Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Diciembre de 2021

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución23 de Diciembre de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 23 de diciembre de 2021

Materia: Tribunal de Instancia

Sumarias en averiguación

Expediente: 201800046620A

VISTOS:

Para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ingresó la compulsa de copias del sumario identificado con el No.201800046620, remitida por la Fiscalía Superior de la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública, en perjuicio de la Asamblea Nacional, donde se menciona al Diputado R. De L.S., Diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 074 de 1 de marzo de 2021, la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, dispuso elevar el conocimiento del proceso, remitiendo copias autenticadas del proceso para que se investigue al señor R.D.L.S., actual Diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública.

Al dar lectura del contenido de la Resolución fechada 1 de marzo de 2021, se observa que la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, detalla a esta Superioridad, por un lado, todas las diligencias de investigación adelantadas con ocasión de la instrucción del sumario. Por otra parte, precisa los elementos de conocimiento, que en su opinión, sustentan el compulsar copias para que se investigue al Diputado del Parlamento Centroamericano R.D.L.S., por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública señalando lo siguiente: "Es de importancia puntualizar que al incorporar elementos de convicción que dan cuenta que la denunciante Z.C., no firmó Contratos por Servicios Profesionales, y consecuentemente nunca brindó servicios e Informe de seguimiento por trabajo realizado, por ende emana la falsedad en el contenido de los informes mensuales de actividades así como también en los contrato (sic) No. 37766 vigente de enero a 30 de junio de 2016 y Contrato No. 82282 del 4 de julio al 31 de diciembre de 2016, originándose la emisión de cheques en virtud de un trabajo no realizado. Igual situación se vislumbra con la contratista M.A., quien también ha negado los documentos relacionados al contrato de la Asamblea Nacional, los informes mensuales de actividades y los cheques originados por el presunto trabajo realizado y a su vez contamos con el Informe Pericial FM-GC-20, emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense, donde nos indican que la firma dubitada de la señora M.A., en los contratos N°37767, por Servicios Profesionales y el informe mensual de actividades correspondiente al mes de enero a junio 2016, no le pertenece.

Lo cierto es que la supervisión y seguimiento de los respectivos contratos, estaba a cargo del entonces Diputado RUBÉN DE LEÓN, conforme lo señala en su entrevista la señora C.G., Directora de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, por tanto, la emisión de los cheques sujeta a su aprobación, tal cual como vemos en la nota fechada 2 de julio de 2015, firmado presuntamente por R. de L.S., dirigida a la licenciada V.V., Directora de Tesorería de la Asamblea Nacional, autoriza al licenciado T.G., como la persona designada para retirar los cheques cuestionados, lo anterior da cuenta presuntamente de una conducta que se define y encuentra enmarcada en el artículo 338 de nuestro Código Penal Vigente."

En ese orden de ideas, tenemos que la investigación inició con la denuncia interpuesta por Z.H.C.M., el día 2 de agosto de 2018, quien pone en conocimiento que trabaja en el Banco General, con el cargo de Oficial de Tesorería e Inversión y, que la licenciada R.C.(. de Capital Humano del Banco) le pidió que se reunieran y le preguntó que si ella había trabajado para la Asamblea Nacional, porque aparecía que tenía un Contrato por Servicios Profesionales con la Asamblea en el período de julio a diciembre de 2016. Agrega, que ella nunca ha firmado contrato alguno con la Asamblea y que tampoco ha cobrado algún dinero, porque en ese período trabajaba en el Banco Panamá. Indica que luego de la reunión con la licenciada R., ella ingresó su nombre a la página de la Contraloría General y le salió el número de documento 377766 al que le había hecho alusión la licenciada R.. Expone la señora Z.H. en la denuncia que desea que se investigue y se le desligue de las actuaciones, ya que nunca había firmado ningún contrato con la Asamblea Nacional, no ha recibido ningún cheque, y nunca se ha inscrito en algún partido político (fs.1- 4).

Se adjunta a la investigación la Nota AN-DRH-130-2018 de 22 de agosto de 2018, expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, mediante la cual informan que según sus archivos, la señora Z.H.C.M., con cédula de identidad personal No. 8-852-1921, fue contratada como Asistente Administrativo II, con pagos mensuales de B/.1,500.00. Que mantuvo dos (2) Contratos por Servicios Profesionales con la Asamblea Nacional. El Contrato No. 37766 vigente de 4 de enero al 30 de junio de 2016 y el Contrato No.82282 de 4 de julio al 31 de diciembre de 2016. También se indica en la Nota que el Contrato No. 37766 fue pagado mediante la planilla No. 01088-2016 por un monto total de B/. 8,850.00 y el Contrato No. 82282 mediante la planilla No. 01945-2017 por un monto total de B/. 8,850.00 (fs. 6).

Reposa a foja 16, la Nota fechada 30 de agosto de 2018 suscrita por la Vicepresidenta Asistente Capital Humano y Servicios Corporativos del Banco General, mediante la cual certifica que la señora Z.H.C.M., labora en dicho banco desde el 21 de noviembre de 2016 hasta la actualidad. De igual forma se aporta la Nota BPA-2018-168 de 19 de septiembre de 2018, expedida por el Vicepresidente de Recursos Humanos de Banco Panamá, donde informan que la señora Z.H.C.M., laboró en esa institución bancaria desde el 1 de mayo de 2015 al 11 de abril de 2016 (fs. 21-22).

La Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, también informó mediante Nota AN-DR-260-18 de 28 de septiembre de 2018, que la señora C.M., según la cláusula segunda del contrato suscrito con la Asamblea Nacional, no estaba sujeta a horario ni a subordinación jerárquica, tampoco se le expidió carné de identificación, en su condición de contrato por servicios profesionales, la misma no acumuló y no se le pagaron vacaciones ni décimo tercer mes y, en cuanto a las funciones, señala que la Asamblea Nacional no cuenta con un manual de cargos para contratos por servicios profesionales. En dicha nota indicó que, respecto a la existencia de autorización para el retiro de cheques a favor de la señora Z.H.C.M., la Dirección de Tesorería señala las generales de la persona que retiró el cheque mediante el cual se hizo efectivo el pago del Contrato No. 37766 y adjunta la respectiva nota (fs.78-79).

La Directora de Tesorería de la Asamblea Nacional, a través de la nota fechada 19 de septiembre de 2018, informa que mediante nota fechada 2 de julio de 2015, el Honorable Diputado R. De León, P. de la Asamblea Nacional para el período de 2015-2016, autorizó al señor T.G., al retiro de cheques de contrato, siendo el señor G. la persona que retiró los cheques por servicios profesionales, a favor de la señora Z.H.C.M., para el período comprendido del 4 de enero al 30 de junio de 2016 (fs.79).

En entrevista rendida por Z.H.C.M. el día 29 de octubre de 2018, la misma manifiesta desconocer a T.G.. Solicita que le realicen pruebas caligráficas para corroborar que la firma que aparece en los documentos que están en la Asamblea Nacional, no fueron realizadas por ella (fs. 109-110).

La Contraloría General de la República, remite los cheques originales emitidos con relación a los contratos No. 37766 y 82282 por servicios profesionales prestados por la señora Z.C.M., siendo estos cheques los identificados con los números 2309172 y 2622449 ambos por la suma de B/. 7,360.24 (fs. 111-113).

El día 6 de noviembre de 2018, rinde entrevista T.G.B., quien manifestó que labora en la Asamblea Nacional y, explica que los cheques eran retirados por su persona en el Departamento de Tesorería de la Asamblea Nacional y que luego eran entregados personalmente a cada beneficiario en la presidencia y excepcionalmente se le entregaban a personas autorizadas por los beneficiarios, quienes debían presentar una nota de autorización por escrito con una copia de la cédula y se les daba una constancia de recibido los cuales deben reposar en el Departamento de Archivo y Microfilmación de la Asamblea. Agrega, que las personas que podían retirar los cheques eran personas autorizadas, el mismo dueño del cheque o los coordinadores de áreas (dirigente comunitario), (fs. 116-117). El Licenciado R.M.O. actuando en representación de T.G., aporta copia autenticada de la nota de fecha 2 de julio de 2015, dirigida a la licenciada V.V., Directora de Tesorería de la Asamblea Nacional, mediante la cual el P. de la Asamblea Nacional, R. De L.S., autoriza a T.G., a retirar cheques de contratos durante el período que ejerza como P. (fs. 320 y 322).

La Asamblea Nacional remite copias debidamente autenticadas de los Contratos No. 37766 y 82282 por servicios profesionales, suscritos entre R.D.L.S. actuando en nombre y representación de la Asamblea Nacional, en su condición de P. y, entre Z.H.C.M., el primero por el período del 4 de enero al 30 de junio del 2016 y el segundo por el período de julio a septiembre del 2016. De igual manera remite copias autenticadas de los informes mensuales de actividades realizadas, presentados presuntamente por Z.C. ante la Asamblea Nacional con relación a los Contratos No. 37766 y 82282 (fs. 82-85, 549-553).

Consta a foja 557 copia del pago de contratos asignados en ventanilla de la Dirección de Tesorería, correspondientes del 4 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016, en la cual se aprecia que los cheques de las señoras C.H., Z.C., M.A., R.U.R., R.C., A.V.C., S.M. y otros, fueron retirados por T.G..

Mediante Resolución N° 159-19 del 10 de abril de 2019, la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, dispuso que se practicara diligencia de ejercicio caligráfico a la señora Z.H.C.M. con cédula de identidad personal N° 8-852-1921 y a la señora R.P. con cédula de identidad personal N° 9-174-624, a fin de determinar si las mismas fueron las personas que firmaron los Cheques N° 2622449 y N° 2309172, los Contratos N° 37766 y 82282 e informes mensuales de actividades en razón a los presuntos servicios profesionales brindados. De igual forma se advierte que dichos cheques fueron depositados en cuentas a nombre de la señora R.P. de M. (Fs. 579-582).

A foja 623 se encuentra la entrevista rendida de manera voluntaria por el señor W.M.S., con cédula de identidad personal N° PE-9-226, señalando que "fue informado de una investigación en la Fiscalía Anticorrupción ante la existencia de un Contrato de trabajo de la Asamblea Nacional, para mi sobrina Z.C. y unos pagos a nombre de ella, en la investigación consta que los cheques pagados a nombre de mi sobrina fueron depositados a la cuenta de mi esposa R.P.D.M.. Manifiesto que fui yo la persona que conseguí ese contrato diciendo que era para mi sobrina, pero realmente fui yo quien se benefició de los cheques además los deposité en la cuenta del negocio de mi esposa, sin su consentimiento, ella desconocía la procedencia de estos. No quiero causar más perjuicios ni a mi esposa ni a mi sobrina pues me ha causado serios problemas familiares, razón por la cual quiero llegar a un arreglo con la fiscalía y poder devolver los dineros de esos cheques. Por último no deseo involucrar o perjudicar a nadie con esta situación. La señora Z. no firmó los documentos del contrato ningún otro documento."

A foja 629 se aprecia la Resolución N° 327-19 del 24 de junio de 2019, mediante la cual se dispuso Inspección Ocular a fin de obtener los Contratos Originales N° 37766 y 82282 por Servicios Profesionales, firmados por Z.H.C.M. con cédula de identidad personal N° 8-852-1921; informes mensuales de las actividades originales firmados por Z.H.C.M. y que se proporcione cualquier otra información que coadyuve con la investigación. (Fs.632-639).

Visible a foja 701 se encuentra la entrevista brindada por la señora C.C.G.R. de S., quien ocupó el cargo de Jefa de Contratos en la Asamblea Nacional durante el periodo del año 2015 al 2019. En dicha entrevista se le puso a la entrevistada los Contratos N° 37766 y N° 82282, en la cual manifestó lo siguiente: "En el caso específico de los contratos a nombre de la señora Z.C., fue una instrucción dada por presidencia específicamente el diputado R.D.L., a través de su asistente ejecutivo T.G. funcionario de la Asamblea Nacional. Una vez el contrato se confecciona en el Departamento de Contrato, en forma general los contratos son retirados por los asistentes o quien el diputado designe, para que consigan la firma de los mismos y le adjunten los documentos requeridos, cédula, hoja de vida y los timbres. El contrato regresa al departamento de contrato, firmado y con toda la documentación antes mencionada. El contrato se perfecciona y se remite al Departamento de Presupuesto para su partida presupuestaria. De allí regresa al Departamento de Contrato y se envían a través de notas a la oficina de fiscalización de la Contraloría General en la Institución, quiero dejar constancia que el departamento de Contrato es un (sic) la Contraloría General, ellos deben verificar si la persona firmó igual que la cédula es la Contraloría General (sic). Una vez el contrato viene refrendado por Contraloría General, se procede con la confección de la planilla que ya eso es en el departamento de planilla. El Departamento de Contrato recibe los informes de parte de los asistentes de los Diputados de la labor realizada de estos contratistas, en el caso específico no podría decirle quien llevó el de Z.C., debo decir que estos informes son recibidos por la secretaria de la oficina de contratos pudo ser DAYSI GONZÁLEZ o ITZA DE VARELA. Quienes al recibir estos informes expiden una boletita de recibido conforme del Informe, eso da fe que el asistente trajo el informe, con este recibo podrán retirar el cheque en la Dirección de Tesorería. En este caso específico, la Dirección de Tesorería envió una nota diciendo quien retiró el cheque. El departamento de contrato no es fiscalizador de las labores efectuadas ya que jamás podríamos decir si la persona lo hizo o no. Debo manifestar que los diputados envían una nota mensualmente al departamento de contrato donde señalaban el recibo conforme de las labores de las personas que estaban bajo su solicitud. Debo declarar que estas personas están centradas bajo servicios especiales que no están sujetas a horarios ni a subordinación jerárquica, dispuesto en la cláusula segunda del contrato. En relación a la señora Z.C., sus funciones desconozco por la calidad del servicio...".

De foja 1056 a 1072 se encuentra el informe pericial realizado a los cheques N° 2622449 y N° 2309172, ambos por la suma de B/. 7,360.24, para verificar si fue firmado o no por la señora Z.H.C.M., igualmente si los contratos por servicios profesionales e informe mensual de actividades fueron firmados por ésta. Concluyendo el perito que en su opinión la señora Z.C.M., "probablemente no escribió las firmas cuestionadas visibles en el reverso de los cheques dubitados"... "debido a que no me suministraron más firmas no dictadas de la señora Z.C.M., recomiendo me proporcionen más firmas no dictadas de las señoras antes mencionada que sean coetáneas a la época de las firmas cuestionadas visibles en los documentos cuestionados...".

Mediante Resolución de Ejercicios Caligráficos N° 591 del 18 de octubre de 2019 (ver fs. 1236-1238), la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, Sección de Investigación y Seguimiento de Causa, dispuso recibirle entrevista a la señora M.d.C.A. con cédula de identidad personal N° 9-729-2290, así como realizarle diligencia de ejercicios caligráficos.

A foja 1360, Informe Pericial N° FM-GC-20, del análisis realizado a las firmas que aparecen en el reverso de los cheques N° 002622449 y 002309172, a nombre de Z.H.C.M.; igualmente las firmas que aparecen en la documentación consistente en Contratos Originales N° 37766 y N° 82282 y los respectivos informes mensuales. En el mismo se determinó que en opinión del perito la señora Z.H.C.M. no escribió la firma visible al reverso de los cheques ni de los contratos cuestionados. (Fs.1362).

A foja 1374 consta entrevista rendida por la señora M.d.C.A.M., quien manifestó que nunca ha laborado en la Asamblea Nacional y mucho menos prestado algún servicio. Igualmente indicó que los cheques no fueron firmados por ella y que aparecen depositados a la cuenta de la señora R.P. y que para el tiempo que estuvo laborando con la señora P. no firmó ninguna documentación solamente firmó una suspensión del pago del seguro cuando dejó de laborar en la Boutique. Agrega que conocía a la señora R.P. de M. desde que empezó a trabajar para ella en la Boutique. Sostiene que no reconoce el documento identificado como Contrato N° 37767 y que la firma que aparece encima de su nombre no es la de ella y que tampoco firmó el informe mensual de actividades, pues nunca trabajo ni ha trabajado para la Asamblea Nacional de Diputados.

Se observa a foja 1851 el Informe Pericial realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Laboratorio de Documentología Forense a la señora M.A., en el mismo se concluyó que no fue la persona que escribió la firma visible al final del contrato original N° 37767 que dice M.A..

A foja 1860 se aprecia la Resolución N° 074 del 1 de marzo de 2021, emitida por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se dispuso elevar el conocimiento del proceso al Pleno de la Corte, remitiendo copia autenticada de lo actuado para que se investigue al Diputado R.D.L.S., quien en la actualidad es Diputado del Parlamento Centroamericano.

COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Verificados los aspectos generales del expediente que nos ocupa, se procede a determinar si este Tribunal de Justicia es competente para conocerlo.

Para ello, es necesario remitirnos a las disposiciones que regulan esta prerrogativa, advirtiendo que las dos primeras a mencionar, se encuentran establecidas en la Constitución Política de la República de Panamá, y la otra en el Código Procesal Penal.

Aclarado esto, veamos su contenido.

Artículo 155: Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

"Artículo 206: La Corte Suprema de Justicia, tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

  1. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción.

    Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial."

    Estas normas constitucionales le atribuyen la competencia al Pleno de la Corte Suprema de Justicia en atención a la calidad del sujeto denunciado o investigado, cuando se trate de un diputado principal o suplente.

    Las normas del Código Procesal Penal aprobado mediante Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, que entró a regir desde el día 2 de septiembre de 2011, le son aplicables a los Procesos penales que sean de competencia de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno y en la Sala Penal, como tribunal de única instancia. El artículo 39 del Código Procesal Penal, preceptúa que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de los Procesos penales y de las medidas cautelares contra los Diputados.

    Resulta necesario manifestar lo dispuesto por la Ley No. 55 de 21 de septiembre de 2012, "Que modifica y adiciona artículos al Código Procesal Penal, relativos a los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional", que entró en vigencia el primero (1°) de noviembre de 2012. El artículo 487 del Código Procesal Penal modificado por la Ley 55 de 2012, mantiene la competencia en el Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia para investigar y procesar los actos delictivos y policivos seguidos contra los Diputados de la República, principales o suplentes. El referido Artículo 487 establece las formas en que puede ser promovida la investigación en contra de los Diputados, indicando lo siguiente:

    " ...

    La investigación podrá ser promovida por querella o denuncia del ofendido y será presentada ante la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia.

    Cuando se trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral, de la jurisdicción aduanera o en cualquiera otra jurisdicción, el funcionario o el juez que conozca del caso elevará inmediatamente el conocimiento del proceso en el estado en que se encuentre, en lo que concierna al diputado principal o suplente, a la Corte Suprema de Justicia..." (Destaca el Pleno).

    Del análisis de estas normas constitucionales y legales se infiere que los Diputados están investidos de una prerrogativa procesal consistente en que las investigaciones y juzgamiento por la presunta comisión de actos delictivos o policivos de dichos funcionarios le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

    De acuerdo a estas disposiciones correspondería al Pleno de esta Superioridad Judicial asumir el conocimiento de este proceso seguido contra un Diputado del Parlamento Centroamericano, previa comprobación del cumplimiento de las exigencias de la normativa procesal penal vigente para la admisión de la denuncia o querella contra un Diputado.

    Se observa la certificación expedida por el Tribunal Electoral el día 21 de junio de 2019, que acredita que R.D.L.S., con cédula de identidad personal N°9-128-328, es actualmente Diputado del Parlamento Centroamericano, por lo que sería competencia del Pleno de esta Superioridad Judicial conocer de la presente causa (fs.1075).

    CONSIDERACIONES DEL PLENO

    Tal como se indicó anteriormente, toda investigación en los casos de Diputados principales o suplentes debe ser conocida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ya sea por compulsa de copias de parte de las autoridades o funcionarios indicados en el tercer párrafo del artículo 487 del Código Procesal Penal, por una parte, o por la otra, mediante querella o denuncia. Tratándose el presente caso, de un expediente iniciado en la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, Sección de Atención Primaria, el Pleno de esta Superioridad Judicial ha considerado, en anteriores oportunidades, que tratándose de una compulsa de copias se debe poner especial énfasis en verificar que la denuncia o querella reúna o cumpla a satisfacción las exigencias de los numerales 3 y 4 del artículo 488 del Código Procesal Penal, los que a la letra dicen:

    "3. Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización.

  2. Prueba idónea del hecho punible investigado".

    Demás está decir, que cuando se trate de denuncia o querella deberá cumplirse con las exigencias del citado artículo 488 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 55 de 2012, ya que de lo contrario, deberá ser rechazada de plano.

    Siendo así las cosas, consta que la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, mediante Resolución N° 074 fechada 1 de marzo de 2021, dispuso elevar el conocimiento del proceso al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para lo cual se remite copia autenticada de lo actuado, con motivo que se investigue al señor R. De L.S., con cédula de identidad personal N° 9-128-328, quien en la actualidad es Diputado del Parlamento Centroamericano, por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública.

    · Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización.

    Respecto al requisito del numeral 3 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización, tenemos que se indica que el Ministerio Público dirigió una investigación por el delito Contra la Administración Pública, la cual inició con la denuncia suscrita por la señora Z.H.C.M., el día 2 de agosto de 2018, quien relató que trabaja en el Banco General, con el cargo de Oficial de Tesorería e Inversión y, que la licenciada R.C.(. de Capital Humano del Banco) le pidió que se reunieran, preguntándole si ella había trabajado para la Asamblea Nacional, porque aparecía que tenía un Contrato por Servicios Profesionales con la Asamblea en el período de julio a diciembre de 2016.

    La investigación realizada por el Ministerio Público sostiene que a través de la figura de Contratos de Servicios Profesionales e Informes de Actividades de la Asamblea Nacional de Diputados, se emitieron cheques a favor de particulares sin que los mismos suscribieran dichos contratos, permitiéndose la malversación de fondos públicos.

    Se expone de la entrevista rendida por la licenciada C.G., Directora de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, quien fue la Jefa de Contratos de la Asamblea Nacional para el período 2011 al 2014 y 2015 al 2019, que en el caso específico de los contratos profesionales a nombre de Z.H.C.M., fueron realizados por instrucción dada por la Presidencia de la Asamblea Nacional, mediante el señor T.G. asistente ejecutivo del Diputado R. De L.S..

    Contratos e informes de servicios profesionales que no fueron firmados por Z.H.C.M., según lo manifestada por ésta, así como también indicó que no laboró ni ha laborado para la Asamblea Nacional de Diputados y, cuya firma, según peritaje realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Departamento de Documentología, no es la plasmada en dicha documentación ni en los cheques expedidos.

    Consta que de esta investigación se le formuló imputación por un delito contra la Fe Pública, Falsedad Ideológica, tipificada en el artículo 366 del Código Penal, en concordancia con el artículo 373 de la misma excerta legal, a la señora R.E.P. de M., a quien se le depositó en sus cuentas bancarias los cheques N°262449 y N°2309172 como pago de los contratos por los servicios profesionales de la señora Z.H.C.M., así como también el cheque N° 002309173 a nombre de la señora M.A..

    Al incorporarse los elementos dentro de la investigación queda de manifiesto con los peritajes realizados que la denunciante Z.H.C.M., no firmó los contratos de servicios profesionales y por ende, nunca brindó servicios profesionales ni informes de seguimientos por el trabajo realizado, por ende emana la falsedad en el contenido de los informes mensuales de actividades así como también del Contrato N° 37766 vigente de enero a 30 de junio de 2016 y el Contrato N°82282 del 4 de julio al 31 de diciembre de 2016, emitiéndose así unos cheques en virtud de un trabajo no realizado.

    Igualmente, consta entrevista brindada (Fs.623) por el señor W.M.S., con cédula de identidad personal N° PE-9-226, señalando que "fue informado de una investigación en la Fiscalía Anticorrupción ante la existencia de un Contrato de trabajo de la Asamblea Nacional, para mi sobrina Z.C. y unos pagos a nombre de ella, en la investigación consta que los cheques pagados a nombre de mi sobrina fueron depositados a la cuenta de mi esposa R.P.D.M.. Manifiesto que fui yo la persona que conseguí ese contrato diciendo que era para mi sobrina, pero realmente fui yo quien se benefició de los cheques además los deposité en la cuenta del negocio de mi esposa, sin su consentimiento, ella desconocía la procedencia de estos. No quiero causar más perjuicios ni a mi esposa ni a mi sobrina pues me ha causado serios problemas familiares, razón por la cual quiero llegar a un arreglo con la fiscalía y poder devolver los dineros de esos cheques. Por último no deseo involucrar o perjudicar a nadie con esta situación. La señora Z. no firmó los documentos del contrato ningún otro documento."

    En ese orden de ideas, las gestiones realizadas dentro de la investigación develan una serie de actuaciones entre las que se encuentran la falsificación de las firmas de las señoras Z.H.C.M. y M.A. en los contratos de servicios profesionales y los cheques recibidos como pago de dichos servicios, así como la participación de terceros, los cuales han dejado en evidencia que fueron depositados a la cuenta de la señora R.P. de M.. No obstante a lo anterior, no se aprecia una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho atribuido en relación a la posible comisión de un delito contra la Administración Pública y la posible participación del Diputado del Parlamento Centroamericano R. De L.S., pues la única referencia utilizada gira en torno a la participación en sus funciones administrativas como P. de la Asamblea Nacional de Diputados.

    Así pues, el Pleno de esta Superioridad debe señalar, que aun cuando se han expuesto un recuento de posibles hechos ocurridos en relación a la supuesta falsificación de la firma de la señora Z.H.C.M. y M.A., en el contratos de Servicios Profesionales N° 37766 vigente de enero a 30 de junio de 2016 y el contrato N°82282 del 4 de julio al 31 de diciembre de 2016; y contrato N° 37767, respectivamente, así como la presunta falsificación de la firma en los informes de actividades presentados y los endosos de los cheques concernientes, los mismos no hacen referencia alguna a la posible participación del Diputado R. De L.S. con el hecho atribuido por la presunta comisión de un delito contra la Administración Pública, pues todos los elementos desarrollados y averiguaciones plasmadas arrojan elementos contra terceras personas, como es el caso de la señora R.E.P. de M., a quien se le formuló cargos por la presunta comisión de un delito contra la Fe Pública.

    Esta información resulta de importancia para los fines de la investigación y ante la ausencia de la misma, es imposible que se pueda iniciar una investigación penal por la presunta comisión de actos o conductas que pudieran revestir, en este caso, la apariencia de punible, a la luz de la normas del Código Penal que tipifican y sancionan los delitos contra la Administración Pública.

    · Prueba idónea del hecho punible investigado

    Con relación al numeral 4, resulta fundamental aclarar que la exigencia de la prueba idónea a la que se refiere el artículo 488 del Código Procesal Penal, requiere la existencia de elementos de convicción que sugieran la comisión de un supuesto hecho con apariencia de punible y que guarde relación con la persona denunciada o querellada. Ya el Pleno ha expresado que esta prueba idónea no es sinónimo de prueba preconstituida ni de prueba sumaria, sino que la idoneidad del material aportado tiene el propósito que se ofrezcan evidencias o razones que sugieran la posibilidad que se haya cometido un acontecimiento con apariencia de un hecho punible.

    Nos encontramos ante una ausencia de elementos de convicción necesarios frente al delito cuestionado, lo que impide el inicio de una investigación penal, ya que el solo hecho que aparezca mencionado el nombre de un Diputado no implica que necesariamente se deba iniciar una investigación, pues así lo exigen las normas de procedimiento penal aplicable a los procesos seguidos contra miembros de la Asamblea Nacional.

    Se hace mención de lo anterior, en el fallo de 23 de septiembre de 2015, del Pleno de esta Corporación de Justicia, en donde se señala lo siguiente:

    "...cuando el Código Procesal Penal introduce el término de prueba idónea, lo que está señalando es que los denunciantes o querellantes para sustentar su petición deben incorporar elementos de conocimiento que sugieran la comisión de un hecho punible y que guarden relación con la persona denunciada.

    Al respecto de la prueba idónea, esta Corporación ha explicado que la misma no es sinónimo de prueba preconstituida, ni de prueba sumaria. La idoneidad del material probatorio que aporte el denunciante o el querellante, tiene el propósito, no que se acredite el hecho punible (el cual es uno de los propósitos de las investigaciones), sino que ofrezcan evidencias o razones que sugieran la posibilidad que se haya cometido un acontecimiento con apariencia de un hecho punible.

    En otras palabras, lo que se requiere, no es que exista una prueba completa de la ocurrencia de un hecho punible, sino que los elementos de conocimiento incorporados sugieran que se ha cometido un hecho con apariencia punible.

    Como se aprecia, el criterio estándar de la prueba idónea no permite que se tramite cualquier denuncia o querella, sino que sólo se le dé curso a las denuncias o querellas que vengan acompañadas de los elementos de convicción que indican o sugieran que es posible que se haya cometido un hecho con apariencia punible.

    Esta exigencia es superior a la que tendría lugar cuando no es necesario acompañar pruebas con la denuncia o querella, y representa un filtro que es compatible con la necesidad que los cargos de mayor relevancia en el Estado de derecho no se vean afectados por denuncias infundadas. Pero ese estándar es inferior a la exigencia de una prueba completa, cuya observancia sería imposible de cumplir y que haría nugatorio uno de los fines de la investigación (que es la de acreditar el hecho punible) y, en consecuencia, inútil e inoperante el sistema de justicia y, por tanto, ineficaz uno de los fines constitucionales que se le ha asignado a la Corte Suprema de Justicia, en lo concerniente a la competencia para investigar a los Diputados.

    El concepto de prueba idónea permite conjugar dos fines importantes: por un lado, que los altos dignatarios de la Nación no tengan que desenfocarse de las tareas que les son propias a sus cargos, haciéndole frente a denuncias o querellas sin sustancia y, por el otro lado, que sólo se iniciarán unas investigaciones en caso que los elementos de conocimiento aportados indiquen o sugieran que es posible que se haya cometido un hecho con apariencia de punible. Pero, para determinar esto último lo procedente es confrontar los elementos de conocimiento con la descripción que se hace en el tipo penal de que se trate. ..."

    (Fallo del 23 de septiembre de 2015, M.. Ponente, A.A.Z..

    En el caso que nos ocupa, no se vislumbra algún elemento de convicción que guarde relación con que el D.R. De L.S., haya obtenido o recibido dinero de los cheques otorgados como pago de los contratos de servicios profesionales de las señoras Z.H.C.M. y M.A., pues por el contrario los elementos van dirigidos a que los cheques fueron depositados en la cuenta de la señora R.P. de M., a quien se le imputó cargos por la posible comisión de un delito contra la Fe Pública.

    En el caso bajo estudio, la mención que se le hace al Diputado R. De L.S., es a raíz de qué suscribió los contratos cuestionados, sin embargo, dicha participación obedeció a sus funciones administrativas como P. de la Asamblea Nacional en dicho período, pues a este le corresponde suscribir todos los contratos de servicios profesionales en función de su cargo como P..

    En cuanto a la Nota fechada 2 de julio de 2015 (Fs.322), en la cual se desprende que el Diputado R. De L.S., autorizó al licenciado T.G. a retirar los cheques de contratos durante el periodo que ejerza como P., de la misma lo que nos permite inferir es la autorización del P. de la Asamblea para que el señor T.G. retirara los cheques de los contratos, pero no consta elemento que vislumbre que los mismos hayan sido para ser otorgados finalmente al Diputado R. De L.S., pues de la misma entrevista rendida por el señor T.G., se señala que "los cheques eran retirados por mí persona en el Departamento de Tesorería de la Asamblea Nacional y luego eran entregados personalmente a cada beneficiario en la presidencia, excepcionalmente a personas autorizadas por los beneficiarios de los cuales debían presentar una nota de autorización por escrito con una copia de cédula y se les daba una constancia de recibido los cuales deben reposar en el Departamento de Archivo y Microfilmación de la Asamblea."

    Por otro lado, llama la atención de este Pleno, que el Ministerio Público, disponga la compulsa de copias de la investigación hasta el día 1 de marzo de 2021, mediante Resolución N° 074 proferida por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación Sección de Investigación y Seguimiento de Causas. Lo anterior, en virtud que si bien el Ministerio Público investigaba los hechos por la denuncia interpuesta, entendemos que la Resolución surge bajo la consideración de dos elementos para poner en conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia los cuales son los siguientes: 1) Que la licenciada C.G., Directora de Recursos Humanos, quien fuese Jefa de Contratos de la Asamblea Nacional para el periodo 2011 al 2014 y 2015 al 2019, señaló en su entrevista que en relación a los contratos de servicios profesionales de la señora Z.H.C., los mismos fueron realizados por instrucción durante la presidencia del Diputado R. De León, dicha entrevista fue rendida el día 16 de julio de 2019 (Fs.701). 2). Que el Diputado R. De L.S., mediante Nota fechada 2 de julio de 2015, dirigida a la licenciada V.V., Directora de Tesorería de la Asamblea Nacional, autoriza al licenciado T.G., como la persona designada para retirar los cheques cuestionados, dicha información fue recibida en la Fiscalía Anticorrupción el día 5 de octubre de 2018 (Fs.77).

    Es decir, que a pesar que el último elemento de convicción, al que hace referencia el Ministerio Público era de fecha 16 de julio de 2019, no fue hasta el 1 de marzo de 2021 que se remite copia autenticada al Pleno de esta Corporación de Justicia, lo que no parece tener justificación razonable y genera dudas de sobre la oportunidad de investigar, aun cuando dichos elementos no son suficientes para ser considerados como prueba idónea. Cabe destacar que tampoco se aprecia algún elemento adicional posterior y nuevo a la fecha (16 de julio de 2019) que ofrezca una explicación lógica sobre el rezago de la ruptura procesal y su envío a esta Corporación.

    En otras palabras, de acuerdo a la Resolución N° 074 del 1 de marzo de 2021 (que dispone remitir copias autenticadas al Pleno de la Corte Suprema de Justicia), los dos motivos que sustentaron el criterio del Ministerio Público sobre la vinculación del aforado, no surgieron de forma novedosa ni ultimadamente, pues se tenían desde muchísimo antes.

    Adicionalmente, otro aspecto a señalar es que tratándose de una investigación que guarda relación con un delito contra la Administración Pública, en la cual se señala la presunta malversación de fondos públicos a través de contratos profesionales suscritos por el Diputado R. De León, en su condición de P. de la Asamblea de Diputados en el período 2014-2019, no se haya realizado auditoría por parte de la Contraloría General de la República tal como consta a foja 1240-1241.

    Conforme a todo lo anterior, la investigación compulsada no arroja más que elementos de la participación como P.d.D.R. De León, al firmar los contratos de servicios profesionales y la nota de autorización a Tesorería para el retiro de los cheques. Sin embargo, no existe algún elemento indiciario que lo vincule como destinatario final del dinero o que se haya depositado dinero en la cuenta de éste, así como tampoco se advierte ningún señalamiento en su contra dentro de la investigación ni que el mismo haya sustraído o consentido la malversación de los fondos o dineros que son parte de la presente investigación.

    Además, es menester de esta Corporación de Justicia, reiterar a la Agencia de Instrucción, que se encuentra encargada del ejercicio de la acción penal en la presente causa, que para que la Corte Suprema de Justicia pueda constituir su competencia en este tipo de litigios, deben existir elementos de convicción que ofrezcan la posible comisión de un hecho con apariencia de punible y que guarde relación con el sujeto aforado.

    El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no le es dable realizar gestiones de investigación para configurar la prueba idónea; ella debe venir acompañando la acción penal directa que se presenta en esta Corporación o en las copias compulsadas por el Ministerio Público.

    Para que lo anterior resulte viable, se debe hacer considerando dos importantes condiciones: primero, que aquellos elementos de convicción surjan de la investigación que se desarrolla contra los otros sujetos denunciados, sin conculcar las garantías fundamentales del aforado; y segundo, que estos elementos de convicción hallados pudiesen constituir prueba idónea de una conducta punible. Distinto sería el caso, si el único sujeto querellado o denunciado lo fuera el aforado, que en esas circunstancias, la agencia de instrucción no podría emprender una investigación y le correspondería remitir la carpetilla a esta Corporación de Justicia.

    Dadas las consideraciones expuestas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es del criterio que lo procedente es la no admisión de la presente causa penal remitida mediante compulsa de copias por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación y ordenar su consecuente archivo.

    Cabe agregar que de surgir nuevos elementos de convicción que guarden relación con la teoría del caso y que pueda sugerir la posible vinculación con el aforado nada impide que dicha Agencia de Instrucción pueda nuevamente compulsar copias, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de los numerales 3 y 4 del artículo 487 del Código de Procedimiento Penal y así pueda ser considerado por esta Corporación de Justicia.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia- Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE:

  3. NO ADMITIR la causa penal, por la supuesta comisión de un delito contra la Administración Pública, en la cual se menciona al Diputado del Parlamento Centroamericano R. De L.S..

  4. ORDENA el archivo del expediente.

Fundamento de Derecho

Artículos 155 y 206 de la Constitución Política; artículos 39, 487 Y 488 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012.

Notifíquese Y CÚMPLASE,

OLMEDO ARROCHA OSORIO

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- H.A.D.L.B.-.M.C.B. (CON SALVAMENTO DE VOTO) -- L.R.F.S.-.M.E.L.A. (CON SALVAMENTO DE VOTO)

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

SALVAMENTO DE VOTO DE LA

MAGISTRADA MARÍA E.L.A.

Con el debido respeto debo manifestar que no estoy de acuerdo con lo decidido en la presente Resolución, que NO ADMITE la causa penal por la supuesta comisión de un delito Contra la Administración Pública, en la cual se menciona al Diputado del Parlamento Centroamericano R.D.L.S., y ORDENA el archivo del expediente.

Lo anterior, ya que considero que la compulsa de copias cumple con los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código Procesal Penal, en sus numerales 3 y 4.

Así vemos que el presente fallo, al referirse al numeral 3 del artículo 488, indicó que no se aprecia una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho atribuido en relación a la posible comisión de un delito contra la Administración Pública y la posible participación del Diputado del Parlamento Centroamericano R.D.L.S., pues la única referencia utilizada gira en torno a la participación en sus funciones administrativas como P. de la Asamblea Nacional de Diputados.

Se indicó además que pese a que los hechos apuntan a la posible falsificación de la firma de las señoras Z.H.C.M. y M.A. en los contratos de servicios profesionales, así como la presunta falsificación de la firma en los informes de actividades presentados y los endosos de los cheques concernientes, los mismos no hacen referencia alguna a la posible participación del D.R.D.L.S. con el hecho atribuido por la presunta comisión de un delito contra la Administración Pública, pues todos los elementos desarrollados y las averiguaciones plasmadas arrojan elementos contra terceras personas.

Respecto a estos señalamientos debo indicar que, de las constancias remitidas a este Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se logra extraer un relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido al D.R.D.L.S., así como el lugar y tiempo de su realización, cumpliendo con el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal.

En ese sentido, resulta evidente que la señora Z.H.C.M., nunca firmó documento alguno que la vinculara laboralmente con la Asamblea Nacional de Diputados, sin embargo, se cuenta con documentación firmada por el Diputado, de la que se puede extraer que, si bien fungió como P. de la Asamblea en ese momento, los servicios que supuestamente prestaría la señora Z.H.C.M., guardan relación con el circuito que representa, pues los informes eran rendidos para el Diputado y no para el P. de la Asamblea Nacional.

En cuanto al requisito de la prueba idónea, previsto en el numeral 4 del artículo 488 lex cit., se establece en la Resolución, que no se vislumbra algún elemento de convicción que guarde relación con que el D.R.D.L.S., haya obtenido o recibido dinero de los cheques otorgados como pago de los contratos de servicios profesionales de las señoras Z.H.C.M. y M.A., pues por el contrario los elementos van dirigidos a que los cheques fueron depositados en la cuenta de la señora R.P. de M., a quien se le imputó cargos por la posible comisión de un delito contra la Fe Pública.

No comparto lo expuesto en cuanto al requisito de la prueba idónea. Al respecto debo manifestar, que la compulsa de copias cuenta con cuatro (4) Tomos, en los que constan múltiples elementos de convicción, enumerados en ochenta y un (81) puntos en la Resolución de Compulsa de la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (Fojas 1860-1877).

Dentro de estos elementos se pueden apreciar contratos, notas, copias de los cheques girados, entrevistas. Elementos que dan cuenta que, la señora Z.H.C.M. nunca laboró en la Asamblea Nacional, nunca recibió pago alguno, los cheques fueron recibidos por una persona autorizada por el Diputado R.D.L.S. y tal como se indica en este fallo, también consta entrevista brindada por el señor W.M.S. (Fs.623), quien indicó que "fue informado de una investigación en la Fiscalía Anticorrupción ante la existencia de un Contrato de trabajo de la Asamblea Nacional, para mí sobrina Z.C. y unos pagos a nombre de ella, en la investigación consta que los cheques pagados a nombre de mi sobrina fueron depositados a la cuenta de mi esposa R.P.D.M.. Manifiesto que fui yo la persona que conseguí ese contrato diciendo que era para mí sobrina, pero realmente fui yo quien se benefició de los cheques además los deposité en la cuenta del negocio de mi esposa, sin su consentimiento...".

De lo transcrito se puede apreciar que el señor W.M.S., afirma haber conseguido lo contratos para su sobrina, y haberse beneficiado con los pagos. Sin embargo, resulta evidente que para lograr lo que afirma haber hecho, debió contar con la participación de otras personas, y también es evidente que el D.R.D.L.S., fue quien firmó los contratos, quien autorizó a un tercera persona para retirar los cheques y a quien se rindieron los supuestos informes, por una trabajo que nunca se realizó, por lo que soy del criterio que los elementos de convicción que constan en la carpeta, satisfacen los parámetros de prueba idónea que exige el numeral 4 del artículo 488 del Código Procesal Penal.

Por todo lo arriba expuesto, es que estimo que era pertinente admitir la Compulsa de Copias para que durante la investigación de los hechos, se determinara si el actuar del Diputado R.D.L.S., se dio dentro de sus funciones como P. de la Asamblea, y si las personas supuestamente contratadas, lo fueron para cumplir funciones para el Circuito que representaba el Diputado, o si, con su actuar incurrió en alguna de las conductas relativas a los delitos Contra la Administración Pública.

Como quiera que mi criterio se aparta de aquél que fue adoptado por la mayoría del Pleno en la Resolución que antecede, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 115 del Código Judicial, SALVO EL VOTO.

Panamá, a fecha ut supra.

MGDA. MARÍA E.L.A.

LCDA. YANIXSA Y. YUEN

Secretaria General

SALVAMENTO DE VOTO

MAGISTRADA M.C.B.

Con todo respeto, manifiesto que no estoy de acuerdo con la decisión de no admitir la presente compulsa de copias.

Contrario a lo expuesto, considero que la compulsa cumple los requisitos establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 488 del Código Procesal Penal, respecto a la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho y la prueba idónea del hecho imputado, en el que se refiere que el D.R.D.L.S. firmó contratos por servicios profesionales durante el periodo que ejerció como P. de la Asamblea Nacional (2015-2016), a personas que no brindaron algún tipo de servicio a dicha institución.

De manera que considero que se reúnen los elementos necesarios para proceder a la admisión de la presente compulsa, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública, en la que se menciona al D.R.D.L.S.. Sin embargo, como este criterio no fue acogido por la mayoría del Pleno, respetuosamente SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

M.C.B.

YANIXSA Y. YUEN C.

SECRETARIA GENERAL

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