Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Mayo de 2008

PonenteAníbal Salas Céspedes
Fecha de Resolución16 de Mayo de 2008
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Mediante resolución de 18 de septiembre de 2007, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de casación formalizado por el LICDO. JULIO C.P.C., en su condición de defensor técnico de J.A.R.R., sindicado como autor del delito de Corrupción de Menores, en perjuicio de G.E.R.V.

A la fecha, una vez verificada la audiencia oral prevista en nuestro Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de decidir por esta Superioridad.

ANTECEDENTES

Inicia este negocio penal con la denuncia interpuesta por la señora J.E.V.M. a través de la cual pone en conocimiento de las autoridades que J.A.R. violó a su hija de catorce años de edad. Al respecto sostiene que el prenombrado era el profesor de informática de su hija en el Colegio Primer Ciclo de Pocrí y que le pidió permiso para que la adolescente lo reemplazara en su trabajo por ser una de las mejores alumnas, a lo cual accedió. Agrega que en virtud de lo anterior, el prenombrado llevó una computadora portátil a la casa, en la cual realizaban el trabajo. Sostiene que el día de la graduación de su hija, el día 28 de diciembre de 2005, J.A.R. le llevó un regalo señalando que era en virtud del buen trabajo realizado. Añade que días después el profesor RODRÍGUEZ llegaba a su casa a conversar con la adolescente, por lo que le preguntó a ésta si "andaban", situación que fue negada por la misma. Indica que en una ocasión salieron con su autorización a realizar una visita. Añade que al continuar las visitas del profesor a su hija, le pidió a éste en tres ocasiones no la molestara más, siendo la última el día 14 de enero de 2006. Señala que el día 15 de enero de 2006, en horas de la mañana, observó a su hija llorando y que luego de inquirir al respecto, ésta le manifestó a su padre que había mantenido relaciones sexuales con el profesor RODRÍGUEZ el día 24 de diciembre de 2005 en la casa de la mamá, ubicada en El Roble (fs.1-3).

Al rendir declaración, la adolescente G.E.R.V. indicó que J.A.R. fue su profesor, que en efecto mantuvo relaciones amorosas con el prenombrado desde el día 19 de diciembre de 2005 y sexual el día 24 de diciembre del mismo año, la que fue con su consentimiento. Agrega que el prenombrado le manifestó que en un futuro se casaría con ella. Posteriormente, en ampliación de declaración indicó que mantuvo relaciones sexuales consentidas con J.A.R. en varias ocasiones, seis o siete veces, y que para ello utilizaron casas de ocasión. También señaló que no era señorita al momento de iniciar el noviazgo con el prenombrado (fs.5-6 y 36-37).

De acuerdo al examen médico legal practicado a la ofendida, la misma se encuentra desflorada y presenta ruptura antigua a las 6:00 (fs.8).

Mediante resolución de 27 de enero de 2006, la Personería Municipal del Distrito de Aguadulce dispone recibirle declaración indagatoria a J.A.R.R. por infractor de las disposiciones legales contenidas en el Título VI, Capítulo I, Libro II del Código Penal (fs.13-15).

Al rendir sus descargos,el procesado sostuvo que tenía conocimiento que la ofendida contaba con catorce años de edad cuando inició las relaciones con ésta a mediados del mes de septiembre de 2005; que mantuvieron relaciones sexuales en cinco o seis ocasiones en dos casas de ocasión; que la ofendida ya no era señorita cuando inició su noviazgo; que en efecto fue su profesor de informática durante los dos primeros bimestres del tercer año, en el Colegio Primer Ciclo de Pocrí y que fue en dicho lugar que la conoció, pero que ya no era su alumna cuando principiaron el idilio; que contaba con el permiso de la madre de la ofendida para ser novios y que incluso salían los tres juntos; así como que estaban enamorados y pensaban formar un hogar (fs.20-23).

Posteriormente y a través de resolución de 10 de mayo de 2006, la Fiscalía Primera del Circuito Judicial de Coclé dispone recibirle declaración indagatoria a RODRÍGUEZ ROSALES como presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Título VI, Capítulo III, Libro II del Código Penal, es decir, por el delito Contra el Pudor, la Integridad y la Libertad Sexual, específicamente el delito de Corrupción (fs.50-54).

Los descargos efectuados por el procesado bajo esta nueva imputación de cargos guardan gran similitud con la declaración indagatoria rendida con anterioridad, manteniendo su postura respecto a los hechos acontecidos y su forma de acaecer (fs.87-95).

La señalada agencia de instrucción recomienda la apertura de causa criminal a J.A.R.R. a través de Vista Fiscal No.541 de 23 de junio de 2006, por infractor de las disposiciones legales contenidas en el Título VI, Capítulos I y III, Libro II del Código Penal, es decir, por delito Contra el Pudor, la Integridad y la Libertad Sexual, específicamente Violación y Corrupción (fs.104-109).

Dicha recomendación es acogida por el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé, Ramo Penal cuando profiere Auto N° 1441 de 10 de octubre de 2006, a través del cual abre causa criminal en contra de J.A.R.R. por presunto infractor de las disposiciones penales contempladas en el Título VI, Capítulo III, Libro II del Código Penal, es decir, por el delito de Corrupción de Menores (fs.124-128). Mediante Sentencia N° 232 de 8 de noviembre de 2006, dicho tribunal de primera instancia declara penalmente responsable al procesado y lo condena a la pena de 40 meses de prisión y 150 días-multa, a razón de B/.5.00, para un total de B/.750.00 e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y puestos de elección popular por igual término, por el delito de Corrupción de Menores (fs.133-141).

Esta decisión es apelada tanto por el procesado como por su defensor técnico y mediante resolución de 23 de enero de 2007, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial Coclé y Veraguas, confirma la sentencia de primera instancia (fs.172-176).

PRIMERA CAUSAL INVOCADA

El casacionista alega como primera causal de fondo, "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la sentencia recurrida y que implica infracción de la ley sustantiva penal", contenida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

MOTIVOS DE LA CAUSAL INVOCADA

El recurrente propone seis motivos para sustentar la causal invocada.

En el primero motivo, se plantea que el Ad-Quem no apreció la declaración jurada rendida por G.E.R.V. ni su correspondiente ampliación pues de haberlo hecho hubiera constatado que la relación entre la joven y el señor J.A.R. era consentida y que se encontraba desflorada de vieja data al momento de mantener relaciones con el prenombrado, situaciones éstas que hubieran dado lugar a proferir un fallo distinto al dictado.

Del segundo motivo se extrae que el cargo de injuridicidad endilgado a la resolución recurrida consiste en que el tribunal de segunda instancia no valoró la declaración indagatoria del procesado y por tanto no tomó en cuenta que entre ofendida y procesado existía un noviazgo aprobado por la madre de ésta.

Del tercer motivo esgrimido colige esta Superioridad que el reproche radica en que el Tribunal de Apelación no le concedió valor probatorio a la denuncia presentada por J.E.V.M. en la que señala que su hija mantenía una relación amorosa con el procesado, la cual contaba con su consentimiento y declaración que coincide con lo señalado por la ofendida y por el procesado en sus descargos.

En el cuarto motivo esboza el recurrente que, contrario a lo afirmado por el Ad-Quem, dentro del negocio bajo estudio no se encuentra probado la calidad de profesor de la joven ofendida del señor J.A.R.R. pues no existe certificación del Ministerio de Educación o del plantel donde estudiaba la ofendida que así lo compruebe y por tanto, para proferir una sentencia condenatoria y agravar la pena a imponer, se basó en una prueba inexistente en el proceso.

En el quinto motivo, el recurrente sostiene que el tribunal de alzada no concedió valor probatorio al examen médico forense practicado por el Instituto de Medicina Legal de la provincia de Coclé, por medio del cual se establece que la ofendida se encontraba desflorada de vieja data, lo que hubiese influido en la decisión tomada por dicho tribunal.

Finalmente, se alega en el sexto motivo que se condenó al procesado por el delito de Corrupción sin que existiese dentro del infolio penal algún elemento que corroborara una afectación de algún tipo en la ofendida como consecuencia de la relación sentimental y sexual que ésta mantenía con J.A.R.R..

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Como normas quebrantadas se señalan los artículo 780 y 966 del Código Judicial y los artículos 226 y 227 del Código Penal.

El artículo 780 se cita infringido en concepto de violación directa por omisión, toda vez que la decisión del tribunal de segunda instancia se fundamentó en pruebas inexistentes, al tiempo que dejó de valorar otras inmersas en autos que de acuerdo a la norma citada como infringida constituyen elementos de convicción.

En cuanto al artículo 966, el mismo se anota quebrantado en concepto de violación directa por omisión por cuanto que el Ad-Quem condenó al procesado por el delito de Corrupción de Menores pese a que no consta ningún elemento probatorio que de fe de afectación alguna en la víctima como resultado de las relaciones mantenidas con J.A.R.R..

El artículo 226 se dice vulnerado en concepto de indebida aplicación ya que esta norma no engloba la situación jurídica del procesado pues éste nunca indujo a la ofendida a practicar o presenciar actos impúdicos.

Finalmente, el artículo 227, se advierte contravenido igualmente en concepto de indebida aplicación toda vez que con base en pruebas inexistentes en el proceso se agravó la pena impuesta al procesado pues no se encuentra probado en autos la calidad de profesor de la menor del procesado al momento de suscitarse el hecho que hoy nos ocupa.

SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala aprecia que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial Coclé y Veraguas, basó su sentencia de segunda instancia en los siguientes términos:

" En los delitos de corrupción de menores, lo que se protege es la seguridad sexual, para algunos esta seguridad sexual está dada por el derecho que tienen los menores a no ser utilizados eróticamente, principalmente para evitarles daños o peligros en su desarrollo sexual. En otras palabras se procura evitar que sean utilizados como objeto sexual.

El artículo 226 del Código Penal establece que el delito de corrupción de menores se da cuando, de cualquier forma se induzca, promueva, favorezca o facilite la corrupción de una persona menor de edad, incapaz o con discapacidad, practicando con ella actos impúdicos o induciéndola a practicarlos o presenciarlos.

Consta que la menor G.E.R.V., mantuvo relaciones sexuales en diversos sitios de ocasión con el sindicado J.A.R., ya que ambos lo han aceptado, comprobándose también que este último fue su profesor de informática, durante cierto período de tiempo.

Si analizamos el comportamiento del sindicado, el mismo se ajusta a lo dispuesto en el artículo 226 del Código Penal, ya que éste indujo a la menor para que aceptara ir a dichos sitios de ocasión a mantener relaciones sexuales, si bien es cierto pudieron haber sido consentidas, esto no quiere decir que no se dé el delito.

Debemos, aclarar que lo que se sanciona es la conducta del agente de aprovecharse de la inmadurez del menor de edad, lo que los hace fácilmente manipulables, sobre todo en cuanto al tema de la sexualidad.

En este caso, en particular se trata de una adolescente de catorce años, que se ve involucrada sexualmente con una persona a la cual conoció, como su profesor, lo cual la hace más susceptible aún.

Además, como adulto con capacidad de discernimiento, máxime cuando se trata de un docente, éste debió abstenerse de llevar a dicha menor a estos lugares, que son propios para adultos.

Contrario a lo manifestado por el recurrente, la corrupción de menores no necesariamente implica que éstos sean sometidos a actos que generen en su prostitución, sino que también conlleva actos o acciones de manipulación, tendientes a lograr para su provecho personal o de otras personas mantener relaciones sexuales, para las cuales éstos no se encuentran capacitados ni física ni emocionalmente, como ocurre con la menor ofendida en este caso.

A nuestro criterio, el comportamiento del señor J.A.R., se encuadra dentro de la figura delictiva contemplada en el artículo 226 del Código Penal, ya que se aprovechó de la condición de la menor, para inducirla a mantener relaciones sexuales con él.

Por las razones antes expuestas concordamos con el criterio de la juez primaria en el sentido que existen elementos suficientes para demostrar el delito de corrupción agravada de menores, por el que procede a confirmar la sentencia emitida."

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Procede el Tribunal de Casación a analizar por separado los motivos que sustentan la causal alegada a fin de determinar si los cargos planteados en ellos por el recurrente, son suficientemente significativos y fundados de forma tal que posean la virtualidad de modificar la decisión adoptada por el Ad-Quem en el presente caso.

Como se ha mencionado, en estos motivos se censura el no haber otorgado valor probatorio a la declaración jurada rendida por G.E.R.V. (fs.36-37); la declaración indagatoria de J.A.R. (fs.20-23); la denuncia presentada por J.E.V.M. (fs.1-3); así como el Examen Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de la provincia de Coclé practicado a G.E.R.V. (fs.8). De igual forma se cuestiona que la sentencia de segunda instancia se basó para su decisión confirmatoria de la condena de primera instancia en una prueba inexistente pues no estaba acreditado en autos la condición de profesor de la ofendida del procesado. Finalmente se reprocha la no observancia de la inexistencia de una prueba psicológica o psiquiátrica a través de la cual se determinara la afectación o no de la ofendida como consecuencia de la relación que mantenía con el procesado.

En cuanto al primer medio probatorio, el recurrente afirma que de haber sido tomada en cuenta la declaración rendida por la ofendida se hubiera proferido un fallo distinto puesto que se habría constatado que la misma mantenía una relación consentida con el señor R.R. y que no era señorita al momento de iniciar la misma.

Debemos recordar que nos encontramos frente a la comisión del delito de Corrupción de Menores, en el cual de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 226 del Código Penal, no se exonerará de responsabilidad penal al autor aún cuando exista experiencia sexual previa en la víctima.

De tal suerte que pese a que efectivamente de la ampliación declaración rendida por G.E.R.V. se deduzca que la misma no era señorita al momento de iniciar una relación sexual con el procesado, lo cual es comprobado a través del examen médico legal practicado a la víctima en el cual se establece que si existe desfloración y ruptura antigua (fs.8), dicha circunstancia no afecta la situación jurídica del señor J.A.R.R. pues pese a ello, le cabe responsabilidad penal por el delito endilgado en su contra.

Lo anterior trae como consecuencia que no se logre probar el cargo de injuridicidad alegado en el primer motivo ya que, contrario a lo aseverado por el casacionista, aún cuando este medio probatorio hubiese sido tomado en cuenta por el tribunal de segunda instancia, no habría influido en la decisión tomada, manteniéndose la sentencia condenatoria que pesa en contra de J.A.R.R..

En cuanto al segundo motivo, en el que se cuestiona la falta de valoración de la declaración indagatoria del procesado, afirmándose que de haber sido estimada se habría establecido que entre ofendida y ofensor existía una relación de noviazgo que contaba con la aprobación de la madre de la adolescente, cabe señalar que esta Superioridad difiere de lo anteriormente aseverado.

Lo antedicho toda vez que pese a que efectivamente se desprende de los descargos rendidos por el procesado que mantenía un idilio con la adolescente G.E.R.V., el cual contaba con el conocimiento y consentimiento de la madre de la joven ofendida, dichas circunstancias no habrían influido en la decisión tomada por el Ad-Quem toda vez que tales afirmaciones pierden valor por dos razones.

La primera, que al realizar un examen de lo expresado por la madre de la víctima, J.E.V.M., al interponer la denuncia génesis del presente negocio penal, se deduce de la misma que no aprobaba la relación de carácter sexual existente entre su hija y el procesado.

En este orden de ideas, si bien la señora J.E.V.M. acepta haber otorgado su permiso para que su hija fuera visitada por el señor J.A.R.R. en su casa e incluso para que salieran juntos en ocasiones, es muy clara al indicar que dichas visitas se producían en el marco de un trabajo estudiantil a realizar por las buenas calificaciones de la ofendida, así como que las salidas fueron permitidas como resultado de la amistad que había emergido entre alumna y profesor y no por razones de noviazgo. Además también fue enfática al indicar que varias ocasiones realizó llamados de atención a J.A.R.R. a fin que no molestara sexualmente a la joven G.E.R.V. y que incluso cuestionó a su hija respecto de dicha relación, la cual fue negada por ésta.

La segunda, que aún habiendo existido un consentimiento de la madre de la ofendida para la relación, el otorgamiento de este consentimiento no varía la situación del procesado, a quien cabría igualmente responsabilidad penal por el delito que nos ocupa pues como bien señala la Procuradora General de la Nación en Vista N°69 de 18 de octubre de 2007, en el presente caso "...se tutela precisamente su falta de madurez para disponer de su libertad sexual, la que no puede ser vulnerada ni siquiera por quien ejerce la patria potestad de la misma".

Por las razones expuestas, estimamos que la falta de apreciación por parte del tribunal de segunda instancia de la mencionada prueba no afecta la decisión confirmatoria de la sentencia condenatoria de primera instancia pues dicha probanza no posee la virtualidad de cambiar la situación jurídica que posee en la actualidad el procesado; en consecuencia estimamos no se ha logrado acreditar el cargo de injuridicidad atribuido a la sentencia recurrida en este segundo motivo planteado.

En el tercer motivo el cargo de injuridicidad se centra en la no ponderación de la denuncia suscrita por la señora J.E.V.M., señalándose que de ésta se desprende que en varias ocasiones la prenombrada otorgó permiso para que su hija y el señor J.A.R.R. salieran.

Como ya se expusiera al realizar el estudio del motivo anterior, si bien de la denuncia presentada por la madre de la ofendida se desprende que en efecto otorgó su permiso para que la adolescente G.E.R.V. recibiera visitas de parte de J.A.R.R., así como para que en algunas ocasiones salieran juntos, lo hizo pues no tenía conocimiento acerca de la relación sexual que los mismos mantenían. Al respecto, es precisa la indicar que las veces que el procesado visitó su casa lo hizo bajo el pretexto de que la ofendida le ayudara a realizar trabajos escolares en razón de las buenas calificaciones que poseía como alumna. Si bien reconoce que aceptó que su hija y el encartado salieran juntos, nunca indica que dichas salidas eran como consecuencia de una relación de noviazgo consentida por su persona; por el contrario, es muy palmaria al sostener que en varias ocasiones realizó llamados de atención al señor RODRÍGUEZ ROSALES pues no aceptaba que éste molestara a su hija, incluso señaló que lo interrogó sobre si estaba enamorado de la joven, a lo que éste respondió que solo la veía como una amiga estudiante.

Sin embargo, como también fuera expuesto en párrafos precedentes por esta Superioridad, aún en el evento que la relación suscitada entre ofendida y ofensor hubiera contado con la aquiescencia de la madre de la adolescente, el otorgamiento de dicho beneplácito no posee la virtualidad de alterar la situación jurídica del enjuiciado en el presente proceso penal.

Lo anterior trae como consecuencia que el cargo de injuridicidad aducido en este tercer motivo tampoco se logre acreditar.

Aduce el recurrente en el cuarto motivo que el Ad-Quem dio por probado que el procesado J.A.R.R. era profesor de la adolescente G.E.R.V. al momento de iniciar la relación con ésta, pese a no existir dentro del infolio penal ninguna certificación expedida por el Ministerio de Educación o por el plantel donde cursaba estudios la ofendida, que acreditase tal condición.

Observa este Tribunal que si bien es cierto, tal como apunta la Procuradora General de la Nación, tanto la ofendida como el procesado, al rendir sus respectivas declaraciones aceptaron haber tenido una relación estudiante-profesor, ambos fueron contestes en señalar que al momento de iniciar las relaciones amorosas ya no existía dicho vínculo.

A foja 98 del dossier penal consta Oficio No.2525 de 15 de junio de 2006,dirigido al Director del Primer Ciclo de Pocrí, Distrito de Aguadulce, a través del cual se solicita se certifique si el señor J.A.R.R. ejerce o ha ejercido como docente en dicho centro educativo; si para el año 2005 fungió como profesor de la asignatura de Informática y si a éste le fue asignada como estudiante la adolescente G.E.R.V., a fin de que sea incorporado como prueba dentro del sumario que se instruía.

Sin embargo, pese a la anterior petición, constata esta Superioridad Jurídica que dentro de los antecedentes no existe constancia alguna de la que pueda derivarse indefectiblemente que el procesado J.A.R.R. ciertamente fungía como profesor de la adolescente ofendida. No obstante lo antedicho, de la lectura de la sentencia recurrida en casación se desprende que en efecto el tribunal de segunda instancia condena al prenombrado por el delito de corrupción agravada de menores aduciendo para ello que existen suficientes elementos para demostrar dicho delito.

Consideramos que ante la falta de certeza sobre si existía o no una relación de estudiante profesor entre la ofendida y el ofensor al momento de perpetrarse el delito investigado, debió imperar a favor del procesado el conocido principio in dubio pro reo y en virtud del mismo, haberlo condenado por el delito de Corrupción de Menores en su modalidad simple, por lo que prospera el cargo de injuridicidad atribuido por el recurrente a la sentencia impugnada.

En cuanto al quinto motivo aducido, en el cual se cuestiona la omisión incurrida por el Ad-Quo al no estimar el examen médico legal practicado a la ofendida, a través del cual se establece que la misma presentaba desfloración y ruptura antigua, cabe esgrimir los mismos razonamientos empleados en el análisis del primer motivo, en el sentido que nos hallamos frente a la perpetración del delito de Corrupción de Menores, en el cual de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 226 del Código Penal, no se exonerará de responsabilidad penal al autor aún cuando exista experiencia sexual previa en la víctima.

Por tanto, la acreditación de experiencia sexual previa que se deduce del elemento probatorio señalado por el recurrente y que fuera dejado de valorar por el tribunal de segunda instancia, en nada altera la responsabilidad penal que pesa en contra del señor J.A.R.R. por la comisión del delito de Corrupción de Menores por cuanto dicha circunstancia ha sido excluida por el propio legislador como ponderable al momento de aplicar la norma penal de tal suerte que independientemente del acaecimiento de la misma, es culpable quien transgrede la misma, tal como sucede en el presente caso.

Las motivaciones anteriores acarrean como consecuencia que no se logre probar el cargo de injuridicidad dirigido a la sentencia de segunda instancia.

Finalmente, en el sexto motivo se alude a la inexistencia de una prueba psicológica o psiquiátrica que determinara algún tipo de afectación en la adolescente producto de la relación mantenida con el señor J.A.R.R., por lo que ante la inexistencia de la misma, el fallo debió ser absolutorio.

Ante esta argumentación, es el criterio de esta Superioridad que no es necesario para la configuración del delito de Corrupción de Menores la comprobación de afectación emocional en la persona ofendida precisamente por lo normado en el segundo párrafo del artículo 226 del Código Penal, de acuerdo al cual no es óbice para la condenación del imputado la experiencia sexual previa del ofendido o de la ofendida, como precisamente acontece en el caso que nos ocupa donde se ha comprobado que la adolescente no era doncella al momento de iniciar las relaciones con el procesado.

En este sentido, estima esta Corporación de Justicia tampoco se encuentra acreditado el cargo de injuridicidad aducido por el recurrente en este último motivo.

Con base en lo antes señalado, concluye esta Superioridad que efectivamente se ha producido la trasgresión del artículo 780 del Código Judicial de acuerdo a lo argumentado por el recurrente en el cuarto motivo que sustenta la causal invocada. Al haberse acreditado la infracción de dicha norma, se produce igualmente la infracción indirecta de la norma sustantiva, en este caso del artículo 227 del Código Penal por indebida aplicación por cuanto quedó demostrado que no existe dentro del infolio penal un medio probatorio que certifique que el procesado fungía como profesor de la ofendida al momento de perpetrarse el delito y que por tanto estuviere encargado del proceso de educación de la misma. Frente a esta situación, lo procedente conforme a derecho es casar la sentencia impugnada y declarar penalmente responsable a J.A.R.R. como autor del delito de Corrupción de Menores en su modalidad simple, cometido en perjuicio de G.E.R.V.

Así, habiendo concluido que sobre el procesado J.A.R.R. recae responsabilidad penal por la comisión del delito señalado, procederemos a la individualización judicial de la pena, de acuerdo a lo normado por el artículo 56 del Código Penal que establece los factores que deberán ser tomados en cuenta para esta tarea, en concordancia con el artículo 226 del mismo cuerpo de leyes, que establece el intervalo de la pena a aplicar, el cual es de 3 a 5 años y de 50 a 150 días-multa.

En este orden de ideas, tenemos que el procesado J.A.R.R. contaba con 35 años de edad al momento de perpetrar el delito endilgado en su contra, mientras que la ofendida contaba con 14 años de edad; cursó estudios universitarios; trabaja en la Azucarera Nacional Santa Rosa; no existen evidencias que se haya ejercido violencia física en la ofendida o que la misma haya contraído algún tipo de enfermedad venérea o se encuentre embarazada producto de la relación mantenida con el procesado; consta en autos que el procesado llevó en varias ocasiones a la ofendida a casas de ocasión; con relación a la conducta anterior del señor R.R., no consta en autos que el procesado posea antecedentes penales; su conducta encuadra como autor del hecho, por lo cual se le fija la pena base en TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN y CINCUENTA (50) DÍAS-MULTA, a razón de CINCO BALBOAS (B/.5.00) por cada día, para un total de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00), suma que deberá pagar a favor del Tesoro Nacional en un término de cuatro (4) meses.

No se observa la concurrencia de circunstancias agravantes ni atenuantes de responsabilidad. Sin embargo, consta en auto que el procesado se acogió a las reglas del proceso abreviado por lo que se rebajará la pena de prisión impuesta en una tercera parte (1/3), lo que corresponde a doce (12) meses, que descontados de la pena base arroja una pena líquida de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN.

Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 52 del Código Penal, se procederá a inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas al señor J.A.R.R. por el mismo periodo y concomitantemente a la pena principal.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la resolución de veintitrés (23) de enero de dos mil siete (2007), proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial Coclé y Veraguas y DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE a J.A.R.R., de generales conocidas en autos, como autor del delito de Corrupción de Menores cometido en perjuicio de G.E.R.V., y lo CONDENA a la pena de DOS(2) AÑOS DE PRISIÓN; a CINCUENTA (50)DÍAS-MULTA, a razón de cinco balboas (B/.5.00) por cada día, para un total de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00), suma que deberá pagar a favor del Tesoro Nacional en un término de cuatro (4) meses e INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS por el mismo periodo y concomitantemente a la pena principal.

N. y Devuélvase,

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

HIPÓLITO GILL SUAZO -- JERÓNIMO MEJÍA E.

MARIANO HERRERA (Secretario)

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