Sentencia Generales de Supreme Court (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 7 de Marzo de 2008

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución 7 de Marzo de 2008
EmisorSala Cuarta de Negocios Generales

VISTOS:

El señor V.B.M., mediante apoderado especial Licenciado E.A. B.G., solicita a esta colegiatura el reconocimiento y ejecución de la Sentencia Extranjera, dictada el 31 de mayo de 1913, por la Corte de Circuito, Tercer Circuito Judicial de Cristóbal, Zona del Canal, Estados Unidos de América; por la cual se pone fin al litigio de las tierras denominadas "Río Indio" entre E.A.M. y R. A., contra R.S.A., B. B., B.B., E.J. E., A. B., L.B., N.B., T.B. y como terceros intervinientes G.W.G. a nombre de The Railroad Company e Isthmian Canal Commission (United States of América).

ANTECEDENTES

El apoderado judicial de V.B.M., basa su solicitud en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Mediante sentencia de 31 de mayo de 1913, identificado con la serie 289 de lo Civil, el Juez de la Corte del Circuito, Tercer Circuito Judicial, en Cristóbal, Estados Unidos de América, Zona del Canal, falló sobre el litigio de las tierras denominadas de Río Indio, conformándose las partes en derecho por los señores E.A.M. y R.A., en calidad de Demandantes; R.S. A., B.B., B.B., E.J. E., A.B., L.B. y N.B., este último causante de los derechos sucesorios de mi poderdante señor V.B.M., tal cual lo consigna el Auto número 1747 del Juzgado Primero del Circuito de lo Civil, del Circuito Judicial de Colón, en calidad de demandados y la Panamá Railroad Company y la Isthmian Canal Comission, en calidad de tercero intervinientes.

SEGUNDO

La sentencia fue dictada a causa del ejercicio de una pretensión personal, consistente en la acción de delimitación, partición o división de propiedad.

TERCERO

La demanda fue notificada personalmente a las partes procesales, las cuales comparecieron en derecho y por medio de los apoderados respectivos.

CUARTO

La obligación es lícita en Panamá y la sentencia cuyo cumplimiento se solicita es auténtica, tal cual lo certifica los Archivos Nacionales y Administración de Registros de Washington, DC y el funcionario del Consulado General de Panamá en Washington, señor F.M.G., toda vez que la sentencia señalada se encuentra en un idioma distinto al español, se aporta la traducción del mismo, realizada por la intérprete público autorizada C.E.G., según el resuelto No. 88 de 27 de febrero de 1991, expedido por el Ministerio de Gobierno y Justicia".

Con la solicitud fue aportada copia de la Sentencia cuyo reconocimiento y ejecución se solicita, dictada por la entonces, Corte de Circuito, Tercer Circuito Judicial de Cristóbal, Zona del Canal, Estados Unidos de América, debidamente autenticada, y su traducción por Intérprete Público Autorizado; Asimismo se aporta copia del Auto No. 1747 emitido por el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil, del Circuito Judicial de C..

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA NACIÓN

Oportunamente

se procedió a remitir el expediente al entonces señor P. General

de la Nación para que emitiera su opinión.

El Señor Procurador señaló, entre otras cosas, lo siguiente:

"Se observa que dicho expediente presenta a foja 8 un documento incompleto, así como a foja 16 en que sólo aparece la identificación de G. M.W., Ingeniero residente a cargo de la División Municipal del Canal de Panamá, pero no el contenido de su declaración jurada (affidavit). También falta la declaración jurada (affidavit) de P.M.A., encargado del Departamento de Salud del Canal de Panamá (f. 8 final).

La materia objeto de la sentencia bajo estudio no es

lícita en Panamá, por ser contraria a nuestro derecho positivo, entre ellos, el

Decreto Nº 434 del 1º de octubre de 1959. La copiosa jurisprudencia del Pleno

de la Corte Suprema y de la Sala Primera, en sentencia de 9 de mayo de 1992 y

del 2 de junio del 2000, respectivamente, así como los laboriosos y detallados

estudios históricos y jurídicos sobre la génesis y evolución de los conceptos o status de los bienes que salieron de la jurisdicción de la

República, en virtud de los Tratados

Internacionales con los Estados Unidos de América, por consulta de la Autoridad

de la Región Interoceánica (ARI), tales como: las notas C-Nº22 de 14 de enero

de 2002; la C-Nº54 de 12 de marzo de

1999; la C-Nº155 de 21 de marzo de 2002

y la nota C-Nº 22de 14 de enero de 2002, de la Directora General del

Registro Público, las cuales describen

y analizan las distintas leyes y decretos

que regulan la materia, así como la influencia y repercusiones de los

distintos Tratados Internacionales sobre el Canal de Panamá, entre nuestra República y los Estados Unidos de

América, en que de acuerdo con la jurisprudencia de esa Corte, las tierras revertidas ingresaron al patrimonio nacional como propiedad del

Estado panameño, por lo cual considero que no es viable acceder a la presente solicitud de

exequátur, porque, entre otras cosas, hay sustracción de materia y porque

además de estar incompleto el documento objeto de la presente solicitud, el señor

N.B. es solo uno de los ocho (8) demandados por el litigio de

tierras, por los señores Eusebio A.

Morales y R.A.."

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Una vez trascrita las observaciones esgrimidas por la Procuraduría General de la Nación, pasamos a exponer las siguientes consideraciones:

De conformidad con el numeral 2 del artículo 100 del

Código Judicial es facultad de la Sala

Cuarta de la Corte, examinar las

resoluciones judiciales pronunciadas en país extranjero, ya que es la encargada

de declarar la ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras, pues

sin el exequátur no tendrían ningún efecto como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, o para ser

ejecutada.

Todos los actos judiciales pronunciados en forma de fallo o de sentencia son susceptibles de exequátur, lo que se requiere es que sean de carácter privado, o sea, civil, mercantil y que además sean dictadas por autoridades judiciales competentes de la esfera internacional.

El Código de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante) en su artículo 424 indica: "que la ejecución de la sentencia deberá solicitarle del juez o tribunal competente para llevarla a efecto, previas las formalidades requeridas por la legislación interior", en nuestro caso la legislación panameña.

En este sentido el artículo 1419 del Código Judicial, establece que las sentencias emitidas en Tribunales Extranjeros, así como los fallos arbitrales extranjeros tendrán la fuerza que establezcan los convenios o tratados respectivos ratificados por la República de Panamá. En caso tal no hubiese tratado especial con el Estado que expidió la sentencia, se podrá ejecutar dentro del territorio, salvo no cumplan lo preceptuado dentro de nuestra normativa jurídica procesal.

Nuestro ordenamiento jurídico vigente, exige para la

ejecución en Panamá de una sentencia dictada en el extranjero: que la misma

haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal; que

no se haya dictado en rebeldía;

entendiéndose por tal, el caso en que la demanda no haya sido

personalmente notificada al demandado, dentro de la jurisdicción del Tribunal

de la causa, a menos que el demandado rebelde solicite la ejecución; que la

obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en Panamá; y,

que la copia de la sentencia sea auténtica.

A fin de identificar si la sentencia cumple con los requisitos estipulados en nuestro ordenamiento jurídico para su reconocimiento, esta Superioridad considera, "prima facie", que la sentencia resuelve un litigio que hacía referencia a los dueños de terrenos, como poseedores de propiedad privada dentro de la antigua Zona del Canal, a los oficiales y agentes de los Estados Unidos en la Zona del Canal, lo cual evidencia que la sentencia fue dictada bajo el ejercicio de una pretensión personal, cumpliéndose con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 1419 del Código Judicial.

En el numeral 2 del citado artículo exige que las sentencias no hayan sido dictadas en rebeldía, en ésta consta que fue firmada por el asesor legal de los demandados, aunado al hecho que es el heredero declarado del señor N.B.B., quién actúo como demandado en el proceso, y es la persona que está solicitando el reconocimiento de la sentencia dentro del territorio panameño.

Al estudiar la sentencia emitida por la entonces Corte de Circuito del Tercer Circuito Judicial, C., Zona del Canal, se desprende que cumple parcialmente con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 1419 lex cit., y en el 877 del mismo cuerpo legal, ya que si bien la sentencia fue autenticada por el Director de los Archivos Nacionales y Registros Administrativos de Washington, D.C., 20408, y éstos a su vez autenticados por el funcionario consula de Panamá en Washington, y por el Departamento de Legalización de Ministerio de Relaciones Exteriores; también es cierto que la sentencia presentada está incompleta, toda vez que al estudiar la sentencia en idioma español, nos percatamos de la incongruencia existente a foja 8-9 (sentencia en inglés), con las fojas 22-23 donde aparece la sentencia al español.

De igual forma, el documento visible a foja 16 del expediente que hace alusión a la Declaración Jurada de G.M. WELLS se encuentra incompleta, así como su traducción al idioma español por lo que no cumple a totalidad con los artículos 1419 y 877 del Código Judicial.

En torno a la licitud de lo que se quiere reconocer en el territorio panameño, como hemos visto se trata de una sentencia la cual falló lo concerniente a las porciones de tierras marcadas y designadas en el Mapa Harrison-Arosemena de 1862, tales como "Río Indio". Además se falló en cuanto a la parte o porción de las tierras situadas al este del Río Chagres.

En cuanto a este particular, procede la Sala hacer sus consideraciones de fondo en cuanto al proceso. En primera instancia es necesario indicar que mediante el tratado H.B.V. de 18 de noviembre de 1903, aprobado mediante Decreto Nº24 de 2 de diciembre de 1903, nuestro país concedió a Estados Unidos el uso, ocupación y control de la zona de tierra y de tierras cubiertas por agua para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal de diez millas de ancho que se extendía a una distancia de 5 millas a cada lado de la línea central de la ruta del canal que se construiría. Además concedió cualesquiera otras tierras y aguas que fueran necesarias y convenientes para tales fines; zona sobre la cual tendrían "... todos los derechos, poder y autoridad que los Estados Unidos poseerían y ejercitarían si ellos fueran soberanos del territorio dentro del cual están situadas dichas tierras y aguas..."

Para todos estos efectos, el gobierno de Panamá promulgó el Decreto 434 de 1 de octubre de 1959 por el cual se ordena al Registrador General cancelar las inscripciones de títulos de propiedad inscritos en el Registro y que se refieren a tierras que salieron de la jurisdicción de la República de Panamá, en virtud de los tratados celebrados con los Estados Unidos.

Las cancelaciones ordenadas por el Decreto 434 de 1959, se hará siempre que se presente prueba de que tales inscripciones se refieren a tierras que salieron de la jurisdicción de la República por los tratados ya citados.

El

artículo 2 del referido Decreto 434 contempla que, al ser recuperadas las

tierras que salieron de la jurisdicción de la República de Panamá, éstas sólo

podrían inscribirse en el Registro de la Propiedad en virtud de nuevos títulos

a favor de la Nación o de las personas o entidades públicas a que la Nación les

traspase esas tierras.

En vista de ello, vemos como bien señala la Procuraduría de la Nación, que las tierras revertidas ingresaron al patrimonio nacional como propiedad del Estado panameño, considerando que es ilícita la ejecución en el territorio panameño de la sentencia, que se presenta para este procedimiento.

Aunado a lo anterior, consideramos prudente indicar que de conformidad con el artículo 1 de la Ley Nº17 de 29 de agosto de 1979, reformado por el Artículo 1º de la Ley Nº19 de 29 de septiembre de 1983, fueron declarados de dominio público, todos los bienes que revirtieron a la República de Panamá a consecuencia del Tratado del Canal de Panamá de 1977 y sus acuerdos conexos. El área de terreno sobre la cual el recurrente está reclamando el dominio, el cual está comprendido dentro de este territorio, por lo tanto, son bienes de dominio público, por así haberlo dispuesto la norma antes citada.

Según el Artículo 257 de la Constitución Nacional, los bienes de dominio público no pueden ser objeto de apropiación privada, por lo que se hace imposible obtener, mediante procesos jurisdiccionales, títulos constitutivos de propiedad.

Como

segundo punto, es importante indicar que la sentencia fechada 31 de mayo de

1913, y el decreto del 14 de abril de

1915, resuelven lo referente a las tierras en litigio como ha sido descrito en

párrafos anteriores, sin embargo no hacen alusión al derecho de propiedad que

tienen cada uno de las participantes (demandantes, demandados), más bien la

sentencia indica que las propiedades e

indemnizaciones de dichos terrenos estaban por resolverse en la Comisión

Conjunta de Tierras del Canal de Panamá;

asimismo indica que algunos peticionarios-demandantes harían sus reclamos

a dicha Comisión, los cuales en aquel momento se encontraban pendientes de adjudicación (foja 35).

Se colige de lo antes dicho, que la decisión emitida por la Corte del Circuito, Tercer Circuito Judicial de Cristóbal, Zona del Canal, Estados Unidos de América; no se identifica con la autoridad de cosa juzgada o acto imperativo.

El carácter de cosa juzgada es indispensable para que una sentencia pueda ser objeto de exequátur. Esta afirmación se fundamenta en la naturaleza vinculante y obligatoria que contienen esas decisiones extranjeras y que, por tanto, requieren una autorización por parte de este Tribunal a fin de poder tener esos efectos dentro del territorio nacional, lo cual conlleva una revisión de cada caso, de tal forma que se verifique de antemano si las resoluciones de que se trate vulneran o no principios considerados de orden público dentro de nuestro país. Cuando a una resolución se le otorga exequátur, eso significa que la misma adquiere el carácter de cosa juzgada dentro de Panamá y que, de ser el caso, tal ponderación de la resolución puede ser la base para la reclamación de derechos en el país.

Por todo lo anterior, consideramos que el reconocimiento y ejecución de las sentencias "in examine" violaría nuestro fuero interno, toda vez que el proceso a simple vista está en contra del orden público; aunado al hecho que los documentos aportados no cumplen con las formalidades señaladas en las norma legal.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO EJECUTABLE en la República de Panamá, la Sentencia Extranjera, dictada el 31 de mayo de 1913, por la Corte de Circuito, Tercer Circuito Judicial de Cristóbal, Zona del Canal, Estados Unidos de América; por la cual se pone fin al litigio de las tierras denominadas "Río Indio" entre E.A.M. y R. A. contra R.S.A., B. B., B.B., E.J. E., A.B., L.B., N.B., T.B. y como terceros intervinientes G.W.G. a nombre de The Railroad Company e Isthmian Canal Commission (United States of América).

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

VICTOR L. BENAVIDES P. -- HARLEY J. MITCHELL D.--

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

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