Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Mayo de 2020

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución 5 de Mayo de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 05 de mayo de 2020

Materia: Tribunal de Instancia

Denuncia

Expediente: 1175-19

VISTOS:

Para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ingresó la denuncia penal promovida por el Licenciado A.E.G.T., contra el Diputado de la Asamblea Nacional, L.E.C., por la presunta comisión de los delitos Contra la Seguridad Colectiva, Contra la Administración Pública y Contra la Administración de Justicia.

ANTECEDENTES

El Licenciado A.E.G.T., compareció el día 25 de noviembre de 2019, ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, a presentar denuncia penal contra L.E.C., actual Diputado de la Asamblea Nacional, a fin de que se le investigue por los presuntos delitos que haya cometido durante sus funciones como Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

La denuncia se fundamenta en los siguientes hechos:

"PRIMERO: El 20 de noviembre de 2019, salió publicado en el Diario la Estrella de Panamá, una noticia en la página 4A titulada "Mitradel, entre el amor y el odio con los sindicatos", donde se describen algunos contenidos de los V.Leaks.

En la referida noticia se cita al entonces Ministro del M.L.E.C. solicitándole favores al expresidente J.C.V., para uno de los operadores que posiblemente difundian mensajes en redes sociales, se presume que posiblemente pudo ser alguien de los conocidos "call center", el referido operador según la noticia en mención tenía pendiente aprobación de una hipoteca por $160 mil B. en el Banco Nacional de Panamá y requería de la intervención de ROLANDO (De León, Gerente del Banco Nacional) para la aprobación, en el cual el expresidente J.C.V., expreso (sic) "procedemos yo lo apoyo"

SEGUNDO

En el referido diario La Estrella de Panamá del 20 de noviembre de 2019, hace alusión en la misma publicación sobre los conocidos V.Leaks, de las expresiones del exministro L.E.C., de manera despectiva contra la dignidad del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia C.C., en relación a un tema sobre una decisión que éste había emitido judicialmente, además señalándolo de traidor, inclusive expresa que se arrepentía de haberlo recomendado para Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por lo anterior el hoy Diputado L.E.C., da a entender que presumía que el Magistrado C.C. tenía que asumir posiciones en la Corte Suprema de Justicia cónsona a los intereses de él.

TERCERO

El diario Ut Supra, se menciona que el exministro L.E.C. amenazaba con auditorías a los grupos que no cooperaran sobre algún tema, o que no siguieran la línea del gobierno en los cargos que fueron nombrados, también coaccionaba sindicatos para evitar protestas, en relación a las declaraciones del abogado de Odebretch, R.T.D., donde este había declarado desde España que el expresidente J.C.V. había recibido coimas, además al H.L.E.C., según la noticia del diario La Estrella de Panamá, basado en los V.Leaks, fue citado por el expresidente J.C.V. para planear la estrategia y rebatir el tema de T.D. en los medios.

CUARTO

La noticia del citado diario la Estrella de Panamá, hace referencia que el H.D. L.E.C. omitia resultados de auditorias inherentes su cargo, en relación a un sindicato y esperaba instrucciones del expresidente V., en cuanto a si proceder o no proceder.

QUINTO

Según los V.Leaks que se citan en la publicación a que nos referimos el exministro L.E.C., en 20 ocasiones le solicitó al expresidente V. que le incluyera una carretera en la Pintada, provincia de Coclé, porque él tenía intenciones de lanzarse como candidato a Diputado en ese circuito.

SEXTO

Por la trascendencia de la noticia criminal, en el referido diario Ut Supra donde se hace mención de los conocidos V.Leaks y de los presuntos delitos del H.D. L.E.C., se desprende que debe haber muchos más elementos de convicción de los presuntos delitos, además de abundante información, las cuales requieren por ser información de estado, en consecuencia, de uso público, estimamos que se investigue a fondo estos presuntos delitos.

El licenciado A.G.T., considera que la conducta material desplegada por el Diputado L.E.C., y todo aquel que resulte responsable, son por la presunta comisión de delitos Contra la Seguridad Colectiva, contenido en el Título IX, Capítulo VIII (Asociación Ilícita); Contra la Administración Pública, contenido en el Título X, C.I., V y VI (Corrupción de Servidores Públicos, Tráfico de Influencias y Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos) y Contra la Administración Pública, contenido en el Título XII, Capítulo IV (Encubrimiento), del Libro II del Código Penal.

Según el denunciante, las conductas antes descritas se encuentran tipificadas en los artículos 329, 348, 354, 356, y 391 de la excerta legal citada, y que establecen lo siguiente:

Artículo 329: Cuando tres o más personas se concierten con el propósito de cometer delitos, cada una de ella será sancionada por ese solo hecho con prisión de tres a cinco años. La pena será de seis a doce años de prisión, si la asociación es para cometer homicidio doloso, asesinato, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y accesorios, delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o tráfico de armas.

"Artículo 348: El servidor público que utilice a favor suyo o de un tercero información o dato de carácter reservado o confidencial y de acceso restringido del que tenga conocimiento por razón de su cargo será sancionado con prisión de cuatro a ocho años."

Artículo 354: Quien valiéndose de su influencia o simulando tenerla, solicite, reciba, acepte promesa o prometa en beneficio propio o de un tercero, dinero, bienes o cualquier otro provecho económico o con efecto jurídico, con el fin de obtener un beneficio de parte de un servidor público o un servidor público extranjero de una organización internacional en asunto que se encuentre conociendo o pueda conocer, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. La pena será de cinco a ocho años de prisión, si quien ejerce o simule influencia es un superior jerárquico de quien conoce o debe conocer el asunto de que se trata.

"Artículo 356: El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana".

"Artículo 391: Artículo 391. Quien después de cometido un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho, a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta o al cumplimiento de la condena será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

No comete delito quien encubra a un pariente cercano"

Finalmente, el denunciante cita y aporta como único elemento de convicción, la publicación del diario La Estrella de Panamá, del día 20 de noviembre de 2019, página No. 4A.

COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Mediante el Acto Constitucional N° 1 de 27 de julio de 2004, se efectuaron importantes reformas a la Constitución Política de la República, entre las cuales destaca el aumento de atribuciones constitucionales y legales a la Corte Suprema de Justicia en cuanto al juzgamiento de los miembros de la Asamblea Nacional, las que se encuentran contenidas en los artículos 155 y 206, numeral tercero de la Constitución, los cuales indican:

"Artículo 155: Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

..."

"Artículo 206: La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

  1. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción.

    Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en el Gaceta Oficial."

    Las normas del Código Procesal Penal, aprobado mediante Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, que entró a regir desde el día 2 de septiembre de 2011, le son aplicables a los procesos penales que sean de competencia de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno y en la Sala Penal, como tribunal de única instancia. El artículo 39 del Código Procesal Penal, dispone que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer de los procesos penales y de las medidas cautelares contra los Diputados.

    PRESUPUESTOS PARA LA ADMISIBILIDAD

    En complemento a las normas consitucionales y legales que fijanla competencia para conocer los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional, se debe observar lo dispuesto en la Ley No. 55 de 21 de septiembre de 2012, "Que modifica y adiciona artículos al Código Procesal Penal, relativos a los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional", que entró en vigencia el primero (1°) de noviembre de 2012.

    En este sentido, el artículo 487 del Código Procesal Penal establece las formas en que puede ser promovida la investigación contra los Diputados, indicando lo siguiente:

    "La investigación podrá ser promovida por querella o denuncia del ofendido presentada ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

    Cuando se trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral, de la jurisdicción aduanera o en cualquier otra jurisdicción, el funcionario o el juez que conozca del caso elevará inmediatamente el conocimiento del proceso en el estado en que se encuentre, en lo que concierna al diputado principal o suplente a la Corte Suprema de Justicia".

    Por su parte, el artículo 488 de la misma excerta legal, exige al denunciante o querellante que su pretensión para el inicio de la investigación debe ser promovida por escrito, a través de abogado. Además, establece el referido artículo que la querella o denuncia debe cumplir con lo siguiente:

    "1. Los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su apoderado legal.

  2. Los datos de identificación del querellado y su domicilio.

  3. Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización.

  4. Prueba idónea del hecho punible investigado.

    Si la querella o la denuncia no reúne estos requisitos para su calificación, será rechazada de plano.

    ..."

    Verificado el contenido de estas normas de procedimiento penal, el Pleno de esta Superioridad Judicial se aboca a la tarea de determinar si se cumplen los requisitos de admisibilidad previstos en las normas precitadas. Se constata que la denuncia que nos ocupa, fue presentada por abogado, en su propio nombre, en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de delitos perseguibles de oficio, cumpliendo de esta manera con los requerimientos del artículo 487, y el numeral 1 del citado artículo 488 del Código Procesal Penal.

    También se identifica al denunciado como el Diputado de la Asamblea Nacional, L.E.C., con domicilio laboral en el recinto Parlamentario, solventando de esta manera el requisito del numeral 2 de la norma en estudio.

    Ahora bien, con relación al resto de los presupuestos del artículo 488 de la excerta legal citada, se revisará la documentación aportada por el denunciante, a efecto de establecer si reúne los requisitos de admisión.

    Tal como se aprecia en la denuncia presentada por el licenciado A.E.G.T., en su propio nombre y representación, contra el Diputado de la Asamblea Nacional L.E.C., el denunciante se limita a señalar que el Diputado C. ha incurrido en los presuntos delitos de Asociación Ilícita para D. (Art. 329 C.P.); Corrupción de Servidores Públicos (Art. 348 C.P.); Tráfico de Influencias (Art. 354 C.P.); Abuso de Autoridad e Infracción de los deberes de los Servidores Públicos (Art.364 C.P.) y Encubrimiento (Art. 391 C.P.), sin cumplir con la exigencia legal prevista en el numeral 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal, de hacer "una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización".

    La simple lectura de los hechos en los que se fundamenta la denuncia, pone en evidencia el desconocimiento de los requisitos establecidos en nuestra legislación para la presentación de denuncias o querellas contra los miembros de la Asamblea Nacional, los cuales están regulados en el Título VII, Capítulo II, Sección 3 del Código Procesal Penal, relativos a los Procedimientos Especiales, específicamente de los procesos penales que se ventilan en la Corte Suprema de Justicia contra estos servidores públicos que tienen por mandato constitucional y legal, la prerrogativa de ser investigados y juzgados por esta Superioridad Judicial.

    A diferencia de las denuncias ordinarias, que para su presentación no requieren formalidad o solemnidad alguna, e inculso pueden ser anónimas, las denuncias contra los Diputados están sujetas a requisitos de forzoso cumplimiento, cuya omisión genera en forma automática que la misma se rechace de plano.

    La multiplicidad de delitos que el denunciante le atribuye al Diputado C., contrasta con la ambiguedad de los hechos que sustentan la denuncia, dejando la tarea a los integrantes de esta Corporación de Justicia, de interpretar sus palabras, y tratar de encuadrar los hechos de su denuncia, en alguno de los tipos penales antes citados, según su leal saber y entender.

    En efecto, en el hecho primero de la denuncia el denunciante, haciéndose eco de una publicación del Diario La Estrella de Panamá de 20 de noviembre de 2019, que a su vez se refiere a unos presuntos correos electrónicos del expresidente J.C.V., pareciera sugerir, pues no lo indica expresamente, un posible acto de tráfico de influencias para favorecer a un presunto prestatario no identificado, para que le aprobaran una hipoteca por parte del Banco Nacional de Panamá.

    En este hecho el denunciante no identifica al prestatario, ni mucho menos en qué fecha se pidió el préstamo, ni tampoco si el prestatario cumplía o no con los requisitos que exige el Banco Nacional para el otorgamiento de préstamos.

    La misma situación se presenta con la redacción del hecho segundo de la denuncia, pues lo único que denota, en el evento que fueran ciertos y válidos esos correos electrónicos, es el descontento del Diputado por las decisiones asumidas por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, contrarias a los intereses de quien lo nombró.

    En este orden de ideas, apreciamos que el hecho tercero de la denuncia se refiere a presuntas presiones ejercidas por el Diputado C. cuando ostentaba el cargo de Ministro de Trabajo, contra sindicalistas para evitar protestas contra el gobierno, pero no especifica las fechas en que supuestamente se realizaron esas acciones. Una vez más, el denunciante omite hacer esas precisiones, dejando a los integrantes del Pleno de la Corte en la incertidumbre de determinar estos aspectos, relevantes para decidir sobre la admisibilidad de la denuncia.

    En este hecho también se refiere el denunciante a una presunta estrategia para rebatir unas declaraciones del señor R.T.D. contra el expresidente J.C.V., de cuya redacción no se vislumbra la comisión de ningún ilícito penal.

    Las mismas imprecisiones de la denuncia se dan en el hecho cuarto, en el que le atribuye al Diputado C. omitir resultados de auditorías inherentes a su cargo, en relación a un sindicato, en espera de instrucciones del expresidente V., en cuanto a si procedía o no contra el sindicato. Apreciaciones que el denunciante no indica a que sindicato se refiere, ni mucho menos si el Ministro de Trabajo realizó algún áudito que concluyera con irregularidades que ameritaran una investigación penal.

    Finalmente, el denunciante reproduciendo la publicación del diario La Estrella de Panamá, a las que nos referimos con anterioridad, menciona que el exministro y hoy Diputado L.E.C., en 20 ocasiones le solicitó al expresidente V. que aprobara la construción de una carretera en la Pintada, provincia de Coclé, porque él tenía la intención de lanzarse como candidato a Diputado por ese circuito.

    Esta afirmación, al igual que las anteriores, no cuentan con respaldo probatorio que justifiquen la apertura de una investigación penal, que evidentemente no está en consonancia con lo previsto en el numeral 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal. Lo anterior, en razón de que el denunciante se limitó a citar parte de la noticia publicada en el Diario La Estrella de Panamá, del día 20 de noviembre de 2019, relacionada con la divulgación de mensajes de WhatsApp que exponen supuestas conversaciones del exmandatario J.C.V., con el exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, L.E.C., actual Diputado de la Asamblea Nacional; supuestos mensajes que no contienen una relación precisa, clara y circunstanciada de los supuestos hechos atribuidos, ni lugar y tiempo de su realización.

    La situación descrita en párrafos precedentes, permite inferir que la presente denuncia no cuenta con la prueba idónea necesaria para acreditar al menos indiciariamente que se han cometido hechos con apariencia de punible, y que al mismo se encuentre vinculado un miembro de la Asamblea Nacional, en este caso el Diputado L.E.C.. Como se ha indicado, el único elemento de convicción aportado por el denunciante lo es un ejemplar del medio de comunicación escrito que reproduce supuestos contenidos de mensajes entre el expresidente de la República, J.C.V., y varios exfuncionarios de su gobierno, entre ellos, el hoy Diputado L.E.C..

    Ahora bien, con relación al valor probatorio de las noticias o publicaciones que aparecen en medios de comunicación escrito, el Pleno de esta Superioridad Judicial se ha pronunciado en anteriores ocasiones, como en el caso de la denuncia penal presentada por el licenciado S.E.V., por la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado y contra la economía nacional en la modalidad de blanqueo de capitales, contra el Diputado de la Asamblea Nacional, J.A.R..

    En esa oportunidad, el Pleno de esta Superioridad Judicial en Resolución de 06 de abril de 2017, consideró entre otros puntos, lo siguiente:

    El numeral 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal, en estudio, exige que el denunciante o querellante explique de una manera clara y precisa cómo se dieron los supuestos hechos con apariencia de punible que puedan atribuirse al Diputado denunciado.

    Del análisis de la denuncia se aprecia que el denunciante omitió el cumplimiento de este importante requisito, necesario para que el Pleno de la Corte pudiera evaluar la procedencia de su denuncia. Se limitó a transcribir el contenido de una noticia periodística y pretende que de ese solo hecho el Pleno llegue a la conclusión que estamos en presencia de actos ilícitos que ameritan una investigación penal.

    Su aspiración contraviene las normas procesales objeto de estudio, que no puede ser avalada por el Pleno de este Superioridad Judicial.

    También se establece:

    "Reiteramos que el único elemento de convicción aportado con la denuncia es el ejemplar del Diario La Estrella de Panamá, del día 16 de febrero de 2017, que trata de la presunta prestación de servicios legales de la firma de abogados Rosas & Rosas a la sociedad Constructora Internacional del Sur, de la cual presuntamente recibió como contraprestación pagos millonarios. Esa publicación por sí sola si bien registra la ocurrencia del presunto hecho, no constituye prueba de la comisión de actos ilícitos, ni mucho menos determina la responsabilidad penal del Diputado Rosas".

    Con base en estas consideraciones, entre otras, el Pleno de la Corte resolvió no admitir la denuncia penal presentada por el licenciado S.E., contra J.A.R..

    Resulta de interés para los fines de decidir sobre la admisibilidad de la presente denuncia presentada por el licenciado A.E.G.T., contra el Diputado L.E.C., los argumentos esbozados por el Magistrado A.A.Z., al sustentar su Voto Explicativo en la mencionada Resolución de 6 de abril de 2017.

    Así, el Magistrado A.Z. indicó "En ese sentido, es importante comprender en qué contexto estamos, y que en este Proceso Penal Especial hay una exigencia probatoria sui generis, es decir, especial, en el sentido de que, a diferencia de los procesos penales ordinarios, las pruebas aportadas deben cumplir con un estándar, que ya el Pleno ha indicado de manera reiterada cuando define lo que significa la prueba idónea. Al respecto, me parece oportuno señalar que las noticias que por cualesquiera de los medios de comunicación puedan difundirse, no tienen legalmente valor probatorio, pues lo único que pueden atestiguar es la existencia de la noticia o de la información allí contenida, sin que pueda atribuirse, por esa sola circunstancia, fuerza de convicción a dichos documentos, ni la idoneidad suficiente para derivar certeza sobre la ocurrencia de un hecho, al punto de dar por cierto las condiciones de modo, tiempo y lugar en que estos ocurren."

    Continúa señalando el Magistrado Z. que "aun cuando en materia probatoria, la regla común es el principio de libertad probatoria, existen excepciones, y en este Proceso Especial de Juzgamiento de Diputados lo es por mandato del artículo 488 del Código Procesal Penal"

    Sobre la validez de la noticia como elemento de convicción, el Magistrado A.Z. estimó propicio traer a colación lo que en otras latitudes han señalado los tribunales de justicia en torno a la validez como prueba de la noticia periodística. Así señalo que "En Colombia, el Consejo de Estado ha señalado en sus sentencias que las publicaciones periodísticas, cuando aparecen en los diferentes medios de comunicación (...) son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia...advirtió que (...) si bien son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen. (Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 6 de junio de 2007)-"

    Sostiene el Magistrado Z., "que aun cuando las noticias periodísticas quizás tengan valor relevante ante la población en general, por la relación y dinámica que tiene la propia sociedad, desde la perspectiva jurídica, es decir, en el estricto campo de la ley, no tienen un valor probatorio per se respecto a la veracidad de su contenido, pues las noticias no son el resultado de un procedimiento o proceso conforme alguna norma jurídica procesal en donde se tengan controles de autenticidad, sino que son producto de la dinámica periodística y noticiosa, que impone siempre tener las primicias lo más pronto posible, y se sostiene, principalmente, en la confianza que a sus fuentes dé el público, sin ninguna garantía de la exactitud, precisión, veracidad, y autenticidad en los hechos comunicados". Con este criterio, el Magistrado Z. no pretende demeritar la labor de investigación periodística que hacen los profesionales de esa materia, pues sin duda se trata de un trabajo arduo que requiere de responsabilidad, y que deriva información que interesa a la población y que desencadena, muchas veces, en el inicio de investigaciones judiciales para esclarecer situaciones que pudieran resultar en hechos ilícitos.

    No obstante, como se ha indicado, estamos ante un Proceso Penal Especial, que tiene una exigencia probatoria sui generis, es decir, especial, en el sentido de que, a diferencia de los procesos penales ordinarios, las pruebas aportadas deben cumplir con que el denunciante y/0 querellante efectúe una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización, así como aportar la prueba idónea del hecho que se pretende sea investigado.

    Finalmente, como se ha expresado el denunciante no aportó ningún otro elemento de convicción que el ejemplar del diario en mención, lo que no permite a este Pleno formarse un criterio jurídico respecto de la ocurrencia de los hechos denunciados, y la presunta participación un miembro de la Asamblea Nacional.

    Ante este razonamiento, lo que procede es que el Pleno de esta Superioridad Judicial no admita la denuncia presentada contra el Diputado L.E.C. y en consecuencia, se ordene el archivo del expediente.

    DECISIÓN

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

  5. NO ADMITE la denuncia penal presentada por el Licenciado A.E.G.T., actuando en su propio nombre y representación, contra L.E.C., Diputado de la Asamblea Nacional, por la supuesta comisión de los delitos Contra la Seguridad Colectiva, Contra la Administración Pública y Contra la Administración de Justicia.

  6. ORDENA el archivo del expediente.

Fundamento de Derecho

Artículos 155 y 206 de la Constitución Política; artículos 39, 487 Y 488 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012.

N. y Cúmplase,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES---OLMEDO ARROCHA OSORIO ---JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS---CECILIO CEDALISE RIQUELME---MARIBEL CORNEJO BATISTA---HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA---MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

YANIXSA Y. YUEN (SECRETARIA GENERAL)

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