Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 24 de Mayo de 2010

Ponente:Aníbal Salas Céspedes
Fecha de Resolución:24 de Mayo de 2010
Emisor:Segunda de lo Penal
 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

Mediante resolución de 23 de septiembre de 2009 se admitió el recurso de casación formalizado por el Licenciado C.H.M. contra la Sentencia No. 291 S.I. de 18 de diciembre de 2009, a través de la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó el fallo condenatorio emitido en contra de E.R. procesada por delito Contra el Patrimonio ( Estafa).

Realizada la audiencia para este tipo de casos, el negocio se encuentra en estado de decidir por la Sala.

ANTECEDENTES

El día 22 de junio de 2004 la señora L. A. presentó querella penal por delito de Estafa contra la señora E.R.. Narra la señora A. que el día 1 de octubre de 2002 celebró contrato verbal de compraventa con la señora E.R. de un vehículo marca mitsubishi, color gris, modelo lancer, con placa 163435, por la suma de B/3,000.00 y como constancia de lo anterior presenta documento notariado suscrito por su persona y por E.R.. Que la señora R. recibió conforme la suma de dinero y le indicó que posteriormente le entregaría los documentos de registro vehícular y a manera de confianza le entregó firmada una boleta de traspaso del municipio de Panamá.

No obstante, es hasta el día 14 de marzo de 2003 que la señora R. le entrega los documentos del vehículo, percatándose que el mismo se encontraba hipotecado con MI BANCO, S.A. S. la querellante que el engaño de la señora R. consiste en haber recibido la suma de B/3,000.00 y que con pleno conocimiento recibió el dinero, siendo que la señora R. sabía que el vehículo estaba hipotecado, que no podía traspasarse y que no le advirtió a ella como compradora.

La Fiscalía Séptima de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá dispuso recibirle declaración indagatoria a la señora E.R. por la supuesta comisión de delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de Estafa, mediante diligencia sumarial consultable a folios 129 a 135.

Al momento de calificar el mérito del sumario el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó apertura de causal criminal contra la señora E.R. Á. por la infracción de las normas señaladas en el Capítulo IV, Título IV, Libro II del derogado estatuto punitivo, que contempla el delito de Estafa y otros fraudes.

El día 28 de agosto de 2007 se llevó a cabo audiencia ordinaria donde se presumió la inocencia de la justiciable, que no compareció al acto . El Ministerio Público solicitó auto de mejor proveer para que se verifique si se dio el traspaso efectivo del vehículo y de verificarse el mismo, solicita se dicte una sentencia absolutoria, en tanto que la defensa reclamó la absolución. (v.f. 194 a 195).

Consultable a folios 196-198, oficio dirigido al Municipio de Panamá para certificar el traspaso del vehículo mitsubishi, lancer, año 1998; a foja 198 certificación de 28 de enero de 2008 del Municipio de Panamá, donde se indica que el automóvil no registra gravámenes y sigue a nombre de la señora E.R. .

La juez de primera instancia declaró penalmente responsable a la señora E.R. por delito de Estafa en perjuicio de L.A. y la condena a la pena de veinticuatro (24) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, de elección popular y cualquier otro derecho político por igual término. ( v.f. 199-204).

Mediante Sentencia No. 291-S.I. de 18 de diciembre de 2008 el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, resolvió confirmar el fallo de instancia, el cual había sido recurrido por la defensa técnica de la procesada. (v.f. 222 a 226).

CAUSALES INVOCADAS y MOTIVOS

El Licenciado H.M. expuso como primera y única causal: "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dipsositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal ". Esta causal está establecida en el numeral 1º del artículo 2430 del Código Judicial y la sustenta en dos motivos, que se enuncian a continuación.

Como primer motivo, aduce el censor, el Segundo Tribunal Superior incurre en error probatorio al declarar como autora del delito de Estafa a la procesada basada en la declaración de la ofendida, la cual en la querella y en posteriores declaraciones en el expediente sostuvo que la procesada le vendió un vehículo marca mitsubishi, lancer, color gris, el cual se encontraba hipotecado con Mi Banco (v.f..1-2, 40-42, 121-122; 123-124), según el casacionista el ad quem valoró incorrectamente estas declaraciones y perdió de vista que la señora A. reconoció que la procesada le comunicó de la existencia del gravamen y acordaron un plazo adicional para que se terminara de pagar el préstamo.

Postula el censor, como segundo motivo, que el ad quem incurre en error de derecho al negarle fuerza probatoria a la prueba documental ( f.50) mediante la cual Mi Banco S.A. certifica que la señora E.R. había cancelado el préstamo con garantía hipotecaria y por el cual se autorizaba la deshipoteca y la actualización del registro vehicular, calendada 16 de julio de 2004; de haber valorada correctamente la prueba referida, el ad qeum hubiera concluido que no existió actuación dolosa de parte de su representada y la hubiera absuelto de los cargos.

A juicio del casacionista, la sentencia recurrida ha infringido el artículo 781 del Código Judicial que establece el sistema de la sana crítica para la evaluación de la prueba, en concepto de violación directa por omisión, arguyendo que si el tribunal ad quem hubiera hecho una valoración integral de las declaraciones hubiera concluido que la presunta ofendida tenía conocimiento de la restricción del vehículo comprado para efectos del traspaso en el Municipio.

También aduce que la sentencia de segunda instancia ha infringido el artículo 858 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, toda vez que no se le reconoció valor probatorio al documento expedido por Mi Banco calendado 16 de julio de 2004 donde consta que la sentenciada R. había cancelado el préstamo comercial con garantía hipotecaria con esa institución e inmediatamente se autorizaba la deshipoteca del vehíuclo y la actualización del registro vehicular ( v.f.50) .

Refirió se vulneró el artículo 190 del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, en razón de violación directa por indebida aplicación.

En función de todo lo expuesto, solicitó se case el fallo recurrido y en su lugar se absuelva a su defendida. (v.f. 261-267).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cumpliendo con el procedimiento establecido en la ley se corrió traslado del escrito de casación al Ministerio Público. (v.f. 269 a 277) La licenciada A.M.G.R., en su condición de Procuradora General de la Nación, al momento de decorrer el traslado, solicitó no se case el fallo objeto del recurso.

El Ministerio Público, al analizar el primer motivo que sustenta la única causal aducida " error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal" explicó que no comparte el cargo de injuricidad esgrimido por el casacionista al argumentar la inexistencia del engaño en la acción desplegada por E.R. y que la conclusión del ad quem en cuanto al dolo desplegado en el actuar de E.R. se evidencia en el contenido de la sentencia recurrida, cuando el Tribunal indicó:

" De ser cierto lo dicho por la procesada de que la afectada tenía conocimiento que el vehículo era hipotecado ( fs. 140) debió dejarlo por sentado en el documento, además el engaño está plenamente acreditado, porque la certifcación de Mi Banco donde señalan que el automóvil esta hipotecdo es de julio de 2004 y RODRIGUEZ ÁVILA recibió tres mil balboas porla venta del carro en octubre de 2002..." (f.225).

Advierte el Ministerio Público que contrario a lo sostenido por el censor, la prórroga de un mes que solicitara E.R. para entregar los documentos del vehículo a L.A. fue posterior a que recibiera la suma de B/3,000.00 , según declaración rendida por la señora A. y que se lee a folio 40 del dossier.

Finalmente indica la representación social que el desconocimiento que tenía la ofendida acerca del gravamen hipotecario existente sobre el vehículo se reconoce con lo declarado a folio 122, cuando señala que cuando intentó hacer el trámite de traspaso fue que se enteró que el carro estaba hipotecado a Mi Banco S.A. y que estaba secuestrado por el banco por una moratoria en el pago del préstamo que adeudaba la señora R., por lo que no se podía efectuar el traspaso y que cuando accionaron penalmente, fue que ésta canceló la deuda, sin embargo, el vehículo no ha sido traspasado, por lo que cargo de ilegalidad esbozado en el primer motivo no se configua.

En cuanto al segundo motivo que sustenta la causal, referente a que el Tribunal Superior le negó la fueza probatoria correspondiente a la prueba documental consultable a foja 50, en que consta que el préstamo comercial con garantía hipotecaria fue cancelado y se autoriza la actualización del registro vehicular, sostiene el Ministerio Pùblico que el ad quem sí apreció el elemento probatorio que se dice mal valorado y a tal fin cita,a foja 225 :

"... Era obvio que la afectada no podía efectuar el traspaso cuando quisiera, como aseguró el defensor, por lo que la tarjeta de traspaso firmada que le entregó a la víctima no fue mas que otra astucia que utilizó para ganar confianza y lograr sus propósitos, por lo que su conducta fue dolosa, ya que estafó a la señora APARICIO quien, hasta la fecha no ha posido inscribir el carro a su nombre por lo que debemos confirmar el fallo cuestionado".

Sostiene que distinto a lo manifestado por el casacionista existió un obrar doloso por parte de la procesada al no traspasar el vehículo a la afectada, por lo que discrepa del vicio de ilegalidad vertido en el segundo motivo.

En referencia a las disposición legal infringida y el concepto de la infracción, el Ministerio Público, previo análisis de las normas procedimentales aducidas como vulneradas concluye que no hay transgresión de la norma adjetiva.

En relación a la transgresión del artículo 190 del Código Penal, al no concretarse la vulneración de la norma adjetiva, no cursa la infracción de la precitada norma sustantiva.

RECOMENDACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En conclusión, la Señora Procuradora General estima que verificado el correspondiente análisis, el Segundo Tribunal Superior no incurrió en la alegada causal y al analizar el caso en cuestión, se verifica que la acción de E.R. se adecua al tipo penal que le fue aplicado, no existiendo yerro en la ponderación de las pruebas esgrimidas, recomendando que al resolver el recurso extraordinario promovido por el Licenciado C.H.M. NO SE CASE el fallo recurrido.

DECISIÓN DE LA SALA

La defensa, quien actúa través del Licenciado C. H.M. , peticiona que una vez admitido dicho recurso extraordinario se case la sentencia Nº 291-S.I. de 18 de diciembre de 2008 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y en su lugar se absuelva a la procesada E.R..

Por su parte, el Ministerio Público, quien es representado por la Sra. Procuradora General de la Nación, A.M.G.R., solicita no casar la sentencia en cuestión, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, el cual confirma el fallo condenatorio suscrito por la Juez Undécima del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Ahora bien, se aprecia que el censor aduce una única causal, la cual será objeto de análisis.

El Casacionista sostiene que se ha incurrido en el error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia recurrida e implica infracción de la ley sustancial penal prevista en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

Dicha causal, de acuerdo a los criterios doctrinales seguidos por este Tribunal de Casación se produce en tres supuestos:

1-Cuando se acepta al medio probatorio no reconocido por la ley;

2-Cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le da fuerza probatoria que la ley le niega; y

3-Cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le niega valor probatorio que la ley atribuye.

Así las cosas, la causal se presenta cuando se objeta la valoración o calificación que se hace a la prueba por resultar incompatible con la ley que la regula.

Se exige como requisito indispensable para que esta causal prospere, que el error cometido sea de tal magnitud que incida de manera directa en el pronunciamiento del juzgador, es decir, en lo dispositivo de la sentencia.

Expuesto lo anterior, nos adentraremos al estudio de los dos motivos que acompañan la causal. Veamos:

En el primer motivo, sostiene el recurrente que el Segundo Tribunal no valoró como debía las declaraciones de la señora L.A. y el ad quem perdió de vista que la señora A. reconoció que la procesada le comunicó la existencia del gravamen y acordaron que le otorgaba un plazo adicional para terminar de pagar el préstamo.

Como quiera que el postulante aduce errónea valoración de las declaraciones que la señora L.A. ha rendido en el dossier y que equívocamente condujeron al ad quem ha concluir en la responsabilidad penal de su representada por el delito de estafa, la Sala procede a un atenta lectura de dichas declaraciones ( fs 1-2, 40-42,121-122, 123-124) sin advertir en forma alguna que de ellas se pueda inferir que la ofendida, señora L.A., tuviera conocimiento que el vehículo que presuntamente compraba , estuviera hipotecado a una entidad bancaria.

En el libelo de la querella la señora A. indica, en los ordinales segundo y quinto, respectivamente , " ...que la señora E.R. recibió el dinero de manera conforme y me indicó que los documentos del vehículo me los entregaría posteriormente, a manera de demostrarme confianza me firmó una tarjeta de traspaso del municipio de Panamà para el respectivo cambio de nombre una vez entregados los documentos" ; continúa la querellante: "...que el día 14 de marzo de 2003 a las cuatro de la tarde la señora E.R. me hizo entrega de los documentos del vehículo y el mismo toda vez que tenía alrededor de 5 meses de estar tratando que me entregara los documentos, una vez hecha la entrega me percato que el vehículo se encuentra hipotecado a Mi Banco".

En forma palmaria se evidencia que la señora L.A. desconocía al momento de la compraventa del vehículo que el mismo estaba hipotecado a Mi Banco S.A., y que sólo cuando se le entregan los papeles del mismo, cinco meses después, tiene conocimiento del gravamen que pesa sobre el mismo y que hace imposble el traspaso de éste.

Más aún, en el ordinal cuarto del escrito de querella, la propia afectada establece que en efecto se acordó un plazo adicional para el traspaso del automóvil, pero en razón que una vez descubierto el engaño, la señora E.R. se comprometió a pagar la obligación contraída con Mi Banco S.A. y poder traspasar el vehículo, siendo esta la razón por la cual la ofendida accedió al plazo pedido, sin embargo, a contrario de lo manifestado por el casacionista , no fue porque ésta ( L.A.) conociera del gravamen sobre el automóvil.

Importa lo declarado a foja 40-42 de la encuesta, pues lo dicho allí ratifica el contenido de la querella penal, cuando a folio 40 la ofendida declara " ... Señor Inspector en octubre del año 2002, en un contrato verbal realizado con la señora E.R. le compré el auto MITSUBISHI LANCER , matriculado Nº 163435 de su propiedad y que según lo convenido se encontraba librado de gravamenes" y sigue el testimonio " ...y en presencia de N.A., todo eso se hizo notariado donde le hice entrega de la suma de tres mil balboas, en ese momento me solicitó que la esperara hasta el mes de noviembre de ese mismo año para hacer el traspaso y como prueba me firmó una tarjeta de traspaso..." ( fs. 40-41).

Conforme lo declarado, la Dra. L.A. señala que al instante de entregar la suma de dinero se había convenido que el automóvil estaba libre de gravámenes y luego de firmado el compromiso notarial y de que E.R. recibiera la suma acordada, ésta le señaló que al mes siguiente le entregaba los documentos del vehículo; en oposición a lo dicho por el censor, no se advierte conocimiento de parte de la señora A. de la existencia del gravamen hipotecario.

F., de las declaraciones que militan a folios 120-121 y 122-123 no se observa referencia alguna de parte de la ofendida a la existencia de un acuerdo previo sobre gravámenes o en el acto de la entrega del dinero, sobre el traspaso posterior del vehículo en atención a una deuda de la señora R. con Mi Banco S.A., es más, la señora A. se ratifica en lo declarado en el libelo de querella en cuanto a que desconocía de la deuda de ésta con Mi Banco, hasta que intentaron traspasar el automóvil.

El censor arguye errónea valoración de estas declaraciones por parte del ad quem, que impidieron la absolución de su representada; no obstante, esta C. no comprende en que puede estribar el yerro valorativo del Segundo Tribunal Superior, si de dichas declaraciones no se infiere ni se presume siquiera que la señora L.A. el día 2 de octubre de 2002 hubiera convenido el pago de B/3,000.00 sobre un automóvil hipotecado, ni que tuviera conocimiento del gravamen que imposibilitaba el traspaso ni que hubiera aceptado en ese instante un plazo adicional para permitirle a la señora R. saldar la deuda contraída con Mi Banco S.A., plazo que sí aceptó, posteriormente, una vez descubierto el engaño, a fin de no perder su inversión.

Adicionalmente, esta Superioridad llama la atención al hecho que entre la querellante y la sentenciada R. no existía un vínculo de amistad, familiar o de confianza que pudiera hacer suponer que la señora A. aceptara pagar una suma de dinero por un automóvil del cual no podía disponer legalmente como propietaria de forma inmediata, la inexistencia de tal vínculo emerge de la propia declaración de la sentenciada R., cuando a foja 142, a propósito de sus descargos y a pregunta del F. si conocía a la señora A. antes de la compra venta del vehículo, respondió.." Señor Fiscal, solo de vista".

El fallo cuya censura se pide, establece " ... cuando la procesada recibió los tres mil balboas por la venta del vehículo mitsubishi, lancer, del año 1998, (fs.3) y cuando se lo entregó a L.A. ( el 14 de marzo del 2003) ( fs.4) el vehículo ni siquiera estaba inscrito a su nombre, sino que estaba hipotecado a nombre de Mi Banco, tal como puede corroborarse en la certificación emitida por dicha entidad con fecha de 12 de julio de 2004 (fs.44), circunstancia que demuestra que en efecto le mintió a la víctima hacíendole ver que el vehículo le pertenecía en la fecha de la transacción".

Y agrega el ad quem, a folio 225, " ...De ser cierto lo dicho por la procesada, de que la afectada tenía conocimiento que el vehículo era hipotecado ( fs.140) debió dejarlo por sentado en un documento..."

Al respecto, estima la Sala que el Segundo Tribunal Superior ha justipreciado las declaraciones de la ofendida, que constan tanto en el libelo de la querella como en sus posteriores ampliaciones, de conformidad con el exacto contenido de las mismas, en las cuales se advierte que la señora A. desconocía que al momento de entregarle los tres mil balboas (B/3.000.00 ) a la señora E.R. por la compra del vehículo mitsubishi, lancer, año 1998, el mismo estuviera sujeto a un gravamen hipotecario, en este caso, por razón de un contrato de préstamo con la sociedad Mi Banco S.A., por lo que no se advierte el cargo de injuricidad alegado.

Pasamos al segundo motivo; el recurrente en su explicación de este motivo considera que el Segundo Tribunal Superior incurrió en error al negarle fuerza probatoria a la prueba documental ( f.50) mediante la cual Mi Banco S.A. certifica que la señora E.R.Á. había cancelado el préstamo comercial con garantía hipotecaria. Enfatiza en que sí el Tribunal Superior le hubiese otorgado el valor probatorio al documento hubiera concluido que no había una actuación dolosa de parte de la procesada y hubiera dictado una sentencia absolutoria.

Esta Colegiatura discrepa del vicio de ilegalidad que se aduce, porque el documento a folio 50 lo único que prueba es que al momento de verificarse la de compra venta del vehículo mitsubishi lancer entre las señoras A. y R., el bien mueble estaba hipotecado a Mi Banco S.A., toda vez que la fecha del documento es del 16 de julio de 2004 y el pago que hizo la señora A. ocurrió el 1 de octubre de 2002 ; en ese orden, ya se examinó en el primer motivo de la causal, el desconocimiento de parte de L.A. sobre la existencia de la precitada hipoteca al momento de entregar la suma de B/3,000.00 y que E.R., como vendedora y propietaria, sí conocía de la restricción que pesaba sobre el vehículo, que hacía imposible el traspaso del mismo, configurando un engaño en perjuicio de L.A., firmando incluso una tarjeta de traspaso que no podía hacerse efectiva en esos momentos, creando en la compradora la confianza para articular el vicio de voluntad que requería para acceder a la suma de dinero, es por ello que la conducta directa o indirecta del estafador consiste en una actividad mental del convencimiento sobre algo contrario a la verdad, planteamiento importante de apreciar; situación que incluso se ha prolongado mas allá de la cancelación del préstamo comercial, que en primera instancia, hacía imposible el traspaso del vehículo, según documento que se observa folio 198, donde se certifica que aún cuando el vehículo se liberó del gravamen hipotecario, la señora R. no ha verificado el traspaso del mismo, siendo para efectos legales, propietaria del mismo.

Respecto al engaño, la Dra. Aura Guerra de V., ha sostenido :

....

El engaño consiste en un proceso intelectual de convencimiento en el cual, una persona crea una convicción en otra para inducirla a error y así obtener un lucro indebido de ella.."

GUERRA DE VILLALÁZ, A.E.. Derecho Penal.Parte Especial. Editorial M. &P., S.A.P., 2002. (Páginas 111-113).

La prueba en cuestión ( f.50) fue valorada en concomitancia con el resto del acervo probatorio que milita en autos, según se advierte en la sentencia recurrida, donde se abordó el tema del dolo, con fundamento en la sana crítica del juzgador y las reglas de la experiencia y la lógica, que permiten concluir en el actura doloso de la conducta desplegada por E.R..

En ese orden se observa que el ad quem concluyó a foja 225:

" Era obvio que la afectada no podía efectuar el traspaso cuando quisiera, como aseguró el defensor, por lo que la tarjeta de traspaso firmada que le entregó a la víctima no fue más que otra astucia que utilizó para ganar confianza y lograr sus propósitos, por lo que su conducta fue dolosa, ya que estafó a la señora APARICIO quien, hasta la fecha no ha podido inscribrir el carro a su nombre, por lo que debemos confirmar el fallo cuestionado".

Esta Colegiatura comparte la conclusión a la que arriba el Tribunal de alzada y en consecuencia, no se prueba el cargo de injuricidad propuesto.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, se alega la infracción de los artículos 781 y 858 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión y el artículo 190 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación.

En ese sentido, los argumentos utilizados para explicar el concepto de infracción, en el caso de las normas indicadas, son los mismos utilizados en los motivos que el recurrente alega como sustento a la causal y esta Superioridad señaló en su momento que no se logró probar el cargo de injuridicidad señalado en éstos, por lo que no ocurre la infracción de los artículos citados en el concepto mencionado.

Como norma sustantiva infringida, el recurrente aduce el artículo 190 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación.

A este respecto, debe señalar la Sala que en las causales probatorias la violación de las normas sustantivas ocurre como consecuencia de la infracción de normas adjetivas, y toda vez que en el presente caso no ha logrado comprobarse la violación de alguna de éstas, tampoco se ha violentado la norma del estatuto punitivo, en el concepto señalado.

En virtud de lo anterior, considera el Tribunal de Casación que, al no haberse probado los cargos de injuridicidad planteados por el censor mediante la causal que conforma el recurso de casación presentado, lo procedente es no casar la sentencia objeto del presente recurso, a lo que se avocará esta Superioridad seguidamente.

PARTE RESOLUTIVA

Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA LA SENTENCIA 2da. No. 291 de 18 de diciembre de 2008, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

N. y D..

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA -- JERÓNIMO MEJÍA E.

MARIANO HERRERA (Secretario)