Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 27 de Enero de 2012

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución:27 de Enero de 2012
Emisor:Segunda de lo Penal
 
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CONTENIDO

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la República, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia recibe para su valoración legal el expediente contentivo de las sumarias en averiguación, por la supuesta comisión de un Delito Contra la Administración Pública y la Fe Pública.

HECHOS

La presente investigación inicia con la denuncia presentada por el Licdo. R.O., a efectos de que se investigue al Licdo. W.P., F. Superior Especializado en Asuntos Civiles, L.. Esperanza Montenegro, Ex Secretaria Judicial de la Fiscalía Decimocuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, L.. A.M.G. y cualquier otra persona, por la posible comisión de delitos contra la Administración Pública y la Fe Pública (fs. 1-7).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante Vista No. 0022 de diecinueve (19) de mayo de dos mil once (2011) (fs. 268-279), el Licdo. R.B., P. General de la Nación, encargado, al momento de emitir la opinión del Ministerio Público, expresó que corresponde solicitar el archivo del presente negocio penal, ya que los hechos denunciados y las pruebas que constan en el sumario no denotan la comisión del delito contra la Administración Pública (Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos), ni la comisión del delito contra la Fe Pública (Violación de Sellos Públicos) por parte de algún funcionario; en ese sentido, se logró comprobar que las fotografías vinculadas al proceso penal seguido al señor D.M.G., por la supuesta comisión de Delito contra el Orden Económico, se mantienen en el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados del Ministerio Público, lo que demuestra que no hubo sustracción de dicha evidencia (f. 297).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En virtud de la denuncia presentada por el Licdo. R.O., se inició la investigación en contra de la Licda A.M.G., Ex Procuradora General de la Nación, al Licdo. W.P., F. Superior Especializado en Asuntos Civiles, la Licda. Esperanza Montenegro, Ex Secretaria Judicial de la Fiscalía Decimocuarta de Circuito, y quienes resulten responsables por la posible comisión de delitos contra la Administración Pública y la Fe Pública (fs.1-7).

Concluida la instrucción sumarial, el Procurador General de la Nación, encargado, peticiona un auto de sobreseimiento definitivo objetivo e impersonal, mediante Vista Fiscal No. 0022 de diecinueve (19) de mayo de dos mil once (2011) (fs. 268-279).

Antes de entrar a valoraciones de fondo, resulta necesaria la ponderación de las especiales circunstancias que rodean este caso, por la incidencia que las mismas tienen sobre la decisión que ha de emitir el Tribunal.

Cabe indicar entonces, que la competencia en lo judicial es la capacidad de administrar justicia en determinadas causas, y es fijada por razón del territorio, la naturaleza del asunto, por su cuantía o por la calidad de las partes. En atención a ello, es la calidad de las partes la que atribuye a esta S. el conocimiento como tribunal de instancia de los delitos o faltas cometidas por ciertos funcionarios públicos, tal como lo preceptúa el artículo 94 del Código Judicial.

"Artículo 94. La Sala Segunda conocerá en una sola instancia, conforme al procedimiento que señale la Ley:

  1. De las causas por delitos o faltas cometidas por Magistrados y los Fiscales de Distrito Judicial, los Viceministros, los Agentes Diplomáticos de la República, los directores y gerentes de instituciones autónomas y semiautónomas, los delegados y comisionados especiales del Gobierno Nacional que desempeñen su misión en el extranjero, el Director del Registro Público y del Registro Civil, y los que desempeñen cualquier otro cargo en todo el territorio de la República que tengan mando y jurisdicción en dos o más provincias que no formen parte de un mismo Distrito Judicial;

  2. De las causas por delitos o faltas cometidas en cualquier tiempo por personas que al momento de su juzgamiento desempeñen alguno de los cargos enumerados en el numeral anterior.

  3. ..."

Corresponde entonces advertir, que el Licdo. W.P., ocupa el cargo de F. Superior Especializado en Asuntos Civiles (fs. 1170-171), es decir, ostenta la calidad funcional para que esta Superioridad acoja el conocimiento de la presente causa. La Licda. Esperanza Montenegro, fungía como Secretaria Judicial en la Fiscalía Decimocuarta de Circuito de Panamá (f.174), mientras que es un hecho conocido que la Licda. A.M.G. no ejerce cargo público en la actualidad.

En ese sentido, de las normas que regulan el proceso penal se deduce que al ser esta S. competente para conocer la situación del L.. P., también asume competencia para conocer la situación de los demás querellados. Veamos:

En este caso la competencia para conocer de manera exclusiva el proceso penal, independientemente del número de personas que estén relacionadas o vinculadas con el hecho punible y con total independencia del hecho que las otras personas no ostenten la posición jurídica que atribuye la competencia corresponde a la Sala Penal, en virtud de dos reglas de derecho, a saber: a) el principio de unidad de proceso previsto en el artículo 1949 del Código Judicial; o b) el principio de continuidad o conexidad establecido en la parte final del artículo 1949 en concordancia con el artículo 1986, ambos del Código Judicial.

Y es que a través de la unidad del proceso se logra que exista una sola causa en la que se practiquen las pruebas, se den las situaciones propias de todo proceso y se emita una sola sentencia. Todo ello en aras de garantizar la certeza y seguridad jurídica (evitando fallos contradictorios) y el principio de economía procesal previsto en el numeral 1 del artículo 215 de la Constitución.

Una vez conocida la opinión jurídica del Ministerio Público, así como los hechos que dieron origen a esta causa y ponderadas las circunstancias especiales que rodean el caso, le corresponde a la Sala analizar las constancias procesales para proceder a la calificación del mérito legal del sumario.

Consta en el libelo penal, ejemplares de los diarios Panamá América, La Estrella de Panamá y Crítica Libre del día 11 de mayo de 2011, en los cuales fueron publicadas algunas fotografías donde aparecen personalidades políticas con personal de la empresa DMG (fs. 55 vuelta, 58, 104).

Por otro lado, el Ministerio Público obtuvo durante la instrucción del presente sumario las siguientes evidencias:

· Oficio Nº 2897 proveniente de la Fiscalía Decimocuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, de diecisiete (17) de mayo de dos mil diez (2010), al cual se adjunta copia de Providencia de Allanamiento y actas de Allanamiento (manuscritos y transcripciones) realizadas el día veinte (20) de noviembre de dos mil ocho (2008) en las oficinas de la empresa DMG (fs. 175-214).

· Oficio Nº 1411 de dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), proveniente del Juzgado Decimoquinto de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, al cual se adjuntan los siguientes documentos: Oficio Nº 3483 de diez (10) de agosto de dos mil nueve (2009), Oficio Nº 3826 de diez (10) de agosto de dos mil nueve (2009), Oficio Nº 4404 de siete (7) de septiembre de dos mil nueve (2009), Providencia de veinte (20) de noviembre de dos mil ocho (2008), Providencia de quince (15) de diciembre de dos mil ocho (2008), Diligencia de Inspección Ocular, Allanamiento y Registro (manuscrito), de veinte (20) de noviembre de dos mil ocho (2008), Diligencia de Inspección Ocular, Allanamiento y Registro (transcripción), de veinte (20) de noviembre de dos mil ocho (2008), Diligencia de Inspección Ocular, Allanamiento y Registro (manuscrito), de veinte (20) de noviembre de dos mil ocho (2008), Acta de Diligencia de Allanamiento y Registro (manuscrito), de veinte (20) de noviembre de dos mil ocho (2008), Acta de Diligencia de Allanamiento y Registro (manuscrito), de veinte (20) de noviembre de dos mil ocho (2008) (221-267).

Luego de lo anterior cabe advertir, que el artículo 2467 del Código Judicial establece, al tratarse de un proceso seguido contra un servidor público, el querellante o denunciante debe aportar la prueba sumaria del hecho punible con el fin de acreditar su comisión.

Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que acompañar la prueba sumaria no se refiere a presentar una cantidad de documentos sólo para satisfacer ese requisito. La prueba sumaria es "cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido" y en reiterados fallos se señala, que los medios probatorios que deben acompañar la denuncia interpuesta contra un servidor público, "deben ser lo suficientemente elocuentes que por sí solos acrediten el hecho punible que se le imputa al denunciado, es decir, deben ser idóneos" (Resolución de Sala Penal de 26 de agosto de 1994 y 15 de mayo de 2007). Es importante señalar que dicha prueba debe ser preconstituida, por lo tanto, debe acompañarse con el libelo y reunir los requisitos de formalidad establecida en la norma jurídica, que para el caso de prueba documental lo es el artículo 833 del Código Judicial que establece lo siguiente:

"Artículo 833. (820) Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias, de conformidad con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán consistir en trascripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico. Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la Ley disponga otra cosa."

Vemos entonces, que las pruebas aportadas por el Licdo. R.O., es decir, ejemplares de los diarios Panamá América, E. de Panamá y Crítica Libre en los cuales fueron publicadas algunas fotografías donde aparecen personalidades políticas junto a empleados de la empresa DMG; por si solos no dan cuenta de la posible comisión de un Delito contra la Administración Pública (Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos) por los siguientes motivos:

La doctrina señala sobre el delito de Infracción de los Deberes de los Funcionarios Públicos, que "el rehusar consiste en negarse a hacer algo; "omitir", es no hacer y "retardar", es no hacer algo a su debido tiempo. La conducta omisiva del autor de este delito (expresada en cada una de estas tres modalidades), debe referirse necesariamente a algún acto inherente o propio de las funciones del servidor público que lo omite. Conforme al tercer elemento, esa conducta omisiva del funcionario público debe realizarse indebidamente, lo que equivale a decir: ilegalmente, ilícitamente. "La omisión debe ser ilegalmente cometida. En este punto la función de la palabra (refiriéndose a ilegalmente) es la de marcar a un tiempo el contenido objetivo y el subjetivo de la acción. Debe tratarse de una ilegalidad; es decir, la omisión debe ser maliciosa...Debiendo referirse la omisión a alguno o algunos de los actos que el funcionario deberá ejecutar, el delito queda consumado cuando en consideración a ese acto debido pueda afirmarse que ha sido dolosamente omitido, retardado o que habiendo mediado pedido o interpelación el funcionario ha rehusado cumplirlo" (SOLER, S.. Derecho Penal Argentino, 4ª Edición, T.V., actualizado por M.A.B.B., Buenos Aires, Argentina, 1988, pág. 190.)

En cuanto a la supuesta comisión del delito de Abuso de Autoridad, la Jurisprudencia de la Sala ha señalado que el abuso puede ocurrir con ocasión de las funciones, es decir, cuando el funcionario tiene facultad legal para ejecutar el acto, pero lo hace indebidamente; o excediéndose en el ejercicio de las mismas, es decir, cuando va más allá de lo que la ley exige, pero además es necesario que concurra la intención dolosa por parte del funcionario.

Por otro lado, la doctrina ha indicado que "El delito de abuso de autoridad se configura con la comisión de un acto no tipificado en la Ley Penal que causa un perjuicio, con conocimiento o conciencia de parte del funcionario que está cometiendo un acto abusivo" (GUERRA de VILLALAZ, A.E., Derecho Penal, Parte Especial, E.M. &P., S.A., Panamá, 2002, pág. 331).

Cabe destacar, que para comprobar la comisión de un delito contra la administración pública la prueba debe guardar relación con actuaciones del o de los funcionarios denunciados, además debe realizarse a título doloso.

Dicho lo anterior estima la Sala por un lado, que tanto las pruebas aportadas como los hechos descritos, solo muestran alguna aproximación entre las personalidades políticas que aparecen en las fotografías y la empresa DMG, perteneciente al señor D.M.G., sin embargo, no refieren la posible comisión de un hecho arbitrario o ilegal, menos aún, la omisión o retardo del algún acto propio de las funciones correspondientes al cargo que ocupaba el Licdo. W.P. (FiscalD. del Primer Circuito Judicial de Panamá), o algún otro funcionario, pues el denunciante limita sus señalamientos a que dichas fotografías forman parte de un sumario instruido en su momento bajo las órdenes este, quien ejerce funciones solapado bajo el manto de la impunidad, lo cual es una apreciación meramente subjetiva.

En otro orden de ideas, el denunciante formuló cargos por la supuesta comisión de un delito contra la Fe Pública ante la supuesta sustracción de documentos (fotografías), retirados de las oficinas administrativas de la empresa DMG, mediante diligencia de allanamiento y que forman parte del caudal probatorio del expediente 1127-08, cuyo sumario se instruye contra el señor D.M.G., por la supuesta comisión del delito contra el Orden Económico.

El Licdo. O. estima que la norma penal infringida lo es el artículo 348 del Código Penal, mismo que al ser confrontado con el Texto Único del Código Penal corresponde al artículo 371: "Quien suprima, sustraiga, oculte, destruya o extravíe, en todo o en parte, un documento original o una copia que lo sustituya legalmente, si de ello resulta un perjuicio a tercero, será sancionado con una de las penas señaladas en los artículos anteriores, según el tipo de documento de que se trate."

Sobre este particular, la Sala advierte que se está ante la situación que la doctrina conoce como concurso aparente de normas o tipos penales, que tiene lugar cuando "una misma conducta parece subsumirse a la vez en varios tipos penales, diversos o excluyentes, de tal manera que el juez, no pudiendo aplicarlos coetáneamente sin violar el principio de non bis in idem, debe resolver concretamente a cuál de ellos se adecúa el comportamiento en estudio" (ARBOLEDA VALLEJO, M.. R.S., J.A.. Manual de Derecho Penal. Parte General y Especial. Editorial L.. 6ta Edición. 2004. pág.189).

Este concurso aparente, que presenta algunas dificultades al momento de una correcta adecuación típica de la conducta, es resuelto atendiendo a determinados principios interpretativos que facilitan el juicio de tipicidad, tales como: el de especialidad, subsidiariedad, consunción y alternatividad. La ley penal panameña, recoge en su artículo 4 (artículo 15 del Código Penal vigente), el principio de especialidad que indica que "cuando varias leyes o disposiciones penales sancionen el mismo hecho, la disposición especial prevalecerá sobre la general" (lex specialis derogat legi generali). (Resolución de Sala Penal de 26 de septiembre de 2005, el resaltado es nuestro).

Sobre el particular, la Sala comparte el criterio vertido por el señor P. al indicar que el delito de Violación de Sellos Públicos se ajusta a los planteamientos del denunciante. Las normas correspondientes al delito señalado corresponden a los artículos 362 y 363 del Código Penal a saber:

Artículo 362. Quien sustraiga, oculte, cambie, destruya o inutilice objetos, registros o documentos que hayan sido confiados a la custodia de un funcionario o de otras personas, destinados a servir de prueba ante autoridad competente que sustancia un proceso, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

"Artículo 363. Quien sustraiga, suprima, oculte, destruya o altere algún instrumento, acta o documento que pertenezca o repose bajo la custodia de una oficina pública será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana.

Si el autor fuera el mismo servidor público que por razón de sus funciones tenía custodia de los instrumentos, las actas o los documentos, la sanción será de dos a cuatro años de prisión.

Si el perjuicio causado ha sido leve o el autor ha restituido íntegro el instrumento, el acta o el documento, sin haber derivado provecho de ello y antes de que se dicte la providencia cabeza de proceso, la sanción será reducida hasta las tres cuartas partes.

Si la entrega se verifica en las condiciones expresadas en el párrafo anterior, después de iniciado el sumario y antes de que se haya dictado el auto de enjuiciamiento, la sanción se reducirá hasta la mitad."

A pesar de lo antes mencionado, cabe destacar que consta en el expediente que mediante Oficio Nº 4404 de siete (7) de septiembre de dos mil nueve (2009), fueron remitidas al Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados, las evidencias 09-1665 correspondientes al expediente Nº 1127-08, seguido contra el señor D.M.G., por la supuesta comisión de delito contra el Orden Económico y que se encuentran a disposición de la Fiscalía Decimocuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá. Las evidencias consisten en cuarenta (40) discos compactos (CD), un sobre que contiene 12 discos compactos (CD), un USB, un diskette, kit de licencia para software, entre otros (fs. 176-177). Dicha información fue remitida mediante Oficio Nº 2897 de diecisiete (17) de mayo de dos mil diez (2010), en cual se deja constancia, que la información recabada de los servidores y terminales de computadoras se encuentran en discos compactos que reposan en el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados del Ministerio Público (f. 175).

A fojas 260-261, consta el Acta de Diligencia de Inspección Ocular de dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), realizada en las instalaciones del Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados del Ministerio Público, donde observamos se ingresó al computador, un CD que presenta manuscritos en color azul "DVD-2/3", SERVIDOR TEKDATA" en cuyo contenido se encuentra una carpeta denominada "FOTOS VARIOS", dentro de esta, una subcarpeta identificada como "POLÍTICOS", cuyas fotografías guardan relación con la diligencia realizada, razón por la cual fueron fotocopiadas y anexadas al libelo penal (fs. 260-267).

Tal como podemos apreciar, las evidencias a que hace alusión el denunciante no han sido sustraídas del Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados del Ministerio Público. Por otro lado, debemos advertir que tales archivos digitales, generalmente son almacenados mediante copias de seguridad o respaldos, previendo fallos que puedan ocurrir en el sistema informático (disco duro defectuoso, virus, etc) en este caso de una empresa, es decir que dichas fotografías pudieron obtenerse por medios distintos. Señala además la vista fiscal, que "esto amplía el panorama de investigación e invalida la tesis del denunciante, en cuanto a la supuesta sustracción de evidencia por parte de funcionarios públicos".

En ese sentido, no existen medios probatorios o indicios que determinen la comisión de un delito contra la Fe Pública (Violación de Sellos Públicos), pues del expediente no emergen eventos que permitan establecer la posible comisión de dicho delito.

Al tenor de las consideraciones expuestas, la Sala estima pertinente decretar un sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo antes expuesto, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decreta el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, OBJETIVO E IMPERSONAL con base en los ordinales 1 y 2 del artículo 2207 del Código Judicial, en el expediente contentivo de las sumarias en averiguación, por la supuesta comisión de un delito contra la Administración Pública y la Fe Pública.

N..

HARRY A. DÍAZ

LUIS MARIO CARRASCO -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ

MARIANO HERRERA (Secretario)