Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución13 de Marzo de 2019
EmisorPleno

VISTOS:

Ha ingresado a esta Superioridad para su conocimiento el expediente contentivo de las Sumarias en Averiguación seguidas al Diputado S.J.B.M.G. por la supuesta comisión de un delito Contra la Fe Pública.

ANTECEDENTES

El presente Sumario inició con la Querella penal promovida por el Licenciado Paule E.C.P., en representación de M.A.C.d.C., el 2 de junio de 2008, ante la Agencia de Instrucción Delegada de Chiriquí, contra J.B.M.G. por la presunta comisión de delito Contra La Fe Pública (Falsificación de Documentos en General).

En el libelo, el procurador judicial de la parte querellante sostiene que M.G. despojó a su representado M.A.C. de sus fincas No.59519 y 59520, para lo cual falsificó la firma de su mandante e inscribió la Escritura Pública N° 2869 de 20 de octubre de 2006, ante la Notaría Tercera del Circuito de Chiriquí, mediante la cual se protocolizó la venta de las fincas 59519 y 59520, ambas con código de ubicación número 4301, Documento Redi 1006339, de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Chiriquí, a la Sociedad Colores de Chiriquí, S.A., representada por J.B.M.G.. Refiere el querellante que, posteriormente, estas fincas fueron hipotecadas por la suma de B/.300,000.00.

La investigación de la causa estuvo a cargo de la F.ía Primera de Circuito de Chiriquí. Ante la referida agencia de instrucción rindió declaración jurada la señora A.M.M., C. en la Casa del Constructor, empresa propiedad del querellado, en la cual deja constancia que le consta que el señor M.A.C. mantenía relaciones comerciales con su jefe y que entre los meses de octubre o noviembre de 2006 entregó uno de los cheques con los cuales se compró una de las fincas, (fojas 83-85).

También consta la declaración bajo juramento rendida por la señora M.S.C., testigo instrumental en la Escritura Pública N°2869, quien ante cuestionamiento sobre si estaba presente cuando las partes firmaron dicha Escritura, manifestó no recordar, ya que en algunos casos ella estaba presente y en otros casos no. (fs. 87-88). Adicional a ello, O. de P., Notaria Tercera del Circuito de Chiriquí para la fecha en que protocolizaron la escritura, señaló que al cerrar el protocolo de la Escritura N°2689 le puso un refrendo como responsable de la toma de la firma, esto es, que los que firmaron estaban en la Notaría, aunque admitió la posibilidad que el vendedor y comprador no hayan comparecido a la vez, pero indistintamente sí comparecieron ante ella, y de eso daba fe, (fs. 96-97).

Como parte de los actos de investigación para la comprobación del supuesto hecho ilícito, el F. de la causa dispuso realizarle ejercicios caligráficos al señor M.A.C.d.C. para que fuesen examinados por la Sección de Documentología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyos peritos se trasladaron a la Notaría Tercera del Circuito de Chiriquí, para el análisis comparativo con la Escritura Pública N°2869 de 20 de octubre de 2006, determinándose que la firma dubitada M.A.C.d.C., visible en dicha Escritura no presentaba características caligráficas similares con las muestras aportadas, por lo que no podían señalar al practicante de los ejercicios caligráficos como autor de la firma en el documento cuestionado, (fojas 104-105 y 106-110).

Así, mediante providencia calendada 27 de octubre de 2008, se dispuso recibirle declaración indagatoria a J.B.M., por presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título VIII del Libro II del Código Penal (delito Contra la Fe Pública), vigente a la fecha de la comisión del hecho investigado, (fojas 120-123). La vinculación de M.G., fue sustentada por el F. de la causa, en el hecho que en su calidad de P. y Representante Legal de la empresa Colores de C.S.A., firmó como comprador en la Escritura N° 2869 de 20 de octubre de 2006, mediante la cual adquirió las fincas identificadas con la numeración 59519 y 59520, por el valor de quinientos Balboas (B/.500.00) cada una, y posteriormente las hipotecó en la suma de trescientos mil balboas (B/.300,000.00), beneficiándose con esa transacción. No obstante, al rendir sus descargos, el día 4 de octubre de 2008, el señor M.G. manifestó acogerse a la garantía consignada en el artículo 25 de la Constitución Nacional, y mostró su anuencia a que le fueran practicadas pruebas caligráficas, (fs. 438 – 443).

Mediante V.F. No.165 de 7 de abril de 2009, el F. Primero del Circuito de Chiriquí solicitó al Juez, al calificar la causa, proferir un Auto de Llamamiento a Juicio contra J.B.M., como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título VIII del Libro II del Código Penal. Mediante Auto No. 1695 de 25 de septiembre de 2009, el Juez Cuarto del Circuito Judicial de Chiriquí ordenó la ampliación del sumario, en aras de su perfeccionamiento, (474-475).

En virtud de lo anterior, el señor J.B.M.G. manifestó que para la fecha del uno (1) de diciembre de 2009, era Diputado Suplente y gozaba de inmunidad parlamentaria. Efectuada esta indicación, el señor M.G. refirió que le compró las dos fincas al señor M.A.C.d.C., efectuando los trámites correspondientes en la Notaría Tercera del Circuito de Chiriquí, a cargo de la Licenciada O. de P.. Explicó el imputado, que el señor C.d.C. se apareció en su oficina ofreciéndole en venta ambas fincas para llevar a cabo proyectos de urbanización residencial, lo cual concluyó con la compra de las referidas fincas, previo a las diligencias en la Notaría y en el Registro Público, por lo que una vez inscrita la Escritura Pública le canceló el precio acordado al señor M.A.C..

De acuerdo al imputado, a los dos años y medio apareció un secuestro penal sobre las dos fincas, siendo informado de ello por la entidad bancaria (MI BANCO) con la cual mantiene hipoteca sobre esos bienes inmuebles. En cuanto a la hipoteca que pesa sobre ambas fincas por la suma de trescientos mil balboas (B/.300,000.00), manifestó que ellas no tienen ese valor, pues el préstamo bancario garantizado con esas fincas para que le fuera otorgado tuvo que dar una hipoteca sobre otra finca, además de respaldarlo con una carta promesa de pago y con fianza personal. De otra manera no se le hubiera otorgado el préstamo.

Respecto a los cheques No.000987 de 23 de octubre de 2006 y No.001101 de 7 de noviembre de 2006, por las sumas de B/.5,000.00 y B/.4,280.00., respectivamente, girados a nombre de M.A.C.d.C., M.G. manifestó que fueron emitidos para la compra de las dos fincas.

Ahora bien, a fin de constatar la condición funcional señalada por el encartado, el Agente de Instrucción, mediante Oficio No.2775 de 2 de diciembre de 2009, solicitó al Tribunal Electoral de Panamá le certificara si el señor J.B.M.G., con cédula de identidad personal No.4-187-309, ostentaba algún cargo en la Asamblea Nacional, y si como tal tenía fuero penal electoral. La Secretaría General del Tribunal Electoral, mediante Nota No. 4342/SG/09 de 4 de diciembre de 2009, certificó que J.B.M.G. fue postulado como candidato por el PARTIDO PANAMEÑISTA para el cargo de Diputado de la República (Suplente) por el Circuito 4-1, Provincia de Chiriquí, para las Elecciones Generales del 3 de mayo de 2009 y el mismo resultó electo. En atención a ello, el agente del Ministerio Público solicitó al Juez de la Causa se inhibiera del conocimiento de la causa por razones de competencia, por lo que, mediante Auto No.5 de 3 de febrero de 2010, el Juez Cuarto del Circuito Judicial de Chiriquí, Ramo Penal, se inhibió del conocimiento de las presentes sumarias y las remitió a la Corte Suprema, decisión fundamentada en el artículo 1 de la Ley 25 de 2006 y en el artículo 206 de la Constitución Nacional.

El expediente fue remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y posteriormente sometido a reparto en esta Sala. De acuerdo al Acta de Reparto N°43, el expediente quedó registrado con la entrada 223-D, y le fue adjudicado al Magistrado J.A.A., quien como ponente de la Sala Penal emitió la Resolución del tres (3) de mayo de 2010, en la que la Sala Penal se inhibe del conocimiento del expediente y lo remiten al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, entidad competente por mandato constitucional y legal para asumir su conocimiento.

Sometido a nuevo reparto, el expediente, registrado con la numeración 616-10 le fue adjudicado al Magistrado O.O., mediante Acto de Reparto de Pleno celebrado el 23 de junio de 2010.

Reposa en el dossier solicitud de aplicación de medida cautelar de casa por cárcel y prohibición de abandonar el territorio nacional peticionada por la representación de la parte querellante. El letrado, en respaldo a su solicitud, incorporó copias autenticadas del Análisis Grafoscópico comparativo realizado por la Sección de Documentología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que concluye lo siguiente:

VIII. CONCLUSIÓN: No podemos señalar al señor M.A.C. DEL CID practicante de los ejercicios caligráficos suministrados como muestras de comparación, como autor de la firma que se lee “M.A.C. del Cid” visible en la Escritura Pública N° 2869 fechada 20 de octubre de 2006 de la Notaría Tercera de Circuito de Chiriquí…”.

Igualmente, el abogado aportó copia autenticada de la Sentencia Civil calendada 28 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que “DECLARA LA NULIDAD de la Escritura Pública 2869 de 20 de octubre de 2006 y, en consecuencia, el contrato de compraventa, por la cual M.C.d.C. vende las fincas N° 59519, código 4301, Asiento 4 y la N°59520 código 4301, Asiento 4 de la Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí, a colores de Chiriquí, S.A….”.

Mediante Resolución fechada 24 de enero de 2014, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso:

1.ADMITIR LA QUERELLA del expediente contentivo del sumario en averiguación de la responsabilidad que pueda caberle al Diputado Suplente, J.B.M.G., por la presunta comisión de delito Contra La Fe Pública, cometido en perjuicio M.A.C. DEL CID.

2.ORDENAR que se continúe la investigación sumarial, motivo por el cual se deberán realizar todas las diligencias pertinentes y útiles para el esclarecimiento del hecho querellado, a fin de determinar la responsabilidad penal que pueda caberle a J.B.M.G., Diputado Suplente de la Asamblea Nacional.

3.COMISIONAR al Magistrado O.O.D., para que actúe como F. de la presente causa penal.

4.DECRETA LA NULIDAD de la diligencia de declaración indagatoria rendida por J.B.M.G. (fs. 547-553).

Fundamento de Derecho: Artículos 155 y 206 numeral 3 de la Constitución Política. Artículos 2495-A, 2495-B, 2495-C y concordantes del Código Judicial. Ley No. 25 de 5 de julio de 2006...

.

En ese sentido, reposa en el expediente, de fojas 643 a 645 Providencia suscrita por el Magistrado en Calidad de F., O.O., para la fecha de 20 de marzo de 2014, en la que solicita al Tribunal Electoral de Panamá, certifique si J.B.M.G. ha sido postulado como candidato a algún cargo de elección popular para las próximas elecciones generales de 4 de mayo de 2014. En ese sentido, mediante Nota 626/SG/2014 de 26 de marzo de 2014 la Secretaría General del Tribunal Electoral certificó que el señor J.B.M.G. fue postulado por el Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), como candidato al cargo de Diputado (Suplente) por el circuito 4-1, provincia de Chiriquí, para las Elecciones Generales que se celebraran el 4 de mayo de 2014, en consecuencia, goza de fuero electoral y de adelantarse alguna investigación electoral en su contra, se deberá solicitar el levantamiento de dicho fuero al Tribunal Electoral.

En atención a ello, el Magistrado en Funciones de F. de la Causa, mediante Oficio SGP-1280-14 calendado 5 de junio de 2014, solicitó al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral del Diputado S.J.B.M.G..

Resulta necesario destacar que el Tribunal Electoral de Panamá, mediante Certificación fechada 28 de octubre de 2014, señaló que si bien J.B.M.G. resultó electo en las pasadas Elecciones Generales del 4 de mayo de 2014, su proclamación fue objeto de Demanda de Nulidad de Elección y Proclamación, por lo que la misma no se encuentra en firma a la fecha. Ahora bien, mediante oficio calendado 10 de marzo de 2015, el Tribunal Electoral de Panamá remitió al Magistrado en calidad de F. los Acuerdos de Sala No.61-35 de 1 de septiembre de 2014 y No.11-12 de 24 de febrero de 2015, que disponen levantar el fuero penal electoral al señor J.B.M.G., postulado por el Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), como candidato al cargo de Diputado (Suplente) por el circuito 4-1, provincia de Chiriquí, para las Elecciones Generales que se celebraran el 4 de mayo de 2014, y por consiguiente la Corte Suprema de Justicia puede continuar con las sumarias seguidas contra el prenombrado, por la presunta comisión de un delito contra la fe Pública.

Mediante V.F. calendada 18 de marzo de 2016, el Magistrado en Calidad de F., en la presente causa, recomienda al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que al valorar el mérito de la causa decrete la prescripción de la acción penal, toda vez que se cumplen con los presupuestos exigidos por los artículos 93 del Código Penal de 1982 y 1968-B del Código Judicial.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Examinadas las constancias que reposan en el expediente, así como la recomendación efectuada por el Magistrado F., corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia calificar el presente sumario.

Observa el Pleno que al Diputado (S.J.B.M.G., se le atribuye la presunta comisión de un delito Contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsificación de Documentos en General, que al momento de los hechos investigados se encontraba tipificado en el Título VIII, Capítulo I del Libro II del Código Penal de 1982.

Conforme la querella penal promovida por el Licenciado Paule E.C.P., en representación de M.A.C.d.C., el 2 de junio de 2008, ante la Agencia de Instrucción Delegada de Chiriquí, señala que el procesado J.B.M.G. falsificó la firma de su mandante e inscribió la Escritura Pública N°2869 de 20 de octubre de 2006, ante la Notaría Tercera del Circuito de Chiriquí, mediante la cual se protocolizó la venta de las fincas 59519 y 59520, ambas con código de ubicación número 4301, Documento Redi 1006339, de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Chiriquí, a la Sociedad Colores de Chiriquí, S.A., representada por J.B.M.G., fincas que posteriormente fueron hipotecadas por la suma de B/.300,000.00.

En ese sentido, el Pleno constata que el delito que se le imputa al Diputado en mención, es el tipificado en el artículo 265 del Código Penal de 1982, vigente a la ocurrencia del hecho, y que establecía:

"Artículo 265. El que falsifique en todo o parte una escritura o documento público o auténtico de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 5 años.

Si el hecho fuere cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de 3 a 6 años de prisión”.

Conforme lo dispuesto en la citada norma, este delito conlleva pena de prisión de 2 a 5 años. Adicional a ello, resulta necesario destacar que el hecho ilícito atribuido, de conformidad con lo narrado y los documentos aportados por la parte querellante, se materializó el día 20 de octubre de 2006.

Observado lo anterior, tanto el Código Penal, como el Código Judicial vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos reconocen la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal. Como ha señalado el Magistrado que actúa en calidad de F., el Código Penal de 1982, vigente a la fecha del hecho investigado reconoce en su artículo 93, la prescripción como una forma de extinción de la acción penal, estableciendo el término que debe computarse según la penalidad del delito atribuido, de la siguiente manera:

"Artículo 93. La acción penal prescribe:

  1. Cumplidos 20 años después de la comisión del hecho punible, si el mismo tiene pena de prisión cuyo máximo excede de 15 años.

  2. Cumplidos 12 años después de la comisión del hecho punible, si la pena de prisión para el delito es mayor de 6 años y no excede de 15 años.

  3. Cumplidos 6 años después de la comisión del hecho punible, si la pena señalada en la Ley es mayor de 6 meses y no excede de 6 años de prisión, y

  4. Cumplidos 3 años en los hechos punibles penados con días multa.

    ....".

    Adicional a ello, el Código Judicial, en su artículo 1968-B reconoce la prescripción de la acción penal, y particularmente el numeral 1 se refiere al plazo de seis años para aquellos delitos sancionados con pena de prisión que no supere los seis (6) años.

    Adicional a lo antes expuesto, atendiendo a la aplicación del principio de favorabilidad al imputado y la vigencia de la Ley 63 de 2008, que adopta el Código Procesal Penal de Panamá, observa el Pleno que el artículo 116 del texto en referencia, modificado por la Ley 35 de 2013 y la Ley 57 de 2015, señala los plazos de prescripción, como se expone a continuación:

    "Artículo 116. Plazos de Prescripción. La acción penal prescribe:

  5. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado.

  6. Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad.

  7. Al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquiera entidad pública.

    En los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición forzada de personas, no prescribirá la acción penal". (El resaltado es del Pleno).

    Resulta, entonces, un hecho evidente que desde la ocurrencia del hecho en investigación (20 de octubre de 2006) a la fecha, ha transcurrido más de seis (6) años, que es el plazo previsto en el numeral 3 del artículo 93 del Código Penal de 1982, y numeral 1 del artículo 1968-B del Código Judicial, relativos a la prescripción de la acción penal. Aunado a ello, si se considera la aplicación del artículo 116 del Código Procesal Penal, en atención al principio favor rei, se cumple con la exigencia del numeral 1 del precitado artículo, que señala que la acción penal prescribe en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. En este sentido, la pena máxima a imponer en la presente causa sería de cinco (5) años, por lo que se advierte que desde la ocurrencia de los hechos, a la fecha, se ha excedido en demasía ese plazo.

    Esta Superioridad, en Resolución proferida el 29 de abril de 2015, a propósito de la institución jurídica de la prescripción, dispuso lo siguiente:

    …no cabe la duda que la prescripción de la acción penal ha sido concebida como institución de garantía que le asiste a toda persona para que se defina su situación jurídica en el proceso penal que se le sigue, dentro de los plazos previstos por la Ley penal material.

    Este Pleno manifiesta que la prescripción desde el punto de vista general, es la institución jurídica, mediante la cual por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de las obligaciones. Pero desde el punto de vista penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontencimientos humanos, o la renuncia del Estado al ius puniendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido, borra los efectos de la infracción, existiendo a penas memoria social de ella.

    Dicho de otro modo, en la norma fundamental inspirada en el principio constitucional y convencional pro homine; la ley penal material (Código Penal), otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en la cual el Estado autolímita su potestad punitiva; orientación que se fundamenta en la necesidad de que pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo a quien lleva mucho tiempo pendiente de un proceso, por el principio de seguridad jurídica…

    .

    Resulta necesario plasmar lo externado por el Magistrado en calidad de F. en su recomendación, para sustentar la tramitación de la causa, una vez admitida por el Pleno de la Corte “…ingresado el expediente a esta Superioridad Judicial, lo que correspondía, a efecto de evitar actuaciones que pudieran derivar en una causal de nulidad, era verificar ante el Tribunal Electoral si la persona denunciada, J.B.M.G., estaba amparado por el fuero penal electoral, para que en caso afirmativo, solicitar el levantamiento de dicha prerrogativa y la autorización para continuar la tramitación de la causa…”. Además, sustenta el Magistrado en funciones de F. que “…otra situación a destacar, fueron las impugnaciones de los candidatos proclamados como Diputados en las Elecciones Generales celebradas el 4 de mayo de 2014, entre ellas las del Circuito 4-1 del Distrito de D., Provincia de Chiriquí, resultando un hecho público y notorio la convocatoria a nuevas elecciones parciales en esos circuitos electorales impugnadas, y así como resultado de esas elecciones parciales celebradas el 14 de diciembre de 2014, resultaron electos M.F. y J.M.G., como Diputado Principal y Suplente, respectivamente”.

    Como quiera que el plazo para decretar la prescripción no ha sido interrumpido, atendiendo a los principios de legalidad y de justicia en plazo razonable, lo que procede, es que el Pleno de esta Superioridad Judicial reconozca y declare que ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, y a ello procede a continuación.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA la prescripción de la acción penal dentro de las sumarias seguidas a J.B.M.G., Diputado Suplente de la Asamblea Nacional, por la supuesta comisión de delito Contra La Fe Pública, en perjuicio de M.A.C. y, ORDENA el archivo del expediente.

Fundamento de Derecho

Artículos 32, 155, 206 numeral 3 y concordantes de la Constitución Política; 1968-B del Código Judicial; Artículo 116, numeral 1 del Código Procesal Penal modificado por la Ley 35 de 2013 y 57 de 2015; Artículo 93 y 265 del Código Penal de 1982.

Notifíquese Y CÚMPLASE,

LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

YANIXSA Y. YUEN C.

(Secretaria General)

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