Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala 2ª de lo Penal, 16 de Abril de 2008

Ponente:Esmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución:16 de Abril de 2008
Emisor:Sala Segunda de lo Penal

VISTOS:

La Licenciada M.L.R. y el Licenciado B.R.C., apoderados judiciales de P.V. CASTILLO y R.O.M., respectivamente, han interpuesto sendos recursos de casación contra la sentencia de segunda instancia N° 152 de 22 de marzo de 2007, expedida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que modifica y confirma la sentencia de 23 de agosto de 2006, mediante la cual el Juzgado Décimo del Primer Circuito de Panamá, Ramo Penal, condenó a los procesados como autores del delito de actos libidinosos y violación, respectivamente, en perjuicio de la señora G.L.P.M..

Vencido el término de lista previsto en el artículo 2443 del Código Judicial, la Sala procede al examen de los escritos de formalización, a efectos de decidir si cumplen con los requisitos de admisibilidad correspondientes.

RECURSO PRESENTADO A FAVOR DE P.V. CASTILLO.

Primeramente, se observa que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, por la persona facultada legalmente para hacerlo y contra sentencia de segunda instancia emitida por un Tribunal Superior. Así mismo, el delito por el cual se sancionó al recurrente contempla una pena superior a los dos años. No obstante, debe advertirse para futuras oportunidades, que el escrito debe ir dirigido a la Magistrada Presidenta de la Sala de lo Penal, conforme lo preceptuado en el artículo 101 del Código Judicial.

La sección denominada Historia Concisa del Caso no ha sido elaborada de manera correcta, pues entra en el detalle de piezas probatorias, citando incluso las versiones de testigos del hecho investigado, apartándose de la técnica casacionista, que en esta sección exige, se destaquen los puntos más relevantes del negocio penal.

Al identificar la causal, la casacionista indica que ésta corresponde al supuesto de "error de derecho en la existencia de la prueba y el derecho en la apreciación de ella, que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustancial (art. 2430 numeral 1)".

Como se observa, la forma en que se plantea la causal no se ciñe a la técnica casacionista, puesto que omite identificar una causal precisa en los términos que el Código Judicial las enumera.

Pareciera que la intención de la recurrente fue sintetizar en una sola causal, el supuesto vicio de ilegalidad que presenta el fallo, reuniendo supuestos de dos causales distintas (error de hecho y de derecho) y elaborando una nueva, producto de su propia inventiva.

Reiterada jurisprudencia de esta S., ha establecido la necesidad de apegarse estrictamente a las causales que recoge el Código Judicial, citándolas incluso en su tenor literal, por ser el recurso de casación de naturaleza extraordinaria, que sólo procede por causales expresamente señaladas en la ley.

En relación a los motivos que le sirven de fundamento a la causal anterior, en el primero se observa que la casacionista se limita a contrastar dos declaraciones testimoniales (de la víctima y del testigo G.M., sin embargo, no indica qué regla de interpretación probatoria usó el juzgador de segunda instancia, y en qué radica el error, y más importante aún, cuál es la valoración correcta que debió hacerse y el hecho fáctico que persigue demostrar, requisitos que la Sala ha resaltado en reiterados fallos (Cfr. fallo de la Sala Penal de 28 de marzo de 2005).

En el segundo motivo, la recurrente sostiene que el tribunal superior incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, pues obvió la existencia de ciertas declaraciones que reposan en el expediente.

Al estructurar el cargo de injuricidad de la anterior forma, vuelve a incurrir en la misma deficiencia advertida en relación a la causal, pues mezcla en este motivo y respecto a la misma pieza probatoria, elementos de dos causales distintas (error de hecho y de derecho).

Finalmente, en el tercer motivo, pese a que se indica que el Ad quem valoró inadecuadamente las declaraciones de la víctima, se extiende en otras argumentaciones que no alcanzan a puntualizar un cargo de injuricidad claro y comprensible del supuesto error "in iudicando" en que incurre el fallo impugnado.

En lo que corresponde a las disposiciones legales infringidas, la recurrente acusa la infracción de los artículos 917 y 973 del Código Judicial, ambos en concepto de violación directa por omisión. Sin embargo, deja de citar la norma sustantiva infringida, elemento fundamental en las llamadas causales probatorias, en las que la infracción de la ley penal sustantiva procede de manera indirecta al infringirse la norma adjetiva.

Cumplido el examen del recurso de casación formalizado a favor de P.V.C., deberá la Sala negar su admisión debido a las deficiencias arriba señaladas.

RECURSO PRESENTADO A FAVOR DE R.O.M..

El escrito está dirigido a la Magistrada Presidenta de la Sala de lo Penal, conforme a lo preceptuado en el artículo 101 del Código Judicial, el recurso fue anunciado por la persona facultada legalmente para hacerlo y contra sentencia de segunda instancia emitida por un Tribunal Superior. Así mismo, el delito por el cual se sancionó al recurrente contempla una pena superior a los dos años.

No obstante, el escrito de formalización no fue presentado en tiempo oportuno, por las siguientes razones:

Según consta a fojas 560, el Tribunal Superior concedió un término de 15 días para que ambos recurrentes formalizaran el recurso, término que empezó a correr desde el 23 de julio de 2007 y vencía el 10 de agosto de 2007. El expediente estuvo a disposición de las dos partes recurrentes desde el 23 de julio, y no fue sino hasta el 1 de agosto de 2007 que la abogada del imputado V.C. lo retiró, y lo devuelve el 8 de agosto de 2007.

Mediante providencia de 8 de agosto de 2007, el magistrado sustanciador concede al Licdo. B.R., apoderado judicial de O.M., otro término de 15 días para que formalice su escrito de casación, indicando que la medida se adopta para garantizar la igualdad de las partes.

Al revisar lo actuado en el presente caso, advierte la Sala que la medida adoptada por el magistrado sustanciador en el Tribunal Superior, se aparta de las reglas elementales que sobre el tema de términos, recoge el Código Judicial. En efecto, según lo disponen los artículos 507 y 509 del Código Judicial, los términos legales, como el de formalización de la casación, una vez concedidos, corren por ministerio de la ley, y son perentorios e improrrogables. Es decir, el juez no puede suspenderlos o prorrogarlos, salvo que una disposición legal lo autorice, como ocurre en el caso de los términos judiciales, según lo señala el artículo 510 lex cit. En el caso particular, la referida actuación del tribunal deberá declararse nula por ilegal.

En consecuencia, el escrito de formalización presentado el día 3 de diciembre de 2007, deberá inadmitirse por extemporáneo.

Finalmente, es importante resaltar, considerando que el magistrado sustanciador del Tribunal Superior invocó como razón para prorrogar el término de formalización de la casación, que ello atendía al principio de igualdad de las partes, sin embargo, tal medida no se compadece con la realidad del expediente, desde el momento en que el abogado de O.M. pudo retirar el expediente penal a partir del 23 de julio de 2007 y hasta el 1 de agosto del mismo año, fecha en que es retirado por la abogada de V.C., más no lo hizo.

Luego el Tribunal Superior, en providencia de 8 de agosto de 2007, le prorroga el término por otros quince días, y dicha resolución no le es notificada sino hasta el 12 de noviembre de 2007, cuando se desfija el edicto para tal fin, por lo que tuvo hasta el 3 de diciembre de 2007 para sustentar su recurso. No se explica porqué se tardó tanto en fijar el edicto de notificación (hasta el 1 de noviembre de 2007), cuando tal gestión debió realizarse al día siguiente de emitida la resolución que le prorrogaba (indebidamente) el término al abogado de O.M.. Si bien resultan comprensibles las razones expuestas por el Tribunal Superior al concederle un nuevo término al recurrente, tal medida se adopta por encima de las normas imperativas del proceso, agravándose la situación por el hecho de que se dejan transcurrir más de 3 meses para notificar al abogado de dicha prórroga. Lo anterior amerita un fuerte llamado de atención al Tribunal Superior, para que tome nota a efectos de garantizar una justicia pronta y cumplida.

Como una buena práctica tribunalicia, en casos con pluralidad de imputados en los que más de uno anunció el recurso de casación, si el Tribunal Superior opta por conceder el término de formalización de manera individual, tal medida debe ser adoptada desde el inicio, de manera que corran por separado y consecutivamente. De este modo, se garantiza que las partes recurrentes tengan la posibilidad de contar con una oportunidad clara y precisa para presentar su escrito de formalización del recurso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve:

1-NO ADMITIR el recurso de casación presentado a favor de P.V. CASTILLO.

2-DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado a fojas 568 y 569 del cuaderno penal.

3-NO ADMITIR, por extemporáneo, el recurso de casación presentado a favor de R.O.M..

NOTIFÍQUESE.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

JERÓNIMO MEJÍA E. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

MARIANO HERRERA (Secretario)