Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), Quinta de Instituciones de Garantía, 21 de Agosto de 2007

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución21 de Agosto de 2007
EmisorQuinta de Instituciones de Garantía

VISTOS:

Ha llegado a conocimiento de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación, en el fondo, formalizado por el licenciado D.Z.R., quien actúa en su condición de apoderado judicial de E.E.M.A., contra la sentencia N°117 de 26 de diciembre de 2006, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual, se confirmó la decisión de primera instancia que condenó a M.A., a la pena principal de 36 meses de prisión, por ser autor del delito de hurto agravado, cometido en perjuicio del Banco Continental.

Vencido el término de fijación del negocio en lista, corresponde determinar si el libelo de formalización del recurso de casación, cumple las exigencias procesales que condicionan su admisibilidad y que se encuentran descritas en los artículos 2430 y 2439 del Código Judicial.

En cumplimiento de esa labor jurisdiccional, consta que el mecanismo extraordinario de impugnación fue anunciado y sustentado dentro de los términos de ley; ha sido promovido por persona hábil para recurrir; se ejercita contra la sentencia proferida en segunda instancia, la cual es de aquellas resoluciones judiciales que permiten la interposición del recurso y el libelo de formalización se dirige a la Magistrada Presidenta de la Sala, tal como lo indica el artículo 101 del Código Judicial.

La historia concisa del caso, no se presenta de manera correcta, ya que el actor plantea argumentaciones sobre la inadecuada valoración de un video y de las declaraciones de P.M.G. De Paredes, Y.D.C.G., O.C. de M., y la falta de apreciación probatoria de varios correos electrónicos enviados por la empresa R.P. y de las declaraciones de A.L. y el imputado M.A. (f.561), todo lo cual, resulta ajeno a los antecedentes procesales que debe contener esta sección del libelo, que son los relativos a la génesis del negocio, la calificación del sumario y las sentencias de primera y segunda instancia.

El recurso se sustenta en dos causales de fondo.

La primera se identifica correctamente y corresponde al supuesto de "Error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustantiva penal" (f.561).

Esta causal se apoya en cuatro motivos, contentivos de las piezas que se consideran erróneamente valoradas, seguidas de la explicación sobre la forma en que el yerro alegado ocurre. No obstante, ninguno incorpora la argumentación fáctica tendente a acreditar la trascendencia de cada vicio probatorio planteado y su incidencia en la parte dispositiva de la sentencia de segunda instancia censurada.

Vía jurisprudencia, se tiene sentada la posición que "no es cualquier error de índole probatorio el que acarrea una infracción a la ley sustantiva; sino aquel que tenga la virtualidad de sobreponerse a la consideración u omisión de las piezas que puedan figurar a favor o en contra del imputado, y consecuentemente, modificar la situación penal definida por el juzgador de segunda instancia. Por esa razón, resulta indispensable que el censor explique al tribunal de casación la magnitud o relevancia que posee el vicio de injuridicidad aducido" (Resolución Judicial de la Sala Penal de 6 de marzo de 2006).

En cuanto al aparte de las disposiciones legales infringidas, el censor atiende correctamente las formalidades de: 1. aludir, en primera instancia, a las disposiciones adjetivas, 2. transcribir el texto completo de las normas invocadas como conculcadas, y 3. expresar el concepto de infracción, seguido de su respectiva explicación. Sin embargo, al mencionar las normas sustantivas vulneradas, omite citar la infracción del artículo 181 del Código Penal, lo que es necesario en este caso, porque su referencia está contenida en el tipo penal que el casacionista alega como violado (artículo 183 del Código Penal).

La segunda causal se identifica de manera correcta, correspondiendo al "Error de hecho en la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustantiva penal" (f.566).

Esta causal se apoya en tres motivos, descriptivos de cargos de infracción consistentes con el vicio probatorio invocado. No obstante, el primer motivo, si bien alude a los elementos que fueron omitidos por el Tribunal "Ad-Quem", lo cierto es que su desarrollo se plantea en términos extensos, que impiden al Tribunal de Casación conocer, con la debida diafanidad y precisión, en qué consiste el cargo de infracción legal.

Aunado a lo anterior, al igual que se indicó al examinar la primera causal, los motivos expuestos no incursionan en la explicación sobre la virtualidad que posee cada uno de los cargos probatorios formulados.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, se advierten dos defectos formales: 1. el concepto de infracción del artículo 780 del Código Judicial se encuentra mal formulado, pues una lectura de la resolución judicial impugnada, revela que esa disposición legal fue aplicada por el Tribunal "Ad-Quem" (f.549), lo que es indicativo que no procede alegar su infracción en concepto de violación directa por omisión; y 2. se omite citar la infracción del artículo 181 del Código Penal.

Como quiera que los errores anotados, no son de tal gravedad que tornen confuso, incomprensible o infundado el libelo de formalización examinado, lo que sigue en derecho es ordenar su corrección, tal como lo permite el artículo 2440 del Código Judicial.

Por las consideraciones expuestas, la suscrita Magistrada Sustanciadora, actuando en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA mantener la actuación en la Secretaría de la Sala Penal de esta Corporación de Justicia, por el término de cinco (5) días, a fin que el recurrente efectúe las correcciones indicadas en la parte motiva de la presente resolución judicial, luego de cual, se resolverá, en definitiva, sobre la admisibilidad del recurso propuesto.

N. y cúmplase.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

MARIANO HERRERA (Secretario)

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