Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Enero de 2019

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución28 de Enero de 2019
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Conoce la S. Civil de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por el licenciado A.M.F., apoderado judicial de COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE TRANSPORTES BUGABEÑOS, R.L. (COOSETRAB), contra el Auto fechado el 20 de diciembre de 2011, proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro de un incidente de daños y perjuicios propuesto en el proceso ordinario con acción de secuestro habido en su contra por G.A.S..

El recurso de casación ha sido sustanciado hasta colocarlo en estado de decidir su mérito, a lo cual se procede expresando primero que la resolución judicial impugnada, se trata de un auto que en segunda instancia decide un incidente de daños y perjuicios producidos por la práctica de una medida cautelar de secuestro, dentro de un proceso ordinario incoado en contra de la incidentista COOSETRAB, R.L.. La decisión del Tribunal Superior consistió en confirmar el criterio del juzgado de primera instancia, que a su vez declaró no probado el incidente.

En el auto recurrido en casación, el Tribunal Superior confirma la decisión tomada por el Juzgado Cuarto de Circuito Civil de Chiriquí, pero por razones distintas a las esbozadas por este último tribunal. Expresa el ad quem que mientras el tribunal de primera instancia consideró que la pretensión originaria que fue acompañada con secuestro, no fue declarada de mala fe o temeraria –lo cual es presupuesto esencial para conceder la pretensión indemnizatoria– , es criterio del Superior, en cambio, que para que la parte secuestrada obtuviese indemnización de acuerdo a derecho, ha debido de obtener una sentencia que desestimase expresamente la pretensión de la parte demandante, lo cual no obra en autos.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial detalla que las decisiones proferidas en el curso del proceso ordinario, se centraron en examinar la excepción de prescripción alegada como defensa por COOSETRAB, R.L., que en aquel momento fungía como parte demandada, con lo cual, dando por acreditada dicha excepción, no se evaluó el mérito de fondo de la pretensión ensayada por G.A.S., quien era la parte demandante. De ahí que técnicamente dicho demandante no obtuvo una resolución fondo que denegara su pretensión. En consecuencia, el tribunal no considera cumplido uno de los requisitos legales para que proceda la indemnización por el secuestro practicado a su ruego, contenido en el artículo 547 del Código Judicial.

En su parte medular, la resolución recurrida expresa lo siguiente (fs. 216-220):

En consonancia con la naturaleza de la acción reclamada, vale destacar que la acción resarcitoria de COOSETRAB, R.L. se apoya en lo regulado por el artículo 547 del Código Judicial, normativa procesal que permite la reclamación de daños y perjuicios en contra de un litigante que ha actuado con temeridad y mala fe, y habiendo ejercitado la acción dentro del término de tres meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución que denegó la pretensión del demandante dentro de un proceso en el que mediaron acciones cautelares, motivo por el cual este mecanismo procesal se convierte en la herramienta procesal del litigante damnificado para exigir ante los tribunales de justicia una compensación económica producto de un proceso en el que resultó favorecido.

Es importante destacar que la correcta aplicación de esta disposición procesal lleva a reexaminar en su estructura el principal componente normativo que sirve como punto de partida para la viabilidad jurídica de la acción resarcitoria ejercida por vía incidental; es decir, el requisito que atañe a la existencia de una resolución que niega la pretensión del demandante y que además se encuentre ejecutoriada al momento de formular la reclamación pertinente.

(…)

Respecto a lo anterior, discrepa la S. de la afirmación enunciada por el recurrente, puesto que el atento análisis de todas las resoluciones emitidas dentro de la contienda ordinaria seguida por G.A. SANTAMARÍA en contra de COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES BUGABEÑOS, R.L. (COOSETRAB, R.L.) no permite colegir que en ella se obtuvo una decisión de fondo que categóricamente dispuso desestimar la pretensión de ALTAMIRANO SANTAMARÍA.

Téngase en cuenta que la S. Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, a través de la resolución de 25 de noviembre de 2009, dispuso casar la Sentencia Civil de 26 de enero de 2004, proferida por esta corporación y, en consecuencia, reformó la Sentencia N°37 de 12 de noviembre de 2003, dictada por el Juzgado Séptimo del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, en el único sentido de declarar no probada la excepción de prescripción de la acción formulada por COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES BUGABEÑOS, R.L. (COOSETRAB, R.L.) y la confirmó en todo lo demás.

Trasladándose la S. a examinar el contenido de la sentencia de primera instancia visible a foja 600-605 del dosier principal, podremos constatar que el tribunal de primera instancia concluyó declarando probada la excepción de prescripción alegada y, en consecuencia, negó las declaraciones solicitadas por el demandante ALTAMIRANO SANTAMARÍA; por consiguiente, la S. puede concluir que el pronunciamiento de la Corte, únicamente, va relacionado con la desaprobación del mecanismo procesal de defensa que formuló COOSETRAB, R.L., a través de la promoción de la excepción aludida, de manera que al disponer la confirmación de la decisión de primera instancia (Sentencia N°37 de 12 de noviembre de 2003) “en todo lo demás”, esa instancia superior está reiterando la postura de la jueza primaria al denegar las pretensiones del demandante porque la aprobación en primera instancia de la excepción formulada por la demanda llevó en su momento a enervar el estudio de la pretensión de fondo del actor ALTAMIRANO, siendo esta la razón que claramente explica la motivación que tuvo la sentencia de primera instancia de no aprobar o desaprobar la pretensión de G.A. dentro del proceso ordinario referido”.

Así pues, contra esta decisión confirmatoria del Tribunal Superior, la parte incidentista COOSETRAB, R.L., interpuso recurso de casación ante la S. Civil de la Corte, solicitando que se case el auto de segunda instancia descrito; y, como tribunal de instancia, se revoque la decisión de primer grado accediendo a la indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un secuestro temerario. El recurso extraordinario de casación, invoca dos conceptos de la causal de infracción de normas sustantivas de derecho; la primera consistente en el error de hecho sobre la existencia de la prueba, y la segunda que corresponde con el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Examinemos las causales de acuerdo al orden establecido en el artículo 1192 del Código Judicial.

RECURSO DE CASACIÓN

La primera causal de casación presentada, consistente en la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, se sustenta en dos motivos que denuncian la no apreciación por parte de la resolución judicial recurrida, de medios de prueba que obran en autos a fojas 27-43 y 149-190, y que están dirigidos a comprobar la existencia de los daños y perjuicios sufridos por la parte incidentista.

En el primer motivo, la parte recurrente denuncia la no apreciación de unos informes de auditoría realizadas a sus oficinas por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), que determinaron irregularidades producto de la administración judicial, así como “una afectación al patrimonio de la cooperativa COOSETRAB, producto de la administración judicial del secuestro interpuesto por G.A. contra COOSETRAB.” Añade que de haber tomado en cuenta este medio de prueba, se habría reconocido los daños y perjuicios reclamados en el presente incidente, con lo cual el error influyó en la decisión del mismo.

El segundo cargo de legalidad, hace alusión a los dictámenes periciales practicados en el proceso, que demuestran según la censura, el monto de los daños y perjuicios causados a COOSETRAB, “pues el secuestro interpuesto por G.A. le causó una lesión patrimonial a la cooperativa que está debidamente acreditada en estos peritajes.” Se finaliza esta causal alegando que se haber valorado estas pruebas, se habría reconocido el monto de los daños y su correspondiente indemnización.

Como normas de derecho consideradas infringidas, se citan las contenidas en los artículos 780 y 834 del Código Judicial; y la del artículo 974 del Código Civil. Las primeras que desarrollan los medios de pruebas admisibles en los procesos judiciales en general, particularmente los documentales y periciales; y la sustantiva que regula el origen de las obligaciones.

CONSIDERACIONES DE LA SALA CIVIL

Un estudio de las motivaciones de la resolución de 20 de diciembre de 2011 impugnada, contrastadas con los cargos de legalidad que se esgrimen en esta primera causal, conduce a concluir con certeza y rapidez que estos últimos no tienen influencia sustancial en la decisión del asunto; condición que demanda expresamente la Ley para otorgar mérito al recurso extraordinario de casación.

El incidentista pide indemnización a la contraparte por la práctica de una medida cautelar de secuestro en su contra, pero en ambas instancias le niegan esta pretensión, que viene sustentada en los artículos 532 y 547 del Código Judicial. Como quedó expuesto, la decisión del caso en las instancias ordinarias consistió, en primera instancia, en que a pesar de haberse acreditado el daño ocasionado por el secuestro, no se estableció un elemento fundamental para acceder a la pretensión de condena, a saber, la mala fe o temeridad de la parte que solicitó la medida cautelar por la cual se pide indemnización, que considera el juez, es un presupuesto necesario para obtener un fallo favorable en estos casos. El juzgado de primera instancia citó un extracto del fallo de esta S. Civil que, al resolver el proceso ordinario en donde se practicó la medida de secuestro, dictaminó que “no se advierte mala fe en la actuación del actor, por lo que consideramos atinado confirmar la costas impuestas por el Juez Primario”.

En segunda instancia, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial confirmó la decisión del tribunal de primer grado, pero sustentándose en otras razones. Consideró dicho tribunal que las decisiones emitidas por la jurisdicción en el proceso ordinario donde se practicó la cautela procesal, técnicamente no denegaron la pretensión del demandante, con lo cual no se cumple un elemento previsto en el artículo 547 del Código Judicial, para acceder a ordenar indemnización por la práctica de un secuestro (fs.219-220).

Como vemos, el tema de los daños supuestamente sufridos no fue la razón por la cual se denegó la pretensión reparatoria de COOSETRAB, R.L., sino la consideración legal de que no se cumplieron los presupuestos legales para concederla. La recurrente, alejada por completo del análisis del Tribunal Superior, expresa como causal de casación, la no apreciación de medios de prueba dirigidos a acreditar el daño sufrido como consecuencia de la medida cautelar, pero sin tomar en consideración que la denegatoria de su pretensión reparatoria nada tiene que ver con el reconocimiento del daño, sino por una consideración de orden puramente legal. En consecuencia, para lograr una censura exitosa, tendría primero la recurrente que refutar las consideraciones que se utilizaron en el auto de segunda instancia, para luego abordar el tema de los daños ocasionados puesto que el análisis de dichos daños no tiene, de momento, relevancia alguna en la decisión del caso si se mantiene la consideración jurídica del tribunal consistente en que no correspondía indemnizarlos.

En otras palabras, la COOSETRAB, R.L. tendría necesariamente que desvirtuar primero la consideración del Tribunal Superior consistente en que la incidentista o peticionaria de indemnización, no había obtenido técnicamente un fallo favorable que negara la pretensión del demandante en aquel proceso; de otro modo, el debate sobre si se causó daños o no, reiteramos que no tiene influencia en la decisión del caso.

El artículo 1195 del Código Judicial enseña que la Corte no tomará en cuenta causales de casación que no hayan sido invocadas en el escrito de formalización del recurso, pues la casación, como recurso extraordinario que es, tiene un conocimiento limitado a los cargos que denuncie quien acude a esta sede. Luego, la conclusión del examen de la primera causal no puede ser otra que declarar que el cargo denunciado no cumple con las condiciones legales para otorgarle mérito, siendo procedente examinar la otra causal de casación invocada.

En la segunda causal de casación, correspondiente con la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, la parte recurrente denuncia a través de un motivo, la mala apreciación del Tribunal Superior de la sentencias proferidas en el curso del proceso ordinario suscitado entre G.A. SANTAMARÍA y COOSETRAB, R.L., puesto que asumió que estas decisiones no otorgan derecho a la demandada a reclamar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del secuestro practicado en el proceso, sobre la base de que la demandada no fue “absuelta” de la pretensión. Añade la censura que las sentencias determinan claramente que el demandante G.A. no tenía un motivo justificado para demandar a COOSETRAB, lo que debe equivaler a temeridad.

Como normas de derecho consideradas infringidas en esta segunda causal, se citan las contenidas en los artículos 781, 836 y 217 del Código Judicial; y en el artículo 1644 del Código Civil.

CONSIDERACIONES DE LA SALA CIVIL

Como es ostensible, en esta ocasión la parte recurrente sí impugna el juicio del Tribunal Superior para denegar su petición indemnizatoria, puesto que refuta la consideración jurídica del fallo que estimó que no cabía siquiera reclamar reparación, en vista de que las sentencias proferidas en el proceso ordinario de mayor cuantía suscitado entre G.A. SANTAMARÍA y COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE TRANSPORTES BUGABEÑOS, R.L. (COOSETRAB), no habían técnicamente denegado la pretensión, sino que por haber reconocido una excepción de naturaleza temporal (excepción de prescripción), no habían emitido un pronunciamiento sobre el mérito mismo de la acción.

Se apunta entonces a la errónea apreciación de las sentencias proferidas en aquel proceso ordinario, pues según la parte recurrente, de aquellos fallos no emerge la conclusión a que llegó el auto recurrido en casación, sino todo lo contrario, pues especialmente la decisión de la S. Civil, al resolver a su vez un recurso de casación invocado en dicha causa, expresó que el demandante G.A.S. no tenía justos motivos que sustentaran su pretensión, negando su derecho. De estas conclusiones, la ahora recurrente estima además que surge la temeridad del demandante, y luego su obligación de indemnizar los daños producidos por el secuestro que acompañaba su demanda.

La Corte en este nuevo recurso de casación, ha examinado su decisión de 25 de noviembre de 2009, visible a fojas 5-18 del presente incidente así como a fojas 686-699 del expediente principal, de la cual surge con claridad que, si bien se otorgó mérito al recurso de casación interpuesto por G.A.S., igualmente se negó su pretensión como lo habían hecho antes los tribunales ordinarios, pero por otros motivos. Dicho en otras palabras, a pesar de que consideró esta S., que la relación habida entre los litigantes era de naturaleza contractual –con lo cual no aplicaba el término de prescripción de un año que habían estimado los tribunales ordinarios–, a pesar de esta consideración, decimos, se denegó la pretensión del prenombrado demandante sobre la base de que no había sustento jurídico ni fáctico en su pretensión ordinaria. Dijo la Corte:

En efecto, esta S. considera que le asiste la razón al recurrente en este aspecto, en el sentido de que la responsabilidad aplicable a la situación planteada es contractual, porque la relación entre demandante y demandada se inició a raíz de la afiliación de aquél a COOSETRAB, R.L., en calidad de socio, estableciendo lo que sin dudas constituyó un relación consensual o contractual.

(…)

Esto significa que, como la relación de marras es de naturaleza contractual, el término de prescripción es de siete (7) años, contenido en el artículo 1701 del Código Civil, por tratarse del término a aplicar a las acciones personales que no tienen señalado un término especial de prescripción, de manera que en opinión de la S. la acción entablada que nos ocupa, no ha prescrito.

(…)

En este orden de cosas, es necesario determinar si efectivamente COOSETRAB, R.L., es responsable del perjuicio económico en su contra, que le atribuye ALTAMIRANO SANTAMARÍA

. (Subraya la S. Civil)

Una lectura de estos extractos de la sentencia de 25 de noviembre de 2009, da cuenta de que la S., al reconocer mérito al recurso de casación, entró a conocer sobre el mérito mismo de la pretensión de ALTAMIRANO SANTAMARÍA, negándola. Lo cual afirma categóricamente en su página 11, que dice:

Por otro lado, estima esta S. que COOSETRAB, R.L., no incurrió en incumplimiento de sus obligaciones al expulsar a ALTAMIRANO de sus filas, porque se fundó debidamente en una causal para hacerlo, aplicó el procedimiento que para este tipo de decisiones tenía la Cooperativa en sus estatutos, y este último no impugnó la decisión final; la solicitud posterior que hizo el actor para que dejara de utilizar su ruta y su piquera, así como su solicitud (de la demandada) a la A.T.T.T. para que cancelara el Certificado de operación de marras (que no fue admitido por dicha institución), es consecuencia lógica de la decisión tomada.

Lo expuesto, a todas luces determina la inexistencia del elemento dolo o culpa en esta relación, como tampoco hubo negligencia; el elemento morosidad no cabe en esta controversia.

Por consiguiente, al no verificarse que el daño alegado fuera producto de esa expulsión (no consta que el actor intentara ubicarse en otra ruta no administrada por COOSETRAB, R.L. para continuar la explotación del transporte público de pasajeros), ni el nexo de causalidad entre ambos, no es posible determinar la responsabilidad que aduce el recurrente, lo que nos induce a concluir que no le cabe responsabilidad a la Cooperativa demandada para ser condenada por daños y perjuicios, como lo solicitó el demandante, como tampoco su reingreso a la Cooperativa, por haber sido expulsado sin haber impugnado esa decisión, lo que demuestra su conformidad

. (Subrayado es nuestro)

Se evidencia así, el error de derecho en cuanto a la apreciación de estas pruebas, puesto que una lectura serena de las mismas, especialmente la decisión de la S. Civil que resolvió en última instancia la controversia, da cuenta que se juzgó el mérito de la pretensión ordinaria de G.A.S., negándola; y de ninguna manera lógica podría entenderse, como lo hace el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que técnicamente no hubo un decisión que negara la pretensión del actor en aquel proceso, actor que como es sabido, solicitó una medida cautelar de secuestro.

Este error de orden lógico en la apreciación de la sentencia de 25 de noviembre de 2009, es determinante en la decisión ahora recurrida, razón por la cual procede anularla, tal como ordena el artículo 1195 del Código Judicial, colocándose la S. Civil en la posición que tenía el Tribunal Superior.

Colocados, como estamos, en la posición del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, hemos de empezar diciendo que la norma en que se sustenta el presente incidente de reparación de daños y perjuicios producto de un secuestro, se encuentra en el artículo 547 del Código Judicial, que resulta preciso citar:

Artículo 547. Si la resolución ejecutoriada negare la pretensión del demandante, habiendo mediado secuestro u otra medida cautelar, se devolverá la caución prestada para garantizar los perjuicios, si en el fallo se expresase que el demandante actuó de buena fe, salvo en lo que se refiere al pago de costas y expensas del proceso. Si no mediare la declaración a que se refiere el párrafo anterior, la caución sólo se liberará y devolverá si el demandado absuelto no formulase reclamación para indemnización de daños y perjuicios dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la resolución en que resultó absuelto.

Si el demandado absuelto presentase la reclamación a que se refiere el párrafo anterior, no necesitará dar caución para asegurar la retención de la garantía retenida a su favor.

Esta norma jurídica, sustento legal de la presente petición, no requiere en ninguna de sus partes como presupuesto fáctico, la acreditación de mala fe o temeridad, sino que sólo ha de demostrarse la existencia de una sentencia ejecutoriada que haya negado la pretensión de la parte demandante, que haya mediado por esta última un secuestro u otra medida cautelar, y la prueba de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la práctica de aquella cautela procesal. Todo esto dentro del plazo que también es determinado legalmente. De ahí que el requerimiento fáctico pedido por el juzgado de primera instancia en el Auto de 20 de junio de 2011, tampoco tenga soporte legal alguno. Así lo ha dicho esta S. de lo Civil en sentencia de reciente data, el 20 de abril de 2012, dentro del incidente interpuesto por JORLE, S.A., contra INVERSIONES FÁTIMA, S.A., que conviene citar:

H. un análisis de esta norma, se colige entonces que, contrario al criterio plasmado por el Tribunal Ad-quem dentro de la resolución recurrida, la parte que resulte absuelta en un proceso donde se le haya practicado una medida cautelar de secuestro, puede solicitar una reclamación por daños y perjuicios sin que le corresponda acreditar la temeridad de quien lo demandó y solicitó la ejecución de la medida cautelar correspondiente. Debe este tipo de procesos o reclamación, ceñirse a comprobar el daño y perjuicio causado, el cual debe ser injustificado e imputable a quien solicitó la práctica del secuestro correspondiente.

Sin embargo, es propicio también aclarar que los daños y perjuicios que se aleguen en este tipo de incidentes, no pueden consistir de ninguna manera en honorarios de abogados, ni tampoco en los honorarios asumidos para el pago de los depositarios judiciales, pues estas erogaciones están contenidas y asumidas dentro de la definición legal de Costas, que delimita claramente y con rigor, el artículo 1069 del Código Judicial, en sus numerales 1, 2 y 3. Como tales, estas costas y gastos es preciso liquidarlas en la vía procesal correspondiente, esto es, al momento de liquidar la decisión de mérito en el proceso ordinario principal.

Decimos lo anterior en atención a que el incidente de indemnización de daños y perjuicios, visible a fojas 22-26 del dosier, se sustenta en su mayoría en daños que no son congruentes con esta figura jurídica, puesto que procede pedirlos al momento de la liquidación de la sentencia que decidió el proceso ordinario. Al respecto, el artículo 1070 del Código Judicial previene que “cuando haya condenación en costas, se tasarán las de los ordinales 1, 2 y 5 del artículo anterior [artículo 1069] por el Juez de la instancia donde se hayan causado, y las de los ordinales 3 y 4 por el Secretario de la Primera Instancia.”

A pesar de esta norma, el incidentista COOSETRAB, R.L., pide reparación por cinco conceptos: 1. Por culpa de los peritos administradores en vista de que “no administraban correctamente” los bienes secuestrados. 2. Por la cantidad de dinero que han cobrado los Administradores Judiciales durante los 9 años que duró el proceso. 3. Por privar a la COOSETRAB de los recursos provenientes del alquiler de 5 locales comerciales, que se estima en VEINTE MIL BALBOAS (B/.20,000.00). 4. Los costos de la defensa de la demanda. 5. Daños morales que deja al arbitrio de la jurisdicción.

La afirmación principal en que se sustenta la petición de indemnización, viene dada por el supuesto mal manejo de los depositarios judiciales, de los cuales se llega a afirmar solicitaron su remoción en dos ocasiones, ya que tanto E.M. como R.I.B.R. no administraron de manera adecuada el bien inmueble secuestrado (hecho segundo del incidente). Sin embargo, la parte incidentista no ha afirmado ni demostrado una relación directa entre los supuestos malos manejos de los depositarios judiciales y la persona que solicitó la medida cautelar de secuestro, lo cual lógicamente es necesario, puesto que el depositario judicial por sí mismo, contrae obligaciones personales inherentes a su cargo, contenidas tanto en el Código Civil en sus artículos 1478-1481, como en el Código Judicial en los artículos 552-554.

Dicen, a guisa de ejemplo, los artículos 1480 del Código Civil y 553 del Código Judicial:

Artículo 1480. El depositario de bienes secuestrados está obligado a cumplir respecto de ellos todas las obligaciones de un buen padre de familia. (Subraya la S. Civil).

Artículo 553. Sin perjuicio del artículo anterior, el Juez discrecionalmente podrá ordenar la constitución de una caución por parte del depositario, señalándose un término para consignarla que no excederá de quince días hábiles. De no consignarse la caución exigida, se procederá inmediatamente a la remoción del depositario y la designación por otro por el tribunal.

Ambas normas, especialmente la sustantiva, determinan que el depositario judicial tiene obligaciones personales y autónomas al peticionario del secuestro, con lo cual responde de los supuestos malos manejos en que haya incurrido en la administración de la cosa secuestrada, lo mismo que puede ser removido en cualquier momento a instancia de las partes o del Juez (artículo 552 del Código Judicial). Desde este panorama legal, el incidentista COOSETRAB, R.L. debió demostrar por qué el secuestrante G.A. SANTAMARÍA debía responder por actos de terceros ajenos a él, lo cual en medida alguna consta en autos.

De todo lo anterior, emerge que sólo los daños alegados por no haber podido utilizar los recursos provenientes de los locales comerciales secuestrados, puede ser objeto de examen en el presente incidente de indemnización por daños y perjuicios producto de un secuestro. Lamentablemente, al examinar las pruebas periciales que estaban destinadas a aclarar el alcance de estos daños, observamos que los mismos no son concluyentes en sus afirmaciones, sino que sugieren montos que no coinciden ni con el memorial de la parte incidentista que los había tasado en VEINTE MIL BALBOAS (B/.20,000.00) (foja 23), ni con las explicaciones que luego emiten al momento de ser examinados por las partes y por el Juez. Las respuestas brindadas por los expertos resultan cuando menos especulativas y contradictorias. Veamos.

Mientras que en los informes entregados por los peritos afirmaban que el monto del daño por no poder utilizar los recursos provenientes de los locales comerciales secuestrados arrojó una cantidad de B/.114,000.00, referidos a la falta total de cobro de cánones de arrendamiento (fs. 153), al momento de responder las preguntas de los abogados en la diligencia de entrega, expresaron que sí se cobraron los cánones de arrendamiento, pero que los mismos eran entregados a los administradores judiciales y no directamente a cooperativa COOSETRAB (fs. 142-145), lo cual es consecuencia lógica de la práctica del secuestro y no necesariamente significa que la cooperativa no percibió estas sumas aunque indirectamente. Conviene aludir a la diligencia:

Pregunta: dígame si lo que yo digo es cierto a ver si entendí cuando usted expresa que la suma dejada de percibir en concepto de alquileres es porque los alquileres se pagaron al administrador y no llegaron directamente a manos de la cooperativa en otras palabras los arrendatarios pagaban eso es lo que yo entendí, explique por favor. Contestó: En efecto los ciento catorce mil cien se refieren a la suma corresponde (sic) al arrendamiento estimado por nueve años que no cobró la cooperativa sino los administradores judiciales, y si comprendió bien según mi informe

. (Subraya la S. Civil)

Con esta referencia, no puede concederse el monto que sugieren los peritos sobre la base de que los arrendamientos no se cobraron directamente por la incidentista, pues la figura del administrador judicial alude a que los cobros que él realice son para la cooperativa demandada, dependiendo del resultado del juicio.

En definitiva, y después de hacer un examen integral de los medios de prueba que buscaban confirmar el alcance de los daños sufridos como consecuencia del secuestro peticionado por G.A.S., hemos llegado a la misma conclusión a que arribó el tribunal de primera instancia, esto es, la consideración de que el incidente en mención no ha sido debidamente comprobado; de ahí que se imponga la aplicación de la norma contenida en el artículo 1197 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la resolución judicial de 20 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del incidente por daños y perjuicios propuesto por COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTES BUGABEÑOS, R.L. (COOSETRAB), en el proceso ordinario con acción de secuestro que le siguió G.A.S.; y, convertida en tribunal de instancia, CONFIRMA el auto N°754 de 20 de junio de 2011, dictado por el Juzgado Cuarto del Circuito Civil de Chiriquí, pero por las razones anotadas en la parte motiva de la presente decisión de acuerdo al artículo 1197 del Código Judicial.

No hay lugar a condena en costas de casación.

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN (CON SALVAMENTO DE VOTO)

S.F.D.C.(.)

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