Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Marzo de 2006

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución30 de Marzo de 2006
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Pendiente de resolver el fondo de la pretensión, se encuentra el recurso de casación penal formalizado por el licenciado G.L., apoderado judicial de la sociedad Inversiones Tres Estrellas, S.A., parte querellante, contra el auto de segunda instancia Nº 187 de 24 de septiembre de 2003, proferido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que confirma el auto de primera instancia mediante el cual se decreta un sobreseimiento definitivo a favor de los investigados J.A.M. GUERRA y C.L.Á., sindicados por los delitos de falsificación en general.

En acatamiento de los trámites procesales de este recurso extraordinario, se corrió traslado al Señor Procurador General de la Nación para que emitiera concepto y con posterioridad se celebró la audiencia prevista en el artículo 2442 del Código Judicial, por lo que se encuentra ahora en estado de resolver.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

De acuerdo con el relato que expone el casacionista el presente cuaderno penal se inicia con la querella interpuesta por INVERSIONES TRES ESTRELLAS, S.A. y su representante legal, la señora S.D.L., contra el licenciado J.M., por la comisión del delito de falsificación de documentos en general, debido a que éste presentó un poder con la firma falsificada de la señora DE LOWE, dentro de un proceso civil en el que la sociedad querellante, era parte demandada. De acuerdo con los hechos que se exponen en la querella, el señor MONCADA se valió del mencionado poder para representar a la sociedad INVERSIONES TRES ESTRELLAS, S.A. y gestionar de manera judicial y extrajudicial, produciéndole consecuentemente daños y perjuicios con su actuar.

El recurrente destaca, que al formalizarse la querella, se presentaron un sinnúmero de elementos probatorios con el propósito de acreditar la falsificación alegada, los daños y perjuicios ocasionados; procediendo luego, el funcionario de instrucción a requerir información y otras pruebas relacionadas con los hechos.

Dentro de la etapa de instrucción sumarial, se ordena recibir declaración indagatoria al licenciado J.M., quien indicó que la señora DELOWE fue la persona que le entregó el poder, mientras que también fue indagado el ex-Notario Tercero C.L., que negó tener vinculación alguna con el hecho querellado.

Finalizado el sumario, el Juez de Primera instancia decide sobreseer definitivamente a ambos sumariados, siendo el fallo apelado por la parte querellante y por el Ministerio Público. En la alzada, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Sentencia Nº187 de 24 de septiembre de 2003, confirma la resolución apelada, por considerar que no se ha vinculado a los investigados como autores de la falsificación y porque no se ha acreditado el perjuicio producido por la falsificación. Contra esta última medida es que se propone el recurso de casación penal.

CAUSAL INVOCADA

Se trata de un recurso de casación en el fondo fundamentado en el primer numeral del artículo 2431 del Código Judicial que establece: "1. Cuando infrinjan o quebranten algún texto legal expreso".

MOTIVOS QUE APOYAN LA CAUSAL INVOCADA

Son dos motivos que sirven de apoyo a la causal aducida.

En el primer motivo, el casacionista plantea que el juzgador de segunda instancia incurrió en el vicio alegado por cuanto "erró cuando interpretó la Ley, al considerar que en relación al delito investigado en las presentes sumarias, se debe acreditar el perjuicio ocasionado por la falsificación, cuando en realidad, en el caso en estudio, la conducta tipificada en la Ley Penal corresponde al caso en que una persona, a sabiendas de que (sic) un documento es falso y sin haber participado en su falsificación, lo usa o deriva provecho del mismo. " (f.581).

En el segundo motivo, el recurrente señala que el Ad-Quem erró cuando interpretó la Ley al considerar que en relación al delito investigado "debe existir una vinculación entre la autoría de la falsificación y la persona que obtiene el uso u provecho de la falsificación, cuando en realidad, en el caso en estudio, la conducta tipificada en la Ley Penal no exige esta vinculación a la autoría de la falsificación, dado que el tipo penal corresponde al caso en el que una persona, a sabiendas de que un (sic) documento es falso y sin haber participado en su falsificación, lo usa o deriva provecho del mismo" (fs.581-582).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Se cita la infracción del artículo 265 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, "dado que el Segundo Tribunal Superior sobresee de manera definitiva a las personas imputadas dentro de las presentes sumarias, en lugar de abrir causa criminal en contra de las mismas, omitiendo de esta manera la aplicación de la sanción penal prevista en esta norma, pese a que en el expediente se ha acreditado que uno de los imputados a obtenido un uso o provecho de un documento falsificado, a sabiendas que era falso y sin haber cooperado o participado en la falsificación del mismo". (f.582).

Se aduce también la infracción del artículo 271 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, aduciendo el censor que el Ad-Quem no aplica la norma penal en comento que eleva a la categoría de delito el acto de obtener un uso o provecho de un documento falsificado, a sabiendas de que es falso, aunque no se haya cooperado en la falsificación y sin requerir que se acredite el perjuicio causado por la alteración (f.582-583).

Finalmente se señala la infracción del artículo 272-A del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, en vista que en la resolución recurrida, el Ad-Quem señala que "se requiere acreditar el perjuicio causado por la falsificación y omite aplicar la norma penal en comento, la cual requiere que se pruebe el perjuicio causado por la falsificación en otros tipos penales distintos al tipo penal que es objeto de estudio en las presentes sumarias, consistente en el supuesto de hecho en el que una persona, a sabiendas de que un documento es falso y sin haber participado en su falsificación, lo usa o deriva provecho del mismo" (f.583).

CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El entonces Procurador General de la Nación, Licenciado J.A.S., por medio de la Vista Nº100 de 31 de agosto de 2004, brindó su opinión con respecto al recurso instaurado, señalando que coincide con los planteamientos desarrollados por el censor, ya que el Tribunal Superior, al dictar un sobreseimiento definitivo a favor de J.A.M., incurre en los cargos de injuridicidad endilgados en cada uno de los motivos formulados, dado que el acto delictivo atribuido, no exige que se acredite el perjuicio, pues este delito se consuma con la sola ejecución de la conducta; además, no se requiere una vinculación entre quien falsifica un documento y quien hace uso u obtiene un provecho de la falsificación, para que se configure la referida conducta penal, siendo en este caso, el Lic. M.G., quien presentara el poder falsificado al Juzgado Decimocuarto de Circuito, Ramo Civil.

Por otra parte advierte que en este caso no se llamó a responder criminalmente al licenciado C.L., pese a que éste fungía como N., y por tanto como responsable, por parte de la autoridad pública, con la misión expresa de dar fe de todos los actos en que interviene por razón de su oficio, por lo que al extenderse un sello de la notaría en el poder de la señora S.T.D.L., el cual se determinó que no fue firmado por su poderdante y ser refrendado por C.L., son elementos suficientes para que se debata en juicio la culpabilidad o inocencia del mismo.

Finaliza solicitando que se case el "Auto censurado y se llame responder criminalmente por la supuesta infracción del Capítulo I, T.V., del Libro Segundo del Código Penal, por la Falsificación en Documentos en General, en virtud de que el casacionista ha logrado acreditar la infracción o quebrantamiento de un texto legal expreso" (fs. 586-595).

CONSIDERACIONES DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA

A- Motivos:

El activador judicial censura básicamente que el tribunal ad-quem incurre en el error de interpretar la Ley al considerar que: 1) en relación al delito de uso o aprovechamiento de documento falso, se debe acreditar el perjuicio ocasionado por la falsificación, y 2) al señalar que en relación al delito investigado, debe existir una vinculación entre la autoría de la falsificación y la persona que obtiene el uso u provecho de la falsificación.

A efectos de determinar no sólo la veracidad de esta argumentación, sino la trascendencia de los vicios aducidos, la Sala estima importante traer a colación lo señalado por el tribunal ad-quem, cuando a través de la resolución impugnada, manifestó lo siguiente:

"...

2.7. A raíz del secuestro civil ya referido anteriormente, la sociedad Inversiones Tres Estrellas S.A., cuya representante legal es la señora L.,desiste de la demanda contra El Cangrejo Real Estate Corp., pues no ha sufrido perjuicios y, además recibió en concepto de indemnización la suma de B/8,000.00 (fs. 198), lo cual exime de responsabilidad al Licenciado Moncada Guerra.

2.8.- Con relación a la firma cuestionada del poder notariado visible a fojas 6 del expediente, fueron practicados diversos peritajes grafotécnicos comparativos (fs.36-37; 460-461; 467-468), los cuales arrojaron resultados negativos, es decir, no fue posible determinar si la firma la confeccionó el Licdo. Moncada Guerra o la señora S.T. de L..

Por tanto, no ha sido acreditada la conducta típica, antijurídica y culpable contemplada en el artículo 271 del Código Penal referente a la Falsificación de Documentos en General.

No ha quedado comprobada la vinculación de persona alguna con la confección de la firma cuestionada como falsificada o alterada, por tanto resulta acorde a derecho y a las constancias procesales recabadas en el expediente, confirmar el auto impugnado.

Ahora bien, ante la inexistencia probatoria para constatar las imputaciones formuladas, lo procedente consiste en compulsar copias a la esfera jurisdiccional correspondiente para determinar si la parte querellante incurrió en un delito contra la Administración de Justicia, ... ." (f. 86) (Resaltado de la Corte).

De lo transcrito se constata de inmediato, que en el fallo impugnado se otorga la calidad de presupuesto indispensable para la configuración del delito de aprovechamiento o uso de documento falso, a la existencia de un perjuicio material contra la víctima del ilícito, situación que a juicio del Ad-Quem, queda descartada con el escrito de desistimiento presentado por la representación judicial de la parte querellante, donde reconoce que la sociedad INVERSIONES TRES ESTRELLAS no sufrió daños y perjuicios con el ejercicio de las acciones de secuestro y demanda incoadas por la sociedad EL CANGREJO REAL ESTATES CORP (foja 198 del expediente).

La Sala debe indicar que no se ajusta a derecho, el considerar que el delito de aprovechamiento o uso de documento falso, que se tipifica en el artículo 271 de nuestro Código Punitivo, requiere de la comprobación de un perjuicio contra el sujeto pasivo de la acción. Veamos las razones:

Si bien al momento de interponerse la querella en este sumario (2 de noviembre de 2000), estaba vigente el artículo 272-A del Código Penal (adicionado por la Ley 37 de 26 de junio de 2000 y luego derogado por la Ley 45 de 4 de junio de 2003) el cual exigía la necesidad de acreditar el perjuicio, como requisito esencial constitutivo de los delitos de falsedad documental, debe advertirse que tal requisito sólo era necesario, tratándose de las conductas delictivas previstas en los artículos 265, 266, 267 y 270 lex cit, todas referentes a acciones estrictamente falsarias (alterar o falsificar documentos públicos, auténticos, privados o certificados de salud) y no respecto de lo establecido en el citado artículo 271 donde la ejecución del delito versa sobre el uso o aprovechamiento de un documento previamente falsificado.

Lo anterior encuentra justificación por que la falsificación documental y el uso de documento falso configuran tipos penales autónomos e independientes, pues para que se estructure la falsedad documental no se requiere el "usum falsis"; de tal suerte que el falsificador del documento y el usuario del mismo, cometen sendos delitos contra la fe pública, como se desprende de los artículos 265 y 272 del texto punitivo. De modo tal que, es en el delito de falsedad documental, donde se realiza expresamente la exigencia del perjuicio como elemento constitutivo del tipo, en vista que no pueden ser motivo de falsedad penalmente relevante, como señala la jurisprudencia española, aquellos comportamientos, que pese a su adecuación típica, no resultan ser incidentes en la vida jurídica en forma de lesión o al menos de peligro para aquellos. (Sentencia del Tribunal Supremo de España de 11 de febrero de 1999)

Al suprimirse la exigencia prevista en el artículo 272-A de la precitada ley 37 de 2000, en la falsificación de documentos públicos o privados, el perjuicio deja de ser un elemento objetivo del tipo, exigiéndose sólo la posibilidad de perjuicio. Por lo tanto, este ilícito no debe ser considerado como un tipo de resultado sino de peligro, según el cual, aún cuando el delito no lesione directa, objetiva y materialmente el bien jurídico concretamente protegido en la norma penal en la que se incardinan, sí lo ponen en peligro, alterando o menoscabando de este modo las condiciones de estabilidad y firmeza de tal interés público tutelado por la ley (B.L., C.. Tratado de Derecho Penal Español. T.I, Ed.Bosh. 2005, pag.128).

Respecto a la falsedad de uso, figura delictiva sobre la cual gira la controversia que nos ocupa, como hemos planteado, nuestra normativa, contrario a lo que acontece en otras legislaciones como la costarricense (artículos 357 y 359 del C.P.), no incluye como elemento objetivo del tipo, determinar el agravio; se parte de la premisa de la configuración previa de una falsedad documental, con posibilidad de causar perjuicio, procurando con el hecho punible descrito en el artículo 271 lex cit, castigar aquellas acciones delictivas encaminadas a hacer uso o derivar provecho de cualquier modo, de un documento falso o alterado, a sabiendas de su falsedad, aunque no se haya cooperado en la falsificación, por tratarse de situaciones que indudablemente atentan per se, contra la seguridad del tráfico jurídico, por ejemplo, al inducir a error a las personas.

  1. En tales términos, con fundamento en el principio de legalidad que rige en materia penal (Art. 1 C.P.), el cual determina que la construcción de los tipos penales esté delimitada estrictamente, y que se anuncia bajo el subprincipio de "nulla poena sine lega stricta", del que se deriva además, la prohibición de la analogía, por la que no es posible asimilar un elemento del tipo penal a otro muy parecido; puede colegirse que no resulta viable adicionar el presupuesto del perjuicio al tipo penal de uso o aprovechamiento de documento falso, que expresamente contempla los elementos que configuran el ilícito, a saber:el que se haga uso o derive provecho de cualquier modo del documento falso o alterado, y que se tenga conocimiento de la falsedad o alteración del documento, aunque no se haya cooperado con su falsificación.

A pesar de existir evidencia de un error por parte del Tribunal Ad-Quem, al deducir como necesaria la comprobación de un perjuicio para establecer la existencia de una falsedad de uso, debe indicarse que el cargo de infracción no se acredita, ya que el yerro advertido no resulta ser trascendental y determinante para invalidar la decisión que se impugna.

Lo anterior en atención a que, el fallo de segunda instancia tiene como sustento principal, el análisis razonado de otras circunstancias probatorias que llevan a colegir que los hechos denunciados no determinan concretamente que el denunciado M.G., incurriera en la conducta delictual del uso de documento falso, como lo supone el censor.

En tal sentido, si bien existe evidencia probatoria respecto a la presentación, por parte del licenciado MONCADA GUERRA, de un poder notariado que presenta alteración en la firma de la señora S.D.L., dentro de un proceso ordinario de mayor cuantía, esta acción llevada a cabo por el investigado, carece de un elemento subjetivo del tipo penal, que exige establecer que el sujeto activo del delito, tenga conocimiento previo de la alteración o falsedad del documento, situación que no se comprobó en la investigación.

Así tenemos que el Tribunal Superior concluye que no estaba acreditada la conducta típica, antijurídica y culpable contemplada en el artículo 271 del Código Penal, al tomar en consideración y ponderar expresamente en su sentencia, las siguientes evidencias procesales:

Las deposiciones de SYLVIA TAM DE LOWE (fs.264-265), A.E.L. (fs.266-268) y la del licenciado R.E.L. CASTILLO (fs.371-373) de las cuales se colige que existía una relación profesional entre la señora SYLVIA TAM DE L. y el L.M.G., constando que la querellante, previamente le había firmado poderes al hoy imputado (f.536 de la sentencia).

Cabe añadir, como se resalta en la resolución atacada, que el licenciado L.C., abogado de la sociedad CANGREJO REAL ESTATE, fue enfático en señalar que en las conversaciones realizadas para llevar a un acuerdo, en torno al proceso entablado por esta empresa contra INVERSIONES TRES ESTRELLAS, estuvo presente la señora S.D.L., asegurando que su abogado lo era el licenciado J.A.M..

En consecuencia, dado que el recurrente no logra demostrar en debida forma el cargo de injuridicidad planteado, procede esta Sala Penal a desestimarlo.

Por otra parte, el segundo vicio de ilicitud aducido, referente a la posición asumida por el Ad-Quem, de considerar que, no habiéndose comprobado la autoría de la falsificación del poder notariado, no puede atribuirse la comisión del uso o provecho del documento falso a persona alguna, esta Superioridad estima necesario examinar el contenido del artículo 271 del Código Penal que consagra la conducta delictiva en referencia. Así tenemos que este precepto punitivo a letra dice:

"Artículo 271. El que, a sabiendas, haga uso o derive provecho de cualquier modo que sea, de un documento falso o alterado aunque no haya cooperado en la falsificación o alteración, será sancionado como si fuese el autor."

En la doctrina, F.M.C. enseña que "junto a las alteraciones de la genuidad y veracidad se castiga tambiénautónomamente el uso del objeto falsificado por quienes no han tomado parte en la falsificación." (Derecho Penal. Parte Especial. XI Ed. Valencia 1996, p.608) (Resaltado de la Sala).

Conforme a lo norma transcrita y al criterio doctrinal que antecede, se puede colegir invariablemente que la conducta típica en referencia, conlleva consecuencias jurídico penales independientes a lo que puede acontecer con la falsedad documental propiamente tal. Claro está, no puede desconocerse que ambos ilícitos se encuentran estrechamente relacionados, por cuanto requieren, en parte para su configuración, la existencia de un documento público con características falsas, exigiéndose además, para la concreción del delito al que se refiere el artículo 271 del Código Penal, la comprobación de otros presupuestos, como en líneas anteriores se precisó.

En otros términos, es lo que el autor colombiano F.E.V. denominó un tipo especial de falsedad para la persona que usa el documento público falsificado, aunque no haya concurridoa la falsificación, con lo cual se guarda precisamente la fe pública (comentario citado por H.B.D., Ex-Magistrado de la Corte Suprema de Colombia. Cfr. Código Penal de Panamá. Editorial Jurídica Bolivariana. 1era Edición.1994. p.363).

Las consideraciones anteriores permiten concebir que el Tribunal Superior yerra en plantear un elemento de conexidad entre los delitos de falsedad documental y falsedad de uso, cuando en realidad no resulta indispensable tener certeza jurídica de la autoría de la falsedad documental, para llegar a la convicción de la existencia del delito uso de documento falso.

No obstante, igual a lo que acontece respecto al primer motivo, el error advertido no configura con propiedad el vicio de ilicitud planteado, en vista de que no resulta ser substancial para invalidar la decisión proferida por el Ad-Quem, por cuanto, para ello se requiere tener certeza de la configuración del delito objeto de la investigación penal, situación que no acontece en este sumario, al no establecerse la existencia de dolo en el agente, es decir, que el licenciado MONCADA GUERRA tenia conciencia de la falsedad del poder que presentó ante un despacho judicial, cuando previamente había recibido poderes de la ahora denunciante, quien incluso intervino en las negociaciones, reconociendo verbalmente que su abogado lo era el licenciado MONCADA.

En otros términos no existen elementos de convicción que precisen que el sujeto imputado tenía la voluntad de alterar el tráfico jurídico, al poner en acción la capacidad probatoria de un documento, que por ser falso, no prueba lo que aparenta demostrar.

Subrayamos que si bien en el fallo recurrido se incurren en vicios de interpretación, dichos yerros no resultan ser trascendentales para casar la sentencia, ya que aún cuando el juzgador hubiese delimitado con propiedad los elementos que configuran el delito de uso de documento falso, el resultado de la sentencia sería el mismo, puesto que tal y como lo expresa el Ad-Quem en el fallo, no existen en autos evidencias probatorias que permitan constatar las imputaciones formuladas contra el denunciado (f.537), es decir, que el licenciado M.G., incurrió en el uso de un documento falso, dolosamente y con pleno conocimiento de su falsedad o alteración.

B- Disposiciones legales infringidas:

En cuanto a la sección de las disposiciones legales infringidas, considera la Sala que el artículo 265 del Código Penal aducido en concepto de violación directa por omisión, no ha sido vulnerado toda vez que el ilícito del uso de un documento falso contemplado en el artículo 271, si bien requiere de la anterior norma para definir la sanción penal, no resultaba aplicable al caso subjudice, al no haberse comprobado la existencia del hecho punible.

Respecto a la transgresión del artículo 272-A hoy derogado, en concepto de violación directa por omisión, se comprueba que este precepto no fue tomado en consideración por el Tribunal de Segunda Instancia, para establecer que el elemento del perjuicio, no es un presupuesto aplicable al delito de uso de documento falsificado. Sin embargo, con la infracción de esta disposición no se da la causal invocada por el casacionista, ya que no tiene la trascendencia de haber influido en lo dispositivo de la sentencia impugnada.

Con respecto al artículo 271 del Código Penal, aducido como violado por omisión, estimamos igualmente que no se configura tal infracción, al no resultar aplicable la norma in cita, dentro de este proceso penal, por no existir elementos de convicción suficientes para determinar que la acción delictiva allí descrita, se configuró en la causa penal, aún cuando queda claro que, para que éste ilícito se acredite, no se requiere del presupuesto del perjuicio ni de un nexo estructural con el delito de falsedad documental. Por ello, no existe mérito para invalidar el fallo impugnado y proceder con un auto de llamamiento a juicio, como pretende el censor, por cuanto la apertura de un juicio criminal implica que necesariamente se tiene plena prueba de la existencia del hecho punible, situación que como afirma el Tribunal Superior y que ahora se ratifica, no se cumple en esta oportunidad.

Todo lo anterior nos lleva al convencimiento que no se configura la causal aducida por el casacionista, y no procede casar el auto de segunda instancia Nº 187 de 24 de septiembre de 2003, proferido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que confirma el auto de primera instancia mediante el cual se decreta un sobreseimiento definitivo a favor de los investigados J.A.M. GUERRA y C.L.Á., sindicados por los delitos de falsificación en general.

Por otra parte, la Corte, considera necesario advertir que siendo la pretensión del censor, que se diese la apertura de causa criminal contra J.A.M., resulta improcedente que en esta instancia extraordinaria, la Representación Social, cuestione el que no se hubiese llamado a responder criminalmente al licenciado C.L.A. por este hecho, cuando consta que el propio F.O. de Circuito, encargado de ejercer la instrucción sumarial, es quien recomienda favorecer al investigado, con un sobreseimiento provisional, lo que indica posiciones contradictorias en el seno del Ministerio Público, que debieron ser solventadas en tiempo oportuno, dado el carácter fundamental de la función pública que ejerce este organismo.

PARTE RESOLUTIVA

En merito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA el auto de 24 de septiembre de 2003 proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial

Notifíquese y D..

MIRTHA VANEGAS DE PAZMIÑO

GRACIELA J. DIXON C. -- GABRIEL FERNÁNDEZ

MARIANO HERRERA (Secretario)

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