Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Abril de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:10 de Abril de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 10 de abril de 2019

Materia: Tribunal de Instancia

Expediente: 861-18

VISTOS:

La firma forense De Obaldía & García De Paredes, actuando en nombre y representación del señor R.E.A.G., ha presentado Recurso de Apelación contra el Auto No. 92 de 29 de junio de 2017, que libra mandamiento de pago, actualizado por el Auto No. 355 de 8 de noviembre de 2017, ambos dictados por la Caja de Ahorros dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue a W & R Medical Products, S.A. (deudora) y a los señores W.K.G. o Waltter Kravcio Guardia, R.E.A.G. y V.O.V.M. (fiadores solidarios).

  1. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN.

    Los apoderados judiciales del señor R.E.A.G., fundamentan su pretensión en los siguientes puntos:

    · Que W & R Medical Products, S.A. es una sociedad panameña, inscrita al folio 705963, de la Sección Mercantil del Registro Público, desde el 5 de julio de 2010, representada por el señor W.K.G. o Waltter Kravcio Guardia, portador de la cédula de identidad personal 8-414-741, la cual inició operaciones bajo la razón comercial denominada Centro de Tratamiento N. (en adelante N.), el día 12 de diciembre de 2013, ubicada en el sótano del Hospital Punta Pacífica.

    · Que desde octubre de 2014, N. fue equipado con la mejor tecnología existente para el tratamiento de radiocirugía y radioterapia, posicionándose de inmediato como pionero en Panamá, Centroamérica y el Caribe; así como para la realización de estudios PET CT, incorporando tecnología innovadora en la región, para este rubro. Por tanto, especializándose en dos áreas de servicios, a saber: radiocirugías/radioterapias y la Unidad PET CT.

    · Que el centro N. cuenta con el único equipo acelerador lineal digital "True BeamSTxwithN. de América Latina" y el equipo Discovery PET/CT que permite un mejor diagnóstico de problemas oncológicos, neurológicos y cardiológicos.

    · Que unos meses antes de su apertura, es decir, unos meses antes del 12 de diciembre de 2013, abrió otro centro médico en el país, que en lugar de contar con el acelerador lineal digital true beamstx, utilizó un modelo precedente, a saber: "el Trilogy-Análogo."

    · Que antes de la existencia de N. y de su competidor local, cualquier paciente de la Caja de Seguro Social, que requiriera de tratamientos mediante radiocirugía o radioterapia, previa evaluación del Servicio de Neurocirugía de dicha institución, eran externalizados hacia proveedores ubicados en Estados Unidos de América, para recibir el tratamiento requerido al no contarse con la tecnología en los centros hospitalarios locales ni estatales.

    · Que tan pronto aperturan el centro N. y su competidor local, los servicios requeridos por pacientes de tratamiento de radiocirugía o radioterapia, pasan a ser objeto de proceso de selección de contratistas, presentándose varias irregularidades en el manejo de las licitaciones, por lo que solicitó con insistencia que se hiciera una inspección de su centro y del competidor demostrando ventajas técnicas y aportando información correspondiente.

    · Que a raíz de lo anterior la Caja de Seguro Social expide el documento DENSYPS-SDNDISS-Nota 041-2014 de 26 de marzo de 2014, donde dictamina expresamente que: "...la clínica que califica para brindar el servicio de Neuroradiocirugía a los pacientes de la Caja de Seguro Social que así lo ameriten, es la que cuenta con el equipo denominado STx true B. de varian (Digital)...", es decir, el centro W & R Medictal Products, S.A. (N.).

    · Que a partir de lo anterior se establecen algunas disposiciones en los pliegos de cargos de los procesos de selección de contratistas, de manera que los pacientes recibieran una atención con la mejor tecnología existente en la plaza, haciéndose W & R Medical Products, S.A. (N.) de veintisiete (27) licitaciones en el año 2014, una cantidad inferior al número de pacientes que eran externalizados a Estados Unidos de América, antes de que pudieran ser atendidos en Panamá.

    · Que mediante la Resolución N°02 de 30 de marzo de 2015, expedida por el Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud (MINSA), se declaró a la Radiocirugía Estereostática Funcional, como subespecialidad de la Neurocirugía, que comprende el manejo multidisciplinario en los tratamientos donde se concentran altas tasas de dosis de radiación sobre el sistema nervioso central o periférico, incluyendo el cerebro, médula espinal y la columna vertebral; tratamiento que requiere de un neurocirujano especializado debidamente entrenado en Radiocirugía Estereostática, que cumpla con los requisitos exigidos en la resolución referida.

    · Que a partir del mes de mayo del año 2015, la Caja de Seguro Social modificó los pliegos de cargos de las licitaciones para suministrar estos servicios, eliminando las exigencias que habían sido recomendadas y adoptadas. De esta manera con las modificaciones en los pliegos de cargos, en referencia, la Caja de Seguro Social posibilitó que el competidor local de N. participara dentro del proceso de selección de contratista, a través de propuestas de servicios manifiestamente desfavorables e incluso riesgosos hasta para los pacientes. Situación a la que se opuso W & R Medical Products, S.A. (N.) formalmente, por el desmejoramiento en la calidad de la atención a los pacientes, según se desprende de la carta de 12 de mayo de 2015, dirigida al Director General de la Caja de Seguro Social, además de observar y objetar dentro del proceso de selección de contratistas con la entidad, para que se cumplieran con las exigencias mínimas que ameritan los servicios, lo que generó una merma en las licitaciones aperturadas.

    · Que al permitirse participar dentro de los procesos de selección de contratista al competidor local de N., a pesar de no estar calificada, las licitaciones son entonces adjudicadas por menor precio, no obstante se mantienen vigentes las exigencias mínimas del Ministerio de Salud, en materia de radiocirugías, frente a cuyo incumplimiento tendría que ser descalificado el competidor local de N..

    · Que como quiera que las propuestas de servicios del centro competidor local de N., tienen como base un equipo de mucho menor valor y de menor costo de operación y mantenimiento, y además se formula sin contemplar gastos en concepto de honorarios profesionales de un médico neurocirujano, la propuesta del competidor local de N. se sitúa por debajo de B/.6,000.00, obligando a N. a bajar sus precios para poder competir en las licitaciones de la Caja de Seguro Social, afectando drásticamente su relación costo beneficio.

    · Que el plan de negocios bajo el cual se sustentó la viabilidad en el centro N., con una tecnología de punta inexistente hasta la fecha en nuestro país, tomo como referencia, entre otros aspectos, que la Caja de Seguro Social, pagaba aproximadamente una suma de VEINTICINCO MIL BALBOAS (B/.25,000.00), por el servicio que recibía cada paciente que se externalizaba hacia los Estados Unidos de América.

    · Que dentro del proceso de selección de contratista en los que participa W & R Medical Products, S.A. (N.), existe un manifiesto conflicto de interés con el Jefe del Servicio de Neurocirugía de la Caja de Seguro Social, quien es el encargado de orientar y asesorar al departamento responsable de externalizar los servicios de radiocirugía y al mismo tiempo, se anunciaba como médico tratante de los pacientes en el centro competidor de N.. Figurando en la página web del centro que utilizaba el equipo Trilogy-Análogo, como médico que realiza las radiocirurgías.

    · Que la merma de pacientes que por la vía de licitación pública eran remitidos a N., por la Caja de Seguro Social, así como la disminución en los precios, ha impactado negativamente los ingresos del centro, atendiendo solo ocho (8) pacientes en el 2015, cuatro (4) en el año 2016 y once (11) en el año 2017. Siendo los pacientes institucionales parte importante del plan de negocios del recurrente, ya que se hizo una inversión considerando que la Caja de Seguro Social velaría porque sus pacientes recibieran la mejor atención médica en condiciones óptimas, sin embargo, esto no ha sido así.

    · Que en el mes de septiembre de 2017 se licitaron diecisiete (17) pacientes, algunos de ellos pendientes de atención desde hace más de dos (2) años, lo que demuestra una demora en la externalización de los tratamientos por parte de la Caja de Seguro Social.

    · Que según los hechos expuestos se han configurado actos de fuerza mayor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34-d del Código Civil, que le han imposibilitado a la obligada principal W & R Medical Products, S.A. (N.), el poder cumplir puntualmente con los pagos previstos en el contrato de arrendamiento financiero que celebró con la Caja de Ahorros. Por lo que, alega que esta circunstancia extingue la obligación.

  2. LA ENTIDAD EJECUTANTE.

    La licenciada Keshia De León Castillo, en su calidad de apoderada especial de la Caja de Ahorros, en virtud del poder general de pleitos conferido a la licenciada G.V., mediante Escritura Pública No.8983 de 27 de octubre de 2017, extendida en la Notaria Pública Segunda del Circuito de Panamá, inscrita al folio 33359 (H), asiento 14, de la Sección de Personas Naturales del Registro Público, contesta el recurso de apelación incoado, negando la mayoría de los hechos en los que se fundamenta dicho recurso, y manifiesta que lo que realmente pretende el señor R.E.A.G., es debatir actuaciones que son propias de la Caja de Seguro Social y no las llevadas a cabo por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que dicha entidad le sigue.

    Considera que, no es viable el recurso de apelación bajo examen, pues lo pretendido es impugnar situaciones que se dieron en la vía gubernativa, y no dentro del proceso ejecutivo, lo que no puede debatirse por este medio, de conformidad con el artículo 1777 del Código Judicial.

    Por otro lado, señala el Auto N° 092 de 29 de junio de 2017, que libró mandamiento de pago quedó debidamente notificado por conducta concluyente al actor, desde el momento en que la empresa W & R Medical Products, S.A. (N.) y su representante legal, el señor W.K.G. o Waltter Kravcio Guardia, presentan poder especial otorgado a la firma De Obaldía & García De Paredes, ante el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros, el día 4 de abril de 2018, al tratarse de una obligación de carácter solidario, por lo que tenía el término de dos (2) días hábiles para presentar el recurso de marras, de conformidad con el artículo 1132 del Código Judicial, lo que no realizó.

    En dicho sentido, sostiene que el recurso de apelación interpuesto, tampoco es viable por extemporáneo, puesto que los abogados del señor R.E.A.G., anuncian y presentan el recurso de apelación bajo examen el día 26 de abril de 2018, cuando había excedido con creces el término para la prescripción de dicho recurso.

  3. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

    Conforme al trámite procesal se corrió traslado al Procurador de la Administración, quien mediante V.F.N. 1184 de 26 de septiembre de 2018, consideró que el recurso de apelación interpuesto debe ser declarado no viable por extemporáneo, ya que tratándose de una obligación solidaria que adquiere el señor R.E.A.G. y otros con la Caja de Ahorros, el mismo se notificó por conducta concluyente del auto que libra mandamiento de pago contenido en el Auto No.092 de 29 de junio de 2017 y modificado por el Auto N°355 de 8 de noviembre de 2017, ambos dictados por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros, a partir del 4 de abril de 2018, momento en que se presenta poder especial ante la autoridad ejecutante; contando con dos (2) días para la interposición del recurso de marras, el cual vencía el 6 de abril de 2018, sin embargo, no es hasta el 26 de abril de 2018, que lo presenta, cuando ya había transcurrido con creces el término que dispone la ley para el ejercicio de este tipo de acciones.

  4. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA.

    Cumplidas las etapas procesales de rigor, este Tribunal pasa a resolver el recurso de apelación presentado por el señor R.E.A.G., dentro del presente negocio.

    Inicialmente, debemos mencionar que consideramos que el recurso de marras se interpone en término oportuno, ya que si bien, se realiza una actuación procesal el día 4 de abril de 2018, con el otorgamiento de poder a la firma Obaldía & García De Paredes, lo que pudo tenerse como una notificación por conducta concluyente del proceso ejecutivo que la Caja de Ahorros le sigue a los ejecutados, no obstante, la propia autoridad permite que el señor R.E.A.G., se notifique del auto que libra mandamiento de pago, el día 26 de abril de 2018, tal como consta en el sello de notificación visible al reverso de dicho Auto N°092 de 29 de junio de 2017, lo que hace viable que se interponga el mismo día, como ocurre en este caso.

    Debemos señalar que en el recurso de apelación contra el auto que libra mandamiento de pago, el señor R.E.A.G. por medio de sus apoderados judiciales advierte conductas irregulares que se presentan con la Caja de Seguro Social y de su competencia en el servicio de salud, en las licitaciones con respecto al tratamiento de radiocirugía y radioterapia; y su impacto desfavorable en la inversión que ha realizado la empresa W & R Medical Products, S.A. (N.), para brindar este servicio de salud, por lo que considera que se ha producido una extinción de la obligación atribuible a la Caja de Seguro Social, por fuerza mayor.

    Este Tribunal observa que el punto central del problema que se plantea con ocasión del recurso de apelación, es a simple vista ajeno al proceso ejecutivo por cobro coactivo que lleva la Caja de Ahorros, la cual tiene su génesis en el incumplimiento del pago del préstamo de arrendamiento financiero de bien mueble No. 32788000048, suscrito entre la entidad ejecutante y W & R Medical Products, S.A., sociedad inscrita a la ficha 705963, documento 1804364, de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, en calidad de deudora, y Waltter Kravcio Guardia o W.K.G., R.E.A.G. y V.O.V.M., estos en calidad de fiadores solidarios.

    En base a lo anterior, el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros a través del Auto N°092 de 29 de junio de 2017, en base a la certificación de deuda de saldo deudor, debidamente reconocida por Contador Público Autorizado, que presta mérito ejecutivo, según el numeral 15 del artículo 1613 del Código Judicial, libra mandamiento de pago, a favor de la entidad y en contra de W & R Medical Products, S.A., sociedad inscrita a la ficha 705963, documento 1804364, de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, en calidad de deudora, Waltter Kravcio Guardia o W.K.G., R.E.A.G. y V.O.V.M., todos en calidad de fiadores solidarios, hasta la concurrencia de SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA BALBOAS CON 23/100 (B/.6,233,480.23), en concepto de capital, intereses vencidos, cargos y gastos de cobranzas, sin perjuicio de los nuevos cargos, gastos e intereses que se ocasionen hasta la cancelación total de la obligación perseguida, actualizado su saldo por medio del Auto No. 355 de 8 de noviembre de 2017, al monto de SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUARENTA BALBOAS CON 23/100 (B/.6,303,040.23), sin perjuicio de los interés que se sigan generando hasta la cancelación total de la deuda.

    Luego de analizadas las constancias procesales, manifiesta esta S. que la pretensión del recurrente no ataca la actuación realizada dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo promovido en su contra, sino otros hechos que considera que perjudican sus derechos y finanzas, situación que no puede ser planteada dentro del presente proceso por cobro coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 1777 del Código Judicial, ya esta no es la vía idónea para tratar los temas señalados.

    El texto del artículo 1777 del Código Judicial, es el siguiente:

    "Artículo 1777. Los funcionarios públicos, los gerentes y directores de entidades autónomas o semiautónomas y demás entidades públicas del Estado a quienes la ley atribuya el ejercicio del cobro coactivo, procederán ejecutivamente en la aplicación de la misma, de conformidad con las disposiciones de los Capítulos anteriores y demás normas legales sobre la materia.

    En los procesos por cobro coactivo el funcionario ejerce las funciones de juez y tendrá como ejecutante la institución pública en cuyo nombre actúa.

    En estos procesos no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de recursos por la vía gubernativa.

    En estos procesos no habrá condena en costas, salvo las relativas a gastos que hayan sido estrictamente necesarios para la tramitación, absteniéndose de tasar o conceder aquéllos excesivos, superfluos o inútiles y los que para su comprobación no se evidencien con la correspondiente factura, tomando en consideración para tales fines los usos y costumbres de cada lugar."

    Sobre este tema el autor panameño D.J.F. en su obra "Diccionario de Derecho Procesal Civil", ha señalado que el cobro coactivo es para el cobro de impuestos y otros créditos fiscales, el cual existe en varios países lo que se conoce como jurisdicción coactiva, con funcionarios propios que en primera instancia deciden respecto a la obligación, y cuyas resoluciones son impugnables mediante la vía contencioso administrativa; y que es mediante Ley que se le atribuye el ejercicio del cobro coactivo a los funcionarios, quienes procederán ejecutivamente de conformidad con las normas legales sobre la materia. Por lo tanto, define la jurisdicción coactiva como la facultad que esta investida la administración para hacer efectivas las obligaciones o créditos que tengan las personas, denominada en algunos ordenamientos bajo la discutida y dudosa denominación de "jurisdicción coactiva", y advierte que considera que se trata en el fondo de una jurisdicción fiscal distinta a la función administrativa. (F., J., Diccionario de Derecho Procesal Civil, Plaza & Janés, Editores Colombia, S.A., páginas 209-212, 642).

    Bajo este precepto, el artículo 1780, en concordancia con el artículo 97, numeral 4, del Código Judicial, atribuye a esta S. en los procesos ejecutivos el conocimiento en única instancia de las apelaciones, incidentes, excepciones, tercerías y nulidades que fueren presentadas en las ejecuciones.

    Lo anterior, implica que la S. dentro de los procesos por jurisdicción coactiva tiene la función de revisar las actuaciones procesales del Juez Ejecutor, a fin de determinar si sus actos fueron dictados conforme a derecho y no la de revisar las actuaciones administrativas, ya que para ello está la vía jurisdiccional contencioso administrativa como tal.

    Cabe agregar que, dentro de los fundamentos de hecho del recurso de apelación interpuesto, se hacen señalamientos de actos que podrían constituir hechos ilícitos, en cuyo caso la vía apropiada para demandar dichas actuaciones sería en la jurisdicción penal y no por esta vía.

    En este punto, es necesario acotar que la ley 52 de 13 de diciembre de 2000, establece en su artículo 42, que la Caja de Ahorros tiene jurisdicción coactiva para hacer efectivo el pago de las obligaciones contraídas a su favor en cualquier concepto; y el numeral 15 del artículo 1613 del Código Judicial, dispone que las certificaciones expedidas por la Caja de Ahorro y asociaciones de ahorros y préstamos, en las que se hagan constar los saldos acreedores que arrojen sus libros de contabilidad contra los ejecutados prestan mérito ejecutivo, siempre que tales certificaciones sean revisadas por contador público autorizado, como ocurre en este caso, lo que implica que el Auto Ejecutivo se ha dictado conforme a derecho.

    Por todo lo antes expuesto y al no fundamentarse el recurso de apelación incoado, en las actuaciones del Juez Ejecutor ni por hechos originados dentro del proceso ejecutivo, lo procedente es confirmar el Auto que libra mandamiento de pago recurrido por el señor R.E.A.G., a través de sus apoderados judiciales.

    Por consiguiente, los Magistrados que integran la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes el Auto No. 92 de 29 de junio de 2017, que libra mandamiento de pago, actualizado por el Auto No. 355 de 8 de noviembre de 2017, ambos dictados por la Caja de Ahorros dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue a W & R Medical Products, S.A. (deudora) y a los señores W.K.G. o Waltter Kravcio Guardia, R.E.A.G. y V.O.V.M. (fiadores solidarios).

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

    KATIA ROSAS (Secretaria)