Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), Quinta de Instituciones de Garantía, 24 de Agosto de 2007

PonenteGraciela J. Dixon C.
Fecha de Resolución24 de Agosto de 2007
EmisorQuinta de Instituciones de Garantía

VISTOS:

Celebrada la audiencia oral y pública correspondiente al recurso de casación en el fondo interpuesto por la licenciada I.I.C.M., defensora de ofico de J.A.C.L., contra la sentencia Nº.50 de 31 de marzo de 2006, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, corresponde emitir la decisión del caso.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

El proceso penal inició con el informe de novedad fechado el 09 de noviembre de 2004 (fs.2-3), suscrito por el Cabo I J.R., en el que comunicó que a J.A.C.L. se le encontró cierta cantidad de droga para la venta, consistente en 195 fragmentos sólidos (30.17 gramos de cocaína - crack).

El procesado fue condenado por el juzgado de instancia a la pena de 78 meses de prisión como autor del delito de posesión agravada de drogas, decisión que confirmó la sentencia recurrida por vía del recurso extraordinario de casación.

PRETENSIÓN DEL CASACIONISTA

La letrada solicitó que se case la sentencia recurrida y se modifique la calificación del delito imputado a JOSÉ ANTONIO CÓRDOBA LESLIE.

CAUSAL INVOCADA

Se invocó como única causal de fondo "error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha influido en el tipo", contenida en el numeral 3 del artículo 2430 del Código Judicial.

LOS MOTIVOS:

La casacionista sustentó la causal aducida con dos motivo. En el primero, destacó que el Tribunal Ad-quem cometió error de derecho al calificar la conducta del procesado como posesión agravada de drogas y no como posesión simple, toda vez que la sustancia que se le encontró únicamente pesó 30.17 gramos, peso mínimo que implica posesión simple de drogas.

En el segundo motivo, indicó que el tribunal superior incurrió en un error jurídico porque no existen en el expediente otros elementos que demuestren que la intención del procesado era el traspaso o venta ilícita de la droga.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La defensora oficiosa citó como disposiciones legales infringidas, el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación, al considerar que el Tribunal ad-quem concluyó erradamente que la cantidad de la droga encontrada implicaba la venta o traspaso de la sustancia.

Desde esa perspectiva, también anotó la lesión del primer párrafo del artículo 260 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, al estimar que el tribunal de alzada desconoció que la conducta que realizó el imputado calificaba como posesión simple de drogas.

OPINIÓN DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

La señora Procuradora General de la Nación discrepó

del cargo de injuridicidad ensayado en el primer motivo, al considerar que

cuando se promovió recurso de apelación, se peticionó la absolución del

procesado, en lugar de solicitar la variación de la calificación jurídica del

delito, razón por la que no puede imputarse a la resolución impugnada un vicio

de injuridicidad con respecto a una situación que no se solicitó.

Además, sostuvo que el peso de la sustancia ilícita

que se le encontró al procesado no constituye un elemento suficiente para

enervar el fallo recurrido, porque la cantidad de droga excedió con creces la

medida posológica de consumo personal.

En cuanto al segundo motivo, reiteró que la

calificación legal del delito no fue objeto de impugnación durante la alzada; y

que existen los elementos necesarios para concluir que se trató de un delito de

posesión de drogas agravado.

De manera que, sobre la base de la anterior

argumentación, peticionó que no se case la sentencia recurrida.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

Conocida la disconformidad del recurrente, así como el criterio del Ministerio Público, corresponde decidir el recurso interpuesto.

Con relación al primer motivo, la Sala discrepa del criterio de la recurrente, toda vez que consideramos que la cantidad de droga encontrada al procesado (30.17 gramos), no permite subsumir la conducta punible dentro del primer párrafo del artículo 260 del Código Penal, no sólo porque no se trató de una cantidad escasa, sino también porque la forma como le fue encontrada la sustancia ilícita (195 fragmentos - fs.1; 2-3; 6; y 38-41), nos lleva a coincidir con la decisión del tribunal ad-quem, en el sentido que el hecho punible encuentra su descripción típica en el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal.

Aunado a lo antes señalado, y relacionado con lo que sostuvo la letrada en el segundo motivo, resulta oportuno acentuar que el informe de novedad visible a fojas 2-3, suscrito por el agente policial J.R., destacó que existía información que J.A.C. mantenía en su poder cierta cantidad de droga para la venta, lo cual también nos permite inferir que el procesado iba a suministrar la droga en venta o traspaso a cualquier titulo para consumo ilegal, conducta que, repetimos, viene reprimida por el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal.

Además, observamos que el procesado, según se desprende de la evaluación siquiátrica, visible a foja 72, no es drogodependiente.

Sobre el delito de posesión de drogas, la jurisprudencia de este Tribunal ha expresado lo siguiente:

"... cabe anotar que el tipo penal contra la salud pública en su modalidad, conocida como posesión de drogas, se refiera a su forma simple o básica y luego, partiendo del cuántum del objeto material, tipifica una forma agravada, sustentada en un elemento subjetivo cual es la apreciación o presunción judicial, deduciendo un propósito de venta o traspaso o cualquier título (sic)". (Resolución de 8 de abril de 1997).

En ese mismo orden de ideas, en la sentencia de 14 de enero de 1997 la Sala puntualizó lo siguiente:

"... el tipo penal contra la salud pública en su modalidad conocida como posesión de drogas, se refiere a su forma simple o básica y luego, partiendo del quántum del objeto material, tipifica una forma agravada, sustentada en un elemento subjetivo, cual es la apreciación o presunción judicial, deduciendo un propósito de venta o traspaso a cualquier título".

En el presente caso, luego de haberse recibido información sobre la venta de drogas, la sustancia ilícita le fue hallada al procesado, distribuida en cuatro cartuchos, que contenían 195 comprimidos, de los cuales 194 resultaron positivos para la droga de cocaína (crack), con un peso de 30.17 gramos (f.46), sin que existan evidencias que se trata de un drogodependiente o adicto, elementos que inciden en que esta Superioridad concluya que existía un propósito de venta o traspaso a cualquier título, quedando la conducta subsumida por el tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal.

En consecuencia, no se logra acreditar los cargos de injuridicidad que la casacionista ensayó en el primer y segundo motivo, con lo cual queda desvirtuada la causal aducida.

Así las cosas, no prospera la indebida aplicación del párrafo segundo del artículo 260 del Código Judicial, alegado por la recurrente, toda vez que, conforme a los elementos probatorios expuestos, nos encontramos frente a la comisión del delito de posesión agravada de drogas.

Consecuentemente, tampoco tiene lugar la vulneración del primer párrafo del artículo 260 del Código Penal por violación directa por omisión, puesto que la conducta ilícita investigada no califica como delito de posesión simple de drogas.

Ahora bien, frente a la deficiente motivación de la resolución impugnada, no podemos concluir sin antes reiterar el llamado de atención que hemos venido haciendo al tribunal ad-quem, con relación a la necesidad de motivar adecuadamente las resoluciones judiciales, dado que se trata de un derecho fundamental que le asiste al procesado y que constituye un medio idóneo para asegurar un mejor ejercicio del derecho de defensa, así como una adecuada tutela judicial.

S., dicho lo anterior, no procede casar la sentencia recurrida.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia Nº.50 de 31 de marzo de 2006, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso penal seguido a JOSÉ ANTONIO CÓROBA LESLIE.

N. y D..

GRACIELA J. DIXON C.

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

MARIANO E. HERRERA E. (Secretario)

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