo no reúne los requisitos establecidos en el artículo 877 de la misma excerta legal para ser valorado como prueba; además el supuesto poder otorgado por la señora D.A.V.. de Q. a la denunciante C.Q. de Arjona (fs.138), fue presentado por ésta en copia simple, sin las formalidades exigidas en el art. 633 del Código Judicial, por lo que a su juicio carece de validez legal y aclara que ese poder fue presentado un año después de la denuncia, no dándole a él traslado de los documentos por parte del Tribunal de Honor, inclusive manifiesta el denunciado que la quejosa presenta estos documentos con posterioridad a su contestación de la queja más de un año después y aún así el Tribunal de Honor lo toman como válido, dejándolo en un estado de indefensión, violándose además el debido proceso y agrega que ese documento además de no cumplir con las formalidades de los poderes otorgados en el extranjero (art. 633 del C.J.), su presentación es extemporáneo, ya que el mismo fue aportado al proceso con más de un año de posterioridad de la queja presentada y que la misma suerte corre la copia simple del pasaporte de la señora D.A.Q. (fs.137).

El Licenciado Castillo aclara que su relación de trabajo sólo era con la señora S.Q., con quien siempre mantuvo comunicación y no con la quejosa.

El Licenciado Castillo hace alusión a fallos de esta Sala respecto a la validez de documentos que no reúnen las exigencias legales para su validez y cita el fallo de fecha 23 de septiembre de 2003 dentro de la denuncia presentada por M.E.R.C. contra el licenciado U.I.S..

Al referirse al artículo 34 sección e del Código de Ética manifiesta que el Tribunal de Honor pierde de vista que la denunciante C.Q. de A., no es ni fue su cliente, por lo que mal podía rendirle cuentas a una persona que no le otorgó poder legal de representación y expresa, que quien le otorgó poder fue la señora S.Q., quien a su vez representaba a la señora D.A. de Q. y fue con la señora S.Q. con quien mantenía comunicación, la cual tuvo en todo momento conocimiento del estado de los procesos, quien en última instancia, a pesar de sus recomendaciones, decidía los pasos a seguir en el proceso y que de lo anterior, puede dar fe el señor C.G., quien fue la persona que le presentó a la señora S.Q. y quien estuvo presente durante las reuniones que sostuvo con la señora S. en Panamá y cuando la señora se encontraba en Estados Unidos conversaba telefónicamente con ella desde la oficina del señor G..

Manifiesta el Licenciado C. en cuanto al artículo 7 del Código de Ética, que se podrá observar que él, luego de evaluar la dificultad del problema jurídico tratado, el recabar las pruebas que se aportaron, pasando por la interposición de la demanda, siguiendo con la corrección de la misma, gestionando la inscripción de la demanda en el Registro Público, hasta la admisión de las pruebas presentadas, pasando por la sustentación de los alegatos de conclusión, hasta su conclusión con la sentencia, cumplió por más de un año con el seguimiento del proceso en mención y alega el denunciado que el proceso llevado por él, existe una disputa familiar por la donación de una finca propiedad de la madre de su poderdante, de la denunciante y del demandado civilmente, quien es uno de sus hermanos y las relaciones entre ellos no son las más felices.

Sobre la falta contemplada en la Sección CH, indica que el artículo 34 del Código de Ética establece las conductas que se entienden como faltas a la ética del abogado y en las mismas no se encuentra la señalada por el Tribunal de Honor. La Sección CH señalada por el Tribunal menciona los deberes de los abogados, lo cual a su juicio no debe ser catalogado como falta a la ética, ya que éstas están tipificadas en el artículo 34 y dice que no puede el Tribunal acusarlo de no haber aceptado la responsabilidad de un hecho que se está debatiendo y pretender que se le castigue por ello.

En cuanto al artículo 8 del Código de Ética, reitera que el Tribunal de Honor basa sus señalamientos en apreciaciones sin base objetivas de prueba y alega que mal puede acusarlo el Tribunal de Honor de no haberse procurado un conocimiento integral sobre el juicio de nulidad antes de aconsejar y dar su opinión al cliente, en primer lugar porque efectivamente estudió el caso que su poderdante, señora S. le encomendó y le planteó antes de presentar las demandas, las dificultades y los posibles resultados de los casos y que de ello es testigo el señor C.G. y sin embargo, su poderdante insistió en que intentara alguna acción legal. Además, sigue aduciendo el denunciado, que si bien se solicitó la nulidad de la inscripción de la escritura, también se solicitó y alegó la nulidad del contrato de donación, en ese mismo escrito se solicitó declarar nulas A... y todas aquellas transacciones de venta o traspaso realizadas e inscritas de la finca antes mencionada de propiedad de la señora D.A. de Quintero@.

Al referirse a la acción de inconstitucionalidad presentada, alega que no comparte el criterio del Tribunal sobre este punto, pues la Corte Suprema reconoció que su demanda de inconstitucionalidad cumplía con toda la técnica y formalismo previsto en la ley para su formalización, sin embargo decidieron no admitirla por un tecnicismo no contemplado en la ley, sino en la práctica tribunalicia y no puede considerarse una negligencia o impericia de su parte, pues a diario son rechazados recursos extraordinarios y acciones judiciales por meros requisitos de forma, que no es el caso y por ello denunciar a los abogados por negligencias.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Una vez expuestos los argumentos del Tribunal de Honor y del escrito de oposición del Licenciado Castillo, procede la Sala a examinar los elementos probatorios aportados al proceso y los alegatos correspondientes, a fin de determinar si es procedente llamar a juicio al Licenciado O.O. CASTILLO por supuesta violación al Código de Ética y la Responsabilidad del abogado.

En cuanto al artículo 10, literal Ach@ y 34, literal Ae@, que se refiere sobre la rendición de cuentas oportunamente a su cliente, considera la Sala, que no se ha comprobado en este proceso la relación abogado cliente, así como tampoco se puede decir que hay suficientes elementos probatorios que demuestren que el licenciado C. no rendía cuentas a su cliente, toda vez que mal podía rendirle cuentas a la denunciante, ya que en todo momento mantenía al tanto de los procesos a su cliente, señora S.Q. y a quien le comunicaba las acciones interpuestas y la que en última instancia le indicaba las directrices a seguir, a pesar de sus recomendaciones y todo esto es corroborado con la declaración jurada ante Notario del señor C.G. (f. 174), quien dice que fue intermediario entre el Licenciado Castillo y la señora S.Q. respecto al estado de los procesos instaurados, inclusive todos los archivos eran guardados en su oficina con las gestiones del Licenciado Castillo, ya que la señora S.Q. reside en los Estados Unidos de América.

En cuanto al artículo 7 del Código de Etica, que habla sobre la puntualidad del abogado y llevar a cabo oportunamente las diligencias propias de su actuación, estima la Sala y como bien lo esgrime la propia denunciante que se le condenó en costas en primera instancia por la suma de B/.800.00 y que de conformidad con el artículo 1080 del Código Judicial, la parte no puede ser oída sin antes cancelar las costas impuestas por el tribunal y el abogado depende de la decisión de su cliente decidir continuar con la causa, lo cual se exterioriza a través de la entrega del dinero para el pago de las costas que le permitirán ser oído y la poderdante en ningún momento le entregó dicho pago al Lcdo. Castillo para cumplir con estas costas impuestas por el Tribunal, por lo que el Lcdo. Castillo se encontraba imposibilitado a continuar con la apelación al no contar con la autorización de su poderdante.

A criterio de la Corte el Licenciado Castillo tenía conocimiento del proceso al cual se le otorgó poder, ya que le planteó a su cliente, señora S.Q. antes de presentar las demandas, las dificultades y los posibles resultados de los casos, sin embargo, su poderdante insistió en que intentaría alguna acción legal, para lo cual solicitó la nulidad de la inscripción de la escritura mediante la cual la señora D.A. de Q. le dona una finca a su hijo, a lo cual también se solicitó y alegó la nulidad del contrato de donación y todas aquellas transacciones de venta o traspaso realizadas e inscritas de la finca de propiedad de la señora D.A. de Q..

Ahora bien, la Sala considera que la señora C.M.Q. de A. carece de legitimación dentro de la presente denuncia, por no ser parte del contrato de servicios profesionales con el licenciado O.O.C., toda vez que la persona que lo contrató fue la señora S.Q., con la cual el letrado estuvo en constante comunicación y la mantuvo al tanto de las decisiones a tomar en los procesos en el cual le confirió poder la señora S.Q., por lo que mal puede aducir el Tribunal de Honor que el licenciado Castillo infringió los artículos 10, Sección ch y 34, Sección e, o sea por no haber rendido cuentas oportunamente a su cliente de los resultados de su gestión profesional en lo que respecta la decisión de primera instancia, ya que el licenciado estuvo siempre en contacto con su cliente, señora S.Q..

Considera la Sala, que el tema de la legitimidad en el presente proceso es importante porque en todo caso la que tiene que denunciar al Licenciado Castillo, sería la señora S.Q. que fue la que contrató los servicios profesionales del letrado y no la denunciante, señora C.M.Q. de Arjona, y que en todo caso es la que le corresponde alegar la infracción del Código de Etica y Reponsabilidad Profesional del Abogado.

Esta Sala considera apropiado hacer un llamado de atención a todos los profesionales del derecho, destinado a que ajusten sus conductas profesionales y personales a las normas éticas que aparecen claramente estatuidos en los diferentes códigos y leyes de la República, ya que todo profesional del derecho tiene el deber y la obligación de la diligencia profesional y cumplir con el encargo del cliente tendentes a utilizar con pericia todos sus conocimiento en los procesos, instancias y trámites que se hayan sustanciado hasta la completa resolución del proceso, ya que esta exigencia de diligencia de los profesionales dentro de un proceso se considera necesaria para no perjudicar el proceso y que su conducta no sea la causante directa de un desastre procesal, para lograr de esa manera consolidar la práctica del derecho y la moralidad de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo útil y productivo y por supuesto tendente a lograr una verdadera justicia superior.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Superioridad estima que en el presente caso que guarda relación con la denuncia interpuesta por la señora C.M.Q. de Arjona contra el Licenciado O.O. CASTILLO por supuestas faltas a la ética y la responsabilidad profesional del abogado, se debe proceder al archivo del expediente y por tanto, no concede la petición del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, por no existir mérito alguno para ello, en virtud de que no obra en el expediente, pruebas o elementos incriminatorios suficientes contra el denunciado, puesto que no se desprende del presente proceso alguna gestión dolosa por parte del profesional del derecho encausado que confirme los hechos denunciados, tal como lo establece el artículo 24, numeral 1 de la Ley 8 de 16 de abril de 1993.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que no existen méritos para llamar a juicio al licenciado O.O.C.V., dentro de la denuncia interpuesta en su contra por la señora C.M.Q. de A. por Faltas a la Ética y la Responsabilidad del Abogado y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese Y Cúmplase.

HARLEY J. MITCHELL D.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO -- VICTOR L. BENAVIDES P.

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario)

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