Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Mayo de 2004

PonenteWinston Spadafora Franco
Fecha de Resolución13 de Mayo de 2004
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El C. General de la República presentó ante la Sala Tercera una solicitud sobre la viabilidad jurídica del proyecto de contrato denominado "Protocolo No. 2, Acuerdo de Asistencia Técnica entre la Fundación Infoplazas y el Ministerio de Salud".

Por medio del aludido proyecto de contrato, la Fundación Infoplazas y el Ministerio de Salud adquirieron obligaciones recíprocas relacionadas con el equipamiento y funcionamiento de centros de informática denominados "Infoplazas". En términos generales, la Fundación se obligó para con el Ministerio de Salud a aportar los equipos, parte de los costos de instalación, la adecuación de las estructuras para establecer las Infoplazas, el entrenamiento del personal, a gestionar y sufragar la conexión a Internet, etc. En tanto, el Ministerio de Salud se obligó a gestionar la inclusión de las partidas necesarias para el funcionamiento de las Infoplazas en su presupuesto; a cumplir los procedimientos de adquisición de equipos, software y capacitación que establezca la Fundación; a someterse a los controles de calidad y evaluaciones que realice la Coordinación del Programa del Proyecto Infoplazas; a entregar a la Unidad Coordinadora del Proyecto Infoplazas, un informe financiero y administrativo de las actividades mensuales de cada Infoplazas; administrar los fondos recabados por el cobro del uso del servicio de Internet y depositarlo en una cuenta en la Caja de Ahorros. Ambas partes también acordaron someter cualquier controversia derivada del Proyecto de Contrato, al trámite y fallo de un tribunal arbitral, conforme a lo dispuesto por la artículo 79 de la Ley 57 de 1995 y el Decreto-Ley 5 de 1999 (Cfr. fs. 1-6).

FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN DEL SEÑOR CONTRALOR

El señor C. objetó la celebración del comentado Acuerdo tras estimar que la llamada Fundación Infoplazas fue creada por la SENACYT al margen de la Constitución y de la Ley, pues, la Ley por la cual se creó esta entidad (No. 13 de 1997), no le confirió facultad para crear una fundación de interés privado, como es la Fundación Infoplazas. Agrega, que es la propia SENACYT la que está obligada a ejecutar por sí misma el Plan Estratégico Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que le señale el Órgano Ejecutivo, a fin de lograr los objetivos que dicha Ley establece.

A juicio del C., aun cuando el Consejo Económico Nacional autorizó el traspaso de fondos del Programa de la Competitividad de los Sectores Productivos a la Fundación Infoplazas, este organismo de carácter financiero del gobierno central y de las entidades descentralizadas, no tenía competencia para emitir concepto favorable para autorizar la creación de una fundación de interés privado, como bien se desprende del artículo 1 del Decreto-Ley 7 de 2 de julio de 1997. Ello implica, que la creación de la Fundación Infoplazas, por no estar como una atribución expresa en la Ley 13 de 1997, debió ser autorizada por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Consejo de Gabinete, o por vía de una autorización expedida por la P. de la República con la participación del Ministerio de la Presidencia, o por ésta, bajo instrucciones de la señora P., nada de lo cual se cumplió en este caso.

Finalmente, alega el señor C. que el Contrato de Préstamo 1108/OC-PN, celebrado entre la SENACYT y el BID no autoriza en sus cláusulas la creación de una fundación de interés privado, sino que alude a que el Organismo Ejecutor, es decir que la SENACYT, actuaría por intermedio de una Unidad Coordinadora del Programa (fs.42-46).

POSICIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA SENACYT

De la solicitud del señor C. se corrió traslado al ingeniero G.C., S.N. de la SENACYT, quien afirma que la Ley 13 de 1997, ciertamente no señala nada sobre la facultad de la SENACYT para crear fundaciones de interés privado, no obstante, sus artículos 9 y 10 establecen claramente la posibilidad de crear cualquier instrumento legal necesario para el fomento de las actividades científicas y tecnológicas en el país.

Agrega, que según la Ley que creó la SENACYT, ésta tiene como atribución apoyar la creación y el fortalecimiento de centros de excelencia en la áreas del desarrollo nacional (art. 10, ordinal 8) y que para lograr estos objetivos, dicha entidad está facultada para crear cualquier instrumento institucional o legal necesario para el fomento de las actividades científicas y tecnológicas. De allí, que el Estado y el BID celebraron el Contrato de Préstamo No. 1108/OC-PN, conviniéndose en él que la ejecución del proyecto y la utilización de los recursos provenientes del Banco serían realizadas por el Prestatario, por intermedio de la SENACYT, denominada para los fines del Contrato "Organismo Ejecutor", la cual a su vez, actuaría por medio de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) (Ver Cláusula 3). En ese orden de ideas, dispone el mismo Contrato como condición previa al primer desembolso del préstamo, la evidencia de la creación y puesta en funcionamiento de la UCP, por lo cual SENACYT propuso la creación de la Fundación Infoplazas dentro del Plan de Negocios que fue aceptado por el BID. De todo ello se desprende, que la creación de esta fundación tiene como fundamento primario lo dispuesto en el contrato de préstamo suscrito por el Ejecutivo y esa institución bancaria.

Finalmente, el apoderado judicial de la SENACYT manifiesta que las normas legales a las que alude el señor C. no son aplicables a la situación controvertida; que el marco legal sobre el cual debe girar la contradicción jurídica que existe entre ambas entidades no es otro que el Contrato 1108/OC-PN; que el cuestionamiento que hace la C.ía resulta extemporáneo, ya que el anterior C. refrendó dicho contrato, convirtiéndolo de este modo en un compromiso de nuestro país (fs. 80-88).

Cabe anotar, que la señora Procuradora de la Administración Suplente emitió concepto mediante Vista No. 636-02 de 26 de noviembre de 2002, en la que, luego de referirse al trámite relativo a la constitución de la Fundación Infoplazas y a la facultad de la SENACYT para establecer mecanismos de vinculación entre los centros generadores de la investigación científica y tecnológica y sus usuarios, concluye que el proyecto de contrato denominado "Protocolo No. 2, Acuerdo de Asistencia Técnica entre la Fundación Infoplazas y el Ministerio de Salud" es viable (fs. 106-113).

CONSIDERACIONES DE LA SALA TERCERA

Como ha podido verse, el problema central que en esta oportunidad debe dilucidar la Sala se reduce a determinar si el P. y Representante Legal de la SENACYT podía o no crear una fundación de interés privado.

Según el jurista panameño G.B., las fundaciones de interés privado constituyen "una persona jurídica que tiene por objeto la adquisición de un patrimonio para ser administrado y conservado en función de la voluntad del Fundador. Este instrumento legal nace mediante un acto unilateral de libre disposición que cobra forma jurídica de una donación y opera como un fideicomiso, designando el Fundador determinados beneficiarios en el cual puede ser el Fundador, uno de ellos". Agrega, que el ente fundacional "nace con la incorporación de un patrimonio atribuido a éste que origina la existencia de una persona jurídica, cuya función se limita a actos de mera conservación a favor de los beneficiarios designados en la fundación, o bien, la Fundación puede existir con la variante de que es un instrumento jurídico dotado de un patrimonio basado en una causa de mera liberalidad que tiene como objeto la garantía y conservación de los bienes designados en dicho instrumento (BOUTIN, G.. La Fundación de Interés Privado en el Derecho Panameño y Comparado, E.. M.&.P., 2da. Edición, 2000, págs. 17 y 21).

En Panamá, las fundaciones de interés privado están reguladas por la Ley 25 de 12 de junio de 1995, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 417 de 8 de agosto de 1995. Como aspectos o elementos sobresalientes de esta reglamentación se destaca, en primer lugar, el modo de constitución de la fundación, que según el artículo 4, puede hacerse mediante documento privado suscrito por el Fundador, cuya firma debe autenticarse por Notario, o directamente ante el Notario del lugar se su constitución, debiéndose en ambos casos cumplir las formalidades que establece la Ley 25 de 1995. El acta fundacional debe contener ciertos requisitos como: nombre de la fundación, patrimonio inicial, fines, forma de designar a los beneficiarios, duración y domicilio, nombre y domicilio del agente residente, destino de los bienes de la fundación y forma de liquidación (artículo 5).

Según el artículo 9 de la Ley, la inscripción del acta fundacional en el Registro Público le otorga a la Fundación personalidad jurídica sin necesidad de ninguna otra autorización legal o administrativa, pudiendo, en consecuencia, adquirir y poseer bienes de toda clase, contraer obligaciones y ser parte en procesos administrativos y judiciales de todo orden, con arreglo a lo que disponen las disposiciones legales aplicables.

La Ley 25 de 1995 también establece la necesidad de crear un patrimonio de la fundación, destinado exclusivamente a los objetivos o fines previstos en el acta fundacional, el cual podrá ser aumentado por el creador de la fundación (fundador) o por cualquier persona. Al efecto dispone su artículo 10, que una vez que la fundación ha adquirido personalidad jurídica, el fundador o los terceros deberán formalizar a favor de aquella, la transferencia de los bienes que se hubieren obligado a donar y según el artículo 13 (último párrafo), tales transferencias son irrevocables, salvo que en el acto de transferencia se establezca lo contrario. Cabe agregar, que según el artículo 11, el patrimonio de la fundación puede originarse en cualquier negocio jurídico lícito y podrá estar constituido sobre bienes de cualquier naturaleza, presentes y futuros, pudiendo incorporarse a él sumas periódicas de dinero u otros bienes por parte del fundador o de terceros, a través de documento público o privado, salvo que se trate de bienes inmuebles, en cuyo caso la transferencia se ajustará a las normas sobre transmisión de este tipo de bienes (artículo 16).

En lo que concierne a la forma de administrar la Fundación, el artículo 17 dispone que ésta debe tener un Consejo de Fundación, que ejercerá entre otras funciones: administrar los bienes de la fundación de acuerdo con el acta fundacional o sus reglamentos; celebrar actos, contratos o negocios jurídicos que resulten convenientes o necesarios para cumplir el objeto de la fundación, informar a los beneficiarios de la fundación de la situación patrimonial de ésta y entregar a ellos los bienes o recursos que a su favor a haya establecido el acta fundacional o sus reglamentos. También es viable la creación de organismos de fiscalización, tales como: auditores, protectores de la fundación u otros similares, los cuales deben esencialmente, velar que se cumplan los fines de la fundación por parte del Consejo de Fundación, exigiendo incluso la rendición de cuentas (artículo 24).

Los fines de las fundaciones de interés privado no están taxativamente previstos en la Ley. Puede afirmarse, sin embargo, como se verá más adelante, que éstas persiguen, esencialmente, la administración y protección de un patrimonio que ha de ser distribuido entre quienes figuren como beneficiarios. Aquí cabe anotar, que según el artículo 3 de la Ley, las fundaciones no podrán perseguir fines de lucro, salvo ciertas actividades mercantiles no habituales y el ejercicio de los derechos provenientes de los títulos representativos del capital de las sociedades mercantiles que integren el patrimonio de la fundación, siempre que el producto económico de tales actividades sea dedicado exclusivamente a los fines de la fundación.

Respecto del régimen legal, el artículo 2 de la Ley 25 de 1995 establece que las Fundaciones se regirán por el acta fundacional y sus reglamentos, así como por dicha Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias, sin que le sea aplicable el Título II del Libro I del Código Civil. Además, destaca el hecho de que según el artículo 32 de la Ley 25 ibídem, "Las fundaciones constituidas de conformidad con la presente Ley, así como los bienes que integran su patrimonio, podrán trasladarse o someterse a las leyes y jurisdicción de otro país, según disponga el acta fundacional o sus reglamentos".

Vistas las anteriores anotaciones, lo primero que cabe señalar es que la constitución de una fundación de interés privado por parte de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología riñe con el llamado "principio de estricta legalidad", que nuestra Constitución Política recoge en su artículo 18, en tanto que a nivel legal está consagrado en los artículos 34 y 35 de la Ley 38 de 2000.

De acuerdo con el administrativista F.G.F., este principio supone tanto la sumisión de los actos administrativos concretos a las disposiciones vigentes de carácter general, como la sumisión de los órganos que dictan disposiciones generales al ordenamiento jerárquico de las fuentes escritas de Derecho (Tratado de Derecho Administrativo. Vol. I.P. General. Madrid. 1989. 175-176 . En igual sentido, el autor colombiano L.R. manifiesta que el principio de legalidad "consiste en que la administración está sujeta en su actividad al ordenamiento jurídico, es decir, que todos los actos que dicte y las actuaciones que realice deben respetar las normas jurídicas superiores". Agrega, que en sentido práctico dicho principio "constituye una limitación a la actividad de la administración, por cuanto significa que ella no puede hacer todo cuanto quiera sino solamente aquello que le permita la ley" (L.R.. Derecho Administrativo, General y Colombiano. T.. 1994. pág. 210). Esta tesis la ha sostenido la jurisprudencia de la Sala Tercera, al señalar que dicho principio implica que "los organismos y funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la Ley manda u ordena", o "lo que expresamente les está permitido por la norma o Ley habilitante" (Cfr. Sentencias de 20 de marzo de 2002: R.G. contra el MICI y 12 de febrero de 2004: Patronato del Centro Vocacional Basilio Lakas contra el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia).

En esta línea de ideas, la Sala es del criterio que la infracción al principio de estricta legalidad nace en este caso, al crearse una persona jurídica de derecho privado, como es la Fundación Infoplazas, por parte del S.N. de la SENACYT, sin que la Ley 25 de 1995 admita siquiera la posibilidad de que este tipo de fundaciones, dada su naturaleza y fines, pueda ser creada por una entidad de derecho público. Tampoco se encuentra tal autorización en la Ley orgánica de la SENACYT (Ley 13 de 1997), pese a que ésta se expidió después de la aprobación de aquel cuerpo legal. La propia Procuradora de la Administración Suplente reconoce la veracidad de estas afirmaciones, cuando indica a foja 111 que "la SENACYT no cuenta con una norma legal que la faculte expresamente para crear una Fundación Privada sin Fines de Lucro".

Lo anterior lleva a la Sala a discrepar de la opinión del S.N. de la SENACYT, quien considera que los numerales 8 y 12 del artículo 10 de la Ley 13 de 1995, facultan a esta entidad para crear la Fundación Infoplazas (Cfr. fs. 84-85). La lectura de estas normas permite apreciar que éstas simplemente señalan dos de los objetivos de la SENACYT, como son: "Apoyar la creación y el fortalecimiento de centros de excelencia en las áreas prioritarias del desarrollo nacional" y "Proponer al Órgano Ejecutivo la creación de cualquier otro instrumento institucional o legal, necesarios para el fomento de las actividades científicas y tecnológicas en el país". Es decir, que estas normas que se citan como amparo jurídico del acto acusado, ni siquiera constituye funciones o atribuciones legales del funcionario demandado, sino que son preceptos de naturaleza genérica, que contienen los postulados básicos para los cuales fue creada la SENACYT. Es más, el último de los numerales citados ni siquiera expresa que es la SENACYT quien puede crear "cualquier otro instrumento institucional", sino que debe proponer su creación al Órgano Ejecutivo.

La Sala debe expresar, asimismo, que tampoco concuerda con lo indicado por el ingeniero Córdoba, en el sentido de que la Cláusula 3.02 del Contrato de Préstamo No. 1108/OC-PN, suscrito entre la República de Panamá y el BID, es el fundamento primario de la Fundación Infoplazas. Ciertamente, esta cláusula establece como condición previa al desembolso de los fondos del referido préstamo, que la SENACYT (como organismo ejecutor) dé evidencia o prueba, "de la creación y puesta en funcionamiento de la UCP, incluyendo la designación de su Director". Sin embargo, no se colige de su texto que la referida Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), que en todo caso debía estar sujeta a las normas legales y reglamentarias panameñas, podía ser una Fundación de Interés Privado.

Es de señalar, por otra parte, que los fines de la Fundación Infoplazas no se compaginan con los propósitos naturales de las fundaciones de interés privado, de las que se ha dicho, son instituciones efectivas "para planificar el uso y destino de bienes durante la vida del fundador, para planificar el destino de los bienes del fundador después de su muerte, para realizar un reparto distinto de bienes al que impone las leyes de herencia en los países en donde no hay libertad de testar." (). Este tipo de fundaciones "le ofrece al inversionista la posibilidad de proteger sus activos mediante la transferencia de sus bienes a ésta. Es el vehículo ideal para la planificación de inversiones en vida del Fundador, ya que puede ser utilizado como holding de su portafolio de inversiones; y sus disposiciones reglamentarias utilizadas para que los beneficiarios designados por éste puedan disponer de sus rendimientos. Se utiliza también en la planificación de herencias y legados, dándole al fundador la posibilidad de incorporar disposiciones reglamentarias que tendrán efecto al momento de su muerte. Por último, se utiliza como medio de protección de otros activos distintos a inversiones, como bienes inmuebles; siempre que las leyes del país donde se encuentra ubicada la propiedad no contengan disposiciones que prohíban la transferencia a personas jurídicas extranjeras este tipo de bienes"

En el caso de la Fundación Infoplazas, la Cláusula Sexta de su acta fundacional declara que ésta "constituye una fundación sin fines de lucro, cuya finalidad principal es la difusión del conocimiento y aprovechamiento de la tecnología, a la luz de los lineamientos del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación". Para ello, la Fundación debe realizar una serie de actividades, entre ellas: apoyar a la SENACYT en el desarrollo del Proyecto Infoplazas, en coordinación con lo que disponga la Unidad Coordinadora de dicho Programa (UCP) y el Plan de Negocios de Infoplazas aprobado por el BID; gestionar fuentes provenientes de fuentes locales y extranjeras, a fin de realizar otras actividades orientadas al uso del conocimiento científico y de la tecnología; realizar otras actividades orientadas al aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, como jornadas de capacitación, pasantías, asistencia técnica, etc. Para el logro de estos fines, la Fundación está autorizada para preservar, administrar e invertir sus bienes y llevar a cabo todas las transacciones legales y negocios que sean conducentes a la consecución y realización de dichos fines (Cfr. fs. 24 y 25).

De los hechos expuestos se infiere, que los fines de la Fundación Infoplazas se confunden o asimilan más bien con los fines de las llamadas "fundaciones de interés público". El Dr. Boutin distingue a éstas últimas de las fundaciones de interés privado señalando que mientras las primeras tienen un carácter colectivo de interés político y gremial, la segunda tiene un interés de carácter privado y garante de un patrimonio. Agrega, que las primeras tienen por objeto la protección, reorganización y planeamiento tributario familiar interno e internacional, así como individual o corporativo, en tanto que las fundaciones públicas gobernadas por el Código Civil (artículos 64 y siguientes) y complementada por reglas administrativas del Ministerio de Gobierno y Justicia, son de carácter político, ideológico y religioso, que no constituyen un complemento a los servicios de administración y protección de fortuna (Op. Cit. pág. 19).

A todo lo anterior se suman las consecuencias jurídicas y materiales que podrían derivarse de la constitución de fundaciones de interés privado por parte de entidades o servidores públicos en general. Basta apreciar, por ejemplo, que la existencia jurídica de estos entes no está sujeta a ninguna autorización legal o administrativa, sino únicamente a la inscripción del acta fundacional en el Registro Público y que a partir de allí, éstas pueden contraer obligaciones y adquirir bienes de cualquier clase, de los cuales formarían parte recursos provenientes del erario público. A ello se suma el hecho de que este patrimonio no puede ser objeto de medidas cautelares, excepto en los tres supuestos que prevé el artículo 11 de la Ley 25 de 1995. Más aún, de conformidad con el artículo 32 ibídem, las fundaciones de interés privado y sus bienes se pueden trasladar o someter, "a las leyes y jurisdicción de otro país, según disponga el acta fundacional o sus reglamentos" y en el caso de la Fundación Infoplazas, precisamente, su acta fundacional dispuso que "Cuando la unanimidad del Consejo de la Fundación lo consideren necesario, podrá a su entera y absoluta discreción transferir la fundación a la jurisdicción de otro país" (Ver Cláusula 23

Los razonamientos expuestos llevan a la Sala al convencimiento de que el S.N. de la SENACYT no estaba facultado para crear la Fundación Infoplazas. De allí, que el proyecto de contrato cuyo refrendo se solicitó a la C.ía General de la República, suscrito por este funcionario en su condición de representante legal de dicha Fundación, no es jurídicamente viable.

Por las razones expuestas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES VIABLE el proyecto de contrato denominado "Protocolo No. 2, Acuerdo de Asistencia Técnica entre la Fundación Infoplazas y el Ministerio de Salud".

NOTIFÍQUESE.

WINSTON SPADAFORA FRANCO

ADÁN ARNULFO ARJONA L. (Con Salvamento de Voto) -- ARTURO HOYOS

JANINA SMALL (Secretaria)

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO A.A.A.

Las particulares circunstancias que exhibe el presente caso me llevan a la impresión de que, contrario a lo que sostiene la mayoría, existen motivos atendibles para declarar viable el Proyecto de Contrato denominado "Protocolo No.2, Acuerdo de Asistencia Técnica entre la Fundación INFOPLAZA y el Ministerio de Salud".

Las razones que sustentan mi respetuoso disentimiento son las que expongo a continuación:

  1. El referido Proyecto de Contrato tiene como telón de fondo el préstamo internacional que suscribió la República el 25 de septiembre de 1998 con el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual tenía como propósito fundamental facilitar el establecimiento de unidades de acceso tecnológico denominadas INFLOPLAZAS en áreas rurales y semi-rurales para beneficio de sectores marginados.

  2. La llamada "Fundación INFLOPLAZAS que constituyó en 1999 el entonces director de SENACYT tenía como finalidad crear un simple vehículo para canalizar los fondos del préstamo internacional antes descrito, situación ésta que fue consentida y aprobada por el Consejo Económico Nacional (CENA) y conocida sin objeciones por el Banco Interamericano de Desarrollo.

  3. La lectura de las diversas cláusulas que integran el instrumento de constitución de la Fundación INFOPLAZAS confirma que estamos ante una entidad sin fines de lucro que tiene entre sus propósitos fundamentales "a. Apoyar a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) en el desarrollo del Proyecto INFOPLAZAS, según lo dispuesto en el Programa de Apoyo a la competitividad de los sectores productivos constituido a través del Contrato de Préstamo No.1108/OC-PN entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la República de Panamá y sus documentos anexos (en adelante el Programa) en coordinación con lo que dispongan para tales efectos la Unidad Coordinadora de dicho Programa (UCP) y el plan de negocios de INFOPLAZAS, debidamente aprobado por el BID" (Cfr. artículo 6, foja 25).

    Por su parte el artículo D. del instrumento de constitución de la Fundación INFOPLAZAS dispone que, "con relación al manejo de fondos destinados a la ejecución el Proyecto INFOPLAZAS, está sometida a la auditoría de la C.ía General de la República, (V. foja 27 del expediente).

  4. La Fundación INFOPLAZAS entidad sin fines de lucro fue creada por las personas que en el momento de su constitución ocupaban cargos públicos en la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACYT), como se aprecia claramente a fojas 22 y 28 del expediente.

  5. El carácter incuestionablemente público de los fondos recibidos del préstamo internacional contratado con el BID, el propósito de dicho financiamiento, la aprobación del CENA y del BID y las disposiciones que aparecen en el instrumento de constitución de la Fundación INFOPLAZAS, son elementos que a mi modo de ver debilitan sensiblemente los reparos que se hacen para negar la viabilidad del Proyecto de Contrato de un préstamo que se venía ejecutando y por el cual la República está obligada a pagar los correspondientes intereses.

    Si lo que preocupa es la forma como se manejan los fondos de éste préstamo internacional, el propio instrumento de constitución de dicha Fundación sin fines de lucro establece que están sujetos a la auditoría de la C.ía General de la República.

    No obstante, hay que tener en cuenta que, con base en el Decreto Ejecutivo No.135 de 18 de octubre de 2001, también se garantiza la fiscalización de la C.ía con respecto a las donaciones que reciban la Fundaciones de interés público que constituya el Estado.

  6. Comprendo y respeto las objeciones que se formulan a la naturaleza de la Fundación INFOPLAZAS. Sin embargo, el examen de la finalidad que justificó su creación, el carácter público de los fondos que recibe con ocasión del préstamo del BID y el destino altruista que persigue el Proyecto, así como las demás circunstancias antes mencionadas, son motivos que, en mi opinión, obligan a privilegiar una interpretación más benigna de la naturaleza de la Fundación, a fin de preservar el logro de los objetivos sociales que en su momento autorizó el Consejo Económico Nacional y que fue conocido sin objeciones por el Banco Interamericano de Desarrollo.

    La interpretación de la Ley no puede en ningún momento divorciarse de la finalidad y propósitos de los actos enjuiciados. En el conflicto entre la naturaleza jurídica de la Fundación INFOPLAZAS y los beneficios sociales que pueden derivarse de la ejecución del Proyecto de acceso tecnológico a sectores marginados de las áreas rurales y semi-rurales me inclino por una posición que con apoyo en las razones antes expuestas, facilite la feliz realización de éste prometedor Proyecto.

    En atención a que esta posición no es compartida por el resto de los Honorables Colegas, respetuosamente manifiesto, que SALVO EL VOTO.

    Fecha ut supra.

    A.A.A. L

    JANINA SMALL. Secretaria

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