Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), Quinta de Instituciones de Garantía, 20 de Agosto de 2007

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución20 de Agosto de 2007
EmisorQuinta de Instituciones de Garantía

VISTOS:

Para resolver sobre su ADMISIBILIDAD, conoce la Sala de lo Penal de la Corte Suprema del RECURSO DE CASACIÓN formalizado por el apoderado judicial de A.I.H. De ARIAS en contra de la sentencia de segunda instancia de 15 de diciembre de 2006, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, que CONFIRMA la sentencia de primera instancia que CONDENA a la sentenciada a la pena de 40 meses de prisión, por la comisión del DELITO DE VENTA ILÍCITA DE DROGAS .

El recurso cumple con lo estipulado en el artículo 101 del Código Judicial, al dirigir el libelo a la Magistrada Presidenta de la Sala de lo Penal, se impugna una medida jurisdiccional proferida por un Tribunal Superior de Distrito Judicial, en su condición de tribunal de segunda instancia, dentro de un proceso en el que se investiga la comisión del DELITO DE VENTA ILÍCITA DE DROGAS, cuya pena es superior a los dos años de prisión, en cumplimiento de los presupuestos del artículo 2430 del Código Judicial.

En atención a los requisitos que establece el artículo 2439 lex cit, la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, y ha sido interpuesto en tiempo oportuno.

El libelo contiene las secciones relativas a la historia concisa del caso, la causal de casación, apoyada con los respectivos motivos, y disposiciones legales que se dicen infringidas. Al examinarlas en detalle, se advierte que la sección sobre la historia del caso no es concisa, ya que introduce argumentos encaminados a liberar de responsabilidad penal de la sentenciada (f.305), lo que no es correcto debatir en esta sección, que debe limitarse al examen breve sobre el origen del proceso, los cargos formulados contra la sentenciada durante la etapa de instrucción, la resolución judicial de fondo adoptada por el a-quo, y principalmente la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior; defecto que implica que este apartado no se encuentra determinado correctamente, infringiéndose el literal a, numeral 3 del artículo 2439 del Código Judicial.

Además, el defecto anotado no es el único en el libelo de casación. La causal invocada es de fondo, se refiere al error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal, la que se apoya en cinco motivos. El primero no menciona cuál fue el "...error de apreciación..." (f.306) del Tribunal Superior sobre la declaración rendida por W.R., y se limita en señalar lo que, a su juicio, manifestó el declarante en mención. El segundo motivo censura que el ad-quem concedió "... pleno valor probatorio..." (f.307) a la diligencia de venta controlada de drogas, y tampoco menciona el juicio realizado por el ad-quem respecto a esa diligencia.

El tercer motivo es confuso. No concentra su atención en el razonamiento del Tribunal Superior, sino que incluye la actuación del juez de primera instancia, y no explica por qué la declaración de W.R. comprueba la comisión del delito de posesión ilícita de drogas y no el delito de venta ilícita de drogas.

El cuarto motivo nuevamente expresa que el Tribunal Superior "no... valoró correctamente " (f.307) la declaración de I.M.R. y de W.R., y omite mencionar el juicio efectuado por el ad quem sobre esos medios de prueba.

El quinto motivo se

trata de un alegato, de un argumento que solamente trata de absolver de

responsabilidad a la sentenciada, sin que se desprenda un ejercicio de las

pruebas allegadas al cuaderno penal que acredite el cargo de injuridicidad

En síntesis, los motivos no están correctamente

formalizados porque solamente menciona que la sentencia atacada cometió un

error en la valoración de pruebas testimoniales y documentales (diligencia de

venta controlada de drogas), sin

explicar el juicio al que llegó el Tribunal Superior sobre los mismos. Estos

aspectos llevan a esta Superioridad a señalar que los motivos no concretan un

cargo de injuridicidad, incumpliendo

con el numeral 3 del artículo 2439 del Código Judicial .

La sección de las disposiciones legales infringidas sustenta la infracción de los artículos 781 y 917, ambos del Código Judicial, y los artículos 38 y 260 del Código Penal.

La alegada infracción del artículo 781 del Código Judicial está correctamente formalizada, ya que la explicación que sustenta la censura es coherente con la regla de valoración probatoria y el concepto de infracción invocado. Contraria es la situación de la supuesta violación del artículo 917 del Código Judicial, porque el recurrente pretende confrontar esa disposición legal, que regula el valor probatorio de la prueba testimonial, con una DILIGENCIA DE COMPRA CONTROLADA DE DROGAS, que es de naturaleza documental.

Se advierte la vulneración del artículo 260 del Código Penal en concepto de violación directa por omisión, pero únicamente se trascribe el primer párrafo de esta norma penal, pese a que la jurisprudencia reiterada ha señalado que las disposiciones legales que se estiman infringidas deben ser trascritas "... en su totalidad..." , para la correcta presentación de esta sección del recurso. (Resoluciones de 11 de febrero de 2003 y de 8 de mayo de 2006. M.P.A.S.C..

En esta sección el recurrente sostiene que la conducta de la sentenciada no se adecua al delito de venta ilícita de drogas, sino en el delito de posesión ilícita de drogas para el consumo (f.310), pero no consta la transcripción, el concepto de infracción y la correspondiente explicación encaminadas a acreditar la violación de esas conductas delictivas, que se aprecian en los artículos 258 y 263-F, ambos del Código Penal.

La Sala concluye que el libelo de casación penal no especifica correctamente el requisito que concierne a los motivos que apoyan la causal invocada, y las disposiciones legales que se dicen infringidas por la resolución impugnada. Las deficiencias arriba anotadas ocasionan que la causal no ofrezca un planteamiento que indique de qué manera el juzgador de segunda instancia valoró pruebas incorrectamente, que, a juicio de la recurrente, comprobaban la infracción de la ley sustancial penal, lo que ocasiona su no admisión por no ajustarse a lo que establece el literal c. del numeral 3 del artículo 2439 del Código Judicial.

Por lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el RECURSO DE CASACIÓN en contra de la sentencia de segunda instancia de 15 de diciembre de 2006, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, que CONFIRMA la sentencia de primera instancia que CONDENA a A.I.H. De ARIAS a la pena de 40 meses de prisión, por la comisión del DELITO DE VENTA ILÍCITA DE DROGAS .

N. y devuélvase.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

GRACIELA J. DIXON C. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

MARIANO HERRERA (Secretario)

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