Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 30 de Julio de 2015

PonenteHarley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución30 de Julio de 2015
EmisorPleno

VISTOS: Para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ingresó el expediente contentivo de la compulsa de copias del sumario adelantado por la posible comisión de delito electoral Contra La Honradez del Sufragio, relacionado con el posible uso de recursos del Estado, provenientes de la Asamblea Nacional, con fines políticos. ANTECEDENTES El día 14 de agosto de 2014, el Licenciado J.A.A., Secretario Judicial de la F.ía General Electoral, suscribió informe secretarial en el que hizo de conocimiento, que en la edición de los medios impresos La Prensa y La Estrella de Panamá, del día lunes 11 de agosto de ese mismo año, se publicaron notas periodísticas que dan cuenta sobre el posible uso de recursos del Estado provenientes de la Asamblea Nacional, en el financiamiento de la campaña política del partido Cambio Democrático, situación que de comprobarse constituiría un delito electoral. En virtud del contenido del informe Secretarial en mención, el F. General Electoral, en Resolución de 14 de agosto de 2014, procedió a la apertura de la investigación respectiva, a fin de esclarecer si se estaba en presencia o no de una posible violación a las disposiciones penales electorales . En cumplimiento de la resolución auto cabeza de proceso, el F. General Electoral mediante Oficio 232-FGE/sj-14 de 22 de agosto de 2014, solicitó al Honorable Diputado, A.V., P. de la Asamblea Nacional, le remitiera toda la información relacionada con el supuesto financiamiento de la campaña política del partido Cambio Democrático, con presuntos fondos de ese Órgano del Estado; solicitud que posteriormente fue reiterada mediante Oficio No. 305-FGE/sj-14 de 21 de octubre de 2014. (f. 5). A.T.V.R., P. de la Asamblea Nacional, mediante la nota AN/PRES/N-685-14, de 24 de octubre de 2014, remitió al F. General Electoral, en formato digital (DVD) el contenido de la planilla de los Contratos (172) de la Asamblea Nacional correspondiente al período que comprende del mes de enero de 2013 al mes de junio de 2014. La F.ía General Electoral procedió a la revisión y extracción del contenido del referido DVD, constatando que efectivamente se trataba de la planilla de contratos 172, que comprende el período antes indicado. Luego de la revisión de la documentación de la planilla de contratos 172 de la Asamblea Nacional, el F. General Electoral considerando que se trataba de contratos emanados de la Presidencia de la Asamblea Nacional, conformada y administrada por Diputados de la República, cuya investigación y procesamiento corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, solicitó a los Magistrados del Tribunal Electoral, en su Vista Penal Electoral N° 13-FGE-15 de 6 de abril de 2015, se dictara un Auto Inhibitorio (fs. 754-756). Los Magistrados del Tribunal Electoral en resolución de 21 de mayo de 2015, acogieron la recomendación del F. General Electoral, y se inhibieron del conocimiento de la presente causa penal electoral, y dispusieron su remisión al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (fs. 761-763) . COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Mediante Acto Legislativo N° 1 de 27 de julio de 2004 se aumentaron las atribuciones constitucionales y legales a la Corte Suprema de Justicia en cuanto al juzgamiento de los miembros de la Asamblea Nacional, en los artículos 155 y 206 numeral tercero, que transcribimos a continuación: "Artículo 155: Los miembros de la AsambleaNacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo ..." "Artículo 206: La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes: 1... 2... 3. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción. ..." En estas normas se establece la competencia de la Corte Suprema de Justicia para el desarrollo de la etapa sumaria en todo proceso que vincule a un miembro de la Asamblea Nacional. La Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, "Que adopta el Código Procesal Penal", fija la competencia en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para conocer de los procesos penales y medidas cautelares contra los Diputados (art.39), y en su Título VII, Capítulo II, Sección 3, se establece el procedimiento a seguir en los Procesos contra los Miembros de la Asamblea Nacional. Tal como se desprende de la constancias que obran en el expediente, se trata de la planilla de contratos 172 de la Asamblea Nacional, adscrita a la Presidencia de dicho Órgano del Estado, y administrada por los propios Diputados, y atendiendo a esta condición funcional corresponde a esta Superioridad Judicial pronunciarse sobre el mérito del expediente. CONSIDERACIONES DEL PLENO Con arreglo a las normas antes señaladas, corresponde en esta etapa determinar si procede o no el inicio de una investigación penal electoral contra los actuales miembros de la Asamblea Nacional, que manejaron y administraron la planilla 172 de la Asamblea Nacional, durante el período comprendido de enero de 2013 a junio de 2014, en caso de acreditarse la comisión de un ilícito electoral penal. Al respecto, es preciso indicar que los procesos penales contra los Diputados se rige por la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012, que reformó algunos artículos del Código Procesal Penal, a través del cual, de forma programática se introduce el Sistema Penal Acusatorio. Este sistema procesal se aplica a los procesos de competencia de la Corte Suprema, en Pleno y en la Sala Penal, como Tribunal de única instancia, y de la Asamblea Nacional, desde el 2 de septiembre de 2011. Del contenido del artículo 487 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012, se desprende que el Pleno adquiere la competencia para asumir los procesos penales o policivos contra un Diputado de la República, a saber: 1. Cuando la investigación sea promovida por querella o denuncia del ofendido y sea presentada ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. 2. Cuando se trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la F.ía General Electoral, o en cualesquiera otra jurisdicción. En estos casos, el funcionario o el juez que conozca del caso elevará inmediatamente el conocimiento del proceso al Pleno de la Corte. Al encontrarnos ante el segundo supuesto del citado artículo 487, lo que corresponde es determinar se han cumplido con las exigencias o requisitos que demanda la ley procesal penal para la admisión de la compulsa de copias, es decir, si de las constancias del expediente se desprende una relación precisa, clara y circunstanciada del presunto hecho atribuido (uso de fondos de la Asamblea Nacional) y la prueba idónea que lo acredite. El Pleno de la Corte observa que estamos antes una investigación que inició de oficio, en virtud de las publicaciones aparecidas en la edición de los medios impresos La Prensa y La Estrella de Panamá, del día lunes 11 de agosto de 2014, sobre el posible uso de recursos del Estado provenientes de la Asamblea Nacional, en el financiamiento de la campaña política del partido Cambio Democrático. Como sujetos activos de estas presuntas irregularidades se mencionan miembros de la Asamblea Nacional (Diputados). Se incorporó como elemento probatorio para verificar si los hechos expuestos constituyen un delito electoral penal, un formato digital (DVD) de la planilla de contratos 172 del período comprendido de enero de 2013, a junio de 2014. El contenido de dicho formato digital fue revisado, extraído e incorporado a fojas 10-753 del expediente. Con relación al valor probatorio que se le puede reconocer a esa información o noticia que aparece en un medio escrito, desde el punto de vista jurídico, se le concibe como una prueba auxiliar, ya que si bien registra la ocurrencia de un presunto hecho, no constituye plena prueba de la situación que describe, ni determina la responsabilidad legal de las personas naturales y jurídicas, porque su eficacia va a depende de la relación directa con otras pruebas que se aporten al proceso. En este orden de ideas, como única prueba incorporada a la investigación se tiene el listado de los contratos celebrados bajo la planilla No. 172 de la Asamblea Nacional, durante el período comprendido de enero de 2013 a junio de 2014, en el que se identifica el número de contrato, contratista, cédula, salario mensual, salario bruto, inicio y cese de labores. Esta información por sí sola no permite inferir que se ha incurrido en la presunta comisión de un delito electoral Contra la Honradez del Sufragio, por el posible uso de recursos de la Asamblea Nacional, con fines políticos. Esto es así, dado que no se cuenta con el testimonio de las personas contratadas que permitiría conocer las funciones que realizaron, el lugar donde prestaron sus servicios, si fue en la Asamblea Nacional, o fuera de la misma, si eran funciones propias de la administración públicas, o ajenas a ella, si fueron nombradas para hacer proselitismo político, y si fue así, a favor de que candidatos lo hicieron. Esta realidad impide que las pruebas que obran en el expediente posean la eficacia e idoneidad que se requiere cuando se trata de procesos seguidos contra miembros de la Asamblea Nacional, respecto de lo cual el Pleno en sentencia de 12 de marzo de 2015, consideró: "Al respecto la prueba idónea no es sinónimo de prueba preconstituida ni de prueba sumaria. La idoneidad del material probatorio que aporte el denunciante o el querellante, tiene propósito, no de que se acredite el hecho punible (el cual es uno de los propósitos de las investigaciones), sino de que se ofrezcan evidencias o razones que sugieran la posibilidad que se haya cometido un acontecimiento con apariencia de hecho punible. En otras palabras, lo que se requiere, no es que exista una prueba completa de la ocurrencia de un hecho punible, sino de los elementos probatorios incorporados sugieran que se ha cometido un hecho con apariencia punible. En otras palabras, lo que se requiere, no es que exista una prueba completa de la ocurrencia de un hecho punible, sino de los elementos probatorios incorporados sugieran que se ha cometido un hecho con apariencia punible. Como se aprecia, el criterio estándar de la prueba idónea no permite que se tramite cualquier denuncia o querella, sino que sólo se le de curso a las denuncias o querellas que vengan acompañadas de los elementos probatorios que indican o sugieren que es posible que se haya cometido un hecho con apariencia de punible. " En consecuencia, al no contarse con esos elementos probatorios que sugieran que se ha cometido un hecho con apariencia de punible, lo que procede es que el Pleno de esta Superioridad Judicial no admita la presente compulsa de copias., con el consecuente archivo del expediente. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE: 1. NO ADMITIR la compulsa del sumario adelantado por la posible comisión de delito electoral Contra la Honradez del Sufragio, relacionado con el posible uso de recursos del Estado, provenientes de la Asamblea Nacional, con fines políticos 2. ORDENA el archivo del expediente. Fundamento de Derecho: Artículos 155 y 206 de la Constitución Política; artículos 39, 487 Y 488 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012. HARLEY J. MITCHELL D. ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- LUIS MARIO CARRASCO YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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