Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 18 de Enero de 2005

Ponente:Graciela J. Dixon C.
Fecha de Resolución:18 de Enero de 2005
Emisor:Segunda de lo Penal

VISTOS:

Celebrada la audiencia oral y pública del recurso de casación en el fondo presentado por el Licdo. L.B.Q., apoderado judicial de J.L.L. y otros, dentro de los procesos penales seguidos a M.D.M., IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ DE CASTILLERO, F.E.C., R.E.G.S., B.C.M., E.G.B., R.C.S., R.G., H.B., E.T.C., A.A.M., JOSÉ DE LA ROSA LAM, L.M., A.D.M., I.D.M. y S.D.D.M., corresponde dictar la sentencia de mérito.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

Señala el recurrente que el negocio en examen consta de cuatro procesos surtidos ante el Juzgado Tercero de Circuito, Ramo Penal del Circuito Judicial de Colón, los cuales fueron acumulados y mediante Auto Nº 15 de 17 de mayo de 2002 se decidió lo siguiente:

- Sobreseimiento Objetivo e impersonal a favor M.D.M., IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ DE CASTILLERO, F.E.C., R.E.G.S. y BRAULIO CARRERA MOJICA, sindicados por la presunta comisión de un delito Contra la Fe Pública en perjuicio de BALDOMIR KRISAJ y E.C.;

- Sobreseimiento Objetivo e impersonal a favor de M.D. M., E.G.B., R.C.S., R.G. e IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ DE CASTILLERO, sindicados por la presunta comisión de un delito Contra la Fe Pública en perjuicio de COMPAÑÍA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS, S. A.;

- Sobreseimiento Objetivo e impersonal a favor de M.D. M., IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ DE CASTILLERO, H.B. y R.C.S., R.G., sindicados por la presunta comisión de un delito Contra la Fe Pública en perjuicio de C.H. y J.L.L..

- Sobreseimiento definitivo a favor de E.T.C., A.A.M., M.D.M., JOSÉ DE LA ROSA LAM, L.M., A.D.M., I.D.M. y SHELLY DAYAN DE MIZRACHI, sindicados por la presunta comisión de un delito Contra la Fe Pública en perjuicio de C.H..

La resolución en comento fue apelada y el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial al momento de decidir la alzada, mediante Auto Nº 112 S.I. de 10 de diciembre de 2002, declaró prescrita la acción penal en los cuatro procesos.

CAUSAL ÚNICA INVOCADA

El casacionista invoca como fundamento legal de su pretensión el numeral 1 del artículo 2431 del Código Judicial, cuyo texto señala "cuando infrinjan o quebranten algún texto legal expreso."

LOS MOTIVOS

Cabe señalar que el recurrente desarrollo cuatro motivos para sustentar la causal, de cuya lectura se desprende que guardan relación pues en todas se sostiene que no debió decretarse la prescripción de la acción penal. Veamos:

Expresa el censor en el primer motivo que la resolución recurrida consideró contrario a derecho que ocurrió el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal con respecto a cuatro sumarios acumulados en los cuales figura como imputado M.D.M. y otros, porque los delitos a que se han hecho alusión (Contra la Fe Pública) no conllevan pena superior a los 6 años de prisión y no se puede aplicar las reglas de la pluralidad de delitos, por considerarla una regla aplicable al imponer sanciones si así corresponde.

En el segundo motivo señala que el Ad-quem omitió que los imputados habían cometido delitos continuados y permanentes, cuya prescripción aun no se ha configurado por existir resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, S. Primera de lo Civil, las que impiden que se configure la prescripción de los delitos denunciados y acusados oportunamente.

De otra parte en el tercer motivo sostiene que el Tribunal Superior desatendió que en los sumarios acumulados existían suficientes elementos para disponer la indagatoria y el llamamiento a juicio de los encartados, y en su lugar consideró sólo declarar de la prescripción de la acción penal.

Por último, expone el censor en el cuarto motivo que la resolución cuestionada no se ajusta a derecho, porque la prescripción de la acción penal, se ha decretado existiendo hechos punibles cuyas acciones derivadas prescriben separadamente unas de otras.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación, L.. J.A.S.R., solicita a este Tribunal que al momento de resolver el recurso extraordinario lo haga no casando el auto censurado, en virtud que el casacionista no logró acreditar la causal invocada.

En ese sentido, sostiene que en los cuatro sumarios se ha producido la prescripción de la acción penal, pues las conductas delictivas que fueron endilgadas, es decir, delito contra la Fe Pública, en su modalidad grave contemplan una sanción máxima de seis (6) años de prisión y al aplicar el numeral tercero del artículo 93 del Código Punitivo se tiene que la prescripción en los referidos casos es de seis (6) años a partir de la comisión del hecho punible, presupuesto que se ha presentado en las cuatro causas en estudio.(Fs.1701-1702)

FUNDAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR

El Segundo Tribunal Superior hizo una breve relación de los cuatro procesos seguidos a M.D.M. y otros, analizando las fechas en que presuntamente se perpetraron los hechos punibles en cada caso, de lo cual concluyó que prescribió la acción penal, pues si bien en algunos de los casos se hace alusión a que fueron varios los delitos cometidos, ninguno de ellos conlleva más de 6 años de prisión.

Además, indica que no se podían aplicar las reglas relativas a la pluralidad de delitos, pues esta figura jurídica sólo es aplicable al momento de imponer sanción si así corresponde. Por tanto, estimó que no podía entrar a valorar el sumario y declaró prescrita la acción penal.(F.1661)

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

La prescripción es una causa de extinción de la acción penal que tiene como fundamento el transcurso del tiempo e impide la persecución penal, ya sea que se haya iniciado el proceso o esté por entablarse.

En el caso que nos ocupa, el casacionista sostiene que no está acreditada esa situación, motivo por el cual estima que el tribunal de alzada, al declarar prescrita la acción penal en los cuatro procesos acumulados, ha infringido o quebrantado las disposiciones legales que regulan la materia.

Por tanto, corresponde analizar cada causa para determinar si le asiste la razón al casacionista. Veamos:

PROCESO PENAL SEGUIDO A M.D.M., IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ DE CASTILLERO, F.E.C., R.E.G.S.Y.B.C.M., SINDICADOS POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE B.K.Y.E.C. DE KRIZAJ

El 15 de julio de 1996, el Licdo. CARRILLO GOMILA presentó acusación particular contra los prenombrados por la presunta comisión del delito de falsedad de documento.

De acuerdo con las constancias procesales E.C. DE KRIZAJ y BALDOMIR KRIZAJKREGAR eran los dueños de las acciones de KREEPORT INVESTMENT, INC.(F.242 Tomo II), mientras que BALDOMIR KRIZAJ KREGAR era dueño de las acciones de CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S.A.(F.243 Tomo II)

A través de la Escritura Pública Nº 9,880 de 28 de diciembre de 1992 se protocolizó el Acta Notarial de la Asamblea de Accionistas de la sociedad denominada KREEPORT INVESTMENT, INC. por la cual se designó a los señores R.E.G.S.,B.S.C.M. y FABIO CORREA como Director-Presidente, Director-Tesorero y Director-Secretario, respectivamente.(F.406 Tomo II)

De igual manera, mediante la escritura Escritura Nº 9,881 de 28 de diciembre de 1992, se protocolizó el Acta Notarial de la Asamblea de Accionistas de la sociedad denominada CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S.A., por la cual se designó a los señores R.E.G.S.,B.S.C.M. y FABIO CORREA como Director-Presidente, Director-Tesorero y Director-Secretario, respectivamente.(F.411 Tomo II)

En ambos casos se especifica que el Licdo. EDUARDO MOLINO PAZ presentó los títulos acreditativos de que la sociedad AUTUM TRADING, INC., es la poseedora del cien por ciento de las acciones de las sociedades KREEPORT INVESTMENT, INC. y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S.A.(F.405 y 410 Tomo II)

FRANCISCO ESPINOZA CASTILLO, A.F.L. y A.A.D.E. figuran como P., Tesorera y Secretaria, respectivamente, de AUTUM TRADING, INC.(F.461 Tomo II)

Consta certificación expedida por el Registro Público en que se indica que R.E.G.S.,B.S.C.M. y FABIO CORREA son Presidente, Tesorero y S., respectivamente, de las sociedades CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S.A. y KREEPORTINVESTMENTNS, INC. (Fs.454-455 Tomo II)

Por su parte, la sociedad anónima AUTUM TRADING, INC., de la cual el señor L.. F.E. CASTILLO es P. y R.L., a través de su apoderado judicial, L.. A.D.C.O., promovió el 22 de abril de 1993 Proceso Ordinario declarativo contra KREEPORT INVESTMENT, INC. y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S.A., y cumplido el traslado de la demanda, los representantes de los demandados se allanaron a las pretensiones del demandante, concluyendo el proceso con la sentencia de 4 de mayo de 1993 proferida por el Juzgado Primero de Circuito, Ramo Civil del Circuito Judicial de C. en la cual se declara que AUTUM TRADING INC. Es propietaria y tenedora en legal forma del 100% de las acciones de KREEPORT INVESTMENT, INC. y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S.A.,(F.508-509 Tomo II)

Con base en la sentencia que antecede, AUTUM TRADING INC llevó a cabo la disposición de bienes inmuebles de las dos sociedades demandas.

Como se observa, los hechos nos ubican ante la presunta inclusión de información falsa en varios documentos públicos, pluralidad de acciones que para los efectos del análisis de este Tribunal se adecuan a la conducta descrita en el artículo 266 del Código Penal, en relación con el artículo 265 ibid, es decir, el delito de falsedad ideológica cuya sanción oscila entre los 2 y 5 años de prisión.

Por otra parte, la acusada conducta desplegada por los agentes también se ubica en el tipo penal de uso de documento falso o alterado, contenido en el artículo 271 del Código Penal que a la letra dice: "El que, a sabiendas, haga uso o derive provecho de cualquier modo que sea, de un documento falso o alterado aunque no haya cooperado en la falsificación o alteración, será sancionado como si fuese el autor". Al igual que en el delito de falsedad ideológica, la sanción a imponer es de 2 a 5 años de prisión.

Aunado a lo anterior, el censor considera que otras normas en que se puede subsumir las conductas presuntamente desarrolladas por los imputados son los tipos penales contenidos en los artículos 197 y 199 del Código Penal, que regulan el delito de usurpación:

Artículo 197. el que por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despoje a otro de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y de 50 a 200 días-multa.

Artículo 199. El que invada arbitrariamente terrenos o edificios ajenos, públicos o privados, con el fin de obtener cualquier provecho, no contemplado en el artículo 197, incurrirá en las mismas sanciones señaladas en el artículo anterior.

Ahora bien, llama la atención que el Tribunal no hiciera análisis alguno en relación a los hechos que supuestamente realizaron los imputados, pues para pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal es preciso determinar en qué momento se concreta la presunta realización de los hechos punibles.

En el caso que nos ocupa, los hechos son los siguientes:

  1. Confección de la Escritura Pública 9,880 de 28 de diciembre de 1992, por la cual se protocoliza la Asamblea General de Accionistas de KREEPORT INVESTMENT, INC. en que se designan a los nuevos dignatarios.(F.405-408 Tomo II)

  2. Confección de la Escritura Pública 9,881 de 28 de diciembre de 1992, por la cual se protocoliza la Asamblea General de Accionistas de CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S.A. en que se designan a los nuevos dignatarios.(F.409 Tomo II)

  3. El 7 de enero de 1993 se dio la inscripción en el Registro Público de nuevos dignatarios de KREEPORT INVESTMENT, INC. y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S.A.(Fs.454-455 Tomo II)

  4. Sentencia de 4 de mayo de 1993 proferida por el Juzgado Primero de Circuito, Ramo Civil del Circuito Judicial de Colón.(F.508-509 Tomo II)

    El censor sostiene que estamos ante la comisión de delitos continuados y permanentes.

    Sobre el particular, la Sala debe manifestar que en jurisprudencia reiterada, la Corte ha señalado que la falsificación de documentos dentro de la clasificación de delitos se ubica entre los instantáneos, que son castigados por su materialización y aun cuando sus consecuencias dañosas perduren en el tiempo, no deben ser confundidos con los delitos permanentes, como lo hace el censor, pues esta situación no altera su calidad de ejecución instantánea.

    Por tanto, se concluye que dicha conducta ilícita "se consuma instantáneamente al momento en que se falsifica el documento, prescindiendo de la persistencia de sus efectos." Sentencias de 26 de enero y 6 de febrero de 1995, 12 de marzo de 1998, 15 de noviembre de 2002, 3 de febrero y 3 de septiembre de 2003).

    Con relación al delito de uso o derivación de provecho de documento falso o alterado, en la doctrina el jurista colombiano V.M. ha explicado lo siguiente:

    El injusto se consuma con el uso jurídico punible del documento, esto es, cuando con la sola ejecución de la conducta, el autor hace valer la falsedad, realizando la función dolosa a que está destinado. Antes del uso- adoctrina MAGGIORE- no hay delito y con el uso queda ya perfeccionado. Con arreglo a este criterio la falsificación utilización del documento agota la infracción. Es preciso, entonces, que el instrumento salga de la esfera personal del sujeto, por su iniciativa, para tomar contacto, de alguna manera, con el mundo exterior.(V.M., J.E., Delitos contra el Estado y Delitos contra la Fé Pública, Examen Dogmático, Ediciones Jurídicas G.I., S. de Bogotá, 1995.p.137)

    Continúa señalando el autor que "apenas si ofrece dificultad entender que el delito en estudio tiene el carácter de instantáneo, independientemente de los efectos permanentes creados por su uso. La consumación tiene que ver con el primer acto de utilización del objeto. El uso, agota, pues la falsedad y el hecho mismo de su utilización la perfecciona.(Ibid)(Lo resaltado es de la Sala)(Sentencia de 19 de agosto de 2003).

    En cuanto al delito de usurpación, se trata de una acción ilícita que también es de carácter instantánea y de efectos permanentes, consumándose el hecho al momento en que se produce el despojo o perturbación de la posesión, la tenencia o ejercicio de los derechos reales sobre los bienes inmuebles, o bien, al perturbar la posesión o tenencia pacífica de un inmueble utilizando violencia o al invadir arbitrariamente un terreno ajeno.

    Aclarado lo anterior, se debe indicar que en los delitos cuya sanción es mayor de 6 meses y no excede de 6 años de prisión, como es el caso de la falsedad de documento, uso de documento falso y usurpación, la acción penal prescribe cumplidos 6 años después de la comisión del hecho punible (Numeral 3, artículo 93 del Código Penal).

    Por tanto, desde el 4 de mayo de 1993, fecha en que se dictó la resolución que se argumenta se basó en la información de los presuntos documentos falsificados, hasta el 10 de diciembre de 2002, día en que se dictó el Auto Nº 112 S.I. recurrido en casación, ya había precluido el término para la persecución de los presuntos actos ilícitos, pues habían transcurrido 9 años, 7 meses y 6 días, lo cual excede el máximo de 6 años a que se refiere el numeral 3 del artículo 93 en comento.

    1. PROCESO PENAL SEGUIDO A M.D. M., E.G.B., R.C.S., R.G. E IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ DE C., SINDICADOS POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE COMPAÑÍA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS, S.A.;

    El 7 de agosto de 1996, el Licdo. D.E.C.G. interpuso denuncia contra los prenombrados por la presunta comisión de los delitos de Falsedad de Documentos en General, Asociación Ilícita para D. y Encubrimiento.

    Se observa en las pruebas aportadas que la COMPAÑÍA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS, S.A., cuyo P. y R.L. es J.J.M.S. (F.9 Tomo VI), era propietaria de las Fincas 128221, 128220, 128219, 128218, 128217, 128216, 128215, 128214, 128213, 128212 y 128211, inscritas en la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, del Registro Público.

    Por otra parte, BERMIZ, S.A., cuyo P. y R.L. es el señor M.D.M., (F.11 Tomo VI) interpuso proceso ordinario de mayor cuantía contra RECREACIONES JUVENILES, S.A., cuyo P. y R.L. es E.G.B. (F.13T.V., por la suma de ciento treinta y cuatro mil trescientos quince dólares con cuarenta centavos (US.$134,315.40).(F.27 Tomo VI)

    No obstante, se observa en el infolio penal que LIAO YUE CHONG es el P. y representante legal de RECREACIONES JUVENILES, S.A. e instauró proceso contra E.G.B..(F.187 Tomo VI)

    Por otra parte, el Licdo. A.D.C. y el Licdo. A.A.M., apoderados judiciales de las sociedades BERMIZ, S.A., y RECREACIONES JUVENILES, S.A., respectivamente, llevaron a cabo una transacción judicial en la cual RECREACIONES JUVENILES, S.A., se allanó a la pretensión de BERMIZ, S.A., y para cancelar la suma adeuda dio en pago a la demandante las 11 fincas propiedad de la COMPAÑÍA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS, S.A., descritas, toda vez que señala que esta última era fiadora hipotecaria de los bienes inmuebles, como fianza de perjuicios en el proceso que le siguió la demandada a la demandante, en el Juzgado Cuarto de Circuito, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.(Fs.22-23 Tomo VI)

    Dicha transacción se dio ante el Juzgado Primero de Circuito, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Colón, quien mediante resolución de 8 de junio de 1993, ordenó que se oficiara al registro Público para comunicarle la dación en pago hecha por la demandada para que se procediera a inscribir las fincas a nombre de la sociedad SERVICIOS DE ABASTOS LATINO AMERICANO, S.A., (F.23 Tomo VI)

    Según manifiesta el recurrente, R.G. era empleado de M.D.M. y en el infolio penal consta que fue designado P. y R.L. de SERVICIOS DE ABASTOS LATINOAMERICANOS, S.A.(F.10 Tomo VI).

    Con base en lo anterior, expresa el recurrente que se cometieron los delitos de Falsedad y Uso de Documento, Asociación Ilícita para D. y Encubrimiento.

    En cuanto a la Falsedad y Uso de Documento, la Sala hizo un detallado análisis al abordar el tema del primer negocio, de lo cual se puede recalcar que se trata de delitos de efectos permanentes pero se consuman instantáneamente y la pena impuesta por el legislador oscila entre los 2 y 5 años de prisión.

    Ahora bien, el Delito de Asociación ilícita para delinquir, está regulado en el artículo 242 del Código Penal y requiere para su tipificación que tres o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos, es decir, que haya un concierto previo para la comisión de una pluralidad de delitos, pero a la vez se exige que sea permanente, es decir,

    "que la asociación se componga de tres o más personas que tengan por objetivo común cometer delitos, no debiendo existir duda sobre la seriedad de la determinación de su propósito criminoso. La asociación debe tener, por lo tanto, un carácter de relativa permanencia." (Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I, p. 851)

    La Corte en reiterados fallos ha sostenido que, para que se configure este delito se exige de manera indispensable la presencia de tres o más personas; igualmente es necesario el concierto previo con el propósito de cometer delitos, de lo que se desprende el carácter permanente y la concreta finalidad delictiva de los miembros (dolo específico), es decir, que la conducta punible se prolonga en tanto exista la asociación con ánimo delincuencial. Es necesario que los delitos sean indeterminados de lo contrario se trataría de casos de participación criminal.

    Se debe destacar que la asociación ilícita es un tipo penal de mera conducta, porque sólo requiere el simple comportamiento de tres o más personas que se asocien para cometer delitos. En consecuencia, el momento consumativo se da para cada uno de los miembros, desde el instante en que ingresan a la asociación, aunque no hayan llevado a efecto ninguna de las acciones punibles que se propusieron al asociarse.

    En otro orden de ideas, es importante también analizar le tipo penal del encubrimiento para tener claro cuándo se perfecciona.

    El artículo 363 del Código Penal establece que "el que después de cometido un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho, a eludir las investigaciones de la autoridad, a sustraerse de la acción de ésta o del cumplimiento de la condena, será sancionado con prisión por 1 ó 2 años."

    De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, se "exige que se haya cometido un delito y que, con posterioridad a su consumación, otra persona que no ha intervenido en el mismo, ayude a asegurar su provecho, a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción penal o al cumplimiento de la pena impuesta."(Sentencia de 12 de septiembre de 1997).

    En la doctrina, el jurista A.R.E. expresa que el encubrimiento es un "delito de conducta alternativa que incrimina el comportamiento de quien habiendo tenido conocimiento de la comisión de un delito ayuda al delincuente, sin acuerdo previo, a eludir la acción de la justicia y a entorpecer o desviar la investigación que se adelante por el delito en cuestión."(Diccionario de Derecho Penal en Obras Completas, Volumen III, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1998. p.401)

    Cabe señalar que la jurisprudencia patria, siguiendo la doctrina, considera que el delito de encubrimiento "se consuma en el instante en que el sujeto ayuda al delincuente, asistencia que debe prestarse por medios idóneos, aunque en la práctica no hayan servido para obtener los resultados que se buscaban. El delito es formal, no de resultado. Del mismo modo la ayuda debe ser posterior a la consumación del delito que se pretende encubrir."(Sentencia de 24 de abril de 1991)

    En este caso, la pena a imponer es de 1 ó 2 años de prisión.

    Explicado lo relativo al tiempo de la consumación de los hechos punibles, se debe indicar que los documentos que se dicen fueron falseados se confeccionaron en las siguientes fechas:

  5. La Escritura Pública Nº 4.364 en que se protocolizó el Acta de la Asamblea General de Accionistas de la empresa RECREACIONES JUVENILES, S.A., por la cual se designó al señor E.G.B. como P. y R.L. se confeccionó el 24 de mayo de 1990;(F.236 Tomo VI)

  6. El 7 de junio de 1990 se dio la inscripción en el Registro Público de los nuevos dignatarios de RECREACIONES JUVENILES, S.A..(F.13 Tomo VI)

  7. La sentencia por la cual se decidió el juicio ordinario declarativo se dictó el 8 de junio de 1993.

    Al igual que en el primer negocio, se observa que los documentos que fueron empleados para entrar al proceso como parte legitimada, se confeccionaron y utilizaron antes de la emisión de la resolución 8 de junio de 1993, la cual según el censor es una decisión que se sustenta en hechos falsos, y a la fecha en que se dictó el Auto de segunda instancia, 10 de diciembre de 2002, habían transcurrido 9 años, 6 meses y 2 días; por tanto ha prescrito la acción penal toda vez que los delitos de falsedad y uso de documento, asociación ilícita para delinquir y encubrimiento, que también se presume ocurrieron en dicho lapso, prescriben en 6 años, de conformidad con el numeral 3 del artículo 93 del Código Penal.

  8. PROCESO PENAL SEGUIDO A M.D. M., IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ DE CASTILLERO, M.D. M.R., H.B. y R.C.S., SINDICADOS POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE C.H.Y.J.L.L..

    En este proceso, el Licdo. CARRILLO GOMILA denunció a los prenombrados el día 7 de abril de 1997, por la presunta comisión de delito de Falsificación de Documentos en General, Asociación Ilícita para Delinquir, Secuestro y Extorsión.

    Una breve relación de los hechos da cuenta que M.D.M.R., en su calidad de P. y Representante Legal de FUJI FILMS DE PANAMÁ, S.A., otorgó poder al Licdo. A.A.M. para que interpusiera un proceso ordinario de mayor cuantía contra J.L.L. y otros.

    Dentro del negocio civil, la parte demandante FUJI FILMS DE PANAMÁ, S.A., solicitó el secuestro de bienes propiedad de J.L.L. y otros. Para tal efecto, constituyó una hipoteca forzosa sobre la Finca 128216, propiedad de INVERSIONES EL ARENAL, la que dio en garantía por los posibles daños y perjuicios que pudiesen derivarse con la adopción de la medida cautelar en mención.

    Con base en lo anterior, el 11 de mayo de 1994, el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Civil, Área de C., Provincia de C., decretó el formal secuestro a favor de FUJI FILMS DE PANAMÁ, S.A., y contra A.D.M., I.D.M., L.S., A.D.L.D.Z., R.M.A., E.Z.D.R., B.D., D.E.C.G., R.L.L., J.L.L., J.C.G., ELY o ELIE COHEN, C.H., D.B., CLEDIA MARÍA AUON DE M.A., G.J.R., PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S.A., DESARROLLO VIZCAYA,S.A., PROMOTORES ITSMEÑOS, S.A., PALACIO DEL MAR, S.A., UNION INMOBILIARIA FUTURO, S.A., C.F.S.F., M.S.R.V., R.O.A., B.A.G. y REINVERSIONES INTERNACIONALES, S.A.(Fs.51-52 Tomo VII)

    Según los datos proporcionado por la Dirección de Registro Público, la Finca 128216, tenía un valor real de doce mil ciento once balboas (B/.12,111.00) hasta el 18 de abril de 1994 y se dio un incremento en su valor por la suma de un millón doscientos mil balboas (B/.1,200.000.00), a través de un contrato de compra venta que fue inscrito en el Registro Público el 19 de abril de 1994.(F.132 Tomo VII)

    Posteriormente, el 17 de mayo de 1994 se inscribió primera hipoteca sobre dicho inmueble a favor del Juzgado Segundo, ramo Civil del Circuito de Colón, hatas la concurrencia de un millón cincuenta mil balboas (B/.1,050,000.00) para garantizar medida cautelar de secuestro promovido por FUJI FILMS DE PANAMÁ, S.A., contra J.L., R.L. y otros.(F.129 Tomo VII)

    Por lo anterior, los denunciados fueron investigados y el Agente de Instrucción recomendó que se diera el llamamiento a juicio.(Fs.92-93 Tomo VII)

    Del recuento de los hechos descritos se tiene que los documentos que se presumen contienen información falsa son:

  9. Contrato de compra venta inscrito en el Registro Público el 19 de abril de 1994; y

  10. Resolución de 11 de mayo de 1994, emitida por el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Civil, Área de C., Provincia de C., mediante la cual se decretó el formal secuestro a favor de FUJI FILMS DE PANAMÁ, S.A..

    De lo que viene expuesto se puede concluir que los presuntos hechos punibles (falsedad de documento, uso de documento falso y asociación ilícita para delinquir) se suscitaron antes del 11 de mayo de 1994, fecha en que se dicta la resolución que el censor sostiene incluye falsa información, por lo que a la fecha en que se dicto el Auto de alzada recurrido en casación, es decir 10 de diciembre de 2002, habían transcurrido 8 años, 6 meses y 29 días, término que excede el intervalo de 6 años que establece el numeral 3 del artículo 93 del Código Penal.

  11. PROCESO PENAL SEGUIDO A M.D.M., E.T.C., A.A.M., JOSÉ DE LA ROSA LAM, L.M., A.D.M., I.D.M.Y.S.D.D.M., SINDICADOS POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE C.H..

    EL 7 de abril de 1997 el Licdo. C.G. interpuso denuncia por Falsedad de Documento Público, Asociación Ilícita para Delinquir, Encubrimiento y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito.

    De acuerdo con las pruebas aportadas, L.S., ELIE COHEN y C.H. son los dignatarios de la sociedad DESARROLLO VIZCAYA, S.A., como se aprecia en la Escritura Pública Nº 423 de 1 de febrero de 1993, extendida por la Notaría Undécima del Circuito Notarial de Panamá, que fue inscrita en el Registro Público. (Acta de Asamblea de Accionistas (Fs.91-94 Tomo IX)

    El 18 de agosto de 1992, PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S.A., de la cual es P. y R.L.I.D.M., suscribió un contrato de préstamo con garantía hipotecaria con DESARROLLO VIZCAYA, S.A., y constituyó gravamen hipotecario de anticresis sobre la Finca Nº 497, a favor de DESARROLLO VIZCAYA, S.A., (Fs.70-76 Tomo IX)

    Por su parte, DESARROLLO VIZCAYA, S.A., en su calidad de acreedora, declaró cancelada la primera hipoteca y anticresis constituida a su favor por PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S.A., lo cual consta en Escritura Pública Nº 424 de 1 de febrero de 1993, extendida por la Notaría Undécima del Circuito Notarial de Panamá, que fue inscrita en el Registro Público. (Fs.95-101 Tomo IX)

    Posteriormente, el 21 de diciembre de 1993, EDWIN TORRERO CASTIILO, se presentó ante la Notaría Quinta de Circuito de Panamá y en calidad de P. y Representante Legal de FUJI FILMS, S.A., confirió poder al Licdo. A.A. para que representara a la sociedad en Proceso Ordinario Declarativo en contra de PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S.A., DESARROLLO VIZCAYA, S.A., I.D.M.R.Y.A.D.M.R.(F.42-46T.I.)

    En lo medular de la pretensión, se advierte que FUJI FILMS, S.A., sostiene que es la propietaria del 100% de las acciones de ambas empresas y no había autorizado la cancelación del gravamen hipotecario que pesaba sobre la finca Nº 497, propiedad de PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S.A.

    Además, indica que se dio un cambio en la Junta Directiva sin haber contado con la participación de los accionistas y nunca designó a L.S., ELIE COHEN y C.H. como directores de DESARROLLO VIZCAYA, S.A., que se constituyó a través de Escritura Pública Nº 423 de 1 de febrero de 1993, extendida por la Notaría Undécima del Circuito Notarial de Panamá.

    El poder fue presentado ante el Juzgado Primero de Circuito, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Colón, en la mencionada fecha, sin embargo con la presentación de la demanda se adjuntó un documento que señalaba que el P. y R.L. de FUJI FILMS, S.A., es el señor M.D.M. RUBIO.

    Seguidamente, el 23 de diciembre de 1993, el Licdo. L.H.M. actuando en calidad de apoderado judicial de A.D.M. RUBIO e I.D.M. RUBIO, Presidentes y Representantes Legales de DESARROLLO VIZCAYA, S.A., y PROYECCIONES ULTRAMAR, S.A., se allanó a la pretensión de FUJIFILMS DE PANAMÁ, S.A., y, mediante sentencia de 29 de diciembre de 1993, el Juzgado Primero declaró la nulidad de lo actuado por la no participación de FUJI FILMS DE PANAMÁ, S.A., siendo propietaria del cien por ciento de las acciones de PROYECCIONES DE ULTRAMAR. S.A., y DESARROLLO VIZCAYA, S.A.,.(Fs.119-130 Tomo IX)

    Según se desprende de distintas actuaciones, el demandante y las demandadas tienen el mismo domicilio, ubicado en Vía Italia, Punta Paitilla, Centro Bal Harbour, oficina 43 L, Panamá. Esa dirección también corresponde al despacho del apoderado judicial, L.. F.E.C., quien con anterioridad había promovido las mismas pretensiones en el Circuito de Panamá en representación de DESARROLLO VIZCAYA, PROYECCIONES ULTRAMAR, I.D.M. y A.M., pero en esa ocasión con audiencia de L.S., C.H., ELIE COHEN, J.L., R.L. y DOV BINDER.

    El juzgado reconoció como P. y R.L. de la sociedad demandante a EDWIN TORRERO CASTILLO (a pesar que el certificado del Registro que él aportó señala que M.D.M.R. es quien tiene esa calidad (F.238 Tomo IX), quien es hermano del apoderado judicial de las sociedades demandadas, o sea, del L.. F.E. CASTILLO.

    I.D.M. y A.M. quienes aparecen como dignatarios de las sociedades demandadas por FUJI FILMS, S.A., son hermanos de M.M. quien es el P. y R.L. de la sociedad demandante.

    Los hechos denunciados nos ubican ante la presunta comisión de delitos de falsedad documental en lo siguiente:

  12. El 21 de diciembre de 1993, EDWIN TORRERO CASTIILO, se presentó ante la Notaría Quinta de Circuito de Panamá como P. y Representante Legal de FUJI FILMS, S.A.; y

  13. Mediante Sentencia de 29 de diciembre de 1993 del Juzgado Primero declaró la nulidad de lo actuado por la no participación de FUJI FILMS DE PANAMÁ, S.A., como propietaria del cien 100% de las acciones de PROYECCIONES DE ULTRAMAR. S.A., y DESARROLLO VIZCAYA, S.A.,.(Fs.119-130 Tomo IX)

    De allí que la supuesta Falsedad de Documento Público,Uso de Documento Falsificado, Asociación Ilícita para Delinquir, Encubrimiento y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito) se realizaron antes del 29 de diciembre de 1993, fecha en la cual se emitió la resolución que según el casacionista contiene falsa información, por tanto se concluye que al momento en que el tribunal Ad-quem emitió el fallo objeto de impugnación, 10 de diciembre de 2002, se había excedido el término de prescripción de la acción penal para los presuntos delitos, señalados pues ya habían pasado 8 años, 11 meses y 11 días, y todos los hechos se ubican en el supuesto enunciado en el numeral 3 del artículo 93 del Código Penal, que establece que la prescripción de la acción ocurre 6 años después de la comisión del hecho, en aquellos casos en que la sanción no supera ese término.

    Concluido el análisis de los cuatro procesos acumulados, este Tribunal de Casación estima que no están acreditados los cargos de injuridicidad ensayados por el censor en los cuatro motivos.

    DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

    Sostiene el censor que se ha infringido el numeral 3 del artículo 93 del Código Penal, en concepto de violación directa por comisión, porque los hechos delictivos denunciados surtieron sus efectos por inscripciones y actos públicos inscritos en el Registro Público, por particulares usurpadores, y estima que la norma se aplicó a un caso que no regula, porque se presentaron contra los sumariados varias denuncias criminales y acusaciones particulares por delito contra la fe pública.

    Esta Sala debe manifestar que no le asiste la razón al censor pues, como quedó demostrado, los hechos por los cuales se denunciaron a los imputados, a saber, falsedad ideológica, uso de documento falso, asociación ilícita para delinquir, usurpación, encubrimiento y aprovechamiento de cosas provenientes de delito, son conductas cuyos intervalos penales no exceden los 6 años de prisión, siendo este el tope que consagra el numeral en cita, quedando demostrado que se ha excedido el lapso, por lo que la decisión del Tribunal Superior se ajusta a derecho.

    Por otra parte, expresa el recurrente que el Tribunal Ad-quem ha infringido el artículo 94 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, ya que dejó de aplicarlo al proceso, dejando de lado que "está contemplado en los autos que las instrucciones sumariales acumuladas se dan por la comisión de delitos continuados y permanentes, en donde la persona de M.M. como principal imputado y otros, actúan y cometen delitos cuyos efectos son permanentes y continuados.

    No obstante lo anterior a juicio de esta colegiatura los criterios expuestos por el censor en modo alguno acreditan la infracción de la norma, pues el artículo 94 establece cómo se produce la prescripción de la acción cuando se trata de delitos permanentes, continuados, consumados o tentados, lo cual no desconoció el tribunal pues se concluyó que las conductas denunciadas como delito de falsedad documental, estaban prescritas por tratarse de delitos instantáneos, aun cuando sus efectos perduren o se prolonguen en el tiempo.

    Aunado a lo anterior, no se tomó en cuenta que las denuncias contenían otros cargos, los que han sido objeto de análisis por este Tribunal luego de lo cual ha podido determinar que estaban prescritos. De consiguiente, no prospera la alegada infracción de la norma.

    Otra disposición legal que cita el casacionista es el artículo 96 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, pues la norma señala que en el caso de juzgamiento por varios hechos punibles, las respectivas acciones penales que de ellos resultaren, prescribirán separadamente en el término señalado a cada uno, y en su opinión al declarar la prescripción de la acción en los delitos de falsedad de documento, asociación ilícita para delinquir, encubrimiento, aprovechamiento de cosas provenientes de delito, extorsión y secuestro en perjuicio de J.L.L. y otros, se produce la infracción.

    Sobre este particular la Sala reitera que, del análisis de los cuatro procesos acumulados, se constata que todos y cada uno de los hechos denunciados tienen una penalidad que no excede los 6 años de prisión y al examinar las sumarias se puede apreciar que los actos se suscitaron entre 1992 y 1994, por lo que al momento de emitir el Auto impugnado vía casación, se había excedido en demasía el término para declarar la prescripción, sin dejar de lado que se trataba de delitos instántaneos de efectos permanentes, como se explicó ampliamente en relación al primer proceso. En consecuencia, no está comprobada la infracción del artículo 96 en comento.

    Por otra parte, expone el censor que se ha vulnerado el artículo 100 del Código Penal en concepto de indebida aplicación, porque estima que no era procedente declarar la prescripción de la acción penal dentro de los sumarios seguidos a M.D.M.R. y otros, porque al haberse denunciado y acusado oportunamente los delitos se interrumpía el término de la prescripción.

    Aunado a ello, sostiene que la norma preceptúa que los procesados tienen derecho renunciar a la prescripción y en el caso subjúdice no se le dio traslado a los denunciados, de allí que estima que la norma no es aplicable para fundamentar tal declaración de prescripción.

    Sobre el particular la Sala debe manifestar que no hay coherencia entre los expuesto por el casacionista y el concepto de infracción, pues se está haciendo referencia a la interrupción de la prescripción, lo cual no está regulado en el artículo 100 sino en el artículo 95 del Código Punitivo que especifica que el auto de enjuiciamiento interrumpe el cómputo de la prescripción de la acción, lo cual tampoco ocurre en estos casos en los cuales ninguno de los denunciados fue indagado.

    Aunado a lo anterior, el artículo 100 faculta al juzgador a que, de oficio o a solicitud de parte, declare la prescripción, sin que se requiera de darle traslado al procesado.

    En consecuencia, no está comprobada la infracción del artículo 100 del Código Penal.

    En otro orden de ideas, el recurrente considera que el Tribunal Ad-quem transgredió los artículos 2298 del Código Judicial referente a que el tribunal de segunda instancia debe examinar si se ha incurrido en alguna irregularidad por la cual haya de ordenarse la reposición del proceso, en concepto de violación directa por omisión, porque estima que la resolución se emitió sin prevenir que no se había producido la prescripción de la acción penal de los sumarios acumulados.

    La Sala reitera que en el caso en examen está acreditada la prescripción de la acción penal, pues se trata de hechos ocurridos alrededor de 7 a 9 años antes de que se emitiera el Auto que declara la prescripción, además que se trata de delitos consumados e instantáneos. De consiguiente, no está comprobada la alegada infracción de la norma.

    Finalmente, el censor opina que se ha infringido el artículo 1018 del Código Judicial "directamente por acción" , pues la norma prevé que no se podía proferir decisión incompatible con otra resolución, acuerdo o acto ya adoptado, y en el procedimiento del Juzgado Tercero del Circuito de Colón, se reconoció a su representado como acusador querellante.

    La Sala aprecia que el concepto de infracción invocado por el censor no existe dentro de la técnica casacionista, pues la transgresión de una norma puede ocurrir por violación directa, ya sea por omisión o comisión, interpretación errónea o indebida aplicación.

    Aunado a ello, el argumento expuesto es confuso y enrevesado, por lo que no permite a este Tribunal hacer apreciación alguna.

    Concluido el examen de los cuatro procesos, la Sala es del criterio que no se ha comprobado la causal, los cargos de injuridicidad ensayados en los cuatros motivos ni la infracción de las disposiciones legales, lo que implica que no procede casar el auto venido en casación.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, NO CASA el Auto Nº 112 S.I. de 10 de diciembre de 2002, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, por el cual se declara prescrita la acción penal en los procesos penales seguidos a M.D.M., IDA ESPERANZA DOMÍNGUEZ DE CASTILLERO, F.E.C., R.E.G.S., B.C.M., E.G.B., R.C.S., R.G., H.B., E.T.C., A.A.M., JOSÉ DE LA ROSA LAM, L.M., A.D.M., I.D.M. y SHELLY DAYAN DE M., por la presunta comisión de delitos de Falsedad de Documento, Asociación Ilícita para Delinquir, Usurpación, Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito, Extorsión y S. en perjuicio de J.L.L. y otros.

    N..

    GRACIELA J. DIXON C.

    ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

    CARLOS HUMBERTO CUESTAS (Secretario General)