Sentencia Generales de Supreme Court (Panama), 4ª de Negocios Generales, 26 de Agosto de 2009

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución26 de Agosto de 2009
EmisorCuarta de Negocios Generales

VISTOS:

La firma forense LOO, ZAVALA & ASOCIADOS, en nombre y representación de la sociedad INTERDOTNET INC., presenta a la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Recurso de Anulación contra el Laudo Arbitral proferido el veintinueve (29) de agosto de dos mil ocho (2008), dentro del Proceso Arbitral promovido por la sociedad TELECARRIER INC. contra la recurrente.

Esta Corporación de Justicia examinó el recurso propuesto y determinó que cumplía con los requisitos formales necesarios para su admisión. En consecuencia, se procedió con el traslado al representante legal de la sociedad TELECARRIER INC., quién a través de su apoderado judicial, la firma forense IGRA, solicitaron se desestimara el recurso.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Las constancias procesales revelan que en el presente arbitraje, las partes, a través de una cláusula arbitral, acordaron que las controversias que surgieran entre ambos serían resueltas mediante proceso arbitral, designándose al Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, (en adelante CECAP), como la Autoridad Arbitral competente para conocer de tales conflictos.

Las empresas INTERDOTNET INC. y TELECARRIER INC., suscribieron un contrato de Servicio N° TCI-2004-20 del 1 de agosto de 2004, anexos y addenda. No obstante, en fecha posterior se dio la terminación del contrato por parte de Telecarrier Inc., alegando que Interdotnet Inc. incumplió los plazos y formas de pago que fueron establecidos en ese contrato.

Telecarrier Inc. interpuso proceso ante los Tribunales Ordinarios, los que se inhibieron de conocer la controversia por existir una cláusula arbitral; procediendo a reenviar la solicitud al CECAP, tal como lo indicaba la cláusula compromisoria. Ambas partes expusieron sus pretensiones ante el Tribunal Arbitral, las que se encuentran resumidas de foja 27 a 29 del expediente de anulación.

Conformado el Tribunal Arbitral y cumplido el procedimiento que indica el reglamento del Centro, los árbitros emitieron el fallo arbitral en Derecho de fecha 29 de agosto de 2008, donde se resolvió: "CONDENAR A INTERDOTNET, S.A., al pago de US$105,494.39 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES CON TREINTA Y NUEVE CENTÉSIMOS), en concepto de saldos adeudados y penalidad como resultado del incumplimiento por parte de INTERDOTNET, S.A., de las obligaciones pactadas mediante el Contrato de Servicios TCI-2004-20 y sus modificaciones" (cfr. 41).

Resuelto todo lo referente al proceso arbitral, la sociedad no favorecida en el arbitraje, instauró el recurso de anulación que a continuación procedemos a estudiar.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN

Los apoderados legales de INTERDOTNET INC., demandan la nulidad de la decisión proferida por el Tribunal Arbitral en Derecho, mediante laudo de veintinueve (29) de agosto de dos mil ocho (2008), alegando que viola los literales a, b, c del numeral 1 artículo 34 del Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999.

Entre los hechos y consideraciones del presente recurso se indica los siguientes:

I- Primer Motivo:El apoderado judicial de la recurrente señala: "el convenio arbitral estaba viciado de nulidad por una de las causales consagradas en el Código Civil, tal como la falta de consentimiento de las partes de mantener el contrato vigente más allá de la fecha de su expiración".

Señala que, el Contrato TCI-2004-20 del 1 de agosto de 2004, tuvo una duración de 22 meses, donde las partes estaban facultadas para generar efectos jurídicos por el vínculo existente, basándose en el "consentimiento de las partes", sin embargo, este vínculo contractual finalizó el 22 de mayo de 2006, y al no existir consentimiento para que dicho contrato fuera prorrogado por un periodo de 12 meses, éste no podía surtir efectos jurídicos o tener eficacia entre las partes, sólo hasta el periodo en que culminó; y Telecarrier Inc. el día 4 de marzo de 2006, unilateralmente suspendió la prestación del servicio, el cual constituía el objeto del contrato.

Al no existir acuerdo entre las partes para mantener con vigencia el contrato de servicio N° TCI-2004-20 de 1 de agosto 2004, ni constar documento alguno que demuestre el interés de Telecarrier Inc. de renovar el contrato, concluyen que existe una ausencia de voluntad de las partes y de la efectividad del contrato, así como del convenio arbitral que lo incluye, lo que produce la nulidad absoluta del laudo.

Telecarrier Inc. el 25 de septiembre de 2007, interpone un proceso en la jurisdicción ordinaria, y el J. se inhibió de conocerlo por existir cláusula arbitral, procediendo la interesada a interponer el proceso arbitral. Ahora bien, tomando en cuenta el tiempo transcurrido, consideran que los apoderados judiciales de Telecarrier Inc., al interponer un proceso en la jurisdicción ordinaria, dejaron prescribir la acción para demandar por vía arbitral.

II- Segundo Motivo: señalan que: "El Tribunal se constituyó de manera ilegítima ya que se violentó el acuerdo celebrado entre las partes".

La recurrente al contestar la demanda arbitral, interpuso una excepción de incompetencia y objeción de integración del Tribunal Arbitral, denunciando que el Tribunal no podía constituirse para resolver alguna causa relacionada con el contrato, ya que éste no gozaba de vigencia, ni tenía eficacia para generar efectos jurídicos.

Alegan que el Tribunal Arbitral infringió de manera directa y por comisión, el contenido del artículo 17 del D.L. 5/99 al decidir sobre su propia competencia, por cuanto que: "no existe referencia alguna de manera directa, sobre la validez especifica del convenio emergente de manera específica del Contrato TCI-2004-20, ya que decidir en términos generales y vagos como lo hizo no puede ser admisible en derecho". De igual forma, aducen que se infringió lo preceptuado en el artículo 18 del D.L.5/99, pues las partes en la cláusula arbitral, si bien fijaron voluntariamente un procedimiento a seguir, tal como lo señala la norma, se reitera que el contrato no tenía vigencia, aplicabilidad, ni eficacia y, había prescrito el derecho para interponer demanda arbitral.

Además, argumentan que previo a instaurar un proceso arbitral, la cláusula compromisoria señalaba que las partes debían ir a una negociación formal por un periodo de 60 días, en caso de que no fuera viable, suscribirían los servicios de un mediador y por última opción recurrirían a proceso arbitral (acápite b de la cláusula 17 del Contrato de Servicio), pero estas etapas previas a la interposición del proceso arbitral, no fueron agotadas.

III- Tercer Motivo:la recurrente cita: "El desarrollo del procedimiento arbitral no se ajustó al acuerdo celebrado entre las partes".

La actora hace referencia a los vicios procesales en que incurrió el Tribunal Arbitral durante el litigio en cuestión. Tomando en cuenta que, ambas partes se sometieron a un arbitraje en derecho, el Tribunal tenía la obligación de aplicar las reglas legales contempladas en los artículos 23 y 24 del D. L. 5/99 y el artículo 27 del reglamento del Cecap.

Bajo esta tesis, señalan que el Tribunal violentó las normas supracitadas, ya que Telecarrier Inc. solicitó la práctica de una inspección judicial con auxilio de peritos sobre los libros contables, archivos y documentos de ambas partes, tal como lo contempla los artículos 954 a 958 del Código Judicial, prueba que fue admitida por el Tribunal, en la audiencia de fijación de la causa. Manifiestan que, en la práctica de prueba el Foro Arbitral violentó el principio de inmediación, al omitir practicarla sin la participación del Tribunal Sustanciador, ni tampoco se comisionó a un J.O. para su realización, como lo ordena los artículos 23 y 24 del Decreto, que es el principio y definición de la inspección judicial como figura jurídica regulada en el Código Judicial.

Concluyen que, al no haberse realizado dichas inspecciones dando cumplimiento al debido proceso, esta prueba que fue la sustentación del laudo carece de valor, por tratarse además, de una prueba expresamente prohibida por la Ley.

IV- Cuarto y Quinto Motivo de Anulación:

Primero aducen que, el laudo se refiere a una controversia no contenida en el convenio arbitral, pues el fundamento principal del fallo fue: "la terminación justificada del contrato por Telecarrier", solicitud que según la recurrente, nunca fue peticionada en el libelo de la demanda como pretensión o monto a reclamar. Indican que, el Tribunal no podía pronunciarse más allá de lo solicitado en la demanda, como lo fue el declarar la terminación justificada del contrato, acto éste conocido en derecho procesal como ultrapetita.

Segundo manifiestan que, conforme al artículo 26 del D.L.5/99 el Tribunal sólo podía aplicar las normas de derecho; según la actora, en la motivación del laudo se aprecia una total ausencia de la misma.

OPOSICIÓN AL RECURSO DE ANULACIÓN

El Licenciado C.E.V.J. apoderado judicial de TELECARRIER, INC., en el término del traslado presentó escrito de contestación, oponiéndose a las pretensiones del recurrente, argumentando algunos criterios que se resumen a continuación.

RESPECTO AL PRIMER MOTIVO.

Señala la OPOSITORA que, se puede confirmar fácilmente a través del Contrato de Servicios, que ambas partes convinieron la cláusula arbitral. No consta dentro del proceso arbitral, ni en el presente recurso de anulación, que Interdotnet haya propuesto o presentado prueba alguna dirigida a establecer que el consentimiento en el contrato de servicio, no había sido otorgado o que, estaba viciado por alguna de las causas previstas en la Ley.

La causal propuesta por la OPOSITORA en la jurisdicción arbitral, había sido consentida por ambas partes como cláusula compromisoria.

EN EL SEGUNDO MOTIVO.

Alega la defensa que, en el Acta de Misión aparece que el Tribunal Arbitral se integró de conformidad con el Reglamento del Cecap. Yerra la recurrente al señalar que al haber vencido el Contrato de Servicio no era posible el proceso arbitral, pues el contrato establecía una condición que permitía prórroga; fue debido al incumplimiento de Interdotnet, que procedió Telecarrier a exigir el cumplimiento de la obligación debida, más el pago de la penalidad convenida.

En lo referente a que debía cumplirse una serie de condiciones para poder acudir a la jurisdicción arbitral, advierte la OPOSITORA que el acceso a la administración de justicia además de gratuito es expedito, por tanto, no es necesario cumplir otro requisitos que no sean los fijados en la Ley, no siendo materia de convención entre particulares establecer otro requisitos para acceder a la administración de justicia.

TERCER MOTIVO.

A juicio de la Opositora, la inspección judicial se realizó con asistencia de peritos contables, quienes rindieron su dictamen y fue examinado por el pleno del Tribunal Arbitral, con el propósito de aclarar las afirmaciones expuestas en sus respectivos informes; en todas las diligencias hubo participación del Tribunal Arbitral y de los abogados de ambas partes, por lo que no se violó el principio de inmediación, siendo la inspección judicial de carácter técnico, se practicó según los artículos 966 y ss del Código Judicial.

CUARTO Y QUINTO MOTIVO.

En relación a estos motivos, lo refutan sustentado que la cláusula compromisoria convenida entre Interdotnet y Telecarrier establece con claridad y de manera amplia que todas las diferencias entre las partes respecto a cualquier asunto relacionado al contrato, sería resuelto mediante proceso arbitral. La controversia planteada guarda relación con el incumplimiento de las obligaciones de la ahora recurrente, la terminación del contrato y la morosidad, asuntos éstos, que están relacionados con el contrato de servicio.

Por último, en torno a que el laudo no estaba sustentado conforme a las normas de derecho, manifestaron que la recurrente sólo se limita a repetir que la cláusula compromisoria era inexistente, sin justificar la causal de nulidad.

El apoderado de la parte demandada solicita que se desestime las pretensiones enunciadas por la actora, como motivo de anulación al Laudo Arbitral proferido el 29 de agosto de 2008, por carecer de fundamento procesal y jurídico.

DECISIÓN DE LA SALA

Conocida la pretensión del recurrente y los argumentos de la Opositora, debe esta Sala resolver lo que en derecho corresponde. El recurso de anulación es una iniciativa procesal de carácter extraordinario que procede únicamente en circunstancias excepcionales y que se encuentran taxativamente determinadas en la ley. Así, se han aducidos como causales para la anulación del laudo arbitral dentro del presente recurso, las consagradas en los literales a) b) y c) del numeral 1, artículo 34 del Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999.

Dichas normas en lo pertinente son del contenido siguiente:

"Artículo 34. Contra el laudo arbitral interno sólo podrá interponerse el recurso de anulación, por los siguiente motivos tasados:

  1. Cuando la parte que interpone el recurso pruebe:

    a).-Que el convenio arbitral estaba viciado por alguna de las causales de nulidad consagradas en el Código Civil y las causales contenidas en los convenios internacionales que la República de Panamá haya ratificado sobre la materia.

    b).-Que la constitución del tribunal arbitral, el desarrollo del procedimiento arbitral o la emisión del laudo, no se ha ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o de conformidad con lo establecidoen el presente Decreto Ley, o no haya sido una de las partes notificadas en debida forma de la iniciación del arbitraje o de cualquier trámite del procedimiento.

    c).- Que el laudo se refiere a una controversia nocontenida en el convenio arbitral, o que contiene decisiones que exceden de su ámbito o alcance".

    Se procede al estudio de los hechos que fundamentan el escrito de anulación.

    PRIMERA CAUSAL : (ART.34, NUMERAL 1, LITERAL A del D.L.5/99.)

    Esta causal se refiere: al vicio por causal de nulidad en el Código Civil o, en convenios internacionales referentes a esta materia.

    La recurrente sustenta que, en el momento que se instauró el proceso arbitral, el Contrato de Servicio TCI-2004-20 del 1 de agosto de 2004 no tenía vigencia, había vencido el vínculo contractual y no hubo consentimiento entre las partes para renovarlo. A falta de efectividad y de vigencia jurídica del contrato, el Convenio Arbitral inserto corre la misma suerte, por lo que consideran que el laudo arbitral es nulo; además, tomando en cuenta el tiempo que duró el proceso judicial en los Tribunales Ordinarios, al declinar competencia a la jurisdicción arbitral, la acción para interponer el arbitraje estaba prescrita.

    La Opositora alega que ambas partes habían consentido la cláusula arbitral plasmada en el Contrato de Servicio, y que la cláusula 13 prorrogaba tácitamente el contrato, aunque por causas imputables a Interdotnet Inc. se haya declarado resuelto, tal como lo plasmó el laudo arbitral.

    Como se observa la recurrente aduce que: el vicio se da por la falta de consentimiento de las partes de mantener el contrato vigente.

    Para iniciar el análisis, el arbitraje es una institución vinculada por una idea común que es, solucionar la controversia surgida entre las contratantes; el recurso de anulación es el mecanismo que tienen las partes de impugnar un laudo por errores de procedimiento (forma), donde las cuestiones de fondo sólo serán revisadas indirectamente, a fin de comprobar la posible comisión de un motivo de anulación.

    Tomando en cuenta la causal invocada, es bueno precisar que dentro del arbitraje existen dos convenios o contratos, Primero: el contrato principal, que es la obligación que adquieren las partes frente a terceros con el fin de dar, hacer o no hacer alguna cosa; Segundo: el convenio arbitral,que es la cláusula o compromiso arbitral, adscrita al contrato o suscrita posterior a éste, donde las partes se comprometen a recurrir a un tercero o árbitro en caso de suscitarse algún conflicto entre ellas, en razón del contrato celebrado.

    Esta causal se refiere propiamente a la nulidad absoluta y relativa de los actos o contratos conforme lo contempla el Código Civil panameño.

    El artículo 1141 del Código Civil, indica que hay nulidad absoluta en un acto o contrato cuando: "falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia; cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de personas que en ellos intervienen..."

    El artículo 1142 lex cit, señala que la nulidad relativa de un acto o contrato se da cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular; cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige; o cuando se ejecutan o celebran por personas relativamente incapaces.

    Por otro lado, se advierte que el artículo 34 del Decreto Ley 5 de 1999 hace referencia a la nulidad del "Convenio Arbitral", no así del contrato principal suscrito por las partes, lo cierto es que la recurrente al momento de plantear el recurso de anulación indica, que la Cláusula Arbitral inserta en el Contrato de Servicio esta viciada, porque el contrato había finalizado y no había acuerdo entre las partes para prorrogarlo. Al estudiar los hechos que se alegan vemos que no guardan relación con la causal de anulación contemplada en el Decreto Ley citado, ya que se alude a la supuesta "no vigencia" del Contrato Principal.

    La independencia y autonomía entre el contrato principal y el convenio arbitral, y la validez o nulidad del contrato principal, es y ha sido motivo de análisis por la doctrina, y la recoge nuestra legislación positiva que regula esta materia, aclarando que la nulidad del contrato principal no acarrea necesariamente la nulidad del compromiso o acuerdo arbitral.

    En este sentido y en dirección totalmente opuesta a lo alegado por la recurrente, la parte final del último párrafo del artículo 11 del Decreto Ley No.5 de 1999, señala lo siguiente:

    "Artículo 11: ...

    ...Se entiende la separación del contrato principal y del convenio arbitral a él incorporado, de forma que, en su caso, la nulidad de aquél no comportará necesariamente la de este último..."

    De igual forma, el Decreto Ley en su artículo 17 y ss, indica que el tribunal arbitral tiene la facultad para determinar la existencia o validez del convenio arbitral. Esta cláusula compromisoria que forma parte del contrato, es un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato propiamente tal; pues en caso que, el Tribunal Arbitral declarase nulo un contrato, dicha actuación no acarrea la extinción de la cláusula compromisoria.

    Por otro lado, nuestro Código Civil define claramente un contrato o convenio en su artículo 1105 y s.s; la cláusula compromisoria del presente contrato reúne claramente las características establecidas por nuestra legislación. Al revisar los requisitos esenciales para su validez, encontramos que éstos concurren en el compromiso arbitral, 1. el consentimiento de los contratantes; 2. objeto cierto de la materia del contrato; y, 3. causa de la obligación que se establece, tal cual lo exige el artículo 1112 de la norma citada ut-supra.

    La cláusula arbitral señalaba: "independientemente que una disputa haya sido referida a Arbitraje, las partes, diligentemente, continuarán con la ejecución del CONTRATO...", además indicaba que, aunque existiera disconformidad a razón del contrato principal, la cláusula continuaba vigente y no sufriría ningún tipo de anulación, salvo las tácitamente previstas en la Ley.

    Adicional a esto, la nulidad de un contrato debe ser declarada y no presumida. El recurrente, en el presente recurso de anulación no ha demostrado tal hecho, es decir, no ha aportado prueba alguna para demostrar que el tribunal arbitral haya declarado nulo el contrato al cual fue aplicada la cláusula compromisoria de arbitraje.

    En conclusión, la cláusula compromisoria inmersa dentro del contrato principal o adjunta en un anexo, es autónoma, pues independientemente de la validez o no del contrato que la contiene, asume existencia propia y no depende de la existencia, validez o eficacia del contrato en el cual está incorporada o anexada.

    A manera de ilustración, la Sentencia de la Audiencia de Madrid, España, de 17 de octubre de 1995, señala:

    "Con respecto a la nulidad del contrato principal la misma Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid zanja la duda "A pesar de que M., S.A., intenta la nulidad de este pacto de arbitraje por extensión al mismo de los vicios que luego atribuye al contrato total en sí, es posible y es preciso separar y tratar diferencialmente cláusula arbitral y contrato principal. Así lo permiten el artículo 6.1 y el artículo 8 de la Ley de Arbitraje (el convenio arbitral... podrá concertarse como cláusula incorporada a un contrato principal..."; y la nulidad de un contrato no llevará consigo de modo necesario la del convenio arbitral accesorio". (Énfasis de la Sala)

    En vista de lo anterior, esta S. considera que no ha sido probado este motivo de anulación.

    En cuanto a que las pretensiones de la parte interesada estaban prescritas al interponerse el proceso arbitral; es oportuno indicar que la figura de la prescripción está regulada dentro del Código Civil, y en particular, en los demás Códigos según la materia de que se trate. La prescripción puede operar como un mecanismo para adquirir o bien, para extinguir estos mismos derechos. El Código Civil en cuanto a la prescripción indica:

    "Artículo 1701:P. en siete años las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción.

    Por tanto, una vez interpuesto el proceso en la esfera judicial y posterior la arbitral, se interrumpe la prescripción, ya que al presentarse cualquiera de los supuestos, se están ejerciendo derechos. Su presentación constituye una clara muestra que se pretende ejercer el derecho y equivale a una demanda.

    Por lo que, se colige que el procedimiento se llevó en torno a las pretensiones de las partes, los escritos y pruebas aportados; razón por la que se desestima la pretensión emitida por el recurrente, en cuanto a que la acción estaba prescrita.

    La Sala estima que la causal de anulación no ha sido probada.

    SEGUNDA Y TERCERA CAUSAL : (ART. 34, NUMERAL 1, LITERAL B, D.L.5/99)

    Esta causal distingue tres distintos momentos: la constitución del tribunal arbitral, el desarrollo del procedimiento arbitral y la emisión del laudo. Cada una de estas etapas ha de ajustarse, en primer lugar, al acuerdo celebrado entre las partes, y en su defecto a lo establecido en el D.L. 5/99.

    La recurrente fundamentó su segundo motivo señalando: "el Tribunal se constituyó de manera ilegítima ya que se violentó el acuerdo celebrado entre las partes"; y en la causal tercera, manifestó: el desarrollo del procedimiento arbitral no se ajustó al acuerdo celebrado por la parte, ni a lo preceptuado en el Decreto Ley 5/99. Como se aprecia, tanto la causal segunda como tercera, guardan relación con el numeral 1, literal b del artículo 34 del Decreto Ley; por tanto nos referiremos sobre ambas dentro de la segunda causal.

    En el segundo motivo de anulación, la recurrente afirma que el Tribunal Arbitral no podía constituirse, toda vez que el contrato objeto de controversia no tenía vigencia, ni eficacia jurídica, siendo así, no debía haberse realizado el proceso arbitral; asimismo, expresa que el Tribunal Arbitral infringió lo contenido en los artículos 17 y 18 del D.L. 5/99, respectivamente.

    Al evaluar lo planteado, claramente se desprende que guarda relación con el supuesto vicio del Convenio Arbitral; sin embargo como se expuso en la causal anterior, el hecho que el Contrato de Servicio no tuviera vigencia, no quiere decir que la cláusula arbitral es nula, pues la misma es autónoma del contrato principal.

    En torno a la constitución del Foro Arbitral, se puede considerar que un Tribunal no se ha conformado de acuerdo al interés de las partes, o como lo indica el Decreto Ley 5/99, por ejemplo: cuando no se ha ajustado al número legal de árbitros que tipifica la ley; existe incompatibilidad sobre los mismos; carecen de capacidad plena; no son abogados tratándose de un arbitraje en derecho; los árbitros no cumplen los requisitos de edad o de especialización dependiendo de la materia objeto de controversia, o bien, no se cumplió con lo que las partes señalaron en la cláusula arbitral; no obstante, todo estos preceptos se tomaron en cuenta al seleccionar al Tribunal Colegiado.

    La Sala no comparte la opinión emitida por la recurrente, pues la disposición 17 del Contrato de Servicio, indicaba: "cualquier asunto que surja relacionado con el CONTRATO, será resuelto por medio de Arbitraje en derecho, administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (f. 42)"; tomando en cuenta este punto, vemos que se estableció como Autoridad de Designación para conocer el arbitraje al Cecap, las partes escogieron sus árbitros y el procedimiento se llevó en Derecho, mal podría ahora alegarse que la constitución del Tribunal Arbitral estaba viciada.

    En cuanto a la iniciación del arbitraje, la Licenciada L.O.S., indica:

    "Una vez recibida por la Secretaría General de Arbitraje, son analizados cada uno de los elementos inherentes al convenio arbitral, los cuales cobran mayor relevancia, de darse negativa al arbitraje por la parte requerida. Ante este supuesto, se examinan los requisitos y efectos del convenio con la finalidad de determinar la competencia del Centro para administrar el arbitraje, y si de ello se desprende que efectivamente se ha pactado un convenio arbitral, donde se acredita la voluntad inequívoca de las partes de ir a arbitraje, se proseguirán las actuaciones".( Conferencia "Experiencia del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá en la Aplicación de sus nuevas normas de procedimiento, a la luz del Decreto Ley No.5 de 1999" Panamá, 31 de agosto de 2000).

    Es necesario destacar que Interdotnet Inc. en la Audiencia de Fijación de Causa (cfr. 77-99), hizo alusión a la constitución del Tribunal Arbitral, presentó una serie de escritos y alegatos, manifestando en un primer momento que: "nosotros en cuanto a la competencia no tenemos ninguna objeción por cuanto se trata de un acto voluntario e las partes decidido (sic) en la cláusula 17";posteriormente procede a objetar la constitución del Tribunal Arbitral. No obstante, el Foro Arbitral conforme lo señala el artículo 17 del D.L. 5/99, se pronuncia sobre las excepciones presentadas, acepta la competencia del arbitraje y decide sobre su propia competencia a petición de las partes.

    Ambas partes en la Audiencia de Fijación de Causa, aceptaron la competencia de la cláusula arbitral y por ende de la Institución donde se realizó el arbitraje, resuelven lo referente a la Constitución del Foro Arbitral, así como la vigencia del Contrato de Servicio y la connotación que esto tiene con la cláusula arbitral; por lo que este Tribunal de Justicia no avala la disconformidad planteada por la recurrente.

    Se observa en el Acta de Misión emitida por el Tribunal Arbitral, que se cumplió con todo lo plasmado en los artículos 17 y 18 del D.L. 5/99, las partes comparecieron ante el Cecap, designaron sus árbitros, quienes se pronunciaron sobre su competencia y detallaron el procedimiento a seguir en dicho arbitraje (cfr. 100-110).

    Expuesto lo anterior, concluimos que el tribunal fue constituido en debida forma, tal como lo establece el Reglamento del Cecap, escogido como autoridad de designación, de conformidad con el artículo 1 del Reglamento y las partes aceptaron la competencia del Tribunal Arbitral.

    Denuncia la recurrente, que previo a instaurar un proceso arbitral, las partes tratarían de resolver la controversia amigablemente, mediante una negociación informal directa y de no resultar asistirían a un proceso de mediación, y al no efectuarse, esto acarrea la nulidad del laudo; cabe explicar que si bien la cláusula arbitral señalaba que las partes "harán los esfuerzos posibles" para solucionar el conflicto amigablemente, no existe dentro del expediente arbitral, ni el recurso de anulación, documento o prueba que nos permita percibir el interés de Interdotnet Inc. de asistir a una negociación o mediación antes del proceso arbitral; por tanto no puede aducir este punto como motivo de anulación. Igualmente, las partes no pactaron en la cláusula de arbitraje, que era obligatorio cumplir con este paso para poder asistir a un proceso arbitral.

    El artículo 30 del D.L.5/99, cita que en cualquier momento del procedimiento arbitral, las partes podrán llegar a una transacción sobre la controversia y esto finalizaría el litigio; como se observa, el artículo le brindaba la posibilidad a los intervinientes, que en caso de existir un interés de solucionar la disputa y llegar a un acuerdo previo, puedansuspender el proceso arbitral; descartando este argumento.

    Resuelto lo concerniente a la segunda causal, procedemos a evaluar el tercer motivo de anulación.

    En tercera causa de anulación, la recurrente señala: "el procedimiento arbitral no se ajustó al acuerdo celebrado entre las partes", alegando que se dieron vicios procesales por parte del Tribunal Arbitral, al ordenar la práctica de una inspección judicial con auxilio de peritos a ambas empresas, sobre los asientos contables, archivos y demás documentos que guardan relación con el contrato de servicio; sin embargo, el Tribunal Arbitral omitió practicarla personalmente tal como lo preceptúa nuestro ordenamiento jurídico, esto es lo que debió hacerse si se toma en cuenta que se trataba de un arbitraje en derecho. Por su parte, la contraparte se defiende manifestando que, no es cierto el argumento esbozado, ya que la inspección judicial es de carácter técnico y, se practica con asistencia de peritos; además, hubo participación del Tribunal en todo momento.

    En el caso que nos ocupa, se realizó una inspección judicial en los libros contables, archivos y demás documentos de ambas empresas, evidenciándose que tanto Interdotnet Inc. como Telecarrier Inc. nombraron sus peritos, quienes representaban sus intereses, y éstos entregaron sus informes al Foro Arbitral (cfr. 111-130), por lo que se presume la buena fe en el método de ejecución de la práctica, máximo si tomamos en cuenta que estamos ante la jurisdicción arbitral, sin las ritualidades procedimentales de una jurisdicción ordinaria. Adicionalmente, la proponente del recurso, en su oportunidad no presentó incidente alguno que objetara la práctica judicial ejectuada; siendo así, resulta improcedente entrar a evaluar la validez o no de dicha prueba.

    Por otra parte, advertimos que las afirmaciones expuestas por la actora, son de tipo legal y no corresponde a esta Corporación de Justicia conocer de su disconformidad expresada en relación a los informes de actuaciones procedimentales y al diligenciamiento de las pruebas, por no ser materia del recurso de anulación de laudo arbitral. Este recurso no es una instancia más del proceso arbitral, sino un mecanismo en el que la Sala Cuarta sólo tiene competencia para estudiar los hechos debidamente comprobados y que se enmarcan dentro de los motivos de nulidad establecidos taxativamente en el artículo 34 del Decreto Ley No. 5 de 1999.

    Consecuentemente, se descarta este tercer motivo de anulación por carecer de fundamento.

    CUARTA Y QUINTA CAUSAL: (ART. 34, NUMERAL 1, LITERAL C, D.L.5/99)

    Dentro de esta causal se hace referencia a dos momentos, que el laudo alude a una controversia no contenida en el convenio arbitral; y, que la decisión excede de su ámbito o alcance.

    Fundamenta la causal con dos argumentos:

    Cuarta Causal referente a: "la terminación del contrato justificadamente por parte de Telecarrier Inc.", lo que no era objeto de debate dentro del proceso arbitral; debemos indicar que yerra al realizar tal aseveración, pues en el Acta de Misión, entre las pretensiones de Interdotnet Inc., estaban: "...3. Si se definió el concepto de incumplimiento de las partes en dicho contrato; 4. Si se termino (sic) en dicho contrato el derecho unilateral de la demandante de dar por terminado el contrato..." (cfr. 109).

    De igual forma, la misma cláusula arbitral, estipulaba: "...estas diferencias o disputas entre las partes del CONTRATO respecto a cualquier asunto que surja relacionado con el CONTRATO, será finalmente resuelto por medio de Arbitraje...".

    Esta S. no encuentra razón para que se invoque la situación planteada como causa de nulidad del laudo impugnado, toda vez que, fue ella quien dentro de sus pretensión hizo alusión a la terminación del contrato; asimismo, la cláusula arbitral señalaba que cualquier asunto relacionado al contrato se resolvería en el proceso arbitral, como es en esta oportunidad, la "terminación unilateral del contrato".

    En la quinta causa de anulación, la recurrente indica que la emisión del laudo no se llevó conforme a la voluntad de las partes y lo estipulado en el Decreto Ley, ya que el árbitro no aplicó las normas de derecho al motivar su decisión.

    La S. en reiterados fallos, ha planteado que según el modo de decisión de la cuestión que se litiga, el arbitraje puede ser en equidad o derecho.

    Es equidad cuando la decisión se da conforme al entender y los conocimientos de los árbitros; una vez las partes exponen sus pretensiones y se realicen las pruebas, basándose en su formación y conciencia harán una decisión sobre el objeto que ante ellos se ventila. El arbitraje en Derecho es cuando la decisión se realiza siguiendo un protocolo o estatuto normativo que, puede ser aquel que utiliza la jurisdicción ordinaria u otro (incluso legislación extranjera), siempre que ello no signifique una injuria irredimible al orden público; y se requiere que el árbitro sea abogado.

    El artículo 3 del Decreto Ley 5/99, indica la diferencia entre arbitraje en derecho y equidad:

    "ARTÍCULO 3: El arbitraje será en Derecho o en equidad. Será de Derecho cuando el poder conferido por las partes o los árbitros sea para resolver la cuestión conforme a las reglas en Derecho. Será en equidad sí los árbitros hubieren de resolver conforme a su leal saber y entender, sin sujeción a las reglas de Derecho Positivo...

    Cuando el arbitraje sea de Derecho, el o los árbitro deberán ser abogados en ejercicio. Salvo que sea otra la voluntad de las partes..." (Énfasis de la Sala).

    Esta Superioridad procedió al examen del proceso arbitral y pudo constatar que dentro del mismo se siguieron las reglas arbitrales propias de un arbitraje en Derecho. El Tribunal Arbitral falló en estricta observancia de las disposiciones establecidas en el D.L 5/99 y el reglamento del Cecap.

    En el proceso de arbitraje que se siguió entre TELECARRIER INC. y INTERDOTNET INC. se cumplió con el procedimiento arbitral establecido en las normas que gobernaban el arbitraje en derecho. En la audiencia de fijación de la causa se cumplió con lo preceptuado en el artículo 25 del Reglamento de Arbitraje que preceptúa:

    "EL Tribunal, en audiencia, invitará a las partes a que de común acuerdo con el Tribunal establezcan la Fijación de la Causa.

    La Fijación de la causa tendrá por objeto la resolución de las siguientes cuestiones :

  2. Establecimiento de la competencia del Tribunal Arbitral y de su alcance .

  3. Señalamiento de las controversias que oponen a las partes y resumen de sus respectivas pretensiones.

  4. Detalle y exposición de los puntos que son necesarios establecer para el esclarecimiento y resolución de las controversias que se someten a los árbitros.

  5. Lo relativo a la práctica de pruebas".

    Por otra parte, se observa que el Laudo Arbitral proferido el 29 de agosto de 2008, contiene todos los requisitos que establece el artículo 34 del Reglamento de Arbitraje del Cecap , que señala:

    "ARTÍCULO 34- CONTENIDO DEL LAUDO.

    El laudo deberá contener como mínimo:a) La identificación de las partes con sus datos y la de sus representantes o abogados si los hubiere.b) Las circunstancias de lugar, idioma y demás, del Arbitrajec) La identificación de los árbitros y del Secretario.d) Una referencia del examen de la competencia objetiva del Tribunal y de la fijación de la Causa.e) Una exposición sumaria de las pretensiones respectivas de cada una de las partes extraídas de sus alegaciones.f) Un breve resumen de las pruebas propuestas y admitidas y de su práctica.g) Los fundamentos jurídicos o de equidad, según sea caso, que avalen el fallo.h) El fallo o decisión de la causa.i) El pronunciamiento sobre las costas"

    Es imperativo en esta oportunidad señalar que, el hecho que no se haya aplicado la norma de derecho sustantivo a la motivación del laudo en derecho, sea razón para declarar la anulación del laudo arbitral; pues no solamente se requiere que la motivación de un laudo se de con artículos de los códigos, decretos o leyes panameñas, sino también jurisprudencia, doctrina, sana crítica y demás instrumentos legales, que le permitan a los árbitros emitir una decisión final. Además l a S. pudo comprobar que el Laudo contiene la identificación de las partes, de los árbitros los que eran abogados, la competencia del tribunal arbitral, una relación sistematizada de las pruebas practicadas, las alegaciones de las partes y, por último la decisión adoptada por el tribunal se encuentra debidamente sustentada.

    Por tanto, esta Corporación de Justicia es del criterio que no puede estimarse esta causal como razón de Anulación del Laudo Arbitral en Derecho de 29 de agosto de 2008, dentro del proceso seguido por TELECARRIER INC. contra INTERDOTNET INC.

    Resuelto los puntos que motivan el presente recurso, vemos que existe una divergencia de la parte peticionaria porque el laudo no se pronunció a favor de Interdotnet Inc., pareciera que la intención es que la Sala Cuarta, vía Recurso de Anulación, revoque la decisión tomada por los árbitros. Sin embargo, los árbitros siguiendo los parámetros del Decreto Ley 5/99 y del Reglamento del Cecap, emitieron un fallo el cual deberá ser acatado por las partes.

    El jurista R.G., en su obra "La anulación del laudo arbitral de consumo" ha señalado que: "el propósito que se busca con este recurso no es el de valorar el acierto o no de la decisión del colegio arbitral, entrando en un nuevo enjuiciamiento de la cuestión. El recurso de anulación no debe confundirse con el recurso de apelación, estando vedado al órgano judicial el nuevo examen íntegro del litigio".

    Luego del obligante examen general y previo del libelo contentivo del Recurso de Anulación, la Sala considera prudente señalar que las causales de anulación del laudo arbitral son taxativas, no admiten generalidades y mucho menos puede ser utilizado este recurso para atender asuntos procesales que fueron debatidos dentro del proceso arbitral, ya que ello equivaldría convertir a la Sala en Tribunal de Segunda Instancia.

    PARTE RESOLUTIVA

    En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la Ley, NIEGALA ANULACIÓN del Laudo Arbitral del veintinueve (29) de agosto de dos mil ocho (2008), dictado por el tribunal de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CECAP), dentro del proceso de arbitral propuesto por la sociedad TELECARRIER, INC. contra INTERDOTNET, INC.

    Se condena en costas a la parte recurrente, las cuales se fijan en la suma de doscientos balboas con 00/100 (B/.200.00 ).

    N. y Cumplase.

    ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

    VICTOR L. BENAVIDES P. -- HARLEY J. MITCHELL D.

    CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

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