Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 12 de Julio de 2005

Ponente:Esmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución:12 de Julio de 2005
Emisor:Segunda de lo Penal

VISTOS:

Conoce la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de la DENUNCIA formalizada por el ciudadano AURELIO BASILIO GRIMES en contra de A.A.Z., en su condición de ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ.

LA DENUNCIA

AURELIO B.G. denuncia a A.A.Z. por la comisión de los delitos que detallan a continuación:

1-Delito contra la Personalidad Internacional del Estado:

Sostiene que ALEMÁN incurre en el delito que señala el artículo 287 del Código Penal, porque desde 1981 la OFICINA DE MANEJO DE PERSONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS no tiene jurisdicción en el área del Canal de Panamá. Pese a ello, a partir del 31 de diciembre de 1999, ALEMÁN aplicó la Norma 60FR35342 emitida por dicha Agencia Federal de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (f.3).

2-Delito de Usurpación de Funciones Públicas.

Explica que ALEMÁN infringe el artículo 343 del Código Penal porque aplicó la N. 60FR35342 emitida por la OFICINA DE MANEJO DE PERSONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRCIA, sin tener la "jerarquía funcional ni el fundamento jurisdiccional para implementar" esa normativa norteamericana (f.4).

3- Delito de Asociación Ilícita.

Manifiesta que ALEMÁN, en conjunto con la COALICIÓN DE SINDICATOS FEDERALES DEL CANAL DE PANAMÁ, cometió el delito que prevé el artículo 242 del Código Penal porque negoció la implementación de la NORMA 60FR35342, ya que "...las modificaciones de las condiciones de Trabajo tenían que ser aprobadas por los sindicatos, irónicamente estas condiciones discriminatorias y violatorias del Código de Trabajo Panameño y al Convenio no. (sic) 158 de la OIT, a los empleados federales adscritos a estos sindicatos no les afectaba de ninguna manera, quedando claro (sic) la mala fe y la violación a los principios éticos de la misma PCC:"( f.7)

4- Delito contra el Honor.

Expresa que la conducta de ALEMÁN se adecua en el artículo 173 del CódigoPenal, porque el 31 de diciembre de 1999, implementa la Norma 60FR35342 de la OFICINA DE MANEJO DE PERSONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y "... distribuye entre los empleados el Formulario no.(sic) 50, indicando a los empleados la terminación de la relación laboral con la Administración de la Comisión del Canal de Panamá. Terminación que resulta ser totalmente ficticia, pues la correspondiente liquidación por terminación de servicio jamás se dio. El mismo día distribuye , otro formulario no.(sic) 50 indicando el traslado de los empleados a la Autoridad del Canal de Panamá, empresa que tiene una razón social totalmente diferente y creada con la Ley 19 de 1997" (f.8).

5-Delito de Abuso de Autoridad y extralimitación de funciones públicas.

Plantea el denunciante que ALEMÁN incurre en el delito que señala el artículo 336 del Código Penal, porque implementa la norma o regulación 60FR3542 "... en territorio Jurisdiccional panameño, luego de pasados el periodo de Transición, estipulados en los Tratados Torrijos Carter en su artículo XI, Disposiciones para el período de Transición" (f.9).

6-Delito de omisión del servidor público del deber de denunciar la comisión de un hecho punible, delito de encubrimiento y aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

Sin dar mayores detalles, A.B.G. también denuncia que A.A. Z. ha cometido el delito de omisión del servidor público del deber de denunciar la comisión de un hecho punible (art.342, C.P), el delito de encubrimiento (art.363,C.P), y el delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito (art. 364, C.P), y solicita que sean investigados "... todos aquellos entes o gentes, personas jurídicas y naturales, funcionarios públicos o particulares, que de una u otra manera participaron en calidad de autores, coautores, cómplices o partícipes de los hechos punibles antes referidos (f.15).

Por otra parte, GRIMES denuncia que el servidor público acusado ha simulado un hecho jurídico, que infringe el artículo 38 del Código Penal, porque la Comisión del Canal de Panamá debía emitir su propio reglamento sobre indemnizaciones, pero aplicó la NORMA 60FR35342 de la OFICINA DE MANEJO DE PERSONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA , un reglamento emitido por otra agencia federal, diferente a la Comisión del Canal de Panamá (fs.4-6).

El denunciante también señala que el funcionario público acusado infringe los artículos 62 y 63 del Código Penal, que se refieren a la Unidad y Pluralidad del Hecho Punible, además de los artículos 3, 4 y 288 de la Constitución Nacional, el artículo 6 del Código Civil, porque implementó "... la norma 60FR35342 en territorio jurisdiccional panameño..." (f.9). Además, GRIMES denuncia que ALEMÁN vulnera el artículo 28 del Código Penal sobre imputabilidad e inimputabilidad, toda vez que procuró que la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, se estableciera "... los recursos preordenados para procurarse las circunstancias modificadoras de la responsabilidad, de cumplir con las indemnizaciones por finalización de servicios, tal como aparece en el artículo 14 del Código de Trabajo.." (f.10)

GRIMES también denuncia que ALEMÁN actuó con alevosía porque se valió del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá para hacer nula " ... su responsabilidad Subsidiaria, de cubrir con las indemnizaciones por sustitución patronal..." (f.11).

En otro tema, GRIMES acusa a ALEMÁN que actuó de manera premeditada porque su Administración consulta a "...a la oficina de Personal Federal de los Estados Unidos de Norte América...", la que emite "... la decisión Final 60FR35342, indicando con precisión, la manera en la cual la negación de las indemnizaciones debieran darse, para excluir a cada tipo de empleados, tiempo de respuesta, categoría de empleados etc..." (f.12). Y también considera que ALEMÁN actuó con ventaja, porque la administración panameña propuso los cambios en la Norma 60FR35342, para obtener una ventaja sustancial y calculada, y que "... no dejaban ninguna alternativa, para el denunciante A.B.G...." (f.13, la negrita es nuestra).

Junto al libelo de denuncia, A.B.G. presenta copia simple de los siguientes documentos:

  1. Página 6 del periódico Spillway de 3 de octubre de 1997 (f.22),b) Nota No. 24 de 27 de marzo de 1981 suscrita por J.E.I., entonces Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá a AMBLER MOSS, Embajador de los Estados Unidos de América (fs.36-41), c) Memorias del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá de 1978-1979, y octubre de 1981 (fs.48- 57), "Mensaje del Presidente a su Pueblo" (f.61-67), d) Certificación de 10 de agosto de 2001 expedida por el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (f.68), página del periódico Spillway de 10 de septiembre de 1999 (f.69), e) Nota No. 201-01-02 de 5 de enero de 2004, emitida por la Directora General de Ingreso del Ministerio de Economía y Finanzas (f.72),f) Noticia en el idioma inglés de 12 de septiembre de 1979 (f.73),g) Nota de A.B.G. dirigida al Procurador General de la Nación (fs.81-83).h) Noticia con el título "Panama Canal ex- workers suing U.S for benefits" del viernes 23 de marzo de 2001, publicado en periódico The Herald (f.80) i) Folleto titulado"Exigencia de Respeto y Justicia" (f.84).

    El denunciante también aporta como prueba la transcripción de los siguientes documentos:

  2. Federal Register de 19 de septiembre de 1997 (fs.23-32).

  3. "Cambian Ley del Canal para indemnizar a empleados" (f.34).

  4. Nota D.M No. 113 de 23 de julio de 1981, del Ministro de Relaciones Exteriores de República de Panamá (fs.42-46).

  5. "Sin definición reclamo de indemnización canalera" (f.58).

  6. "Panamá heredará deuda de 56 millones" (f.59).

  7. "El canal no será privatizado"(f.70-71).g) Nota de 19 de julio de 1999, del Presidente de la Comisión de Credenciales, Asamblea Legislativa (fs74-75).

  8. Nota CCJ 557-98 de 14 de diciembre de 1998 del Copresidente del Comité Conjunto (fs.76-77).i) Nota de 26 de julio de 1999, del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa (fs.78-79).

    VISTA FISCAL DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

    Mediante Vista No. 140 de 2 de diciembre de 2004, el Licenciado J.A.S.R., en ese entonces PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, es del criterio que los hechos denunciados por AURELIO BASILIO GRIMES en contra de A.A.Z., en su condición de ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ, "... están muy lejos de poseer el carácter penal, puesto que es evidente... que en el negocio bajo examen no hay el más leve vestigio de que se han cometido los ilícitos denunciados" (f.123) En tal sentido, manifiesta que no infringió el artículo 287 del Código Penal, porque "...no hay constancia que el denunciado haya realizado alguna acción que pueda interpretarse como un hecho concreto que tendiera a someter a nuestro país al dominio de los Estados Unidos"; que no incurrió en el delito de usurpación de funciones públicas , ya que "... no se acredita que el denunciante ejerza o haya ejercido sus funciones públicas sin la autorización legal correspondiente". Y en relación con el delito de asociación ilícita, considera que "... no se ha acreditado ningún concierto de él con otras personas, donde converjan voluntades, propósitos y metas dirigidos a cometer una acción u acciones delictuales contra el denunciante". También señala que el servidor público denunciado no ha cometido el delito de injuria, ya que no presentó la querella por la comisión de dicho delito, y tampoco el delito de abuso de autoridad, porque "... las pruebas pre- constituidas no llenan los requisitos que avale una instrucción penal" (f.124).

    El PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN concluye que "... las pretensiones del denunciante tienen que ver con un problema laboral suscitado entre él y su empleador, que lógicamente era la Autoridad del Canal de Panamá... por lo que solicito... dictar un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, OBJETIVO E IMPERSONAL, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2207 del Código Judicial." (f.125).

    DECISIÓN DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA

    Para la calificación de esta sumaria, se toma como referencia el mismo orden que, en su libelo de denuncia, utiliza AURELIO BASILIO GRIMES para formular los cargos penales contra A.A.Z., en su condición de ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ.

    1. El Artículo 287 del Código Penal, contiene una de las modalidades delictivas contra la personalidad internacional del Estado:

      "El que ejecute un acto para someter la República en todo o en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad, será sancionado con prisión de quince a veinte años".

      Al confrontar los hechos y la documentación que presenta el denunciante, esta Superioridad considera que no está acreditado que ALEMÁN haya ejecutado algún acto para lesionar la integridad del territorio nacional, la independencia o la unidad del Estado, o para someter el territorio nacional total o parcialmente, a la soberanía de un Gobierno extranjero, o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado, por lo que se desestima este cargo penal.

    2. El artículo 343 del Código Penal, consagra el delito de usurpación de funcionespúblicas, y que plantea expone lo siguiente:

      El que ejerza funciones públicas sin autorización legal o el servidor público que continúe ejerciéndolas después de haber cesado legalmente en el desempeño de un cargo o después de haber recibido del órgano competente comunicación oficial que ordenó la cesantía o suspensión, será sancionado con prisión de seis meses a un año

      La jurisprudencia de la Sala ha dejado sentada que este tipo penal delictivo seconfigura con los siguientes presupuestos:

      "1.Un sujeto activo calificado o común.

      1. Una acción representada por dos verbos rectores: ejercer o continuar ejerciendo funciones públicas.

      2. Un bien jurídico tutelado, cual es: la administración pública.

      3. Un sujeto pasivo que es el titular del bien jurídico y que en el caso del tipo contenido en el artículo 343 del Código Penal, lo representa el Estado.

      4. Características normativas... del tipo y que consisten en ejercer funciones públicas "sin autorización legal", o continuar ejerciéndolas "después de haber cesado legalmente en el desempeño" del cargo o "después de haber recibido del órgano competente comunicación oficial de suspensión o cesantía". (Resolución de 18 de agosto de 1995. M.P Aura Emérita Guerra de V.).

      Es un hecho público y notorio que la Junta Directiva de la AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ, nombró a A.A.Z. como ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ para el período septiembre 1998- agosto de 2005, y que aún ejerce esa función pública con autorización legal. Ahora bien, los argumentos y las pruebas que aporta GRIMES no indican que ALEMÁN haya desempeñado un cargo público distinto al actual, sin autorización legal en perjuicio de la administración pública, por lo que esta Superioridad considera que ALEMÁN no ha ejecutado alguna conducta encaminada a configurar el delito que nos ocupa.

    3. El artículo 242 del Código Penal, contiene la asociación ilícita como conductapunible, y que el legislador redacta de esta manera:

      "Cuando tres o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada, por ese solo hecho, con prisión de 1 a 3 años. Cuando la asociación sea para cometer los delitos de homicidio doloso, robo, secuestro y tráfico de armas, la sanción será de 5 a 7 años.

      A los promotores, jefes o dirigentes de la asociación ilícita, les será aumentada la sanción en una cuarta parte" .

      Se trata de un tipo penal de mera conducta, que se consuma cuando tres o más personas se asocian para cometer delitos, independientemente de que sus asociados hayan cometido o no actos que infringen la Ley penal. Al confrontar dicha norma penal con los hechos y las pruebas que presenta el denunciante, esta Corporación de Justicia es del criterio que no está comprobado que ALEMÁN realizó la conducta de asociarse con miembros de los SINDICATOS FEDERALES DEL CANAL DE PANAMÁ para lesionar bienes jurídicos protegidos por la Ley penal panameña, por lo que dicha acusación carece apoyo fáctico-jurídico.

    4. El artículo 173 del Código Penal, sanciona el delito de injuria de esta manera:

      "El que ofenda la dignidad, honra o decoro de una persona mediante escrito ó por cualquier forma, será sancionado con sesenta (60) a ciento veinte (120) días multa"

      Esta Corporación de Justicia ha señalado que la conducta típica de este delito consiste "... en ofender la dignidad, honra o decoro, entendiéndose como tales, el respeto que merece la persona de su vida de familia, a su vida conyugal, a la vida privada, a su personalidad," ( Sentencia de 9 de septiembre de 2004. M.P G.J.D.).

      Esta Sala considera que no se observa cuál es la supuesta ofensa, ataque al honor, a la reputación, o la dignidad que ALEMÁN manifestó en contra de GRIMES. Este aspecto implica que ALEMÁN no ejecutó algún acto motivado en el animus iniuriandi, es decir, con el fin de perjudicar la buena fama del denunciante.

      Por otra parte, es importante destacar que GRIMES presentó la denuncia penal el 11 de agosto de 2004, en la que sostiene sostiene que ALEMÁN cometió el delito de injuria en su perjuicio "El 31 de diciembre de 1999, al implementar la norma 60FR35342" (f.8). Este lapso de tiempo indica con claridad que GRIMES no presentó el libelo de querella por la comisión del delito de injuria dentro de los dos meses, contados a partir de la comisión del hecho instantáneo o de la realización del último acto si se tratare de un delito continuado, infringiendo así el requisito de procedibilidad que exige el artículo 2004 del Código Judicial.

    5. El artículo336 del Código Penal, castiga el delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, de la siguiente manera:

      "El servidor público que, con abuso de su cargo ordene o cometa en perjuicio de alguna persona cualquier hecho arbitrario no clasificado especialmente en la ley penal, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses o de veinticinco a setenta y cinco días multa"

      De acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala, este delito sanciona dos maneras de abusar del servidor público, con ocasión de sus funciones:

      "... cuando el funcionario tiene facultad legal para ejecutar el acto, pero lo hace indebidamente; o excediéndose en el ejercicio de sus funciones, que es cuando el acto escapa a las atribuciones del funcionario, convirtiendose en un hecho excesivo que la ley no autoriza..." (Resolución de 22 de octubre de 1992. M.P F.A.E.).

      GRIMES plantea que ALEMÁN implementó una norma legal extranjera en el territorio nacional, en este caso, la NORMA 60FR35342 de la OFICINA DE MANEJO DE PERSONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y al margen del TRATADO TORRIJOS-CARTER, pero no aporta prueba alguna que apoye su afirmación.

      Este razonamiento implica que el denunciante no ha presentado la prueba sumaria que el artículo 2467 del Código Judicial, por lo que la consecuencia es ordenar el ARCHIVO de esta acusación en contra de ALEMÁN , por la comisión de delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público.

    6. El artículo 342, 363 y 364 del Código Penal, se refieren a las conductas delictivas sobre la omisión del servidor público del deber de denunciar la comisión de un hecho punible, el encubrimiento y aprovechamiento de cosas provenientes del delito, respectivamente.

      GRIMES denuncia que ALEMÁN incurrió en el delito que establece el artículo 342 del Código Penal, cuyo texto es el siguiente:

      El servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de la ejecución de un hecho punible que dé lugar a procedimiento de oficio y omita dar cuenta de ello a la autoridad competente, será sancionado con veinticinco a cien días multa

      Sobre el particular, el denunciante no ofrece mayores detalles sobre este cargo penal que le atribuye a ALEMÁN, y la documentación que adjunta al libelo de denuncia no comprueban, aún de manera, indiciaria, la comisión de ese delito por parte del servidor público acusado. Es importante señalar que de acuerdo al artículo 2464 y 2467 del Código Judicial, el delito de omisión del deber de denunciar de un servidor público, es de aquellos que requieren de prueba sumaria para acreditar dicho hecho punible, requisito que el denunciante tampoco ha cumplido. Encuentra la Sala, entonces que conforme a la denuncia presentada contra el ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ, no se aprecia la concurrencia de este delito, pues el denunciante no aporta la prueba sumaria que acredita su relato.

      Finalmente, A.B.G. denuncia a A.A.Z. por la comisión del delito de encubrimiento y aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

      El artículo 363 del Código Penal establece el delito de encubrimiento, cuyo texto es el siguiente:

      "El que después de cometido un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho; a eludir las investigaciones de la autoridad, a sustraerse a la acción de esta o al cumplimiento de la condena, será sancionado con prisión por uno o dos años.

      No se reputará culpable a quien encubra a su pariente cercano"

      Y el artículo 364 del Código Penal, tipifica el aprovechamiento de cosas provenientes del delito de esta manera:

      El que fuera de los casos previstos en el artículo anterior, y sin haber tomado parte en el delito, oculte, adquiera o reciba dinero, valores u objetos que sabía o presumía pertenecientes de un hecho punible o de cualquier otro modo intervenga en su adquisición receptación u ocultación, será sancionado con prisión de uno a dos años y de veinticinco a cien días multa.

      Si el autor realiza profesionalmente los hechos que se describen en el párrafo anterior, la sanción será de dos a tres años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa

      Sobre este delito, GRIMES no explica la manera en que ALEMÁN pudo cometer estos dos delitos, y las pruebas que aporta no guardan relación alguna sobre estos tipos penales, por lo que se trata de un cargo penal sin fundamento alguno.

      En otro orden de ideas, el denunciante señala que ALEMÁN ha violado los artículos 28, 38, 62 y 63, todos del Código Penal. El artículo 28, se refieren a la prohibición de declarar inimputable a quien de manera intencional se coloque en ese estado, ya sea total o parcialmente; el artículo 38, establece el concepto de autor; el artículo 62, se refiere al delito continuado; y el artículo 63, desarrolla el concurso ideal en materia penal. GRIMES señala además que el servidor público acusado actuó con ventaja, premeditación, alevosía y que simuló hechos jurídicos. Sin embargo, no tiene sentido que esta Corporación se adentre en examinar estas instituciones jurídicas, toda vez que no son conductas delictivas, sino aspectos del derecho penal sustantivo, además que no hay pruebas que indiquen que ALEMÁN ejecutó alguno de los tipos penales que le endilga el denunciante.

      La Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha examinado con minucioso detalle los supuestos hechos y las pruebas con las que A.B.G. sustenta los cargos penales contra A.A.Z., y concluye que dicho servidor público no ha ejecutado la pluralidad de delitos que atribuye su autoría, por lo que corresponde decretar el sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal en esta sumaria, en atención al numeral 1 del artículo 2207 del Código Judicial, por considerar que los hechos motivo de la investigación no han sido ejecutados por el servidor público denunciado, y además debe ordenar el ARCHIVO de la denuncia por la comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público, y también por la comisión del delito de omisión del servidor público del deber de denunciar la comisión de un hecho punible.

      Para concluir, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia no puede soslayar el hecho que la denuncia formulada por AURELIO BASILIO GRIMES en contra de A.A.Z., guarda relación con su disconformidad con la interpretación de la ley laboral que la administración de la COMISIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ, y luego la AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ, efectuaron durante la etapa de transición de la fuerza laboral a la jurisdicción panameña, y esa conducta desnaturaliza los fines del derecho penal vigente.

      Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, OBJETIVO e IMPERSONAL en atención al numeral 1 del artículo 2207 del Código Judicial, en cuanto a la denuncia penal por la comisión de los delitos que prevé los artículos 173, 242, 287, 342, 343,363, 364,del Código Penal, ORDENA el ARCHIVO de la denuncia presentada por la posible comisión de los delitos que establece el artículo 336, y 342 del Código Penal, todo ello relacionado con la denuncia presentada por las que AURELIO BASILIO GRIMES sustenta los cargos penales contra A.A.Z., en su condición de ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ.

      N. y archívese.

      ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

      GRACIELA J. DIXON C. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

      MARIANO HERRERA (Secretario)