Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4 de Abril de 2003

Ponente:Alberto Cigarruista Cortez
Fecha de Resolución: 4 de Abril de 2003
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

SUMARIAS EN AVERIGUACION CONTRA ALVIN WEEDEN, POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA EL HONOR (CALUMNIA E INJURIA), POR QUERELLA PRESENTADA POR EL LCDO. HERNAN GARCIA APARICIO EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE EDGAR MONTENEGRO DIVIAZO

 

VISTOS:

El Licenciado H.G.A., en representación de ENRIQUE EDGAR MONTENEGRO DIVIAZO, interpuso formal Querella Criminal contra el Contralor General de la República, señor A.E.W.G., por el supuesto Delito de Calumnia e Injuria, ante la Procuraduría General de la Nación.

El escrito donde se sustenta la Querella Criminal interpuesta en contra del señor C. General de la República, A.W. se fundamentan en los siguientes hechos:

Primero

El 27 de septiembre del año 1999, el licenciado A.W.G., fue nombrado por la ASAMBLEA LEGISLATIVA como CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, conforme a la Resolución número 15 de esa fecha.

Segundo

El viernes quince (15) de febrero del año 2002, el Querellante se enteró de que el señor C. General de la república, se encontraba rodeado de un gran número de reporteros, camarógrafos y periodistas, aparentemente citados a una conferencia de prensa en las oficinas de la Contraloría.

Tercero

Ese viernes quince (15) de febrero del año 2002, el señor A.W.G., ante diversos medios de comunicación social (periodistas, camarógrafos y reporteros), con el ánimo de perjudicar gravemente al Querellante, dijo públicamente, que el señor "ENRIQUE MONTENEGRO es un delincuente".

Cuarto

Que lo afirmado por el señor C. General de la República no es cierto, ya que nuestro representado, precisamente, se ha destacado por su labor ciudadana, en favor del adecentamiento nacional; E.E.M.D., jamás ha sido condenado por ningún delito.

Quinto

ENRIQUE MONTENEGRO es un ciudadano distinguido, que esta (sic) empeñado, en desenmascarar a todos los ciudadanos que se valen de sus cargos

como funcionarios públicos, para incurrir en actos de corrupción. Con esta labor, nuestro representado, pretende ayudar a mejorar la imagen del gobierno y del país; contribuyendo así, con la campaña moralizadora que dirige la Iglesia Católica; su ejemplo debiera ser seguido el (sic) resto de la ciudadanía y por las futuras generaciones.

Sexto

Las declaraciones y el señalamiento directo emitido por el señor Contralor General de la República, señor A.E.W.G., fueron emitidas con dolo, premeditación y alevosía y le han causado un gran daño a la buena imagen de nuestro representado.

Luego que la Procuraduría General de la Nación aprehendiera el conocimiento de la presente querella criminal, remitió el sumario a la Fiscalía Segunda Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación para que realizara todas las diligencias útiles y pertinentes, que permitan descubrir la verdad y las demás circunstancias que rodean el ilícito que se investiga.

En virtud de lo antes dicho y después de concluida la investigación solicitada, la Fiscalía Segunda Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación emitió su Vista Fiscal, en la que, entre otras cosas indicó:

....

Las primeras actuaciones de nuestra Fiscalía estuvieron encaminadas a ratificar a los periodistas que suscriben las noticias en la página A-2 del periódico Panamá-América de fecha 16 de Febrero de 2002, suscrita por E.L.B.R. y del periódico "La Estrella de Panamá" del 15 de febrero de 2002, con la firma de CRISTÓBAL ANTONIO CHEN SOLÍS......

....

De conformidad con lo previsto en el artículo 2106 del Código Judicial, le remití un cuestionario al Licdo. A.W. con el propósito de que mediante Certificación Jurada diera su versión sobre los hechos que se le imputan y sobre el propósito de su conferencia de prensa a que se alude en la querella. Atendiendo a ese requerimiento judicial, el señor A.W. mediante nota de fecha 30 de mayo del 2002, brindó una explicación amplia de todo lo relacionado con esa conferencia de prensa y una explicación en cuanto a la utilización del término "delincuente".

....

No puedo eludir a la forma como me referí respecto del señor E.E.M.D., si antes no puntualizo los términos en que dicho señor previamente se refirió a mi persona y a la manera como en el Código Penal queda enmarcada la conducta del señor M.D. cuando se refirió a mí en los términos en que lo hizo antes que yo me refiriera a él en la conferencia de prensa mencionada..

.... En su intervención en RPC, el señor MONTENEGRO DIVIAZO me señaló como autor de un chantaje y extorsión y de someter a presiones al legislador T.A.D. para que votara a favor de la aprobación de los nombramientos del D.W.S. y del Licenciado A.C., como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Allí ante esos medios de comunicación social manifestó el señor Montenegro Diviazo, entre otras cosas, que había amenazado, chantajeado y presionado al legislador A.D. con hacerle un proceso legal por lesión patrimonial de al menos siete millones de dólares, por una sobre facturación que mediante una supuesta auditoría se había descubierto en la compañía Impresora Técnica Especializada, S.A., empresa que es la encargada de imprimir para la Lotería Nacional de Beneficencia, los chances y billetes de los sorteos ordinarios y extraordinarios.

Según lo expresado por el señor E.E.M.D. en la conferencia de prensa mencionada, yo había ocultado el supuesto áudito que indicaba la existencia de la supuesta lesión patrimonial causada al Estado por la mencionada empresa, a cambio del voto del legislador A.D. a favor de la aprobación de los nombramientos de S. y C. como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El señor E.E.M.D., entre otras cosas, declaró refiriéndose a mi persona, lo siguiente ante los medios de comunicación social:

...es lógico como una persona archipoderosa que es, se haya sentido ofendido (sic) por que lo (sic) capturamos in fragante y con las manos en la masa en un bochornoso acto de soborno,......actúo (sic) directamente en chantaje...lo que nos dijo el auditor es cierto.....etc.

expresé lo siguiente en la... conferencia de prensa que concedí a los medios de comunicación social el mismo día 14 de febrero de 2002:

Voy a contratar a mis abogados para que presenten una acusación particular, una querella criminal con el señor C.M. por esta irresponsabilidad, porque divulgar cosas que son falsas es un delito, lo que es Chito Montenegro es un delincuente. Y le voy a exigir responsabilidad que la ley le da a todos aquellos que delinquen, porque no se puede jugar más con la reputación de las personas en este país simplemente para ganar titulares en los periódicos.........

Señor Fiscal, como se puede colegir de mis declaraciones públicas, realizadas el 14 de febrero, las cuales fueron motivadas frente a las acusaciones injuriosas y calumniosas que hizo el hoy querellante en contra mía y fundada su acción en un documento falso y anónimo, precisé dentro de éste contexto claro y concreto, que "divulgar cosas falsas es un delito, lo que es Chito Montenegro es un delincuente con eso que ha hecho".

La simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales son infracciones a la ley penal al igual que se constituye en delito de calumnia el no guardar reserva en cuanto al hombre y otras señas del imputado según lo dispuesto en el artículo 2099 A del Código Judicial. El solo hecho de que el señor E.M. diera publicidad a la denuncia injuriosa y calumniosa, fundada en una nota falsa y que formuló en mi contra, lo hace infractor de la ley y delinquir es precisamente eso, quebrantar una ley o mandato y delincuente es el adjetivo de quien delinque, es decir, de quien infringe la ley.

De igual manera, cabe destacar que la Fiscal Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación a quien quedó a cargo de la denuncia penal interpuesta por el señor E.M. en diligencia que realizó a la Contraloría General de la República pudo determinar que no existía ningún audito realizado a la empresa Impresora Técnica Especializada, S.A., lo que demuestra fehacientemente la falsedad de los cargos hechos contra mi persona y contra la institución que represento. .....

.....

Finalmente, manifestó que luego de la denuncia presentada en su contra por el señor E.E.M.D. ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía Primera Anticorrupción practicó el mismo 14 de febrero de 2002 una diligencia exhibitoria en la Contraloría General de la República y luego de revisar la lista de todos los áuditos practicados por esa institución, la F.L. manifestó a los medios de comunicación que no se había encontrado nada relacionado con el áudito cuya existencia había denunciado el señor M.D.. Con la realización de esa diligencia el señor W. consideraba que había acreditado plenamente la falsedad de los hechos denunciados por el señor Montenegro, que lo involucraban a él (W., como la persona que estaba chantajeando o presionando al legislador A.D. para que votara a favor de los nombramientos del D.W.S. y del Licenciado A.C. como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo al querellante, el señor E.M. también le atribuye la comisión de múltiples y graves delitos como el de Tráfico Internacional de Drogas, el de Lavado de Dinero, el de Quiebra Fraudulenta, el de Encubrimiento, el de Corrupción de Funcionario Público, el de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de Servidores Públicos, el de Asociación Ilícita para Delinquir, entre otros, lo que el licenciado W. califica como un atentado contra la honorabilidad, buen nombre y probidad que lo han distinguido en todas sus actuaciones, tanto en su vida pública como privada.

El artículo 180 del Código Penal Patrio establece que para proceder por los delitos Contra el Honor, se requiere querella de la parte ofendida, acompañada de la prueba sumaria de su relato, es decir, que la prueba debe estar preconstituída en debida forma, tiene que haber sido obtenida siguiendo el procedimiento que establece el artículo 173 del Decreto Ejecutivo No.189 del 13 de agosto de 1999, que regula la Ley 24 del 30 de junio de 1999, que a su vez regula que los servicios públicos de Radio y Televisión, puedan ser obtenidos para utilizarlos como prueba.

Es así como la precitada norma dispone que para obtener grabaciones lo podrán hacer el Ente Regulador, los particulares o las autoridades competentes. Estas pruebas, tratándose de delito "Contra el Honor", deben ser requerida, tal y como lo hemos expuesto anteriormente, y deben ser presentadas junto con la querella, lo que es indicativo de que la prueba sumaria es una prueba preconstituída y para que surta los efectos de una prueba idónea debe ser obtenida en la forma que establece la Ley, es decir, que estas grabaciones que hacen prueba sumaria deben originarse, precisamente, de donde se emiten los programas, ya sean radiales o televisivos, para que se tenga como una prueba lícita; de lo contrario no tendrá el valor necesario que se requiere para fundamentar atentados contra el honor de las personas.

Observo, que no existen constancias que certifiquen que el cassette aportado como presunta prueba sumaria haya sido obtenido de conformidad con el procedimiento previstos en la norma antes mencionada.

El querellante no indica de donde obtuvo el video aportado como prueba, y de acuerdo a las propias manifestaciones de su apoderado judicial, el video no contiene la grabación completa de la conferencia de prensa del C.A.W., sino solamente una parte.

El artículo 832 del Código Judicial establece, entre otras cosas, que las cintas, discos, grabaciones magnetofónicas, son documentos; sin embargo, para que las mismas constituyan prueba deberán ser aportadas en original al proceso o en copias, y cuando se trate de esta últimas (sic), "deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en Inspección Judicial, salvo que la Ley disponga otra cosa", tal como lo establece el artículo 833 del mismo texto legal.

En el presente caso considero que se está en presencia de un documento privado, ya que no fue emitido por autoridad alguna, según nuestra legislación vigente y sólo será auténtico en los supuestos establecidos en el artículo 856 del Código Judicial. El cassette aportado como prueba a la presente instrucción no se enmarca en ninguno de dichos supuestos.

Por su parte, los periódicos aportados por el querellante no ofrecen mayores elementos que nos permitan evaluar los señalamientos formulados por el querellante de que el señor W. montó una conferencia de prensa con el propósito de lesionar su honor y el de su familia.

La publicación del periódico "El Siglo" del 18 de febrero del 2002 se refiere, fundamentalmente, al pronunciamiento de la Iglesia Católica en el que le pide a las autoridades se agoten los recursos necesarios para aclarar las denuncias de corrupción, y no guardan relación con las declaraciones del C.A.W..

Las publicaciones del Panamá-América del sábado 16 de febrero de 2002 y de La Estrella de Panamá del 15 de febrero del presente año aportadas con la querella, ponen de manifiesto que la conferencia de prensa del C.A.W. se realizó con el propósito de desmentir las acusaciones que había formulado, previamente, el señor E.M. contra él, de haber realizado un áudito al contrato y addendas suscritas entre la Lotería Nacional de Beneficencia y la Compañía Impresiones Técnicas y Especializadas, S.A., de propiedad del legislador T.A.D., encargada de la impresión de los billetes de lotería, áudito que, según el señor Montenegro, estaba dirigido a presionar y extorsionar a dicho legislador para que votara a favor de la ratificación de los legisladores S. y C..

.... la diligencia de Inspección Ocular realizada por la Licenciada C.L., Fiscal Primera Anticorrupción, que comprobó que no existe el áudito, supuestamente, realizado por la Contraloría a la empresa Impresiones Técnicas y Especializadas, S.A.

.....

Sostiene el señor W. haber sido calumniado e injuriado por el señor Montenegro por haberle hecho imputaciones falsas, y que divulgar cosas falsas, es un delito, razón por la cual señalaba al señor Montenegro como un delincuente, por haber actuado de esa manera.

Para poder determinar las ofensas contra el honor hay que analizar las declaraciones en forma integral y no tomar frases aisladas para darle un alcance distinto del que realmente debería tener. La lectura completa de la declaración del licenciado W. nos permite concluir que más que desear ofender al señor Montenegro, lo que quería era aclarar ante la comunidad que eran falsos los señalamientos que le había hecho el señor Montenegro al acusarlo de elaborar áuditos dirigidos a presionar y extorsionar al legislador T.A.D..

Debo señalar que las declaraciones cuestionadas como calumniosas e injuriosas, para que sean consideradas como tal, deben contener los elementos o presupuestos de dichos delitos, es decir, dolo, comunicación y ausencia de la verdad en cuanto a los hechos atribuídos, por lo que a faltade alguno de ellos se desvirtúa la figura querellada.

En vista de los planteamientos antes hechos, la Fiscalía Segunda Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, solicitó que se decretara el Sobreseimiento Definitivo de Carácter Objetivo e Impersonal.

Por lo anterior, el Pleno de la Corte Suprema, debe pronunciarse sobre los hechos que motivaron la presente querella criminal por el delito de Calumnia e Injuria, y tomar una decisión, en consideración de las pruebas obrantes en el expediente antes mencionado.

Para arribar a una decisión, es necesario hacer referencia a algunos conceptos de relevante importancia, dentro del negocio que en estos momentos nos ocupa. En consecuencia, hagamos referencia en primer lugar, a los conceptos de calumnia e injuria.

Q.R., en su obra Curso de Derecho Penal, nos dice que:

"....la injuria presenta una naturaleza eminentemente subjetiva y abierta, frente al objetivismo y concreción de la calumnia, De ahí la inmensa variedad de matices que la injuria presenta y las dificultades de su caracterización jurídica, sobre todo en lo que afecta a su entidad cuantitativa, esto es, a su gravedad".....

Por otro lado, JOSÉ PECO, en su obra Delitos contra el Honor, nos dice:

"...la injuria es un ataque al decoro, con miras al menosprecio....", "El elementosubjetivo consiste en el dolo, en el animus injuriandi: en la conciencia y en la voluntad de deshonrar o desacreditar. La expresión o la acción lleva uno u otro destino, traducido en una manifestación de menosprecio. El animus injuriandi no equivale al animus necandi-intención de perjudicar-ni al motivo antisocial, ni a la legitimidad de la acción.(Lo resaltado es nuestro).

Según se desprende de lo preceptuado en el Código Penal Patrio, específicamente en los artículos 172 y 173, se puede indicar que el delito de calumnia consiste en la falsa atribución a una persona de un delito, entendiendo por lo anterior, toda acción típica, antijurídica y culpable. Y en relación a la injuria, se puede indicar que ésta se constituye con la ofensa a la dignidad, honra o decoro de una persona mediante escrito o cualquier forma.

De lo anotado anteriormente, se puede concluir que para que se constituya el delito contra el Honor, específicamente el de calumnia e injuria, es necesario que se encuentren presentes elementos como el dolo, menosprecio, ofensa y el ánimo malicioso de dañar la reputación del otro. Por lo que, es del lugar traer a colación lo indicado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, en su vista fiscal, en la que entre otras cosas indica:

Para poder determinar las ofensas contra el honor hay que analizar las declaraciones en forma integral y no tomar frases aisladas para darle un alcance distinto del que realmente debería tener. La lectura completa de la declaración del licenciado W. nos permite concluir que más que desear ofender al señor Montenegro, lo que quería era aclarar ante la comunidad que eran falsos los señalamientos que le había hecho el señor Montenegro al acusarlo de elaborar áuditos dirigidos a presionar y extorsionar al legislador T.A.D..

Debo señalar que las declaraciones cuestionadas como calumniosas e injuriosas, para que sean consideradas como tal, deben contener los elementos o presupuestos de dichos delitos, es decir, dolo, comunicación y ausencia de la verdad en cuanto a los hechos atribuídos, por lo que a falta de alguno de ellos se desvirtúa la figura querellada.

Continuando con lo planteado, se puede indicar que, de las pruebas aportadas al expediente, no se evidencia ese ánimo de dolo por parte del señor Contralor de la República, A.W., así como tampoco, se puede inferir la intención de menospreciar y ofender el decoro del querellante, por parte del querellado.

En otro orden de ideas, se evidencia que las pruebas aportadas al expediente adolecen de algunos errores trascendentales a la hora de tomar una decisión en el presente caso. Y esto es así, ya que como es sabido, en los delitos contra el Honor, se necesita que la querella sea acompañada de la respectiva prueba sumaria, la cual se constituye en una prueba preconstituída, y que debe ser obtenida y aportada al proceso en debida forma, siguiendo con los requisitos establecidos en la ley; de manera tal que se pueda comprobar su autenticidad.

Lo anterior, hace que la prueba aportada sea idónea y lícita, y en el caso en comento, es necesario que las grabaciones aportadas se originen del lugar que las emitió, ya que de lo contrario, las grabaciones que sirven para fundamentar este delito contra el honor, no tendrá valor probatorio alguno, sin dejar de indicar que la misma no contiene la conferencia de prensa completa.

Aunado a lo anterior, tenemos que este tipo de documentos, para poder que puedan ser consideradas como pruebas en el proceso, es necesario que se encuentren debidamente autenticadas y en consecuencia contar con una idoneidad suficiente.

Al respecto, la Corte Suprema ha indicado lo siguiente:

Resulta válido destacar que esta Corporación de Justicia ya se ha pronunciado sobre el valor probatorio de las informaciones aparecidas en medios de comunicación, en el sentido que deben estar revestidas de idoneidad suficiente para acreditar la conducta delictiva que se le atribuye, a fin de que puedan ser consideradas como pruebas sumarias de un comportamiento ilícito.

Por razón del incumplimiento de esa formalidad, debe procederse de conformidad con lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 2211 del Código Judicial. (S.V.J., por el delito de Calumnia e Injuria en perjuicio de E.P.B., 11 de junio de 2001, Mag. C.P.B.).

En relación a lo anterior se puede citar un fallo de la Corte Suprema, en el que se dijo:

Acompañar la prueba sumaria no se refiere a presentar una cantidad de documentos sólo para satisfacer el requisito de prueba sumaria. Los medios probatorios que se deben acompañar con la denuncia o la acusación deben ser lo suficientemente elocuentes que por sí solos acrediten el hecho punible que se le imputa al denunciado, es decir, deben ser idóneos.

En ese sentido, se puede indicar que de la documentación aportada con la querella, no todos los documentos aportados por el querellante, están autenticados; requisito que es indispensable en todo proceso.

Por todo lo antes planteado, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE, DE MANERA OBJETIVA E IMPERSONAL, al Contralor General de la República, Licenciado A.E.W.G., por el supuesto delito de Calumnia e Injuria, dentro de la Querella interpuesta por el Licenciado H.G.A., en representación de E.E.M.D., y ORDENA el archivo del expediente.

N..

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

ROBERTO GONZALEZ R. -- ROGELIO A. FABREGA Z. -- ARTURO HOYOS -- CESAR PEREIRA BURGOS -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- JACINTO CARDENAS M. -- JOSÉ A. TROYANO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)