Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Mayo de 2012

PonenteAníbal Salas Céspedes
Fecha de Resolución14 de Mayo de 2012
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Mediante resolución de 13 de mayo de 2011, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, admitió el recurso de casación formalizado por el licenciado C.A.H.S., abogado defensor de A.H.D.R., contra la sentencia 2da. I.. Nº 361 de 9 de diciembre de 2009, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que absuelve a su representado por el delito de Evasión y lo condenó a 120 meses de prisión, como autor del delito de secuestro, revocando la Sentencia Mixta N° 12 de 2 de julio de 2009, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal de la provincia de C..

Verificada la audiencia oral que establece el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de decidir por la Sala.

ANTECEDENTES

De las constancias procesales recabadas se colige que el día 31 de octubre de 2008, el señor J.C.H., O.M. de la Fiscalía Primera del Circuito de Colón, dejó constancia que al encontrarse recibiéndole declaración indagatoria al señor A.H.D.R., por los delitos de Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos, a éste se le puso de presente un arma de fuego, la cual tumbó al suelo y la utilizó para tomar de rehén a la secretaria del despacho.

El día 10 de marzo de 2009, la Fiscalía Tercera del Circuito Judicial de Colón, dispuso la declaración indagatoria del señor A.H.D.R., por supuestos actos infractores de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título II, Libro II del Código Penal (Secuestro) y por el Capítulo VI, Título XII del mismo cuerpo legal. (V.f. 112-119)

Al rendir sus descargos, A.H.D.R., aceptó que había tomado el arma de fuego que le había sido incautada y tomó de rehén a la funcionaria de la fiscalía, pero que su intención no era hacerle daño a nadie. (V.f. 131-141)

A través de su Vista Fiscal Nº 142 de 28 de abril de 2009, la Fiscalía Tercera del Circuito Judicial de Colón, recomendó al honorable tribunal de la causa que al momento de calificar la encuesta penal lo hiciera dictando un auto de llamamiento a juicio en contra del señor A.H.D.R., por supuestos actos infractores de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título II, Libro II del Código Penal (Secuestro) y por el Capítulo VI, Título XII del mismo cuerpo legal (Evasión) (V.f.156-162).

Dicha recomendación fue acogida por el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Colón, Ramo Penal, cuando el día 2 de julio de 2009, llama a juicio a A.H.D.R., por presunto infractor de las disposiciones penales contenidas en el Capítulo I, Título II, Libro II del Código Penal (Secuestro) y por el Capítulo VI, Título XII del mismo cuerpo legal (Evasión). (V.f. 179-180).

Posteriormente, mediante Sentencia Mixta Nº 12 de 2 de julio de 2009, dicho tribunal declaró penalmente responsable a A.H.D.R., como autor del delito de Evasión, por el cual lo sancionó a la pena de treinta y dos (32) meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, y lo absolvió por el delito de Secuestro. (V.f.182)

Finalmente, a través de Sentencia 2da. I.. Nº 361 de 9 de diciembre de 2009, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, revocó en todas sus partes la sentencia apelada y declaró penalmente responsable a A.H.D.R., como autor del delito de Secuestro, por el cual lo sancionó a la pena de ciento veinte (120) meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, y lo absolvió por el delito de Evasión. (V.f.194-197)

CAUSALES INVOCADAS Y MOTIVOS

El recurrente aduce dos causales para fundamentar el recurso de casación promovido.

PRIMERA CAUSAL INVOCADA

Con respecto a la primera causal aducida, se alega que el fallo recurrido incurre en: "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la Ley sustantiva penal."

La causal viene sustentada en tres motivos. En primer término, manifestó el recurrente que el Tribunal ad-quem valoró erradamente la declaración jurada de la señora M.E.B.A. (V.f. 82-88), porque consideró que se había cometido el delito de secuestro, a pesar que la testigo no mencionó nada referente a la petición de recompensas.

En cuanto al segundo motivo, manifestó que el tribunal de segunda instancia ponderó de forma errada las declaraciones de los agentes A.E.Á.R. (V.f. 48-51), R.C.D.C. (V.f. 53-62), C.R.B.G. (V.f. 72-76) y el funcionario del Ministerio Público J.F.C.H. (V.f. 89-93); pues, a partir de tales elementos probatorios da por acreditado el delito de secuestro, cuando ninguno de ellos señaló nada referente a la petición de recompensas de parte del imputado, para liberar a la funcionaria M.B..

En el tercer motivo, el recurrente estima errada la valoración del Informe de Novedad suscrito por el Teniente C.G.O. (V.f. 14-15) y su respectiva declaración jurada visible a fojas 78-81, porque a partir de tal elemento probatorio da por acreditado el delito de secuestro, cuando ninguno de ellos señaló nada referente a la petición de recompensas de parte del imputado, para liberar a la funcionaria M.B..

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, manifestó se vulneró el artículo 917 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión y el artículo 148 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación.

SEGUNDA CAUSAL INVOCADA

La segunda causal que aduce el recurrente consiste en "ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal, por indebida aplicación de ésta al caso juzgado", prevista en el numeral 2 del artículo 2430 del Código Judicial.

En cuanto al único motivo que apoya esta causal, se advierte que de acuerdo al censor, el tribunal de segunda instancia consideró que la conducta de su representado encuadraba en el delito de secuestro, aún cuando los hechos demostrados dentro del cuaderno penal no constituyen ese tipo penal, sino el de evasión en grado de tentativa, por ello comete infracción de la ley sustancial.

En torno a las disposiciones legales infringidas se adujo como transgredido el artículo 148 del Código Penal, en razón de indebida aplicación; así como también infringe el artículo 389 del mismo cuerpo legal, en concepto de violación directa por omisión, porque la acción realizada por su representado A.H.D.R. se subsume en ese tipo penal. (V.f. 244-250).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cumpliendo el procedimiento establecido en la ley, el licenciado J.A.P.C., Procurador General de la Nación, solicitó al momento de decorrer el traslado que no se case el fallo objeto del recurso.

En lo que corresponde a la primera causal, el representante del Ministerio Público manifestó que disiente del cargo de injuridicidad esgrimido en el primer motivo, ya que, el Tribunal Superior efectuó una valoración de la deposición de la víctima cónsona a derecho.

Explica que la declaración de la víctima no es el único elemento que pesa contra el encartado, pues él mismo reconoció que privó de su libertad a la funcionaria para darse a la fuga, es decir, que el acto que el delito de secuestro definido como la acción de retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines, lleva a concluir que el beneficio económico no es requisito esencial de este tipo.

Respecto al segundo motivo, el representante del Ministerio Público discrepa con el censor, pues si bien es cierto que los señores A.E.Á.R., R.C.D.C., C.R.B.G. y el funcionario del Ministerio Público J.F.C.H., no refieren que el sindicado haya solicitado recompensa a cambio de liberar a la afectada, su finalidad era obtener un provecho para sí, en este caso, darse a la fuga, por tanto, el tribunal valoró conforme a derecho los testimonios censurados. Además, los testigos no tiene interés en faltar a la verdad y son coherentes en sus afirmaciones.

Realizado el estudio del tercer motivo sustentado por el recurrente, el representante del Ministerio Público también discrepa del cargo de injuridicidad formulado, puesto que, pues si bien es cierto que el señor C.G.O., no hizo referencia a que el sindicado haya solicitado recompensa a cambio de liberar a la afectada, también es cierto que el tipo penal no exige como requisito indispensable la solicitud de recompensa.

También discrepa con el criterio del censor, en cuanto a la infracción del artículo 917 del Código Judicial, en el concepto ensayado, porque resulta irrelevante que no se haga referencia al requerimiento de la entrega de dinero, bienes o cualquier otro para la liberación de la funcionaria.

Así mismo discrepa con el censor, en que el artículo 148 del Código Penal, se conculca en concepto de indebida aplicación, ya que al analizar correctamente las pruebas censuradas, aplicó debidamente dicha disposición sustantiva.

La segunda causal sustentada por el recurrente, es contrariada por el representante del Ministerio Público, quien expresa su incompatibilidad con la primera causal, conclusión que apoya con un extracto del fallo de 4 de agosto de 2004.

Así mismo discrepa del concepto de la infracción alegado, dado que lo atinente al precio de liberación, dinero, bienes, información, documentos con efectos jurídicos, son modalidades en las que puede incurrirse al momento de realizar este tipo de conducta; no obstante, también el retener indebidamente a una persona realizando una acción en provecho propio (como es el caso objeto de análisis) constituye otras de las formas de materializar la acción.

Por consiguiente, estima que no se ha vulnerado el contenido del artículo 148 del Código, en el concepto enunciado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La defensa técnica del señor A.H.D.R., fundamenta su recurso en dos causales, por tanto, se analizará cada una de manera separada.

PRIMERA CAUSAL

Como primer punto se verificarán los reparos en torno al "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la Ley sustantiva penal."

Así conviene enunciar como punto de partida que "...en esta clase de error aparece una clara discrepancia entre la sentencia y la ley, en la que no se objeta la existencia de la prueba, sino la valoración o calificación que se le hace y que está incompatible con la ley que la regula. Dicho error de derecho puede ocurrir: a) cuando se acepta al medio probatorio no reconocido por la ley; b) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le da fuerza probatoria que la ley le niega; c) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le niega valor probatorio que la ley le atribuye."(F.P., J. y Guerra de V., A.E., Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, Editorial Sistemas Jurídicos, S.A.; 2001, pág. 269)

Entendido en un sentido amplio al alcance del error en la apreciación de la prueba, importa tener presente que el yerro en la valoración probatoria debe ser de tal entidad que, de no haber ocurrido el fallo tendría connotaciones diferentes.

El primer motivo que sustenta esta causal radica en la errada valoración de la declaración de la señora M.E.B.A. (V.f. 82-88).

El cargo de injuridicidad que emplea el casacionista, es compartido por este Tribunal de Casación, toda vez que, el Tribunal Superior ha realizado una incorrecta apreciación del testimonio de la señora M.E.B.A., del cual no se deducen elementos que, analizados con el resto del material probatorio acopiado, acrediten que la acción realizada por el sindicado A.H.D.R., coincide con el delito de Secuestro, sino más bien, con el delito de Evasión.

La Sala llega a tal conclusión, por cuanto, la señora M.E.B.A., no manifestó que el sindicado haya solicitado como precio de liberación dinero, bienes, información, documentos con efectos jurídicos o algún otro provecho en favor suyo o de un tercero. En su declaración de foja 85, la señora M.E.B.A., precisó que el sindicado DELGADO ROMÁN sólo le decía que quería salir; por tanto, no se pueden perder de vista las condiciones en las que ocurrió el hecho y la condición de detenido que mantenía el señor DELGADO ROMÁN.

Para un mejor entendimiento, citamos los artículos correspondientes a los delitos de Secuestro y Evasión, como se encontraban antes de la adopción del texto único del Código Penal de 2007.

Artículo 148. Quien secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como precio de liberación, dinero, bienes, información, documentos con efectos jurídicos, por acción u omisión o algún otro provecho en favor suyo o de un tercero, aunque no logre el fin perseguido, será sancionado con prisión de quince a veinte años...

Artículo 389: El detenido o el sancionado por sentencia judicial con pena privativa de libertad que se evada será sancionado con cuatro a seis años de prisión.

Cuando el detenido utilice intimidación, violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas la prisión será de cinco a siete años.

El cumplimiento de la sanción por esta conducta empezará una vez cumplida la pena por la que estaba detenido al momento de la evasión.

Advierte el Tribunal de Casación, que la situación planteada por el recurrente exige que se haga mención de la figura del Concurso Aparente de tipos, pues nos ayudará a resolver de la forma más apegada a derecho.

Sobre esta figura, el destacado penalista argentino E.R.Z. se pronuncia en los siguientes términos:

"Hay supuestos en los que parece que concurren varios tipos penales, pero que observados más cercanamente nos permiten percatarnos de que el fenómeno es aparente, porque en la interpretación adecuada de los tipos la concurrencia resulta descartada, dado que uno de los tipos excluye al otro o a los otros. Suele llamarse a estos casos "concurso aparente de tipos" o" concurso aparente de leyes..." (Z., E.R., Manual de Derecho Penal, Editorial Ediar, 2001, Buenos Aires, página 627).

Como viene expuesto, el Concurso Aparente comprende los casos en que parece ser que un hecho puede ser calificado dentro de varios tipos penales. Aquí la doctrina ha encontrado solución al problema sobre la base de la aplicación de los principios de Especialidad, Subsidiaridad y C..

En atención a las particularidades del asunto que nos ocupa, la Sala atenderá a los principios de Especialidad y Consunción, los cuales se desarrollaran en las siguientes líneas.

El artículo 15 del Código Penal, en su segundo párrafo, contempla el Principio de Especialidad así: "...Cuando varias leyes penales o disposiciones de este Código sancionen el mismo hecho, la disposición especial prevalecerá sobre la general..."

Sobre tal principio, en fallo de 7 de marzo de 1997, publicado en el Registro Judicial del mismo mes y año, página 314, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia manifestó lo siguiente:

... no es factible aplicar el delito de homicidio y el de robo a la vez, porque el legislador al tipificar el homicidio agravado por razón de la comisión de delitos conexos-art.132 ord.5-subsume ese otro delito para que no se sancione dos veces el mismo hecho.

De manera clara el legislador brinda solución al problema, al disponer que ante varias disposiciones que sancionan un mismo hecho punible, la disposición especial debe prevalecer sobre la general, con lo cual adopta el principio de especialidad que rige al concurso aparente de leyes de tipos penales...

En este orden de ideas, conviene mencionar el Principio de Consunción o de Absorción, el cual tiene lugar en el caso que el precepto de mayor importancia y alcance contenido en un tipo prevalece sobre el de menor entidad. Sobre este principio, el doctor C.E.M.R. y la doctora Aura Emérita Guerra de V. se pronuncian en los siguientes términos:

"Cuando el hecho previsto por una norma está comprendido en el hecho previsto por otra, por tener ésta mayor alcance, se aplica sólo la última norma: Lex consumens derogat legi consumptae." (M.R., C.E. y Guerra de V., A.E., Derecho Penal Panameño, Ediciones Panamá Viejo, 1977, página 142).

Importa tener claro que la diáfana referencia al Principio de Especialidad no descarta la vigencia del Principio de Consunción, pues en otras circunstancias contribuye a resolver conflictos aparentes, como en el caso del apoderamiento de cosas muebles ajenas por medio de la fuerza, en el cual se desvanece el hurto y prevalece el robo debido a la consunción, es decir, al mayor alcance que tiene el robo frente al hurto, en atención a la conducta examinada.

Teniendo claros los conceptos de los principios utilizados para resolver el conflicto aparente, corresponde verificar los elementos típicos de los delitos de Secuestro y Evasión, así como también realizar un contraste entre el comportamiento del justiciable A.H.D. ROMÁN con los ilícitos mencionados.

El delito de Secuestro, en su modalidad básica, se encuentra previsto en el artículo 148 del Código Penal (numeración antes de adoptarse el Texto Único). El verbo tipo que dirige la conducta contraria a derecho es "secuestrar". El objeto material recae sobre una persona. El sujeto activo es indeterminado y la sanción oscila entre diez (10) años a quince (15) años de prisión.

En el citado precepto, se contemplan circunstancias que agravan el Secuestro. El numeral 6 de la norma citada establece el caso del Secuestro cometido en la persona de un servidor público o de un pariente cercano de este en ocasión del ejercicio del cargo.

El delito de Evasión, se encuentra previsto en el artículo 389 del Código Penal (numeración antes de adoptarse el Texto Único). El verbo rector de la conducta es "evadir". Este delito, en su modalidad básica, no supone un objeto material específico, salvo en caso que se ejerza violencia sobre las personas o las cosas, que sería la forma agravada. El sujeto activo es calificado, pues sólo puede ser una persona natural detenida, es decir, que esté bajo custodia de una autoridad, bajo detención preventiva o un sentenciado a pena de prisión. El sujeto pasivo, es el titular o garante de la administración de justicia, es decir, El Estado.

Como viene expuesto, en el caso del artículo 389 del estatuto punitivo comentado, el sujeto activo es calificado, porque en virtud de la condición especial del sujeto es que se comete el delito, además, su finalidad es eludir el estado de privación de libertad que padece, no obtener el precio (dinero, bienes, información, documentos con efectos jurídicos o algún otro provecho) por liberar a la víctima.

Por su parte, el delito de Secuestro, previsto en el artículo 148 citado ut supra, sanciona el comportamiento de privar de libertad a cualquier persona, para obtener de ella o de otra, dinero, bienes, información, documentos con efectos jurídicos o algún otro provecho, pero como precio para liberar a la víctima.

Una vez expuestos los principales elementos de los tipos penales de Evasión y Secuestro, se advierte que el señor A.H.D.R., se encontraba privado de su libertad mientras se le recibía declaración indagatoria por el delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego. Esto se deriva de la documentación visible a folios 2 y 3 y de la propia declaración indagatoria del justiciable.

En adición, se colige que el justiciable, según se deriva de las piezas probatorias, llevó a cabo una serie de actos encaminados a evadirse del estado de privación de libertad que padecía, para tales efectos se valió de un arma de fuego que se le puso de presente durante su interrogatorio, lo cual significa que existe una condición especial en el encartado que motivó la comisión del comportamiento censurable.

Es cierto que tanto el delito de Evasión como el de Secuestro, pueden afectar la libertad de una persona, pero la finalidad que persigue el sujeto es distinta y, sería necesario realizar una interpretación extensiva de la ley (que de hecho está permitida sólo para lo más favorable al reo), para concluir que el "provecho" al cual hace referencia el delito de Secuestro, pueda coincidir con la finalidad de evadirse.

Así las cosas, considera la Sala que en atención a las particularidades del caso, concretamente a la condición especial del encartado A.H.D.R., su conducta encaja en el delito de Evasión, por tratarse de un tipo penal especial y que contempla en su totalidad la conducta realizada, por tanto, luego de aplicar los principios desarrollados en líneas superiores, el concurso aparente se resuelve descartando el ilícito de Secuestro y potenciando el de Evasión.

De esta manera, la Sala estima que se acredita el juicio de injuridicidad esgrimido por el censor.

El cargo de injuridicidad enunciado en el segundo motivo, también es compartido por esta Superioridad Judicial, al considerar que el Tribunal Superior cometió error de derecho, al otorgar pleno valor probatorio a las declaraciones de los agentes A.E.Á.R. (V.f. 48-51), R.C.D.C. (V.f. 53-62), C.R.B.G. (V.f. 72-76) y el funcionario del Ministerio Público J.F.C.H. (V.f. 89-93); pues, a partir de tales elementos probatorios concluyó que el delito de secuestro logró configurarse.

Ya se ha expuesto en párrafos anteriores, que la forma como ocurrieron los hechos revela que la finalidad del sindicado DELGADO ROMÁN, era evadirse de la condición de privación de libertad que sufría, y que, ni dicha finalidad, ni la condición de privación de libertad del sujeto activo, son de la esencia del delito de Secuestro, donde el sujeto activo solicita como precio de liberación dinero, bienes, información, documentos con efectos jurídicos o algún otro provecho en favor suyo o de un tercero.

En sus respectivas declaraciones juradas, los señores A.E.Á.R., R.C.D.C., C.R.B.G. y J.F.C.H., precisaron que el sindicado DELGADO ROMÁN lo que intentaba era que lo dejaran salir; por tanto, no se pueden perder de vista las condiciones en las que ocurrió el hecho y la condición de privado de libertad que padecía el señor DELGADO ROMÁN, que no permiten concluir que el delito de secuestro logró configurarse.

Bajo estos planteamientos, la Sala estima que se materializa el cargo de injuridicidad que la casacionista le atribuye al fallo impugnado, en este segundo motivo, porque los testimonios censurados no fueron valorados en su justa dimensión.

La Sala también concuerda con el cargo de injuridicidad enunciado en el tercer motivo, porque el Informe de Novedad suscrito por el Teniente C.G.O. (V.f. 14-15) y su respectiva declaración jurada visible a fojas 78-81, no constituyen elementos probatorios suficientes para dar por acreditado el delito de secuestro, cuando ninguno de ellos señaló nada referente a la petición de recompensas de parte del imputado, para liberar a la funcionaria M.B..

Tal y como indicamos al analizar el motivo anterior, lo versión que plasma el T.C.G.O., deja claro que el sindicado DELGADO ROMÁN intentaba que lo dejaran salir; por tanto, no se pueden perder de vista las condiciones en las que ocurrió el hecho y la condición de privación de libertad que padecía el sindicado, que no permiten concluir que el delito de secuestro logró configurarse.

De esta manera, la Sala estima que el activador logra acreditar el cargo de injuridicidad enunciado en su tercer motivo.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, la Sala coincide con los planteamiento del censor y considera infringido directamente por omisión, el artículo 917 del Código Judicial, al desconocer las reglas de la sana crítica que éste señala, por cuanto que, el ad-quem dio por acreditado que A.H.D.R. autor del delito de Secuestro y no de Evasión, al deducir que el delito de Secuestro fue acreditado con lo afirmado por M.B.A., A.E.Á.R., R.C.D.C., C.R.B.G., J.F.C.H. y C.G.O..

Al respecto, la Sala estima que se pudo demostrar que el citado precepto resultó infringido en concepto de violación directa por omisión, porque los testimonios cuestionados no fueron valorados en su justa medida, ni en concordancia con otros elementos probatorios, tal y como lo mandata el precepto adjetivo mencionado.

Igualmente, la Sala estima infringido el artículo 148 del Código Judicial, en concepto de indebida aplicación, porque no se tomaron en cuenta las condiciones en que actuó el sindicado A.H.D.R., ni la finalidad que perseguía y, por tanto, indebidamente se aplicó un tipo penal que no engloba la situación de hecho que se ventila.

La errada valoración de las pruebas censuradas, efectivamente influyó en lo dispositivo del fallo, el cual debió ser absolutorio por el delito de Secuestro y mantenerse la sanción por el delito de Evasión.

Al resultar probados los cargos de injuridicidad contenidos en el primero, segundo y tercer motivo del recurso, no es necesario analizar la segunda causal que también fue invocada por el censor.

En este sentido, al producirse la violación del ordenamiento jurídico penal como consecuencia de una errada valoración de los elementos probatorios, se casa la sentencia recurrida y se dicta la resolución de segunda instancia que la reemplaza, de acuerdo a lo expuesto en líneas precedentes y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2449 del Código Judicial.

Como consecuencia de ello se absuelve al procesado A.H.D. ROMÁN de los cargos formulados en su contra por el delito de Secuestro y se le declara penalmente responsable por el delito de Evasión, tipificado en el párrafo segundo del artículo 389 del Código Penal (numeración anterior a la adopción del texto único), que establece una sanción que va de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando el detenido utilice violencia sobre las personas.

Se toman en cuenta los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 79 del Código Penal, es decir, la magnitud del peligro al cual expuesta la víctima M.B.A.; la calidad de los motivos determinantes, pues la principal motivación era eludir la detención que padecía el imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que el hecho tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio Público, mientras se recibía declaración indagatoria al sindicado por el delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego; además de la conducta del agente inmediatamente anterior, simultánea y posterior al hecho, ya que el sindicado A.H.D.R., decidió atender la situación de acorralamiento en la que se encontraba y depuso el arma que portaba.

En ese sentido, se le aplica una pena base de cuarenta y ocho (48) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período de tiempo, una vez haya cumplida la pena principal.

No se advierten circunstancias atenuantes de responsabilidad, sin embargo, consta que la causa se tramitó como proceso abreviado, por lo que se le rebaja un tercio (1/3) de la pena, es decir, dieciséis (16) meses, quedándole una pena líquida de treinta y dos (32) meses de prisión e igual término de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito a lo expuesto, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia de 2da. I.. Nº 361 de 9 de diciembre de dos mil nueve (2009), expedida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá y, en su lugar, ABSUELVE a A.H.D.R., por el delito Secuestro y, DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE al precitado DELGADO ROMÁN, como autor del delito de Evasión, en su modalidad agravada y lo condena a la pena de TREINTA Y DOS (32) MESES de prisión e igual período de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas una vez haya cumplido la pena principal.

N..

(fdo.) A.S. CÉSPEDES

(fdo.) H.A.D.G.

(fdo.) J.M. E.

(fdo.) MARIANO HERRERA

Secretario

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR