Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala 2ª de lo Penal, 24 de Abril de 2008

Ponente:Jerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución:24 de Abril de 2008
Emisor:Sala Segunda de lo Penal

VISTOS:

Vía apelación, ingresa a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema, el proceso seguido a los señores V.V., L.F.G. y a otros por el presunto delito Contra la Libertad Individual en perjuicio de los señores J.A.C.Q., A.R.M. y R.E.O..

FUNDAMENTOS DEL A-QUO

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al momento de calificar las sumarias en averiguación por el presunto delito Contra la Libertad Individual en perjuicio de los señores J.A.C.Q., A.R.M. y R.E.O., tras analizar la situación jurídica del señor L.F.G., decidió acceder a la recomendación del fiscal de la causa en el sentido de sobreseer provisionalmente a éste con base a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2209 del Código Judicial, luego de determinar que los elementos probatorios no permitían comprobar el hecho punible.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La licenciada ZULKY VEGA VISUETE, actuando en su condición de apoderada judicial de los señores J.A.C.Q., A.R.M. y R.E.O., en su escrito de apelación afirma que el día 10 de enero de 2006 sus defendidos fueron detenidos por órdenes del señor L.F.G., J. de la Zona de Policía de Chiriquí, sometiéndolos a humillaciones, vejaciones y golpizas.

Manifiesta que existen suficientes elementos probatorios que demuestran el delito Contra la Libertad Individual en perjuicio de sus defendidos, así como la vinculación de los querellados.

Asevera, que a consecuencia del delito Contra la Libertad Individual atribuido a los querellados, sus defendidos J.A.C.Q., A.R.M. y R.E.O. resultaron golpeados, lo cual está demostrado con los distintos exámenes médicos y las propias declaraciones de los querellantes.

Recalca que el informe de la Defensoría del Pueblo sobre lo acontecido el día 10 de enero de 2006, es una de las pruebas que comprueba el delito Contra la Libertad Individual en perjuicio de los señores J.A.C.Q., A.R.M. y R.E.O..

De otra parte, asegura que la vinculación de los querellados con relación al delito Contra la Libertad Individual ha quedado acreditada con las declaraciones de los propios afectados J.A.C.Q., A.R.M. y R.E.O. y de los testigos J.S., V. DE GRACIA y MÁXIMO CUBILLA.

Finalmente, puntualiza que el señor V.V. es responsable de haber ordenado una detención en forma verbal, sin orden escrita y en forma arbitraria. Mientras que el señor L. FRANCO de haber tolerado en la institución a su cargo la conducta que describe el artículo 160 del Código Penal.

OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

El licenciado J.C.M.F., en su condición de apoderado judicial del señor V.V.B.B. de la provincia de Chiriquí-, por su parte solicita se niegue el recurso de apelación sustentado por la defensa de los querellados y, en su lugar, se confirme el Auto impugnado.

Señala que mediante Auto fechado once (11) de octubre de dos mil seis (2006), dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, se revocó la orden de indagar al señor V.V., quedando inmediatamente sin efecto los señalamientos formulados contra éste. En tal sentido, indica que si la condición de su defendido nunca fue la de imputado ni ha variado, resulta improcedente que en esta oportunidad se pretenda la revocatoria del auto impugnado y, en su lugar, se ordene la indagatoria del señor V..

Sostiene, además, que el hecho punible atribuido a su defendido B.V.B.- nunca fue comprobado, sino que actuó en cumplimiento a sus deberes y atribuciones legales, tras haber presentado sendas denuncias en la Corregiduría de D. y en el Centro de Recepción de Denuncias en relación al incidente suscitado frente a la Gobernación el día 10 de enero de 2006 (fs. 652-657).

La apoderada judicial del señor L.F.G., en su escrito de oposición por su parte solicita se desestime la pretensión de la recurrente, ya que no hay motivos ni pruebas eficaces capaces de modificar la medida adoptada por el A-quo (fs. 658-661).

ANÁLISIS DE LA SALA

Conocida, medularmente, la disconformidad de la recurrente, corresponde a la Sala analizar y decidir el recurso de apelación concedido, pero sólo sobre los puntos de la resolución a que se refiere, de conformidad a lo establecido en artículo 2424 del Código Judicial.

Como podemos apreciar, la disconformidad de la activadora judicial radica en que, a su criterio, está probado en autos el delito Contra la Libertad Individual al igual que la vinculación de los señores V.V.B. y L.F.G., por lo que procede la revocatoria del auto impugnado y, en su lugar, ordenar la indagatoria de éstos.

Vale destacar que el juzgador A-quo al momento de calificar las sumarias precisó que, por la calidad de las partes, tenía competencia para definir la situación jurídica de dos funcionarios públicos con mando y jurisdicción en una provincia, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 127 del Código Judicial, es decir, de los señores V.V.B. y L.F.G., Gobernador de la provincia de Chiriquí y Comisionado, respectivamente.

En virtud a lo anterior, luego de analizar la situación jurídica del señor V.V., el juzgador A-quo puntualizó que desde que fue dictado el Auto fechado once (11) de octubre de dos mil seis (2006), que resuelve un incidente de controversia presentado en la etapa sumarial, la situación procesal de éste ha permanecido inalterada (no tener la condición de imputado por falta de prueba del hecho punible), por lo que no era viable resolver la solicitud del fiscal de la causa.

Mientras tanto, enfatizó que la situación jurídica del señor L.F. era distinta, ya que éste sí rindió declaración indagatoria. Sin embargo, luego de valorar las pruebas documentales y la versión del señor L.F., concluye que tampoco ha quedado comprobado que éste cometió el delito contra la libertad individual querellado, por lo que sí resultaba procedente acceder a la recomendación del agente de instrucción.

Resaltado lo anterior, resulta imprescindible destacar que según los hechos de la querella criminal interpuesta por el apoderado judicial de los señores J.A.C.Q., A.R.M. y R.E.O., que da inicio al proceso, salta a la vista que al señor V.V. se le señala directamente de haber ordenado una detención de forma arbitraria (hecho décimo séptimo), mientras que al señor L.F. de haber tolerado en un centro carcelario la conducta descrita en el artículo 160 del Código Penal patrio (hecho vigésimo quinto), en perjuicio de los querellados, hecho ocurrido el día 10 de enero de 2006.

  1. Situación jurídica del señor V.V..

    Como se advierte, el señor V.V. es señalado directamente de presuntamente haber cometido el delito contra la libertad individual previsto en el artículo 156 del Código Penal, cuya norma señala lo siguiente:

    "art. 156. El servidor público que con abuso de sus funciones o infracción de las formalidades prescritas por la ley, prive a una persona de la libertad, será sancionado con prisión de 1 a 2 años e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 6 meses a un año y si el hecho punible se comete con alguna de las circunstancias previstas en los artículos anteriores, las sanciones se aumentarán de una tercera parte a la mitad".

    Según la querella, el señor V.V. cometió dicho delito en perjuicio de los señores J.A.C.Q., A.R.M. y R.E.O., luego que éstos participarán en una manifestación en los predios de la Gobernación de la provincia de Chiriquí, el día 10 de enero de 2006, de lo cual dan fe las propias versiones de los querellantes.

    Al examinar dichas declaraciones, tenemos que según manifiesta el señor J.A.C.Q., el día 6 de enero se realizó en el Distrito de D. una manifestación en contra del T.L.C. que culminó en la Gobernación, acordándose realizar otra protesta en rechazo al Tratado de Libre Comercio (f. 191).

    Explicó que el piquiteo tuvo lugar frente a la Gobernación en donde gritaban consignas como "Gobernador y P.V.V., traidor" y quemaron un muñeco del tío San. Señaló que, posteriormente, cuando se iban fueron detenidos por Agentes de la DIIP, uno de los cuales les informa que estaban arrestado por órdenes del Gobernador (f. 192).

    R.E.O., con relación al hecho ocurrido el día 10 de enero de 2006, manifestó que en lo que se dirigían hacia la Feria fueron interceptados por un vehículo de la DIIP y fueron bajados con pistola en mano del vehículo en el que viajaban, en ese momento les comunican que por ordenes del Gobernador tenían que acompañarlos hasta la Policía (f. 216).

    A.R.M., por su parte explicó que cuando viajaban por la urbanización La Feria fueron interceptados y detenidos por Agentes del DIIP, los cuales les manifestaron que habían sido autorizados por el G.V.V. para detenerlos (f. 228).

    Luego de examinar en conjunto las declaraciones de los señores J.A.C.Q., A.R.M. y R.E.O., la Sala estima que si bien son coincidentes en señalar que al momento de ser detenidos por Agentes del DIIP, el día 10 de enero de 2006, son informados que la orden había sido impartida por el Gobernador de la provincia de Chiriquí, salta a la vista que tales testimonios son completamente referenciales, lo cual a la luz de nuestro ordenamiento procesal penal vigente (art. 920 C.J.) no tiene ningún valor probatorio para demostrar el hecho punible atribuible al señor V.V.. Dicha norma procesal es del tenor siguiente:

    art. 920. No tiene fuerza la declaración del testigo que depone sobre algún hecho oído a otros, sino cuando recae la declaración sobre hecho muy antiguo o cuando se trata de probar la fama pública.

    Con relación al informe de la Defensoría del Pueblo consultable de foja 81 a 83, que según la recurrente sirve de prueba para demostrar el hecho punible y la vinculación del señor V.V., observa la Sala que en él se consigna la conversación que sostuvieron funcionarias de la Defensoría con el señor A.C., Inspector Encargado de las instalaciones de la DIIP, en la que éste informó que allí se encontraban detenidos cinco (5) miembros de la SUNTRACS, que los señores J.C. y A.R. serían llevados al Ministerio Público y los otros tres serían puestos a órdenes de la Corregiduría de D..

    Sin embargo, dicho documento, a criterio de la Sala no tiene la fuerza probatoria para comprobar el hecho punible y la vinculación del señor V.V., como quiere hacer ver la recurrente, por cuanto que solamente hace referencia sobre la efectiva detención de los querellados en las instalaciones de la DIIP de la provincia de Chiriquí, sin hacer alusión del funcionario público que impartió la orden de detención, por lo que no le asiste razón a la recurrente cuando afirma que el referido documento sirve para comprobar el hecho punible atribuido al señor V.V..

    Para finalizar, la Sala desea concluir señalando que la única actuación del señor V.V., que concretamente aparece en el expediente, consiste en la denuncia que hizo ante la Corregiduría de Policía Diurno de D., contra miembros del SUNTRACS encabezados por el señor J.C. en relación a los hechos que tuvieron lugar aquella mañana frente a la Casa de Gobierno, sin que a partir de dicha denuncia se pueda inferir que fue el funcionario público que impartió la orden de detener o arrestar a los querellados. Además, a favor del señor V.V. reposa el testimonio del señor L.F., J. de la Zona de Policía de D., en el que categóricamente manifiesta que no recibió ninguna de orden del Gobernador de arrestar a los señores J.A.C.Q., A.R.M., R.E.O. y demás manifestantes, lo cual deja señalado cuando textualmente expresa lo siguiente:

    "...No señor F., nosotros no recibimos orden del Gobernador, sino que atendimos la llamadas múltiples que se recibieron, porque se recibieron llamadas de la Gobernación y de otras personas que manifestaron que se estaba dando un problema frente a la Gobernación en ese momento..."(f. 458).

    De allí que, a juicio de la Sala no hay prueba directa o indirecta que permita establecer que el señor V.V., en el ejercicio de sus funciones públicas haya impartido de forma verbal y arbitraria una orden de detención en perjuicio de los querellados.

  2. Situación jurídica del señor L.F..

    Como hemos precisado, los hechos de la querella atribuyen al señor L.F. haber tolerado el hecho punible descrito en el artículo 160 del Código Penal, a saber:

    art. 160. El servidor público que someta a un detenido a severidades o apremios indebidos, será sancionado con prisión de 6 a 20 meses. Si el hecho consiste en torturas, castigo infamante, vejaciones o medidas arbitrarias, la sanción será de 2 a 5 años de prisión.

    El señor L.F. al rendir sus descargos manifestó que los señores del SUNTRACS fueron traslados en primera instancia hacia la Sala de guardia del SUBDIIP, sin embargo, al presentarse la novedad de agresión por parte del señor OSES y CABALLERO hacia las unidades de policía del SUBDIIP, hubo que esperar que fueran atendidos junto con las unidades policiales para entonces ponerlo a órdenes de las autoridades competentes. Indicó que esto ocurrió pocos minutos después de llegar a las instalaciones, que no recordaba cuanto tiempo pasó entre la detención y la hora que fueron puestos a ordenes de la autoridad competente (fs. 459-460).

    Las versiones de los señores J.A.C.Q., R.E.O. y A.R.M. (visibles en fojas 190-200; 215-221; y 229-231), coinciden en señalar que fueron conducidos a las instalaciones de la DIIP y que al llegar hubo incidente en donde fueron severamente golpeados, indicando que uno de los agentes que participó en la golpiza se llama L.C. que se apoda A. de Tanque@.

    De las anteriores declaraciones, la Sala advierte que en ningún momento el señor L.F. ha sido señalado como uno de los agentes policivos que supuestamente sometió a severos golpes a los señores J.A.C.Q., R.E.O., A.R.M. y demás, ya que los propios testimonios de éstos de lo que dan fe es que el señor L.F. se presentó con posteriodad a la golpiza de la cual acusan fueron víctimas.

    Si bien es cierto, los distinos exámenes médicos realizados a los señores R.E.O., A.R.M. y J.A.C.Q. (visibles en fojas 125-126; 127; y 128-129), revelan los golpes físicos que presentaban éstos, producto del incidente que acusan ocurrió en las instalaciones de la DIIP de la provincia de Chiriquí, los medios probatorios allegados al expediente no permiten comprobar que el señor L.F. haya participado de los severos tratos que dicen los querellados fueron víctimas mientras se encontraban detenidos en dichas instalaciones públicas, como tampoco que hayan sido una consecuencia de su voluntad.

    En virtud a los razonamientos anteriores, la Sala estima que el auto impugnado merece ser confirmado.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito a lo expuesto, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA el Auto fechado diecinueve (19) de enero de dos mil siete (2007), dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

    N..

    JERÓNIMO MEJÍA E.

    ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- MIRTHA VANEGAS DE PAZMIÑO

    MARIANO HERRERA (Secretario)