Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), Quinta de Instituciones de Garantía, 24 de Agosto de 2007

PonenteAníbal Salas Céspedes
Fecha de Resolución24 de Agosto de 2007
EmisorQuinta de Instituciones de Garantía

VISTOS:

Conoce este Tribunal de Casación del recurso de casación propuesto por la LICDA. ASUNCIÓN ALONSO DE M., en su condición de defensora de oficio de ANDY ORIEL ODA, en contra de la Sentencia 2ª Inst. Nº229 de 2 de diciembre de 2005, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso penal seguido el delito de Hurto con Fractura, cometido en detrimento de HACIENDA COUNTRY CLUB, el cual fuera debidamente admitido a través de resolución de 28 de septiembre de 2006.

A la fecha, una vez verificada la audiencia oral prevista en nuestro código de procedimiento, el negocio se encuentra en estado de decidir por esta Superioridad.

ANTECEDENTES

La presente encuesta penal tiene su génesis con la denuncia presentada por R.P.M., rendida el día 6 de agosto de 2004, a través de la cual pone en conocimiento de las autoridades acerca de la comisión de un delito de hurto con fractura en perjuicio de la HACIENDA COUNTRY CLUB, ubicada en Cerro Azul. Al respecto sostiene que del precitado lugar se llevaron cámaras fotográficas, máquinas de escribir, cuadros, aires acondicionados, parte del tendido eléctrico, alrededor de 5,000 pies de alambre de aluminio y cobre, así como parte de los utensilios de los baños. Igualmente sostiene que el celador del lugar, alrededor de la 1:45 PM de ese mismo día, le indicó que tres personas se encontraban en las inmediaciones del rancho picando los alambres del tendido eléctrico. Finalmente manifiesta que en otras ocasiones anteriores han hurtado cables eléctricos y otros artículos como computadoras y que supone que se trata de las mismas personas (fs.1-2).

El guardia de seguridad de la empresa COUNTRY CLUB de Cerro Azul, V.R.R., rinde declaración jurada a través de la cual manifiesta que al llegar a su puesto de trabajo visualizó a tres sujetos, uno de los cuales se encontraba pelando alambres con un machete. Añade que la última vez que observó el cable instalado fue el día anterior (fs.4-5). Lo anterior es corroborado por F.G.R., quien rinde declaración jurada visible de fojas 6 a 7.

Al rendir sus descargos, ANDY ORIEL ODA PINTO negó los cargos formulados en su contra e indicó que cuando se dirigía en compañía de otros dos amigos hacia el río, se encontraron tres tramos de cables tirados, los cuales recogieron con la intención de venderlos, razón por la cual empezaron a pelarlos. Añade que en dicho momento un señor les advirtió que desalojaran el área por ser ésta privada, a lo que le señalaron que no iban a causar problemas (fs.30-32).

Sin embargo, al rendir declaración indagatoria E.A.M.M., éste señaló que los cables se los encontraron cuando salían del río, mismos que se encontraban conectados en un poste por lo que los soltaron del enganche y de un tornillo que los sujetaba con la ayuda de una llave de tubo que también se encontraron en el lugar (fs.25-27).

Mediante Vista Fiscal No. 290 de 29 de octubre de 2004, la Fiscalía Decimotercera del Primer Circuito Judicial de Panamá, recomendó al juez de la causa, proferir un auto de llamamiento a juicio en contra del imputado, como responsable del delito tipificado en el Libro II, Título IV, Capítulo I del Código Penal (fs.117-120). Dicha recomendación fiscal fue acogida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, cuando a través de auto de 9 de mayo de 2005, abre causa criminal en contra, entre otros, de ANDY ORIEL ODA PINTO, como presunto contraventor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título IV, Libro II del Código Penal, es decir, por el delito genérico de Hurto (fs.134-140).

Posteriormente, mediante Sent. Abs. Nº9 de 4 de agosto de 2005, dicho juzgado absuelve al imputado de los cargos que le fueron endilgados por el delito de Hurto, en perjuicio de HACIENDA COUNTRY CLUB (fs.150-156). Contra esta decisión se anuncia y se sustenta recurso de apelación por parte de la agencia de instrucción, en virtud del cual se dicta la Sentencia 2ª Inst. Nº229 de 2 de diciembre de 2005, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, a través de la cual, previa revocatoria, se declara penalmente responsable a ANDY ORIEL ODA PINTO del delito de Hurto con Fractura y se le condena a la pena de 24 meses de prisión e inhabilitación por el mismo lapso para ejercer funciones públicas (fs.172-177).

CAUSAL INVOCADA

La casacionista alega como causal de fondo, "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustancial penal", contenida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

MOTIVOS DE LA CAUSAL INVOCADA

La recurrente propone un único motivo para sustentar la causal planteada.

En el mismo, señala que el Segundo Tribunal Superior de Justicia no apreció la deposición efectuada por CÉSAR ENRIQUE REYES, perito del Estado, a través de la que el declarante sostiene que no se puede determinar con exactitud si el delito bajo estudio fue cometido por el imputado o por otra persona con anterioridad, toda vez que HACIENDA COUNTRY CLUB había sido objeto de otros ilícitos, lo que acarrea dudas sobre la responsabilidad y participación de ANDY ORIEL ODA en el hecho ilícito endilgado en su contra.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Como normas quebrantadas se señalan los artículos

972 del Código Judicial, así como el artículo 184 del Código Penal.

El artículo 972 se cita infringido en concepto de violación directa por omisión, por cuanto que el Tribunal Ad-Quem no valoró el testimonio de C.E.R., del cual se coligen dudas respecto de la responsabilidad de A.O.O., puesto que el declarante señala que no puede determinar la fecha en que se llevó acabo el hurto con fractura al haberse cometido varios con anterioridad.

Por su parte, el artículo 184 se señala transgredido en concepto de indebida aplicación al no existir en el dossier penal pruebas que acrediten la responsabilidad penal de ANDY ORIEL ODA.

SENTENCIA IMPUGNADA

Al confrontar lo aseverado por la casacionista con los criterios contenidos en la sentencia impugnada, la Sala aprecia que el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá se manifiesta al respecto en los siguientes términos:

"PRIMERO: Corresponde en esta oportunidad analizar si se

encuentra o no reunidos los elementos probatorios suficientes que justifiquen

un fallo condenatorio contra los inculpados, por ser esta la razón que motivó

la alzada.

SEGUNDO

Al respecto, la valoración integral de las piezas de convicción incorporadas al dossier ponen de manifiesto que existen los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los señores MOULANIER MORENO, M.E. y ODA PINTO por los hechos denunciados.

TERCERO

En este orden ideas, considera la Colegiatura que está plenamente comprobado que los incautados sustrajeron los cables de los predios de la empresa ofendida, tal como se infiere de la declaración jurada rendida por V.R.R. (fs. 4-5), F.G.R. (fs. 6-7) y la declaración del inculpado E.A.M.M. (fs.25-27 y 28), en la que acepta que los cables estaban conectados a un poste, los soltaron del enganche y del tornillo y lo halaron, para lo cual utilizaron una llave de tubo que encontraron en un basurero.

A estos testimonios se suma la diligencia de inspección ocular inserta a fojas 10, en la que se hace constar el uso de violencia en el lugar donde desprendieron los cables, con lo cual se descarta la aseveración de los coimputados ODA PINTO (FS. 30-32) y M. ESPINO (fs. 33-35) que los cables que mantenían en su poder al momento al ser detenidos (ver fojas 8) lo encontraron tirados en el monte.

CUARTO

El cúmulo probatorio inserto al dossier lleva al firme convencimiento que los señores MOULANIERE MORENO, ODA PINTO y M.E., son responsables del delito de hurto con fractura, contenido en el ordinal 3 del artículo 184 del Código Penal, sancionado con pena de 30 meses a 6 años de prisión.

QUINTO

Para fijar el quantum de la pena que deben cumplir los implicados, se atiende a lo dispuesto en el artículo 56 íd. y se parte de una pena base discrecional de 36 meses de prisión, descontándose una tercera parte (12 meses) por haberse acogido al proceso abreviado (ver fojas 133), de conformidad a lo previsto en el artículo 2529 del Código Judicial, siendo la pena que deberán cumplir de 24 meses de prisión. También se les inhabilita para ejercer funciones públicas por el mismo término de la pena principal, luego de cumplida esta."

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Procede el Tribunal de Casación a analizar el motivo que sustenta la causal alegada a fin de determinar si el cargo planteado en el mismo por la recurrente, es lo suficientemente significativo y fundado de tal forma que posea la virtualidad de modificar la decisión adoptada por el juez Ad-Quem en el presente caso.

Como se ha mencionado, se censura la no valoración de la declaración jurada rendida por el Detective II CÉSAR ENRIQUE REYES, omisión que trajo como consecuencia la revocación del fallo absolutorio de primera instancia.

Una vez examinada la mencionada pieza procesal, esta Superioridad arriba a la conclusión que no le asiste razón a la casacionista y que por tanto, no logra acreditar el cargo atribuido a la sentencia de segunda instancia.

Si bien de la lectura de los fundamentos legales de la sentencia recurrida se comprueba que en efecto el tribunal de segunda instancia no valoró la citada declaración jurada rendida por C.E.R., a través de la cual se afirma y ratifica del Informe de Inspección Técnica Ocular (fs.10-11), somos del criterio que la situación jurídica del imputado no habría sido distinta de haberla estimado. Lo antedicho toda vez que de dicho testimonio no se desprende algún elemento que logre la desvinculación de ODA PINTO con el presente caso.

Respecto de esta declaración, sostiene la recurrente que de la misma se desprende que "no se puede determinar con exactitud si la fractura encontrada al Rancho haya sido realizada por lo (sic) procesados o pudiera (sic) haberla cometido otras personas en días anteriores, ya que el denunciante le había señalado que anteriormente el Rancho había sido objeto de hurtos".

Sin embargo, en opinión de este Tribunal de Casación la anterior conclusión no se desprende de la declaración bajo estudio pues en primer lugar, se observa que la pregunta que se le realizara al declarante iba encaminada a aclarar si se podía determinar, de acuerdo a las fracturas encontradas en el rancho, si las mismas habían sido inferidas el día de la captura de los imputados o en días anteriores y, en segundo lugar, porque el deponente indicó que no era posible determinar de acuerdo a las evidencias halladas si las mismas habían sido realizadas ese mismo día mas no porque descartara dicha posibilidad, sino porque es algo indeterminable. Como se colige, el declarante nunca esbozó una opinión sobre si fue o no el señor A.O.O. PINTO uno de los sujetos que llevó a cabo el delito de Hurto con F., tal y como asevera la casacionista, al no ser ésta la intención de la pregunta formulada por el agente de instrucción ni el propósito de la respuesta del declarante.

Así las cosas, somos de la opinión que la recurrente no ha logrado demostrar el cargo de injuridicidad señalado en el presente recurso, lo que trae como consecuencia que tampoco se produzca la violación del artículo 972 del Código Judicial, ni del artículo 184 del Código Penal, normas señaladas por la casacionista como infringidas en concepto de violación directa por omisión la norma adjetiva y en concepto de indebida aplicación la norma sustantiva, cuyos argumentos para explicar dichos conceptos de infracción son muy similares a los utilizados en los motivos alegados y ya estudiados por esta Superioridad.

PARTE RESOLUTIVA

Con mérito en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia 2ª Inst. Nº229 de 2 de diciembre de 2005, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

N. y D..

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO.-- GRACIELA J. DIXON C.

MARIANO E. HERRERA E. (Secretario)

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