Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Abril de 2007

PonenteGraciela J. Dixon C.
Fecha de Resolución16 de Abril de 2007
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Esta Sala mediante resolución de 29 de diciembre de 2005 admitió el referido recurso (fs. 227-228). Cumplidas las fases de admisión, sustanciación y celebrada la audiencia oral y pública (fs.229-260), se procede a resolver el fondo del recurso.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

El letrado manifestó que el presente negocio inició con la Diligencia de Allanamiento a la residencia del señor S., el día 5 de diciembre de 2003, en la cual se encontró un maletín, color negro, con tres (3) bolsas que tenían un total de sesenta y cinco (65) sobres plásticos con hierba seca, que resultó ser la droga conocida como marihuana, así como dos (2) bolsas contentivas de sesenta y ocho (68) carrizos de droga llamada cocaína.

Culminadas las fases sumarial y plenaria, O.A.S., fue absuelto en primera instancia, fallo que fue impugnado ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, el que mediante Resolución de 29 de abril de 2005, confirmó dicha decisión, la cual es objeto del presente recurso de casación.

LA CAUSAL

El Señor Fiscal adujo como única causal de fondo, el error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la Ley sustancial penal, contenida en el numeral 1, del artículo 2430, del Código Judicial.

LOS MOTIVOS

El casacionista sustentó la causal invocada, en un primer motivo, indicando que el Ad-quem incurrió en error de derecho al apreciar las declaraciones juradas de los agentes D.G. (Fs. 125-128) y R.A.R. (Fs.173-174), cuando señalaron que tenían información desde el 7 de noviembre de 2003, de que el imputado se dedicaba a actividades ilícitas relacionadas con droga, conjuntamente con una persona apodada "TOÑO".

Seguidamente, expuso como segundo motivo, que el Tribunal de segunda instancia, incurrió en la causal aducida, porque le restó valor probatorio a la declaración indagatoria del señor J.E.M. en la cual formuló cargos al señor S., toda vez que después áquel se retractó de lo manifestado, hecho éste que no fue coherente y explicativo.

Por último, expuso como tercer motivo, que el tribunal de segunda instancia yerra en la apreciación del Acta de Allanamiento, en la cual consta que el señor S., al momento de la diligencia manifestó que la droga pertenecía al sujeto apodado "TOÑO", lo que contradice su posterior argumento de que la puerta de su residencia había sido violentada sin su consentimiento por dicha persona, no obstante, deduce de dicha afirmación, que "TOÑO" entró a la vivienda con su anuencia.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

En lo que respecta a las disposiciones legales vulneradas y el concepto de la infracción, el censor enunció el artículo 917 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, porque el juzgador hizo una errónea valoración de las declaraciones de los agentes D.G. y R.A.R., quienes señalaron que desde el 7 de noviembre de 2003, tenían información de la actividad relacionada con droga que se desarrollaba en la residencia del justiciable, testimonios éstos que fueron desvirtuados, cuando el Ad-quem da por acreditado lo manifestado por el señor S., de que la puerta de su residencia había sido violentada.

Asimismo, estimó como transgredido el precepto legal supracitado, cuando el juzgador le restó valor probatorio a la primera deposición del señor J.E.M., quien relató en forma clara la sucesión de los hechos, toda vez que ello no fue valorado de conformidad con la sana crítica, cuando en la diligencia de careo, el señor M. se retractó de todo lo expuesto en su primera declaración, sin dar mayor explicación.

Por otro lado, citó como infringido el artículo 781 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, debido a que el juzgador al valorar lo sucedido en la diligencia de allanamiento no consideró lo afirmado por el señor S., quien señaló a "TOÑO" como el propietario de la droga, situación que descarta que efectivamente ésta persona hubiese violentado la puerta para ingresar a su residencia sin su consentimiento, ya que de ser así, desconocería al dueño del maletín.

Como consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba, precisó la vulneración del artículo 260, del Código Penal, que tipifica el delito de posesión ilícita de droga, en concepto de violación directa por omisión, la que es aplicable a la situación jurídica del procesado.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En su V.F., la Procuradora General de la Nación, A.M.G., indicó que de los testimonios proferidos por los agentes policiales R.R. y D.G. se originan graves indicios contra el señor S., atendiendo a que ambos corroboraron hechos que se concatenan entre sí y que son reforzados con otros elementos probatorios que constan en el infolio penal, tales como el lugar de incautación de la droga y el señalamiento efectuado por el señor MENESES contra el señor S., por tanto, se constituyen en pruebas indiciarias que permiten vincular al procesado con el hecho punible.

Además anotó, que en las declaraciones de D.G. (f.127) y B.S.G. (f.122) se concluye que la puerta de la residencia del señor S. nunca fue violentada, dada las condiciones en las que se encontró, se denotaba que existía voluntad por parte del propietario para evitar que se cerrara, de manera tal, que constata de ello que el procesado le facilitó los mecanismos de ocupación al señor MENESES.

Por otra parte, considera que tanto la declaración indagatoria del señor M., en la que dio una explicación detallada de la sucesión de los hechos constitutivos de delito y formuló cargos contra el procesado, así como su posterior retractación, deben analizarse en forma conjunta y según la sana crítica, ya que dicha invalidación no puede desvirtuar el testimonio inicial, que examinado con otras piezas probatorias corroboraban la primera versión que inculpa al señor SAMANIEGO.

Por último, expuso que existe vinculación del imputado con el ilícito, desde el momento en que el procesado hizo referencia a "TOÑO", como el propietario del maletín con drogas que se encontró en su residencia durante la diligencia de allanamiento, atendiendo a que tal afirmación no es consecuente con su posterior argumento, de que la puerta de su residencia había sido violentada, por tanto infiere que el señor MENESES ingresó a la vivienda con pleno conocimiento de aquel.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

Advertimos que el Tribunal Ad-quem al pronunciarse sobre la situación jurídica de O.A.S., concluyó que la conducta ilícita no esta acreditada en pruebas que vinculen al procesado con el hecho punible.

Así las cosas, procedemos al examen correspondiente:

Primeramente, observamos que el Informe suscrito por el señor D.G., C.I., del Departamento de Información e Investigación Policial, Zona de Policía de H., fechado 7 de noviembre de 2003, expresa "que en la residencia del señor O.S....había llegado un sujeto de tez morena, estatura alta, contextura gruesa, apodado (Toño), y dicho sujeto viene...con sustancias ilícitas supuesta Droga (cocaína, Marihuana), y que es distribuida por este sujeto (Toño) en el área de Chitré, y se hospeda en la Residencia del Señor O.S." (f.3, lo resaltado es nuestro)

Aunado a lo que antecede, consta en el infolio penal, el Informe de Investigación de Caso Relacionado con Supuesta Droga, de 5 de diciembre de 2003, firmado igualmente por el señor D.G., referido en el párrafo anterior, el que indicó "cuarto de color blanco, puerta de color negro, de propiedad del S.A.S....había llegado un sujeto de tez morena, estatura alta, contextura gruesa...el cual lo apodad (sic) (Toño) y viene procedente de la ciudad de Panamá, y se esta dedicando a la venta y consumo de supuesta sustancias ilícitas Droga... y se está hospedando en la residencia del señor A.S.".(f. 4, lo resaltado es nuestro)

Asimismo, se constata en Informe de 5 de diciembre de 2003, elaborado por el señor R.O., C.I., del Departamento de Información e Investigación Policial de la Zona de Policía de H., que una fuente vía telefónica manifestó, "llegó un sujeto aproximadamente al mediodía de hoy 05-12-03, al cuál se describe como ALTO MORENO GORDO, desconoce el nombre, solo que a (sic) llegado en varias ocasiones y siempre trae D. ya que a penas llega comienza (sic) a llegar personas y carros al lugar y que este apartamento es de propiedad un sujeto de nombre A. alias PERIQUITO". (f.5, lo resaltado es nuestro)

Como se aprecia en estos informes de fecha distinta, existe información común, en cuanto a la descripción del sujeto que se hospedaba en la residencia del señor O.A.S., las que coinciden con las particularidades del señor J.E.M. (a) "TOÑO", hecho debidamente acreditado en la encuesta penal, así como que el procesado le brindaba hospedaje a este sujeto, lo que permite determinar que no era la primera vez que el señor S. recibía al señor M. en su vivienda, hecho éste que es reforzado con otro elemento probatorio, tal como explicaremos posteriormente.

Por otro lado, es importante hacer énfasis en el señalamiento que hiciera el imputado en la Diligencia de Allanamiento, al afirmar que el maletín encontrado con droga en su residencia lo "debía haber traído un sujeto apodado "Toño", que es de Panamá" (f. 11), además es relevante mencionar que en ese momento, le proporcionó a los agentes sumariales, un pedazo de papel de color rosado, en el que estaban los nombres y teléfonos de varias personas, indicando que el correspondiente al nombre Y., era de la esposa de "Toño".

Dicho señalamiento fue reafirmado por el procesado en su Declaración Indagatoria, cuando aseveró que creía que el maletín con droga, así como una ropa encontrada en su vivienda era de "Toño" (f.60).

Se colige de lo anterior que, efectivamente el señor S., conocía al señor MENESES y mantenía una comunicación con el mismo, toda vez que con la inexistencia de estos elementos no hubiera podido efectuar tal afirmación.

Cabe señalar que, lo manifestado por el imputado en su declaración indagatoria, denota que estaba consciente que el señor M. lo estaría visitando en la fecha en que se suscito el ilícito, es decir, lo estaba esperando, ello es así, porque de lo contrario no hubiera podido hacer tal señalamiento.

Además, se constata ciertamente que el procesado tenía pleno conocimiento de la actividad a la cual se dedicaba el señor M., cada vez que se hospedaba en su domicilio.

El análisis efectuado desvirtúa el argumento del justiciable, cuando indicó que el señor M., era un conocido que solamente había visto en dos oportunidades (f.61), siendo una persona con la cual se ha tenido contacto en tan pocas oportunidades, que según se infiere fueron circunstanciales, así las cosas, no era posible formular cargos contra quien no se tiene comunicación alguna.

Observamos, que están acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en cuanto se ha probado en el infolio penal que el señor M., se hospedaba en la residencia del procesado cuando se trasladaba al Corregimiento de La Arena, Distrito de Chitré, Provincia de H., para dedicarse a la venta de sustancias ilícitas tal como consta en el informe de la Diligencia de Allanamiento y Registro (fs. 37-39) y Declaración Indagatoria de O.A.S. (fs. 58-64), Informes de Novedad (fs. 2-4), así como que el imputado tenía conocimiento que el señor M., llegaría para la fecha en que las autoridades efectuaron las diligencias judiciales correspondientes, mediante la cual pudieron comprobar la certeza de la información que conocían desde el mes de noviembre de 2003, tal como se precisa en el Informe de Diligencia de Allanamiento y Registro (fs.9-12) y en la Declaración Indagatoria de O.A.S. (fs. 58-64).

La Sala estima que existen pruebas contundentes que permiten determinar que efectivamente el señor O.A.S., tuvo participación el hecho punible, en calidad de cómplice secundario, tal como lo consagra el artículo 40, del Código Judicial, que a la letra expresa:

Son cómplices secundarios los que auxilien de cualquier otro modo al autor o autores en la realización del hecho punible aún mediante promesa de ayuda posterior a la consumación.

En ese sentido, F.V.V. en su libro titulado Manual De Derecho Penal, Parte General, señala:

"... el cómplice, pues, se limita a favorecer un hecho ajeno y-como el inductor - no toma parte en el dominio del hecho. Dicha contribución puede ser de índole intelectual o consistir en un mero despliegue de actividad física, de carácter previo o concomitante al suceso y aun posterior, a condición de que medie promesa anterior al mismo.

De este concepto se infiere que son indispensables las siguientes exigencias: en primer lugar, debe haber vinculación entre el hecho principal y la acción del cómplice, de tal manera que el aporte doloso de este suponga una contribución objetiva a aquel, y puede ser de carácter necesario o imprescindible cuando sin ella el hecho no se hubiera realizado (complicidad primaria o necesaria), o de naturaleza no necesaria o prescindible cuando sin contar con tal contribución el suceso se hubiera realizado de todas maneras (complicidad secundaria o no necesaria)" V.V., F.. Manual De Derecho Penal, Parte General, Editorial Temis, S.A., Bogotá-Colombia, 2002, pág. 455.

Así las cosas, se precisa que el imputado a sabiendas de la actividad a la cual se dedicaba el señor J.E.M. (a) "TOÑO", le permitía que se hospedara en su residencia, de manera tal que le facilitaba las condiciones que le eran favorables para la venta de droga, por tanto se prueba que efectivamente el justiciable auxilió "de cualquier otro modo" en la comisión del ilícito.

La Sala considera que la colaboración o auxilio del señor O.A.S., en la comisión del hecho punible, se subsume en la figura de la complicidad secundaria.

Consecuentemente, el censor logra acreditar el vicio de injuridicidad que endilga al fallo de segunda instancia.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, el casacionista adujo los 718 y 917 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, al considerar que el tribunal Ad-quem incurrió en error al apreciar las pruebas del infolio penal, coincidiendo esta Sala con dicha transgresión dado los motivos expuestos.

Además, citó como vulnerado el artículo 260 del Código Penal, que tipifica el delito de posesión ilícita de droga, en concepto de violación directa por omisión.

Al respecto, esta Superioridad estima que el precepto legal supracitado ha sido violado, sin embargo, difiere del recurrente en cuanto a la participación del imputado en el hecho punible, porque considera que el actuar ilícito se enmarca en la figura del cómplice secundario, por lo cual se concluye que el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial incurrió en error de derecho al apreciar las pruebas, cuando eximió de responsabilidad penal al señor O.A.S..

Como quiera que se ha probado el vicio de injuridicidad y la transgresión de las normas adjetivas y sustantivas, el Tribunal de Casación procede a realizar la individualización judicial de la pena con relación al señor O.A.S., como cómplice secundario.

Para ello, observa lo dispuesto en el artículo 61 del Código Penal, que establece que la sanción a imponer al autor, cómplices primarios e instigadores es la pena que la ley señala al hecho punible.

El tipo penal en el cual se enmarca la acción típica antijurídica y culpable de O.A.S., es la posesión ilícita de droga, destinada para la venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal, cuya sanción oscila entre 5 y 10 años de prisión, tal como lo dispone el artículo 260 del Código Penal.

Siendo este un delito con repercusiones negativas para la sociedad que atenta directamente contra la salud pública se procede a imponer la pena líquida de treinta (30) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período.

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 29 de abril de 2005, expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial y CONDENA a O.A.S., de generales conocidas en autos, a la pena de treinta (30) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, una vez haya cumplido la pena de prisión, como cómplice secundario del delito de posesión ilícita de droga.

N. y D..

GRACIELA J. DIXON C.

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

MARIANO HERRERA (Secretario)

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