Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala 2ª de lo Penal, 10 de Abril de 2008

Ponente:Esmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución:10 de Abril de 2008
Emisor:Sala Segunda de lo Penal

VISTOS:

La Licenciada G.E.C.D., actuando en su condición de defensora de oficio de R.C.S., ha presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recurso de casación contra la resolución fechada 9 de octubre de 2007, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la sentencia N°71 de 9 de agosto de 2007, dictada por el Juzgado Primero de Circuito de Coclé, Ramo Penal, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que condena al procesado a la pena de sesenta (60) meses de prisión por haber sido responsable en calidad de autor del delito de Violación Agravada en perjuicio de V.E.A.C..

Estando el negocio penal, pendiente que la defensora técnica, formalizara el recurso extraordinario de casación, se recibe un escrito a través del cual manifiesta, "no formalizaremos el recurso de Casación en esta causa", ya que considera que no es viable el recurso, porque la sanción impuesta no es violatoria de la ley, la norma utilizada en el fallo es la que corresponde al delito, las pruebas que reposan en el expediente fueron apreciadas correctamente, en síntesis, luego de revisar el expediente estima, que ninguna de las causales que consigna el artículo 2430 del Código Judicial, han sido violadas (fs. 224-225).

De vista lo anterior, es necesario que esta Superioridad se pronuncie respecto a la actividad desplegada por la defensora oficiosa y la omisión en que incurre el Tribunal Superior al no haberse pronunciado en la providencia en la que ordena la remisión de este recurso a estos estrados.

Y es que, se observa que la defensora oficiosa, anuncia el recurso de casación, más decide no sustentarlo en el término correspondiente, sino emitir un escrito donde prácticamente se retracta de la iniciativa adoptada inicialmente, lo que afecta el status del procesado.

En primer lugar, el Tribunal Superior al advertir esta situación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2437 del Código Judicial, debía pronunciarse, para evitar omisiones jurídicas que conlleven a la inseguridad en la condición penal del sentenciado.

La doctrina nacional señala, que esa anotación jurídica no constituye una simple formalidad, representa un dictamen necesario en la definición de la situación penal del imputado, pues, "Si la parte interesada anuncia oportunamente que recurrirá en casación y luego dentro del término de ley no formaliza ni presenta el recurso, frustra toda posibilidad de acudir al Tribunal de casación en demanda de desagravio y de defensa del derecho objetivo, al incumplir con este presupuesto" (F.P., J. y GUERRA DE V., Aura E. Casación y Revisión (Civil, Penal, Laboral); Sistemas Jurídicos, S. A., Segunda Edición, Panamá, 2001, pág. 263).

De otro lado, en relación a la inactividad procesal de la licenciada G.C.D., defensora de oficio del señor R.C., se debe señalar que esta es una falta grave, toda vez que el efecto legal que ocasiona su decisión, coloca en indefensión a su representado, quien ya no cuenta con la oportunidad procesal de aducir planteamientos de inculpabilidad, solicitar reconocimiento de atenuantes, ni cuestionar la juricidad de la sentencia condenatoria emitida en su contra.

Aunado a lo anterior, los planteamientos esgrimidos por la defensa técnica quien debe velar por los intereses de su defendido, ponen de relieve que ésta ha ejercido las funciones que le corresponden a esta Superioridad, de determinar, si es viable o no el recurso de casación que con antelación había presentado.

Ante tales circunstancais y de acuerdo a lo que disponen los artículos 2015 y 2021 ordinal h) del Código Judicial y artículo 12 , numeral 5 y 6 del Reglamento Interno del Instituto de Defensoría de Oficio, el defensor de oficio, al ser nombrado por el funcionario de instrucción o Juez, está obligado a aceptar y desempeñar el cargo, lo que conlleva entre otras obligaciones, a introducir, a favor de sus defendidos, los recursos que procedan y no descuidar ni abandonar los negocios asignados.

La infracción de esos deberes, conlleva a la aplicación de sanciones disciplinarias, tal como lo establecen los artículos 2025, numeral 2 del Código Judicial y 56, numeral 3 del Reglamento Interno del Instituto de Defensoría de Oficio. En base a ello, se estima prudente compulsar copias, autenticadas de la presente actuación, al Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, para que adelante el trámite disciplinario que describe el artículo 60 del Reglamento Interno, luego de lo cual, debe remitir la actuación al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, autoridad nominadora de los defensores de oficio, para que defina la situación disciplinaria de la Licenciada G.C.D..

Ante este escenario fáctico, lo que corresponde en derecho, luego de acreditarse que la defensora técnica del procesado R. CASTILLO, no presentó escrito para formalizar la iniciativa procesal, se declara Desierto el recurso de casación anunciado.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: RESUELVE:

  1. DECLARAR desierto el recurso de casación anunciado por la Licenciada G.C.D., defensora de oficio de R.C.S..

2- COMPULSAR copias autenticadas, de la actuación al Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, para que adelante el trámite disciplinario que describeel artículo 60 del Reglamento Interno, luego de lo cual, debe remitir la actuación al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para que se defina la situación disciplinaria de la licenciada G.C.D..

NOTIFÍQUESE.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

JERÓNIMO MEJÍA E. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

MARIANO HERRERA (Secretario)