Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 7 de Septiembre de 2009

Ponente:Aníbal Salas Céspedes
Fecha de Resolución: 7 de Septiembre de 2009
Emisor:Segunda de lo Penal

VISTOS:

En grado de apelación ingresa a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sentencia N° 02 P.I. fechada 08 de enero de 2009, dictada por el Segundo Tribunal de Justicia, dentro del proceso seguido a C.A.D.A.,por el delito Contra la Vida y la Integridad Personal, en perjuicio de Y.P.N..

El imputado solicitó definir la causa en derecho y llegado el momento de emitir un juicio de responsabilidad frente a los hechos investigados se concluyó la declaratoria de CULPABILIDAD.

Respecto a la situación del señor D.A., el Segundo Tribunal se pronunció indicando que la conducta desplegada por el imputado se encuentra contemplada en el artículo 131 del Código Penal derogado, pues llegó a la residencia de la señora P. y luego de una discusión la hirió con un cuchillo ocasionándole la muerte. Agregó que mantendría la aplicación del Código Penal derogado, ya que fue la época en que se dio el suceso y la sanción es menos severa.

Igualmente consideró los parámetros señalados en el Artículo 56 del Código Penal, en el sentido siguiente: a. Aspecto objetivo, se acreditó con la diligencia de reconocimiento del cadáver, el protocolo de necropsia, el certificado de defunción, la diligencia de reconstrucción de los hechos; b. Aspecto subjetivo, las declaraciones de T.D.P. y J.M.B.; c. La importancia de la lesión o del peligro, el procesado agredió a la víctima con un cuchillo en el pecho, lado izquierdo, sin importarle que se trataba de un área sensible; d. las circunstancias de modo, tiempo y lugar, se desprenden de las deposiciones de las personas que apreciaron al encartado agredir a la hoy occisa y luego darse a la fuga y e. las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en la medida en que haya influido en la comisión del hecho punible, se estimó la existencia de antecedentes por problemas de violencia domésticos.

No habiendo circunstancias agravantes, ni atenuantes que ponderar se determinó la pena principal de 10 años de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período.

EL APELANTE

El licenciado D.G., Fiscal Tercero Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, en tiempo oportuno recurre en apelación indicando la configuración del Homicidio Agravado por parentesco y solicitando el aumento de la pena.

Expresa el apelante que víctima y victimario habían compartido vida marital bajo el mismo techo desde hacía 20 años, producto de la cual existía descendencia (T.D.P., testigo presencial).

Adiciona que dicha pareja mantuvo procesos por delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil que se ventilaron en las Fiscalías Primera y Segunda Especializadas en Asuntos de Familia y el Menor en los años 2001 y 2004.

Tales elementos demuestran, a su juicio que D.A. y Y.P. eran cónyuges, aspecto que de acuerdo a lo establecido con el artículo 68 del Código Penal, ubica este hecho delictivo en la categoría de Homicidio Agravado por parentesco, por cuanto la pena base debe partir de doce (12) años y no de cinco (5).

ESCRITO DE OPOSICIÓN

El licenciado E.M.G., defensor de oficio, actuando en representación del señor C.D.A., presenta oposición al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial, señalando que no se configura la agravante solicitada por dicha dependencia, pues en las constancias no se adjunta certificación de Registro Civil que haga constar el vínculo matrimonial entre el señor C.D.A. y la señora Y.E.P.N..

Agrega que de las distintas piezas procesales se verifica que la relación existente entre las partes ya se había deteriorado producto del consumo de drogas y de la violencia doméstica acreditada en el expediente desde diciembre de 2001 hasta mayo de 2005.

Refiere la declaración del señor J.M.B. (fs. 24-25) quien manifestó que este no era un crimen pasional puesto que la interfecta no vivía con el señor D..

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conocidos los puntos relevantes de la encuesta, corresponde a la Sala decidir la alzada, sólo sobre los aspectos objetados, según lo dispone el artículo 2424 del Código Judicial.

El Fiscal Tercero Superior, licenciado D.G., medularmente solicita el reconocimiento de la agravante establecida en el numeral 1 del artículo 132 del Código Penal, en virtud del nexo conyugal entre la víctima y el victimario; así como el consecuente aumento de la pena impuesta.

El invocado numeral 1 del artículo 132 del Código Penal, contempla la agravante del parentesco, como sigue:

"Artículo 132. El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con 12 a 20 años de prisión cuando se ejecute:

  1. En la persona de un pariente cercano con conocimiento del parentesco o del padre o madre adoptantes o hijo adoptivo del homicida;"

Tal vínculo involucra en igual medida al cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de afinidad, tal como lo preceptúa el segundo párrafo, del artículo 68 del Código Penal.

Debemos recordar que el estado civil de una persona se acredita mediante las actas del Registro, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 335 del Código Civil.

En este orden de ideas, el artículo 1 de la Ley No. 100 de 30 de diciembre de 1974, establece como atribución exclusiva de la Dirección General del Registro Civil:

"... efectuar las inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones, naturalizaciones y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas...

Dicha institución será la depositaria de los documentos públicos relativos al estado civil y la encargada de su custodia y conservación, así como del otorgamiento de copias y certificados autorizados sobre la tasa de las inscripciones y anotaciones, ..."

A lo largo del dossier, no se verifica la existencia de Certificado de Matrimonio entre los implicados en el hecho de sangre en comento. Procedente de la entidad arriba identificada solamente aparece a foja 295 la Nota N°3223/DPRC/06 de 26 de junio de 2006, mediante la cual se remite el Certificado de Defunción de la señora P..

Por su parte el imputado C.A.D.A. en su declaración indagatoria (fs. 76-79) manifestó que "estaba unido". Posteriormente al ser interrogado sobre el tiempo que mantuvo la relación de concubinato con la señora Y.P., manifestó "desde hace (23) años".

A foja 55 del dossier se adjunta copia autenticada del Oficio N° 141 de 28 de agosto de 2003 mediante el cual la Juez Segunda de Policía Nocturno del Distrito de Panamá se refiere a la señora Y.P. como concubina del señor D.A..

Uno de los testigos del suceso, J.A.M.B. residente en la vivienda donde ocurrió el hecho de sangre, manifestó que "la señora le decía que no quería nada con él y él la agredía. Ya él no tenía ropa allí, la venía era a molestar."(f.25)

Las constancias procesales nos revelan la existencia de una unión por veintitrés (23) años entre víctima y victimario en condiciones de inestabilidad, la cual no está acreditada como un vínculo matrimonial jurídico, sino más bien como un concubinato, figura definida por C. como el: "Estado en que se encuentran el hombre y la mujer cuando comparten casa y vida como si fuera esposos, pero sin haber contraído ninguna especie de matrimonio, ni canónico ni civil." (CABANELLAS, G.. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; Editorial Heliasta, S.R.L., Argentina, 1981 Tomo II, Pág. 261).

Este concepto es abordado mediante Resolución de 31 de diciembre de 2002, en la cual se expone que " ... si bien el concubinato es una relación entre hombre y mujer que es común en nuestra sociedad, al no estar incluida en el tipo penal del homicidio agravado por parentesco, no puede el juzgador tipificar tal acción, porque ello compete a la Asamblea Legislativa y hacerlo sería atentar contra el Principio de Legalidad."

En consecuencia, no se adecua el supuesto contemplado en el numeral 1 del artículo 132 del Código Penal a la situación que nos ocupa, por cuanto procede la confirmación de la sentencia.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia N° 02 P.I. fechada 08 de enero de 2009, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

N. y Devuélvase,

A.S. CÉSPEDES

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO (Con Salvamento de Voto) -- JERÓNIMO MEJÍA E.

MARIANO HERRERA (Secretario)

SALVAMENTO DE VOTODE LA MAGISTRADA

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

Con el debido respeto, debo indicar que no comparto la decisión de mayoría de los miembros de la Sala Penal, donde se Confirma la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior, y se condena a C.A.D.A., a la pena de Diez (10) Años de Prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como autor del delito de Homicidio Simple en perjuicio de Y.E.P.N..

Nuestra disconformidad la planteamos de acuerdo a las consideraciones que se dejan expuestas.

La representante de la vindicta pública, al presentar su Recurso de Apelación, solicita se agrave al procesado la pena de prisión impuesta, por tratarse de un homicidio agravado, perpetrado acorde a los presupuestos del artículo 132 numeral 1 del Código Penal, ya que está probado en autos, que entre el victimario y la víctima habían compartido vida marital desde hacia 20 años de convivencia, habiendo procreado descendencia. Prueba del nexo marital, lo constituyen los procesos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil que se ventilaron en las Fiscalías de Familia contra el procesado (fs. 38, 158).

De acuerdo a esta realidad, consta que el procesado se enmarca en lo establecido en el artículo 68 del Código Penal, por ende, debe partirse de la pena mínima de 12 años de prisión, de acuerdo al artículo 132 numeral 1 lex cit.

En cuanto a la censura instaurada por el agente de instrucción, a nuestro criterio está acreditado en el proceso que, entre el procesado y la víctima existía una relación de convivencia de más de 20 años, con descendencia, con tres hijas, situación que se puede corroborar con la propia indagatoria del procesado quien manifestó: "S.F., desde hace veintitrés (23) años, tuvimos tres (3) hijas, la mayor tiene 19 años, la otra 13 años y la más chica tiene 8 años" (fs, 78)".

En el expediente se aprecian copias autenticadas de dos procesos seguidos al sentenciado, uno en el año 2001, ante la Corregiduría de Río Abajo, compareciendo la víctima ante las autoridades en busca de medidas de protección por el delito de violencia doméstica (fs. 35-67). El otro, en el que se advierte que la Fiscalía Primera Especializada en Asuntos de Familia y el Menor (de edad), instruyó sumario por denuncia interpuesta por la pareja sentimental del procesado, hoy fallecida, por las constantes agresiones de las que era objeto (fs. 139-189). Veamos parte de su declaración: "Señor Fiscal, yo vine buscando ayuda aquí porque tengo miedo de estar en la casa, por que me ha amenazado de muerte, me dice que antes de que el valla (sic) preso el (sic) me va a matar...." (fs. 151-152). En el desarrollo de aquél proceso compareció nuevamente a la agencia de instrucción, y relata haber sido otra vez objeto de agresiones físicas y verbales por parte del procesado, inclusive refiere que el procesado la había agredido con un arma blanca en el seno. Para el día en que ocurren los hechos, la víctima, fue herida de gravedad, precisamente, con un arma punzo cortante dentro de su propia residencia.

La lectura minuciosa a las declaraciones que rindió en su momento y lamentablemente mientras aún vivía en los años 2001 y 2004 la hoy occisa, evidencian las constantes agresiones y sometimiento del cual era víctima por parte de su pareja, relación que se habia vuelto no solo disfuncional, sino atentatoria del derecho fundamental a la vida y a su libertad, pone de relieve el cuadro fáctico en que se ven sumergidas muchas parejas dentro de lo que se denomina, "El Ciclo de Violencia Doméstica", y que nuestro ordenamiento está obligado a proteger.

Nos encontramos en este caso con la figura de femicidio, planteado como violación del Derecho Humano a la Vida, que sin estar tipificado en nuestra normativa como un delito específico contra la vida de las mujeres, se encuentra reflejado en la vida cotidiana de nuestro país y es reconocido en la doctrina y por organizaciones internacionales, pues constituye sin duda alguna, la máxima violación a los derechos humanos de la mujer, y es considerado como la forma más extrema de la violencia de género, ejercida por los hombres en su posición de poder, dominación o control sobre la vida de la "Mujer" en su condición de tal. (Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos. Informe regional: Situación y Análisis del femicidio en la región centroamericana. Agosto de 2006)

Si bien la norma penal vigente al momento de cometerse el hecho, contenida en el numeral 1º del artículo 132, no es la que encuadra con el tipo penal, ya que no habían contraído matrimonio y no existe un parentesco legal, está plenamente demostrado en esta investigación con las piezas procesales, la relación de convivencia de esta pareja que tiene una protección de orden constitucional (artículo 58) y que encuentra adecuación en el numeral 10 del artículo 67 del Código Penal, aplicando la ley y atendiendo el objetivo social de la norma, se debe aplicar lo dispuesto en esta norma que contempla lo referente a: "Haber cometido el hecho punible con abuso de las relaciones domésticas... de cohabitación...".

El compromiso de aplicar una justicia con perspectiva de género, evaluando y valorando circunstancias y hechos, en los que se comete actos delictivos contra la mujer, obliga al J. a la lectura, interpretación y aplicación de toda la normativa vigente que lo facultan a reconocer el derecho humano que ha sido violado, el cual es el bien jurídico de mayor valor, la vida, sancionando al responsable.

La Ley 38 de 10 de julio de 2001, que modificó y adicionó artículos al Código Penal de 1982, plantea una concepción lo suficientemente amplia en el ámbito de las relaciones familiares o relaciones domésticas, reconociendo en el numeral 3 del artículo 215 A (actualmente art. 197 del C.P.) para las relaciones de pareja que no han cumplido los 5 años, cuya intención de permanencia pueda acreditarse, reconociendo agravantes, cuando el resultado de la violencia produzca lesiones o daño corporal o psíquico incurable; en cumplimiento del mandado de la norma constitucional (artículo 58). Y a pesar que el Código Penal de 1982, no contempló el homicidio producto de la violencia intrafamiliar, este factor es atendido con el nuevo Texto Único de la Ley 14 de 18 de mayo de 2008, en el cual se tipifica esta conducta ilícita en el numeral 2 del artículo 131.

El artículo 17 de la Constitución Política de Panamá, obliga a las autoridades a proteger la vida, honra y bienes de los nacionales, lo que implica salvaguardar sus derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

Esta situación ha sido estudiada por la Alianza de Mujeres en nuestro país, para exigir esta protección. Así el informe publicado en un periódico de circulación nacional, enfatiza que hasta el viernes 18 de septiembre de 2009, han fallecido 55 mujeres víctimas de violencia de género, el 70% murió a manos de su antigua o actual pareja, estadística que revela un significativo aumento en el delito de Homicidio en perjuicio de la mujer, fenómeno llamado "femicidio".

En materia de derechos humanos se han aprobado una serie de tratados, para preservar las garantías fundamentales de toda persona, teniendo como base impulsar los valores de libertad, igualdad, seguridad, solidaridad y una vida libre de violencia, propios de todo ser humano. Mediante la Ley Nº12 de 20 de abril de 1995, se reconoce como ley de la República, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belem do Para". En este instrumento, en los artículos 3 y 4 se establecen:

"Artículo 3: Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como el privado.

Artículo 4: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

  1. el derecho a que se respete su vida;b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

  2. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;..."

De igual manera, con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, Panamá es signataria de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 4 de 22 de mayo de 1981), este mecanismo internacional plantea la relación de poder y sometimiento en las que se desenvuelven las relaciones de violencia de la pareja y se adoptan las medidas adecuadas para que exista igualdad de la mujer y hombre en el ámbito de la administración de justicia, con un acceso y tutela judicial efectiva y ésta implica conforme al artículo 16 literal b) "El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento".

Luego de esgrimir estos planteamientos, como he manifestado en anteriores oportunidades, es importante proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y tutelar sus derechos humanos y garantías, ante el quebrantamiento del bien más preciado, la vida, que se ve menoscabada con este tipo de conductas ilícitas.

Considero debe aplicarse la agravante que consagra el numeral 10 del artículo 67 del Código Penal, razón por la cual no comparto la decisión arribada en la resolución, en el cual se confirma el fallo emitido por el Tribunal A Quo. Como mi posición no es compartida por la mayoría de los miembros de la Sala, respetuosamente, SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

MARIANO HERRERA

(Secretario)